Mauricio Cabrera Galvis

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Las llamas que han destruido millones de hectáreas en Australia son solo un anticipo de las consecuencias apocalípticas que viviremos si todos, gobiernos y ciudadanos, no cambiamos un modelo de desarrollo y un estilo de vida que destruye el medio ambiente y propicia el calentamiento global. Pero no son los únicos incendios que amenazan a la humanidad.

La revista Foreign Policy hizo un análisis de los 10 conflictos que pueden resolverse o agudizarse en el 2020. Unos internos y otros internacionales, pero algunos, los conflictos locales reflejan el enfrentamiento geopolítico de las grandes potencias.

El de Etiopia es un conflicto puramente interno de raíces étnicas, que está encontrando una salida en diálogos de paz entre las tribus enfrentadas, mientras que en Burkina Faso la violencia proviene de fanáticos musulmanes con vínculos con Al-Qaeda y el Estado Islámico que amenazan con colapsar el Estado y contagiar a los vecinos Costa de Marfil, Ghana y Benin.

Los casos de Yemen, Cachemira, Libia y Venezuela son conflictos internos pero con clara incidencia de las grandes potencias. En Yemen, la guerra civil que condujo a la mayor tragedia humanitaria por hambruna de la población es el campo de batalla de la confrontación entre Irán y Arabia Saudita –respaldada por Estados Unidos- por el predominio político y militar en el mundo árabe.

El de Cachemira es un conflicto interno en la parte de esa región que pertenece a la India, pero tiene el trasfondo de la disputa entre la India y Pakistán por el control de toda la Cachemira. Su origen es religioso pues enfrenta los nacionalistas hinduistas y los musulmanes que son mayoría en esta región pero minoría en toda la India, y ahora están amenazadas por las nuevas leyes anti musulmanas.

En Libia la fallida operación de derrocar al dictador Gadafi para restaurar la democracia ha llevado a una guerra civil que ha dividido el país en dos facciones que a su vez representan los intereses encontrados de grupos de potencias extranjeras que les proporcionan armamentos y avivan la guerra.

En Venezuela la oposición con el apoyo de Estados Unidos, Colombia y otros países latinoamericanos no ha podido derrocar a Maduro, porque este todavía cuenta con algo de apoyo popular y el de los militares, pero también con el de Rusia y China. Otra batalla geopolítica.

En conflictos internacionales como los de Afganistán y Ucrania, en los que hay invasores extranjeros, hay perspectivas de solución negociada. En el primero por cansancio de Estados Unidos y los talibanes ante la imposibilidad de ambos de lograr una victoria militar y en el segundo por las presiones internacionales a Rusia.

Cali 19 de enero de 2020

*Filósofo y Economista, consultor.

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Amylkar D Acoosta M

Por Amylkar D. Acosta M*.- Como se recordará, recién posesionado del cargo y a propósito del Presupuesto para la vigencia de 2019, el Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla alarmó al país cuando afirmó, sin rodeos, que el mismo estaba desfinanciado en $25 billones. Basado en esta cifra descomunal, que había sacado de su propio magín y sin soporte documental alguno para criticar el gobierno anterior, calificándolo de “derrochón”, le anunció al país una reforma tributaria, que disfrazaron de Ley de financiamiento, para enjugar el déficit. Se aspiraba recaudar por esta vía $19.46 billones en 2019 y $13.21 billones en 2020.

A poco andar y sin mayores explicaciones, como por arte de birlibirloque, según el Ministerio de Hacienda el verdadero faltante presupuestal se redujo a “sólo” $14 billones, de los cuales $11.3 billones se financiarían con la más dura reforma tributaria en muchos años. En última instancia, el Ministro Carrasquilla se tuvo que resignar a que el mayor recaudo esperado con la Ley 1943 de 2018 de financiamiento se redujera a solo $7.3 billones para este año.

Se dijo entonces por parte del Ministro Carrasquilla que el Gobierno saldría a vender el 8.5% de sus acciones en ECOPETROL, para completar el 20% de enajenación autorizado por el Congreso de la República mediante la Ley 1118 de 2006 e iniciar el proceso para la venta del 51% de su participación en ISA, una de las dos joyas de la Corona. Adicionalmente, le solicitó al Comité consultivo de la Regla fiscal la flexibilización de esta, supuestamente para poder atender la masiva afluencia de inmigrantes venezolanos, cuyo costo estimaba en 0.5 puntos porcentuales del PIB. El Comité acogió su solicitud y elevó la meta del déficit fiscal del 2.4% del PIB a 2.7%.

No obstante, el Ministro Alberto carrasquilla, al momento de radicar en el Congreso de la República el proyecto de presupuesto para la vigencia de 2020, pese a que el mismo, según el Ministro está desfinanciado en $8.5 billones y es una incógnita saber de dónde van a salir, muy eufórico, planteó que se tiene un “panorama fiscal despejado”. Y como si lo anterior fuera poco desechó la decisión del Comité consultivo y hasta la fecha se ha mantenido en sus trece de alcanzar la meta del déficit fiscal para eL 2019 de 2.4% (¡!). Y ello, descartando de paso, porque según él no se requiere, la venta anunciada de las acciones de ECOPETROL y de ISA. Ello dejó patidifusos a los analistas y a las firmas calificadoras del riesgo de la deuda soberana del país.

Pero nadie contaba con la jugadita de Carrasquilla, quien apoyándose en la facultad que le dio el Congreso de la República a través de la Ley 1955 de 2019 del Plan Nacional de Desarrollo para saldar deudas mediante la emisión de títulos de Tesorería (TES), procedió a “recontratarla” por un valor de $28.4 billones, contratando nuevo endeudamiento por valor de $19.2 billones. Mediante este ingenioso mecanismo, de pagar deudas con más deudas, además de elevar el nivel de la deuda, según la Contraloría General de la República, hasta el máximo histórico de 59% del PIB (¡!), se ha terminado haciendo pasar como financiamiento gasto corriente, con lo cual se le hace trampa a la Regla fiscal simulando su cumplimiento.

No obstante lo anterior y a pesar de que, según el Ministro Carrasquilla el “panorama fiscal despejado” y supuestamente “a octubre el superávit primario de Colombia llegó a 0.9%” del PIB, al mismo tiempo la orden dada desde el palacio San Agustín es la de raspar la olla. Sí, porque no de otra manera se puede interpretar que, a pesar de que se va a recibir de manos del Banco de la República, por concepto de sus utilidades de este año, que no tienen precedentes, de $8 billones (asumiéndolas como ingreso del Gobierno y no como una fuente de financiamiento del déficit, como lo manda la ortodoxia contable), con los que no se contaba, el Ministro Carrasquilla procedió a dar un paso inusitado. En efecto, echó mano de $3.2 billones de la reserva especial de ECOPETROL.

Tampoco le cuadran las cuentas al Ministro Carrasquilla de cara al 2020, tanto más, habida consideración que el mayor impacto de los beneficios tributarios aprobados a favor de las grandes empresas, a los cuales se vinieron a añadir los beneficios aprobados en la reforma tributaria 2.0 en respuesta al paro N – 21, los cuales sumados superan los $12 billones (¡!).

Más, sin embargo, el Ministro Carrasquilla insiste una y otra vez en que aspira y espera aumentar el recaudo con esta nueva Ley en 2020 en $11.4 billones.

Estos vaivenes del Ministro Carrasquilla le restan seriedad y credibilidad a las cifras oficiales en materia fiscal y ello es grave, pues parecen confirmar la afirmación del pensador español José Ortega y Gasset cuando afirmó que “la verdad oficial consiste en la administración prudente de la falsedad”. Ya lo había advertido el ex ministro Guillermo Perry Rubio que “el recurso a la contabilidad creativa generan incertidumbre y desconfianza y pueden conducir a rebajas en la calificación de riesgo del país”. Es muy diciente que unas de las revistas de negocios más serias y consultadas, como lo es Bloomberg, titule uno de sus despachos de prensa en su portal diciendo que “Colombia es acusada de marrullerías (shenanigans) contables para lograr metas fiscales”. Este es un mal indicio y un pésimo precedente. 

Santa Marta, enero 18 de 2020

*Expresidente del Congreso de la República y Exministro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net

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José Félix Lafaurie Rivera

Por José Félix Lafaurie Rivera*.- El general Nicacio Martínez, un hombre de honor que se preocupó más por la seguridad y la dignidad del soldado que por el boato de jerarquías y clubes militares; que persiguió la corrupción que mancha a la institución pero no lesiona su tradición bicentenaria, está siendo sacrificado dentro de la torva compaña de deslegitimación y bloqueo al gobierno Duque.

No nos engañemos. El problema no es el general Martínez, como no lo era el exministro Botero, pero la estrategia de minar la moral de la Fuerza Pública funciona. Primero fue una directiva malinterpretada por un periodista extranjero, con el apoyo del NYT y de congresistas estadounidenses, convertida mediáticamente en regreso de los falsos positivos. Luego Vivanco, descalificando al general y a la nueva cúpula, como responsable de falsos positivos, según el veredicto del autoproclamado “juez universal”; y hasta una relatora de Derechos Humanos de Naciones Unidas se atrevió a acusar al gobierno colombiano, poco menos que de asesino.

