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Redacción Ecos. Foto SIG.- Al anunciar que, como Jefe de Estado, su deber es proteger siempre el interés general y los derechos de los colombianos sobre los intereses económicos de unos pocos, el presidente Juan Manuel Santos, fue contundente en advertir que “he dado la orden de duplicar el número de efectivos de nuestra fuerza pública en las carreteras. Serán ahora 50 mil hombres que garantizarán la seguridad de las vías y acompañarán las caravanas de las empresas que quieran trabajar”.

En un paro de camioneros que lleva ya 38 días y donde se ha acudido a las vías de hecho, el presidente Santos anunció la inmovilización e incautación de los vehículos que se usen para bloquear las vías, la cancelación de las licencias a los conductores que participen en bloqueos, así como la cancelación de la licencia de operación a propietarios y empresas.

“Frente a la necesidad de garantizar el abastecimiento, el transporte de mercancías, he tomado, entre otras, las siguientes decisiones: “cancelar la licencia de operación a los propietarios y a las empresas e imponer multas hasta por 480 millones de pesos; cancelar las matrículas de los vehículos que se presten para vías de hecho”.

El Jefe de Estado en una declaración desde la Casa de Nariño resaltó la labor adelantada por la fuerza pública en la actual situación y dijo que “se ha hecho presente en las carreteras y ha protegido más de 1.700 caravanas contra las agresiones ilegales de los violentos”. 

Ordenó la habilitación temporal de vehículos particulares para el transporte de carga y “establecer un centro logístico para facilitar el movimiento de carga en coordinación con los empresarios y los transportadores que quieran trabajar”.

Rechazo vías de hecho

El Presidente Juan Manuel Santos hizo un llamado a la búsqueda de soluciones realistas al paro transportador y rechazó la corrupción denunciada por el Fiscal General (e) Jorge Perdomo. “Desde que se inició la protesta de unos gremios de transportadores, hace 38 días, ordené al Ministro de Transporte y a su equipo que abriera una mesa de diálogo y de trabajo para escuchar los reclamos de los transportadores y buscar soluciones realistas”, recordó. 

Fue enfático en señalar que esas soluciones no pueden ir en contra del interés de los ciudadanos ni afectar la economía de las familias colombianas. 

“¿Qué significa que sean realistas las soluciones? Significa que no pueden ir en contra de la gran mayoría de los colombianos. No pueden ir en contra de la canasta familiar, del bolsillo de las familias. No pueden ir en contra del normal abastecimiento de alimentos. No pueden ir en contra del empleo, del trabajo decente, de la actividad de los campesinos, de la actividad de los industriales”, declaró. 

Aseguró que “el Gobierno no puede permitir, y no voy a permitir, que los precios de los alimentos para los colombianos, como el huevo, la carne, el arroz, suban de forma permanente por cuenta de este paro”.

Se refirió a las denuncias del Fiscal General de la Nación y dijo que es inaceptable que los líderes del paro transportador exijan que se mantenga el actual sistema de chatarrización, que “se ha convertido en un foco de corrupción”.

“Esta corrupción la tiene identificada el señor Fiscal General de la Nación, que va a proceder con toda la contundencia en contra de los responsables de esta corrupción. Estos individuos han convertido el programa de chatarrización en un negocio particular en el que las principales víctimas son precisamente los pequeños transportadores”, sostuvo.

Sin embargo  el Presidente de la República reiteró la disposición del Gobierno Nacional para encontrar una salida al paro del sector transportador: “quiero reiterar una vez más la disposición del Gobierno para encontrar soluciones concertadas, pero que sean realistas, que sean convenientes para el país, y sean también convenientes para los transportadores, pero sobre todo que sean convenientes para los más pequeños, no para unos pocos”, subrayó.

Finalmente, exigió el cese de las vías de hecho para facilitar  acuerdos que permitan el levantamiento del paro. 

Por Luis Fernando García Forero. Foto: Ecos Media.- Eduardo Verano de la Rosa es un interesante y veterano político liberal del Atlántico Colombiano, quien ha hecho política con las banderas de la descentralización y la autonomía territorial. Nacido en Barranquilla en 1950, tiene una excelente formación: administrador de empresas de la Universidad del Norte, con un MBA de la Universidad de Columbia.

Aun cuando se inició en la empresa privada, desde muy joven asumió la militancia en el Partido Liberal, para pasar al sector público con cargos vinculados al área de servicios. Posteriormente tuvo el desafío de ser uno de los Constituyentes de 1991 y volvió a ejercer puestos públicos, hasta aspirar a la Alcaldía de su natal Barranquilla en 1994, sin éxito.

En ese momento el Presidente Ernesto Samper lo nombró Consejero Presidencial para la Costa y luego, en 1997, Ministro de Ambiente, cartera desde donde lideró la adhesión colombiana al acuerdo marco de la Convención de Cambio Climático en Kyoto.

En 1998, Verano se convirtió en el Secretario General del Partido Liberal y asumió la misión de modernizar la colectividad. Lideró, junto a su copartidario Horacio Serpa, entre otros, el ingreso del Liberalismo a la Internacional Socialista y participó, como representante de la sociedad civil, en los Diálogos del Caguán que inicio sin éxito Pastrana con las Farc.

Se postuló varias veces a la Gobernación del Atlántico y la gana en el 2003 y el 2015. Con la bandera de la descentralización, fundó el movimiento "Colombia, País de Regiones", para impulsar su propuesta con una clara tendencia independiente. 

Pese a que acaba de recibir la suspensión de la Procuraduría por 4 meses, como Gobernador del Atlántico, Verano de la Rosa no le teme a esas adversidades, porque es consciente de su conducta y su proyecto político: una Colombia organizada en regiones.

