Opinión

El debate apenas comienza, pero lo cierto es que la última palabra no la tiene la política ni los medios, sino el Derecho.

Por: Humberto Rafael Méndez Rojas*. -En los últimos días, en medio del ruido político nacional, ha empezado a tomar fuerza una pregunta que no solo inquieta a la opinión pública, sino que abre un interesante debate jurídico en los círculos especializados: ¿pueden el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, postularse a la Presidencia de la República en 2026?

Desde la perspectiva constitucional, la respuesta parece afirmativa. El artículo 197 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 02 de 2015, establece que no podrá ser elegido presidente quien, un año antes de la elección, haya ejercido como gobernador o alcalde. Por tanto, si renuncian con la debida anticipación —es decir, al menos un año antes de la primera vuelta presidencial (31 de mayo)—, quedarían habilitados.

Sin embargo, se presenta una tensión normativa relevante con La Ley 617 de 2000, la cual en su artículo 31 numeral 7, replicada por la Ley 2200 de 2022, en su artículo 113, (para el caso de los gobernadores) y el artículo 38-7 (para el caso de los alcaldes), consagra una incompatibilidad que se torna en inhabilidad, que prohíbe a los gobernadores y alcaldes inscribirse como candidatos a cualquier cargo de elección popular durante el período para el cual fueron elegidos. Esta restricción legal fue interpretada de forma rigurosa por la Sección Quinta del Consejo de Estado en la sentencia 0051 de 2016 (caso de la exgobernadora de la Guajira, Oneida Pinto), al considerar que los mandatarios locales no deben utilizar el poder otorgado en una elección para proyectarse políticamente hacia otros cargos, pues ello rompe el compromiso adquirido con los electores y afecta la equidad electoral.

A primera vista, habría una colisión normativa: por un lado, la Constitución permite la candidatura con la renuncia oportuna; por otro, la ley y la jurisprudencia la prohíbe durante todo el período. En estos casos, el artículo 4 superior es claro: la Constitución prevalece sobre la ley. Y dado que las inhabilidades deben ser expresas, taxativas y de interpretación restrictiva —según la jurisprudencia y doctrina reiterada de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado—, las inhabilidades para aspirar a la Presidencia deben tener rango constitucional, no legal.

En consecuencia, la restricción contenida en la ley 617 no podría extenderse al escenario presidencial, pues ello implicaría adicionar una inhabilidad no prevista expresamente en la Constitución, lo cual vulneraría el derecho político fundamental a ser elegido.

Así las cosas, si Carlos Amaya y Federico Gutiérrez presentan su renuncia al menos un año antes de la elección, es decir, antes del próximo 31 de mayo de 2025, estarían constitucionalmente habilitados para ser candidatos. Ahora bien, en caso de resultar elegidos, seguramente se interpondría una demanda de nulidad electoral que tendría que resolver la Sección Quinta del Consejo de Estado. Y será en ese momento cuando se conocerá si el máximo tribunal de lo electoral mantiene la línea jurisprudencial restrictiva de 2016 o si, por el contrario, la modula o varía, entendiendo que el escenario presidencial tiene un régimen de inhabilidades constitucionalmente autónomo y que el derecho a ser elegido debe prevalecer, en ausencia de una prohibición clara y expresa.

El debate apenas comienza, pero lo cierto es que la última palabra no la tiene la política ni los medios, sino el Derecho.

Bogotá, D. C, 13 de mayo de 2024

*Abogado especialista en Derecho Público. Magíster (c) en Administración Pública. Consultor y litigante en Derecho Electoral

Al presidente el rojo lo apasiona. El suyo es un rojo más intenso y revolucionario que el de los liberales del Olimpo Radical del siglo XIX

Por Hubert Ariza*. - En medio de un calor que derrite el miedo, en La Dorada, Caldas, el presidente Petro firmó la APP que marca el regreso del tren de carga y pasajeros a Colombia. “¡Vuelve el tren!”, se escuchó gritar a una multitud que vio al mandatario montado en un vagón amarillo, adornado con banderas rojas, como en las épocas en las que el caudillo del pueblo, Jorge Eliécer Gaitán, en la década de los cuarenta del siglo pasado, recorría la geografía nacional sembrando esperanza en un país azotado por la violencia conservadora que, después de su magnicidio, dejó más de 500 mil muertos.

