Gabriel Ortiz

Por Gabriel Ortiz*.- De un tiempo para acá son muchas las personas que se preguntan quiénes son los poseedores de la verdad, a quién hay que creerle o quiénes son los fabricantes de una realidad que pueda ser reconocida por uno de los bandos en que se divide la opinión pública.

Hasta hace un tiempo había acusadores y acusados, culpables e inocentes, buenos y malos. Se hablaba y se creía. Se investigaba y, con base en ello, se acusaba, condenaba, indultaba o absolvía.

Hace cuatro años, tras ardua lucha por alcanzar promesas y propósitos que nos dieran un baño de reconciliación, perdón y tranquilidad, se firmó un acuerdo que alejó a muchos de las armas, de los bienes usurpados y de la interminable guerra de los 60 años.

Eran millares de frases llenas de esperanza, que se rubricaron en Cartagena y el Teatro Colón.

Los promotores del conflicto montaron en cólera desde el inicio de las primeras conversaciones en La Habana, y hasta crearon empresas para evitar una tregua. Muchos temían, y siguen temerosos, por las soluciones que trae la paz. Bandoleros, paramilitares, guerrilleros, usurpadores y malhechores no admiten que las cosas vuelvan a sus cauces normales. Los aterra que se vacíen sus bolsillos y que fértiles fincas regresen a los titulares de antaño. Por todo eso troquelaron la palabra trizas, para reducir el proceso de paz.

El Gobierno, a cuenta gotas, ha aportado los implementos que requiere este elogiado compromiso, tan exaltado por un mundo que vive sediento de paz y reconciliación. Ese que hizo merecedor del Premio Nobel de Paz a un colombiano. El que hoy mantiene a más de 13 mil personas dedicadas a la producción.

Aún subsisten inconformes, de lado y lado -como ocurre en todos los procesos de paz del mundo- que siguen fuera de la ley, angustiando a los reinsertados o dedicados a asesinar líderes.

De ahí que sea necesario mantener un organismo tan valioso y necesario como la JEP, a donde deben llegar los que estuvieron en el conflicto. Es una jurisdicción a la que hay que creerle, al igual que a quienes confiesan sus crímenes, incluidos los de las motosierras, que “saben mucho de muchos, que tienen mucho poder”.

Si las Farc o los paramilitares dicen que cometieron crímenes hay que creerles. En ello estuvieron y actuaron. Buscar, por odio o venganza, otros culpables es avieso e indigno.

El Presidente Duque dice con arrogancia: “yo mando aquí”, para alejar de la JEP a los paras, a quienes notifica que “mientras sea presidente de Colombia” no les permitirá ir a ese tribunal.  Al mismo tiempo califica la “verdad de los exfarc, de amañada.

Nadie discute al Presidente su mandato. Pero hay serias dudas sobre su apoyo a la paz firmada y blindada.

BLANCO: Los medios de comunicación son uno: prensa, radio, tv y redes. Pero el alivio del Gobierno no contempla estos últimos.

NEGRO: Se nos fue Iván Parra, “Parrita”, gran señor, gran amigo.

Bogotá, D. C, 27 de noviembre de 2020

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.

Write comment (0 Comments)
José G Hernández

Por José G. Hernández*.-  Ante lo que está ocurriendo en Colombia -con noticias diarias que, en medio de la pandemia, registran sin cesar asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos, indígenas, jóvenes, maestros, políticos, desmovilizados; y que dan cuenta del regreso de las masacres, las amenazas de paramilitares y grupos delictivos de diferentes tendencias-, la sociedad tiene que exigir al Estado que cumpla su función.

Ante una incomprensible indolencia gubernamental, seguimos asistiendo al pasajero y cuotidiano reporte sobre la masacre del día, pronto desplazada en los medios y redes por noticias relacionadas con las candidaturas presidenciales emergentes, las peleas entre derecha, izquierda y centro, el fútbol, las declaraciones de la JEP y contra la JEP, los cambios de columnistas en las revistas y la reactivación económica. En consecuencia, siguen adelante -sin mayor alarma- las amenazas de muerte y las matanzas, a cuyos escenarios llegan tardíamente las autoridades para contabilizar el número de muertos y para ofrecer recompensas, prometiendo siempre que no habrá impunidad.

Estamos, sin ninguna duda, ante una gravísima y crítica situación en materia de Derechos Humanos. Lo cual parece no haber sido visto por el Ejecutivo en territorio colombiano, mientras, en cambio, solicita investigación y sanción al venezolano por violación de esos mismos derechos. Como si aquí no estuviera pasando nada. Como si cada acto criminal, al pasar desapercibido, no existiera. Lo cual ha llevado a organizaciones humanitarias a formular solicitudes ante la Corte Penal Internacional para obtener su intervención al respecto. Eso no sería necesario en tanto los mecanismos internos de protección y defensa de los derechos y de lucha contra la impunidad operaran de verdad, pues los tribunales internacionales son complementarios y solamente actúan de manera subsidiaria. Cuando los medios internos no funcionan.

