Opinión

Los problemas que hoy enfrenta el país no obedecen a un agotamiento de la Constitución, sino a las dificultades para cumplirla y hacerla efectiva.

Por: Amylkar Acosta*. - Fueron múltiples los intentos del actual gobierno de promover la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, so pretexto de superar el supuesto “bloqueo institucional”, atribuido al Congreso de la República y a las altas cortes por el hecho de ser deliberantes y ejercer a plenitud sus funciones y competencias. Bien dijo el constitucionalista Mauricio Gaona, cuando en respuesta al alegato del Gobierno afirmó que “eso que llaman bloqueo institucional es el ejercicio de la oposición y de la separación de poderes”, esto es al sistema de frenos y contrapesos, evitando la concentración de poder en el ejecutivo.

La convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente ha sido y sigue siendo la bandera del Partido de gobierno El pacto histórico y desde luego de su candidato a la Presidencia Iván Cepeda, así este, tácticamente la condicionara al Acuerdo Nacional que le sirve de señuelo para atraer a otros sectores del centro de la política, como ya lo hizo el Presidente Gustavo Petro hace cuatro años cuando pasó a la segunda vuelta gracias a este as que sacó de la manga, para después ponerles conejo.

El fantasma de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente persiste, como nos lo recordó el 1º de mayo el candidato Cepeda cuando afirmó en la Plaza de Bolívar que “ha llegado el tiempo de ser poder constituyente…ha llegado el tiempo de ser poder constituyente”. A última hora, después del revés de la candidatura de Cepeda en primera vuelta añagaza con desistir de su cometido de convocarla, más que como estrategia como estratagema electoral para embaucar incautos y atraer al esquivo centro político para la segunda vuelta. Lo dijo el Presidente Petro, dicha convocatoria se “suspende”, no se descarta.

La convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia resulta a todas luces inconveniente en las actuales circunstancias políticas, económicas e institucionales del país. La Constitución de 1991, fruto de un amplio consenso nacional, dotó a Colombia de un robusto Estado Social de Derecho, fortaleció la descentralización, amplió los derechos fundamentales y creó mecanismos de participación ciudadana que aún conservan plena vigencia.

Los problemas que hoy enfrenta el país no obedecen a un agotamiento de la Constitución, sino a las dificultades para cumplirla y hacerla efectiva. La inseguridad, la crisis fiscal, la pobreza, la informalidad laboral, la corrupción y la debilidad institucional no se solucionan cambiando las reglas de juego, sino garantizando su aplicación y fortaleciendo las instituciones existentes. No podemos caer en lo que el ex fiscal y ex ministro Alfonso Gómez Méndez no duda en catalogar como fetichismo constitucional, un espejismo que lleva a crear la ilusión de que los problemas del país pueden resolverse mágicamente mediante cambios de la Constitución o de Constitución, como ahora se pretende.

Además, existe el riesgo de que una Asamblea Constituyente desborde sus competencias iniciales, como ya sucedió en el pasado. Ello puede terminar concentrando excesivo poder en el Ejecutivo, alterando el equilibrio entre los poderes públicos y debilitando los controles democráticos. La Constitución de 1991 estableció precisamente un sistema de pesos y contrapesos justamente para evitar la concentración del poder y preservar las libertades ciudadanas. De prosperar la convocatoria de la Asamblea Constituyente, ello puede dar pábulo para pasar del régimen presidencialista actual a otro de absolutismo presidencial.

Bogotá, D. C, 15 de junio 2026

*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.

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La paz de Colombia, y su democracia, pasan necesariamente por la recuperación integral del campo.

Por: José Félix Lafaurie Rivera*. - Es mi pregunta de cada cuatro años desde hace más de veinte, junto con una convicción convertida en frase –“La paz de Colombia pasa necesariamente por la recuperación del campo”–, quizás buscando convencer a candidatos y votantes de algo que, para mí, es obvio.