ECOS: ¿Su iniciativa de Colombia País Región, viene a suplir lo que el Legislador no hizo cuando el Constituyente le ordenó establecer un nuevo ordenamiento territorial en Colombia?

EV: Es una deuda y uno de los asuntos pendientes por desarrollar en la nueva constitución y donde tenemos mucha expectativa, especialmente en la Región Caribe, para poder conformar esta región como debe ser.

ECOS: ¿Cómo debe  estar en la ley inconclusa de ordenamiento territorial?

EV: Tiene razón, porque está mutilada: sin recursos, sin posibilidades de un desarrollo importante, si autoridades propias, entre otros aspectos. Tal como esta, es casi que una burla a lo que los constituyentes querían.

ECOS: ¿Usted que ha liderado el tema, ya eso se debe establecer en una nueva constituyente?

EV: Sea a través del mecanismo que sea, hay que reformar la Ley de Ordenamiento Territorial, porque tal como está, la ley orgánica impide la aparición de las regiones en todo su esplendor y como está prevista en la constitución.

ECOS: ¿Estarían dispuestos los departamentos a afrontar  o aceptar el tema en un escenario del Posconflicto?

EV: Puede ser que a través de las facultades especiales que tiene el Presidente de la República con todo lo del posconflicto pudiese desarrollarse toda la base de la creación de las regiones como nosotros pretendemos. La región es el desafío del Postconflicto.

ECOS: ¿En esa instancia, cree que no sería tema para una constituyente?

EV: He escrito artículos a favor de la constituyente, pero si hay algún mecanismo que nos permita hacer las reformas, cualquiera que sea es necesario, hay que hacer unos ajustes, en el caso específico del ordenamiento territorial, tal como está en la constitución  y como está en la ley orgánica, es para  que no se pueda desarrollar nada.

ECOS: ¿Estaría dispuesto a ser de nuevo constituyente y viabilizar el propósito de región por el que lucha?

EV: Utilizaremos los mecanismos necesarios para que esta idea tenga desarrollo y éxito para el bien de Colombia.

ECOS: ¿Qué le quita y qué le pone a la Constitución de 1991?

EV: ¿Qué le quiten? nada, al contrario, hoy que hemos tenido la oportunidad, 25 años después de revisar lo que hemos hecho por la constituyente,  son muchos más los avances y lo positivo que lo que lo que tendríamos que enmendar. La dejaría así, obviamente hay que revisar algunos temas como la participación ciudadana, los mecanismos de control, pero lo demás, muy bien, hay muchas cosas positivas. ¿Y qué le pongo? El ordenamiento territorial.

ECOS: ¿Cree en el futuro de los departamentos?

EV: Claro que sí, trabajamos intensamente para que cada vez se fortalezcan más  las entidades territoriales en el todo el país.

ECOS: ¿Y el tema de región?

EV: Con ello se desarrolla aún más el fortalecimiento de la nación.     

Redacción Ecos. Foto: Rodrigo Sepúlveda.- Con 17 votos a favor, de los 22 existentes, Néstor Humberto Martínez fue elegido,  por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, como nuevo Fiscal General de la Nación.

Martínez Neira, logró la mayoría de los votos necesarios en la tercera sesión en el alto tribunal, para así convertirse en el nuevo jefe del ente investigador durante los próximos cuatro años en reemplazo de Eduardo Montealegre.

En la audiencia del pasado 9 de junio, en la que el alto tribunal escuchó a los ternados (Martínez, Reyes y Cifuentes), Martínez planteó tres grandes propuestas para su administración en el ente acusador.

Las iniciativas de Martínez giraron en torno a tres temas: la modernización de la Fiscalía, la reducción de la impunidad y la aplicación de una justicia que le sirva a los ciudadanos.

El Superministro del Presidente Juan Manuel Santos

Néstor Humberto Martínez se desempeñó en las carteras de Justicia, en el gobierno de Ernesto Samper, y del Interior en la administración de Andrés Pastrana; embajador en Francia, Superintendente Financiero y recientemente en el Ministerio de la Presidencia, cargo creado en el segundo mandato de Santos y en el cual mostró su apoyo al proceso de paz.

Este abogado tiene un magíster en Sociedades, y una Especialización en ciencias Socio–Económicas y Derecho Comercial de la Universidad Javeriana.

Martínez se destaca también por su participación como vicepresidente Jurídico de la Cámara de Comercio de Bogotá (1981-1986), Superintendente Bancario delegado para las Instituciones Financieras (1986-1988), Superintendente Bancario de Colombia (1988-1991), miembro de la Junta Directiva del Banco de la República (1991-1992), embajador de Colombia ante Francia (1996-1997), Ministro del Interior (1998-2000), conjuez del Consejo de Estado (2013), y finalmente Ministro de la Presidencia desde 2014 a 2015.

Además, fue el fundador del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Paralelamente, ha fungido como profesor universitario. También, el jurista se dedicó en los últimos meses a continuar como litigante, encabezando la defensa de varios de los ingenios azucareros, tras la millonaria multa de la Superintendencia de Industria.

Martínez anuncio que “la suya será “la Fiscalía del Posconflicto”, pero garantizó que no dejará en segundo plano la obligación de combatir la delincuencia.

Martínez anunció la presentación de tres proyectos legislativos, que, aseguró, garantizarán mayor transparencia en la Fiscalía. El más llamativo es el que evitaría que las elecciones de fiscal, como ha ocurrido en los últimos seis años, se dilaten indefinidamente en desmedro de la administración de justicia.

En materia de Paz y Posconflicto, anunció que la Fiscalía jugará “un papel determinante” para que la Justicia Especial para la Paz acordada en La Habana logre su propósito.

