Lorena Rubiano

Por Lorena Rubiano*.-“Jamás penséis que una guerra, por necesaria o justificada que parezca, deja de ser un crimen".Hernest Hemingway.

Señor Presidente Duque, señora vicepresidenta, Martha Lucía Ramírez; señor Canciller Carlos Holmes Trujillo: la mayoría de los colombianos no queremos una guerra con Venezuela. No nos lleven a una confrontación que no es nuestra. Los que no nos podemos ir para Miami, vamos a poner los muertos de un conflicto que nos están creando y que cada día lo vemos más cerca.

No es cierto que estemos preparados, nuestro pueblo no está preparado para ninguna guerra, o dónde están los refugios antiaéreos en Bogotá y otras ciudades, los centros de acopio, las alarmas para advertir de un ataque inminente, los misiles y demás armas de guerra. Mientras llega la ayuda internacional ya habremos perdido la guerra y desaparecidos centenares de compatriotas.

Sensatez señores gobernantes. Eso es lo que pedimos, nada de acaloramientos ni respuestas belicosas. Todos podremos saber cuándo y dónde empieza una guerra pero no donde termina.

La posibilidad no es remota porque pareciera que ambos gobiernos necesitan del conflicto Maduro para sostenerse y Colombia para satisfacer presiones extranjeras.

La situación es explosiva, es de gravedad, es de tener los pies sobre la tierra y no discursos belicosos, el hecho de que los países del acuerdo Tiar nos respalden, no quiere decir que estemos a salvo de una guerra, ellos no van a enviar sus soldados a defendernos mientras el pueblo derrama su sangre.

Venezuela debe resolver sus problemas sola, en su soberanía, nosotros no podemos imponer allá nuestros criterios.

No es sensato desestimar la capacidad militar del vecino y hermano país, ni de hacer retos, ni amenazar cuando la realidad y capacidades son otras.

El Presidente Maduro y sus militares tienen toda la información de nuestros puntos claves y débiles que no son muchos, pero que acabarían con nuestra capacidad económica y militar.

¿Y cuántas vidas humanas se pueden perder? ¿Quién responde por eso? ¿La comunidad Internacional? La misma que nos ofreció ayuda para atender a los queridos hermanos venezolanos y no aparecen con nada. Nos dejaron solos en esa atención humanitaria.

No caen en cuenta los guerreristas colombianos que Venezuela tiene cerca de dos millones de milicianos armados. ¿Cuándo terminaría de matarlos para tomarse el poder, años de confrontación? No quiero ser dramática con este tema pero si advertir sobre el peligro en el que estamos. Frente a una posible guerra, que insisto no es nuestra, y que no debemos apoyar. Que los que quieren tumbar a Maduro que vayan solos y lo hagan.

¿Y la ayuda internacional? ¿Cuánto se demora un permiso en el Congreso para autorizar el tránsito de tropas por nuestro territorio? ¿Y cuánto se demora un avión venezolano en bombardearnos? 

NO con nuestros campesinos, soldados y policías. Ambas naciones y nosotros sus ciudadanos, debemos saber que es suicida, irnos a una confrontación.

Definitivamente sería una confrontación, puede ser que no una guerra, pero ambas posibilidades sin sentido, sin razón alguna, y sin sentido lógico. Una guerra absurda e irracional.

Bogotá, D. C, Septiembre 13, 2019

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Gabriel Ortiz

Por Gabriel Ortiz*.- En 50 días conoceremos los ganadores y perdedores en las elecciones para gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles, y como van las cosas, no sabemos si serán en paz o en guerra y si serán ellas o criminales, quienes impongan limpiamente las mayorías.

Hay, según la ministra Gutierrez, 130 municipios en ¨alerta roja¨, es decir al borde del abismo en materia de orden público. Zonas difíciles de controlar por parte del Estado. Esta sombra que se extiende por amplias regiones pone a pensar a muchos habitantes sobre lo que ocurrirá en las elecciones del 27 de octubre. Hay mafias de narcotraficantes, de políticos y redes de contratistas que quieren afianzarse en sus feudos. Existen invasores de tierras, dueños de siembras ilícitas y minería ilegal, disidencias de la guerrilla, enemigos de la paz y de los acuerdos de La Habana, que torpedean el proceso electoral.

La Fundación Pares denunció la existencia de políticos que ¨están pagando a criminales para que maten a sus competidores¨. Ariel Ávila, director de ese organismo reveló la soledad en que dejó la empresa privada a los políticos. Desde Odebrech, pocos aportan dinero a las campañas. Han dejado a gran parte de los candidatos en brazos de los ilegales, el narcotráfico y la delincuencia. Ávila advirtió: ¨si el riesgo es alto para un candidato, se registra el asesinato del contrario¨. Increíble: dio a conocer la devaluación del precio del voto. En Cordoba, por ejemplo, hace 4 años un sufragio valía 140 mil pesos, hoy 50 mil.

El senador Luis Fernando Velasco, reveló cómo en el Cauca, su departamento y otras regiones, se falsifican carteles y volantes de los candidatos por parte de sus adversarios, para ponerlos en alto riesgo. A uno de ellos, le inventaron una carta en la que decía públicamente que la única opción era la fumigación del aérea para acabar con la coca. Ese término ¨fumigación¨, es explosivo en muchas zonas del país, por lo que representa para la salud, la vida y la tranquilidad.

A todo lo anterior se suman los mensajes de odio y polarización; la violación de las normas electorales, como adelantarse a las fechas fijadas para recoger firmas, iniciar campañas y propaganda antes de tiempo.

A través de la televisión el país entero vio con estupor cómo el expresidente Uribe utilizó para hacer política uno de los foros que realiza semanalmente el jefe del Estado. El Senador quería sentar su enérgica protesta por el asesinato de uno de sus candidatos. Era válido que lo hiciera, pero no en un acto oficial del Presidente Duque. Mucho menos para, de paso, lanzar arengas eminentemente políticas, fervientemente aplaudidas por sus súbditos.

Estos son apenas algunos dramáticos casos que llaman a la reflexión, porque los ciudadanos esperan unos comicios diáfanos, imparciales, claros y en paz. Solo así se Construye País.

BLANCO: El duro golpe a las aseguradoras con la reforma a la Contraloría.

NEGRO: Peñalosa insistirá en destruir la reserva Van der Hammen.

Bogotá, D. C, 13 de septiembre de 2019

*Exdirector del Noticiero Nacional y de Notisuper.

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José G Hernández

Por José G. Hernández*.-De acuerdo con el artículo 23 de la Constitución, "toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales".

Y, si de ello se trata, el de petición es, en una democracia, un derecho fundamental de primer orden, y el primero que está obligado a respetarlo y a hacerlo respetar es el Estado.

Por contrapartida -claro está- , ello implica obligaciones y cargas en cabeza de las autoridades públicas, de los servidores públicos y de las organizaciones particulares ante quienes, al tenor de la norma constitucional y según la ley, pueden acudir las personas con el objeto de presentar las solicitudes que deben ser respondidas de manera pronta y responsable.

En cuanto derecho de contenido democrático, el aludido derecho no puede ser restringido en su ejercicio, mientras las peticiones sean respetuosas, como lo exige la propia Carta Política.

Como dice la Ley Estatutaria 1755 de 2015, mediante él se podrá solicitar: "...el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos".

Infortunadamente, como ha venido pasando también con la acción pública de inconstitucionalidad ( dadas las excluyentes y artificiales exigencias de forma que han agregado los magistrados de la Corte), y con la acción de tutela (en virtud de pretextos orientados a negar la protección), las normas estatutarias -previstas para facilitar el derecho de petición- son mal interpretadas y distorsionadas por entidades y funcionarios, con el fin de establecer talanqueras y dificultades ilegales, complicando su trámite y convirtiendo algo tan sencillo como resolver sobre las peticiones en interminables y prolongados "procesos" que en la práctica hacen inútil tan valioso instrumento de defensa de los derechos individuales y colectivos.

Así, por ejemplo, la posibilidad de usar formatos o formularios -que la norma legal dice que busca  facilitar las peticiones- se convierten en realidad (contra la Constitución) en barreras infranqueables para formular peticiones. Lo propio pasa con la presentación de los documentos anexos, y con los casos en que se permite avisar al peticionario que se requiere un tiempo adicional para responder. Hay casos en que el ciudadano nunca logra completar los requisitos –muchas veces absurdos- que les exige la correspondiente entidad pública.

Es necesario que la Procuraduría y las personerías, así como los jueces de tutela -ante quienes pueden acudir los ciudadanos-  vigilen mejor los trámites que se han venido añadiendo contra la Constitución y en detrimento del derecho fundamental; que exijan resolver de fondo, motivar las respuestas y contestar oportunamente (sin mayores complicaciones), y que el Ministerio Público imponga las sanciones que merezcan los funcionarios transgresores.

Es necesario hacer que los derechos fundamentales se respeten. Allí radica la verdadera paz.

Bogotá, D. C, Septiembre 11, 2019

*Expresidente de la Corte Constitucional.

