Opinión
Las metas que se proyecten deben tener una relación directamente proporcional con la magnitud de los recursos disponibles, para no crear falsas expectativas y futuras frustraciones.
Por: Humberto Tobón*- Sin excesos, sin espectáculo y con un gran pragmatismo, el gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño, anunció que su Plan de Desarrollo se volcará esencialmente a cumplir y fortalecer las metas que estén correlacionadas con el propósito de reconstrucción del departamento.
Una decisión oportuna y acertada. Priorizar las metas y redireccionar los recursos que apuntan a la reconstrucción del tejido social y la infraestructura física, es un aporte sustancial, que de todas maneras necesita ayuda externa.
Se requieren muchos más recursos de los que hoy dispone el gobierno departamental en su presupuesto, o de aquellos que provienen de las transferencias del sistema de regalías, el sistema general de participaciones, el desahorro del Fonpec y el aumento de los cupos de crédito. Los nuevos dineros tendrán que llegar provenientes del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, según se desprende del decreto 1171 del 11 de agosto de 2026, donde se declara la situación de desastre en Colombia por un periodo de doce meses.
Este Fondo será el encargado de manejar los recursos para la respuesta y recuperación del desastre y desde allí se girarán las transferencias económicas a los entes territoriales, en cumplimiento de la ley 1523 de 2012.
Es aquí donde se requiere una coordinación adecuada, para que se puedan definir las prioridades de la inversión de los recursos y estos no se dispersen. “No se puede permitir que se cometan errores en los procesos de planeación y ejecución”, le ha dicho el mandatario risaraldense a su equipo de gobierno.
El gobernador Patiño Ochoa ha señalado que la reconstrucción es un desafío de los próximos diez años para Risaralda y su éxito dependerá de la planeación que se realice hoy, enfatizando que las metas que se proyecten deben tener una relación directamente proporcional con la magnitud de los recursos disponibles, para no crear falsas expectativas y futuras frustraciones.
El gobierno de Juan Diego Patiño dará el banderazo de arranque con el modelo de intervención, que ojalá se convierta en una política pública de mediano plazo, que los próximos dos gobiernos territoriales deban acatar y para ello la presencia de las veedurías ciudadanas será fundamental para que no se desvíen las metas ni se dispersen los recursos.
Pereira, 18 de agosto 2026
*Economista y periodista
La autonomía administrativa, propia de la descentralización, significa libertad y facultad efectiva -a nivel territorial-
Por José G. Hernández*. - Para que el Gobierno aplique y cumpla fielmente la Constitución colombiana -como juró hacerlo- es necesario que la conozca. Parece haber olvidado algunas de sus disposiciones.
Algunos ejemplos:
- En días pasados declaró que el Departamento Administrativo Nacional de Planeación (DNP) depende del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. No es así. Los departamentos administrativos dependen directamente del presidente de la República. Hacen parte del gobierno, junto con los ministerios, según señala el artículo 115 de la Carta Política, cuya parte pertinente conviene transcribir: “El Gobierno Nacional está formado por el presidente de la República, los ministros del despacho y los directores de departamentos administrativos. El presidente y el ministro o director de Departamento correspondientes, en cada negocio particular, constituyen el Gobierno. Ningún acto del presidente, excepto el de nombramiento y remoción de ministros y directores de departamentos administrativos y aquellos expedidos en su calidad de Jefe del Estado y de suprema autoridad administrativa, tendrá valor ni fuerza alguna mientras no sea suscrito y comunicado por el ministro del ramo respectivo o por el director del Departamento Administrativo correspondiente, quienes, por el mismo hecho, se hacen responsables”.
- También ha ignorado el concepto constitucional de la descentralización, pensando que ella se realiza tomando posesión fuera de Bogotá, estableciendo sedes presidenciales en varias ciudades o designando -desde el Gobierno nacional- gerentes o superiores de los alcaldes o gobernadores.
Como lo ha destacado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la descentralización territorial implica el otorgamiento de mayor poder, atribuciones, recursos y competencias a las autoridades y a las corporaciones de las entidades territoriales -departamentos, distritos, municipios-, para ejecución en su propio nombre y bajo su responsabilidad.
La autonomía administrativa, propia de la descentralización, significa libertad y facultad efectiva -a nivel territorial- de ejercer las funciones y disponer de los recursos asignados, con la suficiente independencia en la orientación y el manejo de los intereses regionales y locales.
Según la Corte (Sentencia C-1051/01), “el carácter de entidad territorial implica pues, el derecho a gobernarse por autoridades propias, a ejercer las competencias que les correspondan, administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y, por último, participar en las rentas nacionales”.
- Teníamos entendido que, tras las elecciones, la campaña política había terminado. Pero continúan las frases altisonantes, las consignas contra el gobierno anterior, los saludos militares, los sermones, los anuncios de milagros. Y ahora, en plena crisis generada por el terremoto del 10 de agosto, en Buenaventura -una de las ciudades más gravemente afectadas-, siguen las puestas en escena y la entrega presidencial de balones marcados con el logo de su candidatura, en vez de ayudas y aportes efectivos y oportunos. Así no se cumple la función constitucional.
- El presidente ordena a una ministra revisar nombramientos para verificar rigurosamente que las personas designadas no pertenezcan a tendencias o ideas “incompatibles” con sus "lineamientos", atropellando la libertad de pensamiento y opiniones y el sentido imparcial del servicio público. Lo que debe tenerse en cuenta para una designación, según resulta de las reglas constitucionales, no es la inclinación ideológica del aspirante sino su preparación, su conocimiento, su experiencia y el cumplimiento de los requisitos legales.