Para colmo, una vez más la revista Semana, protegida por la reserva de sus fuentes, por “documentos secretos en su poder” – ¡vaya confesión!–, y con escandalosa portada, sin mayor confrontación con otras fuentes inventa que la salida del general no fue por respetables motivos personales, como lo ratificó el presidente, a quien de paso acusa de mentiroso, sino por sus responsabilidades –otro juez autoproclamado– en un episodio de chuzadas en investigación.

Pero la opinión pública no es tonta. Las Fuerzas Militares siguen siendo la institución más apreciada por los colombianos, aunque su favorabilidad pasó de un promedio del 78% durante la era Uribe, al 68% a mediados de 2019, con imagen desfavorable del 29%, cifras todavía excepcionales en nuestra institucionalidad.

¿Qué pasó? Bajo el mandato de Santos, la acción de los militares contra los narcoterroristas fue afectada por la neutralización de las negociaciones de La Habana, bajo la figura extorsiva e inconstitucional del “cese bilateral”, al que el Gobierno decía no acceder ante los micrófonos, pero accedía por debajo de la mesa.

Pero más demoledora ha sido la neutralización mediática a partir de la deslegitimación. Los “falsos positivos”, aunque está probado que no respondían a una política institucional, fueron convertidos en estigma por la izquierda y, como el gobierno sentó a los militares en la mesa, terminaron siendo otra tuerca para darle presión extorsiva a las negociaciones, al punto que empezó a presentarse el fenómeno inverso: las bajas reales denunciadas como falsos positivos.

Las fuerzas oscuras que quieren sembrar el caos pretenden devolver los soldados a sus cuarteles, con más eficiencia que una operación pistola, la emboscada artera o el terrorismo salvaje: No contentas con llevar ante la JEP a los militares en igualdad de condiciones con los narcoterroristas, les infringen el mayor daño moral a través de las redes convertidas en instancias de juzgamiento mediático. Es la lesión a lo más sagrado para un soldado: el honor, induciendo el desprecio de la sociedad a la que juraron defender y le han entregado su tranquilidad y su vida.

Frente a los niveles de criminalidad por la herencia maldita del narcotráfico, lo que el país necesita es una Fuerza Pública sólida, actuante y con fuerte respaldo social. Su neutralización mediática frente a los criminales es una conducta apátrida y un camino suicida hacia el abismo.

¿Hasta cuándo esa conspiración contra quienes tienen la misión constitucional de defendernos? Es necesario detener ese complot y restaurar la imagen de las Fuerzas Militares, como un asunto de supervivencia de nuestra democracia. No dejaré de repetirlo: *¡Ay de la sociedad que no honre a sus héroes, porque dejará de tenerlos!

Bogotá, D. C, 19 de enero de 2020

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie.

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Gabriel Ortiz

Por Gabriel Ortiz*.- Le llegó la hora a nuestras fuerzas armadas para acendrar su imagen, depurarse y separar a quienes buscan favores, ascensos y prerrogativas a cambio de información privilegiada, documentación secreta y seguimientos de personajes e instituciones.

Las sospechas sobre estas prácticas fueron descubiertas por una investigación acertada y oportuna de la Revista Semana, que puso al descubierto las actuaciones del entonces Comandante del Ejército, Nicacio Martínez, de quien dijo el Presidente Duque, cuando reveló su retiro, que este se debía a “razones personales”. Muchas cosas se sabían de sus actuaciones en falsos positivos y chuzadas a magistrados, personajes políticos, periodistas e instituciones, que al parecer eran objetivos del partido gubernamental.

Las chuzadas en Colombia vienen de atrás. Desde cuando el gobierno 2002 al 2010 ordenó espiar las Cortes. Arreciaron, cuando Santos afinaba el proceso de paz, uno de cuyos objetivos lo trazaron con la Operación Andrómeda para atacar la paz y las elecciones de entonces. Vale recordar al expresidente Uribe suministrando, a través de su tuiter, con asombrosa precisión las coordenadas de los sitios en donde debían realizarse gestiones de paz. Se sospechaba que había línea directa entre el Jefe del Centro Democrático y los chuzadores de inteligencia militar, Bacib, Caimi y demás agencias del Estado. Hay lagunas sobre otras actuaciones durante elecciones siguientes.

Se ventilaron sí, sospechas en torno a la manera desaforada como miembros del Centro Democrático urgían acelerado cambio de la cúpula militar, que consideraban santista. La senadora Cabal enviaba mensajes directos y a través de la prensa al Presidente Duque sobre el tema.

La información entre las agencias del Estado, el Centro Democrático y ciertos parlamentarios, era permanente. La lista de investigados (chuzados) era larga: congresistas, políticos, magistrados, periodistas y personajes. Las amenazas y el miedo eran moneda corriente. A los periodistas les enviaban lápidas, intimidaciones y sufragios.

El General Nicacio cometió errores que fueron poniendo al descubierto sus actuaciones. Ello permitió a muchos altos, medianos y bajos militares honestos, descubrirle el juego. La intimidación ya había arreciado y la cúspide de la inteligencia militar acantonada en el batallón de ciberinteligencia, arreció sus labores “andromédicas” desde Facatativá, con los “hombres invisibles”. El comandante fue sacado afanosamente del país hacia los Emiratos.

El gobierno norteamericano sigue dudando de la eficiencia del Ejército de Colombia y su tecnología para chuzar, porque descubrió desvío de dineros para pagar informaciones que abundaban en las redes sociales.

A todas estas, los ascensos militares se ventilaban dudosamente en el Congreso. Se prodigaron en favores a altos oficiales involucrados en falsos positivos, mientras se negaron derechos a decorosos hombres que no cohonestaban con las malas prácticas. Muchos salieron del ejército.

Lo importante de la investigación de la Revista Semana es que el Ejército podrá espulgarse, de una vez por todas, y sanearse para beneficio y confianza que un país debe tener en sus gallardas fuerzas armadas.

BLANCO: Solo el ejército puede salvar al Chocó.

NEGRO: Se va Uber y Colombia queda bajo la dictadura de los zapatos amarillos.

Bogotá, D. C, 17 de enero de 2020

*Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y de Notisuper.

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Clara López Obregón

Por Clara López Obregón*.- En carta al presidente de la República, varios obispos del Pacífico expresaron su preocupación por la connivencia de la fuerza pública con las organizaciones criminales que operan en El Chocó. La viceministra de Defensa y los subcomandantes de las fuerzas escucharon una denuncia semejante, en reunión a la que acompañé el pasado viernes a la senadora Aída Avella y a otras mujeres defensoras de derechos humanos.

Ante la utilización de la palabra “connivencia”, la viceministra Abaunza preguntó si teníamos algún nombre, dato o hecho concreto que pudiera servir para iniciar una investigación. La reacción evidencia la inoperancia de los controles de contrainteligencia encargados de mantener la legalidad en las filas. Con la sola denuncia de hechos notorios en lugares donde opera la fuerza pública, la verificación e individualización correspondiente debería provenir de investigaciones internas, aún en ausencia de nombres específicos por parte de comunidades y defensores.

Ahora que Semana destapa otro escándalo de chuzadas que involucra a unidades de contrainteligencia del Ejército, empieza a clarificarse por qué, como afirma el líder social de Bojayá, Leyner Palacios, “Los únicos que no se dan cuenta son las FF.MM.” Según la revista, algunas unidades del Ejército estuvieron utilizando la sofisticada plataforma tecnológica Hombre Invisible para hacer seguimiento a periodistas, magistrados y políticos y también a coroneles, generales y comandantes de otras fuerzas. Dicha plataforma, afirma uno de sus operadores, permite “hacer de todo: meternos a cualquier computador, acceder a llamadas y conversaciones de WhatsApp y Telegram Web, descargar conversaciones de chat archivadas o borradas, fotos y en general lo que tenga almacenado en la memoria de la máquina infectada.”

Lo más grave es que Semana afirma tener en su poder documentos secretos “en donde la propia contrainteligencia del Ejército había detectado el flujo de la información adquirida ilegalmente y sus protagonistas civiles y militares.” Es incomprensible entonces que conductas indebidas del calibre de las chuzadas se conozcan por las investigaciones de la prensa y no por un anuncio de transparencia gubernamental.

Si el control institucional diseñado para mantener el uso de la fuerza y de los recursos militares dentro de los cauces de la ley no funciona, el edificio se derrumba y la corrupción termina por desmoralizar a esta institución tan clave para la democracia. En este contexto, no puede subestimarse la gravedad de la revelación de Semana según la cual, cuando Roy Barreras denunció hace unos meses que estaba siendo chuzado, el ejército montó una operación de contrainteligencia para desviar la atención hacia otras agencias de inteligencia.

El Presidente Duque tardíamente tomó la decisión de reemplazar al comandante del Ejército, que a esas alturas debió tornarse demasiado incómodo, pero adujo que se iba por razones personales. Le correspondió a la revista Semana mostrar que las razones de la salida del general Nicacio Martínez eran otras. Todo indica que tienen que ver con el nuevo escándalo de chuzadas que venía investigando la revista.

El poder de la inteligencia y la contrainteligencia del Ejército en manos inescrupulosas reviste un gravísimo daño a la democracia. Utilizarlo para hacer seguimiento a altos oficiales de la fuerza pública, a magistrados, periodistas y políticos pervierte su finalidad.

