Opinión

“Es imposible anticipar qué país dejará el presidente y por qué mensaje votará Colombia en dos años y medio”.

Por Hubert Ariza*. - En un país cada día más polarizado, los resultados de las elecciones territoriales del pasado 29 de octubre han tenido todo tipo de análisis que van desde el triunfalismo de la derecha, que promueve el aniquilamiento político de la izquierda y busca apropiarse de la victoria del centro en Bogotá y Cali, hasta la lectura de la izquierda, que se niega a reconocer el evidente rechazo ciudadano a sus políticas en gran parte de la geografía, excepto en cuatro departamentos —Amazonas, Cauca, Nariño, Magdalena—, donde su triunfo fue contundente.

El presidente Petro ha pasado por todas las emociones con esos resultados. Desde una alocución lacónica en la noche de las elecciones hasta el triunfalismo de sus últimos post en la plataforma X. “Como dirigente de una fuerza política ahora gobernamos en nueve departamentos del país”, dijo un día después de la jornada democrática, para aumentar el miércoles la cifra a 12 gobernaciones. “Ay Blu!, la coalición política que ganó la primera vuelta presidencial ya lleva 12 gobernaciones ganadas, más de 1.000 concejales y se acerca a 100 diputados”.

Es decir, que la victoria que se abroga el presidente no responde a su organización, el Pacto Histórico, que amenaza con disolverse por una profunda crisis interna, sino a la coalición que lo llevó al poder en 2022, una amalgama de partidos que usan la puerta giratoria, entrando y saliendo del Gobierno dependiendo de la cuota burocrática. No es claro que esas colectividades escuchen el llamado a un acuerdo nacional para impulsar la agenda de reformas en el Congreso, dado el alto costo político que ellas conllevan.

Por lo pronto, para recomponer el norte, el presidente ya anunció su estrategia: “Reuniremos antes que nada los gobernadores y alcaldes elegidos que provienen de la campaña victoriosa a la presidencia y convocaremos este gran Frente Amplio del Cambio, para juntar esfuerzos y construir la potencia de la vida”, indicó en X, el pasado 2 de noviembre.

Hay que recordar que el Pacto Histórico solo avaló candidatos en 14 departamentos. Los resultados muestran, además, que la mayoría de gobernadores elegidos, al igual que en las elecciones de 2019, pertenecen a coaliciones, muchas de ellas ancladas en un partido mayoritario al que se suman otras organizaciones, algunas minoritarias y recién aprobadas por el Consejo Nacional Electoral.

Más allá del exceso de triunfalismo de la derecha, la aplanadora propagandística anti-Petro que se promueve en las redes sociales y el pesimismo de la izquierda, lo evidente es que ni Petro está derrotado e inmovilizado ni la derecha tiene despejado el camino para la presidencia en 2026. Todavía hay mucho trecho por recorrer.

No estamos en la antesala del retorno, en 2026, de Uribe y sus buenos muchachos, ni tiene solidez la teoría de que el presidente va a eternizarse y tocará sacarlo con camisa de fuerza de la Casa de Nariño. Contrario al argumento de muchos, en el actual Gobierno la democracia salió fortalecida de la prueba electoral, sin que se cumplieran las profecías fatalistas.

El resultado del 29 de octubre marca el inicio de la campaña presidencial. El péndulo está hoy en el centro del espectro político, pero faltándole a Petro más de dos años y medio de mandato, con una sociedad en permanente ebullición social, nubarrones económicos, reformas aplazadas y actores armados ilegales dominando amplias extensiones del territorio, sumado a un mundo en guerra en el que las superpotencias se reacomodan y cualquier cosa puede pasar, es imposible anticipar qué país dejará Petro y por qué mensaje votará Colombia en 2026.

A pesar del regreso al poder territorial de las renovadas maquinarias electorales, lo acontecido en Bogotá y Cali muestra un norte. Las mayorías urbanas no quieren saltar al pasado de la tierra arrasada y el conteo de cuerpos, ni apostar por el mesianismo de populistas salvadores, de izquierda o derecha, que, aunque ganaron en algunos territorios, como el electo alcalde de Bucaramanga, no se ven, a corto plazo, como jugadores de peso en el escenario nacional. Es muy fresco el fracaso y enorme la decepción con Rodolfo Hernández.

Hoy el mandato ciudadano en los grandes centros urbanos es claro: un llamado al jefe de Estado para que respete la autonomía territorial y la descentralización, y no se entrometa en los asuntos propios de alcaldes y gobernadores. Lo que suceda en Bogotá con el futuro del Metro mostrará hasta dónde el presidente ha escuchado el mandato de un millón y medio de bogotanos. Galán, el alcalde electo, tiene ahí su primer gran reto.

Colombia es un país impredecible y a Petro le quedan casi tres años de mandato. Acostumbrado a convertir sus derrotas en victorias, como lo demostró en su periplo hasta llegar a la Casa de Nariño, habrá que esperar qué cartas jugará para patear la mesa y lograr la gobernabilidad que necesita, pasar sus ambiciosas reformas en el Congreso, sacar adelante su difusa política de paz total, reinventar el Pacto Histórico y continuar cabalgando sobre el poder sin caerse del caballo.