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Clara López Obregón

Por Clara López*.- La ofensiva contra el pluralismo está en pleno desarrollo y con ella se abre paso la confección de una historia oficial, el silencio de la crítica y la invisibilización de la diferencia. La sociedad y la justicia deben actuar antes de que sea demasiado tarde.

Escribe Madeleine Albright[1] que el paso al autoritarismo es lento e imperceptible. Consiste en un cúmulo de hechos que individualmente considerados no revisten el peso específico para descarrilar la democracia, pero que en conjunto acaban por hacerla irreconocible. Esa voz de alerta referida a países como Turquía, Hungría e incluso los Estados Unidos, merece ser considerada a la luz de lo que viene sucediendo en Colombia. La responsabilidad de cuidar la democracia atañe a todos, a la sociedad civil, a la empresa privada, al movimiento social, a la academia y desde luego a los gobiernos y empieza por proteger el derecho a la libre expresión, al libre examen, a la crítica del poder y a la escogencia entre distintas opciones e ideas.

Son varios los episodios que llaman a esta reflexión. Al comienzo del Gobierno Duque se nombraron personas con posiciones contrarias a la objetividad que requiere la dirección académica del Centro Nacional de Memoria Histórica. En un país que busca superar un conflicto armado de sesenta años, quién y cómo se maneja el tema de la memoria histórica es fundamental para garantizar la pluralidad de lecturas de cara a la construcción de una democracia robusta y de calidad.

En esta misma línea se ubica la directriz emitida por el comandante del Ejército, Nicacio Martínez, que busca unificar el relato de la fuerza pública para las comparecencias de sus integrantes ante la Comisión de la Verdad y la JEP; o la polémica versión de la “Seguridad Democrática” del expresidente Álvaro Uribe en un texto escolar para quinto de primaria de la editorial Santillana que apela más a la propaganda que al libre examen.

También se han registrado decisiones oficiales orientadas a suprimir el pluralismo en otras esferas. La embajadora en Italia y Grecia, Gloria Isabel Ramírez, retiró el apoyo de Colombia al Festival de Literatura en Atenas, “por encontrarlo fuera de las líneas de pertinencia”, al haber invitado el año anterior a escritores críticos del actual Gobierno, según informó una funcionaria de la embajada.

En el Ministerio de Justicia se presentó otro incidente. El catedrático Ricardo Posada Maya presentó su renuncia a la Comisión Asesora de Política Criminal después de “reflexionar profundamente sobre la independencia académica de la comisión". El ministerio se había rehusado a divulgar el documento de los expertos con la posición adversa a la cadena perpetua.

Más publicitada ha sido la “jugadita” del senador Macías en la instalación del Congreso el 20 de julio con la que pretendió impedir el ejercicio del derecho de réplica de la oposición al Gobierno.  Más grave aún, su reiteración por parte del primer mandatario, quien ha optado por emitir sus alocuciones a través de las redes sociales que no usan el espectro electromagnético para que los medios de comunicación no tengan la obligación legal de transmitir las réplicas de la oposición.

Los casos más graves por su sensibilidad frente a la libertad de expresión tocan a los medios de comunicación. La empresa PRISA, dueña de Caracol Radio, ordenó sacar del espacio noticioso a connotados columnistas que analizaban semanalmente los acontecimientos y Noticias UNO anunció que el Canal UNO sacará este noticiero del aire por no ser rentable.

Todo lo anterior se da en el contexto de la intimidación armada y el asesinato de más de 450 líderes sociales y políticos y 150 reincorporados de las Farc cuyo denominador común es pensar diferente en materia de sustitución de cultivos de uso ilícito, restitución de tierras, derechos humanos y corrupción.

Este patrón de acontecimientos indica que la libertad de expresión está siendo erosionada de manera grave y en casos aniquilada. La ofensiva contra el pluralismo está en pleno desarrollo y con ella se abre paso la confección de una historia oficial, el silencio de la crítica y a la invisibilización de la diferencia. La sociedad y la justicia deben actuar antes de que sea demasiado tarde. ¡SOS! ¡En Colombia se asfixia el pluralismo y con ello la democracia!

Bogotá, D. C, 12 de septiembre de 2019

*Exalcaldesa de Bogotá, Exministra de Trabajo.

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Victor G Ricardo

Por Víctor G. Ricardo*.- Con el inicio de septiembre, el cronómetro para lograr la formación de Gobierno y evitar la celebración de nuevas elecciones generales en España se ha puesto en marcha.

Sin embargo, tras las infructuosas negociaciones entre el PSOE y Unidos Podemos (UP) que culminaron en la investidura fallida del pasado 25 de julio, lejos estamos de poder afirmar que se han registrado avances y que los líderes políticos de las distintas formaciones acerquen posiciones.

Al contrario, tras las primeras reuniones entre los equipos negociadores, la UP sigue firme en sus exigencias de formar un “gobierno de coalición”, en el que se integren Ministros de dicho partido, mientras que el PSOE sigue abogando por un “gobierno de cooperación”, para lo que ha presentado un programa con 370 puntos en el que se han integrado muchas de las reivindicaciones de UP, aumentando así la presión sobre el grupo de Pablo Iglesias para que apoye la investidura de Sánchez.

Si bien es cierto que nadie parece desear la celebración de nuevas elecciones (un 80% de los votantes de PSOE y UP estarían en contra de la repetición de elecciones, según encuestas publicadas el pasado fin de semana en España). Según las mismas encuestas, Pedro Sánchez sería el gran beneficiado en el caso de que llegasen a celebrarse, ya que podría incluso sumar mayoría absoluta con UP y con el PNV. Recordemos que ahora necesitaría también el apoyo de independentistas catalanes. Por su parte, UP seguiría perdiendo representación (7 escaños menos, según las encuestas), confirmando su progresivo y continuado descalabro. Estos pronósticos no hacen más que poner presión sobre Pablo Iglesias para que flexibilice sus posiciones y favorezca la investidura de Sánchez.

El presidente en función ha sabido utilizar muy bien los tiempos y podría decirse que se encuentra ahora en una situación ventajosa. En una semana clave para la formación de gobierno, el PSOE se encuentra anclado en el bloqueo político al apenas ofrecer nada a UP (lejos queda ya su oferta de vicepresidencia social que Pablo Iglesias desechó en julio).

Desde esta posición puede esperar a que UP ceda en sus exigencias y se avenga a apoyar la investidura o, en caso contrario, se desemboque un nuevo contexto electoral en el que Pedro Sánchez tiene muchas posibilidades de reforzar su mayoría.

Con todo, es deseable que Pedro Sánchez no apueste a unos nuevos comicios y busque por todos los medios formar un gobierno estable en España lo antes posible capaz de hacer frente a los retos a los que se enfrenta el país. Tanto el contexto de desaceleración económica mundial como los vaivenes del Brexit exigen un gobierno plenamente operativo y preparado para tomar decisiones. Sin olvidar la cuestión catalana, al estar la sentencia del “proceso” a punto de ver la luz. Y, como apuntara Felipe González hace unos días, que “se respeten las reglas del juego”, en el sentido de que el presidente no deje de ser presidente (que tenga la facultad de nombrar y cesar a sus ministros). 

Los próximos días serán cruciales para ver si Pedro Sánchez y Pablo Iglesias logran un acuerdo de investidura que tendrá que producirse, en todo caso, antes del 23 de septiembre. De no alcanzarse, se disolverán automáticamente las Cortes Generales y se procederá a la convocatoria de elecciones generales en noviembre.

Bogotá, D. C, Septiembre 11, 2019    

*Excomisionado de Paz.

 

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Amylkar D Acosta M

Por Amylkar D. Acosta  M*.- Se pretende por parte de Ministro carrasquilla reducir el tamaño del Estado y por esta vía reducir el gasto, el cual pasó de representar el 16.8% del PIB en 2013 al 15.6% en 2018 y ahora el Gobierno se propone reducirlo, una vez más, hasta el 15.4% en 2022. Pero, según las conclusiones a las que arribó la Comisión del gasto y la inversión pública, “el gasto público tiende a aumentar como proporción del PIB a medida que los países se desarrollan, reflejando la creciente demanda de servicios públicos”.

Y, como lo sostiene Jorge Iván González, uno de los integrantes de dicha Comisión, de acuerdo con la Ley de Wagner, el gasto público crece inercialmente  como porcentaje del PIB en todos los países y Colombia no es la excepción. El gasto público, según la Comisión del gasto, está indexado de un año a otro a ritmos del 4% real anual. Es más, como lo dice él, “a medida que las sociedades son más complejas, el gasto público tiene que aumentar para poder responder a las necesidades colectivas. La Comisión del Gasto pone en evidencia el tamaño relativamente pequeño del Estado colombiano, cuando se compara con otros países de América Latina y, sobre todo, de Europa”. Refiriéndose al proyecto de Presupuesto, esto planteó Jorge Iván González: “lo peor que se puede hacer en este momento, si está aumentando el desempleo, es reducir la inversión pública”. Ello, además, le restaría impulso al débil crecimiento del PIB.