Para mí es obvio que la paz del silencio de los fusiles, la que se negocia o se impone, es apenas una condición para apagar el incendio de la violencia. De ahí que resulte obvio garantizar la seguridad rural como derecho fundamental y política de Estado, pues la paz verdadera, la del bienestar, no será posible en un campo infestado de ilegalidad y violencia, en vez de ser la locomotora del desarrollo muchas veces prometida y nunca cumplida.

Para mí es obvio que la causa de la pobreza rural, del narcotráfico y la violencia no es la tierra, como pretenden las narrativas de la izquierda para captar votos, alebrestar el odio entre colombianos y justificar la expropiación. La causa es el abandono estatal de la Colombia rural…, la Colombia de segunda.

Sin desconocer el derecho del campesino a la tierra, es obvio que una parcela no saca a nadie de la pobreza, sin los factores que la hacen rentable, además de su condición agrológica: vías, riego, crédito, asociatividad competitiva y proyectos productivos con asistencia técnica, que siempre han faltado, incluso en el convenio para compra de tierras ganaderas firmado entre el Gobierno y FEDEGÁN, al cual no le faltó presupuesto, pero si voluntad política, mientras se insistía en la expropiación administrativa sin recursos de defensa para los propietarios.

Por ello no entiendo las declaraciones de Iván Cepeda contra la ganadería extensiva, “ganadería verde” en pastoreo y hoy en franca transformación hacia la sostenibilidad ambiental, que hizo parte de los proyectos productivos elegibles en el Acuerdo que él mismo propició. Otra cosa es la ganadería en grandes extensiones y baja carga animal, improductiva sí, mas no siempre por negligencia ganadera, sino por la pobreza de los suelos, al punto que el gobierno mismo no quiso comprar tierras en buena parte de la Orinoquía de suelos ácidos; una región que podría ser despensa alimentaria, pero con un gigantesco programa estatal de adecuación de tierras, también muchas veces prometido y nunca cumplido.

Son muchas las necesidades del campo para seguir en el debate estéril de la tierra. De ahí que las candidaturas deben pasar de las promesas y los lugares comunes a las propuestas concretas, factibles y realistas frente a un abandono centenario; propuestas que abran caminos y demuestren que “sí se puede”; con recursos que no se desvíen y voluntad política que se anuncia en campaña y desaparece en el gobierno.

Para mí es obvio que la recuperación del campo empieza por una red vial terciaria digna, no para pobres, como todo lo rural, no de retazos de placa-huella y barrizales donde se entierran los vehículos… y la esperanza. No se trata de prometer kilómetros, sino de generar condiciones, de articular recursos nacionales, departamentales y locales; de contratar con eficiencia y vigilancia efectiva contra la corrupción.

Ante tantas y tan profundas carencias, también en educación, salud, vivienda, servicios básicos y mil cosas más, la urgencia en las soluciones es para mí una obviedad, aunque no parece serlo para algunos candidatos, a juzgar por el poco peso específico del campo en sus propuestas.

Por ello, mi voto será por la seguridad como bien público y condición de futuro, y guiado por mi convicción de que la paz de Colombia, y su democracia, pasan necesariamente por la recuperación integral del campo. Mi voto será por Abelardo de la Espriella.

Bogotá, D. C, 14 de junio 2026

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie

En una clara injerencia en las elecciones, Estados Unidos demuestra que la nueva versión de la Doctrina Monroe encarna una guerra anticomunista en América Latina

Por Hubert Ariza*. - Como si fuera una profecía que se cumple en América Latina, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha sacado tiempo de su apretada agenda en la guerra con Irán, para meterle la mano al proceso democrático en Colombia y tratar de imponer a Abelardo de la Espriella, el candidato de la extrema derecha, como el próximo presidente, blanqueando su historial de abogado de los más peligrosos delincuentes relacionados con la corrupción, el narcotráfico y el paramilitarismo.

En una clara injerencia en las elecciones, Estados Unidos está demostrando que la Estrategia de Seguridad Nacional se redactó para cumplirse, y que el Donroismo, la nueva versión de la Doctrina Monroe, encarna una guerra anticomunista en América Latina y la intervención de la superpotencia en los asuntos internos de su patio trasero. Venezuela, Cuba, Brasil, Colombia y México forman parte de las naciones donde Trump y su jefe del Departamento de Estado, Marco Rubio, libran una batalla a fondo para diseñar un modelo de democracia y economía, Made in USA, en el que no importa el pasado de los gobernantes, sino su compromiso con la agenda trumpista.