La redención de Petro, para revertir los números en rojo de su popularidad, pasa por acelerar, con realismo político, la consolidación de lo que ha llamado un Frente Amplio del Cambio y la realización de un gran acuerdo nacional que desactive la polarización, impulse la modernización del país y dé certezas de un mejor futuro sin caer en aventuras constituyentes. El pasado domingo el pueblo barajó de nuevo y aunque Petro perdió en las grandes urbes y la mayoría de los departamentos, es un tahúr experto en táctica y estrategia. El juego continúa. De la manera como maneje las relaciones con las autoridades territoriales dependerá en mucho el futuro de su mandato.

Bogotá, D. C, 8 de noviembre de 2023

*Periodista, internacionalista y analista político.

Tomado de El País.

“Los presupuestos no hay que mirarlos por su monto nominal”.

Por Juan Camilo Restrepo Salazar*. - Se acaba de aprobar el presupuesto para la vigencia 2024 por $ 504 billones. El más alto de la historia.

Pero los presupuestos no hay que mirarlos por su monto nominal. Siempre crecen. Lo que debe hacerse es desmenuzarlos sobre la manera como están financiados: ¿Cuánto representan los ingresos tributarios dentro del total de las rentas estimadas? ¿Cuánta deuda se requerirá contraer para atender el programa de gastos propuesto? ¿Qué porcentaje del presupuesto tiene ingresos asegurados y qué porción está descubierta o con financiación incierta?

El presupuesto aprobado para la vigencia del 2024 plantea varios enigmas fiscales de este tipo, dentro de los cuales pueden subrayarse dos en especial:

Primero, dentro de los programas de gastos que se autorizan para el año entrante no está prevista ninguna partida para ejecutar en el 2024 asociada a las reformas que se empiezan a tramitar en el congreso: salud, pensional, servicios públicos, educación, laboral, etc.

El Comité Autónomo de la regla fiscal en su último pronunciamiento indica que el programa de gastos “no incorpora en la programación fiscal probables gastos adicionales que resultarían de las propuestas de reforma del Gobierno Nacional. En especial, aquellos derivados de las reformas de salud y pensiones. Dado que la senda de gasto propuesta por el Gobierno no deja ningún margen, este gasto incremental no tendría espacio fiscal dentro de la programación, y, en consecuencia, la aprobación de dichas iniciativas requeriría la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos estructurales o en su defecto con un ajuste en las prioridades de gasto del gobierno”.

Esto significa que, si alguna de estas reformas se aprueba este año y acarrea gastos en la vigencia del 2024, no habría apropiación presupuestal para atenderlos. Sería necesario un presupuesto adicional en la vigencia venidera y recurrir a más endeudamiento, pues se supone que este gobierno no recurrirá a nuevas reformas tributarias.

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) ha llamado la atención sobre este hecho: no están previstos en los programas de gastos aquellos que se deriven de las eventuales reformas que se aprueben; y si dichos gastos son abultados -como no sería extraño que lo fueran- muy probablemente será ineludible incumplir con la regla fiscal por endeudamiento superior al permitido por esta norma de prudencia fiscal.

El segundo enigma que planea el presupuesto de rentas y apropiaciones del año entrante fue debatido ampliamente en el Congreso. Se trata de ciertos supuestos sobre los cuales está construido el presupuesto del 2024 que pueden resultar ilusorios. Concretamente se habló de una partida de cerca de quince billones de pesos que se supone ingresarán a las arcas públicas provenientes de procesos arbitrales que se van a organizar por la Dian, correspondientes a litigios tributarios que están por dilucidarse que normalmente se demoran entre seis y ocho años, pero que mediante tribunales arbitrales exprés que se van a organizar deberían permitir la entrada de estos ingresos en el año entrante.

Este procedimiento requiere una ley que crea dichos tribunales arbitrales y la ley ni siquiera se ha presentado a consideración del Congreso. Se dice inclusive que esto ha creado tensiones entre la Dian y el ministerio de Hacienda que no parece estar tan convencido como la primera sobre la viabilidad de que estos ingresos se perciban efectivamente durante la vigencia del año entrante y puedan por lo tanto entrar a financiar gastos del 2024.

Como puede verse el presupuesto del año entrante, que el gobierno ha proclamado como el mayor de la historia lo que es una obviedad pues normalmente todo presupuesto es el mayor de la historia, está rodeado de delicados enigmas que apenas iremos dilucidando en los meses venideros.

Bogotá, D. C, 6 de noviembre de 2023

Abogado y Economista. Exministro de Estado.

“Fuera de Bogotá y unas pocas ciudades grandes la gran perdedora de estas elecciones fue la democracia colombiana que otra vez resultó dominada, controlada, manipulada y manoseada por las maquinarias políticas de siempre, por los clanes regionales, por el partido de los contratistas…”

Por Mauricio Cabrera Galvis*. - Con lúcidas excepciones, el centralismo bogotano lleva a creer que los resultados de las recientes elecciones en Bogotá son iguales al resto del país, y que los electores de las regiones se comportan de la misma manera que los capitalinos.

Que la votación en Bogotá fue una clara derrota para los partidos del Pacto Histórico, no los discute nadie, ni siquiera su candidato perdedor. Que eso significa un regreso del péndulo hacia el centro en una ciudad en la que la izquierda y el centro izquierda habían cosechado victorias importantes, también es un hecho innegable. Lo que no es cierto es que esas conclusiones se apliquen para la gran mayoría de municipios y departamentos.