Ahí, en el corazón del Magdalena Medio, una zona azotada por décadas por la influencia criminal del paramilitarismo, el presidente se puso la camisa roja y lanzó uno de sus más ambiciosos programas de transformación nacional con un discurso apasionado, más allá de la realpolitik, impregnado del realismo mágico, de Macondo y el sueño de un país marcado por la vida. Un discurso que ratificó, además, que roja tiene el alma, como su camisa, como sus palabras.

Al presidente el rojo lo apasiona. El suyo es un rojo más intenso y revolucionario que el de los liberales del Olimpo Radical del siglo XIX, que redactaron la Constitución de 1863, que instauró el federalismo y la separación del Estado y la Iglesia; más transformador que el de Aquileo Parra, Uribe Uribe, López Pumarejo y tantos líderes icónicos de esa colectividad histórica, cuya mayoría de dirigentes perdieron el rumbo y, con el paso de los años, se dejaron avasallar por el mercado, se desconectaron de la gente y perdieron la ideología.

El evento de La Dorada cerró un día de buenas noticias para el Gobierno en la antesala de la celebración del Día de los Trabajadores, fecha elegida para la presentación en el Congreso de la República, por el propio presidente, de la consulta popular que pretende garantizar los derechos laborales y recuperar conquistas perdidas hace varias décadas por iniciativa de Álvaro Uribe y César Gaviria.

En la Plaza de Bolívar, el 1 de mayo, ante una multitud de trabajadores, campesinos e indígenas provenientes de diferentes departamentos, Petro, vestido con una chaqueta roja y con guantes blancos, ondeó la bandera de “guerra a muerte”, de la época de la Independencia, y desenfundó la icónica espada del Libertador Bolívar, en una imagen que le da la vuelta al mundo, quedará grabada en la retina de los colombianos, será motivo de toda clase de especulaciones y etiquetada por la oposición como una amenaza a la democracia.

Nunca antes un mandatario colombiano se había atrevido a protagonizar un acto simbólico de esa dimensión política. Petro ha desacralizado ante el pueblo y la estatua del Libertador, un símbolo de la libertad de cinco naciones. Lo hizo después de pronunciar un discurso aún más radical que el de La Dorada, rodeado de su gabinete, su hija Antonella y congresistas del Pacto Histórico.

Frente a la multitud, arremetió, una vez más, contra la vieja clase política y los congresistas que han bloqueado su agenda política y, en especial, su propuesta de reforma laboral. Llamó a revocarlos en las urnas y ratificó su tesis de que el pueblo es el jefe del Congreso, porque es el poder constituido.

Con la consulta popular, el primer mandatario ha logrado liderar la agenda mediática, poner contra las cuerdas a la derecha, señalar el doble discurso de la clase política tradicional frente a los derechos de los trabajadores, e iniciar una campaña de movilización de sus bases, atrayendo a otros sectores, instaurando comités regionales, para garantizar que el proyecto del cambio se mantenga en actitud ganadora con la mira puesta en el 2026.

Hoy la pelota está en la cancha del Senado, que tiene un mes para decidir si aprueba o no las 12 preguntas de la consulta popular, que es una apuesta con la que el Gobierno nacional gana con cara y con sello. Durante los próximos días, el Congreso sentirá la presión del Gobierno, pero en especial de una sociedad civil que ha ganado mayores espacios en los últimos años. Si en su autonomía el Senado hunde la consulta, le dará argumentos al presidente para radicalizar aún más su discurso y recorrer el país desmoronando lo poco que queda de credibilidad del Legislativo, pidiendo la revocatoria de los congresistas opositores e impulsando la necesidad de apoyar a un candidato presidencial de izquierda que continúe el proyecto del cambio. Decirle no a los derechos de los trabajadores será un suicidio político de la derecha.

Si por el contrario, el Senado aprueba la consulta popular, Petro se anotará un éxito político y Colombia entrará en un proceso que necesitará más de 13 millones de votos para ser aprobado. La consulta es, desde ya, un anticipo de las elecciones presidenciales del 2026. Así de sencillo. El presidente tiene el sartén por el mango, mientras la derecha está inmovilizada, reaccionando tarde, sin un antagonista capaz de confrontar con éxito la narrativa de Petro.

Suenan flojos los argumentos de la derecha para oponerse a las demandas de mejores condiciones para los trabajadores. Hablan de la mecánica legislativa, pero no de los derechos laborales. La oposición, esta vez, no ha sido tan fácil como en el plebiscito por la paz de Santos. Hay que recordar que decirle no a la paz, negarse a la implementación de los acuerdos con las FARC, le sigue pasando factura a la derecha.