“Este es un momento muy importante en la historia de Colombia (...) Necesitamos avanzar en la consolidación de la seguridad ciudadana. Vamos a aclimatar los tiempos de paz, que es el propósito que hoy tiene la Nación entera, con la realidad de una justicia que permita que las colombianas y los colombianos podamos caminar por nuestras calles y por nuestras aldeas sin ángel de la guarda”.

Frente a la delincuencia organizada y las bandas criminales, expresó: “Vamos a hacer una tarea para lograr el comiso y el decomiso de los patrimonios ilícitos, que son los que siguen financiando el crimen organizado en Colombia. Tengo el conocimiento y la experticia, y espero que este sea uno de mis grandes legados para la Fiscalía”.

Martínez afirmó que la corrupción, especialmente en las regiones, es un cáncer que está carcomiendo la democracia, y anunció una “lucha frontal y una cruzada” contra los que se roban la plata pública. “Que tiemblen los corruptos”, dijo.

Martínez Neira reconoció las cualidades de sus dos competidores y aseguró que, con sus actuaciones y hoja de vida, “le dieron altura al debate” para elegir al nuevo Fiscal General.

Los retos del nuevo Fiscal General de Colombia

Con la polémica de su postulación y luego de su elección mayoritaria, muchas expectativas y retos se le han señalado para su gestión y la consolidación de su Agenda como Fiscal General.

Especialistas y demás profesionales y miembros de grupos de interés estiman que uno de los desafíos es superar los impedimentos judiciales para la administración de justicia, con el concurso de la Corte Suprema en la denominación de su fiscal ad hoc, cuando el Fiscal General se declare impedido en un proceso.

Otro desafío es superar la interinidad y la Corte resuelva las faltas absolutas del jefe del ente acusador, nombre un encargado y no al vicefiscal, de tal manera “que no se creen estímulos para que las interinidades se prolonguen, como ha ocurrido en el inmediato pasado”. En el actual proceso, hubo reservas por la cercanía del vicefiscal con magistrados.

Asimismo, buscar la transparencia del ente acusador es todo una empresa, ya que se requiere también que el control interno sea supervisado por la Corte Suprema. El reporte de la actuación generaría confianza.

Gerenciar la Fiscalía es otro de los retos. La Fiscalía tiene más de 25 mil funcionarios y un presupuesto que el año pasado superó los 2,5 billones de pesos. Los analistas exponen que el Fiscal debe tener la capacidad de gerenciar una de las instituciones con mayor poder en el país, alejándose de prácticas como las que le valieron a Montealegre críticas por la entrega de millonarios contratos.

Estructurar para optimizar el sistema de investigaciones y así desmantelar esas redes criminales que afectan la tranquilidad y ponen en riesgo los bienes de los ciudadanos.

Lograr que los ciudadanos encuentren una respuesta rápida y efectiva de la justicia, en el día a día, sobre todo en delitos que afectan la seguridad ciudadana, es uno de los principales retos de la Fiscalía. Con cerca de 1,6 millones de procesos represados en investigación y solo 50 mil condenas logradas al año, habrá que liderar estrategias y reformas para hacer más ágil la justicia en Colombia.

Por: Janette Guzmán y Luis Fernando García.- Foto: Reporteroonline. "Para un gallo otro más gallo" como dicen en Colombia. Este parece ser el refrán que aplica en la carrera que, a causa de la firma de la paz y la potencial realización de una Constituyente y del Plebiscito, se desatará en Colombia, los unos por el Sí y los otros por el No. Y es que dos titanes de la política César Gaviria y Álvaro Uribe desde ya se enfrentan y de qué manera, frente a la posibilidad de una Reforma Constitucional y frente a la campaña por el Sí que busca derrotar la postura de la oposición a la paz y su campaña de resistencia civil. 

El tema de la salida negociada del conflicto armado interno con la guerrilla de las Farc ya había dividido a los dos ex presidentes Gaviria y Uribe, tal como ocurrió en la campaña a la reelección del actual presidente Juan Manuel Santos quien obtuvo el triunfo en medio de una fuerte polarización simbolizada por miles de colombianos como una pelea entre " El Zorro y La Paloma". Lo cierto es que la firma de la paz y del fin del conflicto con las Farc está próxima a ser anunciada y firmada. De inmediato saltará al escenario la campaña por la refrendación de los acuerdos que, según Gaviria, obtendrá una masiva votación, porque Colombia es un país libertario que odia la concentración de poder y quiere la paz.

Se trata de dos polos opuestos, Gaviria el titán de la refrendación a través del Plebiscito, quien cuenta con refuerzos de gran peso, como Lucho Garzón y Fabio Villegas, equipo que augura lograr mucho más de cuatro millones de votos por el Sí. Para ello trabajarán en una llave política multicolor, según concepto del mismo Gaviria, usado en sus varios de sus discursos con motivo de la conmemoración de los 25 años de la Constitución y de la experiencia del proceso de la Constituyente. Según Gaviria, la Constituyente surgió por el "martirologio de la justicia".

En el marco de estos polémicos temas el ex presidente Gaviria, quien goza de un gran respeto político, dijo que las Constituyentes son instrumentos y no soluciones. Al respecto habló así para dos medios punto.com, que se destacan, Ecos Políticos y Ola Política:

Ola Política y Ecos: Se conmemoran 25 años de la Constitución Política de Colombia, se han hecho reformas ¿un pecado o han servido para el desarrollo del país?

César Gaviria: Nuestra Constitución es muy amplia y detallada, define toda la estructura del Estado y las mayorías calificadas que se exigen para reformarla, esto hace que sea muy difícil hacerle cambios. Lo que hicimos en el 91 fue facilitar sus reformas y que el Congreso fuera amoldando a la Carta las necesidades y las experiencias de cada momento.