Bogotá, D. C, 19 de agosto 2026
*Expresidente de la Corte Constitucional
El debate en torno al Cargo por confiabilidad no debe reducirse a cuánto cuesta el mecanismo, sino lo que garantiza en términos de confiabilidad y firmeza, cómo se remunera y qué señales ofrece para invertir en la capacidad que Colombia necesitará.
Por: Amylkar D. Acosta M* - Lo primero es lo primero: Colombia necesita energía suficiente, firme y disponible en condiciones de hidrología crítica. Ese objetivo debe orientar cualquier ajuste o reforma del Cargo por confiabilidad. La discusión sobre su costo, su distribución entre tecnologías y sus efectos sobre las tarifas es legítima y necesaria; pero perdería el rumbo si terminara debilitando el respaldo que evita que una sequía se convierta en racionamiento.
La Comisión de regulación de energía y gas (CREG), que nació con la Ley eléctrica (143 de 1994), de la cual fui ponente, en ejercicio de su facultad regulatoria diseñó y estableció el cargo por confiabilidad en 2006, mediante la Resolución 071, en reemplazo del Cargo por capacidad que se había establecido originalmente, a través de la Resolución de la CREG 001 de 1996 y la 116 del mismo año que reglamentaba su cálculo.
Según la firma XM, filial de ISA, que opera el Sistema interconectado nacional (SIN), el Cargo por confiabilidad “es un esquema de remuneración que permite hacer viable la inversión en los recursos de generación eléctrica necesarios para garantizar de manera eficiente la atención de la demanda de energía en condiciones críticas de abastecimiento, a través de señales de largo plazo y la estabilización de los ingresos del generador”.
El Cargo por confiabilidad, entonces, es una especie de seguro, por el cual se le reconoce a la empresa generadora una remuneración a cambio de su compromiso de garantizar una oferta de energía en firme (OEF), tornándose exigible su cumplimiento durante cada una de las horas en las que el precio en Bolsa de la energía supere el denominado precio de escasez. Basado en ello, la empresa que recibe dicha asignación se obliga, además de invertir en la planta respectiva, asumir su mantenimiento, de tal manera que pueda garantizar su disponibilidad para cuando sea requerida para respaldar al Sistema. Actualmente esa remuneración es de $84 el KWH, aproximadamente y representa 8 puntos porcentuales, aproximadamente de los 39 puntos porcentuales, que son el peso específico del cargo por generación (G) en la fórmula tarifaria (CU = G + T + C + D + PR + R).
En todo caso la asignación del Cargo por confiabilidad se hace mediante subastas y las empresas a las que se les hizo la asignación tienen ese derecho adquirido hasta 2027 y 2028, de tal suerte que antes de procederse a introducirle algún cambio o su eventual eliminación hay que andar con pies de plomo, de tal suerte que cualquiera que sea la determinación que se tome no ponga en riesgo la confiabilidad y firmeza del SIN y que no impida la expansión de la capacidad de generación que el Sistema pide a gritos. Hay que ser muy cuidadoso en ello.
El Gobierno Petro cuestionó el mecanismo del Cargo por confiabilidad y lo puso en el centro del debate. En agosto de 2025, ante la Comisión Quinta del Senado, el ministro de Minas y Energía Edwin Palma afirmó que los usuarios habían pagado $92 billones por este concepto desde 2006 y presentó seis líneas de reforma, tendientes a “modernizar el esquema” del mismo,. Entre ellas figuran priorizar nuevas energías limpias, diferenciar la remuneración según la tecnología y la antigüedad de las plantas, concentrar el pago en recursos capaces de responder durante la escasez, limitar el tiempo de participación, introducir los ajustes de manera gradual y separar de la fórmula tarifaria la variable asociada a la confiabilidad.
El planteamiento responde a inquietudes reales. No parece razonable que una planta ampliamente amortizada reciba, sin evaluación adicional, el mismo tratamiento que una instalación nueva que debe recuperar una inversión considerable. Tampoco lo sería remunerar como respaldo un recurso que, en el momento crítico, no puede entregar la energía comprometida. La transparencia también es indispensable: si el cargo representa cerca del 10 % del costo unitario del servicio, el usuario debe poder identificar qué paga y qué obtiene a cambio.
Sin embargo, el debate tarifario no puede agotarse en la cifra acumulada. Presentar el total pagado durante casi dos décadas sin relacionarlo con la capacidad respaldada, las obligaciones asumidas, los periodos de escasez atendidos y las inversiones inducidas ofrece una imagen parcial y parcializada. La pregunta pertinente no es solo cuánto ha costado el cargo, sino si el diseño actual compra la confiabilidad adecuada al menor costo posible y con una asignación equilibrada de riesgos.
Además, es pertinente establecer cuál ha sido la contrapartida de esa remuneración. En efecto, durante ese mismo lapso de tiempo (2006 – 2026) la inversión de los privados por cuenta del Cargo por confiabilidad fue del orden de los $113 billones, cifra superior a la que asumieron los usuarios. Ello, además, hizo posible la ampliación de la capacidad instalada en 11.078 MW, más del 50% de la capacidad instalada total. Por lo demás, para el año 2025 los ingresos de los generadores por concepto del Cargo por confiabilidad sólo representó el 21.5%, suma esta que considero razonable.