Las encuestas están demostrando que, a pesar de los adjetivos negativos de la oposición y sus campañas de demolición, Petro está recuperando el teflón, creciendo y atrayendo la confianza de los jóvenes y los estratos 1, 2 y 3, sectores que se habían alejado. Así lo reveló la última encuesta de Invamer Poll, que muestra un repunte de la aprobación del Gobierno, que subió cinco puntos, entre febrero y abril de este año, al pasar del 32% al 37%. Los jóvenes entre 18 y 24 años disminuyeron la desaprobación en 14 puntos y hoy está en un 39%. Esta cifra es vital para el proyecto político de izquierda democrática en el 2026, ya que ese sector poblacional fue decisorio en la elección del primer gobierno de izquierda en 200 años.

Otra buena noticia para el Gobierno son los indicadores económicos de empleo e inflación. Esos dos datos obligaron a la Junta Directiva del Banco de la República, que es autónoma, a desescalar la tasa de interés en un 0,25%.

La pregunta final es por qué creció Petro en las encuestas y si lo seguirá haciendo. La respuesta es sencilla: se está sintonizando nuevamente con su electorado, separando su imagen de la de sus ministros y altos funcionarios emproblemados, mostrándose como un líder capaz no solo de desafiar a Trump, sino de ganarle el pulso a la vieja clase política, cuyo líder está hoy sentado en el banquillo de los acusados, pidiéndole auxilio a Washington para impedir que la justicia lo alcance. La derecha está huérfana y Petro está en campaña, radicalizado y con la bandera “guerra a muerte” en alto. Son tiempos de alta tensión política.

Bogotá, D. C, 4 de mayo 2025

*Periodista, internacionalista y analista político.

Tomado de El País.

Se trata de garantizar que los liderazgos locales, esenciales para la democracia de base, puedan competir en condiciones justas.

Por: Humberto Méndez Rojas*. -En una democracia sólida, la equidad en la competencia electoral no es un lujo, sino un requisito esencial. Sin embargo, los candidatos a las Juntas Administradoras Locales (JAL) aún enfrentan, en Colombia, barreras injustificadas en el acceso a los recursos estatales que garantizan su participación política efectiva. El derecho a la reposición de gastos de campaña —expresamente consagrado en el artículo 21 de la Ley 1475 de 2011— ha venido siendo desconocido de manera sistemática por el Consejo Nacional Electoral (CNE), vulnerando principios constitucionales y normas estatutarias que rigen la financiación política.

Es por ello, que el pasado 25 de abril de 2025, radicamos formalmente ante el CNE[1] una solicitud exigiendo el cumplimiento integral del citado artículo, en favor de los partidos, movimientos y grupos de ciudadanos que inscribieron candidatos a ediles en las elecciones territoriales del 29 de octubre de 2023. La petición busca que se reconozca su derecho a la reposición de gastos por votos válidos obtenidos, se fije el valor correspondiente, y se proceda a su pago con cargo al Fondo Nacional de Financiación Política, administrado por el CNE. 

Esta solicitud no es un capricho. Es un acto de exigencia legal basado en el inciso segundo del artículo 8 de la Ley 393 de 1997, como requisito previo para instaurar una eventual acción de cumplimiento, en caso de persistir la renuencia administrativa por parte del CNE.

El marco jurídico es claro: la Ley 1475 de 2011, en su artículo 21, amplió la financiación estatal a todas las corporaciones públicas, incluyendo a las JAL, eliminando la exclusión injusta que antes existía en el artículo 13 de la Ley 130 de 1994. Así lo confirma no solo el texto expreso de la norma, sino los debates legislativos consignados en la Gaceta del Congreso N.º 1135 de 2010[2], en los cuales se reafirmó la voluntad política de incluir a los candidatos a ediles en el régimen de reposición de gastos. 

Ignorar este mandato legal equivale a mantener una discriminación histórica, contraria al principio de igualdad en la participación política. Más grave aún, constituye una falta disciplinaria conforme al Código General Disciplinario[3], además de desconocer el derecho fundamental de los ciudadanos a ejercer control sobre la legalidad de la administración pública.

No se trata solo de un tema económico. Se trata de garantizar que los liderazgos locales, esenciales para la democracia de base, puedan competir en condiciones justas, sin quedar relegados frente a quienes sí reciben apoyo estatal en otros niveles de representación. 