Es más, a juicio del Presidente de ANIF Sergio Clavijo “tampoco lucen realistas ni fundamentadas las pretendidas contracciones del gasto público del MFMP 2019, requeridas para terminar de cumplir las metas de la Regla fiscal. …la administración Duque tuvo que recurrir a incrementar el gasto público por un 1% del PIB durante su primer año de gobierno. Esto indica que el track-récord da poca credibilidad a este esquema, así algunos consideren que las ´pataletas presupuestales´ del Ministro sean una garantía”.

En cuanto a los ingresos se refiere, el Ministro de Hacienda viene haciendo cuentas alegres, como las de la lechera de Samaniego, que enseñó la vanidad de girar sobre el futuro cuando ni el presente está seguro. Veamos: se aduce que al reducir la tarifa efectiva que deben tributar las empresas se mejora la tributación neta 0.8 puntos porcentuales, elevándola al 14.7% del PIB para el 2022, de los cuales 0.4 puntos porcentuales serían atribuibles a “gestión  fiscal” por parte de la DIAN. El Ministro Carrasquilla, como el ex presidente de EEUU Ronald Reagan, cree a pié juntillas en la curva de Laffer, que debe su nombre a un reputado economista que en los años 80´s justificó los recortes de la tasa impositiva pretextando que de esta manera aumentaba el recaudo. El Nobel de Economía Paul Krugman lo ha rebatido apoyándose en la experiencia empírica, que se repite con Trump, que va a contrapelo de la misma.

Y la otra cara de la moneda está representada por el costo fiscal de la Ley de desfinanciamiento, como la llama ANIF, que se calcula en $10 billones para el año entrante. Sólo por concepto de la reducción de la tarifa del impuesto de renta se dejará de recaudar en el 2020 $1 billón, por el descuento del 100% del IVA en la compra de bienes de capital $6 billones por año y el descuento del 50% del impuesto de industria y comercio $1 billón anual. Como lo sostiene el

experto en economía Johns Hopkins “la Ley de Financiamiento salió mal: si bien bajó los impuestos empresariales, como había prometido el presidente en campaña, lo hizo a costa de dos males. El primero, una larga lista de exenciones y tratamientos especiales injustificados que premian a aquellos con capacidad de lobby o a los que tiñen su actividad con ciertas características cromáticas anaranjadas; y, el segundo, al recaudarse menos de lo que el plan de gobierno requiere, las cuentas públicas se descuadraron”.

Además, los resultados que se esperaban con el alivio tributario a las empresas siguen sin impulsar el crecimiento, al punto que la Junta directiva del Banco de la República redujo su previsión de crecimiento del PIB para este año del 3.5% al 3.1%. De hecho, después de crecer en el primer trimestre el 3.1%, para modo de alcanzar la meta del 3.6%, que el Ministro Carrasquilla ha convertido en su mantra, la economía tendría que crecer en el segundo semestre por encima del 4%, lo cual es muy difícil, sobre todo si tenemos en cuenta el freno al crecimiento de la economía global y los amagos de recesión en la economía estadounidense a consecuencia de la guerra comercial entre las dos grandes potencias, China y EEUU. Y no hay que olvidar que cada punto del PIB del crecimiento representa recaudo del orden de los $2 billones, aproximadamente.

Tampoco se ha traducido  en mayor generación de empleo, por el contrario el desempleo volvió a los dos dígitos y sigue creciendo. En lo sucesivo, los beneficios tributarios o de otra índole que se dispensen a los contribuyentes a manera de incentivos o estímulos deberían estar condicionados al cumplimiento de los fines que los justifican. 

Bogotá, D. C, 9 de septiembre de 2019

*Expresidente del Congreso y exminixtro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net

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Guillermo García Realpe

Por Guillermo García Realpe.- Los hechos recientes de violencia registrados en los últimos días en los departamentos del suroccidente del país, ameritan un análisis profundo y una reflexión de gran rigor.

No es un secreto que se le está saliendo de las manos el Cauca, la Costa Pacífica y el país al Estado colombiano y al Gobierno del Presidente Iván Duque, los bandidos ya campean hasta en las rutas fluviales y nosotros fuimos testigos directos en días pasados.

Contrarrestar el accionar delincuencial no es con pronunciamientos, ni con pañitos de agua tibia, es con resultados y con toda la contundencia institucional y de sus Fuerzas del orden.

Lo que se viene presentando en el departamento del Cauca es de absoluta gravedad, uno de los casos más crueles y atroces, el sucedido recientemente contra la vida de Karina García Sierra, candidata a la alcaldía del municipio de Suárez por el Partido Liberal, Karina y otras cinco personas, incluida su señora madre fueron ultimados e incinerados en momentos en que desarrollaban labores propias de su actividad política por la zona rural de Betulia en ese municipio.

No sólo murió la candidata, que seguramente sería la alcaldesa de la población, murió una madre, murió una joven líder que se abría pasos en la política regional y murió una valiente mujer que desafío todas las amenazas locales que tenía a su alrededor.

Las víctimas fueron atacados por desconocidos, al parecer integrantes de grupos armados ilegales que operan en la zona, de la manera más brutal, episodio que nos recordó otros, igual de atroces, ocurridos en décadas anteriores cuando la época de la violencia acorralaba a los colombianos.

Karina García, es la víctima número 210 en la era del Gobierno del Presidente Duque y es la víctima 103 del año 2019. Estás muertes no pueden quedar en una estadística más, pueden haber mil consejos de seguridad en Popayán y el Cauca, pueden ofrecer millonadas de recompensa, de nada sirve, ya acabaron con sus vidas. Por eso, hay que evitar a toda costa que nuevos actos de sangre y de violencia enluten a más familias colombianas.

Quienes somos defensores de la Paz y la reconciliación nacional, desde luego que condenamos y reprochamos de todas las formas este acto vil y cobarde que segó la vida de seis compatriotas de bien, no es posible que el Estado colombiano, que el Gobierno nacional no pueda garantizar a plenitud el derecho a la vida de las personas, que no brinde garantías de protección a sus ciudadanos, eso realmente es triste y deplorable. El Gobierno parece atado, amarrado, no despega, no brinda condiciones de seguridad a su gente, eso es triste y lamentable.

El país tiene que voltear su mirada al Cauca, un departamento hermoso, con toda la riqueza natural y ambiental, cuna del Macizo Colombiano, de ilustres e históricos personajes y de gente buena y trabajadora, pero hoy, la realidad es otra, el Cauca se ha convertido en escenario y cuna de unos pocos bandidos que hacen daño, que desplazan, que despojan tierras, que asesinan a quienes se oponen sus oscuras pretensiones.

Da impotencia ver en las noticias como en un solo fin de semana resultan muertas de forma violenta quince personas en el Cauca, sobre todo en municipios del norte, ese baño de sangre tenemos que pararlo. 

No es posible también seguir siendo testigos mudos ante nuevas oleadas de violencia, según la Misión de Observación Electoral –MOE-, en lo que va corrido de las campañas políticas, menos de dos meses, la cifra de candidatos a corporaciones públicas asesinados ya se eleva a cinco, ¡eso es algo irracional! 

Hoy el Cauca, Nariño y otros departamentos del suroccidente colombiano viven constantemente con la zozobra de las balas de los grupos armados ilegales, de las disidencias, de bandas criminales, que se disputan el control territorial por el dominio de las rutas del narcotráfico, y la pregunta es ¿qué pasa que las autoridades no atienden las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, ¿por qué no actúan a tiempo? 

Ojalá más temprano que tarde las autoridades den con el paradero de los responsables, autores materiales e intelectuales y sobre ellos recaiga todo el peso de la Ley. 

Nuevamente desde el Partido Liberal, enviamos nuestras profundas condolencias nuestro sentido pésame y nuestra voz de duelo para todas las familias que han perdido a sus seres queridos en estos cobardes y despiadados actos de violencia. 

Bogotá, D. C, 9 de septiembre de 2019

Guillermo García Realpe. Senador Partido Liberal

@GGarciaRealpe

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Mauricio Cabrera Galvis

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- La desmovilización de 11.000 guerrilleros y la entrega verificada de sus armas es uno de los acontecimientos más trascendentales de la historia reciente del país, pues disminuyó la intensidad de un sangriento conflicto interno que dejó cientos de miles de muertos y millones de víctimas, y permitió que regiones azotadas por la guerra pudieran empezar a recibir los frutos de la naciente paz.

Por eso el anuncio de Iván Márquez y un reducido grupo de disidentes de volver a la guerra, con el supuesto motivo del derecho de levantarse en armas contra la opresión, es un duro golpe al proceso de Paz que se inició tras los Acuerdos de la Habana. Es una crisis que puede dar al traste con el proceso, pero también es una enorme oportunidad para fortalecerlo y apurar su consolidación. Todo depende que se haga con los disidentes.