Una nueva demostración de esa injerencia estadounidense se dio mientras el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, asumía como presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en Nueva York, uno de los máximos honores de la diplomacia colombiana en décadas. Trump, en respuesta a la denuncia de Petro, de la mencionada injerencia, ratificó, en un nuevo mensaje en sus redes sociales, su apoyo a De la Espriella.

Antes, tras la primera vuelta presidencial, del pasado 31 de mayo, Trump había expresado su apoyo irrestricto al Tigre y su desprecio por Cepeda. Desde el día en que se presentó en sociedad la nueva Estrategia de Seguridad Nacional, quedó sellada la suerte de las aspiraciones presidenciales del eventual sucesor de izquierda del presidente Petro. Por ello, que Cepeda haya conseguido cerca de diez millones de votos en la primera vuelta ratifica el rechazo de casi la mitad de los colombianos a las políticas de Trump para el continente.

Estados Unidos quiere fuera de la región a Rusia y China. Por tanto, ningún mandatario cercano a esas potencias será bienvenido. Y De la Espriella se ha esforzado en demostrar que su juramento a la bandera de Estados Unidos, país del que es ciudadano, no será en vano. Por ello, cuando el candidato grita con furia “Firmes con la patria”, la pregunta que se hacen desde la izquierda y el centro político es ¿cuál patria?

Hay que recordar que el candidato en mención es ciudadano norteamericano e italiano. Será la primera vez en Colombia que un aspirante al primer cargo de la nación exhibe abiertamente tres pasaportes, se enorgullece de su ciudadanía norteamericana, muestra la foto del día del otorgamiento de su nacionalidad norteamericana, y declara en los medios que es militante del Partido Republicano, al que financia, y cuya lealtad con esa superpotencia no está en duda.

E investido de esa nacionalidad amenaza con llevar a las cortes de Estados Unidos a sus rivales políticos, a quienes señala de comprar votos para Iván Cepeda. Pero desde la campaña de Cepeda le recuerdan que hay ríos de dinero comprando votos para el Tigre, y que con él está la poderosa familia Char, de Barranquilla, uno de cuyos líderes, Arturo, está acusado por la Corte Suprema de Justicia por compra de votos.

La ciudadanía norteamericana de De la Espriella se ha convertido en el tema central de la campaña en la antesala de la segunda vuelta presidencial. El primero en revelar esa situación fue el destacado periodista Gonzalo Guillen, y luego le han seguido una serie de líderes de opinión, exmagistrados y juristas, que han subrayado la eventual inhabilidad en podría estar el candidato. La última noticia, al respecto, fue la demanda del exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, Luis Guillermo Pérez, quien pidió anular, por esa situación, la inscripción de la mencionada candidatura.

La campaña que está a punto de culminar ha sido la más atípica en décadas, en medio de la aguda polarización, el delirio populista de De la Espriella, el sudor de la camiseta de La Selección Colombiana de Fútbol como insignia de la extrema derecha, la ausencia de debates televisivos, el uso desmedido de la Inteligencia Artificial como un arma política para desacreditar al adversario, y un lenguaje de guerra verbal sin precedentes en la política, que opaca cualquier horizonte de reconciliación.

En la recta final de la campaña, las noticias electorales que se registran suceden en los tribunales y no en las plazas públicas. Iván Cepeda denunció ante la Corte Penal Internacional, CPI, y la Fiscalía a su adversario, a quien acusó por delitos de lesa humanidad relacionados con el paramilitarismo.

Cepeda señaló, en rueda de prensa, que las fuentes de sus graves denuncias están en las declaraciones, investigaciones y demás documentos existentes en las comisiones de la verdad, órganos de justicia, y el Centro Nacional de Memoria Histórica.

