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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, enfatizó que dicha declaratoria le abre paso al funcionamiento del denominado 'Fondo Milagro', cuyo objetivo es el de canalizar los recursos nacionales e internacionales para las zonas afectadas.
El jefe de Estado colombiano Abelardo de la Espriella, en medio del balance por el trágico terremoto y lleva hasta la fecha 265 fallecidos, 496 personas desaparecidas y 25.872 familias afectadas, anunció la declaratoria de Emergencia Económica para solventar la crisis, principalmente en las zonas más afectadas.
De la Espriella destacó que la medida extraordinaria que le concede la constitución, incluirá medidas orientadas a la reactivación económica para agilizar acciones de atención y avanzar en la reconstrucción de las zonas afectadas.
Explicó que la declaratoria permitirá poner en marcha el denominado ‘Fondo Milagro’. “La emergencia que propongo va a crear un fondo milagro, una entidad que va a canalizar los aportes nacionales e internacionales que se destinarán a la reconstrucción de hospitales, centros educativos, inmuebles, vías y aeropuertos que sufrieron afectaciones por el sismo”, afirmó el presidente.
Agregó el jefe de Estado colombiano que “Esta crisis nos agarra en un momento difícil, en medio de una crisis fiscal, la más compleja en la historia republicana de nuestro país. Tenemos el más alto nivel de endeudamiento, una estrechez total en recursos de tesorería y un presupuesto público desfinanciado", dijo el mandatario.
La medida gubernamental tendría una vigencia de 90 días y de acuerdo a la constitución se crearían nuevos impuestos sin que sean aprobados por el Congreso.
Bogotá, D. C, agosto 12 de 2026
Redacción Ecos Nacional.
La comisión acompañará todas las acciones que pueda hacer el Legislativo para acompañar a las víctimas de la tragedia, la cual deja hasta el momento 239 fallecidos y 3.755 heridos.
El Congreso en pleno aprobó proposición liderada por el Presidente del Senado, Honorio Henríquez, junto con el Presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil, y otros congresistas, para respaldar a las miles de familias afectadas por el terremoto ocurrido el lunes 10 de agosto.
La iniciativa contempla aportes voluntarios de los integrantes del Legislativo y la creación de una comisión bicameral que hará seguimiento a la atención de la emergencia.
“Invitamos a los congresistas a donar voluntariamente un día de salario o el aporte que consideren, y propusimos una comisión bicameral para hacer seguimiento y acompañar la atención de la tragedia”, señaló el Presidente Henríquez, al explicar el alcance de la proposición aprobada.
Los senadores y representantes que decidan sumarse voluntariamente podrán informar su contribución a las áreas administrativas del Senado de la República o de la Cámara de Representantes.
Estas dependencias se encargarán de orientar los recursos hacia la Cruz Roja Colombiana o una entidad similar encargada de administrarlos para apoyar a las comunidades damnificadas.
La decisión del Congreso se produce después del terremoto que sacudió a Colombia el pasado lunes y cuyo epicentro se registró en el departamento del Chocó.
La emergencia produjo afectaciones en distintas zonas del país y obligó a las autoridades nacionales, departamentales y municipales a desplegar acciones para atender a las comunidades y evaluar los daños ocasionados.
Además del Chocó, las consecuencias del movimiento telúrico se extendieron a departamentos como Valle del Cauca, Caldas, Quindío y Risaralda, donde las autoridades avanzaron en la identificación de afectaciones y necesidades de la población.
De acuerdo con información oficial, el número de muertos llegaba este miércoles al mediodía a 239 y la cifra de heridos a 3.755.
La emergencia movilizó organismos de socorro y diferentes instituciones del Estado para acompañar a las familias damnificadas.
La magnitud de la emergencia también generó una respuesta de solidaridad desde diferentes sectores del país. En ese contexto, el Congreso decidió vincularse institucionalmente a las acciones de apoyo, no solo mediante los aportes voluntarios de sus integrantes, sino también a través del seguimiento a las medidas adoptadas para atender las consecuencias de la tragedia.