A Márquez y su grupo que traicionaron el proceso hay que combatirlos con toda la fuerza del Estado. Lo mismo que a los otros grupos disidentes que nunca aceptaron el Acuerdo, y a la guerrilla del Eln que ha sido renuente a negociar; todos ellos son grupos armados residuales que viven de negocio ilícitos, que siguen con el discurso de la extrema izquierda del siglo pasado y ya no tienen justificación política ni ideológica para la lucha armada.

Pero hay que recordar que esos grupos no son los únicos disidentes que no aceptan las reglas y condiciones pactadas en el Acuerdo de Paz y quieren acabarlo. En la extrema derecha también hay grupos que quieren volver a la guerra: unos que ya empezaron por las vías de hecho asesinando a líderes sociales y excombatientes, y otros que con medios legales y jurídicos quieren volverlo trizas. Como los extremos se juntan, estos disidentes de derecha son los más beneficiados con la disidencia de Márquez.

Para fortuna del país la mayoría de los dirigentes políticos, de los partidos y de los funcionarios del Estado han rechazado a todos los disidentes y han reiterado su decisión y compromiso de continuar con lo pactado en el Acuerdo de Paz.

Los primeros en rechazar y condenar las acciones de Márquez fueron los del partido de las Farc (que ya deberían pensar en cambiarse el nombre). Rodrigo Londoño, su director y ex comandante de la antigua guerrilla, calificó el anuncio como una equivocación delirante, frente a la cual dijo “Sentimos vergüenza y pedimos perdón a los colombianos”; además reiteró que a pesar de las demoras en la acción del Estado para la reincorporación de combatientes, más del 90% de los desmovilizados se mantienen firmes en el proceso.

En el otro lado, frente a los llamados de algunos políticos nostálgicos de la guerra de sacar el Acuerdo de la Habana de la Constitución e incumplir lo pactado, el rechazo del presidente Duque fue contundente: “Mantenemos nuestro compromiso con quienes están avanzando genuinamente en el proceso de reintegración (....) Nuestro mensaje es claro: quienes han optado por el camino de la legalidad bajo los principios de justicia, reparación y no repetición, seguirán contando con el compromiso del Estado”.

Esa voluntad manifiesta de las dos partes de honrar sus compromisos es la mejor manera de derrotar a los disidentes que quieren volver a la guerra, siempre y cuando vaya acompañada de mayor presencia del Estado en los territorios que han sufrido el conflicto.

Bogotá, D. C, 8 de septiembre de 2019

*Filósofo y Economista. Consultor

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José Félix Lafaurie Rivera

Por: José Félix Lafaurie Rivera*.- Si un gerente insta a sus vendedores a hacer “su mejor esfuerzo” para doblar las ventas, espera que visiten más clientes y revisen estrategias; no que ataquen competidores ni sobornen encargados de compras. Cuando le decimos a un hijo que haga lo necesario para salvar su año, esperamos que sacrifique diversiones y estudie; no que amenace al maestro o haga trampa en los exámenes.

Quien entienda lo contrario tiene un problema de valores o persigue oscuros intereses. No fue el caso de la oficialidad de Ejército frente a la directiva de su comandante, pero sí el del periodista del New York Times, quien, ladinamente y después de aclaraciones juiciosas del general Martínez, decidió que pedirles a los soldados mayor efectividad en la lucha contra el delito, siempre ajustados a la Constitución y la Ley, era una invitación a la ilegalidad y al crimen.

¿Qué hay detrás? ¿Por qué el ocupado senador Leahy, no solo arremete contra una senadora colombiana que defiende al Ejército frente a los infundios de un periodista simpatizante de las Farc, sino que, vestido de defensor de la libertad de prensa a ultranza, conmina al Gobierno a exigirle pruebas a María Fernanda Cabal y a emprender contra ella una “public denunciation”?

Hay que tirar de la cuerda para desenredar la madeja. No es nuevo en Leahy el atrevimiento de hacerle “exigencias” al gobierno en favor de la izquierda. En 2002 intentó sabotear el Plan Colombia contra el narcotráfico, cuando ya las Farc eran los mayores narcotraficantes. Y para no ir tan lejos, hace ¡15 días! firmó una carta al presidente Duque en la cual, después de restregarle la ayuda –es presidente del Comité de Apropiaciones–, con tonito extorsivo cuestionó el nombramiento del general Martínez y la cúpula militar.

¿Qué hay detrás de esa carta? Dos meses antes, el señor Vivanco (Human Right Watch), publicó un informe en el que este autoproclamado “juez universal” condenó sumariamente al general y a la cúpula bajo el título: “Colombia. Nuevos comandantes del Ejército asociados con asesinatos”. Por ahí va el agua al molino. HRW hace su tarea de deslegitimar al Ejército; unos honorables senadores estadounidenses la validan y un prestigioso diario la mediatiza ante el mundo.

¿Para qué deslegitimar al Ejército?: Para neutralizarlo en su lucha contra la herencia maldita de 200 mil hectáreas de coca, con estrategias paralelas, además, como evitar a toda costa la aspersión con glifosato. ¿Pero…, para qué sabotear la lucha contra el narcotráfico? Porque es la Caja de Pandora de donde salieron todos nuestros males; la maldición que nos convierte en Estado fallido; raíz de la corrupción, la violencia urbana y la lucha por los cultivos ilícitos y las rutas de la droga.

El fracaso contra el narcotráfico, sumado a la protesta callejera permanente –una amenaza de Petro– y el llamado “litigio estratégico”, cuyo último capítulo es el ataque para deslegitimar al Ejército, es una estrategia de la izquierda con la complicidad de un “centro” ambivalente, y el apoyo externo de HRW, Leahy, el Foro de Sao Paulo y el Socialismo del Siglo XXI, cuya dictadura se resiste a caer en Venezuela, gracias al narcotráfico que corrompe la cúpula militar, la misma que sostiene a Maduro. Siempre el narcotráfico.

Su norte: minar la gobernabilidad de Duque y, de paso, enemistar a Colombia con Estados Unidos –el imperialismo yanqui–. ¿Para qué?, ¿a quién le interesa el fracaso del gobierno Duque? Sencillo: a la izquierda, para que Petro llegue a poner las cosas “en su sitio” en 2022. Si el país no despierta, ¡que Dios nos coja confesados!

Bogotá, D. C, 7 de septiembre de 2019

*Presidente de Fedegan

@jflafaurie

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Monseñor Luis Fernando Rodríguez Velásquez

Por: Mons. Luis Fernando Rodríguez Velásquez *.- Bautizados y enviados, es el tema básico que tendrá la misión extraordinaria pedida por el Papa Francisco, para el próximo mes de octubre. Esta misión se llevará a cabo en todo el territorio nacional. Es oportuno señalar, que, en el caso de la Arquidiócesis de Cali, esta misión extraordinaria, se inserta en el plan pastoral arquidiocesano, que incluye la misión permanente como acción ordinaria y cotidiana. De hecho, a lo largo del año, iniciativas tendientes a la realización de la misión de octubre, y otras actividades misionales se han venido realizando.

Para la misión toda la comunidad debe prepararse. ¿Cómo? Primero con la oración. Recordemos que, en el mes de la misión, celebramos la memoria de la patrona de las misiones, Santa Teresita del Niño Jesús, quien, desde la clausura, oraba sin cesar por las misiones.

Segundo, las asambleas pastorales parroquiales deben estudiar. Bajo el liderazgo del párroco, han de estudiar los temas, los modos, los tiempos, los destinatarios de la misión. A través de la acción pastoral de la Iglesia, el Señor Jesús nos elige y envía a la misión.

Tercero, se debe hacer una aproximación locativa particular. La idea de la misión es hacer caso al Papa Francisco que nos invita a “callejear la fe, para llegar a los más alejados”. Si la misión se reduce solo a los que van a misa, se queda en la mitad del camino. Pero no. De lo que se trata es precisamente llegar a los que se han distanciado o no conocen a Jesucristo. Si una parroquia tiene 10.000 habitantes, y en las misas dominicales, por ejemplo, solo asiste el 10%, es decir, 1.000 feligreses, ¿qué hacer con los otros 9.000?, pues hacerles la misión, llevarles con cariño el mensaje de salvación predicado por Cristo. De eso se trata.

Cuarto, tomar conciencia de que el bautismo nos hace testigos, misioneros del Evangelio de Jesucristo.

Quinto, ser valientes. En los tiempos actuales, se requiere en el misionero valentía, creatividad, entusiasmo, perseverancia. Las palabras de Jesús han de resonar en cada momento de la acción misionera: “En el mundo tendrán tribulación. Pero ¡ánimo!, yo he venido al mundo” (Jn. 16, 33). “Y no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma; … Por todo aquel que se declare en favor mío ante los hombres, yo también me declararé en su favor ante mi Padre que está en los cielos” (Mt. 10, 28. 32).

Y, “vayan, pues, y hagan discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo” (Mt. 28, 19 - 20).

Por todo esto, ¡ánimo, el Señor nos envía a la misión!