OyE: ¿25 años después han sido muchos los cambios?

CG: La mayoría de esas reformas no han sido importantes. Algunas fueron buenas como la de los partidos políticos, aprobada en el 2003. Otras han realizado retrocesos, como lo de la reelección, pero no creo que la esencia de la Constitución se haya cambiado, entre otras cosas, porque la Corte Constitucional ha sido celosa en guardar lo que es la estructura, no permitir lo que ellos llaman la sustitución de la Constitución.

OyE: ¿Han quedado pendientes cosas, desde el punto de vista del desarrollo legislativo, entre otros ejemplos el Ordenamiento Territorial?

CG: La verdad es que faltan muchas leyes estatutarias, por ejemplo, en materia de salud y de pensiones, entre otras. Hay muchas áreas donde una buena ley estatutaria ayudaría a que los derechos constitucionales funcionaran mejor. 

OyE: ¿Según su criterio qué es lo que no ha funcionado bien?

CG: Por ejemplo, los mecanismos de Participación Ciudadana, allí hay deficiencias. Tampoco los mecanismos de Control Político. Hay tareas por hacer. La Constitución está lejos de ser perfecta. Es probable hacer reformas a la Justicia desde la Constitución, pero no creo que sea lo más importante de la Reforma a la Justicia.

OyE: ¿La Constitución del 91 es una verdadera herramienta para lograr la paz?

CG: Lo que es cierto es que la mayoría de delegatarios de la Asamblea Nacional fueron personas contestatarias y la gente no es suficientemente consciente de eso. Muchas de las viejas quejas y preocupaciones de los sectores contestatarios de la sociedad colombiana fueron respondidas en la Carta y eso ha hecho que la constituyente sirva para hacer la paz.

OyE: ¿Las Farc han hecho reparos a la Constitución?

CG: No. Si uno se pone a mirar estrictamente lo que ha sido el proceso de paz con las Farc, se da cuenta que ellos no le hacen resistencia a la Constitución, así pidan con firmeza una Constituyente. En realidad, ellos no encuentran grandes objeciones que hacerle a la Carta Fundamental de los colombianos.

OyE: ¿Esta Constitución le va abrir el camino a una nueva Constituyente?

CG: No lo sé, eso es algo que hay que mirar en su momento, no tengo una posición cerrada sobre eso. Lo que sí creo es que una Constituyente es un instrumento y no una solución.

OyE: ¿Ud. cree que una Constituyente no es el mecanismo idóneo para reformar la Justicia?

CG: No he dicho que no lo sea. Es un tema de mirar con juicio y aún tenemos tiempo para eso. Lo que es importante es tener presente lo que dice el Senador Horacio Serpa, una Constituyente es un instrumento y no una solución. 

OyE: ¿Y eso cómo se explica? 

CG: Debemos tener claro cuál es el tipo de Reforma a la Justicia que queremos hacer antes de meternos en una Constituyente, porque una de las cosas que se requieren, según la propia Constitución, es definir muy bien cuáles son las materias y los artículos de la Constitución que se van a modificar y para eso no estamos preparados aún.

OyE: ¿Cuáles son los escenarios para mejorar el Sistema Judicial en Colombia?

CG: El intento de modificar toda la Justicia en una sola reforma no ha mostrado ser afortunado, yo creo mucho en la reformas área por área de la Constitución.

OyE: Por ejemplo ¿qué áreas se reformaron en el 91?

CG: En la Carta reformamos tan sólo dos áreas, la penal con la creación de la Fiscalía y la Justicia Constitucional. No tocamos ninguna otra área de la Justicia y ese par de reformas funcionaron.

OyE: ¿Es Ud. amigo de una reforma global de la Justicia? 

CG: No. No soy amigo. Creo que definitivamente se debe trabajar cada área y reformarla para poder hacer una reforma de fondo.

OyE: ¿Cómo trabajar más para derrotar, desde la Justicia, la desigualdad reinante en Colombia?

CG: Los subsidios que hay hoy en la política social son una parte muy importante del presupuesto nacional y estos surgieron de la Constitución. La política social de hoy esta montada sobre subsidios, las Familias en Acción, el Sisben, las Familias Guardabosques, y sobre una serie de instrumentos que han ayudado a que tengamos ahora una política social más eficiente de la que teníamos antes. Las constituyentes son esenciales para combatir la desigualdad.

Por Luis Fernando García Forero. Foto: ElPais.com.co.-  Carlos Holmes Trujillo García es un veterano político de origen liberal y diplomático vallecaucano. Abogado de la Universidad del Cauca, con maestría en negocios internacionales de la Universidad de Sofía de Tokio. Fue como Cónsul y encargado de negocios en la embajada colombiana en Tokio, durante los gobiernos de Alfonso López Michelsen y de Julio César Turbay.

En 1983, fue Secretario de Hacienda del alcalde Julio Riascos y luego Presidente de Fedemetal. En 1988 se convirtió en el primer Alcalde de Cali elegido popularmente. En 1991 llegó a la Asamblea Nacional Constituyente y estuvo en la comisión segunda, que trataba temas de ordenamiento territorial. Posteriormente, Ministro de Educación de César Gaviria. En el gobierno de Ernesto Samper, Trujillo se convirtió en su Alto Consejero de Paz. Luego fue miembro de la Dirección Nacional Liberal y, cuando Horacio Serpa salió del Ministerio del Interior, Trujillo lo reemplazó por solo seis meses.