Sin contrainteligencia fiable, el Hombre Invisible puede dar al traste con la institucionalidad y facilitar la connivencia de uniformados con las organizaciones criminales, tantas veces denunciada. Del gobierno depende que no se pierda el prestigio del ejército por falta de controles y decisiones. Esta vez las investigaciones exhaustivas tienen que dar resultados.

Hecatombe humanitaria: En 11 días de enero han asesinado a 17 líderes y defensoras y a un excombatiente firmante del acuerdos de Paz: Excombatiente, Benjamín Banguera González, Guapi, Cauca, 1 de enero; 1)Carlos Cardona, Ituango, Antioquia, 2 de enero; 2)Cristian David Caicedo, Guapi, Cauca, 3 de enero; 3)Gloria Ocampo, Puerto Guzmán, Putumayo, 7 de enero; 4)Virginia Silva, Páez, Cauca, 7 de enero; 5)Carlos Alonso Quintero, Puerto Guzmán, Putumayo, 8 de enero; 6)Emilio Campaña, Puerto Guzmán, Putumayo, 8 de enero; 7)Mireya Hernández Guevara, Algeciras, Huila, 8 de enero; 8)Óscar Quintero, Puerto Guzmán, Putumayo, 8 de enero; 9)Gentil Hernández, Puerto Guzmán, Putumayo, 8 de enero; 10)Anuar Rojas Isaramá, Niqui, Chocó, 9 de enero; 11)Henry Cuello. Chiriguaná, Cesar, 10 de enero; 12)Amparo Guegia, Caloto, Cauca, 10 de enero; 13)Juan Pablo Dicué Guejia, Caloto, Cauca, 10 de enero; 14)Nelson Enrique Meneses, Inza, Cauca, 10 de enero; 15)Tulio Cesar Sandoval, Tribu, Norte de Santander, 10 de enero; 16)Sergio Narváez, Turbo, Antioquia, 10 de enero; 17)John Freddy Álvarez, Algeciras, Huila, 11 de enero.

Bogotá, D. C, 16 de enero de 2020

*Exalcaldesa de Bogotá, Exministra de Trabajo

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José G Hernández

Por José G. Hernández*.-  Sin tomar partido en la perjudicial polarización que se vive en Colombia, entre izquierda y derecha exageradas, quienes no estamos en ninguno de los extremos -por lo cual nos insultan de uno y otro lado- debemos procurar el equilibrio y el consenso que garantice unas condiciones mínimas de convivencia; que nuestra sociedad regrese a la sindéresis; que podamos entregar a nuestra descendencia algo de nuestra ya decaída democracia.

Hay factores dañinos que nos afectan a todos; a la colectividad en su conjunto, con independencia de la orientación política o ideológica; y de si se estuvo o no conforme con el Acuerdo de Paz de 2016 -que de todas maneras, aun para quienes no lo compartimos en todos sus aspectos, ha entrado a nuestro ordenamiento jurídico, está en vigor y debe ser cumplido-. Son problemas -algunos viejos, otros nuevos- de orden económico, social, ecológico, de gobernabilidad. Los más graves, los provenientes de la violencia que a todos amenaza.

Pregunta: ¿cómo es posible que la sociedad colombiana - Gobierno, órganos de control, partidos, medios -no se alarmen ante la ruptura de un principio toral de la democracia como el elemental derecho a la vida? ¿Cómo entender que no sea prioridad buscar el cese de la ola criminal desatada, en un macabro plan que se adelanta de manera sistemática, contra líderes sociales, defensores de derechos humanos, indígenas, desmovilizados?

La actividad asesina en desarrollo no puede verse como algo normal en una sociedad civilizada. La nuestra parece haberse acostumbrado, no solamente al diario reporte de personas muertas a manos de sicarios en distintos lugares del país, sino a la impunidad y a la vacía respuesta según la cual “se trata de hechos aislados”.

El Estado ha perdido el control de la situación. Es incapaz de garantizar el derecho a la vida. Como si no existiera. Son varios los departamentos en que la vida de las personas está en permanente riesgo, y en que la población sabe que no tiene protección.

El artículo 11 de la Constitución proclama que el derecho a la vida -el derecho básico, sin el cual los demás son imposibles- es inviolable. Que no habrá pena de muerte, aunque la realidad indica que el liderazgo social -por ejemplo- ha pasado a ser motivo de “ejecución”, no se sabe por orden de quién o de quiénes. Hipótesis van y vienen, y el aparato criminal sigue actuando.

Dice el preámbulo de la Constitución que ella fue establecida "con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz".

El artículo 2 señala que "son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución" y que "Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades".

Reglas bien inspiradas, desarrolladas en la jurisprudencia, pero hoy inanes; el Estado colombiano no ha podido y, al parecer, no las puede cumplir.

Bogotá, D, C, 16 de enero de 2020

*Expresidente de la Corte Constitucional

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Víctor G Ricardo

Por Víctor G. Ricardo*. - El primer gobierno de coalición de la historia española arrancó en Madrid. Atrás quedan la repetición de elecciones, gobiernos en funciones, negociaciones interminables, ofertas inasumibles o pactos incomprensibles. España se gradúa como país democráticamente maduro, ponderado y coherente, capaz de salir del atolladero político en el que estaba sumido por la puerta grande, esto es, formando un gobierno de coalición, moderado y progresista. Al menos en teoría. Abra que esperar como se desarrollarán los acuerdos.

Porque lo que aún se desconoce es cuál será el costo que el recién investido Presidente Pedro Sánchez ha de pagar para poder seguir en el Palacio presidencial. Y no me refiero al pacto con Unidas Podemos (UP), gran beneficiado de esta situación ya que con apenas 35 diputados (de un total de 350) ha conseguido 1 vicepresidencia y 4 ministerios.

El costo que el Presidente Sánchez ha de pagar pasa, en primer lugar, por Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y la imprescindible abstención de sus 13 diputados en la votación de investidura.  A nadie se le escapa que sus posiciones pasan por convocar un referéndum de autodeterminación en Cataluña y por la amnistía de los políticos presos, posiciones que, por inconstitucionales, parecerían irreconciliables con el partido de Pedro Sánchez.

En segundo lugar, el costo de la investidura pasa también por el apoyo recibido de EH Bildu, partido independentista vasco que acoge en sus filas a miembros de la extinguida ETA. La falta total de respeto, el desprecio y el insulto a las instituciones españolas, incluido al mismo Jefe del Estado, se han apoderado, al menos durante el debate de investidura, del poder legislativo español. Por eso, mucho más que una investidura, lo que está en juego en España es la propia España.

Por lo demás, es una lástima que este nuevo gobierno nazca con estas taras que amenazan con condenarle a muerte desde antes de su alumbramiento. Porque España estuvo sin un gobierno plenamente operativo muchos años por lo que urge afrontar los retos del país, ya sean políticos, económicos o sociales, como las necesidades de los ciudadanos. Sánchez es muy consciente de esto y por eso se ha rodeado de un equipo de ministros bien ponderado, de carácter técnico y económico, capaz de afrontar dichos retos y necesidades. Sólo el tiempo -y la tramitación de la ley de presupuestos- nos dirá si su Gobierno es capaz de superar la debilidad con la que nace, rebajar y circunscribir la tensión política con los nacionalistas dentro de los parámetros constitucionales, y mantener el difícil equilibrio con sus socios de gobierno.

Despejada incertidumbre en España

Bogotá, D. C, enero 15, 2020

*Excomisionado de Paz 

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Amylkar D Acosta M

Por Amylkar D. Acosta M*.- Hasta 1991 la política monetaria y cambiaria estuvo en manos de la Junta Monetaria, creada mediante la Ley 21 de 1963. En la Constitución política que entró a regir desde 1991, es la Junta directiva del Banco de la República ( B de la R), que ahora goza de autonomía frente al ejecutivo (Ley 32 de 1993, artículo 2º), la que asumió dicha competencia. La autonomía no se puede confundir con la independencia. La Junta no es una rueda suelta en el engranaje del Estado, debe ejercer sus competencias, como lo establece la Constitución, en coordinación con la política económica gubernamental.

Si bien, como lo prevé la Carta en sus artículos 371 y 373, esta es su “función básica”, como lo dejó sentado la Corte Constitucional en su Sentencia C – 481 de 1999, “también debe considerar el empleo, el crecimiento económico, el desarrollo y hasta el medio ambiente”. Bien dice la Carta en su artículo 334 que la Junta “no puede ser indiferente a la búsqueda del pleno empleo”.

Gracias a su gestión, Colombia pasó de un Índice de Precios al Consumidor (IPC) promedio del 20% en la década de 1992 a 2001 al 6% entre 2002 y 2008. Actualmente, la inflación objetivo del B de la R esta en 3% para 2019. El principal instrumento empleado por la Junta del B de la R para contener los brotes inflacionarios es la tasa de interés  de intervención, que es aquella que le cobra el Banco Emisor a las entidades financieras por los préstamos que les hace para darles liquidez.

Con tal fin, dicha tasa se elevó continuamente desde el 3% en mayo de 2010 al 7.75% en julio de 2016. Dicha tasa empezó a bajar en marzo de 2017, cuando la Junta directiva del Banco de la República la bajó 25 puntos básicos hasta el 7%, en junio de este mismo año la fijó en 5.75%, cerrando el año en 4.75%, hasta recalar en el 4.25% el 30 de abril del 2018, que se ha mantenido desde entonces hasta la fecha, por espacio de veinte meses. 