Con estas graves denuncias, a 10 días de la segunda vuelta, Cepeda pareciera tratar de movilizar el voto consciente de los indecisos y de quienes han apoyado los diferentes procesos de paz. Y recuerda, por lo demás, una denuncia similar presentada en 2002 por el entonces candidato Horacio Serpa Uribe contra su rival Álvaro Uribe, a quien acusó de ser el candidato del paramilitarismo.

El Fiscal General de la Nación de la época, Luis Camilo Osorio, aparte de tomarse un café con el candidato liberal, no tuvo interés en ahondar en las investigaciones y el caso fue archivado. Luego se acusó a ese fiscal de estar al servicio de los paramilitares. Y la historia se encargó de comprobar la enorme incidencia de los paramilitares, que pusieron cerca de dos millones de votos, a favor de Uribe y eligieron al 35% del Congreso de la época. Muchos de esos congresistas terminaron en la cárcel.

¿Qué efectos tendrá esa denuncia en la definición del voto a favor de Abelardo? Nadie lo sabe. Lo que sí parece seguro es que esa demanda, en caso de ganar De la Espriella no terminará en nada. En un régimen presidencialista como el de Colombia, ningún fiscal ha tumbado un presidente.

A nueve días de las elecciones presidenciales, la injerencia del presidente Trump, el presidente de Ecuador, y la extrema derecha internacional, cobijada bajo el Escudo de las Américas, dejó de ser un bulo político. De la Espriella ruge con fuerza en las encuestas, mientras Cepeda contiene la avalancha de propaganda negra y la injerencia de Trump en el proceso. Con casi diez millones de votos en la primera vuelta necesita tres millones para ganar. Una tarea titánica que muchos ven imposible. Los resultados en Perú, parecieran abrir una puerta de esperanza de que en Colombia la remontada también sea posible.

Mientras tanto, De la Espriella y su vicepresidente dan espectáculo de ciencia ficción: luego de que el candidato mete la pata, el vicepresidente interviene para minorizar los daños colaterales, negando o matizando lo que dice su jefe. En medio de un mar de contradicciones de la extrema derecha, que respira un intenso triunfalismo y la injerencia de Trump, las elecciones mantienen a los colombianos sumidos en la más profunda polarización y crispación. Como en los años del proceso 8000, la política rompe amistades y destroza familias. El odio se respira donde el debate electoral llega.

Por ello, sin importar quién sea el ganador, el país quedará profundamente dividido, no habrá espacio para la unidad nacional, el Congreso de la República será el muro de contención del perdedor, y será la calle el escenario donde la política tendrá un nuevo sentido para la izquierda. Si ganara De La Espriella, nacería con fuerza Petro como Jefe de la Oposición y el antiimperialismo. Si ocurriera lo contrario, Estados Unidos le declararía la guerra política a Cepeda y Colombia vería con mayor ímpetu el rugir del imperio.

Bogotá, D. C, 15 de junio 2026

*Periodista, internacionalista y analista político.

Tomado de El País.

El presidente de Colombia debe obediencia a la Constitución colombiana, a sus leyes y al mandato soberano de su pueblo. No admite doble comando.

Por: Clara López Obregón*. - En América Latina conocemos demasiado bien la diferencia entre cooperación internacional y subordinación. Una cosa es construir relaciones respetuosas con Estados Unidos, Europa, China o cualquier otro actor global. Otra, muy distinta, es convertir la política exterior, la seguridad nacional y la economía de un país en anexos de una potencia extranjera. Esa diferencia vuelve a estar sobre la mesa en Colombia de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se celebrará el 21 de junio.

Abelardo de la Espriella ha hecho tres afirmaciones que no pueden tomarse como simples provocaciones de campaña. Ha dicho que quiere un “Plan Colombia 2” y que vuelvan las bases americanas; que votó por Donald Trump y se declara republicano en Estados Unidos; y que lo ideal para la economía colombiana sería dolarizarla. Cada una de esas frases abre una pregunta de fondo. Juntas configuran un cuadro de riesgo para la soberanía nacional.