Exhortamos respetuosamente al Consejo Nacional Electoral a corregir esta omisión histórica y a actuar en cumplimiento estricto de la ley. Pues, en caso contrario, nos veremos precisados a emprender las acciones judiciales correspondientes para que la reposición de gastos de campaña sea una realidad para los candidatos a ediles, como lo ordena el marco constitucional y estatutario vigente. 

Cumplir la ley no es una opción: es una obligación.

[1] PQRS CNE-E-DG-2025-007806-25 abril 2025.

[2] Páginas 85 y 86.

[3] Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021.

Bogotá, D. C, 29 de abril 2025

*Abogado especialista en Derecho Público. Magíster (c) en Administración Pública. Consultor y litigante en Derecho Electoral

Paz en la morada de Vargas Llosa, pero no olvido sus agravios, contra el pueblo progresista de América Latina.

Por Giovanni Décola*.- EL BECERRO DE ORO de toda la derecha neoliberal y corrupta del mundo, amigo y moso ideológico de la basura "intelectual" de América Latina encabezada por   Alvaro Uribe y toda suerte de sátrapas y vende patrias como  Somoza,  Pinochet y su compatriota  Fujimori a quien quiso derrotar fallidamente por el trono presidencial del Perú.

Después de ser un izquierdista radical, apoyador de la revolución cubana, terminó por codearse con la alta aristocracia Europea, pero para lograr eso, llegó a la indignidad de pagarle a su concubina Isabel Preysler 80.000 euros mensuales para compartir su mansión. También se codeó con las hienas del exilio cubano en Miami,   los jefes de la contra nicaragüense y sus amos mayores. Fue una porquería que vivió de la calumnia, la mentira y vomitando odio por doquier, contra todo pensamiento progresista.

En Colombia se acomodó con la derecha más corrupta y sanguinaria y vomitando hiel contra Petro.

Decía amar al pueblo de América y luchar por su progreso y libertad, y a sus espaldas, intrigaba para que EEUU endureciera sanciones contra los pueblos de América Latina cuando su gobernante no le gustaba, teniendo el descaro hasta de pedir el control y embargo de todos los productos para que sus habitantes sufrieran y se revelaran contra sus gobernantes, así padecieran hambre.

De su obra literaria, destaco "El Sueño del Celtic", en el cual denunció los horrores del colonialismo europeo en África y concretamente el Belga en el Congo, donde su población fue víctima de torturas, amputaciones, ejecuciones extrajudiciales y otros vejámenes. Pero fue incapaz a lo largo de su longeva vida, de denunciar el neocolonialismo de los Estados Unidos en las naciones americanas.

Este era el amor de Vargas Llosa, que en su sectarismo, recibe el abrazo de los neoliberales colombianos, quienes prefieren encumbrarlo, por encima de nuestro Premio Nóbel García Márquez.

Paz en la morada de Vargas Llosa, pero no olvido sus agravios, contra el pueblo progresista de América Latina.

Bogotá, D. C, 18 de abril 2025

*Abogado. Especializado en Derechio Administrativo y Electoral.

Se suele acudir a la tutela para todo propósito, aprovechando la inmediatez de su trámite, y “a la suerte”, como en el naipe.

Por José G. Hernández*. - La acción de tutela, uno de los más importantes instrumentos judiciales plasmados en la Constitución de 1991, con miras a la efectiva e inmediata defensa de los derechos fundamentales cuando están vulnerados o amenazados por acción u omisión de autoridades públicas o por particulares, debe ser ejercida con ese exclusivo objeto, no con propósitos políticos o para eludir procesos, decisiones de la justicia ordinaria o trámites administrativos.

Se trata de un medio de protección de carácter extraordinario y urgente, lo que explica el corto término -diez días- que ha sido previsto para su resolución. Debe ser ejercida cuando de verdad se requiera; cuando ello esté justificado por los hechos que dan lugar a una situación real de daño actual o de peligro para los derechos fundamentales, no respecto a otros derechos, que el sistema jurídico preserva mediante acciones diferentes.

La naturaleza excepcional de esta acción -que no está llamada a sustituir los demás procesos judiciales- resulta del mismo texto del artículo 86 de la Carta Política. Se busca “la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados”. Y la demanda de tutela “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.

La jurisprudencia constitucional ha sostenido que la legitimación en la causa por activa es un presupuesto esencial para que proceda la acción de tutela, es decir, debe ser incoada por quien está siendo afectado directamente en un caso concreto, o a su nombre, puesto que el juez debe verificar de manera cierta y precisa quién es el titular del derecho fundamental que está siendo vulnerado.