Lo primero, entonces, es asegurar que el país no se apague. A partir de ese principio, sí corresponde revisar cuánto se paga, a quién, durante cuánto tiempo y a cambio de qué desempeño. Una reforma seria no debe escoger entre tarifas justas y seguridad energética, este es un falso dilema: debe diseñar un mecanismo que haga compatibles ambas. En todo caso preservando los dos principios que contempla la Ley 142 de 1994: la suficiencia financiera de las empresas y la eficiencia de costos de la prestación del servicio de energía. Ese es el verdadero desafío del cargo por confiabilidad.
Cartagena, agosto 16 de 2026
*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.
www.amylkaracosta.net
Convertir la crisis en oportunidad, haciendo causa común para que el Tratado con Estados Unidos no siga siendo un embudo con el lado angosto para la ganadería colombiana.
Por: José Félix Lafaurie Rivera* - Un terremoto de magnitud 7,2 cambia las prioridades de cualquier gobierno. Hay vidas que proteger, familias que atender, infraestructura que recuperar y comunidades enteras esperando respuestas con urgencia.
Pero gobernar también consiste en que lo urgente no desplace a lo importante…
Y entre lo importante está la suerte de más de 300.000 productores de leche, en su mayoría pequeños ganaderos que hacen parte de la pobreza rural y hoy enfrentan una dura realidad, pues desde enero, en virtud del TLC con Estados Unidos, los productos lácteos son de libre comercio entre los dos países, sin cupos ni aranceles. El efecto, hoy apalancado por el dólar barato, es realmente amenazante: Al mes de mayo las importaciones aumentaron 56,4 % frente al mismo corte de 2025 y, solo desde Estados Unidos, ingresaron 18.820 toneladas de leche en polvo, frente a 25.016 durante todo 2025.
Es una amenaza anunciada que además avanza. En 2028 habrá también desgravación total con la Unión Europea, lo cual amerita la acción conjunta de los ministerios de Agricultura y de Comercio para utilizar los instrumentos de defensa comercial cuando haya lugar y para vigilar las reglas de origen frente a las crecientes importaciones desde Chile y Bolivia.
Por eso le escribí a los ministros de Agricultura, Indalecio Dangond, y de Comercio, Mauricio Gómez, pues ambos, junto con la Cancillería, pueden convertir la crisis en oportunidad, haciendo causa común para que el Tratado con Estados Unidos no siga siendo un embudo con el lado angosto para la ganadería colombiana.
De una parte, después de 14 años de esfuerzos sanitarios, productivos y diplomáticos, es imperativo abrir el que debería ser el mercado natural para nuestra carne bovina: Estados Unidos, lo que representaría una oportunidad para el Caribe colombiano, no solo por la enorme ventaja comparativa de la vecindad, sino por sus extensas llanuras interiores donde hoy la ganadería es fuente de subsistencia para miles de familias a partir del llamado “doble propósito”.
Las razas presentes en el Caribe tienen vocación cárnica, con buenos terneros que podrían ser excelentes si se criaran “a toda leche”, pero la de sus vacas, que no pasa de cinco litros diarios, es compartida para vender una parte y ayudar a los gastos. Así las cosas, un ternero que se desteta con alrededor de 160 kilos, podría salir con al menos 200 para los procesos de levante y ceba. Eso es ineficiencia y perpetúa bajos ingresos.
Abrir el mercado estadounidense podría empezar a cambiar esa realidad, pues ante una demanda de buenos precios para más y mejores terneros con destino a la exportación de carne, muchos productores dejarán de ordeñar sus vacas para entregarles toda la leche a los terneros. Es un asunto de especialización.
Para la ganadería del altiplano, con razas de vocación lechera, sustituir la producción del Caribe sería también una gran oportunidad, no solo de crecimiento a partir de un mayor acopio por parte de la industria láctea, sino para neutralizar el efecto de las importaciones y explorar mercados externos. Una vez más, es un asunto de especialización.
Si a este enroque productivo le sumamos genética, buenas prácticas y sostenibilidad ambiental, que es una nueva exigencia de los mercados, estaríamos ante una verdadera reorganización estratégica de la ganadería colombiana, no solo en lo productivo, sino en lo espacial y en su orientación comercial. Cada quien a lo suyo, a lo que mejor hace y en donde mejor lo hace, para mercados claramente segmentados.
El disparador de esta revolución sigue siendo, sin embargo, la apertura del mercado de Estados Unidos a la carne colombiana.
Es algo que no solo es importante…, es también urgente.
Bogotá, D. C, 14 de agosto 2026
*Presidente de FEDEGAN
@jflafaurie
Ahora Pereira se enfrenta a las consecuencias de un terremoto más fuerte que el de 1979 y ve cómo en ese mismo espacio urbano que causó tantos desastres en el pasado, se repite la historia.
Por: Humberto Tobón*. - Era 23 noviembre de 1979 y un poderoso terremoto de 7.2 en la escala de Richter, sacudió con una violencia inusitada a gran parte del país, ocasionándole la muerte a 50 personas y generando una afectación muy alta en la región del centro occidente, especialmente en Pereira.
Muchas edificaciones colapsaron en la ciudad, especialmente en un cordón urbano comprendido entre las calles 3 y 48 con carreras 9 a 13. La mayoría de las muertes ocurrieron en este perímetro.