La Constitución colombiana no prohíbe la cooperación militar ni el tránsito excepcional de tropas extranjeras. Pero sí establece controles democráticos. Corresponde al Senado permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República. Y no es lo mismo autorizar un tránsito puntual, sometido a reglas constitucionales, que entregar bases, instalaciones o presencia permanente a una fuerza militar extranjera. Esa diferencia fue central cuando, durante el gobierno de Álvaro Uribe, se intentó ampliar la presencia de personal militar estadounidense en bases colombianas mediante un acuerdo que no había pasado por el trámite constitucional correspondiente. La Corte Constitucional no aceptó que una decisión de semejante envergadura se tramitara como simple arreglo administrativo. Un acuerdo que compromete defensa, territorio, soberanía y presencia extranjera requiere aprobación conforme a la Constitución.

Por eso resulta tan grave que hoy se hable con ligereza de “volver” a las bases americanas. América Latina sabe lo que significa cuando la seguridad se diseña desde fuera. Lo vivieron Centroamérica, el Caribe, el Cono Sur y también Colombia bajo la doctrina de la seguridad nacional. La lucha contra el narcotráfico, la criminalidad y las economías ilegales es indispensable; pero no puede hacerse a costa de convertir el territorio nacional en plataforma estratégica de otro Estado.

La segunda afirmación es igualmente delicada: dolarizar la economía. Dolarizar no es una medida técnica neutra ni una varita mágica contra la inflación. Es renunciar a la soberanía monetaria. Significa que Colombia dejaría de manejar su propia moneda, su tasa de interés, su política cambiaria y buena parte de su capacidad de respuesta ante crisis internas. En la práctica, sometería decisiones esenciales de la economía colombiana a la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, cuyo mandato no es proteger el empleo, la producción ni la estabilidad social de Colombia, sino los intereses de Estados Unidos.

La tercera dimensión es la más sensible: la lealtad política. No se trata de cuestionar la doble nacionalidad como tal. Muchos colombianos viven en el exterior, adquieren otra ciudadanía y siguen amando profundamente a Colombia. El problema surge cuando un aspirante a dirigir el Estado colombiano no solo tiene ciudadanía estadounidense, sino que se declara militante republicano, votante de Trump, donante de campañas de ese partido y partidario de políticas que alinean a Colombia con la agenda estratégica de Washington.

El juramento de naturalización estadounidense no es un detalle menor. En él, quien adquiere esa ciudadanía declara renunciar y abjurar toda lealtad y fidelidad a cualquier soberanía extranjera anterior, y promete apoyar y defender la Constitución y las leyes de Estados Unidos. Jurídicamente, ello no borra la nacionalidad colombiana. Pero políticamente sí plantea una pregunta inevitable: si llegara a la Presidencia, ¿cuál juramento orientaría sus decisiones cuando entren en tensión el interés nacional colombiano y el interés nacional de Estados Unidos?

El presidente de Colombia debe obediencia a la Constitución colombiana, a sus leyes y al mandato soberano de su pueblo. No admite doble comando. No puede haber ambigüedad cuando están en juego el territorio, la moneda, los recursos naturales, la política exterior y la paz.

Colombia puede y debe cooperar con Estados Unidos. Pero cooperar no es subordinarse. Combatir el crimen no exige entregar bases. Estabilizar la economía no exige renunciar a la moneda. Tener relaciones internacionales no exige convertir la Casa de Nariño en una extensión ideológica de la Casa Blanca.

Por eso la pregunta no es retórica. Es constitucional, democrática y latinoamericana: cuando Abelardo de la Espriella dice “firmes por la patria”, hay que preguntarle, con serenidad, pero con firmeza: ¿por cuál patria?

Bogotá, D. C, 8 de junio 2025

*Senadora del Pacto Histórico.

Si la nueva situación da lugar a un resurgimiento del bipartidismo… es algo que está por verse.

Por: Fernando Cepeda Ulloa*. Si no existiera la segunda vuelta para la elección de presidente de la República, pues ya habría quedado establecido que Abelardo de la Espriella ganó esa elección y es un nuevo presidente. Pero la Constitución de 1991 se propuso reforzar la legitimidad de todo el sistema político, y para ello estableció que no era conveniente que el presidente de la República fuera elegido con un voto que no sobrepasaba la mitad +1 de los votantes.