Bogotá, D. C, 7 de septiembre de 2019  

+Luis Fernando Rodríguez Velásquez

Obispo Auxiliar

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Lorena Rubiano

Por Lorena Rubiano*.-“Jamás penséis que una guerra, por necesaria o justificada que parezca, deja de ser un crimen".Hernest Hemingway.

Señor Presidente Duque, señora vicepresidenta, Martha Lucía Ramírez; señor Canciller Carlos Holmes Trujillo: la mayoría de los colombianos no queremos una guerra con Venezuela. No nos lleven a una confrontación que no es nuestra. Los que no nos podemos ir para Miami, vamos a poner los muertos de un conflicto que nos están creando y que cada día lo vemos más cerca.

No es cierto que estemos preparados, nuestro pueblo no está preparado para ninguna guerra, o dónde están los refugios antiaéreos en Bogotá y otras ciudades, los centros de acopio, las alarmas para advertir de un ataque inminente, los misiles y demás armas de guerra. Mientras llega la ayuda internacional ya habremos perdido la guerra y desaparecidos centenares de compatriotas.

Sensatez señores gobernantes. Eso es lo que pedimos, nada de acaloramientos ni respuestas belicosas. Todos podremos saber cuándo y dónde empieza una guerra pero no donde termina.

La posibilidad no es remota porque pareciera que ambos gobiernos necesitan del conflicto Maduro para sostenerse y Colombia para satisfacer presiones extranjeras.

La situación es explosiva, es de gravedad, es de tener los pies sobre la tierra y no discursos belicosos, el hecho de que los países del acuerdo Tiar nos respalden, no quiere decir que estemos a salvo de una guerra, ellos no van a enviar sus soldados a defendernos mientras el pueblo derrama su sangre.

Venezuela debe resolver sus problemas sola, en su soberanía, nosotros no podemos imponer allá nuestros criterios.

No es sensato desestimar la capacidad militar del vecino y hermano país, ni de hacer retos, ni amenazar cuando la realidad y capacidades son otras.

El Presidente Maduro y sus militares tienen toda la información de nuestros puntos claves y débiles que no son muchos, pero que acabarían con nuestra capacidad económica y militar.

¿Y cuántas vidas humanas se pueden perder? ¿Quién responde por eso? ¿La comunidad Internacional? La misma que nos ofreció ayuda para atender a los queridos hermanos venezolanos y no aparecen con nada. Nos dejaron solos en esa atención humanitaria.

No caen en cuenta los guerreristas colombianos que Venezuela tiene cerca de dos millones de milicianos armados. ¿Cuándo terminaría de matarlos para tomarse el poder, años de confrontación? No quiero ser dramática con este tema pero si advertir sobre el peligro en el que estamos. Frente a una posible guerra, que insisto no es nuestra, y que no debemos apoyar. Que los que quieren tumbar a Maduro que vayan solos y lo hagan.

¿Y la ayuda internacional? ¿Cuánto se demora un permiso en el Congreso para autorizar el tránsito de tropas por nuestro territorio? ¿Y cuánto se demora un avión venezolano en bombardearnos? 

NO con nuestros campesinos, soldados y policías. Ambas naciones y nosotros sus ciudadanos, debemos saber que es suicida, irnos a una confrontación.

Definitivamente sería una confrontación, puede ser que no una guerra, pero ambas posibilidades sin sentido, sin razón alguna, y sin sentido lógico. Una guerra absurda e irracional.

Bogotá, D. C, Septiembre 13, 2019

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Gabriel Ortiz

Por Gabriel Ortiz*.- En 50 días conoceremos los ganadores y perdedores en las elecciones para gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles, y como van las cosas, no sabemos si serán en paz o en guerra y si serán ellas o criminales, quienes impongan limpiamente las mayorías.

Hay, según la ministra Gutierrez, 130 municipios en ¨alerta roja¨, es decir al borde del abismo en materia de orden público. Zonas difíciles de controlar por parte del Estado. Esta sombra que se extiende por amplias regiones pone a pensar a muchos habitantes sobre lo que ocurrirá en las elecciones del 27 de octubre. Hay mafias de narcotraficantes, de políticos y redes de contratistas que quieren afianzarse en sus feudos. Existen invasores de tierras, dueños de siembras ilícitas y minería ilegal, disidencias de la guerrilla, enemigos de la paz y de los acuerdos de La Habana, que torpedean el proceso electoral.

La Fundación Pares denunció la existencia de políticos que ¨están pagando a criminales para que maten a sus competidores¨. Ariel Ávila, director de ese organismo reveló la soledad en que dejó la empresa privada a los políticos. Desde Odebrech, pocos aportan dinero a las campañas. Han dejado a gran parte de los candidatos en brazos de los ilegales, el narcotráfico y la delincuencia. Ávila advirtió: ¨si el riesgo es alto para un candidato, se registra el asesinato del contrario¨. Increíble: dio a conocer la devaluación del precio del voto. En Cordoba, por ejemplo, hace 4 años un sufragio valía 140 mil pesos, hoy 50 mil.

El senador Luis Fernando Velasco, reveló cómo en el Cauca, su departamento y otras regiones, se falsifican carteles y volantes de los candidatos por parte de sus adversarios, para ponerlos en alto riesgo. A uno de ellos, le inventaron una carta en la que decía públicamente que la única opción era la fumigación del aérea para acabar con la coca. Ese término ¨fumigación¨, es explosivo en muchas zonas del país, por lo que representa para la salud, la vida y la tranquilidad.

A todo lo anterior se suman los mensajes de odio y polarización; la violación de las normas electorales, como adelantarse a las fechas fijadas para recoger firmas, iniciar campañas y propaganda antes de tiempo.

A través de la televisión el país entero vio con estupor cómo el expresidente Uribe utilizó para hacer política uno de los foros que realiza semanalmente el jefe del Estado. El Senador quería sentar su enérgica protesta por el asesinato de uno de sus candidatos. Era válido que lo hiciera, pero no en un acto oficial del Presidente Duque. Mucho menos para, de paso, lanzar arengas eminentemente políticas, fervientemente aplaudidas por sus súbditos.

Estos son apenas algunos dramáticos casos que llaman a la reflexión, porque los ciudadanos esperan unos comicios diáfanos, imparciales, claros y en paz. Solo así se Construye País.

BLANCO: El duro golpe a las aseguradoras con la reforma a la Contraloría.

NEGRO: Peñalosa insistirá en destruir la reserva Van der Hammen.

Bogotá, D. C, 13 de septiembre de 2019

*Exdirector del Noticiero Nacional y de Notisuper.

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José G Hernández

Por José G. Hernández*.-De acuerdo con el artículo 23 de la Constitución, "toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales".

Y, si de ello se trata, el de petición es, en una democracia, un derecho fundamental de primer orden, y el primero que está obligado a respetarlo y a hacerlo respetar es el Estado.

Por contrapartida -claro está- , ello implica obligaciones y cargas en cabeza de las autoridades públicas, de los servidores públicos y de las organizaciones particulares ante quienes, al tenor de la norma constitucional y según la ley, pueden acudir las personas con el objeto de presentar las solicitudes que deben ser respondidas de manera pronta y responsable.

En cuanto derecho de contenido democrático, el aludido derecho no puede ser restringido en su ejercicio, mientras las peticiones sean respetuosas, como lo exige la propia Carta Política.

Como dice la Ley Estatutaria 1755 de 2015, mediante él se podrá solicitar: "...el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos".

Infortunadamente, como ha venido pasando también con la acción pública de inconstitucionalidad ( dadas las excluyentes y artificiales exigencias de forma que han agregado los magistrados de la Corte), y con la acción de tutela (en virtud de pretextos orientados a negar la protección), las normas estatutarias -previstas para facilitar el derecho de petición- son mal interpretadas y distorsionadas por entidades y funcionarios, con el fin de establecer talanqueras y dificultades ilegales, complicando su trámite y convirtiendo algo tan sencillo como resolver sobre las peticiones en interminables y prolongados "procesos" que en la práctica hacen inútil tan valioso instrumento de defensa de los derechos individuales y colectivos.

Así, por ejemplo, la posibilidad de usar formatos o formularios -que la norma legal dice que busca  facilitar las peticiones- se convierten en realidad (contra la Constitución) en barreras infranqueables para formular peticiones. Lo propio pasa con la presentación de los documentos anexos, y con los casos en que se permite avisar al peticionario que se requiere un tiempo adicional para responder. Hay casos en que el ciudadano nunca logra completar los requisitos –muchas veces absurdos- que les exige la correspondiente entidad pública.

Es necesario que la Procuraduría y las personerías, así como los jueces de tutela -ante quienes pueden acudir los ciudadanos-  vigilen mejor los trámites que se han venido añadiendo contra la Constitución y en detrimento del derecho fundamental; que exijan resolver de fondo, motivar las respuestas y contestar oportunamente (sin mayores complicaciones), y que el Ministerio Público imponga las sanciones que merezcan los funcionarios transgresores.

Es necesario hacer que los derechos fundamentales se respeten. Allí radica la verdadera paz.

Bogotá, D. C, Septiembre 11, 2019

*Expresidente de la Corte Constitucional.