Si verdaderamente el Estado colombiano conoce y es consciente de su misión -más allá de la popularidad de sus máximas autoridades-; si es respetuoso de los Tratados Internacionales y del bloque de constitucionalidad; y si es protector de los derechos y las garantías, si realmente es humanitario; si entiende que una de sus finalidades esenciales es la de asegurar ante todo la vigencia efectiva de valores como la convivencia -que, por definición, exige como presupuesto la garantía de la vida-, la dignidad de la persona humana, la justicia, la igualdad y la paz; si este es un Estado social y democrático de Derecho, no son comprensibles ni aceptables  la actual indolencia, la incapacidad, la extrema frialdad de nuestras autoridades ante la ola criminal que se ha adueñado del país.

Según los artículos 1, 2, 5 y 11 de la Carta Política, el Estado ha sido instituido con la finalidad esencial de garantizar los derechos inalienables de todas las personas dentro del territorio -la vida, el primero de ellos-. El Presidente de la República -reza el artículo 188- “simboliza la unidad nacional y al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos”. En tal sentido, debería ejercer un liderazgo nacional, no el de un partido, para lograr los fines estatales.

Bogotá, D. C, 25 de noviembre de 2020

*expresidente de la Corte Constitucional

Write comment (0 Comments)
Guillermo García Realpe

Por: Guillermo García Realpe*.- Mientras la mayoría de países del mundo cierran filas para hacerle frente a la crisis generada por la actual pandemia y buscar fórmulas que permitan recuperar la productividad y empleabilidad, pero sobre todo proteger sus industrias locales, Colombia y su gobierno hacen esfuerzos enormes, pero para hacer todo lo contrario. 

Aquí lamentablemente siguen insistiendo en proteger a los poderosos, al gran empresariado y a los ricos de este país, sacrificando a los pequeños y medianos empresarios y también por supuesto a la clase media que son la gran mayoría de colombianos. 

Son múltiples las salidas en falso del gobierno, se aprovechan de los decretos legislativos para de por medio meter gabelas e incentivos a los grandes y estimular así a un ínfimo porcentaje que representa la gran riqueza nacional en materia económica.

Vemos con gran preocupación como en el decreto 1090 de 2020, el gobierno nacional sigue dando gabelas arancelarias a la industria internacional sacrificando el producto nacional, en esta ocasión la normativa muy bien diseñada para época de pandemia, les da grandes ventajas a los fabricantes extranjeros, que desde el pasado 3 de agosto, los envíos que hacen a nuestro país vía correo por un monto inferior a los US$200 ya dejaron de estar sujetos al pago de arancel y de IVA. ¡Increíble pero cierto!

El argumento del gobierno nacional es que está cumpliendo compromisos internacionales pendientes y que es necesario impulsar el comercio electrónico, lo que indudablemente se traduce en una muy seria amenaza al producto nacional, y especialmente a la industria de nuestro país.

Lo contemplado en el mencionado decreto les abre las puertas a gigantes como Amazon que tiene inundado los mercados internacionales con una cantidad de productos que para el caso de esta excepción arancelaria rondan entre 35 y 200 dólares. Es decir, la normativa colombiana hecha a la medida de los intereses extranjeros, desplazando a la industria nacional dedicada a la elaboración de productos como zapatos, ropa, electrodomésticos, y otros productos de uso diario también producidos en Colombia y de excelente calidad, es decir, les da a los de allá una ventaja del 19% en competitividad, ¿y los de acá?, ¿qué se jodan? Ese es el gran interrogante que aún no logran resolver desde la Casa de Nariño.

Es inadmisible y reprochable desde todo punto de vista que, en momentos en que la industria nacional y cuando nuestros productores, pequeños y medianos empresarios requieren la mano amiga del gobierno, este les dé la espalda y prefiera privilegiar los intereses externos por encima de lo nuestro, tan golpeado por la actual crisis que vivimos por cuenta de la pandemia. 

Cuando más se debiera proteger la industria colombiana para recuperar el empleo perdido en la pandemia, el decreto 1090 de 2020 permite este exabrupto que legaliza el equivalente al histórico contrabando y por supuesto allana el camino para el lavado de dólares, como bien lo refiere el columnista Marc Eichman de Vanguardia.

Es evidente que la exención de aranceles y de IVA pone en desventaja a la producción nacional contra la importación de bienes del exterior, pues, aunque lo nuestro no paga aranceles, sí está sujeto al pago de IVA.

Llegó el momento para que el gobierno recupere el camino, restablezca su rumbo y replantee todas estas decisiones contraproducentes para la industria nacional y para el producto colombiano, no podemos ver cómo se sigue protegiendo a la gran empresa internacional y lo de aquí quede rezagado a migajas presupuestales que se traducen en pañitos de agua tibia, pero que para nada contribuyen a una solución de fondo a los graves problemas que atraviesan en materia financiera y de productividad.