Se dijo entonces que ello se debía a que las construcciones colapsadas se habían levantado sobre los terrenos que recorre la quebrada Egoyá, la cual fue canalizada hace 100 años en un tramo de casi cinco kilómetros de oriente a occidente.
Se tomaron medidas para mejorar las condiciones técnicas de este colector que recibe aguas lluvias y residuales, para que no siguiera afectando el suelo y este pudiera ser habilitado para nuevas construcciones.
Muchos especialistas no estuvieron de acuerdo con las decisiones del gobierno municipal. A pesar de las advertencias de que no se debía seguir construyendo sobre este corredor, no se prestó atención y las consecuencias han sido desastrosas.
En los terremotos de 1995 y 1999, las edificaciones ubicadas en inmediaciones de la carrera 12, por donde pasa Egoyá, resultaron nuevamente afectadas y la mayoría de las muertes ocurrieron allí.
Ahora Pereira se enfrenta a las consecuencias de un terremoto más fuerte que el de 1979 y ve cómo en ese mismo espacio urbano que causó tantos desastres en el pasado, se repite la historia.
Los edificios cercanos al parque de La Rebeca y los instalados a lo largo de los barrios Popular Modelo, Circunvalar, Pinares, Alpes y comuna Villavicencio, incluyendo la Clínica Comfamiliar, Invico, Centro Comercial Pereira Plaza, la Gobernación de Risaralda, la iglesia San José y Fiducentro, entre muchos otros, quedaron muy afectados y varios de ellos tendrán que ser demolidos.
Lo cierto es que la alcaldía de Pereira y su secretaría de Planeación, así como los curadores urbanos, han prestado oídos sordos durante décadas a las advertencias técnicas y han facilitado que nuevas edificaciones se levanten en estos terrenos.
El dolor de la tragedia pasará. Las licencias de reconstrucción y construcción se seguirán expidiendo y en unas dos décadas volveremos a recordar, cuando un nuevo terremoto sacuda la tierra, y caigan más edificios y se contabilicen más muertos, que allí, en la zona de influencia de Egoyá, no se debió haber construido.
Expreso mi inmenso dolor y mi solidaridad a quienes perdieron a sus familiares por efectos de este terremoto.
Pereira 12 de agosto 2026
*Economista y periodista
@humbertotobon
En tiempos de polarización, defender las instituciones no es una postura neutral: es una decisión democrática fundamental.
Por Amylkar D. Acosta M*. - Después de la tempestad viene la calma. Luego del fragor de la contienda electoral para elegir democráticamente al sucesor del Presidente Gustavo Petro Urrego, desde el 7 de agosto asumió la conducción de los destinos nacionales, el Presidente Abelardo De la Espriella, con sus propuestas y propósitos disruptivos con respecto a los de su antecesor. Ello significará un giro de 180 grados en la política pública, así se infiere de su programa de gobierno, el cual, muy seguramente, con la coadyuvancia del nuevo Congreso de la República, se plasmarán en el Plan Nacional de Desarrollo 2026 – 2030. Hacemos votos por el buen suceso de su administración, ¡porque si le va bien a él, le ira bien al país y a todos los colombianos!
Entre el expresidente Gustavo Petro Urrego y el Presidente de la República Abelardo De la Espriella hay profundas diferencias, uno y otro tienen talantes y estilos diferentes, dos visiones, son polos opuestos, pero por encima de sus diferencias tiene que prevalecer la institucionalidad, que no se puede confundir con el statu quo. El relevo en la Presidencia de la República marca algo más que un cambio de gobernante. Representa el tránsito entre dos estilos de ejercer el poder, dos visiones de la política y dos extremos ideológicos que han protagonizado buena parte de la intensa polarización que ha vivido Colombia en los últimos años.
De un lado, una concepción del poder sustentada en la confrontación, en la movilización social como instrumento de gobierno y en una visión de cambio estructural que, en no pocas ocasiones, terminó tensionando la relación entre el Ejecutivo y las demás ramas del poder, así como con los órganos de control. Del otro, emerge una visión distinta, que reivindica el orden, la autoridad, la iniciativa privada y una orientación política ubicada en el extremo opuesto del espectro ideológico.
Son, en consecuencia, dos maneras muy diferentes de entender y abordar el ejercicio del poder y la conducción del Estado. Pero hay algo que debe estar por encima de ambas: el respeto por la institucionalidad. Porque la democracia no consiste solamente en el acto de elegir a quien gobierna. Consiste, sobre todo, en que quien resulte elegido gobierne dentro de las reglas de juego preestablecidas, respete y haga respetar la Constitución, garantice la separación de poderes y entienda que las instituciones están llamadas a sobrevivir a los gobiernos de turno. El gran jurisconsulto austríaco Hans Kelsen supo distinguir muy bien entre la legitimidad de origen y la legitimidad del ejercicio del poder, la cual se refrenda cotidianamente con los actos de gobierno”.
El Presidente de la República no es el Presidente de quienes votaron por él. Es el Presidente de todos los colombianos y de acuerdo con la Constitución Política es además el Jefe de Estado, Jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa, al tiempo que su investidura simboliza la unidad nacional. Y esa condición obliga a gobernar para todos, a escuchar incluso a quienes discrepan, a buscar y propiciar consensos y a superar el antagonismo que convierte al adversario político en enemigo. Colombia no necesita pasar de un extremo al otro. Necesita recuperar el centro de gravedad de la democracia: el Estado de derecho, la separación de poderes, el respeto por las instituciones y la búsqueda de acuerdos nacionales sobre aquello que es fundamental para el presente y el futuro del país. En la democracia no hay cabida para el mayoritarismo.