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Clara López Obregón

Por Clara López*.- La ofensiva contra el pluralismo está en pleno desarrollo y con ella se abre paso la confección de una historia oficial, el silencio de la crítica y la invisibilización de la diferencia. La sociedad y la justicia deben actuar antes de que sea demasiado tarde.

Escribe Madeleine Albright[1] que el paso al autoritarismo es lento e imperceptible. Consiste en un cúmulo de hechos que individualmente considerados no revisten el peso específico para descarrilar la democracia, pero que en conjunto acaban por hacerla irreconocible. Esa voz de alerta referida a países como Turquía, Hungría e incluso los Estados Unidos, merece ser considerada a la luz de lo que viene sucediendo en Colombia. La responsabilidad de cuidar la democracia atañe a todos, a la sociedad civil, a la empresa privada, al movimiento social, a la academia y desde luego a los gobiernos y empieza por proteger el derecho a la libre expresión, al libre examen, a la crítica del poder y a la escogencia entre distintas opciones e ideas.

Son varios los episodios que llaman a esta reflexión. Al comienzo del Gobierno Duque se nombraron personas con posiciones contrarias a la objetividad que requiere la dirección académica del Centro Nacional de Memoria Histórica. En un país que busca superar un conflicto armado de sesenta años, quién y cómo se maneja el tema de la memoria histórica es fundamental para garantizar la pluralidad de lecturas de cara a la construcción de una democracia robusta y de calidad.

En esta misma línea se ubica la directriz emitida por el comandante del Ejército, Nicacio Martínez, que busca unificar el relato de la fuerza pública para las comparecencias de sus integrantes ante la Comisión de la Verdad y la JEP; o la polémica versión de la “Seguridad Democrática” del expresidente Álvaro Uribe en un texto escolar para quinto de primaria de la editorial Santillana que apela más a la propaganda que al libre examen.

También se han registrado decisiones oficiales orientadas a suprimir el pluralismo en otras esferas. La embajadora en Italia y Grecia, Gloria Isabel Ramírez, retiró el apoyo de Colombia al Festival de Literatura en Atenas, “por encontrarlo fuera de las líneas de pertinencia”, al haber invitado el año anterior a escritores críticos del actual Gobierno, según informó una funcionaria de la embajada.

En el Ministerio de Justicia se presentó otro incidente. El catedrático Ricardo Posada Maya presentó su renuncia a la Comisión Asesora de Política Criminal después de “reflexionar profundamente sobre la independencia académica de la comisión". El ministerio se había rehusado a divulgar el documento de los expertos con la posición adversa a la cadena perpetua.

Más publicitada ha sido la “jugadita” del senador Macías en la instalación del Congreso el 20 de julio con la que pretendió impedir el ejercicio del derecho de réplica de la oposición al Gobierno.  Más grave aún, su reiteración por parte del primer mandatario, quien ha optado por emitir sus alocuciones a través de las redes sociales que no usan el espectro electromagnético para que los medios de comunicación no tengan la obligación legal de transmitir las réplicas de la oposición.

Los casos más graves por su sensibilidad frente a la libertad de expresión tocan a los medios de comunicación. La empresa PRISA, dueña de Caracol Radio, ordenó sacar del espacio noticioso a connotados columnistas que analizaban semanalmente los acontecimientos y Noticias UNO anunció que el Canal UNO sacará este noticiero del aire por no ser rentable.

Todo lo anterior se da en el contexto de la intimidación armada y el asesinato de más de 450 líderes sociales y políticos y 150 reincorporados de las Farc cuyo denominador común es pensar diferente en materia de sustitución de cultivos de uso ilícito, restitución de tierras, derechos humanos y corrupción.

Este patrón de acontecimientos indica que la libertad de expresión está siendo erosionada de manera grave y en casos aniquilada. La ofensiva contra el pluralismo está en pleno desarrollo y con ella se abre paso la confección de una historia oficial, el silencio de la crítica y a la invisibilización de la diferencia. La sociedad y la justicia deben actuar antes de que sea demasiado tarde. ¡SOS! ¡En Colombia se asfixia el pluralismo y con ello la democracia!

Bogotá, D. C, 12 de septiembre de 2019

*Exalcaldesa de Bogotá, Exministra de Trabajo.

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Victor G Ricardo

Por Víctor G. Ricardo*.- Con el inicio de septiembre, el cronómetro para lograr la formación de Gobierno y evitar la celebración de nuevas elecciones generales en España se ha puesto en marcha.

Sin embargo, tras las infructuosas negociaciones entre el PSOE y Unidos Podemos (UP) que culminaron en la investidura fallida del pasado 25 de julio, lejos estamos de poder afirmar que se han registrado avances y que los líderes políticos de las distintas formaciones acerquen posiciones.

Al contrario, tras las primeras reuniones entre los equipos negociadores, la UP sigue firme en sus exigencias de formar un “gobierno de coalición”, en el que se integren Ministros de dicho partido, mientras que el PSOE sigue abogando por un “gobierno de cooperación”, para lo que ha presentado un programa con 370 puntos en el que se han integrado muchas de las reivindicaciones de UP, aumentando así la presión sobre el grupo de Pablo Iglesias para que apoye la investidura de Sánchez.

Si bien es cierto que nadie parece desear la celebración de nuevas elecciones (un 80% de los votantes de PSOE y UP estarían en contra de la repetición de elecciones, según encuestas publicadas el pasado fin de semana en España). Según las mismas encuestas, Pedro Sánchez sería el gran beneficiado en el caso de que llegasen a celebrarse, ya que podría incluso sumar mayoría absoluta con UP y con el PNV. Recordemos que ahora necesitaría también el apoyo de independentistas catalanes. Por su parte, UP seguiría perdiendo representación (7 escaños menos, según las encuestas), confirmando su progresivo y continuado descalabro. Estos pronósticos no hacen más que poner presión sobre Pablo Iglesias para que flexibilice sus posiciones y favorezca la investidura de Sánchez.

El presidente en función ha sabido utilizar muy bien los tiempos y podría decirse que se encuentra ahora en una situación ventajosa. En una semana clave para la formación de gobierno, el PSOE se encuentra anclado en el bloqueo político al apenas ofrecer nada a UP (lejos queda ya su oferta de vicepresidencia social que Pablo Iglesias desechó en julio).

Desde esta posición puede esperar a que UP ceda en sus exigencias y se avenga a apoyar la investidura o, en caso contrario, se desemboque un nuevo contexto electoral en el que Pedro Sánchez tiene muchas posibilidades de reforzar su mayoría.

Con todo, es deseable que Pedro Sánchez no apueste a unos nuevos comicios y busque por todos los medios formar un gobierno estable en España lo antes posible capaz de hacer frente a los retos a los que se enfrenta el país. Tanto el contexto de desaceleración económica mundial como los vaivenes del Brexit exigen un gobierno plenamente operativo y preparado para tomar decisiones. Sin olvidar la cuestión catalana, al estar la sentencia del “proceso” a punto de ver la luz. Y, como apuntara Felipe González hace unos días, que “se respeten las reglas del juego”, en el sentido de que el presidente no deje de ser presidente (que tenga la facultad de nombrar y cesar a sus ministros). 

Los próximos días serán cruciales para ver si Pedro Sánchez y Pablo Iglesias logran un acuerdo de investidura que tendrá que producirse, en todo caso, antes del 23 de septiembre. De no alcanzarse, se disolverán automáticamente las Cortes Generales y se procederá a la convocatoria de elecciones generales en noviembre.

Bogotá, D. C, Septiembre 11, 2019    

*Excomisionado de Paz.

 

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Amylkar D Acosta M

Por Amylkar D. Acosta  M*.- Se pretende por parte de Ministro carrasquilla reducir el tamaño del Estado y por esta vía reducir el gasto, el cual pasó de representar el 16.8% del PIB en 2013 al 15.6% en 2018 y ahora el Gobierno se propone reducirlo, una vez más, hasta el 15.4% en 2022. Pero, según las conclusiones a las que arribó la Comisión del gasto y la inversión pública, “el gasto público tiende a aumentar como proporción del PIB a medida que los países se desarrollan, reflejando la creciente demanda de servicios públicos”.

Y, como lo sostiene Jorge Iván González, uno de los integrantes de dicha Comisión, de acuerdo con la Ley de Wagner, el gasto público crece inercialmente  como porcentaje del PIB en todos los países y Colombia no es la excepción. El gasto público, según la Comisión del gasto, está indexado de un año a otro a ritmos del 4% real anual. Es más, como lo dice él, “a medida que las sociedades son más complejas, el gasto público tiene que aumentar para poder responder a las necesidades colectivas. La Comisión del Gasto pone en evidencia el tamaño relativamente pequeño del Estado colombiano, cuando se compara con otros países de América Latina y, sobre todo, de Europa”. Refiriéndose al proyecto de Presupuesto, esto planteó Jorge Iván González: “lo peor que se puede hacer en este momento, si está aumentando el desempleo, es reducir la inversión pública”. Ello, además, le restaría impulso al débil crecimiento del PIB.