Por otra parte, según dispone el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela no procede cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto, los cuales no están orientados de manera directa y específica contra los derechos fundamentales de la persona accionante. Tampoco cabe la acción de tutela contra actos administrativos de carácter general o particular, respecto a los cuales están previstas las acciones ordinarias ante la jurisdicción correspondiente.

Sin esas condiciones, la tutela no procede. Tampoco procede contra decisiones o actos generales, que conciernen a muchas personas y que no recaen de manera directa en el actor, ni para fines ostensiblemente indebidos, como la injerencia del juez de tutela en las decisiones de otros jueces, o para suspender procesos judiciales en curso.

Infortunadamente, las aludidas exigencias -que la jurisprudencia constitucional ha venido sosteniendo- se olvidan con frecuencia. Se suele acudir a la tutela para todo propósito, aprovechando la inmediatez de su trámite, y “a la suerte”, como en el naipe. A veces, la jugada resulta y algunos jueces -incluidos altos tribunales- conceden tutelas manifiestamente improcedentes.

Con ello se causa un daño enorme. Cuando se extiende el uso abusivo del amparo judicial, ya porque los requisitos mínimos se incumplen o porque las demandas se convierten en modalidades procesales de fácil acceso, no para la genuina preservación de los derechos, sino para otros fines, la tutela resulta desvirtuada y pierde su razón de ser y su sentido.

Bogotá, D. C, 17 de abril de 2025

*Expresidente de la Corte Constitucional

Preocupa que un gobierno cuyo líder no ha demostrado la mínima entereza democrática logre sumar tres nuevas voces y votos a un tribunal clave para la defensa de la Constitución.

Por Horacio José Serpa Moncada*. - Hoy Petro ya cuenta con un magistrado afín: Vladimir Fernández, su exsecretario jurídico y autor del paquete legislativo del estado de emergencia en La Guajira, declarado inconstitucional en su mayoría por la misma Corte que hoy integra. Un hecho que debería sonrojarnos como país.

Muchas han sido las advertencias sobre amenazas a la democracia desde el inicio del mandato de Gustavo Petro. La oposición, sectores independientes, la academia, la empresa privada y los gremios han alertado, una y otra vez, sobre los riesgos que ponen en peligro el orden institucional, mientras millones de colombianos permanecemos expectantes ante el eventual momento en que el presidente rompa definitivamente el orden constitucional y busque perpetuarse en el poder.

Y razones no faltan para desconfiar del talante democrático del presidente. Ahí están sus ataques sistemáticos a la prensa que lo cuestiona, los señalamientos injuriosos y calumniosos contra líderes de oposición, los constantes ataques a la administración de justicia cada vez que un fallo no le resulta favorable, sus intentos de gobernar mediante estados de emergencia para imponer a la fuerza sus reformas, el uso abusivo del sistema de medios públicos —convertido hoy en un aparato de propaganda que recuerda peligrosamente al modelo nazi— y, por supuesto, la convocatoria, justo en vísperas de la campaña de 2026, de una consulta popular multimillonaria para “refrendar” una iniciativa legislativa ya archivada por el Congreso de la República.

Todo esto, sumado a los escándalos de corrupción y al caos administrativo, resulta menor frente a un riesgo aún más delicado: este año saldrán de la Corte Constitucional tres magistrados —Cristina Pardo, Diana Fajardo y José Fernando Reyes—, lo que le abre al presidente una oportunidad de oro para influir en la conformación del máximo tribunal constitucional del país.

Hoy Petro ya cuenta con un magistrado afín: Vladimir Fernández, su exsecretario jurídico y autor del paquete legislativo del estado de emergencia en La Guajira, declarado inconstitucional en su mayoría por la misma Corte que hoy integra. Un hecho que debería sonrojarnos como país.

Petro tiene la facultad de ternar a quien reemplace a la magistrada Pardo, cuyo periodo termina en mayo. Las otras dos vacantes —la de Fajardo, en junio, y la de Reyes, en septiembre— serán ternadas por la Honorable Corte Suprema de Justicia.

Hasta ahora, la Corte Constitucional ha sido tajante, ha actuado con firmeza y apego a la ley, garantizando la integridad del orden jurídico frente a los excesos del Ejecutivo. Por eso preocupa que un gobierno cuyo líder no ha demostrado la mínima entereza democrática logre sumar tres nuevas voces y votos a un tribunal clave para la defensa de la Constitución.

La elección final será responsabilidad del Senado. Ojalá sus miembros estén a la altura del momento histórico, piensen en el futuro de Colombia y no se dejen seducir por las migajas burocráticas con las que seguramente el gobierno buscará asegurar los votos para sus candidatos.