Fuera de Bogotá y unas pocas ciudades grandes la gran perdedora de estas elecciones fue la democracia colombiana que otra vez resultó dominada, controlada, manipulada y manoseada por las maquinarias políticas de siempre, por los clanes regionales, por el partido de los contratistas, e inclusive por las mafias de compradores de votos, que conforman esa hidra de mil cabezas que la periodista Laura Ardila bautizó como la “Colombia Nostra”.

La situación fue más grave en esta ocasión por la laxitud del Consejo Electoral que repartió personerías jurídicas a diestra y siniestra, hasta llegar a la increíble cifra de 35 “partidos” políticos registrados, con capacidad de dar, vender o negociar avales y tratar de medrar de los recursos públicos de la reposición de votos.

Con tamaña proliferación de partidos es lógico que se multiplicaran también los candidatos inscritos: según la Registraduría fueron 251 para 32 gobernaciones, 6.175 para 1.119 alcaldías y 106.429 para concejos municipales.

Consecuencia más grave aún es la desaparición de fronteras ideológicas. En un rompecabezas político de 35 piezas es imposible tener programas diferenciados, ni visiones de país, ciudad o región bien definidas que permitan al elector optar por una afín a sus preferencias. La campaña electoral se convierte entonces en una parodia de concurso de belleza -o de drag quens- donde el ganador es el que tiene la maquinaria más aceitada, el control de más puestos públicos, más contratistas recomendados o simplemente más plata para comprar votos.

En el caso de gobernaciones, los partidos solo lanzaron candidatos propios en 7 departamentos de los más pequeños del país; en el resto se juntaron en una mescolanza de avales… Por eso las coaliciones fueron las ganadoras en esta ocasión, con 25 triunfos en las 32 gobernaciones.

La falta de identidad programática se refleja en los socios de las coaliciones. Que afinidad tiene el otrora glorioso partido Liberal con los hermanos godos para haberse juntado en 8 departamentos, y cuáles son sus principios comunes con el Centro Democrático con el que hizo 6 alianzas; lo mismo cabe preguntarse de las 8 coaliciones entre el conservatismo y Cambio Radical.

Este sombrío panorama de la Colombia Nostra, tan distinta a Bogotá, junto con la alta abstención o el aumento del voto en blanco, hacen imperativa una profunda reforma política que rescate la democracia colombiana de su estado de postración.

Cali, 6 de noviembre de 2023

*Filosofo y Economista. Consultor.

“No sé cómo va a hacer el Ministro para que el costo en que incurren los agentes de la cadena no se refleje en las tarifas que pagan los usuarios sin poner en riesgo la prestación del servicio de energía…”

Por Amylkar D. Acosta M*. - La incertidumbre es el signo de los tiempos en el sector energético. Llama poderosamente la atención el reciente pronunciamiento por parte de Brookfield Corporation, el accionista mayoritario de ISAGEN, en carta abierta que le dirigió al Ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, en la cual manifiesta su preocupación porque “el decreto 929 de 2023 “emite unas directrices de política pública que afectan la autonomía de las compañías para evaluar sus riesgos a la hora de ofrecer energía en el mercado en Bolsa”. Su reparo obedece a que le están cambiando las reglas en mitad del partido y no hay nada que le cause más desazón a los inversionistas.

Además, en menos de dos días dos firmas calificadoras de riesgo, Moody´s y Fitch Rating, dieron su campanazo de alerta, haciendo eco a la percepción por parte de las empresas de la falta de seguridad jurídica en el país. Mientras la primera dejó sentado que “la incertidumbre política de Colombia seguirá frenando la inversión en proyectos relacionados con el transporte y la energía”, la segunda fue aún más categórica al señalar que “las medidas regulatorias adversas adoptadas por el Gobierno colombiano desde finales de 2022, han debilitado la confianza de los inversores en el sector, desalentado las inversiones en nueva capacidad de generación de electricidad necesaria para satisfacer el crecimiento futuro de la demanda”.

Poco contribuyen a disipar las dudas y preocupaciones tanto de los gremios del sector como de los inversionistas que quieren apostarle al desarrollo de proyectos de generación, transmisión y distribución en el país ciertas afirmaciones del Ministro de Minas y Energía Omar Andrés Camacho. Anuncios tales como que se tomarán “medidas regulatorias y económicas para que no se cargue el costo del mercado a los usuarios, que es lo que viene pasando históricamente”. Cabe preguntarse qué quiso decir con esta aseveración. O su afirmación según la cual la privatización del sector “ha llevado a una crisis tarifaria que afecta especialmente a los usuarios” y va más lejos cuando afirmó sin pestañear que “los altos precios de la energía son el resultado de la crisis estructural del modelo neoliberal de desarrollo en los últimos años”.