Nadie entiende esa lógica del gobierno que busca por todos los medios estimular, proteger y favorecer a los empresarios extranjeros y a las multinacionales, y mientras tanto el producto nacional pasando tragos amargos y por ese mismo orden otros sectores como el agropecuario hoy están sumados en una enorme crisis, ya vemos el caso por ejemplo de los papicultores afectados por el bajo consumo, mientras se siguen autorizando la importación de cerca de 60 mil toneladas provenientes de mercados de Europa y Estados Unidos, entre tanto nuestros papicultores tienen que salir con sus cosechas a las carreteras nacionales y a los peajes a feriar su producto a precios irrisorios.

Y ni qué decir de los paneleros, los lecheros y demás trabajadores del agro que a pesar de su aguda situación nos siguen garantizando la seguridad alimentaria, sobreponiéndose a las circunstancias mezquinas y ruines del gobierno nacional.

Pero bueno, ya a este gobierno le queda poco, no se sintonizo definitivamente con la realidad nacional, no escucho el clamor de sus gentes y he ahí los nefastos resultados.

Bogotá, D. C, 23 de noviembre de 2020

*Senador Liberal

Write comment (0 Comments)
Gabriel Ortiz

Por Gabriel Ortiz*.- El superhuracán que diezmó a Providencia y San Andrés, milagrosamente no dejó las acostumbradas víctimas que suele arrojar una tragedia de esta naturaleza. Sin embargo dos compatriotas rindieron sus vidas, mientras la casi totalidad de las viviendas y edificaciones de las islas quedaron por el suelo.

No habían secado sus lágrimas y el espanto aún se reflejaba en las caras de hombres, mujeres y niños, cuando ya, la generosidad de los colombianos se había hecho sentir, con el Presidente Duque a la cabeza y los organismos encargados del socorro secundándolo.

Entre tanto los medios de comunicación de Colombia y el mundo llenaban sus pantallas, invadían las ondas hertzianas y la internet, e imprimían páginas enteras con la noticia.

El Iota no fue un huracán cualquiera. Como águila al acecho, estuvo estacionado varias horas a 8 kilómetros de Providencia y 20 de San Andrés. Entre tanto, su malévola acción destructora, inundaba y ponía en peligro edificaciones y cultivos de la Costa Atlántica. Engrosaba el caudal de ríos que se llevaban animales y cuanto encontraban, por entre las troneras que les servían de cauce.

La maltratada naturaleza, acicateada por el calentamiento global, le dio la orden a Iota de continuar su destructora marcha hacia Centroamérica, pasando, desde luego por Providencia y San Andrés. Sus fauces mordieron con furia nuestras islas, tan apetecidas por Nicaragua, y derrumbaron cuanto encontraron a su paso.

Los raizales, que agazapados esperaron con temor y paciencia el paso de Iota, vieron cómo la penumbra se disipaba y, en la madrugada, los dejó observar la destrucción.

Comprobaron con asombro, cómo las reparaciones de sus bienes, realizadas por el Estado para superar los destrozos del anterior huracán, se hicieron añicos.

Gobiernos, contratistas y corruptos cobraron por lo que nunca ejecutaron. Remendaron, con puntillas y hojas de zinc casas, edificaciones y propiedades estropeadas.

Ahora de nuevo se le da tratamiento de “situación de desastre” a lo que quedo de Providencia y San Andrés. En medio de la tragedia, los damnificados se niegan a recordar los fiascos anteriores y se forran de esperanza para esperar algo diferente en esta ocasión. Víctimas y observadores, piden con ahínco, ansia y fervor que en esta ocasión el Estado ponga lupa a quienes deben encargarse de la reconstrucción. Vigilar para que esta vez, no tengan nada que ver los políticos y sus secuaces, en la recuperación y reparación de sus maltrechos bienes. Esos corruptos solo utilizan puntillas y latas.

Estamos a tiempo de empezar a contratar empresas y reconstructores honestos, antes de que lleguen los debates electorales que se prestan para favorecer a quienes manejarán aquello del “ojo con el 22”.

Y esto debe acelerarse, porque el conocido meteorólogo Max Henríquez, el del Noticiero Nacional, ya pronosticó la aparición de dos nuevas depresiones que se pueden convertir, muy pronto, en potentes “Iotas”.

BLANCO: La generosidad del pueblo colombiano con las víctimas del Iota.

NEGRO: “Eso ya no es Semana”, ha advertido el gran Vladdo. ¡Y no es!

Bogotá, D. C, 21 de noviembre de 2020

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y de Notisuper.