En 1995 llegó a la embajada ante la OEA en Washington. En el gobierno de Andrés Pastrana fue  embajador en Austria  y luego en Rusia. Con Álvaro Uribe fue  embajador en Suecia y luego en Bélgica hasta el 2011, donde también sirvió ante la Unión Europea. En 2013 fue uno de los tres precandidatos presidenciales del Uribismo. En febrero de 2014 Zuluaga escogió a Trujillo como su fórmula vicepresidencial, cuando  ganaron la primera vuelta y perdieron la segunda. A finales de 2014 Trujillo llegó a trabajar a la Universidad del Rosario, como director de su Oficina de Contribución a los Grandes Debates Nacionales.

ECOS: 25 años de la Constitución de 1991 y más de 39 reformas ¿es bueno o malo?

CHT: Las constituciones no son pétreas, naturalmente lo conveniente para una sociedad es que las instituciones que se crean maduren y puedan ser asimiladas por esa sociedad. En lo que tiene que ver con reformas, unas son necesarias aplaudir y las otras rechazar, porque afectan algunos puntos de la estructura básica central de la Constitución Política de 1991.

ECOS: ¿Cuáles han afectado esa estructura básica de la carta?

CHT: Por ejemplo, las que tienden a centralizar nuevamente todos los asuntos del Estado, cuando la decisión de la Constituyente fue descentralizar. Hay algunos desarrollos legislativos que han impedido el cumplimiento cabal de algunas decisiones centrales, en materia de participación política y apertura democrática, que alteran la esencia de la Constitución. De manera que hay de todo, pero lo conveniente para una sociedad, reconociendo que los cambios son necesarios, es permitir que las instituciones que se crean puedan madurar y ser asimiladas por la sociedad.

ECOS: Un nuevo ordenamiento territorial no se ha cumplido en Colombia, una tarea que los constituyentes le dejaron al legislador.

CHT: Hay que darle desarrollo a las normas de la Constitución en materia de ordenamiento territorial. Qué fue lo que se hizo, primero, reconocer la diversidad de las distintas regiones de Colombia y, por eso, hoy existen municipios, departamentos, distritos, entidades territoriales indígenas y existe la posibilidad de crear  regiones y provincias. Se reconoció la heterogeneidad. Segundo, consagrar una descentralización gradual y progresiva. Infortunadamente lo que se hizo fue una descentralización de choque. En tercer lugar, una pieza central del proceso de descentralización era la  expedición de la ley de ordenamiento territorial y no se hizo en estos 25 años, razón por la cual, si se mira en conjunto, la descentralización de choque y la ausencia de ordenamiento territorial han impedido el desarrollo pleno de la concepción que, en materia de descentralización, se consagró en la Constitución del 91. No hay un desarrollo pleno de la descentralización.

ECOS: Se dijo que la constitución de 1991 era para lograr la paz. El Gobierno la está logrando a través de las negociaciones con las Farc, ¿usted cómo constituyente, qué opinión le merece?

CHT: La Constitución de 1991 , que se bautizó como un tratado de paz, buscó construir una estructura constitucional amplia, incluyente, participativa, en la cual el respeto a los derechos a los ciudadanos y los mecanismos para hacerlos eficaces fue central, como también la participación democrática y la descentralización. Desafortunadamente eso no ha podido desarrollarse plenamente.

ECOS: Pero hay una iniciativa andando para la paz, entonces ¿qué sucede en los acuerdos de La Habana, frente a la Constitución?

CHT: A mi juicio, destrozan la Constitución de 1991. La destroza porque crea un congreso nuevo así sea transitorio, sin iniciativa, con facultades limitadas y sujeto al poder de veto del Ejecutivo. La destroza porque le otorga facultades extraordinarias imprecisas al Presidente de la República. La destroza porque desconoce el Derecho Internacional Humanitario, porque hace parte de nuestro bloque de constitucionalidad al pretender darle carácter de acuerdo especial humanitario, que no tiene, a los  Acuerdos de La Habana. La destroza por la pretensión de incorporar todos esos acuerdos al bloque de constitucionalidad, lo cual afectaría la democracia regional, afectaría la capacidad propositiva de los alcaldes, la descentralización, el equilibrio de poderes y crearía poderes paralelos nuevos. Es decir, en la práctica esos acuerdos pretenden sustituir la Constitución Nacional.

ECOS: ¿Está polarizado el país frente al tema?

CHT: La polarización del país es artificial, la creó el señor Presidente Santos  por razones electorales. Aquí no hay amigos de la paz y enemigos de la paz, aquí no hay amigos de la paz y amigos de la guerra. Aquí hay amigos de la paz, que tienen visiones distintas sobre la manera más adecuada de adelantar un proceso de conversaciones para efecto de facilitar el desarme, la desmovilización y la reinserción de miembros de una organización como las Farc. De manera que lo que hay que hacer es reconocer que no  hay esa división artificial y trabajar más bien en la identificación de elementos comunes con respecto al cómo.

ECOS: Tal como van las cosas eso es insalvable.

CHT: Con voluntad política nada es insalvable. Pero se necesita voluntad política para identificar puntos y elementos de consenso, que infortunadamente es lo que no ha existido.

ECOS: Eso no se ha logrado, ni de un lado ni del otro.

CHT: Sigo insistiendo tercamente, en la importancia eventualmente de hacer un acuerdo político y de Estado, sobre el mecanismo de refrendación, para permitir que el pueblo colombiano se pronuncie, porque lo que me queda claro que los mecanismos que hoy tenemos no son idóneos o por su definición actual o por sus dificultades prácticas, para su aplicación.

ECOS: ¿Cree en la paz de Colombia?