Los estilos de gobierno cambian, mutan, con el relevo en el mando que tiene lugar cada cuatro años. Las ideologías pueden alternarse en el poder. Los presidentes llegan y pasan. Las instituciones, en cambio, permanecen. Y esa es, finalmente, la gran prueba de fuego del relevo presidencial: que el cambio de gobierno no signifique el reemplazo de unas hegemonías por otras, sino la demostración de que la democracia colombiana tiene la madurez suficiente para garantizar la alternancia y saber procesar las diferencias
El verdadero triunfo de la democracia no es que gane una ideología sobre otra, avasallándola. Es que, cualquiera que sea el gobierno de turno, prime la institucionalidad, que el cambio de gobierno no signifique el reemplazo de unas hegemonías por otras, sino la demostración de que la democracia colombiana tiene la madurez suficiente para garantizar la alternancia sin mayores traumatismos.
Y este no es un concepto abstracto: se expresa en la independencia de la justicia, en el respeto por el Congreso, en la libertad de prensa, en la autonomía de los órganos de control y en la certeza de que ninguna voluntad política, por mayoritaria que sea, está por encima de la Constitución. En tiempos de polarización, defender las instituciones no es una postura neutral: es una decisión democrática fundamental. Porque cuando ellas se debilitan lo que se fortalece no es un proyecto político, sino la incertidumbre, la desconfianza y la inestabilidad.
Por eso, más allá de los discursos y las arengas, de las diferencias ideológicas o de los estilos personales de gobierno, el verdadero legado de cualquier administración debería medirse en su capacidad de fortalecer, respetar y no erosionar el entramado institucional del país.
Solo así la alternancia en el poder dejará de ser una fuente de incertidumbre, inestabilidad y tensión permanentes y se convertirá en lo que debe ser en una democracia madura: un ejercicio normal, previsible y respetuoso del orden constitucional. En últimas, ese es el desafío de Colombia: que ningún proyecto político, por legítimo que sea en su origen, pretenda estar por encima de las reglas que nos unen como Nación.
Cota, agosto 7 de 2026
*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.
Es claro que la Constitución no quiere un servicio público parcializado. Lo debe tener en cuenta el nuevo gobierno.
Por José G. Hernández*. - La imparcialidad de los servidores públicos -con mayor razón si desempeñan altos cargos- es un elemento esencial para que el Estado cumpla su función. Ellos no son voceros ni representantes de organizaciones, gremios o empresarios. Son funcionarios al servicio de la comunidad entera, del interés general y del bien común, sin preferencias ni exclusiones.
Sus actuaciones, decisiones y políticas han de ser objetivas, orientadas a la realización de valores constitucionales como la vida, la salud, la convivencia pacífica, la libertad, el trabajo, la justicia, la educación, la cultura, el orden público, la vivienda digna, el equilibrio ecológico. Y, desde luego, a velar por la responsabilidad, el cabal cumplimiento de los deberes y obligaciones, a la luz de las reglas vigentes.
Cada organismo o entidad pública ha de actuar según las disposiciones constitucionales o legales, en el ámbito de sus respectivas competencias. Las determinaciones y medidas oficiales no pueden estar encaminadas al beneficio o a la ganancia de determinados grupos o sectores, ni tampoco a su perjuicio o detrimento, ni a discriminación alguna.
Al tenor del artículo 2 de la Constitución, las autoridades de la República “están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.
Como lo ha expuesto la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia, el Estado debe contar con servidores públicos que, en sus distintos niveles y dependencias, cristalicen los propósitos de la colectividad. Su experiencia, conocimiento y dedicación han de garantizar una verdadera y probada aptitud para atender las necesidades, urgencias y requerimientos colectivos a nivel nacional, regional y local, cumpliendo las altas responsabilidades estatales.
El Estado Social de Derecho, como dice la doctrina constitucional, requiere la aplicación de criterios de excelencia en la administración pública, y ello exige de cada funcionario no solamente preparación y conocimiento en lo específico de sus funciones y atribuciones, sino compromiso, dedicación, imparcialidad y honestidad. Por eso, el artículo 122 de la Constitución estipula que “ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben”. Y el 123 destaca que “los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento”.
El artículo 126 dispone: “Los servidores públicos no podrán en ejercicio de sus funciones, nombrar, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente.
Tampoco podrán nombrar ni postular como servidores públicos, ni celebrar contratos estatales, con quienes hubieren intervenido en su postulación o designación, ni con personas que tengan con estas los mismos vínculos señalados en el inciso anterior”.
Según el artículo 127, “la utilización del empleo para presionar a los ciudadanos a respaldar una causa o campaña política constituye causal de mala conducta”.
Es claro que la Constitución no quiere un servicio público parcializado. Lo debe tener en cuenta el nuevo gobierno.
Bogotá, D. C, agosto 9 de 2026
*Expresidente de la Corte Constitucional.
“Vías decentes para el campo” y “conectividad rural” deberían ser programas prioritarios para romper el aislamiento a que está condenada media Colombia.