Write comment (0 Comments)
Jairo Gómez

Por Jairo Gómez*.- Solo a un mal ser humano se le ocurre maquinar una trampa para aniquilar un Acuerdo de Paz cuyo encomiable propósito era el de salvar vidas, recuperar la dignidad de millones de víctimas y devolverle a un país la confianza y tranquilidad que perdió durante más de cinco décadas de guerra.

Sólo en la mente de un psicópata cabe la idea de diseñar una plan para volver trizas la paz y regresarlo a la guerra. Desgraciadamente el objetivo se cumplió parcialmente. Cerca de dos mil excombatientes de las antiguas FARC retomaron las armas por culpa de ese macabro plan, y desde entonces han provocado destrucción, muerte de campesinos, campesinas, niños, niñas inocentes; amén de los humildes soldados y policías que han muerto poniendo el pecho en esta inútil batalla.  

Sí, se trata de Néstor Humberto Martínez Neira (NHMN), exfiscal General de la Nación, exministro de todos los gobiernos, aliado de los banqueros y del gran capital. Ese señor llegó a la Fiscalía General de la Nación con el único propósito de aniquilar la paz en Colombia; fue su enemigo declarado.

NHMN, cuando se debatía el Acto Legislativo que creaba el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SVJRNR), siendo Fiscal, se opuso a la justicia transicional y utilizó todas las argucias jurídicas para evitar que la justicia ordinaria no perdiera competencia sobre los procesos de la insurgencia que había negociado la paz con la certeza de que ello implicaría una ruptura inminente del Acuerdo.

Fue tal su arremetida para debilitar el Acuerdo que logró el mandado de evitar que los terceros civiles no tuvieran que acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) obligatoriamente para salvar la responsabilidad de la decadente clase dirigente del país representada en políticos tradicionales, ganaderos, industriales y grupos económicos aliados al paramilitarismo y financiadores de la guerra en Colombia.  

No contento con ese resultado, optó por la inmundicia de la conspiración. Buscó en agentes de la DEA, avalados por la Embajada de Estados Unidos, un aliado para tejer un entrampamiento que concluiría en la extradición de dos Líderes de las FARC que habían firmado el Acuerdo de Paz: Jesús Santrich e Iván Márquez (sus nombres de guerra). Para ello, según revela el diario El Espectador, luego de escuchar más de 25 mil horas de grabación,  la Fiscalía de NHMN, junto a dos agentes de la DEA, diseñó un montaje con cocaína de por medio y millones de dólares para comprometer a los dos negociadores y volar en mil pedazos el Acuerdo de Paz.

Qué sevicia! Qué desproporción, por dios! No fueron solo los guerrilleros los que sufrieron el sofisticado entrampamiento, también lo iban a sufrir personas que presentasen una visión de apoyo al Acuerdo de Paz como la exsenadora y defensora de los Derechos Humanos Piedad Córdoba, y el Vicepresidente, General Óscar Naranjo. Llama la atención que al General Naranjo, reconocido mundialmente en su lucha contra las drogas ilícitas y negociador del Acuerdo, también le estuvieran chuzando las comunicaciones, como revela la nota de prensa. En este caso, NHMN, debería explicar si le estaba haciendo el manado a alguien y quería enlodar al exvicepresidente. Por lo pronto ya la Exsenadora anunció una demanda contra quien trató, sin eufemismos, de “bandido”.

Ese es Néstor Humberto Martínez Neira, el próximo flamante embajador de Colombia ante el Gobierno de España, país en donde tiene a su haber un apartamento de tres millones de euros en el sitio más exclusivo de Madrid, sin haberlo reportado a las autoridades fiscales colombianas.

Al Gobierno del presidente Pedro Sánchez y a su Cancillería les rogamos, los demócratas en Colombia, tener en cuenta las fechorías de este individuo que prefirió la guerra a la paz y que por su culpa hoy entramos en una nueva espiral de violencia que se había disminuido notoriamente con la firma del Acuerdo de Paz; ese señor no representa al pueblo colombiano, representa a Iván Duque, Álvaro Uribe y demás aliados que están haciendo trizas el Acuerdo de Paz. Esperamos que La Moncloa estudie con rigor si le da el beneplácito a este inmerecido aspirante a ser Embajador.   

Bogotá, D. C, 23 de noviembre de 2020

*Periodista. Analista Político.

@jairotevi  

Write comment (0 Comments)
Óscar Vilamizar Meneses

Por Óscar Villamizar Meneses* En Colombia, existen alrededor de 12.480.000 jóvenes de 15 a 29 años y el 21% de esta población no estudia ni trabaja. Cifra alarmante ya que, de esta población, el 85,9% están en situación de vulnerabilidad.[1]

En la actualidad, los jóvenes colombianos se enfrentan a diversas problemáticas, en especial las barreras económicas para acceder a la educación superior, al igual que, sostenerse económicamente mientras estudian una carrera profesional y por último la dificultad para obtener un empleo formal.