Es más, a juicio del Presidente de ANIF Sergio Clavijo “tampoco lucen realistas ni fundamentadas las pretendidas contracciones del gasto público del MFMP 2019, requeridas para terminar de cumplir las metas de la Regla fiscal. …la administración Duque tuvo que recurrir a incrementar el gasto público por un 1% del PIB durante su primer año de gobierno. Esto indica que el track-récord da poca credibilidad a este esquema, así algunos consideren que las ´pataletas presupuestales´ del Ministro sean una garantía”.

En cuanto a los ingresos se refiere, el Ministro de Hacienda viene haciendo cuentas alegres, como las de la lechera de Samaniego, que enseñó la vanidad de girar sobre el futuro cuando ni el presente está seguro. Veamos: se aduce que al reducir la tarifa efectiva que deben tributar las empresas se mejora la tributación neta 0.8 puntos porcentuales, elevándola al 14.7% del PIB para el 2022, de los cuales 0.4 puntos porcentuales serían atribuibles a “gestión  fiscal” por parte de la DIAN. El Ministro Carrasquilla, como el ex presidente de EEUU Ronald Reagan, cree a pié juntillas en la curva de Laffer, que debe su nombre a un reputado economista que en los años 80´s justificó los recortes de la tasa impositiva pretextando que de esta manera aumentaba el recaudo. El Nobel de Economía Paul Krugman lo ha rebatido apoyándose en la experiencia empírica, que se repite con Trump, que va a contrapelo de la misma.

Y la otra cara de la moneda está representada por el costo fiscal de la Ley de desfinanciamiento, como la llama ANIF, que se calcula en $10 billones para el año entrante. Sólo por concepto de la reducción de la tarifa del impuesto de renta se dejará de recaudar en el 2020 $1 billón, por el descuento del 100% del IVA en la compra de bienes de capital $6 billones por año y el descuento del 50% del impuesto de industria y comercio $1 billón anual. Como lo sostiene el

experto en economía Johns Hopkins “la Ley de Financiamiento salió mal: si bien bajó los impuestos empresariales, como había prometido el presidente en campaña, lo hizo a costa de dos males. El primero, una larga lista de exenciones y tratamientos especiales injustificados que premian a aquellos con capacidad de lobby o a los que tiñen su actividad con ciertas características cromáticas anaranjadas; y, el segundo, al recaudarse menos de lo que el plan de gobierno requiere, las cuentas públicas se descuadraron”.

Además, los resultados que se esperaban con el alivio tributario a las empresas siguen sin impulsar el crecimiento, al punto que la Junta directiva del Banco de la República redujo su previsión de crecimiento del PIB para este año del 3.5% al 3.1%. De hecho, después de crecer en el primer trimestre el 3.1%, para modo de alcanzar la meta del 3.6%, que el Ministro Carrasquilla ha convertido en su mantra, la economía tendría que crecer en el segundo semestre por encima del 4%, lo cual es muy difícil, sobre todo si tenemos en cuenta el freno al crecimiento de la economía global y los amagos de recesión en la economía estadounidense a consecuencia de la guerra comercial entre las dos grandes potencias, China y EEUU. Y no hay que olvidar que cada punto del PIB del crecimiento representa recaudo del orden de los $2 billones, aproximadamente.

Tampoco se ha traducido  en mayor generación de empleo, por el contrario el desempleo volvió a los dos dígitos y sigue creciendo. En lo sucesivo, los beneficios tributarios o de otra índole que se dispensen a los contribuyentes a manera de incentivos o estímulos deberían estar condicionados al cumplimiento de los fines que los justifican. 

Bogotá, D. C, 9 de septiembre de 2019

*Expresidente del Congreso y exminixtro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net

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Guillermo García Realpe

Por Guillermo García Realpe.- Los hechos recientes de violencia registrados en los últimos días en los departamentos del suroccidente del país, ameritan un análisis profundo y una reflexión de gran rigor.

No es un secreto que se le está saliendo de las manos el Cauca, la Costa Pacífica y el país al Estado colombiano y al Gobierno del Presidente Iván Duque, los bandidos ya campean hasta en las rutas fluviales y nosotros fuimos testigos directos en días pasados.

Contrarrestar el accionar delincuencial no es con pronunciamientos, ni con pañitos de agua tibia, es con resultados y con toda la contundencia institucional y de sus Fuerzas del orden.

Lo que se viene presentando en el departamento del Cauca es de absoluta gravedad, uno de los casos más crueles y atroces, el sucedido recientemente contra la vida de Karina García Sierra, candidata a la alcaldía del municipio de Suárez por el Partido Liberal, Karina y otras cinco personas, incluida su señora madre fueron ultimados e incinerados en momentos en que desarrollaban labores propias de su actividad política por la zona rural de Betulia en ese municipio.

No sólo murió la candidata, que seguramente sería la alcaldesa de la población, murió una madre, murió una joven líder que se abría pasos en la política regional y murió una valiente mujer que desafío todas las amenazas locales que tenía a su alrededor.

Las víctimas fueron atacados por desconocidos, al parecer integrantes de grupos armados ilegales que operan en la zona, de la manera más brutal, episodio que nos recordó otros, igual de atroces, ocurridos en décadas anteriores cuando la época de la violencia acorralaba a los colombianos.

Karina García, es la víctima número 210 en la era del Gobierno del Presidente Duque y es la víctima 103 del año 2019. Estás muertes no pueden quedar en una estadística más, pueden haber mil consejos de seguridad en Popayán y el Cauca, pueden ofrecer millonadas de recompensa, de nada sirve, ya acabaron con sus vidas. Por eso, hay que evitar a toda costa que nuevos actos de sangre y de violencia enluten a más familias colombianas.

Quienes somos defensores de la Paz y la reconciliación nacional, desde luego que condenamos y reprochamos de todas las formas este acto vil y cobarde que segó la vida de seis compatriotas de bien, no es posible que el Estado colombiano, que el Gobierno nacional no pueda garantizar a plenitud el derecho a la vida de las personas, que no brinde garantías de protección a sus ciudadanos, eso realmente es triste y deplorable. El Gobierno parece atado, amarrado, no despega, no brinda condiciones de seguridad a su gente, eso es triste y lamentable.

El país tiene que voltear su mirada al Cauca, un departamento hermoso, con toda la riqueza natural y ambiental, cuna del Macizo Colombiano, de ilustres e históricos personajes y de gente buena y trabajadora, pero hoy, la realidad es otra, el Cauca se ha convertido en escenario y cuna de unos pocos bandidos que hacen daño, que desplazan, que despojan tierras, que asesinan a quienes se oponen sus oscuras pretensiones.

Da impotencia ver en las noticias como en un solo fin de semana resultan muertas de forma violenta quince personas en el Cauca, sobre todo en municipios del norte, ese baño de sangre tenemos que pararlo. 

No es posible también seguir siendo testigos mudos ante nuevas oleadas de violencia, según la Misión de Observación Electoral –MOE-, en lo que va corrido de las campañas políticas, menos de dos meses, la cifra de candidatos a corporaciones públicas asesinados ya se eleva a cinco, ¡eso es algo irracional! 

Hoy el Cauca, Nariño y otros departamentos del suroccidente colombiano viven constantemente con la zozobra de las balas de los grupos armados ilegales, de las disidencias, de bandas criminales, que se disputan el control territorial por el dominio de las rutas del narcotráfico, y la pregunta es ¿qué pasa que las autoridades no atienden las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, ¿por qué no actúan a tiempo? 

Ojalá más temprano que tarde las autoridades den con el paradero de los responsables, autores materiales e intelectuales y sobre ellos recaiga todo el peso de la Ley. 

Nuevamente desde el Partido Liberal, enviamos nuestras profundas condolencias nuestro sentido pésame y nuestra voz de duelo para todas las familias que han perdido a sus seres queridos en estos cobardes y despiadados actos de violencia. 

Bogotá, D. C, 9 de septiembre de 2019

Guillermo García Realpe. Senador Partido Liberal

@GGarciaRealpe

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Mauricio Cabrera Galvis

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- La desmovilización de 11.000 guerrilleros y la entrega verificada de sus armas es uno de los acontecimientos más trascendentales de la historia reciente del país, pues disminuyó la intensidad de un sangriento conflicto interno que dejó cientos de miles de muertos y millones de víctimas, y permitió que regiones azotadas por la guerra pudieran empezar a recibir los frutos de la naciente paz.

Por eso el anuncio de Iván Márquez y un reducido grupo de disidentes de volver a la guerra, con el supuesto motivo del derecho de levantarse en armas contra la opresión, es un duro golpe al proceso de Paz que se inició tras los Acuerdos de la Habana. Es una crisis que puede dar al traste con el proceso, pero también es una enorme oportunidad para fortalecerlo y apurar su consolidación. Todo depende que se haga con los disidentes.