También le concierne a la Junta directiva del Banco Emisor el manejo de la política cambiaria. Es bien sabido que Colombia mantuvo por un largo período una banda cambiaria dentro de la cual se debía mover la tasa de cambio; la misma fue abandonada  a raíz de la crisis de 1999, acatando una de las exigencias del FMI, que debió intervenir para sortearla y desde entonces tenemos un régimen de libre cambio, flotante, en la que la Junta sólo interviene ocasionalmente para contener brotes devaluacionistas o revaluacionistas extremos, pero su margen de maniobra es muy limitado.

Si algo ha caracterizado la tasa de cambio en Colombia en la última década es que el peso se ha constituido en una de las monedas más revaluadas del mundo, cuando se da la depreciación del dólar y una de las más devaluada cuando se da su apreciación global. Sólo Argentina y Turquía la superan en este vértigo cambiario.

En estos momentos la economía colombiana enfrenta una delicada encrucijada: no obstante contar con una tasa de cambio competitiva, crecen mucho más las importaciones que las exportaciones, que no repuntan y, lo que es más grave, en estos momentos el déficit en la Cuenta corriente de la Balanza de pagos había alcanzado a junio de 2019 el máximo histórico de 4.6% del PIB. No deja de ser paradójico que no obstante la devaluación del peso frente al dólar, lo que debería favorecer las exportaciones, estas cayeron el 4.7% al corte del mes de septiembre, al tiempo que se acrecentaron las importaciones el 5.7%. Al déficit en cuenta corriente de la Balanza de pagos este se le viene a sumar el déficit fiscal, que bordea el 3%, que no cede; por eso se suele hablar de los déficits gemelos, los cuales tornan la economía más vulnerable frente a los choques externos.

Colombia no supo aprovechar el largo ciclo de precios altos de los commodities para corregir este déficit, como sí lo hicieron los demás países de Latinoamérica. De allí la gran vulnerabilidad de la economía colombiana frente a los choques externos, en momentos en los que la economía global pasa por una gran turbulencia a consecuencia de la guerra comercial (arancelaria) entre los dos colosos, EEUU y China.

Entre tanto la Junta directiva del Banco de la República está entre la rubia y la morena, pues a consecuencia de la devaluación galopante el IPC está bajo presión y la tasa de inflación causada en 2019 cerró en el 3.8%, casi al tope del rango meta de la inflación objetivo fijado entre el 2% y el 4%, superando sensiblemente el 3.18% de 2018; pero si sube la tasa de interés de intervención, para contenerla, acentúa la desaceleración del crecimiento del PIB, el cual se aleja cada vez más de la meta, que se ha convertido en Mantra, del Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla de un crecimiento del 3.6% para el 2019 y 4% para el 2020. Vea, pues! 

Bogotá, enero 12 de 2020

Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net

 

 

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José Felix Lafaurie Rivera

Por José Félix Lafaurie Rivera*-El Gobierno publicó, para observaciones ciudadanas, el decreto para control de riesgos a la salud y la naturaleza por erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea, cumpliendo los requisitos de la Corte Constitucional en una sentencia que, me da mucha pena, pero fue una literal “lavada de manos”: abrimos la puerta a la aspersión y quedamos bien con unos, pero con requisitos que la conviertan en laberinto kafkiano y quedamos bien con otros.

Esa es mi percepción inicial del decreto, lleno de conceptos previos, auditorías internas y externas y participación ciudadana, “antes, durante y después de la ejecución de los programas de erradicación”. No se trata de evadir la veeduría ciudadana ni de expedir patentes de corso, pero no se puede olvidar tampoco que el narcotráfico es un delito y su persecución una acción policiva que obliga a la justicia.

La Aspersión aérea puede afectar la salud y se debe considerar ese riesgo. De hecho, quienes aplican herbicidas deben estar protegidos. Claro que tiene impacto ambiental, que debe ser mitigado, pero acaso no es peor el de la tala y la contaminación del narcotráfico, o la destrucción de los ríos por la minería ilegal, el negocio subsidiario del narcotráfico.

 “De dos males el menor”, no solo es un proverbio atribuido a Fedro (20 a.C.), sino un asunto de sentido común y, en algunos casos, un dilema ético que enfrenta todos los días la medicina, por ejemplo (la vida de la madre o del niño; la amputación de un miembro o la vida), y que debe asumir también el gobernante frente a su mandato constitucional de preservar el interés general sobre el de unos pocos.

El tema de la lucha contra el narcotráfico es controversial, ideologizado. Según la postura frente a las estrategias para derrotarlo, se es imperialista y de ultraderecha -malo-, o libertario y socialista -bueno-. Hoy, además, los partidarios de la aspersión controlada son depredadores ambientales (malos), y los de la sustitución voluntaria y erradicación manual son “ambientalistas” (buenos). En esta narrativa perversa, el malo de Uribe utilizó la primera y redujo a 44.000 hectáreas los cultivos ilícitos, hasta cuando llegó el bueno de Santos y por la presión extorsiva de las Farc, disfrazada de preocupación en salud, la eliminó y nos dejó con 200.000 hectáreas, control territorial y crímenes.

Lo mismo pasó con la paz que, al final, nunca llegó: no era un asunto de buenos y malos; pero alrededor de esas narrativas da vueltas el país sin avanzar. Las legítimas preocupaciones por “lo social”, “lo ambiental” y la “participación ciudadana”, manipuladas por la izquierda y el centro- santismo, se atraviesan al fracking controlado, sin pensar en la pobreza que vendrá cuando toque importar todo el petróleo; como se atraviesan a la aspersión controlada, en un país tapizado de coca y manchado de sangre por el narcotráfico.

¿Quién asesino a Gloria Ocampo y a más de 600 líderes sociales? Todo el mundo lo sabe: las disidencias, el ELN, los Pelusos y un largo etcétera con un factor común: narcotráfico. ¿Por qué? Todo el mundo lo sabe: por la lucha feroz por territorios de cultivo y de rutas.

 

No obstante, la izquierda y el centro-santismo, ambos en paro, culpan al gobierno, como si el presidente fuera el perpetrador. Doble moral, mezquindad política y mentira mediática. El enemigo es el narcotráfico y, para combatirlo, el país tendrá que elegir, entre varios males el menor: aspersión aérea controlada, a partir de un decreto realista que podrá ser mejorado, que proteja la salud y la naturaleza, sin amarrar al Estado en su lucha legítima contra el narcotráfico.

¡Adelante Presidente!

Bogotá, D. C, 12 de diciembre de 2020

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie

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Por Mons. Luis Fernando Rodríguez Velásquez

Por Mons. Luis Fernando Rodríguez Velásquez* - Primero: Es común que cada que comenzamos el nuevo año hagamos las cábalas y los vaticinios sobre lo que esperamos para el año al que damos inicio, según el calendario civil. Es posible que cada uno reitere los planes de trabajar mejor, de cuidarse con los alimentos, de rebajar peso, de solucionar las desavenencias, etc. Eso está bien. Lo que produce preocupación es que posiblemente son los mismos propósitos de cada año y que seguramente no se han cumplido. Qué importante es que se haga el propósito de cumplir de la mejor manera posible lo que se ha de alcanzar, poniendo la confianza en Dios con una buena dosis de voluntad personal y disciplina.

Segundo: Por otra parte, la Iglesia ha comenzado desde semanas atrás el año litúrgico, con el adviento y la navidad. Un propósito clave debemos buscar alcanzar, de la mano de Dios, y es el que los ángeles cantaron en el portal de Belén, la paz: “Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a las personas de buena voluntad”.

Tercero: Con la fiesta del Bautismo del Señor comenzamos el tiempo llamado Per annum, o tiempo ordinario en la liturgia de la Iglesia.  El color verde será el característico. Es el verde la esperanza, de la confianza, de la fe. Es el color también de la florescencia y de la alegría.

Así debería ser la vida de los cristianos católicos; ese debería ser el aporte que como ciudadanos deberíamos dar en momentos de crisis, incertidumbre y dificultades.

El Papa Francisco nos dirá: “Comprendo a las personas que tienden a la tristeza por las graves dificultades que tienen que sufrir, pero poco a poco hay que permitir que la alegría de la fe comience a despertarse, como una secreta, pero firme confianza, aun en medio de las peores angustias: «Me encuentro lejos de la paz, he olvidado la dicha […] Pero algo traigo a la memoria, algo que me hace esperar. Que el amor del Señor no se ha acabado, no se ha agotado su ternura. Mañana tras mañana se renuevan. ¡Grande es su fidelidad! […] Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor» (Lm 3,17.21-23.26)” (Exhortación Evangelii Gaudium, 6).

Cuarto: El cristiano está llamado no a ser promotor de la desesperación, ni profeta de catástrofes, sino que está llamado a ser testigo de la esperanza, porque sabe muy bien que el Señor es el siempre vivo, el siempre actuante, que está con nosotros, está en medio de nosotros, está adelante mostrándonos el camino, y está atrás para protegernos.

Alegría y esperanza, dos palabras que se deben traducir, en un estilo de vida alegre y cargada de la confianza, en los tiempos nuevos que nos han sido prometidos.