Bogotá, D. C, 13 de abril 2025

*Administrador de Empresas, especializado en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos con experiencia en el área financiera y relaciones públicas. Exconcejal de Bogotá, exsenador.

Atender lo urgente: la crisis arancelaria, sin desatender lo importante: la certificación antidrogas, y recomponer el diálogo con el Gobierno, aprovechando la actitud asertiva de la canciller.

Por José Félix Lafaurie Rivera*. -Dijo un medio que le dijeron que hubo “momentos de alta tensión” en la reunión con el empresariado convocada por la canciller Laura Sarabia para discutir una hoja de ruta de cara a los retos derivados de la actual guerra arancelaria mundial, reunión a la que asistieron también las ministras de Agricultura, Martha Viviana Carvajalino, y de Comercio encargada, Cielo Rusinque.

Dijo otro medio que le dijeron que la reunión solo buscaba tener un titular de apoyo de los gremios a una estrategia de reacción contra la crisis arancelaria, pero en la CELAC, que es una especie de OEA de la izquierda continental, cuya presidencia pro tempore acaba de asumir el presidente Petro durante el periodo 2025 – 2026. Dice el medio que le dijeron que los gremios fueron utilizados y que no hay interés del Gobierno en mejorar las relaciones con Estados Unidos.

Esa sesión de dimes y diretes a dos importantes medios se produjo terminada la reunión y tras las declaraciones del presidente del Consejo Gremial Nacional, Camilo Sánchez, y de la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana, María Claudia Lacouture, quienes, curiosamente, dijeron todo lo contrario.

En efecto, los dos dirigentes gremiales coincidieron en que la reunión fue productiva, como un primer paso para diseñar una hoja de ruta en busca de soluciones de corto plazo y una estrategia de seguimiento. Se habló de productos que podrían afectarse, como el aguacate Hass, pero también de los no afectados y hasta de oportunidades. Se habló de abrir nuevos mercados sin abandonar una posible negociación con Estados Unidos. Ninguno de los dos mencionó roces, ni respuestas airadas ni momentos de alta tensión.

¿Qué pasó? ¿Acaso los responsables de la filtración estuvieron en una reunión diferente a la que yo mismo asistí? Es sumamente grave la filtración de una mentira con evidente mala intención, que dejó a Camilo Sánchez y a María Claudia Lacouture como los mentirosos o los manipulados por el Gobierno.

Ahora mi percepción: adhiero totalmente a las declaraciones de Camilo y María Claudia. Percibí en la canciller una actitud positiva en busca de soluciones; no me sentí utilizado, aunque sí se manifestaron preocupaciones por eventuales declaraciones del presidente en la reunión de la CELAC en Tegucigalpa, con una presencia muy activa de China. Hubo diferencias, por supuesto, argumentos, contraargumentos y propuestas, pero en un entorno de cordialidad y respeto.

¿Qué nos deja este desapacible episodio? Primero: Quien lo generó quería hacer daño a la credibilidad, no solo de las personas, sino de las entidades que representan.

Segundo: La crisis de los aranceles es global y en ese contexto no nos fue mal, pero es importante evitar confrontaciones y, más bien, acudir a la instancia de la negociación con Estados Unidos, a la que muchos países están apelando.

Tercero: Hay, sin embargo, otros factores “irritantes”, de los cuales también se habló en la reunión, principalmente la migración, el terrorismo y el narcotráfico, que pesarán a la hora de una negociación país por país.

Cuarto: La crisis arancelaria ha desviado la atención sobre un riesgo mayor: La descertificación en la lucha antidrogas, con graves consecuencias en el flujo de ingresos para erradicación, lucha contra el narcoterrorismo y todo tipo de cooperación, a lo cual no ayuda el crecimiento esbordado de los cultivos, ni las contradicciones en el Gobierno entre glifosato otra vez y glifosato nunca.

Mi recomendación: Atender lo urgente: la crisis arancelaria, sin desatender lo importante: la certificación antidrogas, y recomponer el diálogo con el Gobierno, aprovechando la actitud asertiva de la canciller.

Y a quienes quisieron hacer daño: No es hora de mezquindades, sino de altura.

Bogotá, D. C, 13 de abril de 2025

*Presidente FEDEGAN

@jflafaurie

La figura del transfuguismo pasará en el congreso hasta el punto del desespero por lograrlo que gobierno y oposición se unieron para sacar adelante la iniciativa.