El sistema de dos vueltas no se aplica en Colombia para la elección de miembros del Congreso o diputados o concejales municipales y no me sorprendería que en algún momento ese tema se considere en Francia, el parlamento llamado Asamblea Nacional, se elige por el sistema de dos vueltas y el periodo para la realización de la segunda es casi inmediato, se hace el domingo siguiente. Una manera también de revestir de mayor legitimidad a cada uno de los miembros de la Asamblea y así del principal órgano legislativo y se recuerda que se trata de un de un sistema multiparty vista que hace necesario que el sistema de dos vueltas se aplique tanto para la Presidencia como para la elección del cuerpo colegiado más importante.

En esta ocasión hubo dos candidatos que se propusieron ganar en primera vuelta y no solamente obtener el primero y el segundo lugar para entonces decidir la elección presidencial en la segunda vuelta no. Se propusieron convertir la primera vuelta en la etapa decisoria de este proceso electoral. Y casi lo logra. Y la gran sorpresa fue el porcentaje de votos que obtuvo el candidato. Abelardo de la Espriella, que sobrepasó en casi 3% a Cepeda de una votación con amplia participación de los ciudadanos, quizás la más grande después del Frente Nacional. Digamos que casi se decidió quien era el presidente de Colombia para el periodo 2026-2030.

Es que el sistema de dos vueltas, de alguna manera, busca propiciar el bipartidismo. Lo tolera y lo reconoce en la primera vuelta y en la segunda o abriga que el proceso electoral gire en torno de dos candidaturas, o sea de dos movimientos políticos o dos partidos políticos, una manera de rescatar el bipartidismo para así otorgarle mayor legitimidad a la tarea gobernar.

En efecto, Abelardo de la Espriella está representando casi medio país, tras rechazar el apoyo de todos los partidos políticos, grandes medianos y pequeños. A los que no simpatizaban con la candidatura de izquierda o la que se proclamaba como la continuación del gobierno del presidente Petro y que representaba una amplia coalición de partidos, grupos y movimientos políticos de izquierdo.

Si la nueva situación da lugar aún resurgimiento del bipartidismo, claro, flexible con matices, o como el IVA equivalente de dos coaliciones que van a operar a lo largo de la vida política cotidiana, es algo que está por verse.

Es un proceso electoral que está definiendo asuntos tan importantes o más, como el de la escogencia de un ciudadano para presidir la nación durante cuatro años.

Bogotá, D. C, 7 de junio 2026

*Analista Político, Catedrático. Exministro de Estado

La encíclica está llena de críticas muy fuertes a quienes creen que la única razón válida en el mundo contemporáneo es la del más fuerte.

Por: Juan Camilo Restrepo*. - La primera encíclica de León XIV “Magnifica Humanitas” es una pieza mayor de la doctrina social de la iglesia. Recordando la carta “Rerum Novarum” de su antecesor León XIII que se refirió a las “cosas nuevas” del mundo hace 135 años: sindicalismo, la huelga, las relaciones entre el capital y el trabajo, la modernización de los instrumentos económicos en el mundo capitalista, León XIV nos habla en esta ocasión de las “cosas nuevas” en el momento actual: siendo la inteligencia artificial la principal de ellas.

Obviamente, la posición del Vaticano no es adversa a la inteligencia artificial. Reconoce que abre caminos promisorios para la humanidad. Pero nos pone en guardia de que si no está bien regulada por los responsables mundiales puede conducir a una nueva modalidad de esclavitud. O a una plutocracia de la IA sin sentido social ninguno.

“No es mi intención, dice el Papa, ofrecer aquí un tratamiento sobre la inteligencia artificial, ni recorrer una bibliografía que ya es muy amplia; existen actualmente contribuciones también en el ámbito eclesial. A las que es posible hacer referencia. Me limito a recordar algunos elementos esenciales para un discernimiento moral y social que proteja el primado de la persona, con el fin de que sea siempre la inteligencia humana, con su conciencia y su libertad, sea la que guie las innovaciones técnicas y establezca con responsabilidad su uso y sus límites”.