Cabe resaltar que, según los análisis y estudios, solo la mitad de la población entre 15 y 17 años accede a la educación superior; lo que demuestra que existen obstáculos para los jóvenes que quieren ingresar y permanecer en una carrera profesional.[2]

Las principales causas de estas problemáticas son: primero, la falta de recursos económicos para sostenerse mientras estudian una carrera profesional o para acceder a ella; y segundo, que las empresas piden más de un año de experiencia para ocupar una vacante y para los jóvenes recién graduados es muy difícil cumplir este requisito.

Frente a esta problemática, se hace necesario que el Gobierno Nacional fortalezca el Programa Generación E, el cual brinda oportunidades de ingreso gratuito a la educación superior pública para estudiantes con bajos recursos económicos, ya que este programa no ha logrado llegar a la mayoría de jóvenes de estratos bajos ubicados en los departamentos de Santander, Amazonas o Putumayo, por dar algunos ejemplos.

Por último, para dar solución a estos problemas el Gobierno Nacional debe brindar beneficios a las empresas que contraten jóvenes recién graduados y así, aumentar el empleo en esta población.

Muchos jóvenes afirman que las empresas deben contratarlos por su capacidad de innovación y creatividad y yo estoy totalmente de acuerdo. Debemos crear garantías para asegurarles a nuestros jóvenes educación y empleo.

Bucaramanga 20 de noviembre de 2020

*Representante a la Cámara. Centro Democrático.

Óscar Villamizar Meneses

Representante a la Cámara por Santander

[1] Fuente: Periódico El Espectador (29 de noviembre del 2019) “Los jóvenes colombianos desde la economía”. Recuperado de: https://www.elespectador.com/noticias/economia/los-jovenes-colombianos-desde-la-economia/

[2] Bases del Plan Nacional de Desarrollo. Recuperado de: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Resumen-PND2018-2022-final.pdf

Write comment (0 Comments)
Alonso Ojeda Awad

Guardo en mi corazón un profundo cariño por los trenes, quizás desde cuando siendo muy niño acompañaba a mi tía Raquel, desde la finca bananera que administraba su esposo en Orihueca, hasta Santa Marta, Magdalena, ciudad donde estaban situadas oficinas administrativas de las bananeras. Allí, ella laboraba desde el jueves en la mañana hasta el sábado al mediodía, hora en que regresábamos en el tren de la tarde a la finca la Catalina, donde vivíamos.

Para mí fue todo un acontecimiento, cuando mis padres me informaron que por mi bienestar debía viajar con mi tía hasta la zona bananera e ir todas las semanas con ella hasta la hermosa bahía de Santa Marta y tomar unos baños de mar que permitieran la recuperación de mi salud.

El recorrido lo hacíamos en el famoso “tren de palito” y atravesábamos toda la zona bananera, que ya había inmortalizado en ese vallenato de leyenda: “El Testamento”, su compositor Rafael Escalona, al decir:

“Y entonces,

me tengo que meter en un diablo al que le llaman tren…

y que sale,

por toda la zona pasa

y de tarde,

se mete a Santa Marta”.

Ese tren se convirtió para mí en la mayor fascinación conocida, era un niño que había nacido en la cordillera Oriental, que tuvo la fortuna de conocer el mar al ser transportado en tren, con pasajeros multirraciales, en medio de chivos, gallinas, racimos de bananos verdes, que hacían del viaje una experiencia inolvidable.

Por eso, mi alegría no tuvo límites cuando me topé con el formidable escrito de Camilo José Forero, el domingo pasado en el diario El Espectador, titulado: “El día que Joe Biden se subió al tren de la victoria”, me permitió conocer a ese hombre que, como yo, ama a los trenes. “Biden hacia campaña de manera sigilosa, sin ruidos, pero efectiva. Y lo hizo poniendo su sello personal en algunos casos: Con un viaje en tren. El presidente Biden ha sido un amante declarado en este sistema de transporte, acumulando en su vida tres millones de kilómetros de viaje en vagones de la red Amtrak”.

La campaña de Biden alquiló un tren y viajó por el Cinturón del Oxido: Pensilvania, Michigan y Wisconsin, subiendo a la clase obrera para hablar sobre sus problemas y las propuestas que él tenía para ayudarlos. Me encanta estar en tren: les dijo, ¡lo decía en verdad! Eso era lo que había hecho toda su vida.

La presidencia de Biden contará con el gabinete más variado en la historia ya larga de la democracia de los Estados Unidos. Será una administración para africanos, latinos, afroamericanos, mujeres cabeza de familia, LGTBT, liberales, socialistas, conservadores. Será una presidencia verdaderamente democrática y con profundo sabor de pueblo. ¡El presidente será el capitán del tren de la nación donde quepa todo el país! “Esa pasión por los trenes, nos dice cómo será como líder”.