La proposición aprobada contempla, precisamente, la conformación de una comisión bicameral, integrada por miembros del Senado y de la Cámara de Representantes, que tendrá como propósito hacer seguimiento y acompañar las acciones relacionadas con la atención de las comunidades afectadas por el terremoto.
Bogotá, D. C, agosto 12 de 2026
Fuente: Oficina de Información y Prensa Senado.
Durante ese periodo se izará la bandera nacional a media asta "en los edificios públicos del país, embajadas y oficinas consulares de Colombia en el exterior”.
Honrando a las víctimas del fuerte y trágico terremoto que deja más de 200 muertos y miles de heridos en el país, el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, declaró tres días de duelo en el territorio nacional.
Mediante el Decreto 1172 de 2026, el jefe de Estado colombiano expresó su profundo dolor por las vidas que se perdieron tras este fenómeno natural y manifestó su solidaridad con las familias, amigos y comunidades afectadas. Ante esta tragedia, el Gobierno acompaña a las comunidades victimas del trágico hecho natural y extiende sus condolencias a las familias que hoy enfrentan la pérdida de sus seres queridos.
Entre tanto socorristas y voluntarios trabajaban sin descanso ya cuando se están cumpliendo 72 horas de la tragedia en busca de señales de vida entre los escombros, cuando corre el tercer día desde el terremoto.
Bogotá, D. C, 12 de agosto de 2026.
Redacción Ecos Nacional.
El Congreso de la República en pleno se prepara para realizar una de sus elecciones más importantes: la del próximo Contralor General de la República, prevista para este miércoles 12 de agosto a partir de las 9:00 AM en el salón Elíptico del Capitolio Nacional.
El proceso de elección se inició desde el Congreso anterior de acuerdo a las normas vigentes, donde la Universidad de Cartagena avaló a quienes compiten para ese cargo, que finalmente mediante el voto de los senadores y representantes, elegirán mayoritariamente al máximo fiscalizador de los recursos del Estado.
Durante varios meses, los 10 aspirantes que finalmente llegaron a la recta final de la elección, de más de 600 mil colombianos de todas las regiones del país que se inscribieron al Concurso de Méritos, tienen su último momento para alcanzar dicha dignidad.
La lista de los 10 elegibles:
- Luis Enrique Abadía García
- Andrés Castro Franco
- Jorge Eliécer Laverde Vargas
- Ana Elena Monsalvo Herrera
- Carlos Mario Zuluaga Pardo
- Julián Mauricio Ruiz Rodríguez
- Diana Carolina Torres García
- Amanda Madrid Panesso
- Karol González Mora
- Rosalba Jazmín Cabrales Romero
Los ciudadanos tienen la oportunidad de seguir la sesión del Congreso en Pleno a través del Canal Congreso.
Bogotá, D. C, agosto 12 de 2026.
“En momentos como este, Colombia necesita unidad, solidaridad y acción”, expresó Honorio Enríquez.
El presidente del Congreso, Honorio Henríquez, invitó a los congresistas a sumarse a una iniciativa de solidaridad con las miles de familias damnificadas por el terremoto que afectó al país, mediante la donación de un salario y contribuir a la atención de quienes enfrentan las consecuencias de la emergencia.
“Como Presidente del Senado, invito a todos los congresistas a sumarse a la iniciativa de donar un salario para apoyar a miles de familias damnificadas del terremoto”, manifestó el Presidente Henríquez a través de un mensaje publicado en su cuenta de X.
Ante la gravedad de los hechos, anunció que este miércoles se conformará una comisión bicameral de seguimiento y acompañamiento a la tragedia, con participación del Congreso de la República, como parte de las acciones institucionales frente a la emergencia y sus efectos sobre las comunidades afectadas.