He encontrado también -aunque por supuesto no lo menciona- una réplica tácita a lo que representa Donald Trump actualmente. La encíclica está llena de críticas muy fuertes a quienes creen que la única razón válida en el mundo contemporáneo es la del más fuerte. Llama injusta a la guerra que simplemente se apoya en la fuerza de las armas. Que, en el fondo, es la lógica que informa el pensamiento rupestre y primitivo del mandatario de los Estados Unidos.

Condena también el Pontífice a quienes están destruyendo el multilateralismo, las normas jurídicas que hasta no hace mucho regían las relaciones entre los países; en síntesis, las relaciones civilizadas entre los países. No hace falta recordar que el liderazgo de esta nueva visión de las relaciones internacionales se llama Donald Trump.

Así como nos pone en guardia el Papa sobre las nuevas esclavitudes que pueden desencadenarse si se desboca un instrumento como la inteligencia artificial, aprovecha el papa para pedir disculpas por el silencio que guardó la Iglesia católica en condenar rotundamente -como debió hacerlo- la trata inhumana de esclavos entre el siglo 16 y el 19.

Esta condena retrospectiva de la esclavitud se enmarca en la línea de la reciente resolución que adoptaron no hace mucho las Naciones Unidas del esclavismo practicado por las potencias europeas en los cuatro siglos mencionados; condena que se abstuvieron de acompañar favorablemente por cierto dos países: Estados Unidos e Israel.

También coincide esta condena papal con el acto simbólico que tuvo la semana pasada en el parlamento francés al derogar el llamado “código negro”, conformado por el conjunto de normas para regulaban el esclavismo, dictado por Luis XVI a comienzos del siglo 17. Y que por alguna curiosa razón se había quedado sin derogar desde entonces. A pesar de que la esclavitud fue abolida en el siglo XIX por todos los países que practicaron la vergonzosa trata negrera.

Qué bueno sería que los partidos políticos y los candidatos a la presidencia se leyeran con cuidado esta importante encíclica. Ayudaría mucho a elevar la altura al debate político en Colombia que ha caído a tan menesteroso nivel.

Y qué bueno sería igualmente que este texto del Papa lo leyera el Eln, que se dice seguidor de las enseñanzas pontificias pero que tan poca atención les presta.

Bogotá, D. E, 7 de junio 2026

*Abogado y Economista. Exministro de Estado.

Ya estamos en la técnica del fracking 6.0, que la torna menos impactante sobre el medioambiente y sobre el entorno de donde de utilice.

Por Amylkar D. Acosta M*. - El gobierno Petro y el Pacto Histórico se descuelgan por las orejas cuando se les responsabiliza por la escasez de gas que obligó a importarlo para satisfacer la demanda esencial desde diciembre de 2024. Tienen razón cuando afirman que las reservas probadas de gas han caído el 50% en los últimos 15 años. ¿Pero cuál es la responsabilidad que les cabe a ellos?

Lo primero es que, a sabiendas de que las reservas probadas de hidrocarburos (petróleo y gas) vienen cayendo, resulta insensato descartar la firma de nuevos contratos de exploración y explotación.

Se procedió, además, a apagar los pilotos que estaban llamados a establecer, con criterio técnico y científico, la viabilidad de la implementación de la técnica del fracking en Colombia para explotar los yacimientos no convencionales, los cuales gozan de una gran prospectividad. Y lo hicieron por razones eminentemente ideológicas, al tiempo que promovieron y avalaron la presentación de un proyecto, con mensaje de urgencia para su prohibición. Así fue cómo nos quedamos sin saberlo.

De haberse determinado su viabilidad a partir de los pilotos, con su utilización Colombia habría revertido la tendencia a la declinación de las reservas de hidrocarburos y el país contaría con mayores producciones de petróleo y gas, consolidando su seguridad y la soberanía energética. Al impedirlo, es responsabilidad de este gobierno la pérdida de una y otra.