CHT: Quiero la paz como la queremos todos los colombianos. Pero la paz no puede ser la rendición del Estado ni de la sociedad que ha sido víctima del terrorismo. La paz tiene que ser consecuencia de que haya justicia, que se entreguen los recursos para financiar la reparación a las víctimas, que no haya ilegibilidad política inmediata para los culpables de los más graves delitos y de que se permita que el pueblo colombiano pueda expresarte detalladamente respecto de que es lo que aprueba y que es lo que rechaza.

ECOS: Todo parece indicar que vienen reformas a las instituciones, ¿cree en una Constituyente para esos objetivos?

CHT: Creo que sí. Hay algunos elementos que el congreso seguramente no abocará y que deberían tratarse en una Asamblea Nacional Constituyente.

ECOS: ¿Estaría dispuesto a participar de la misma?

CHT: En este momento estoy buscando ser el candidato a la Presidencia de la República por el Centro Democrático, esperemos a ver…Risas…

ECOS: ¿Si llega, convocaría a una constituyente?

CHT: Esperemos a ver.

SIG. Foto: Nelson Cárdenas.- El Gobierno Nacional está fortaleciendo al máximo la interdicción, marítima y aérea, que es la punta de lanza de la nueva estrategia contra el tráfico de drogas, señaló el Alto Consejero para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad, Rafael Pardo Rueda.

Pardo Rueda indicó que durante el primer semestre de este año, mediante la interdicción se ha logrado incautar una cifra de cocaína similar a la que el año anterior cayó en manos de las autoridades.

El Alto Consejero para el Posconflicto al referirse al informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, publicado en las últimas horas, reconoció que hay “un crecimiento importante” de las áreas sembradas de coca y añadió que se “está enfatizando fuertemente” en la interdicción en las zonas de cultivo, en las zonas de procesamiento de hojas de coca y de base de coca.

Con respecto a los resultados obtenidos este año en la lucha contra el tráfico, el Alto Consejero puso de presente que todos los martes el Jefe del Estado informa al país sobre los mismos. 

De acuerdo con el reporte presidencial de este martes en lo corrido del año se han desmantelado 2.965 laboratorios y se han incautado 158.8 toneladas de cocaína.

De esta manera, Pardo Rueda expuso que hay cuatro zonas que están priorizadas para programas de interdicción y de sustitución.

“Esas cuatro zonas están encabezadas por el municipio de Tumaco (Nariño)”, donde se concentra el 17 por ciento de la coca del país. También figuran zonas en Caquetá, Putumayo y Cauca.

Añadió Pardo que un quinto programa se inicia este domingo cuando se pondrá en práctica el acuerdo con las Farc sobre sustitución de cultivos en Briceño, Antioquia.

“Hay una nueva estrategia y el acuerdo con las Farc adicionalmente  abre una inmensa posibilidad de tener a las Farc no oponiéndose a la erradicación y sustitución de cultivos", puntualizó.

Falta evaluación completa

El Alto Consejero no descartó que la restricción de la fumigación aérea con glifosato pueda “haber incidido” en el aumento de las áreas cultivadas.  Sin embargo, advirtió que otros factores también pueden haber incidido. “Uno es el aumento del precio del dólar respecto al peso, o sea la devaluación, que afecta todas la exportaciones y la cocaína es una exportación”, afirmó.

Y añadió que otro factor es el cultivo de coca en zonas donde no se hacía y que por efectos del cambio climático se han transformado en áreas aptas para tal labor.

Todavía no hay “una evaluación completa sobre factores explicativos de por qué aumenta el cultivo”, concluyó.

Programas de sustitución

Por su parte, el Director de la Oficina de Atención Integral de la Lucha contra la Droga, Eduardo Díaz, indicó que debe tenerse en cuenta “el confinamiento de los cultivos a unos territorios específicos”.

Explicó Díaz que si se observa por zonas se encuentra que “en tres departamentos del país no hay cultivos, en nueve se redujeron los cultivos, en nueve permanecieron estables” y se concentra en las zonas señaladas.

Subrayó que “el esfuerzo realizado en materia de interdicción no es nada despreciable” e indicó que el año pasado, 2015,  se incautaron 252 toneladas de cocaína, que “representa el 50% de las 450 toneladas que la coca sembrada en el país permitiría producir”.

No solo se trata de erradicar y sustituir cultivos, afirma Díaz, sino también de “golpear a las redes de narcotraficantes”.

Con respecto a la sustitución de cultivos sostuvo que es importante anotar que en el 2014 los programas de desarrollo alternativo llegaron a 11.270 familias, el año pasado fueron beneficiadas 44.601 familias.

“Hay un esfuerzo también en esta lógica de transformar los territorios afectados”, aseveró Díaz Uribe.

SIG.- El Alto Comisionado para la Paz habló con los jefes de comunicaciones de 28 departamentos sobre el proceso de dejación de armas y cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo, acordado el pasado 23 de junio.

En un encuentro con la Federación Nacional de Departamentos, el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, explicó cómo funcionarán las Zonas Veredales Transitorias de Normalización, donde se verificará el cese al fuego bilateral y la dejación de armas por parte de las Farc.

Jaramillo hizo especial énfasis en que en estos territorios no habrá despeje y la Fuerza Pública estará atendiendo a la población civil, en caso de presentarse alguna alteración del orden público.

“Estas zonas no son para negociar, son para cumplir con unas reglas de un proceso acordado por un tiempo definido, que son 180 días. De manera que las personas que vivan en estas zonas tienen que saber que sus derechos serán absolutamente protegidos, que no han perdido ningún derecho ni ninguna protección y que estaremos especialmente atentos a su bienestar”, apuntó Jaramillo.

El Alto Comisionado habló también del papel que cumplirá Naciones Unidas dentro del proceso de dejación de armas de las Farc, quienes verificarán que esta guerrilla deje hasta el último fúsil.