El destacado profesor David Alff, escritor de The Washington Post, nos muestra al presidente Biden como una persona conciliadora, quien sostiene que las buenas relaciones entre las personas pueden superar la división partidista y que la benevolencia empresarial podría generar justicia económica.

En la actual y difícil coyuntura que viven los Estados Unidos, nosotros los demócratas estamos al lado de Biden, porque representa la decencia en la política, la posibilidad de disentir y no ser maltratado como frecuentemente lo hace el señor Trump. Estamos convencidos que será un presidente amigo de los Derechos Humanos, vapuleados en el gobierno de Trump. Para Colombia es claro que nombrará como su asesor a Bernie Aronson, demócrata muy conocido por nosotros, para que ayude a consolidar los golpeados Acuerdos de Paz.

Definitivamente siempre vale mucho más un político decente, respetuoso y pulcro con: La Institucionalidad, la Constitución, los Derechos Humanos y los ciudadanos, que un señor abusador del poder como el inmaduro y arbitrario Donald Trump.

Alonso Ojeda Awad

Exembajador de Colombia

Vicepresidente del Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos. (cpdh)

Noviembre 16 de 2020.

Write comment (0 Comments)
Guillermo García Realpe

Por Guillermo García Realpe*. – Los colombianos hemos venido viendo últimamente en reiteradas ocasiones por los medios de comunicación, cómo se agudiza la crisis de los papicultores en nuestro país, escenas inusuales de ver a cientos de campesinos a lo largo de las vías y peajes ofreciendo uno de los productos insignes de la canasta familiar es muy triste e indignante. 

La papa nunca ha faltado en la mesa de los colombianos, es un producto necesario para balancear una buena dieta alimentaria, pero hoy debido a múltiples factores, la disminución del consumo del producto ha venido en caída libre, al punto que más de cien mil familias productoras estén al borde de una crisis de enormes proporciones. 

No es un secreto que la pandemia ha afectado, miles de personas han perdido lamentablemente sus empleos y el bajo poder adquisitivo de la gente, hace que se prioricen la compra de otros alimentos, pero más allá de la covid-19, otras amenazas muy serias para el sector son por cuenta del gobierno nacional que está permitiendo la importación de miles de toneladas de papa congelada provenientes de los mercados europeos y de Estados Unidos, principalmente. Esta situación, desde luego, pone en desventaja a los papicultores nacionales, los tiene literalmente en cuidados intensivos, pues sumado a la sobre oferta del producto y la baja demanda, hacen que hoy no tengan un respiro. 

Otras amenazas que tiene ahogado al sector, además de la importación de papa como ya lo dijimos, son los altos costos de los insumos cuyos valores se ubicaron por encima del 13% y la informalidad que bordea el 90%, esto sumado a la intermediación; hace que hoy no sea rentable dedicarse a este tipo de actividad económica. 

Por ejemplo, en el tema de las importaciones, tan sólo en 2019 se importaron 54.000 toneladas de papa, y para este año lo que se estima, según las cuentas del propio Ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, es que estaremos entre las 57 mil y 60 mil toneladas. Hay que tener en cuenta que por cada tonelada importada se desplazan entre dos y 2,5 toneladas de papa nacional. 

Es ilógico que un país que produce anualmente en promedio más de 2’700.000 toneladas de este alimento esté importando el mismo producto de países como Bélgica, Holanda, Alemania y Estados Unidos. Esto no tiene ningún tipo de presentación. 

Ante la crisis, el Gobierno Nacional anunció hace unas semanas un incentivo a la comercialización de papa por el orden de treinta mil millones de pesos, buscando llegar a más de 25.000 productores y así poder garantizar la comercialización de por lo menos 200 mil de las 350 mil toneladas que se van a producir en lo que resta del año. 

En ese sentido, recientemente durante una sesión en la Comisión Quinta del Senado, le planteé a los Ministro de Agricultura y Comercio, tratar de hacer una revisión de los Tratados de Libre Comercio y los convenios internacionales a fin de poder brindarle un respaldo al sector, asimismo solicité que se restrinjan las importaciones de papa, con lo que producen nuestros campesinos es más que suficiente para cubrir el mercado nacional, que según cifras de FEDEPAPA, está en 35,5 kilos el consumo por persona año. 

Instamos también a los altos funcionarios del gobierno a hacer uso efectivo de la Ley 1876 de 2018, que creó el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria y la cual cuenta con buenas herramientas en materia de capacitación, asistencia técnica, ciencia y tecnología, desarrollo para la pequeña, media industria y la agroindustria, necesitamos un campo tecnificado capaz de enfrentar los desafíos que imponen los mercados externos. 