El alto dignatario del legislativo destacó la iniciativa del presidente Abelardo de la Espriella de estar de frente en el territorio afectado por la tragedia. “Valoramos la decisión del presidente Abelardo de la Espriella y del Gobierno Nacional de hacer presencia en las zonas afectadas y atender directamente a las comunidades damnificadas por el terremoto”, expresó Enríquez.
Frente a la magnitud de la situación puso a disposición del país el apoyo del Legislativo para contribuir, dentro de sus competencias, a las medidas que permitan enfrentar las consecuencias del terremoto y atender a las familias afectadas.
“Estamos dispuestos a contribuir en lo que sea necesario para enfrentar esta emergencia y apoyar a las familias que hoy más nos necesitan”, sentenció el presidente del Congreso Honorio Enríquez.
Bogotá, D. C, agosto 11 de 2026
Fuente: Oficina de Información y Prensa Senado.
“No podemos aprobar un presupuesto desfinanciado…”, advirtió la congresista.
Por Alberto Santander. - La representante a la Cámara del partido de la U por Sucre, Milene Jarava, instó al Congreso devolver al Gobierno entrante el Proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027 y cuyo monto asciende a 545,4 billones, para que sea restructurado, luego de las alertas del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), sobre su financiación.
La congresista fue vehemente en advertir que el PGN tendría un faltante de $30,2 billones y para gobernar desde las regiones, como lo ha venido anunciando el Presidente De La Espriella, debe tener en la inversión ese enfoque regional.
De acuerdo con “El CARF, se estima que el proyecto presentado por el Gobierno anterior requiere ajustes por $30,2 billones en los ingresos y advierte que, incluso con el recaudo esperado de $21,9 billones de la reforma tributaria, quedaría un faltante cercano a $8,3 billones.
“No podemos aprobar un presupuesto desfinanciado. El Congreso debe devolverlo al nuevo Gobierno para que lo reestructure, garantice fuentes de financiación reales y establezca prioridades frente a los grandes retos del país y las regiones”, enfatizó la representante sucreña.
Destacó que el departamento de Sucre debe ser una prioridad en esa nueva discusión: “Necesitamos recursos para cerrar las brechas históricas en agua potable, energía, infraestructura vial, salud, educación, empleo, turismo y adaptación al cambio climático”.
Bogotá, D. C. agosto 11 de 2026.
El mandatario señaló que, hasta el último segundo de su gobierno, ninguna guarnición militar deberá alistarse para una posesión.
Durante el retorno de la Espada de Bolívar a la Casa Museo Quinta de Bolívar, el presidente Gustavo Petro ordenó que ninguna guarnición o establecimiento militar sea utilizado para la posesión de funcionarios del poder civil, mientras permanezca al frente del Gobierno.
“Hasta el último segundo en que sea presidente, no doy permiso a ninguna guarnición o establecimiento militar para que se aliste para ninguna posesión de ningún funcionario del poder civil en Colombia. Después de ese segundo, verán qué hacen", dijo el mandatario.
Agregó el mandatario que su decisión también cobija a cualquier instalación de la Fuerza Pública. “Ni el Ejército, ni la Armada, ni la Policía Nacional bajo mis órdenes, hasta el último segundo que sea presidente y su comandante supremo, deben alistar ni una sola silla, ni un solo espacio de ninguna instalación militar", sostuvo.
El jefe de Estado aseguró que la posesión de autoridades civiles debe realizarse ante la ciudadanía y no bajo la tutela de las armas.
“Los civiles se tienen que posesionar ante el pueblo y no ante las armas. Las armas de la República obedecen al pueblo y el presidente de la República obedece al pueblo y a la Constitución, no a las armas", manifestó.
Al referirse al departamento del Cauca, Petro advirtió sobre el posible ingreso de armamento desde Ecuador y el riesgo de que se presenten hechos de violencia alrededor de una ceremonia de posesión. “Ya sabemos que muchísimas armas han sido llevadas de Ecuador al Cauca, ya sabemos que están esperando que movilizaciones campesinas e indígenas libertarias salgan a protestar", dijo.