No sé cómo va a hacer el Ministro para que el costo en que incurren los agentes de la cadena no se refleje en las tarifas que pagan los usuarios sin poner en riesgo la prestación del servicio de energía, eso sí bajos los principios de suficiencia financiera y costos eficientes que rigen el Sistema en virtud las leyes 142 y 143 de 1994. De dónde saca el Ministro que es la privatización del sector la causante de la “crisis tarifaria” y que los altos precios de la energía obedecen  a otra crisis macro, la del “modelo neoliberal”. Porque, de ser así, para poner correctivos al alza inmoderada de las tarifas que se han experimentado en los último años, habría que esperar hasta que, mediante una reforma constitucional, se modifique el artículo 365  de la Carta, el cual  dispuso que los servicios públicos “podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por particulares o por comunidades organizadas”, que es lo que ahora llaman comunidades energéticas.

Pero, mientras tanto aplica el aforismo de que dura lex sed lex. De todas maneras, se reservó el Estado su capacidad regulatoria, que debe ejercer a través de la Comisión de regulación de energía y gas (CREG), así como el control y vigilancia de la prestación del servicio a través de la Superintendencia de servicios públicos domiciliarios, la única con rango constitucional.

Cuando el titular de la cartera de Minas y Energía, luego de declararse “un Ministro del lado de los usuarios”, para asegurar que “no vamos a permitir que las tarifas sigan subiendo” y amenaza con que “se tomarán medidas regulatorias” para impedirlo, todos los agentes de la cadena quedan en ascuas. Sobre todo, en momentos en los que la inoperante CREG prolonga su interinidad a pesar del llamado de la Procuradora General de la Nación Margarita Cabello para que se disponga la provisión de los cargos vacantes de los expertos comisionados para que por lo menos tenga quórum para decidir. Bien dijo el supérstite Director de la CREG José Fernando Prada “estamos en un apagón regulatorio”.

Por lo demás el Ministro no necesita estar del lado de los usuarios, porque las leyes 1715 de 2014 y 2099 de 2021 los empoderan. No hace falta, pues en la nueva arquitectura del sector eléctrico, por ministerio de estas leyes, el consumidor dejó de ser un agente pasivo, 2 de las 4D (Digitalización, Descarbonización, Descentralización y Democratización), que comporta la Transición energética, la descentralización y la democratización ponen al usuario en el centro (¡!). 

No hay que perder de vista que el Sistema interconectado nacional (SIN) opera como una partida de ajedrez, en la que el movimiento de cualquiera de las piezas, así sea un peón, altera todo el juego. El SIN es una Cadena con múltiples agentes (generador, transportador, comercializador, distribuidor y el usuario), por lo tanto cualquiera de ellos que falle puede provocar una falla sistémica, que puede comprometer la prestación del servicio con eficiencia, calidad y continuidad, como lo manda le Ley 143 de 1994, abocándonos a un eventual apagón.

Cada vez que el Gobierno anuncia cambios normativos y/o regulatorios debe tener en cuenta el consejo que le dio John Maynard Keynes al Presidente de EEUU Franklin D. Roosevelt, cuando apenas se reponía la economía global del gran crac de 1929: “aún la más necesaria y sabia de las reformas afecta la confianza del mundo empresarial y debilita los motivos para su acción”, estos es, para invertir.

Bogotá, noviembre 6 de 2023

*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.

www.amylkaracosta.net

"Si el ELN aún no tiene claro su compromiso frente al secuestro, derivado del Acuerdo de cese al fuego, este deberá ser punto inicial y obligado del próximo ciclo, pues de esa claridad, ante el país y hoy ante el mundo, depende mucho la continuidad de un proceso que merece mejor final".

Por José Félix Lafaurie Rivera* - Colombia es un país futbolero y uno de los nuestros, Luis Díaz, “Lucho”, una de sus estrellas mundiales y, hoy por hoy, el deportista más admirado y amado del país, por su genialidad y su historia de vida. De ahí que el secuestro de su padre, confesado por el ELN, se mueve entre la ingenuidad, la torpeza o el desafío a la sociedad y al Gobierno, en medio de unas conversaciones de paz que reciben con ello una verdadera carga de profundidad.

Todo delito es repudiable, pero como en la escala de los derechos fundamentales primero es la vida y luego la libertad, en la de los delitos, después de los que atentan contra la vida, el mayor repudio social recae sobre los que vulneran la libertad, entre ellos…, el secuestro.

Tan claro lo tiene la sociedad, que la mayor manifestación espontánea en la historia colombiana, no de miles ni de cientos de miles, sino de millones de marchantes en todo el país, en febrero de 2008, se originó por el rechazo a las Farc y, en especial…, al secuestro.

Sin embargo, con este caso tan visible y con otros anónimos -sobre la mesa del Mecanismo de Monitoreo y Verificación hay 19-, el ELN parece empeñarse, primero, en la amenaza de las abuelas: “al que no quiere sopa se le dan dos tazas”, y segundo, en el cinismo del “se obedece -léase se firma- pero no se cumple”, y entonces recuerdo la insistencia de Pablo Beltrán en que si ellos firmaban algo era para cumplirlo.

Ahora bien, ya no sobre este caso, que le echó sal a la herida de un delito que tanto dolor ha causado y que, según cifras oficiales, ha aumentado un 70%, sino sobre el secuestro en el marco del proceso de diálogos de paz, caben algunas reflexiones.

Primero: No hay duda en que el Acuerdo de cese al fuego, al acoger expresamente el Derecho Internacional Humanitario como referente, proscribió el secuestro, contemplado por el DIH como delito de guerra y de lesa humanidad. El día mismo de la firma, confronté públicamente a Pablo Beltrán con este argumento, cuando pretendía justificar las “retenciones” como necesaria fuente de financiamiento.