También se debe acudir a la reciente ley 2046 de 2020, la cual promueve las Compras Públicas Locales, para que las entidades acudan a nuestros campesinos y productores y  hagan negocios con ellos de manera directa, hasta el 30% de sus recursos para tal fin quedaron autorizados dentro de la oferta institucional, igualmente vamos a proponer una modificación a fondo a los Programas de Alimentación Escolar y a cambio impulsaremos un proyecto para que se garantice la Lonchera Popular Campesina, que permita la inclusión de productos frescos que se producen en los campos colombianos y por último el gobierno debería realizar compras masivas de papa y llevar el producto a zonas donde hay serias dificultades de seguridad alimentaria, también buscar un mecanismo de abrirle mercados a la papa a nivel mundial, entonces, hay un abanico de propuestas y alternativas que solo con voluntad política podrían subsanarse. 

Entre tanto, el próximo jueves 19 de noviembre la Comisión Quinta adelantará una audiencia pública con la participación de productores, secretarios de agricultura, funcionarios del gobierno y congresistas para analizar afondo lo que sucede en el sector papicultor y buscarle salidas definitivas a su crisis. Por lo pronto, pongámonos la ruana y el sombrero en el corazón y seamos buena papa. ¡Apoyémoslos!

Bogotá, D. C, 17 de noviembre de 2020

*Senador Liberal

@GGarciaRealpe

Write comment (0 Comments)
Mauricio Cabrera Galvis

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- En estos tiempos de polarización e intolerancia, de odios y venganzas, de mentiras y divisiones, de individualismos y avaricia, es reconfortante escuchar voces de líderes que invitan a la solidaridad y la empatía, al diálogo y la integración, a la protección de la naturaleza y la búsqueda del bien común. Reconfortante y esperanzador, sobre todo cuando estas voces son de líderes políticos que tienen la posibilidad de gobernar sus países a la luz de esos principios.

El más conocido de esos líderes es sin duda don Pepe Mujica, el expresidente del Uruguay, quién nos dio el último ejemplo de su integridad y calidad humana en el ya muy difundido discurso de su renuncia y despedida del Congreso, que es todo un llamado a la reconstrucción de la democracia desde la paz y el diálogo. “En mi jardín hace décadas que no cultivo el odio” dijo, para después abrazar a su enemigo político de toda la vida, el expresidente Sanguinetti.

Otro ejemplo reciente es el de David Choquehuanca, el dirigente aymará que acaba de ser elegido vicepresidente de Bolivia. Su discurso de posesión en el cargo (https://bit.ly/35wZUJf) no solo es un llamado a esos valores que hacen posible la convivencia en las modernas sociedades pluralistas y heterogéneas, sino que está profundamente enraizado en la sabiduría milenaria de los pueblos originarios de nuestra América.

Choquehuanca es un veterano líder campesino y sindical, muy activo desde los años 80, que en el 2006 fue Canciller de la República plurinacional de Bolivia, entre el 2006 y el 2017. Después del golpe de estado que sacó a Evo del poder, encabezó junto con Luis Arce la campaña política que los llevó a ganar las pasadas elecciones.

Su discurso hubiera podido ser un ajuste de cuentas con el gobierno golpista que persiguió a los dirigentes del MAS, que reprimió violentamente a los indígenas y a los movimientos sociales. Pero en lugar de elegir el camino de la revancha y la polarización, hizo un llamado a superar las divisiones con una bella metáfora andina: “Vamos a promover las coincidencias opositoras para buscar soluciones entre la derecha y la izquierda, entre la rebeldía de los jóvenes y la sabiduría de los abuelos, entre los límites de la ciencia y la naturaleza inquebrantable (...). Nuestra verdad es muy simple, el cóndor levanta vuelo solo cuando su ala derecha está en perfecto equilibrio con su ala izquierda.”

Para Choquehuanca el futuro de Bolivia se construirá sobre los valores de su cultura milenaria “Volveremos a nuestro Qhapak Ñan, el camino noble de la integración, el camino de la verdad, el camino de la hermandad, el camino de la unidad, el camino del respeto a nuestras autoridades, a nuestras hermanas, el camino del respeto al fuego, el camino del respeto a la lluvia, el camino del respeto a nuestras montañas, el camino del respeto a nuestros ríos, el camino del respeto a nuestra madre tierra, el camino de respeto a la soberanía de nuestros pueblos.

Pongámosle fin a la intolerancia a la humillación de los derechos humanos y de nuestra madre tierra. El nuevo tiempo significa escuchar el mensaje de nuestros pueblos que viene del fondo de sus corazones, significa sanar heridas, mirarnos con respeto, recuperar la patria, soñar juntos, construir hermandad, armonía, integración, esperanza para garantizar la paz y la felicidad de las nuevas generaciones.”.

Cali, 15 de noviembre de 2020

*Filósofo y Economista. Consultor.