Por Carlos Ibáñez Muñoz*. - Figura apetecida por los políticos de hoy pertenecientes a distintos partidos políticos quiénes a través de esta figura convertida en norma jurídica, que actualmente se tramita en el congreso, pueden trastearse a otro partido.

En primer lugar, debo señalar que el transfuguismo en la actualidad, sin que exista norma que lo permita, Ya se está haciendo desde las bases o militancia de los partidos; es asombroso observar como en cada certamen electoral como si fuese una registradora de un supermercado entran y salen militantes del respectivo partido a engrosar otros. Es más, con la mirada complaciente de los dirigentes de los partidos entregan avales a diestra y siniestra a quien lo desee o los “pague”, así tradicionalmente provengan de otras colectividades políticas.

Eso tiene una explicación: Las ideologías partidistas las enterró el frente nacional cuando liberales (cachiporros) y conservadores (godos) quienes tenían sus principios e ideologías propias terminaron amancebados ejerciendo el poder político, eligiendo presidente de la república de manera alterna cada 4 años. Hasta ahí llegó la ideología y hoy LA MEZCOLANZA predomina en el ejercicio político tanto de la dirigencia como de sus bases que solo se mueven por intereses personales.

Otra de las razones , es que los partidos políticos no practican la democracia al interior de los mismos y  se apartaron de sus ideologías primigenias y quienes son fieles a sus postulados observan atónitos como se asumen posiciones en el congreso contrarias a sus principios filosóficos avaladas por sus directores que se convirtieron en DESPOTAS Y AUTÓCRATAS seguidos por un pequeño rebaño de obsecuentes y serviles dirigentes regionales quienes excluyen a los demás y exclusivamente reciben las prebendas del ejercicio político que les prodiga ser parte de la CAMARILLA .

Esa circunstancia produjo malestar en los parlamentarios que ven en el TRANSFUGUISMO una válvula de escape a la imposición y preferencias de quienes regentan los partidos.

Todo ello para concluir que la figura del transfuguismo pasará en el congreso hasta el punto del desespero por lograrlo que gobierno y oposición se unieron para sacar adelante la iniciativa.

Bucaramanga, 11 de abril 2025

*Doctor en Derecho y Ciencias Políticas, especialista en derecho Constitucional y Laboral. Exalcalde de Bucaramanga.

Empresas comercializadoras están a punto de un apagón financiero, debido al impago de los subsidios, a la deuda de la Opción tarifaria y la cartera oficial en mora, que sumados superan los $7 billones. 

Por Amylkar D. Acosta M*. - Varios han sido los anuncios y los intentos fallidos del Gobierno para bajar o por lo menos detener la espiral alcista de los precios en Bolsa y las tarifas de energía que agobian a los usuarios finales de este servicio. Finalizando el año anterior la CREG expidió la Resolución 101 066 de 2024 fechada el 18 de noviembre, estableciendo dos precios de escasez del cargo por confiabilidad. Ello, con el fementido propósito de bajar las tarifas de energía.

El ex ministro Andrés Camacho prometió y se comprometió con que esta medida tendría “efecto inmediato en las tarifas de energía de los colombianos”, cuando la realidad era y es que es opcional para las empresas acogerse a la misma y sólo se torna obligatoria hacia el año 2027 - 2028. No obstante, alegando que “ante la falta de voluntad de las empresas generadoras de energía de aceptarla expediré por decreto, el porcentaje máximo de venta de energía en bolsa, solo a un 5 por ciento del total de la generación”, manifestó el Presidente Petro.

Según manifestó “el Decreto se expide, van a demandarlo y vuelve al Consejo de Estado. He pedido que sea resolución y decreto al mismo tiempo y la resolución debe ser rápida en la CREG”. Seguramente dicho Decreto será objeto de demandas por transgredir la norma legal, toda vez que él no está investido de la facultad para regular las tarifas de la energía, esa es una facultad exclusiva de la CREG. Lo dice la Ley 142 de 1994 de servicios públicos y lo ha reiterado la Corte Constitucional y fue la razón que llevó al Consejo de Estado a tumbar el Decreto 227 del 16 de febrero de 2023 a través del cual intentó “reasumirlas”.

Lo que se propone el Gobierno es establecer por Decreto un máximo de exposición en Bolsa por parte de generadores y comercializadores en Bolsa del 5%. Ello, en teoría, es bueno pues garantizaría precios más razonables y estables.