Por: José Félix Lafaurie Rivera*. - Esa es la expectativa con que recibimos al gobierno de Abelardo de la Espriella los productores agropecuarios y la población rural, porque el propósito de convertir a esta Patria nuestra en un Milagro de desarrollo económico y social pasa, necesariamente, porque ese milagro empiece en el campo abandonado.
La esencia del milagro es obrar sobre situaciones extremas con soluciones que parecen imposibles, y esa es la situación del campo: extrema y ávida de soluciones ofrecidas y nunca cumplidas, mas no imposibles. Yo diría que el Campo Milagro, tiene otro nombre: verdadera voluntad política.
En Colombia, la situación extrema del campo se asocia, por muchos y con mucho facilismo, con la violencia como causa principal. Igualmente, el narcotráfico y su entorno de ilegalidad total se presume como causa de esa violencia, cuando apenas es uno de sus actores.
La seguridad se convierte entonces en prioridad; y la verdad que lo es, más no como objetivo final ni solución definitiva, sino como condición sine qua non para superar la violencia y, por ahí mismo, también el atraso rural. En ese orden de ideas, ni la violencia ni la situación extrema de campo se explican con la falta de seguridad (léase justicia y presencia policial y militar). Su verdadera explicación, su verdadera causa es la falta… de todo…, es el abandono.
Y donde falta todo, el milagro es vistoso y transformador. La seguridad y una justicia efectiva que persiga y castigue a los bandidos, abrirá caminos a la inversión y el desarrollo rural, pero hay otros caminos por abrir: “Vías decentes para el campo” y “conectividad rural” deberían ser programas prioritarios para romper el aislamiento a que está condenada media Colombia.
Ahí empieza el Milagro: reactivación de la producción agropecuaria con salida a los mercados, sumada a una presencia integral del Estado: Crédito de fomento con asistencia técnica exclusivo para productores rurales; política de asociatividad para pequeños productores; agua y energía para la producción rural; además de presencia social con programas de salud, educación y vivienda en el campo y para el campo.
La ganadería espera también un milagro. Han pasado 20 años desde la firma del TLC con Estados Unidos y 14 años desde su entrada en vigor, sin que, a pesar de los inmensos esfuerzos por lograr admisibilidad para la carne colombiana, hayamos podido colocar un solo kilo en ese mercado, mientras, por otro lado, más de 77.000 toneladas de leche entraron al país en 2025 desde Estados Unidos, agravando la difícil situación de nuestros productores.
Para la ganadería de la Costa Caribe, con cerca de 9 millones de animales, Estados Unidos debería ser un mercado natural para nuestra carne, por el precio competitivo, pues el costo de producción de nuestra ganadería en pastoreo es menor al de la ganadería texana a base de maíz; por nuestra calidad genética, por la cercanía a los puertos, etc.
Ese milagro, que no debería ser excluyente del mercado chino para la carne y para cualquier otro producto colombiano, no solo representaría un impulso transformador para la ganadería colombiana, sino un factor importante de diversificación de la canasta exportadora y de generación de divisas, además de un dinamizador del desarrollo rural para los departamentos caribes que cuentan con la ganadería como una de sus principales actividades productivas.
La solución definitiva a la trazabilidad con una reforma profunda del ICA, el fomento decidido a la Ganadería Sostenible y otros retos que no me caben en estas líneas, son parte de esa ganadería moderna y transformadora que hará parte del Campo Milagro que los productores agropecuarios, la población rural y el país se merecen.
Bogotá, D. C, julio 9 de 2026
*Presidente de Fedegan
@jflafaurie
El manejo de nuestra política internacional requiere de una ambiciosa y cuidadosa atención más allá de innecesarios compromisos ideológicos.
Por: Fernando Cepeda Ulloa*. - Es la hora de recordar el significado que para Colombia y Estados Unidos han tenido unas relaciones, no tanto bilaterales cuanto de amistad. En todos los campos, desde los temas de cooperación en el sector educativo, particularmente el de la educación superior, hasta los temas bien complejos de la seguridad nacional, ha existido una relación generosa y de máxima confianza que hace de la nuestra, con esa gran nación, una relación muy especial.
Afortunadamente, no fue así durante los últimos cuatro años, por la postura ideologizada del gobierno, y una actitud muy contraria al espíritu de amistad que había caracterizado nuestra histórica relación.
Es bien claro que el nuevo mandatario de Colombia, Abelardo de la Espriella, cuenta con el apoyo del presidente de los Estados Unidos, de su secretario de Estado, y ello significa del gobierno de esa gran nación. Tanto que los opositores del nuevo presidente consideran como indebida la actitud tan positiva del presidente Trump frente al nuevo presidente de Colombia.
Así pues, lo que tenemos a la vista es la reanudación, ojalá reforzada, de las buenas relaciones entre Colombia y esa gran nación. En un momento en el cual el propio presidente Trump, por lo menos en dos documentos oficiales de gran significación, la Estrategia de defensa y la Estrategia de seguridad ha expresado su voluntad de sostener una nueva relación con el hemisferio, mucho más constructiva y que abarque, no sólo temas de seguridad y de lucha contra el narcotráfico, sino de inversiones y otras formas de relacionamiento que resulten provechosas para ambos países.
Tengo bien sabido que América Latina no ha sido siempre el aliado que ha debido ser con los Estados Unidos. En varias ocasiones ese país ha formulado políticas muy generosas hacia el hemisferio que no han encontrado una respuesta entusiasta por parte de los diferentes países y me parece que ha venido corriendo lo mismo con estas manifestaciones tan contundentes del presidente Trump.