A Márquez y su grupo que traicionaron el proceso hay que combatirlos con toda la fuerza del Estado. Lo mismo que a los otros grupos disidentes que nunca aceptaron el Acuerdo, y a la guerrilla del Eln que ha sido renuente a negociar; todos ellos son grupos armados residuales que viven de negocio ilícitos, que siguen con el discurso de la extrema izquierda del siglo pasado y ya no tienen justificación política ni ideológica para la lucha armada.

Pero hay que recordar que esos grupos no son los únicos disidentes que no aceptan las reglas y condiciones pactadas en el Acuerdo de Paz y quieren acabarlo. En la extrema derecha también hay grupos que quieren volver a la guerra: unos que ya empezaron por las vías de hecho asesinando a líderes sociales y excombatientes, y otros que con medios legales y jurídicos quieren volverlo trizas. Como los extremos se juntan, estos disidentes de derecha son los más beneficiados con la disidencia de Márquez.

Para fortuna del país la mayoría de los dirigentes políticos, de los partidos y de los funcionarios del Estado han rechazado a todos los disidentes y han reiterado su decisión y compromiso de continuar con lo pactado en el Acuerdo de Paz.

Los primeros en rechazar y condenar las acciones de Márquez fueron los del partido de las Farc (que ya deberían pensar en cambiarse el nombre). Rodrigo Londoño, su director y ex comandante de la antigua guerrilla, calificó el anuncio como una equivocación delirante, frente a la cual dijo “Sentimos vergüenza y pedimos perdón a los colombianos”; además reiteró que a pesar de las demoras en la acción del Estado para la reincorporación de combatientes, más del 90% de los desmovilizados se mantienen firmes en el proceso.

En el otro lado, frente a los llamados de algunos políticos nostálgicos de la guerra de sacar el Acuerdo de la Habana de la Constitución e incumplir lo pactado, el rechazo del presidente Duque fue contundente: “Mantenemos nuestro compromiso con quienes están avanzando genuinamente en el proceso de reintegración (....) Nuestro mensaje es claro: quienes han optado por el camino de la legalidad bajo los principios de justicia, reparación y no repetición, seguirán contando con el compromiso del Estado”.

Esa voluntad manifiesta de las dos partes de honrar sus compromisos es la mejor manera de derrotar a los disidentes que quieren volver a la guerra, siempre y cuando vaya acompañada de mayor presencia del Estado en los territorios que han sufrido el conflicto.

Bogotá, D. C, 8 de septiembre de 2019

*Filósofo y Economista. Consultor

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José Félix Lafaurie Rivera

Por: José Félix Lafaurie Rivera*.- Si un gerente insta a sus vendedores a hacer “su mejor esfuerzo” para doblar las ventas, espera que visiten más clientes y revisen estrategias; no que ataquen competidores ni sobornen encargados de compras. Cuando le decimos a un hijo que haga lo necesario para salvar su año, esperamos que sacrifique diversiones y estudie; no que amenace al maestro o haga trampa en los exámenes.

Quien entienda lo contrario tiene un problema de valores o persigue oscuros intereses. No fue el caso de la oficialidad de Ejército frente a la directiva de su comandante, pero sí el del periodista del New York Times, quien, ladinamente y después de aclaraciones juiciosas del general Martínez, decidió que pedirles a los soldados mayor efectividad en la lucha contra el delito, siempre ajustados a la Constitución y la Ley, era una invitación a la ilegalidad y al crimen.

¿Qué hay detrás? ¿Por qué el ocupado senador Leahy, no solo arremete contra una senadora colombiana que defiende al Ejército frente a los infundios de un periodista simpatizante de las Farc, sino que, vestido de defensor de la libertad de prensa a ultranza, conmina al Gobierno a exigirle pruebas a María Fernanda Cabal y a emprender contra ella una “public denunciation”?

Hay que tirar de la cuerda para desenredar la madeja. No es nuevo en Leahy el atrevimiento de hacerle “exigencias” al gobierno en favor de la izquierda. En 2002 intentó sabotear el Plan Colombia contra el narcotráfico, cuando ya las Farc eran los mayores narcotraficantes. Y para no ir tan lejos, hace ¡15 días! firmó una carta al presidente Duque en la cual, después de restregarle la ayuda –es presidente del Comité de Apropiaciones–, con tonito extorsivo cuestionó el nombramiento del general Martínez y la cúpula militar.

¿Qué hay detrás de esa carta? Dos meses antes, el señor Vivanco (Human Right Watch), publicó un informe en el que este autoproclamado “juez universal” condenó sumariamente al general y a la cúpula bajo el título: “Colombia. Nuevos comandantes del Ejército asociados con asesinatos”. Por ahí va el agua al molino. HRW hace su tarea de deslegitimar al Ejército; unos honorables senadores estadounidenses la validan y un prestigioso diario la mediatiza ante el mundo.

¿Para qué deslegitimar al Ejército?: Para neutralizarlo en su lucha contra la herencia maldita de 200 mil hectáreas de coca, con estrategias paralelas, además, como evitar a toda costa la aspersión con glifosato. ¿Pero…, para qué sabotear la lucha contra el narcotráfico? Porque es la Caja de Pandora de donde salieron todos nuestros males; la maldición que nos convierte en Estado fallido; raíz de la corrupción, la violencia urbana y la lucha por los cultivos ilícitos y las rutas de la droga.

El fracaso contra el narcotráfico, sumado a la protesta callejera permanente –una amenaza de Petro– y el llamado “litigio estratégico”, cuyo último capítulo es el ataque para deslegitimar al Ejército, es una estrategia de la izquierda con la complicidad de un “centro” ambivalente, y el apoyo externo de HRW, Leahy, el Foro de Sao Paulo y el Socialismo del Siglo XXI, cuya dictadura se resiste a caer en Venezuela, gracias al narcotráfico que corrompe la cúpula militar, la misma que sostiene a Maduro. Siempre el narcotráfico.

Su norte: minar la gobernabilidad de Duque y, de paso, enemistar a Colombia con Estados Unidos –el imperialismo yanqui–. ¿Para qué?, ¿a quién le interesa el fracaso del gobierno Duque? Sencillo: a la izquierda, para que Petro llegue a poner las cosas “en su sitio” en 2022. Si el país no despierta, ¡que Dios nos coja confesados!

Bogotá, D. C, 7 de septiembre de 2019

*Presidente de Fedegan

@jflafaurie

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Monseñor Luis Fernando Rodríguez Velásquez

Por: Mons. Luis Fernando Rodríguez Velásquez *.- Bautizados y enviados, es el tema básico que tendrá la misión extraordinaria pedida por el Papa Francisco, para el próximo mes de octubre. Esta misión se llevará a cabo en todo el territorio nacional. Es oportuno señalar, que, en el caso de la Arquidiócesis de Cali, esta misión extraordinaria, se inserta en el plan pastoral arquidiocesano, que incluye la misión permanente como acción ordinaria y cotidiana. De hecho, a lo largo del año, iniciativas tendientes a la realización de la misión de octubre, y otras actividades misionales se han venido realizando.

Para la misión toda la comunidad debe prepararse. ¿Cómo? Primero con la oración. Recordemos que, en el mes de la misión, celebramos la memoria de la patrona de las misiones, Santa Teresita del Niño Jesús, quien, desde la clausura, oraba sin cesar por las misiones.

Segundo, las asambleas pastorales parroquiales deben estudiar. Bajo el liderazgo del párroco, han de estudiar los temas, los modos, los tiempos, los destinatarios de la misión. A través de la acción pastoral de la Iglesia, el Señor Jesús nos elige y envía a la misión.

Tercero, se debe hacer una aproximación locativa particular. La idea de la misión es hacer caso al Papa Francisco que nos invita a “callejear la fe, para llegar a los más alejados”. Si la misión se reduce solo a los que van a misa, se queda en la mitad del camino. Pero no. De lo que se trata es precisamente llegar a los que se han distanciado o no conocen a Jesucristo. Si una parroquia tiene 10.000 habitantes, y en las misas dominicales, por ejemplo, solo asiste el 10%, es decir, 1.000 feligreses, ¿qué hacer con los otros 9.000?, pues hacerles la misión, llevarles con cariño el mensaje de salvación predicado por Cristo. De eso se trata.

Cuarto, tomar conciencia de que el bautismo nos hace testigos, misioneros del Evangelio de Jesucristo.

Quinto, ser valientes. En los tiempos actuales, se requiere en el misionero valentía, creatividad, entusiasmo, perseverancia. Las palabras de Jesús han de resonar en cada momento de la acción misionera: “En el mundo tendrán tribulación. Pero ¡ánimo!, yo he venido al mundo” (Jn. 16, 33). “Y no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma; … Por todo aquel que se declare en favor mío ante los hombres, yo también me declararé en su favor ante mi Padre que está en los cielos” (Mt. 10, 28. 32).

Y, “vayan, pues, y hagan discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo” (Mt. 28, 19 - 20).

Por todo esto, ¡ánimo, el Señor nos envía a la misión!

Bogotá, D. C, 7 de septiembre de 2019  

+Luis Fernando Rodríguez Velásquez

Obispo Auxiliar

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