Pero, en la práctica qué pasa? Del lado del generador, si llega a presentarse un fenómeno de El Niño y no dispone de energía hídrica, de bajo costo, debido a que la hidrología crítica lo impide, para honrar su compromiso contractual, se ve precisado a comprar energía térmica, mucho más costosa y venderla al más bajo precio contratado, comprometiendo su estabilidad financiera, lo que contraviene el principio de la suficiencia financiera contemplado en la Ley de servicios públicos. 

Si lo miramos desde el lado del comercializador, este al firmar un contrato de largo plazo debe constituir unas garantías, para lo cual debe contar con el músculo financiero necesario y suficiente. Y es bien sabido que las empresas comercializadoras están a punto de un apagón financiero, debido al impago de los subsidios, a la deuda de la Opción tarifaria y la cartera oficial en mora, que sumados superan los $7 billones. 

Finalmente, es de advertir que con medidas como esta no se está atacando la causa de las altas tarifas sino sus consecuencias. La fiebre no está en las sábanas. Lo que viene presionando al alza tanto de los precios en Bolsa como de las tarifas de energía es el alto grado de stress al cual está sometido el Sistema SIN debido a la estrechez de la Oferta de energía, a consecuencia del atraso y el freno de la ejecución de los proyectos de expansión tanto de generación como de transmisión.

Santa Marta, abril 12 de 2025

*Economista. Expresidente del Congreso y exministro de minas y energía.

www.amylkaracosta.net

Lo componen 3 personas que tenían más de USD 200 millardos.

Por Mauricio Cabrera Galvis*. - La revista Forbes acaba de publicar su lista anual del club de “billonarios”, que son aquellas personas que tienen un fortuna superior a mil millones de dólares (un billón en la terminología gringa, o un millardo para nosotros), y tiene información muy interesante sobre los superricos del mundo.

Con los precios de las acciones registrados el pasado mes de marzo, 3.023 personas clasificaron para este exclusivo club , y su riqueza total alcanzó el valor récord de USD 16.100 millardos, con un crecimiento de 14% respecto del año anterior. Para dimensionar qué significa esta cifra con tantos ceros, puede decirse que equivale a 50 veces el PIB de Colombia, y todo en manos de solo 3.000 personas, que tienen más riqueza que el 60% de la población mundial.

Por Colombia, 6 personas clasificaron para el club: Jaime Gilinski (Nutresa) y David Vélez (Banco NU) empatados en el puesto 236 con USD 10.7 millardos cada uno. Los sigue en el puesto 369 Luis Carlos Sarmiento con U$ 8. millardos, y más lejos la viuda y los dos hijos de Julio Mario Santodomingo, con fortunas de USD 4.4, 3.3 y 1.8 millardos respectivamente.

El top del ranking del club lo componen 3 personas que tenían más de USD 200 millardos. Son los propietarios de 3 empresas tecnológicas cuyas acciones se han valorizado enormemente después de la elección de Trump: Elon Musk de Tesla (342 millardos), Mark Zuckerberg de Facebook (216 millardos) y Jeff Bezos de Amazon (215 millardos). De nuevo para comparar, la riqueza de Musk era similar al PIB de Colombia.

A estos 3 personajes se les reconoce que empezaron desde cero sus empresas, y por lo tanto sus fortunas. Pero esta no es la regla general. Según la información del banco UBS, de 137 personas que ingresaron al club el último año, y cuya riqueza es de USD 229 millardos, 53 recibieron herencias por valor de USD 151 millardos. Se destruye el mito de la meritocracia y el esfuerzo personal para amasar fortunas.

En esta misma dirección, según los datos de la ONG OXFAM, el 60% de las mayores fortunas del mundo provienen de herencias (36%), de monopolios (18%), o de conexiones políticas y corrupción (6%). La frase de Balzac “detrás de cada gran fortuna hay un delito” es una generalización exagerada, pero algo tiene de cierto.

El impacto de las conexiones políticas para el crecimiento de la riqueza de unos cuantos es mucho mayor del estimado de OXFAM. La fortuna de Donald Trump, por ejemplo, creció 121% en el último año, pasando de USD 2.3 a 5.1 millardos. La de Elon Musk creció 149% llegando a un máximo de USD 486. millardos en diciembre pasado. Pero, con el colapso de los precios de las acciones en Wall Street provocado por la subida de aranceles de Trump, su riqueza ha caído a menos de USD 300 millardos. Lo que sube como palma cae como coco.

Cali 6 de abril de 2025

*Filósofo y Economista. Consultor.