Colombia ha tenido, normalmente, una actitud bien diferente a la de sus colegas latinoamericanos, la de muchos de ellos, frente a los Estados Unidos. Y es hora de que respondamos con entusiasmo, optimismo y sentido de auténtica amistad a las contundentes manifestaciones del gobierno de los Estados Unidos con respecto a la América Latina y el Caribe. Y todo parece indicar que así lo ha entendido el nuevo presidente de Colombia y que ojalá su actitud se traduzca en el mejor aprovechamiento de una gran oportunidad.
Además, el momento que está viviendo Colombia, en muchos aspectos, requiere como nunca del mejor apoyo de sus amigos en el exterior. Ya la CAF, Banco dirigido por el exministro Díaz Granados, anunció un ambicioso programa de varios miles de millones de dólares. Maravilla. Y lo propio se puede esperar de otros bancos multilaterales como el Mundial, e Interamericano que han tenido, históricamente, una notoria y fructífera en relación con Colombia.
Pero esta cooperación tan necesaria en el sector financiero, es también muy importante en otros sectores de la actividad colombiana, principalmente el que tiene que ver con la erradicación de la pobreza, la lucha por lograr la excelencia en todo el sistema educativo, una eficaz administración de justicia y, ojalá, una actividad tan exitosa como lo fue la del Plan Colombia para la seguridad y la paz en Colombia.
Y ello no quiere decir que se subestime la significativa y valiosa tradición histórica de nuestra relación con Europa y la que debemos fortalecer, y mucho, muchísimo, con Asia y sin duda con África. Australia y Nueva Zelanda, entiendo que están bien atendidas.
Más que siempre, el manejo de nuestra política internacional requiere de una ambiciosa y cuidadosa atención más allá de innecesarios compromisos ideológicos. El nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula Escobar, tiene una excepcional experiencia en el mundo diplomático y un clarísimo entendimiento de la actualidad de las relaciones internacionales y por ello existe confianza en que su desempeño va a dar lugar a excelentes beneficios para todos los sectores en Colombia.
Bogotá, D. C, agosto 9 de 2026
*Analista Político, Catedrático. Exministro de Estado.
Pronto, los aviones comenzarán a bombardear los campamentos de las guerrillas y a fumigar las 230 mil hectáreas sembradas de coca
Por Hubert Ariza*. - Con el juramento del presidente Abelardo de la Espriella comenzó el mandato de la anunciada patria milagro, un modelo de país que ya había sido anunciado en campaña y por el que votaron casi 13 millones de colombianos. Vestido con un fino traje de corte italiano, corbata y zapatos impecables, y acompañado de su familia, el mandatario no se salió un segundo de la estética, la narrativa ni el libreto que marcó una de las elecciones más reñidas en la historia reciente del país, en la que triunfó por menos del uno por ciento.
Ante cerca de 2500 invitados, el mandatario hizo una puesta en escena en la que no hubo citas a la diversidad étnica, ni a las culturas ancestrales, sino imágenes de la Virgen María, cantos religiosos, oraciones de diferentes Iglesias y evocaciones a un Colombia “del orden, la autoridad y la libertad”, en la que volverá la fumigación aérea de los cultivos ilícitos, llegará el fracking que amenaza el medio ambiente, se impondrán la economía extractivista, el fin del diálogo con organizaciones armadas ilegales, una política exterior volcada hacia el comercio y el afianzamiento del Escudo de las Américas, y una serie de medidas económicas para superar el déficit fiscal.
En la posesión ante el Congreso de la República, en sesión extraordinaria en el auditorio de la Universidad Santiago de Cali, se vieron las caras alegres de los ganadores, que vieron al nuevo jefe de Estado jurar ante el presidente del Senado, Honorio Henríquez, y rezaron y cantaron con fe, vocación y alegría, olvidándose del país laico que hizo posible la Constitución de 1991. Los perdedores de la izquierda petrista no asistieron al festejo de la derecha abelardista, prefirieron congregarse, sin armar alboroto, alrededor de sus líderes, Iván Cepeda y Carolina Corcho, en Barranquilla, Cali y otras ciudades.
Entre los invitados especiales en la posesión estaban el exjefe de Estado Iván Duque, al lado del hombre que lo llevó a la Casa de Nariño: Álvaro Uribe Vélez, cuyo partido, el Centro Democrático, se defiende para no ser devorado por el nuevo partido del abelardismo, “Defensores de la Patria”. El fenómeno político que el país mira con expectativa es el del viejo caballista paisa con tierras en Córdoba, luchando para no dejarse borrar de la arena política por un exaliado cordobés que lo puso en jaque maté y amenaza con pensionarlo y quedarse con su manada.
La posesión fue un acto lleno de simbolismos que quedará marcado en la historia de Colombia. Cañonazos de salva, un discurso lleno de promesas, un lenguaje corporal que evoca la escuela italiana de antes de la Segunda Guerra Mundial, y un ataque frontal a Petro, quien gobernó, como prometió, hasta el último minuto posible. La salida de la Casa de Nariño, vestido de blanco, al lado de sus hijos y su anillo de servidores más cercanos, echó por tierra las narrativas del dictador que se iba a perpetuar en el poder.