+ Luis Fernando Rodríguez Velásquez

Obispo Auxiliar de Cali

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Mauricio Cabrera Galvis

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Las llamas que han destruido millones de hectáreas en Australia son solo un anticipo de las consecuencias apocalípticas que viviremos si todos, gobiernos y ciudadanos, no cambiamos un modelo de desarrollo y un estilo de vida que destruye el medio ambiente y propicia el calentamiento global. Pero no son los únicos incendios que amenazan a la humanidad.

La revista Foreign Policy hizo un análisis de los 10 conflictos que pueden resolverse o agudizarse en el 2020. Unos internos y otros internacionales, pero algunos, los conflictos locales reflejan el enfrentamiento geopolítico de las grandes potencias.

El de Etiopia es un conflicto puramente interno de raíces étnicas, que está encontrando una salida en diálogos de paz entre las tribus enfrentadas, mientras que en Burkina Faso la violencia proviene de fanáticos musulmanes con vínculos con Al-Qaeda y el Estado Islámico que amenazan con colapsar el Estado y contagiar a los vecinos Costa de Marfil, Ghana y Benin.

Los casos de Yemen, Cachemira, Libia y Venezuela son conflictos internos pero con clara incidencia de las grandes potencias. En Yemen, la guerra civil que condujo a la mayor tragedia humanitaria por hambruna de la población es el campo de batalla de la confrontación entre Irán y Arabia Saudita –respaldada por Estados Unidos- por el predominio político y militar en el mundo árabe.

El de Cachemira es un conflicto interno en la parte de esa región que pertenece a la India, pero tiene el trasfondo de la disputa entre la India y Pakistán por el control de toda la Cachemira. Su origen es religioso pues enfrenta los nacionalistas hinduistas y los musulmanes que son mayoría en esta región pero minoría en toda la India, y ahora están amenazadas por las nuevas leyes anti musulmanas.

En Libia la fallida operación de derrocar al dictador Gadafi para restaurar la democracia ha llevado a una guerra civil que ha dividido el país en dos facciones que a su vez representan los intereses encontrados de grupos de potencias extranjeras que les proporcionan armamentos y avivan la guerra.

En Venezuela la oposición con el apoyo de Estados Unidos, Colombia y otros países latinoamericanos no ha podido derrocar a Maduro, porque este todavía cuenta con algo de apoyo popular y el de los militares, pero también con el de Rusia y China. Otra batalla geopolítica.

En conflictos internacionales como los de Afganistán y Ucrania, en los que hay invasores extranjeros, hay perspectivas de solución negociada. En el primero por cansancio de Estados Unidos y los talibanes ante la imposibilidad de ambos de lograr una victoria militar y en el segundo por las presiones internacionales a Rusia.

Cali 19 de enero de 2020

*Filósofo y Economista, consultor.

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Amylkar D Acoosta M

Por Amylkar D. Acosta M*.- Como se recordará, recién posesionado del cargo y a propósito del Presupuesto para la vigencia de 2019, el Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla alarmó al país cuando afirmó, sin rodeos, que el mismo estaba desfinanciado en $25 billones. Basado en esta cifra descomunal, que había sacado de su propio magín y sin soporte documental alguno para criticar el gobierno anterior, calificándolo de “derrochón”, le anunció al país una reforma tributaria, que disfrazaron de Ley de financiamiento, para enjugar el déficit. Se aspiraba recaudar por esta vía $19.46 billones en 2019 y $13.21 billones en 2020.

A poco andar y sin mayores explicaciones, como por arte de birlibirloque, según el Ministerio de Hacienda el verdadero faltante presupuestal se redujo a “sólo” $14 billones, de los cuales $11.3 billones se financiarían con la más dura reforma tributaria en muchos años. En última instancia, el Ministro Carrasquilla se tuvo que resignar a que el mayor recaudo esperado con la Ley 1943 de 2018 de financiamiento se redujera a solo $7.3 billones para este año.

Se dijo entonces por parte del Ministro Carrasquilla que el Gobierno saldría a vender el 8.5% de sus acciones en ECOPETROL, para completar el 20% de enajenación autorizado por el Congreso de la República mediante la Ley 1118 de 2006 e iniciar el proceso para la venta del 51% de su participación en ISA, una de las dos joyas de la Corona. Adicionalmente, le solicitó al Comité consultivo de la Regla fiscal la flexibilización de esta, supuestamente para poder atender la masiva afluencia de inmigrantes venezolanos, cuyo costo estimaba en 0.5 puntos porcentuales del PIB. El Comité acogió su solicitud y elevó la meta del déficit fiscal del 2.4% del PIB a 2.7%.

No obstante, el Ministro Alberto carrasquilla, al momento de radicar en el Congreso de la República el proyecto de presupuesto para la vigencia de 2020, pese a que el mismo, según el Ministro está desfinanciado en $8.5 billones y es una incógnita saber de dónde van a salir, muy eufórico, planteó que se tiene un “panorama fiscal despejado”. Y como si lo anterior fuera poco desechó la decisión del Comité consultivo y hasta la fecha se ha mantenido en sus trece de alcanzar la meta del déficit fiscal para eL 2019 de 2.4% (¡!). Y ello, descartando de paso, porque según él no se requiere, la venta anunciada de las acciones de ECOPETROL y de ISA. Ello dejó patidifusos a los analistas y a las firmas calificadoras del riesgo de la deuda soberana del país.

Pero nadie contaba con la jugadita de Carrasquilla, quien apoyándose en la facultad que le dio el Congreso de la República a través de la Ley 1955 de 2019 del Plan Nacional de Desarrollo para saldar deudas mediante la emisión de títulos de Tesorería (TES), procedió a “recontratarla” por un valor de $28.4 billones, contratando nuevo endeudamiento por valor de $19.2 billones. Mediante este ingenioso mecanismo, de pagar deudas con más deudas, además de elevar el nivel de la deuda, según la Contraloría General de la República, hasta el máximo histórico de 59% del PIB (¡!), se ha terminado haciendo pasar como financiamiento gasto corriente, con lo cual se le hace trampa a la Regla fiscal simulando su cumplimiento.

No obstante lo anterior y a pesar de que, según el Ministro Carrasquilla el “panorama fiscal despejado” y supuestamente “a octubre el superávit primario de Colombia llegó a 0.9%” del PIB, al mismo tiempo la orden dada desde el palacio San Agustín es la de raspar la olla. Sí, porque no de otra manera se puede interpretar que, a pesar de que se va a recibir de manos del Banco de la República, por concepto de sus utilidades de este año, que no tienen precedentes, de $8 billones (asumiéndolas como ingreso del Gobierno y no como una fuente de financiamiento del déficit, como lo manda la ortodoxia contable), con los que no se contaba, el Ministro Carrasquilla procedió a dar un paso inusitado. En efecto, echó mano de $3.2 billones de la reserva especial de ECOPETROL.

Tampoco le cuadran las cuentas al Ministro Carrasquilla de cara al 2020, tanto más, habida consideración que el mayor impacto de los beneficios tributarios aprobados a favor de las grandes empresas, a los cuales se vinieron a añadir los beneficios aprobados en la reforma tributaria 2.0 en respuesta al paro N – 21, los cuales sumados superan los $12 billones (¡!).

Más, sin embargo, el Ministro Carrasquilla insiste una y otra vez en que aspira y espera aumentar el recaudo con esta nueva Ley en 2020 en $11.4 billones.

Estos vaivenes del Ministro Carrasquilla le restan seriedad y credibilidad a las cifras oficiales en materia fiscal y ello es grave, pues parecen confirmar la afirmación del pensador español José Ortega y Gasset cuando afirmó que “la verdad oficial consiste en la administración prudente de la falsedad”. Ya lo había advertido el ex ministro Guillermo Perry Rubio que “el recurso a la contabilidad creativa generan incertidumbre y desconfianza y pueden conducir a rebajas en la calificación de riesgo del país”. Es muy diciente que unas de las revistas de negocios más serias y consultadas, como lo es Bloomberg, titule uno de sus despachos de prensa en su portal diciendo que “Colombia es acusada de marrullerías (shenanigans) contables para lograr metas fiscales”. Este es un mal indicio y un pésimo precedente. 

Santa Marta, enero 18 de 2020

*Expresidente del Congreso de la República y Exministro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net

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José Félix Lafaurie Rivera

Por José Félix Lafaurie Rivera*.- El general Nicacio Martínez, un hombre de honor que se preocupó más por la seguridad y la dignidad del soldado que por el boato de jerarquías y clubes militares; que persiguió la corrupción que mancha a la institución pero no lesiona su tradición bicentenaria, está siendo sacrificado dentro de la torva compaña de deslegitimación y bloqueo al gobierno Duque.

No nos engañemos. El problema no es el general Martínez, como no lo era el exministro Botero, pero la estrategia de minar la moral de la Fuerza Pública funciona. Primero fue una directiva malinterpretada por un periodista extranjero, con el apoyo del NYT y de congresistas estadounidenses, convertida mediáticamente en regreso de los falsos positivos. Luego Vivanco, descalificando al general y a la nueva cúpula, como responsable de falsos positivos, según el veredicto del autoproclamado “juez universal”; y hasta una relatora de Derechos Humanos de Naciones Unidas se atrevió a acusar al gobierno colombiano, poco menos que de asesino.