Es de anotar que todas las críticas y reparos que se le hacen por parte de los anti fracking a esta tecnología está referida a la técnica del fracking 1.0, pero la misma ha evolucionado mucho y ya estamos en la técnica del fracking 6.0, que la torna menos impactante sobre el medioambiente y sobre el entorno de donde de utilice.

Esta nueva técnica incorporó el uso de la inteligencia artificial y monitoreo sísmico en tiempo real para optimizar la perforación, tornándola de alta precisión y reducir el número de pozos, utilizando plataformas multipropósito, al tiempo que reduce la huella superficial, como también la reutilización y reciclaje de aguas de producción, que no compite con los acuíferos, disminuyendo el consumo de agua dulce. Se emplean ahora fluidos biodegradables, menos tóxicos, arenas sintéticas de menor impacto y se reduce al mínimo el uso de químicos peligrosos.

Muy en línea con la transición energética, que conlleva la electrificación de los procesos productivos, ahora los equipos que se utilizan han reemplazado el consumo del diésel por la electricidad, en lo posible proveniente de fuentes renovables y limpias, bajando de esta manera las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Se ha mejorado, además, el sellamiento y encamisado de los pozos perforados para minimizar el riesgo de filtraciones. Un aspecto clave de la misma es la captura y control de las emisiones fugitivas de metano.

En términos técnicos, el fracking ha avanzado hacia una mayor precisión. La combinación de perforación horizontal multilateral, modelamiento geológico en 3D y sensores inteligentes permite optimizar la ubicación de los pozos y reducir la cantidad de intervenciones necesarias. Hoy, algoritmos de inteligencia artificial analizan en tiempo real variables como presión, micro-sismicidad y comportamiento del fluido, ajustando la operación para maximizar la eficiencia y minimizar riesgos. Esto se traduce en menos consumo de agua por barril producido y una menor huella superficial.

Ello fue lo que llevó a la presidenta de México Claudia Sheinbaum a dar un viraje a su posición de enantes de 180 grados con respecto al uso de esta técnica en México. Ella defendió en una rueda de prensa el pasado 9 de abril su apertura al uso de tecnologías de extracción de gas no convencional a través de la fracturación hidráulica, conocida como fracking, pese a haberse pronunciado en contra antes y aseguró que es una forma de “fortalecer” la soberanía nacional con técnicas de “bajo impacto ambiental. Hay que estar abiertos a estas nuevas tecnologías para fortalecer la soberanía nacional…Son nuevas tecnologías de explotación con menores impactos ambientales que nos abren la posibilidad de utilizar ese gas…De las primeras tecnologías que se usaron a las actuales hay una diferencia muy grande”, dijo la mandataria.

Ello explica, a guisa de ejemplo, el contraste de las emisiones de CO2 en el Permian, en el Estado de Texas (EE.UU), YNC en el cual ECOPETROL está asociado con la OXY en la explotación del mismo utilizando la técnica del fracking. Mientras en el Permian se emiten 8 kilogramos de CO2 por cada barril que se extrae, en Colombia, en los campos de yacimientos convencionales, en desarrollo de su actividad extractiva, en la que no se utiliza la técnica del fracking, las emisiones de CO2 atribuibles a la extracción de cada barril de crudo es de 64 kilogramos, 8 veces las del Permian (¡!).

Es más, en algunos desarrollos avanzados, la misma infraestructura utilizada para la fracturación hidráulica puede adaptarse, al final de la vida útil del yacimiento, para inyectar CO₂ en formaciones geológicas profundas. Esto abre la puerta a modelos híbridos en los que la explotación de hidrocarburos no convencionales se combine con estrategias de descarbonización, reduciendo parcialmente su impacto climático. La lección que nos deja la Presidente Sheinbaum es que los principios hay que modularlos con el pragmatismo!

Bogotá, junio 5 de 2026

*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.

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Son muchas las necesidades del campo para seguir en el debate estéril de la tierra.

Por: José Félix Lafaurie Rivera. - Es mi pregunta de cada cuatro años desde hace más de veinte, junto con una convicción convertida en frase –“La paz de Colombia pasa necesariamente por la recuperación del campo”–, quizás buscando convencer a candidatos y votantes de algo que, para mí, es obvio.