Ante este escenario, pidió a la población caucana evitar movilizaciones. “Les solicito al pueblo del Cauca libertario, urbano, juvenil, campesino, indígena o afro, no salir de sus casas", expresó, al señalar que no permitirá que se utilice la situación para justificar acciones contra el movimiento social.
“Las armas las dirige el presidente, no para apuntar al pueblo, sino para apuntar a aquellos y a aquellas que quieran destruir nuestra independencia y las libertades del pueblo de Colombia. Esa es mi orden", concluyó.
Bogotá, D. C, julio 24 de 2026.
Fuente: Presidencia.
En el 2024 al menos 118.272 personas enfrentaron situaciones de confinamiento y en el 2025, la cifra ascendió a 240.552 personas confinadas.
Frente a este panorama, la Personería de Bogotá Y la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, hicieron un llamado a visibilizar esta problemática y actuar con soluciones que garanticen la protección de las comunidades afectadas.
El confinamiento, una de las consecuencias más graves y menos visibles del conflicto armado en Colombia, afecta a miles de familias campesinas, indígenas y afrocolombianas que permanecen bajo restricciones de movilidad impuestas por grupos armados no estatales.
La alerta fue presentada durante la inauguración de la exposición fotográfica Paraísos Confinados, una iniciativa liderada por ACNUR con el apoyo de la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea (DG ECHO).
La muestra retrata cómo las restricciones de movilidad limitan el acceso a alimentos, a servicios de salud, a educación, a medios de subsistencia y al ejercicio de prácticas sociales, culturales y comunitarias claves para la supervivencia de comunidades enteras. Paraísos Confinados también evidencia cómo estas condiciones incrementan los riesgos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, el desplazamiento forzado y otras vulneraciones a los derechos humanos.
Durante la apertura de la exposición, el Representante de ACNUR en Colombia, Giovanni Lepri, agradeció la acogida y el interés de la Personería de Bogotá para abordar el fenómeno de confinamiento y las restricciones a la movilidad. Además, advirtió sobre la necesidad de mayores respuestas del Estado ante el incremento de los confinamientos.
“Paraísos Confinados es una exposición que nos permite ver una realidad que a veces parece invisible, pero que lamentablemente viven miles de personas en el territorio colombiano. Es importante conocer más y conceptualizar mejor el confinamiento en Colombia, de manera que se logre responder a este fenómeno de manera más contundente, incluyendo mecanismos más eficaces de prevención, atención integral y presencia institucional en las comunidades confinadas, tanto en las áreas rurales como urbanas”, aseguró Lepri.
La Personería de Bogotá señaló que esta iniciativa busca promover la reflexión ciudadana sobre una realidad que suele permanecer fuera del debate público y generar un espacio de sensibilización frente a las afectaciones que produce el confinamiento, especialmente en contextos urbanos donde confluyen víctimas del conflicto armado y nuevas dinámicas de violencia.
“La exposición «Paraísos Confinados» llega a la Personería de Bogotá para visibilizar las historias de comunidades cuya libertad y movilidad han sido limitadas por la violencia. A través de sus fotografías, invita a reflexionar sobre el impacto humanitario de este fenómeno y la importancia de hacer visibles estas realidades para promover la defensa de los derechos humanos” aseguró, Gloria I. Bohórquez Torres, Personera Auxiliar.
La exposición Paraísos Confinados estará abierta al público de manera gratuita en la sede de la Personería de Bogotá hasta el 3 de agosto, en el Centro de Atención CAC entre el 4 y el 14 agosto, y desde el 17 agosto hasta el 18 septiembre en el SuperCade CAD 30. Toda la ciudadanía está invitada a conocer las historias de las comunidades afectadas y a reflexionar sobre la necesidad de una respuesta institucional que garantice la protección de sus derechos y el acceso a la asistencia humanitaria.
Bogotá, D. C, julio 23 de 2026
“La crisis fiscal que hoy enfrenta Colombia no es producto de los colombianos, sino de decisiones equivocadas que comprometieron la estabilidad económica del país”, destaca el jefe de Estado electo que se posesiona este 7 de agosto de 2026.