Para colmo, una vez más la revista Semana, protegida por la reserva de sus fuentes, por “documentos secretos en su poder” – ¡vaya confesión!–, y con escandalosa portada, sin mayor confrontación con otras fuentes inventa que la salida del general no fue por respetables motivos personales, como lo ratificó el presidente, a quien de paso acusa de mentiroso, sino por sus responsabilidades –otro juez autoproclamado– en un episodio de chuzadas en investigación.

Pero la opinión pública no es tonta. Las Fuerzas Militares siguen siendo la institución más apreciada por los colombianos, aunque su favorabilidad pasó de un promedio del 78% durante la era Uribe, al 68% a mediados de 2019, con imagen desfavorable del 29%, cifras todavía excepcionales en nuestra institucionalidad.

¿Qué pasó? Bajo el mandato de Santos, la acción de los militares contra los narcoterroristas fue afectada por la neutralización de las negociaciones de La Habana, bajo la figura extorsiva e inconstitucional del “cese bilateral”, al que el Gobierno decía no acceder ante los micrófonos, pero accedía por debajo de la mesa.

Pero más demoledora ha sido la neutralización mediática a partir de la deslegitimación. Los “falsos positivos”, aunque está probado que no respondían a una política institucional, fueron convertidos en estigma por la izquierda y, como el gobierno sentó a los militares en la mesa, terminaron siendo otra tuerca para darle presión extorsiva a las negociaciones, al punto que empezó a presentarse el fenómeno inverso: las bajas reales denunciadas como falsos positivos.

Las fuerzas oscuras que quieren sembrar el caos pretenden devolver los soldados a sus cuarteles, con más eficiencia que una operación pistola, la emboscada artera o el terrorismo salvaje: No contentas con llevar ante la JEP a los militares en igualdad de condiciones con los narcoterroristas, les infringen el mayor daño moral a través de las redes convertidas en instancias de juzgamiento mediático. Es la lesión a lo más sagrado para un soldado: el honor, induciendo el desprecio de la sociedad a la que juraron defender y le han entregado su tranquilidad y su vida.

Frente a los niveles de criminalidad por la herencia maldita del narcotráfico, lo que el país necesita es una Fuerza Pública sólida, actuante y con fuerte respaldo social. Su neutralización mediática frente a los criminales es una conducta apátrida y un camino suicida hacia el abismo.

¿Hasta cuándo esa conspiración contra quienes tienen la misión constitucional de defendernos? Es necesario detener ese complot y restaurar la imagen de las Fuerzas Militares, como un asunto de supervivencia de nuestra democracia. No dejaré de repetirlo: *¡Ay de la sociedad que no honre a sus héroes, porque dejará de tenerlos!

Bogotá, D. C, 19 de enero de 2020

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie.

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Gabriel Ortiz

Por Gabriel Ortiz*.- Le llegó la hora a nuestras fuerzas armadas para acendrar su imagen, depurarse y separar a quienes buscan favores, ascensos y prerrogativas a cambio de información privilegiada, documentación secreta y seguimientos de personajes e instituciones.

Las sospechas sobre estas prácticas fueron descubiertas por una investigación acertada y oportuna de la Revista Semana, que puso al descubierto las actuaciones del entonces Comandante del Ejército, Nicacio Martínez, de quien dijo el Presidente Duque, cuando reveló su retiro, que este se debía a “razones personales”. Muchas cosas se sabían de sus actuaciones en falsos positivos y chuzadas a magistrados, personajes políticos, periodistas e instituciones, que al parecer eran objetivos del partido gubernamental.

Las chuzadas en Colombia vienen de atrás. Desde cuando el gobierno 2002 al 2010 ordenó espiar las Cortes. Arreciaron, cuando Santos afinaba el proceso de paz, uno de cuyos objetivos lo trazaron con la Operación Andrómeda para atacar la paz y las elecciones de entonces. Vale recordar al expresidente Uribe suministrando, a través de su tuiter, con asombrosa precisión las coordenadas de los sitios en donde debían realizarse gestiones de paz. Se sospechaba que había línea directa entre el Jefe del Centro Democrático y los chuzadores de inteligencia militar, Bacib, Caimi y demás agencias del Estado. Hay lagunas sobre otras actuaciones durante elecciones siguientes.

Se ventilaron sí, sospechas en torno a la manera desaforada como miembros del Centro Democrático urgían acelerado cambio de la cúpula militar, que consideraban santista. La senadora Cabal enviaba mensajes directos y a través de la prensa al Presidente Duque sobre el tema.

La información entre las agencias del Estado, el Centro Democrático y ciertos parlamentarios, era permanente. La lista de investigados (chuzados) era larga: congresistas, políticos, magistrados, periodistas y personajes. Las amenazas y el miedo eran moneda corriente. A los periodistas les enviaban lápidas, intimidaciones y sufragios.

El General Nicacio cometió errores que fueron poniendo al descubierto sus actuaciones. Ello permitió a muchos altos, medianos y bajos militares honestos, descubrirle el juego. La intimidación ya había arreciado y la cúspide de la inteligencia militar acantonada en el batallón de ciberinteligencia, arreció sus labores “andromédicas” desde Facatativá, con los “hombres invisibles”. El comandante fue sacado afanosamente del país hacia los Emiratos.

El gobierno norteamericano sigue dudando de la eficiencia del Ejército de Colombia y su tecnología para chuzar, porque descubrió desvío de dineros para pagar informaciones que abundaban en las redes sociales.

A todas estas, los ascensos militares se ventilaban dudosamente en el Congreso. Se prodigaron en favores a altos oficiales involucrados en falsos positivos, mientras se negaron derechos a decorosos hombres que no cohonestaban con las malas prácticas. Muchos salieron del ejército.

Lo importante de la investigación de la Revista Semana es que el Ejército podrá espulgarse, de una vez por todas, y sanearse para beneficio y confianza que un país debe tener en sus gallardas fuerzas armadas.

BLANCO: Solo el ejército puede salvar al Chocó.

NEGRO: Se va Uber y Colombia queda bajo la dictadura de los zapatos amarillos.

Bogotá, D. C, 17 de enero de 2020

*Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y de Notisuper.

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Clara López Obregón

Por Clara López Obregón*.- En carta al presidente de la República, varios obispos del Pacífico expresaron su preocupación por la connivencia de la fuerza pública con las organizaciones criminales que operan en El Chocó. La viceministra de Defensa y los subcomandantes de las fuerzas escucharon una denuncia semejante, en reunión a la que acompañé el pasado viernes a la senadora Aída Avella y a otras mujeres defensoras de derechos humanos.

Ante la utilización de la palabra “connivencia”, la viceministra Abaunza preguntó si teníamos algún nombre, dato o hecho concreto que pudiera servir para iniciar una investigación. La reacción evidencia la inoperancia de los controles de contrainteligencia encargados de mantener la legalidad en las filas. Con la sola denuncia de hechos notorios en lugares donde opera la fuerza pública, la verificación e individualización correspondiente debería provenir de investigaciones internas, aún en ausencia de nombres específicos por parte de comunidades y defensores.

Ahora que Semana destapa otro escándalo de chuzadas que involucra a unidades de contrainteligencia del Ejército, empieza a clarificarse por qué, como afirma el líder social de Bojayá, Leyner Palacios, “Los únicos que no se dan cuenta son las FF.MM.” Según la revista, algunas unidades del Ejército estuvieron utilizando la sofisticada plataforma tecnológica Hombre Invisible para hacer seguimiento a periodistas, magistrados y políticos y también a coroneles, generales y comandantes de otras fuerzas. Dicha plataforma, afirma uno de sus operadores, permite “hacer de todo: meternos a cualquier computador, acceder a llamadas y conversaciones de WhatsApp y Telegram Web, descargar conversaciones de chat archivadas o borradas, fotos y en general lo que tenga almacenado en la memoria de la máquina infectada.”

Lo más grave es que Semana afirma tener en su poder documentos secretos “en donde la propia contrainteligencia del Ejército había detectado el flujo de la información adquirida ilegalmente y sus protagonistas civiles y militares.” Es incomprensible entonces que conductas indebidas del calibre de las chuzadas se conozcan por las investigaciones de la prensa y no por un anuncio de transparencia gubernamental.

Si el control institucional diseñado para mantener el uso de la fuerza y de los recursos militares dentro de los cauces de la ley no funciona, el edificio se derrumba y la corrupción termina por desmoralizar a esta institución tan clave para la democracia. En este contexto, no puede subestimarse la gravedad de la revelación de Semana según la cual, cuando Roy Barreras denunció hace unos meses que estaba siendo chuzado, el ejército montó una operación de contrainteligencia para desviar la atención hacia otras agencias de inteligencia.

El Presidente Duque tardíamente tomó la decisión de reemplazar al comandante del Ejército, que a esas alturas debió tornarse demasiado incómodo, pero adujo que se iba por razones personales. Le correspondió a la revista Semana mostrar que las razones de la salida del general Nicacio Martínez eran otras. Todo indica que tienen que ver con el nuevo escándalo de chuzadas que venía investigando la revista.

El poder de la inteligencia y la contrainteligencia del Ejército en manos inescrupulosas reviste un gravísimo daño a la democracia. Utilizarlo para hacer seguimiento a altos oficiales de la fuerza pública, a magistrados, periodistas y políticos pervierte su finalidad.