Segundo: El comunicado del Gobierno, a través del jefe de su delegación, Otty Patiño, no solo es contundente, sino que expresa la posición de los miembros de la delegación y del propio presidente.

Tercero: Si la preocupación central del ELN, acogida por la mesa de diálogos, es la participación de la sociedad en la construcción de democracia, la persistencia en el secuestro es incoherente, pues, como lo he reiterado, una sociedad bajo el temor del secuestro y también de la extorsión, nunca participará libremente.

Cuarto: el reconocimiento del secuestro del señor Díaz y el compromiso de liberarlo sano y salvo, aunque tranquilizan a la familia y al país, no son suficientes. ¿Y los demás? Si el ELN hace parte del Mecanismo de Verificación, con el Gobierno, la Iglesia Católica y la ONU, debería empezar por confirmar o negar su autoría sobre los casos pendientes; es lo mínimo, pues, de lo contrario, estaría obstruyendo deliberadamente el proceso. La ONU, como vocera del Mecanismo, los demás miembros y la sociedad toda, deberían unirse para exigir esa declaración y el compromiso de abandonar la práctica del secuestro.

Finalmente, si el ELN aún no tiene claro su compromiso frente al secuestro, derivado del Acuerdo de cese al fuego, este deberá ser punto inicial y obligado del próximo ciclo, pues de esa claridad, ante el país y hoy ante el mundo, depende mucho la continuidad de un proceso que merece mejor final.

Bogotá, D. C, 5 de octubre de 2023

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie

“Este domingo se puede romper la historia y acudir a las urnas con el propósito de recuperar la ciudad”.

Por Gabriel Ortiz*. - Increíble que los candidatos a la alcaldía de Bogotá únicamente se ocupen del metro, que solo hasta dentro de 3 años o más, un alcalde y un presidente desconocidos podrían inaugurar.

Quienes aspiran a llegar al Palacio Liévano, todos con grandes cualidades, ideas y espíritu emprendedor; experimentados y creativos, conocedores de todo lo que requiere la capital y del clamor de sus 9 millones de sufridos, parecen engañados y víctimas del descalabro, porque se han dejado deslumbrar, embaucar y engatusar por quienes manejan el DC.

Con una millonada de dinero invertido en publicidad, buscan lavar la cara de una sucia, insegura, desordenada, congestionada, desgobernada y paralizada urbe, de la cual todos quieren emigrar, porque día a día se vuelve invivible.

“Bogotá tiene mucho que contar” pregonan los mensajes de prensa, radio, TV y redes sociales, para seducir a los candidatos y a la gente para que vote por una continuidad desastrosa este 29 de octubre.

Millares de habitantes votarán, pero no conocerán los resultados, porque antes de ello, serán víctimas de la delincuencia, la corrupción y el desbarajuste, que operan en la gran ciudad.

Los aspirantes tienen que separarse de quienes hasta el 31 de diciembre seguirán destruyendo lo que queda.

Galán, Oviedo, Bolívar y Lara, llevan la delantera, según las encuestas y podrían sacar a estos 9 millones del caos.

Sus programas, ideas y proyectos dan para esperar, de cualquiera de ellos, un salvador, un arquitecto y un urbanista que no dependa del tal metro, cuando existen montones de problemas que urgen rápidas soluciones.

Saben que una primera línea del metro es inmodificable, como ya se lo advirtieron a Petro los chinos. Continuar en el mismo círculo vicioso es iluso: hay que abrir las puertas del progreso, de movilidad racional, sin pico y placa, de libre desplazamiento de los habitantes en el transporte público, motos, bicicletas, y a pie. Sin hampa haciendo de las suyas. Se requieren empleo, reducción de la informalidad, servicios públicos eficientes, por ejemplo. Todo está por hacer. Enfrentar grandes proyectos, obras de desarrollo, motivación a una ciudadanía incrédula y cuanta gestión haya necesidad de alcanzar, así tengan que someterse a inagotables demandas de quienes dejan malherida a Bogotá.

Hay que poner freno a la Bogotá de hoy, atestada de locales comerciales desocupados, por las quiebras de empresas, de viviendas en venta o en arriendo, de vías angostadas, de caños y puentes invadidos por habitantes de la calle, ante el empobrecimiento acelerado de los habitantes y de todo lo que puede observar un desprevenido visitante que se atreva a dar un recorrido.

Este domingo se puede romper la historia y acudir a las urnas con el propósito claro de recuperar la gran ciudad. Ojalá no vaya a invadirla la compra de votos que impera en otras latitudes en donde el billete vuela.

BLANCO: El CNE ordena no contar los votos de candidatos revocados. ¡Transparencia!

NEGRO: La libertad de prensa está en peligro con las últimas decisiones del gobierno para el cubrimiento de las elecciones del domingo. ¡Transparencia por favor!

Bogotá, D. C, 27 de octubre de 2023

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.

“Sería recomendable activar de nuevo el Comité Nacional de Competitividad”.