“ONU recibirá la totalidad del armamento de las Farc en unos contenedores en donde se depositará. Nadie tendrá acceso a estos contenedores, y cuando ya estén todas las armas, se llevarán a un lugar donde serán fundidas para la construcción de tres monumentos. Esto es una garantía no solo para el Gobierno sino para toda la ciudadanía”, afirmó.

Finalmente, Jaramillo hizo un llamado a los gobiernos departamentales y municipales en el sentido que exista una enorme articulación en cuanto al manejo de las Zonas Veredales, para explicarle a la población civil lo que está ocurriendo en su territorio.

Por Luis Fernando García Forero. Foto: Leonardo Vargas.- En el marco de la celebración de los 25 años de la promulgación de la Constitución Política de 1991, la controversia entre el Congreso y la Corte sobre las reformas  tuvo un interesante momento de denuncia y reflexión sobre el papel del Constituyente derivado frente a las demandas del momento histórico y las expectativas del país.

Luis Fernando Velasco, Presidente del Congreso, hizo este planteamiento tras el reciente fallo de ese tribunal, que abatió la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, que se había determinado en la reforma constitucional del Equilibrio de Poderes. 

En respuesta a Velasco, en una intervención de elevada calidad referencial y jurídica, la Presidente de la Corte Constitucional, María Victoria Calle, expresó contundentemente que el Congreso “podía reformar, modificar e incluso suprimir, cualquiera de sus artículos. Ni más faltaba que los magistrados de este país interfirieran en las funciones del Congreso, solamente respetan y aprecian la difícil tarea que al Congreso corresponde”.

En este orden de ideas, la Magistrada Calle habló de la difícil tarea de la Corte Constitucional, al señalar que “cuando un magistrado estudia el texto  de un acto legislativo o un proyecto de ley, estatutaria u ordinaria, lo que tiene que hacer es constatar la competencia. Cuando el Congreso sustituye uno de los elementos de la identidad de la Constitución, pues, tiene que señalar que allí hay un problema de competencia. Con todo el respeto, eso es lo que sucede.”.

Pero, indudablemente, señaló enfática la Presidenta de la Corte Constitucional, “cualquier artículo de la Constitución, puede ser reformado, modificado e incluso suprimido y, no es nuestro querer, interferir en la tarea que a ustedes corresponde, porque como lo he dicho, lo que  hacemos, por el contrario, es admirarla todos los días”.

En este sentido, la Presidenta Calle afirma que “hemos venido reconociendo que esta Constitución es para la ciudadanía”… “Por ello, por sus 25 años, he traído una idea central: una Constitución hecha para el pueblo y mientras el pueblo no quiera, no puede ser sustituido ninguno de los elementos que la contienen”.

Complementariamente y de manera magistral, la Presidenta de la Corte compartió “uno de los testimonios más conmovedores de la  esperanza humana”, que fue el de Karl Popper, en plena Guerra Mundial, cuando el Nazismo quería apoderarse de Europa”.

Popper, refiere la Magistrada Calle, se exila en Nueva Zelanda y decide estudiar Griego Antiguo y analizar críticamente a Platón, a Marx  y a otros pensadores, altamente venerados en Occidente, como una forma de lucha contra el totalitarismo reinante. Estudiar para dominar la barbarie.

Iniciativa ésta, según el relato de Calle,  que hizo posible que Popper escribiese una de sus mejores obras, la Sociedad Abierta y sus enemigos, donde propuso “demostrar que los integrantes de una sociedad, si no sucumben a las voces de los falsos profetas, pueden ser los artífices de su propio destino”.

En este preciso aspecto, la Presidente de la Corte, establece un paralelismo con el espíritu de los hombres y mujeres de Colombia, quienes a finales de los 80 e inicios de los 90, mientras Colombia libraba una guerra sangrienta, “le apostaban a darse una nueva constitución para construir algún día la paz”.

“No muy lejos de la concepción de Popper, el Proceso Constituyente de 1991, intentó precisamente asegurar que fuera el Pueblo de Colombia, el constructor de su propio futuro”, aseguró Calle, “con nuevas propuestas y un nuevo diseño constitucional”.

Haciendo una panorámica histórica, la Presidenta abordó las concepciones constitucionalistas y de las instituciones políticas colombianas, para observar la concepción del papel del pueblo y la búsqueda de la participación política como ciudadanos, en un contexto jurídico que incluye la acción de tutela y “las garantías, que son inherentes  a todo ser humano, en toda democracia que se tenga por verdadera”.

Calle reconoce ciertos intentos para debilitar la participación en estos 25 años, pero estima que “estamos en un punto de no retorno y que el siglo que apenas comienza, es el de la Democracia de la Ciudadanía”.

“Por eso puede decirse”, reitera,  que “la Constitución de 1991 es un pacto sobre la convivencia hecho para el futuro, pero el futuro aún no ha llegado”.

Y dependerá del rol que asuman los colombianos para profundizar los mecanismos de participación, para que el espíritu de la Constitución de 1991 inspire construir un país justo y en paz.

Oficina del Alto Comisionado para la Paz.- La firma del Acuerdo Final de Paz, entre el Gobierno y las Farc, está cada vez más cerca. A la firma del fin del conflicto,  se adiciona el acuerdo que acaban de establecer sobre el punto de “Participación Política: nueva apertura democrática para la Paz”, según el Comunicado Conjunto No. 80, emitido este martes por el Equipo Negociador del Gobierno y la FARC- EP en La Habana.

En el comunicado conjunto las partes señalan que “como resultado de esa revisión se eliminaron la mayoría de los pendientes” y explicaron que se acordó la redacción de un “estatuto de garantías para el ejercicio de la oposición política”, para el cual “los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, serán convocados en una Comisión para definir los lineamientos del estatuto de garantías para los partidos y movimientos políticos que se declaren en oposición”.