Sin contrainteligencia fiable, el Hombre Invisible puede dar al traste con la institucionalidad y facilitar la connivencia de uniformados con las organizaciones criminales, tantas veces denunciada. Del gobierno depende que no se pierda el prestigio del ejército por falta de controles y decisiones. Esta vez las investigaciones exhaustivas tienen que dar resultados.

Hecatombe humanitaria: En 11 días de enero han asesinado a 17 líderes y defensoras y a un excombatiente firmante del acuerdos de Paz: Excombatiente, Benjamín Banguera González, Guapi, Cauca, 1 de enero; 1)Carlos Cardona, Ituango, Antioquia, 2 de enero; 2)Cristian David Caicedo, Guapi, Cauca, 3 de enero; 3)Gloria Ocampo, Puerto Guzmán, Putumayo, 7 de enero; 4)Virginia Silva, Páez, Cauca, 7 de enero; 5)Carlos Alonso Quintero, Puerto Guzmán, Putumayo, 8 de enero; 6)Emilio Campaña, Puerto Guzmán, Putumayo, 8 de enero; 7)Mireya Hernández Guevara, Algeciras, Huila, 8 de enero; 8)Óscar Quintero, Puerto Guzmán, Putumayo, 8 de enero; 9)Gentil Hernández, Puerto Guzmán, Putumayo, 8 de enero; 10)Anuar Rojas Isaramá, Niqui, Chocó, 9 de enero; 11)Henry Cuello. Chiriguaná, Cesar, 10 de enero; 12)Amparo Guegia, Caloto, Cauca, 10 de enero; 13)Juan Pablo Dicué Guejia, Caloto, Cauca, 10 de enero; 14)Nelson Enrique Meneses, Inza, Cauca, 10 de enero; 15)Tulio Cesar Sandoval, Tribu, Norte de Santander, 10 de enero; 16)Sergio Narváez, Turbo, Antioquia, 10 de enero; 17)John Freddy Álvarez, Algeciras, Huila, 11 de enero.

Bogotá, D. C, 16 de enero de 2020

*Exalcaldesa de Bogotá, Exministra de Trabajo

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José G Hernández

Por José G. Hernández*.-  Sin tomar partido en la perjudicial polarización que se vive en Colombia, entre izquierda y derecha exageradas, quienes no estamos en ninguno de los extremos -por lo cual nos insultan de uno y otro lado- debemos procurar el equilibrio y el consenso que garantice unas condiciones mínimas de convivencia; que nuestra sociedad regrese a la sindéresis; que podamos entregar a nuestra descendencia algo de nuestra ya decaída democracia.

Hay factores dañinos que nos afectan a todos; a la colectividad en su conjunto, con independencia de la orientación política o ideológica; y de si se estuvo o no conforme con el Acuerdo de Paz de 2016 -que de todas maneras, aun para quienes no lo compartimos en todos sus aspectos, ha entrado a nuestro ordenamiento jurídico, está en vigor y debe ser cumplido-. Son problemas -algunos viejos, otros nuevos- de orden económico, social, ecológico, de gobernabilidad. Los más graves, los provenientes de la violencia que a todos amenaza.

Pregunta: ¿cómo es posible que la sociedad colombiana - Gobierno, órganos de control, partidos, medios -no se alarmen ante la ruptura de un principio toral de la democracia como el elemental derecho a la vida? ¿Cómo entender que no sea prioridad buscar el cese de la ola criminal desatada, en un macabro plan que se adelanta de manera sistemática, contra líderes sociales, defensores de derechos humanos, indígenas, desmovilizados?

La actividad asesina en desarrollo no puede verse como algo normal en una sociedad civilizada. La nuestra parece haberse acostumbrado, no solamente al diario reporte de personas muertas a manos de sicarios en distintos lugares del país, sino a la impunidad y a la vacía respuesta según la cual “se trata de hechos aislados”.

El Estado ha perdido el control de la situación. Es incapaz de garantizar el derecho a la vida. Como si no existiera. Son varios los departamentos en que la vida de las personas está en permanente riesgo, y en que la población sabe que no tiene protección.

El artículo 11 de la Constitución proclama que el derecho a la vida -el derecho básico, sin el cual los demás son imposibles- es inviolable. Que no habrá pena de muerte, aunque la realidad indica que el liderazgo social -por ejemplo- ha pasado a ser motivo de “ejecución”, no se sabe por orden de quién o de quiénes. Hipótesis van y vienen, y el aparato criminal sigue actuando.

Dice el preámbulo de la Constitución que ella fue establecida "con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz".

El artículo 2 señala que "son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución" y que "Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades".

Reglas bien inspiradas, desarrolladas en la jurisprudencia, pero hoy inanes; el Estado colombiano no ha podido y, al parecer, no las puede cumplir.

Bogotá, D, C, 16 de enero de 2020

*Expresidente de la Corte Constitucional

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Víctor G Ricardo

Por Víctor G. Ricardo*. - El primer gobierno de coalición de la historia española arrancó en Madrid. Atrás quedan la repetición de elecciones, gobiernos en funciones, negociaciones interminables, ofertas inasumibles o pactos incomprensibles. España se gradúa como país democráticamente maduro, ponderado y coherente, capaz de salir del atolladero político en el que estaba sumido por la puerta grande, esto es, formando un gobierno de coalición, moderado y progresista. Al menos en teoría. Abra que esperar como se desarrollarán los acuerdos.

Porque lo que aún se desconoce es cuál será el costo que el recién investido Presidente Pedro Sánchez ha de pagar para poder seguir en el Palacio presidencial. Y no me refiero al pacto con Unidas Podemos (UP), gran beneficiado de esta situación ya que con apenas 35 diputados (de un total de 350) ha conseguido 1 vicepresidencia y 4 ministerios.

El costo que el Presidente Sánchez ha de pagar pasa, en primer lugar, por Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y la imprescindible abstención de sus 13 diputados en la votación de investidura.  A nadie se le escapa que sus posiciones pasan por convocar un referéndum de autodeterminación en Cataluña y por la amnistía de los políticos presos, posiciones que, por inconstitucionales, parecerían irreconciliables con el partido de Pedro Sánchez.

En segundo lugar, el costo de la investidura pasa también por el apoyo recibido de EH Bildu, partido independentista vasco que acoge en sus filas a miembros de la extinguida ETA. La falta total de respeto, el desprecio y el insulto a las instituciones españolas, incluido al mismo Jefe del Estado, se han apoderado, al menos durante el debate de investidura, del poder legislativo español. Por eso, mucho más que una investidura, lo que está en juego en España es la propia España.

Por lo demás, es una lástima que este nuevo gobierno nazca con estas taras que amenazan con condenarle a muerte desde antes de su alumbramiento. Porque España estuvo sin un gobierno plenamente operativo muchos años por lo que urge afrontar los retos del país, ya sean políticos, económicos o sociales, como las necesidades de los ciudadanos. Sánchez es muy consciente de esto y por eso se ha rodeado de un equipo de ministros bien ponderado, de carácter técnico y económico, capaz de afrontar dichos retos y necesidades. Sólo el tiempo -y la tramitación de la ley de presupuestos- nos dirá si su Gobierno es capaz de superar la debilidad con la que nace, rebajar y circunscribir la tensión política con los nacionalistas dentro de los parámetros constitucionales, y mantener el difícil equilibrio con sus socios de gobierno.

Despejada incertidumbre en España

Bogotá, D. C, enero 15, 2020

*Excomisionado de Paz 

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Amylkar D Acosta M

Por Amylkar D. Acosta M*.- Hasta 1991 la política monetaria y cambiaria estuvo en manos de la Junta Monetaria, creada mediante la Ley 21 de 1963. En la Constitución política que entró a regir desde 1991, es la Junta directiva del Banco de la República ( B de la R), que ahora goza de autonomía frente al ejecutivo (Ley 32 de 1993, artículo 2º), la que asumió dicha competencia. La autonomía no se puede confundir con la independencia. La Junta no es una rueda suelta en el engranaje del Estado, debe ejercer sus competencias, como lo establece la Constitución, en coordinación con la política económica gubernamental.

Si bien, como lo prevé la Carta en sus artículos 371 y 373, esta es su “función básica”, como lo dejó sentado la Corte Constitucional en su Sentencia C – 481 de 1999, “también debe considerar el empleo, el crecimiento económico, el desarrollo y hasta el medio ambiente”. Bien dice la Carta en su artículo 334 que la Junta “no puede ser indiferente a la búsqueda del pleno empleo”.

Gracias a su gestión, Colombia pasó de un Índice de Precios al Consumidor (IPC) promedio del 20% en la década de 1992 a 2001 al 6% entre 2002 y 2008. Actualmente, la inflación objetivo del B de la R esta en 3% para 2019. El principal instrumento empleado por la Junta del B de la R para contener los brotes inflacionarios es la tasa de interés  de intervención, que es aquella que le cobra el Banco Emisor a las entidades financieras por los préstamos que les hace para darles liquidez.

Con tal fin, dicha tasa se elevó continuamente desde el 3% en mayo de 2010 al 7.75% en julio de 2016. Dicha tasa empezó a bajar en marzo de 2017, cuando la Junta directiva del Banco de la República la bajó 25 puntos básicos hasta el 7%, en junio de este mismo año la fijó en 5.75%, cerrando el año en 4.75%, hasta recalar en el 4.25% el 30 de abril del 2018, que se ha mantenido desde entonces hasta la fecha, por espacio de veinte meses. 