El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, rechazó la intención del Gobierno saliente de promover una nueva reforma tributaria para trasladarles a los colombianos el costo de cuatro años de desorden fiscal, endeudamiento y manejo irresponsable de los recursos públicos.
Mediante un Comunicado De La Espriella señala que es “inaceptable que quienes condujeron al país a un deterioro sin precedentes de las finanzas públicas pretendan ahora que sean los ciudadanos, las familias, los emprendedores y los sectores productivos quienes asuman las consecuencias de esa gestión”.
Agregó que “pretender resolver ese problema mediante una nueva carga tributaria, constituye una falta de respeto con millones de ciudadanos que ya soportan el impacto de la desaceleración económica, el aumento del costo de vida y la incertidumbre generada durante los últimos años”.
Destaca el presidente electo que “el país necesita recuperar la confianza, estimular la inversión, fortalecer la producción y generar empleo, no castigar nuevamente a quienes sostienen la economía con su trabajo y esfuerzo”.
Señaló que a partir del 7 de agosto impulsará una política económica orientada a la disciplina fiscal, la eficiencia del gasto público y el crecimiento.
“La reconstrucción de la Patria Milagro estará basada en un Estado que administre con responsabilidad los recursos de todos los ciudadanos y que haga del manejo transparente de las finanzas públicas un principio irrenunciable”, concluyó De La Espriella.
Bogotá, D. C, julio 22 de 2026
Ecos Noticia
El congresista del Centro Democrático exigió al Gobierno Nacional y al Invías una inversión urgente de $7.000 millones para evitar que el puente Pescadero se desplome y Santander quede aislado.
Por Luis Fernando García Forero. En una intervención cargada de vehemencia en la plenaria, el senador Óscar Villamizar, del Centro Democrático, alzó la voz para denunciar el crítico estado de la infraestructura vial que conecta a la capital del país con Santander, una ruta clave para la economía de la región y de Colombia.
Sin rodeos y utilizando el característico tono directo de su región, el parlamentario fue vehemente al destacar el malestar generalizado de sus paisanos: “Hoy debo decir con profundo respeto, pero con la sinceridad santandereana, que estamos mamados de la vía que comunica a Bucaramanga con Bogotá”.
Enfatizó que esta arteria vial no carece de recursos, pues según sus cifras, “es una vía que recauda cerca de 100.000 millones de pesos al año”. Pese a esta altísima suma en recaudos, recriminó que los gobiernos nacionales hayan ignorado la imperiosa necesidad de mantenimiento e infraestructura, un descuido que se mantiene durante la actual administración.
“Llevamos años pidiéndole a los gobiernos nacionales, incluido al gobierno de Gustavo Petro, que inviertan esos recursos en esta vía porque la concesión está a cargo del Invías”, recriminó el congresista santandereano.
Alerta roja por el puente Pescadero
La urgencia actual no es menor. Debido a la emergencia vial que enfrenta el departamento y que amenaza con dejar incomunicado a Santander con la capital del país, Villamizar confirmó las acciones formales que adelantó ante el Ejecutivo.
“Ayer radicamos una solicitud para que el Invías, en la emergencia actual que se está presentando (...), ponga un poco más de 7.000 millones de pesos y no permita que se caiga el puente de Pescadero”, advirtió, señalando además que el deterioro actual ya restringe el flujo normal del transporte y “no permite el tránsito de vehículos pesados”.
Finalmente, ante el cansancio acumulado de la comunidad y los gremios de la región, el parlamentario concluyó con un categórico llamado de atención para la Casa de Nariño, recordando que las protestas e indignación ciudadana en los peajes ya comenzaron a sentirse:
“Hago este llamado de atención al Gobierno Nacional: no le mamen más gallo a los santandereanos. Estamos cansados y es por eso que hoy las talanqueras están arriba”, puntualizó al cierre de su intervención.
Bogotá, D. C, julio 22 de 2026