Para garantizar la participación de todos los sectores políticos “la Comisión a través de un evento escuchará a los voceros de las organizaciones y movimientos sociales, expertos y académicos. Sobre la base de estos lineamientos el Gobierno elaborará un proyecto de ley con el acompañamiento de delegados de la Comisión de partidos y movimientos políticos”.

Otro punto que anunciaron Gobierno y Farc es solicitar que se convoque para integrar dicha Comisión a Marcha Patriótica y Congreso de los Pueblos, así como a dos expertos delegados por la Mesa de Negociaciones.

El Gobierno, por su parte, tendrá que elaborar un proyecto de ley de garantías y promoción de la participación ciudadana, “sobre la base de lineamientos establecidos en el acuerdo, que serán discutidos en un espacio de carácter nacional, que contará con la participación de los voceros de las organizaciones y movimientos sociales más representativos”.

Además plantean una profunda reforma del régimen y de la organización electoral con la finalidad de asegurar una mayor autonomía e independencia de la organización electoral. En ese sentido, señalan que el Consejo Nacional Electoral será modificado para modernizar y hacer más transparente el sistema electoral, para de esa manera dar mayores garantías para la participación política en igualdad de condiciones y mejorar la calidad de la democracia.

Para esta reforma se nombrará una misión conformada por siete expertos que contará con un representante de la Misión de Observación Electoral- MOE, que seguramente será su directora Alejandra Barrios, y seis miembros más que formaran parte del Centro Carter, el Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia, el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes y el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria -NIMD.

De acuerdo con declaraciones del Ministro encargado del Interior, Guillermo Rivera, este nuevo acuerdo busca “profundizar la democracia y aclarar asuntos que habían quedado pendientes en el punto 2 de la agenda de paz con las Farc”… "Se trata de mejorar las reglas del juego del sistema electoral en general”, señaló Rivera.

Redacción Ecos. Foto SIG.- El Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, manifestó este lunes, en el Acto de Conmemoración de la promulgación de los 25 años de la Constitución Política de Colombia, que sin duda hoy el país es más igualitario, equitativo y garantista gracias a esa norma fundamental.

 “25 años después somos –sin duda alguna– un país mejor, con instituciones más fuertes y a la vez más democráticas y eficaces, con posibilidad de avanzar hacia una paz estable y duradera, gracias al valiente y visionario esfuerzo que se dio hace un cuarto de siglo”, afirmó.

“La Carta de 1991 condujo a unas transformaciones sociales profundas”, manifestó el Jefe de Estado en el acto conmemorativo, que tuvo lugar en la histórica población antioqueña de Rionegro, en la que se elaboró la Constitución del siglo XIX.

El Jefe de Estado recordó el vuelco institucional anunciado en 1991 por el Presidente de entonces, César Gaviria, quien lo acompañó hoy en la ceremonia.

“El ‘revolcón’ que anunció el presidente Gaviria se dio, sin ninguna duda, y hoy nuestro país es muy distinto –mucho más igualitario, equitativo, garantista– que el que teníamos hace 25 años”, expresó.

Admitió que falta mucho “para poder decir que protegemos y garantizamos en su integridad los derechos y libertades que consagra nuestra Constitución, pero hemos avanzado en su protección más que en cualquier otro periodo de nuestra historia”.

El Presidente Santos sostuvo que “todas las reformas que necesita el país –para ser sostenible fiscalmente; para garantizar los derechos de todos los colombianos, y en particular de las víctimas; para proteger a los más vulnerables–, y esa reforma mayor que significa la paz, las estamos haciendo dentro del ámbito de nuestra Constitución”.

Añadió que el espíritu de pluralidad y tolerancia que encarna la actual Constitución  garantiza que todas las tendencias, todas las culturas, todas las ideologías, todas las maneras de ver el mundo y de ver la vida, tienen cabida hoy en la nación.

Dentro de los logros de la Carta Magna citó las reformas realizadas en estos seis años para transformar positivamente la vida de muchos colombianos, garantizándoles sus derechos.

“Por ejemplo, entre muchas, la ley de víctimas y de restitución de tierras; la ley estatutaria de salud, que consagró la salud como un derecho fundamental; la ley contra la discriminación; la ley para las personas con discapacidad; la ley para las víctimas de violencia sexual”, precisó.

Señaló que hoy “empleadas domésticas, taxistas, madres comunitarias, voluntarios, bomberos, cesantes, se han favorecido por reformas que mejoran su protección o sus condiciones laborales”.

Indicó también que “cientos de miles de familias pobres se han beneficiado de educación gratis, de programas de vivienda gratis o subsidiada, de una salud sin regímenes de primera y segunda clase, de la ampliación de cobertura de las TIC y los servicios básicos”.

“¡Esas las reformas que realmente transforman a Colombia!”, notó el Presidente de la República.

También el primer mandatario destacó los avances en la democracia participativa. Dijo que los mecanismos de participación popular, como el plebiscito que espera convocar para refrendar los acuerdos de paz “dan al pueblo un nuevo poder que antes era impensable”.

Santos se refirió al derecho de tutela y consideró las cifras como “muy dicientes: desde sus inicios se han interpuesto alrededor de 5 millones de tutelas. Actualmente se pueden presentar unas 40.000 al mes”.

Y por último aludió al monopolio del uso de las armas por parte del Estado como mandato de la Constitución. “La razón de fuerza de nuestros militares y policías ya no es la simple autoridad del Estado, sino una que a todos nos cobija: el cumplimiento de nuestra Constitución”, declaró el Presidente Santos.