También le concierne a la Junta directiva del Banco Emisor el manejo de la política cambiaria. Es bien sabido que Colombia mantuvo por un largo período una banda cambiaria dentro de la cual se debía mover la tasa de cambio; la misma fue abandonada  a raíz de la crisis de 1999, acatando una de las exigencias del FMI, que debió intervenir para sortearla y desde entonces tenemos un régimen de libre cambio, flotante, en la que la Junta sólo interviene ocasionalmente para contener brotes devaluacionistas o revaluacionistas extremos, pero su margen de maniobra es muy limitado.

Si algo ha caracterizado la tasa de cambio en Colombia en la última década es que el peso se ha constituido en una de las monedas más revaluadas del mundo, cuando se da la depreciación del dólar y una de las más devaluada cuando se da su apreciación global. Sólo Argentina y Turquía la superan en este vértigo cambiario.

En estos momentos la economía colombiana enfrenta una delicada encrucijada: no obstante contar con una tasa de cambio competitiva, crecen mucho más las importaciones que las exportaciones, que no repuntan y, lo que es más grave, en estos momentos el déficit en la Cuenta corriente de la Balanza de pagos había alcanzado a junio de 2019 el máximo histórico de 4.6% del PIB. No deja de ser paradójico que no obstante la devaluación del peso frente al dólar, lo que debería favorecer las exportaciones, estas cayeron el 4.7% al corte del mes de septiembre, al tiempo que se acrecentaron las importaciones el 5.7%. Al déficit en cuenta corriente de la Balanza de pagos este se le viene a sumar el déficit fiscal, que bordea el 3%, que no cede; por eso se suele hablar de los déficits gemelos, los cuales tornan la economía más vulnerable frente a los choques externos.

Colombia no supo aprovechar el largo ciclo de precios altos de los commodities para corregir este déficit, como sí lo hicieron los demás países de Latinoamérica. De allí la gran vulnerabilidad de la economía colombiana frente a los choques externos, en momentos en los que la economía global pasa por una gran turbulencia a consecuencia de la guerra comercial (arancelaria) entre los dos colosos, EEUU y China.

Entre tanto la Junta directiva del Banco de la República está entre la rubia y la morena, pues a consecuencia de la devaluación galopante el IPC está bajo presión y la tasa de inflación causada en 2019 cerró en el 3.8%, casi al tope del rango meta de la inflación objetivo fijado entre el 2% y el 4%, superando sensiblemente el 3.18% de 2018; pero si sube la tasa de interés de intervención, para contenerla, acentúa la desaceleración del crecimiento del PIB, el cual se aleja cada vez más de la meta, que se ha convertido en Mantra, del Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla de un crecimiento del 3.6% para el 2019 y 4% para el 2020. Vea, pues! 

Bogotá, enero 12 de 2020

Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net

 

 

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José Felix Lafaurie Rivera

Por José Félix Lafaurie Rivera*-El Gobierno publicó, para observaciones ciudadanas, el decreto para control de riesgos a la salud y la naturaleza por erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea, cumpliendo los requisitos de la Corte Constitucional en una sentencia que, me da mucha pena, pero fue una literal “lavada de manos”: abrimos la puerta a la aspersión y quedamos bien con unos, pero con requisitos que la conviertan en laberinto kafkiano y quedamos bien con otros.

Esa es mi percepción inicial del decreto, lleno de conceptos previos, auditorías internas y externas y participación ciudadana, “antes, durante y después de la ejecución de los programas de erradicación”. No se trata de evadir la veeduría ciudadana ni de expedir patentes de corso, pero no se puede olvidar tampoco que el narcotráfico es un delito y su persecución una acción policiva que obliga a la justicia.

La Aspersión aérea puede afectar la salud y se debe considerar ese riesgo. De hecho, quienes aplican herbicidas deben estar protegidos. Claro que tiene impacto ambiental, que debe ser mitigado, pero acaso no es peor el de la tala y la contaminación del narcotráfico, o la destrucción de los ríos por la minería ilegal, el negocio subsidiario del narcotráfico.

 “De dos males el menor”, no solo es un proverbio atribuido a Fedro (20 a.C.), sino un asunto de sentido común y, en algunos casos, un dilema ético que enfrenta todos los días la medicina, por ejemplo (la vida de la madre o del niño; la amputación de un miembro o la vida), y que debe asumir también el gobernante frente a su mandato constitucional de preservar el interés general sobre el de unos pocos.

El tema de la lucha contra el narcotráfico es controversial, ideologizado. Según la postura frente a las estrategias para derrotarlo, se es imperialista y de ultraderecha -malo-, o libertario y socialista -bueno-. Hoy, además, los partidarios de la aspersión controlada son depredadores ambientales (malos), y los de la sustitución voluntaria y erradicación manual son “ambientalistas” (buenos). En esta narrativa perversa, el malo de Uribe utilizó la primera y redujo a 44.000 hectáreas los cultivos ilícitos, hasta cuando llegó el bueno de Santos y por la presión extorsiva de las Farc, disfrazada de preocupación en salud, la eliminó y nos dejó con 200.000 hectáreas, control territorial y crímenes.

Lo mismo pasó con la paz que, al final, nunca llegó: no era un asunto de buenos y malos; pero alrededor de esas narrativas da vueltas el país sin avanzar. Las legítimas preocupaciones por “lo social”, “lo ambiental” y la “participación ciudadana”, manipuladas por la izquierda y el centro- santismo, se atraviesan al fracking controlado, sin pensar en la pobreza que vendrá cuando toque importar todo el petróleo; como se atraviesan a la aspersión controlada, en un país tapizado de coca y manchado de sangre por el narcotráfico.

¿Quién asesino a Gloria Ocampo y a más de 600 líderes sociales? Todo el mundo lo sabe: las disidencias, el ELN, los Pelusos y un largo etcétera con un factor común: narcotráfico. ¿Por qué? Todo el mundo lo sabe: por la lucha feroz por territorios de cultivo y de rutas.

 

No obstante, la izquierda y el centro-santismo, ambos en paro, culpan al gobierno, como si el presidente fuera el perpetrador. Doble moral, mezquindad política y mentira mediática. El enemigo es el narcotráfico y, para combatirlo, el país tendrá que elegir, entre varios males el menor: aspersión aérea controlada, a partir de un decreto realista que podrá ser mejorado, que proteja la salud y la naturaleza, sin amarrar al Estado en su lucha legítima contra el narcotráfico.

¡Adelante Presidente!

Bogotá, D. C, 12 de diciembre de 2020

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie

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Por Mons. Luis Fernando Rodríguez Velásquez

Por Mons. Luis Fernando Rodríguez Velásquez* - Primero: Es común que cada que comenzamos el nuevo año hagamos las cábalas y los vaticinios sobre lo que esperamos para el año al que damos inicio, según el calendario civil. Es posible que cada uno reitere los planes de trabajar mejor, de cuidarse con los alimentos, de rebajar peso, de solucionar las desavenencias, etc. Eso está bien. Lo que produce preocupación es que posiblemente son los mismos propósitos de cada año y que seguramente no se han cumplido. Qué importante es que se haga el propósito de cumplir de la mejor manera posible lo que se ha de alcanzar, poniendo la confianza en Dios con una buena dosis de voluntad personal y disciplina.

Segundo: Por otra parte, la Iglesia ha comenzado desde semanas atrás el año litúrgico, con el adviento y la navidad. Un propósito clave debemos buscar alcanzar, de la mano de Dios, y es el que los ángeles cantaron en el portal de Belén, la paz: “Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a las personas de buena voluntad”.

Tercero: Con la fiesta del Bautismo del Señor comenzamos el tiempo llamado Per annum, o tiempo ordinario en la liturgia de la Iglesia.  El color verde será el característico. Es el verde la esperanza, de la confianza, de la fe. Es el color también de la florescencia y de la alegría.

Así debería ser la vida de los cristianos católicos; ese debería ser el aporte que como ciudadanos deberíamos dar en momentos de crisis, incertidumbre y dificultades.

El Papa Francisco nos dirá: “Comprendo a las personas que tienden a la tristeza por las graves dificultades que tienen que sufrir, pero poco a poco hay que permitir que la alegría de la fe comience a despertarse, como una secreta, pero firme confianza, aun en medio de las peores angustias: «Me encuentro lejos de la paz, he olvidado la dicha […] Pero algo traigo a la memoria, algo que me hace esperar. Que el amor del Señor no se ha acabado, no se ha agotado su ternura. Mañana tras mañana se renuevan. ¡Grande es su fidelidad! […] Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor» (Lm 3,17.21-23.26)” (Exhortación Evangelii Gaudium, 6).

Cuarto: El cristiano está llamado no a ser promotor de la desesperación, ni profeta de catástrofes, sino que está llamado a ser testigo de la esperanza, porque sabe muy bien que el Señor es el siempre vivo, el siempre actuante, que está con nosotros, está en medio de nosotros, está adelante mostrándonos el camino, y está atrás para protegernos.

Alegría y esperanza, dos palabras que se deben traducir, en un estilo de vida alegre y cargada de la confianza, en los tiempos nuevos que nos han sido prometidos.

+ Luis Fernando Rodríguez Velásquez

Obispo Auxiliar de Cali

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