Por José Manuel Restrepo*. - Enseña la economía, aunque sin una definición oficial, que una recesión económica es una contracción significativa de la actividad económica, donde la mayoría de quienes realizan el análisis la asocian a dos trimestres consecutivos de contracción del PIB real, sumado a impactos negativos en indicadores como empleo, ingreso real, ventas, producción industrial, entre otros. Justo por eso en países como USA declarar una recesión técnica demora un tiempo por la evaluación de la multiplicidad de variables. Esas recesiones pueden tener origen en aumentos de precios o costos, choques negativos al PIB, políticas monetarias o fiscales contraccionistas, aumento en incertidumbre, entre otros.

Por todo lo anterior me atrevo a afirmar que Colombia ni está en recesión, ni llegará a ella. Y lo hago no sólo por sufrir personalmente de optimismo, a pesar de las dificultades, muchas de las cuales autoinducidas aún por quienes gobiernan, sino también porque siento que llegar allá supondría una acumulación de hechos y errores que aún son evitables o no se han presentado. Pero habiendo dicho eso, no cantaría victoria en no experimentar peligrosas mini-cuasi recesiones sectoriales, que pueden tener costos altos y merecen atención.

¡La lista es larga!! La industria manufacturera lleva seis meses cayendo en producción, siete meses en ventas y cuatro en empleo. El 87% de los subsectores industriales están sufriendo. Las ventas del comercio minorista completan 6 meses de contracciones y afectan al 79% de los subsectores. En servicios el 40% de los subsectores tiene caídas similares. Las exportaciones llevan 9 meses cayendo, y aunque con diferencias, lo hacen en hidrocarburos/minería, agro e industria. Las ventas de vivienda nueva tienen el peor dato en 10 años en la historia y lo mismo sucede con el área licenciada. Lo más grave de todo, es que la inversión privada lleva dos trimestres consecutivos con cifras negativas (-24% y -8%). Y el sector hotelero, que venía creciendo, ya en el último mes mostro caída en la tasa de ocupación y se afectaron 16 regiones de Colombia.

Pero como se trata de mejorar y ayudar en esta recuperación, van algunas ideas. La primera es celebrar el encuentro de Minhacienda con el Consejo Gremial para trabajar en equipo en reactivación, pero sería recomendable activar de nuevo el Comité Nacional de Competitividad y sus espacios sectoriales (llevan más de un año quietos). Ayudaría también ser muy prudente con la indexación salarial de fin de año, mejorar en seguridad y revisar con detalle la ejecución del PGN (que a septiembre en el gobierno central sigue siendo tan mala como la de la pandemia que son las peores históricas), y finalmente lo que ayude a no elevar incertidumbres, como las reformas, valdría la pena revisarlas con lupa antes de aprobarlas.

Haciendo esto, y con la tarea del Banco en reducir tasas en la medida de lo posible, podríamos ayudar a que las cuasi-mini recesiones sectoriales no extiendan su impacto a las grandes cifras macro.

De postre: Este domingo se espera de nosotros que elijamos a conciencia personas responsables, experimentadas, íntegras y que no caigamos en visiones extremistas, polarizantes y populistas, que destruyen antes que construyen con esperanza proyectos colectivos compartidos de nación o de región.  ¡A votar masivamente por esto!

Bogotá, D. C, 27 de octubre de 2023

**Rector Universidad EIA

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“En Colombia ni siquiera tenemos series estadísticas sobre la evolución de la distribución de la riqueza, pero los pocos indicadores que existen, muestran un panorama peor que el del resto del mundo”.

Por Mauricio Cabrera Galvis*. - Decíamos que en Colombia se ha dado un paradójico desarrollo social: una clara disminución en desigualdad en el acceso a los bienes y servicios básicos -reflejada en la significativa reducción de la Pobreza Multidimensional-, pero ninguna mejoría en la desigualdad en la distribución del Ingreso -medida por el índice Gini del Ingreso-. Una de las razones es la desigualdad en la distribución de la riqueza que es peor que la del ingreso, y como plata llama plata, los que tienen activos que generan rentas de capital, cada vez van a ser más ricos.

La concentración de la riqueza es un problema mundial. Son múltiples los indicadores que evidencian que esta desigualdad es mayor que la del ingreso. El Global Wealth Report del banco Credit Suisse muestra la enorme inequidad de la pirámide de la riqueza mundial: 2.800 millones de adultos son el 52.5% del total, pero solo poseen el 1.2% de la riqueza global. En tremendo contraste el 1.1% de la población adulta (59.4 millones) atesoraba el 45.8%.

En la cúspide de la pirámide la situación es aberrante: según los informes de OXFAM, antes de la pandemia las 85 personas más ricas tenían más riqueza que el 50% más pobre la población. La situación ha empeorado pues el 1 % más rico ha acaparado el 64% de la nueva riqueza generada en los últimos dos años. También dicen estos informes que los 10 mega multimillonarios del mundo poseen más riqueza que los 3.100 millones de personas más pobres.

En Colombia ni siquiera tenemos series estadísticas sobre la evolución de la distribución de la riqueza, pero los pocos indicadores que existen, muestran un panorama peor que el del resto del mundo. Según el mismo Credit Suisse, la pirámide de la riqueza en Colombia es más concentrada. Los adultos que tienen menos de USD 10.000 son casi el 76.1%, mientras que 37.000 afortunados (el 0,1% de los adultos) tienen más de USD 1 millón en sus balances.