Write comment (0 Comments)
Amylkar D Acosta M

Por Amylkar D. Acosta M*.- “Uno nunca debe desperdiciar una buena crisis”  Churcill. Dice el adagio popular que no hay mal que por bien no venga. En medio de la crisis económica que se precipitó con la pandemia del COVID – 19, el sector agrícola ha mostrado su resiliencia y se ha destacado como uno de los pocos  que, según el DANE, ha registrado una variación en terreno positivo en el primer semestre de este año, con un crecimiento promedio de 6.7%. Gracias a ello se ha podido garantizar el abastecimiento del mercado doméstico de productos agrícolas y se ha mantenido la dinámica exportadora de los mismos, que determinaron el año anterior su crecimiento excepcional, de 2.43%, en medio de la caída del - 5.7% de las exportaciones totales y en el primer semestre de este año tuvieron un nuevo repunte del 10%.

Este hecho es digno de resaltar habida cuenta que en la última década el crecimiento del PIB agrícola siempre ha estado por debajo del crecimiento de la economía, a guisa de ejemplo el año pasado mientras el PIB creció 3.3% el sector agropecuario a duras penas creció el 2%. Como si lo anterior fuera poco, este sector ha venido perdiendo participación en el PIB global, la cual pasó del 18% en 1990 al 6.3% actual. Ello ha obedecido a la falta de una política agrícola que apoye e impulse esta actividad.

Según el Censo agopecuario del 2014 y la Unidad de Planeación Rural Agropecuaria (Upra), de los suelos netamente agrícolas, que son 11,3 millones de hectáreas, solo se aprovecha el 35 por ciento. Según la más reciente Encuesta Nacional Agriopecuaria del DANE (ENA 2019), el área cultivada se redujo a sólo 4´617.116 hectáreas, después que, según la misma Encuesta en 2016 reportó 5´121.508 hectáreas cultivadas.

El caso más patético es lo que ocurre con la producción de alimentos. No obstante que Colombia, según la FAO, está entre los siete primeros países del mundo con mayor potencial para convertirse en parte de la solución de la seguridad alimentaria, en la última década ha pasado de importar 8 millones de toneladas en 2009 a 14 millones de toneladas en 2019. Y ello, a pesar de que la Constitución Política dice en su artículo 64 que “la producción de alimentos debe gozar de la especial protección del Estado” y de lo dispuesto en el Documento CONPES  113 del 31 de marzo de 2007, que establece la “Política nacional de seguridad alimentaria y nutricional (PSAN)”.

El Informe del PNUD en 2011 fue muy  descarnado en su diagnóstico: “Colombia es más rural de lo que se cree, pero cuenta hoy con más hectáreas en minería que en producción de alimentos. El Gobierno firma tratados y asociaciones de libre comercio y crea incentivos para el empresariado agroindustrial pero, con honrosas excepciones, el desempeño productivo agropecuario deja mucho qué desear”.

Como dice el Director de la FAO, José Graziano Da Silva, “no basta que los agricultores tengan la tierra o el acceso a ella, sino también los insumos, bienes y servicios públicos y recursos financieros”. Así mismo, es fundamental el acceso a los mercados, pues “sólo con acceso a los mercados los productores son capaces de absorber las tecnologías mejoradas y así elevar su productividad y competitividad.

Es una realidad que Colombia tiene como uno de sus más importantes retos el de la diversificación de la economía, en la cual el sector agrícola es una de las claves, además de que está llamado a jugar un rol de la mayor importancia en la reactivación económica en orden a superar la recesión en la que estamos inmersos por cuenta de la pandemia del COVID – 19, la cual, según reciente declaración del Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, será peor de lo previsto.

Ahora bien, para que el sector agrícola gane participación en el PIB y crezca más es fundamental una Política agraria que estimule e impulse su competitividad y en ello juega un papel de la mayor importancia la dotación de bienes públicos, especialmente de infraestructura de transporte y de riego. En cuanto a las vías es de destacar el apoyo que le ofrece la Ley de regalías que se acaba de expedir por parte del Congreso de la República, en la cual se le asignan recursos importantes a la construcción e intervención de vías terciarias. En cuanto a riego y drenaje, el Congreso de la República le dio un gran estímulo, primero a través del artículo 227 del la Ley 1955 de 2019 del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 y posteriormente en el artículo 125 de la Ley 2008 de 2019, del  Presupuesto de la vigencia 2020.

Allí se estableció que “la Nación asignará un monto de recursos destinados a cubrir el valor correspondiente a un porcentaje del 50% del costo de la energía eléctrica y gas natural que consuman los distritos de riego y demás esquemas de obtención del agua, tales como pozos profundos, por gravedad o aspersión”. Es de anotar que este beneficio se circunscribe a predios que no superen las 50 hectáreas, es decir a pequeños y medianos propietarios de los mismos. No obstante, después de 10 meses de su vigencia, la falta de acuerdo y coordinación entre los ministerios de agricultura y Minas y Energía, los ha privado de este beneficio. Esto es el colmo!

Barranquilla, noviembre 14 de 2020

*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net

 

Write comment (0 Comments)