Lo que sigue para Colombia es la confrontación de dos narrativas diametralmente opuestas. El choque de dos liderazgos irreconciliables, ambos con ciudadanía italiana. Tanto Petro como el presidente Abelardo gozan del pasaporte de la tierra donde los partisanos cantaron Bella Ciao y derrotaron al fascismo. Ahora, estos dos lideres tendrán en sus manos el destino de la política durante los próximos años. Petro levantando la bandera de la lucha contra el fascismo, y De la Espriella, defendiendo la legitimidad y pertinencia de su mandato, bajo el paraguas del Escudo de las Américas y Trump.
En Cali quedó ratificado el compromiso del presidente De La Espriella de no convocar una Asamblea Nacional Constituyente, no extender su período, y entregar el poder pacíficamente en cuatro años. Con ese mensaje busca desactivar a la oposición de la izquierda que vaticina que el modelo bukeliano, de El Salvador, se impondrá y se aplicará la receta de modificar la Carta Política, tomarse las Cortes y revocar el Congreso para convocar nuevas elecciones, ganar las mayorías y perpetuarse en el poder.
Para la izquierda, De la Espriella llegó para quedarse; para la derecha, Petro salió para nunca más volver y terminar en una cárcel en Estados Unidos. La polarización extrema quema el centro, rompe amistades y siembra de minas el futuro de Colombia. La alianza Uribe-Petro es un frente común para contener la ola de extrema derecha que amenaza a sus opositores.
A la anunciada agenda del fin de la paz total con las organizaciones armadas ilegales con la frase “la opción del diálogo está agotada”, la fumigación aérea con glifosato de última generación, el fracking, la construcción de megacárceles y la visión de una economía extractivista, se opondrán el Pacto Histórico y las organizaciones sociales. Ello significa una convulsión social permanente. Sin las consejerías de paz y derechos humanos, ni la encargada de la aplicación de los acuerdos de paz, el grito de “nos están matando” se volverá a escuchar. La izquierda ya tiene listo el contador de lideres sociales asesinados.
Sí, “el Tigre’ ha llegado y sabrán lo duro que muerde cuando se trata de defender al pueblo colombiano”, como dijo el mandatario, pero desde la oposición Petro intentará inmolarse en la defensa de su vida, su libertad y su legado. Será un enfrentamiento de felinos. Uno desde el poder y el manejo de la Fuerza Pública, el otro, desde la calle, invocando la desobediencia civil. Los senadores Iván Cepeda y Carolina Corcho harán lo propio desde el Congreso.
La promesa de que “en la patria milagro nadie será perseguido por pensar distinto ni privilegiado por respaldar al Gobierno nacional. Las mayorías tendrán derecho de gobernar y las minorías el derecho de controvertir con garantías”, es un mensaje conciliador del presidente entrante, que busca aminorar la intolerancia del ala radical de sus seguidores. En campaña se escuchó conjugar con fuerza el verbo “destripar”, que en las redes sociales los más intolerantes continúan usando contra los opositores al Tigre. Lo grave en Colombia es que las amenazas se cumplen, y los destripados llevan décadas contándose.
La lucha contra la corrupción será un tema central del Gobierno que comienza y sobre el cual los colombianos serán implacables. Este fue el enorme hueco por donde se fugó el apoyo de un sector de los colombianos a Petro y condujo a la derrota de Iván Cepeda. Pero el presidente De la Espriella, en Cali, se limitó, al respecto, a prometer “herramientas modernas para prevenir, detectar y perseguir el uso indebido de recursos públicos”, entre ellas, la inteligencia artificial, los sistemas de análisis de datos, tecnologías de trazabilidad digital y herramientas como blockchain. Nada de ello parece un remedio de inmediata aplicación y efectiva reparación del tejido social. La cultura del enriquecimiento ilícito sigue siendo una epidemia.
Quizá en este campo el país espera mucho más del Gobierno que comienza. ¿Qué piensa el presidente del papel que deberían cumplir los órganos de control y la Fiscalía en ese campo?, es una pregunta obligada. El país, y sobre todo la oposición, serán implacables contra la corrupción en el Gobierno entrante. Y bien vale ir más allá de anuncios generales. Hay que concretar medidas que signifiquen un antes y un después en la lucha contra los corruptos. Bastante tarea tiene el nuevo ministro de Justicia, Iván Cáncino. La posición del Gobierno frente a la elección del Contralor General de la República, el próximo 12 de agosto, enviará un mensaje contundente. Ojalá no se equivoquen de pupilo. Una reforma a la justicia es, además, una propuesta que ronda desde hace años.
Por ahora, los ojos están puestos en los 90 decretos que se han anunciado. Y en las medidas que adoptará el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Mártinez. Congelar el gasto público, presentar una reforma tributaria y eliminar el impuesto al patrimonio, son medidas anunciadas que generarán amplios debates en el Congreso y entre los expertos. Será una ocasión para ir afinando el modelo económico extractivista que gobernará los próximos cuatro años.
En conclusión, ha comenzado la era del Tigre, con una reedición del esquema Gobierno-Oposición, con dos felinos enfrentados, y una sociedad civil más organizada, con la amenaza permanente de una nueva edición del estallido social. Pronto, los aviones comenzarán a bombardear los campamentos de las guerrillas y a fumigar las 230 mil hectáreas sembradas de coca. Lo que se vio ayer en Cali es el comienzo de los cuatro años de la patria milagro y a medio país de rodillas rezando con fe porque al Tigre le vaya bien.
Bogotá, D. C, agosto 9 de 2026
*Periodista, internacionalista y analista político.
Tomado de El País.