Como consecuencia el Gini de la distribución de la riqueza es de 0,83, mucho mayor que el del ingreso que es “solo” 0,52. En ambas mediciones Colombia es el subcampeón regional de la desigualdad, solo superado por Brasil.

Son tres las clases de activos que componen la riqueza: propiedad raíz, acciones en empresas y activos financieros (depósitos y bonos). En materia de la propiedad rural, un estudio del IGAC y Uniandes en 2012 concluía que el Gini de propietarios era de 0,886 en 2009. Más escandalosa aún es la concentración del ahorro financiero donde, según datos de la Superfinanciera, 7.172 propietarios (el 0.27% del total) con depósitos superiores a $1.100 millones son dueños del 64% de las cuentas corrientes, y 11.845 (el 0.02% del total) poseen el 62% de los depósitos de ahorro. Como consecuencia el Gini de la distribución de los depósitos financieros es un escandaloso 97,% para las cuentas corrientes y 93,1% para los depósitos de ahorro.

ADENDA: La partida de Ernesto de Lima deja un vacío profundo en su familia, en las numerosas empresas que creó y en esta comarca vallecaucana por la que tanto luchó, pero también en los amigos a los que tanta falta nos hará. Descansa en Paz, amigo.

Cali, 22 de octubre de 2023

*Filósofo y Economista. Consultor.

“Al paso que vamos, nos exponemos a no tener en La Guajira unos parques de generación de energía eólica, sino unos parques de ventiladores…”

Por Amylkar D. Acosta M*. - La razón principal por la que se ha venido presentando la estrechez entre oferta y demanda de energía, sometiendo a stress al Sistema interconectado nacional (SIN), es por el retraso de la ejecución de muchos proyectos, tanto de generación como de transmisión. Valga decir que de los 4.000 MW que han debido entrar entre 2018 y 2021 sólo entraron los 600 MW de las 2 primeras unidades de 8 HIDROITUANGO. Además, según XM, mientras el consumo de energía crece, en promedio a nivel nacional, a un ritmo del 6.23% y en el Caribe al 11.75%, la oferta de energía en firme a duras penas crece al 2.5%.

Como lo acota la firma calificadora de riesgos Fitch Ratings, “Colombia continúa enfrentando un desajuste entre la demanda de energía y la expansión requerida del sistema, con una fuerte demanda haciendo subir los precios de la energía muy por encima de los niveles históricos en el mercado spot”. Por ello, basta con que se presente cualquier contingencia o falla para que el sistema entre en barrena.

Merece una mención en particular el notorio retraso de los parques eólicos en La Guajira, porque la no entrada de ninguno de los 14 proyectos que se asignaron en las subastas de cargo por confiabilidad de energía eólica, que compromete la instalación de 2.400 MW ha logrado entrar en operación, desestabiliza todo el SIN. Lo propio ha ocurrido con la instalación de 11 proyectos de energía solar – fotovoltaicos. Ello, impide además reducir las tarifas al usuario, habida cuenta de los más bajos costos y precios de la energía generada y lo que es peor le resta resiliencia a la matriz eléctrica.

Y quiero enfatizar en esto último, porque la mayor virtud que tiene la integración de las fuentes no convencionales de energías renovables a la matriz es que las mismas se caracterizan por ser contracíclicas, esto es, que precisamente cuando el verano es más intenso y es mayor la sequía es cuando se tiene más frecuencia y más fuerza de los vientos, se tienen más horas de sol y mayor radiación solar. 

Lo propio podemos decir de los proyectos de transmisión de energía, pues bien se ha dicho que sin transmisión no hay Transición y ello es absolutamente cierto. Al paso que vamos, nos exponemos a no tener en La Guajira unos parques de generación de energía eólica, sino unos parques de ventiladores, porque sin la Colectora, aplazada, hasta el 2025 o 2026, no será posible inyectar la energía que allí se genere al SIN.

Lo mismo ocurre con la línea 500 KV Chivor – Norte – Bacatá, la cual se espera que entre en 2025, exponiendo al centro del país a tener “demanda no atendida”, al igual de los que hoy ocurre en la región Caribe. Según el Presidente del GEB Juan Ricardo Ortega “ya es un hecho que negocios importantes en la Sabana de Bogotá no logran tener acceso al servicio porque no hay suficiente energía”.

Además, el primer sistema de almacenamiento de energía a gran escala mediante el sistema de baterías localizado en Atlántico, el cual fue contratado con la empresa Canadian Solar y cuyo avance va en el 44.95% y se espera que entre sólo en 2024.

Bogotá, octubre 22 de 2023

*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía

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"Quizá el 29 de octubre en la noche el presidente Gustavo Petro entienda el alto costo político que está pagando por querer incidir en la solución de los conflictos internacionales"

Por Hubert Ariza*. - El 7 de octubre de 2023, o 7-O, es un día que jamás debería repetirse. Esa fecha marca una nueva era en las relaciones internacionales. En un mundo que no supera las atrocidades de la guerra de resistencia de Ucrania contra la ocupación rusa, se suma un nuevo y sangriento capítulo del conflicto en el Oriente Próximo marcado por el terrorismo de Hamás y la desproporcionada respuesta de Israel, la violación de las normas del Derecho Internacional Humanitario y el castigo a más de dos millones de civiles inermes.

Desde Gaza se transmite en directo al mundo la ilimitada capacidad de barbarie del ser humano y el colapso de la razón cuando se trata de eliminar al adversario.

Todo cuanto ocurre en Gaza impacta la agenda global y mueve el péndulo de la historia. Colombia no es la excepción, máxime cuando el presidente Petro lidera, en medio de una sociedad cada día más polarizada, una agenda por la reconciliación nacional, conocida como la paz total, que busca cerrar un ciclo interminable de violencia que lleva más de 60 años, dialogando en mesas paralelas con diferentes actores armados ilegales. En el papel, la paz total es una nueva oportunidad para fortalecer la democracia, derrotar el pesimismo colectivo y construir un mejor futuro para todos. En la realidad, las cosas no han funcionado al ritmo deseado por la sociedad civil y la dirigencia en los territorios.

Frente a los acontecimientos internacionales, el jefe de Estado colombiano ha ido contra la corriente mayoritaria de la opinión pública y se ha mostrado autónomo, abandonando el alineamiento extremo de presidentes que lo precedieron a la agenda de Washington. A través de la red social X reaccionó en caliente y expresó su postura frente a la masacre de civiles en Israel, condenando la reacción de Netanyahu, no el terrorismo de Hamás.

El fin de semana pasado se vivió una avalancha de críticas al presidente Petro por sus posturas, que alcanzaron la máxima tensión cuando respondió airado a las declaraciones salidas de tono del embajador de Israel en Colombia. “Si hay que suspender relaciones exteriores con Israel, las suspendemos. No apoyamos genocidios. Al presidente de Colombia no se le insulta”, respondió Petro. Y ahí se incendiaron más los ánimos. Durante dos días llovió más odio en las redes que misiles en Gaza.

El bombardeo del Hospital Bautista de Gaza, cuya responsabilidad aún sigue sin reconocerse, las imágenes de la crisis humanitaria aumentada por la orden de desalojo y la inminente incursión terrestre del ejército israelí, crearon un clima de tensión que solo se calmó, temporalmente, por la visita del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a Oriente Próximo. Ello, sumado a las declaraciones de los presidentes de China y Rusia, crearon un nuevo clima que bajó la temperatura de la confrontación, con un cese al fuego. La nueva situación sirvió para que muchos antipetristas guardaran mesura. Algunos, incluso, han borrado sus trinos ofensivos.

El desarrollo de los acontecimientos, a 12 días del inicio de la escalada militar en Gaza, ha permitido que el presidente Petro haya ido precisando su mensaje por la paz en Oriente Próximo, sin renunciar a la columna vertebral de su pensamiento. Aminorada la tormenta interna, es obvio que el jefe de Estado entiende la dificultad que significa ser percibido como aliado de Hamás y enemigo de Israel. Por ello ha sido reiterativo en que es amigo del pueblo palestino, abanderado del Derecho Internacional Humanitario, la solución pacífica de los conflictos y el establecimiento de dos Estados, como ordenó Naciones Unidas en 1947.

Lo que sigue es preguntarse qué tanto de lo que ha ocurrido en estos 12 días que han estremecido el mundo y sacudido la política interna impactará el proceso electoral en marcha ―en que se elegirán gobernadores, alcaldes, diputados y concejales―, que es uno de los más atípicos en años, con características únicas: con el primer presidente de izquierda en su historia; un Consejo Nacional Electoral que recibe críticas por descabezar candidaturas a pocos días de las elecciones; unas organizaciones armadas ilegales que amenazan, mientras se adelanta la política de paz total, la voluntad popular en cientos de municipios, como lo denuncia la Defensoría del Pueblo; y la intención de la oposición de convertir la jornada en un referendo antipetrista.

Para resolver esa pregunta hay que recordar la historia y mirar las elecciones presidenciales de 2002, cuando los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos cambiaron la política mundial, impusieron una agenda global antiterrorista y en Colombia se pasó del fallido proceso de paz del Caguán con las FARC a la seguridad democrática de Uribe, que privilegió la solución militar al conflicto armado interno y terminó marcada con 6.402 casos de falsos positivos.

Los resultados electorales del próximo 29 de octubre tendrán un enorme impacto para el Gobierno nacional, que deberá entender las nuevas circunstancias y acelerar los cambios en una coexistencia con nuevos liderazgos emergentes, una agenda de descentralización y desarrollo que se impondrá desde las regiones, y el inicio de la campaña presidencial de 2026. Quizá el 29 de octubre en la noche el presidente entienda el alto costo político que está pagando por querer incidir en la solución de los conflictos internacionales, con el celular disparando trinos de manera incesante, cuando tiene la casa en llamas, los cambios prometidos no llegan y la semilla de la paz total aún no retoña.

Las encuestas muestran que en Colombia persiste un gran pesimismo en el futuro, que aumenta con la pesada carga de noticias falsas y discursos de odio en las redes. Las elecciones del próximo 29 de octubre son una enorme oportunidad para fortalecer la democracia y recuperar la confianza. Una masiva votación será un mensaje contundente de una sociedad que ama la vida, rechaza el terrorismo y apuesta por la convivencia, que se escuchará con fuerza en todo el mundo.

Bogotá, D. C, 22 de octubre de 2023

*Periodista, internacionalista y analista político.

Tomado de El País.