Opinión

Por Amylkar D. Acosta M*.- “Es más fácil hacer política con los precios que política de precios. Pero es infinitamente más importante lo segundo” David Yanovich.

Empecemos por reiterar lo que ya hemos dicho sobre la decisión del Gobierno de autorizar el aumento gradual del precio de referencia de la gasolina desde octubre del año anterior, manteniendo congelado el precio del diesel, en el sentido que este es un paso que se dio en la dirección correcta. Veníamos de un déficit acumulado del Fondo de estabilización de los precios de los combustibles (FEPC) insostenible e irracional. Y, como afirmó el Comité autónomo de la Regla fiscal (CARF), refiriéndose a esta decisión, “esta permitirá la reducción del déficit del FEPC de $36 billones en 2022 a cerca de $26 billones en 2023, cifra que sigue siendo muy elevada para las finanzas de la Nación y que debe seguir corrigiéndose”. Por ello, dicho Comité dejó planteada su previsión de la corrección de la brecha de precios que acusa el ACPM hacia mediados de año, augurando que para entonces la inflación haya cedido.

Por ello, el anuncio de la Ministra de Minas y Energía Irene Vélez, en el sentido de establecer precios diferenciales para la gasolina “para no subsidiar a los grandes consumidores” y en cambio seguir subsidiando a los demás, cayó como un balde de agua fría. Según ella, refiriéndose a la metodología, “la forma en la que está construida hace que toda la gasolina se valore con el precio internacional” y por ello se revisará para la fijación del precio. En su alegato aduce que no hace sentido que si “nosotros somos productores y más o menos el 50% de nuestra gasolina es nacional, que se mezcla con 50% de gasolina importada…no tiene total sentido que el 100% del precio de la gasolina se tase con el precio internacional”.

En Colombia se consumen mensualmente 428 millones de galones de combustibles (50% gasolina y 50% diesel), de los cuales se importan al país 80 millones de galones (18.6%) y se pagan en dólares a los precios internacionales. Pero, también se paga a precios internacionales, el IP que corresponde al precio paridad importación, tomando como referencia los precios spot de los combustibles en la costa del Golfo de EEUU, que es el costo de oportunidad para ECOPETROL.

Cabe preguntarse por qué “el 100% del precio de la gasolina se tasa con el precio internacional”. Hay una razón de peso, ECOPETROL, en virtud del Decreto – ley 1760 de 2003, cambió su naturaleza jurídica y dejo de ser una empresa industrial y comercial del Estado vinculada al Ministerio de Minas y Energía para convertirse en una sociedad anónima mixta por acciones listada ADR en la Bolsa de Nueva York y en la Bolsa de valores de Colombia (BVC) y se rige por un régimen corporativo.

De lo anterior se sigue que escapa a las facultades y competencias del Ministerio de Minas y Energía la decisión sobre el IP, que está reservado a ECOPETROL y si, hipotéticamente el Gobierno dispusiera mantener, como se ha mantenido en el pasado, el subsidio al precio de los combustibles se cubriría con cargo al fisco de la Nación, toda vez que el FEPC es deficitario. Lo dice claramente el Ministro de Hacienda Ricardo Bonilla: “nosotros no podemos obligar a Ecopetrol a vender por debajo de los precios internacionales. Eso es ponerle control de precios a Ecopetrol y nosotros no vamos a llegar a eso”. Ello, además, sería contraproducente, pues iría en contravía del propósito y del compromiso de Colombia adquirido en el Acuerdo de París de reducir en el 51% sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) hacia el año 2030.

Como lo afirma la CARF, “reversar o suspender la política de corrección de precios no solo pone en riesgo el cumplimiento de las metas del plan financiero y el cumplimiento de la Regla fiscal, sino que desviaría recursos fiscales desde otros programas sociales y de infraestructura al pago de estos subsidios”. Y añade, “ante la necesidad de acelerar la Transición energética, los subsidios indiscriminados a los combustibles inhiben el efecto que deben ejercer los precios sobre el comportamiento de los agentes, para que así estos enfrenten los verdaderos costos sociales de sus decisiones”.

El Ministro Bonilla le salió al paso a las declaraciones de la Ministra Vélez y manifestó que “la perspectiva hoy es llegar a un nivel arriba de los $16.000 galón para estabilizar el precio con la gasolina corriente”. En cuanto al diesel, aclara que “el compromiso que había quedado en el Gobierno era que a partir de junio se iba a revisar qué hacer…También tiene que ajustarse al precio internacional”. Y fue categórico al afirmar que “mantener la sostenibilidad fiscal, la estabilidad financiera y los ingresos que el Gobierno recibe de ECOPETROL, siguen siendo muy importantes”. Y no es para menos, dado que él, como responsable de las finanzas del Estado que es y de la estabilidad de las mismas, sabe que los dividendos que le gira ECOPETROL a la Nación siguen siendo la principal fuente de financiamiento de la Nación.

Santa Marta, mayo 27 de 2023

*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.

www.amylkaracosta.net

Por Paloma Valencia Laserna*.- El presidente Petro prometió en campaña que a los tres meses de ser presidente se firmaría la paz con el ELN. Luego envalentonó a los grupos armados con la Ley de Paz Total, prometiéndoles aún sin argumentos a desertores e incumplidos tratamiento de grupo político. Paralelamente siguieron dañando la Fuerza Pública. Llamó a calificar servicios a más de 70 generales, le quitaron 800 mil millones al presupuesto de las Fuerzas y ordenaron recluirse en los cuarteles por la tregua.

En diciembre el presidente anunció 5 ceses al fuego bilaterales con grupos armados: El ELN, las disidencias de la Segunda Marquetalia, la del Estado Mayor Central, las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el grupo Sierra Nevada. Fue un anuncio y una tregua unilateral. La del ELN fue desautorizada por el mismo ELN, y la de las disidencias duró menos de cinco meses. No hubo nunca voluntad de paz por parte de estos grupos armados, pero el gobierno perdió meses cruciales en la lucha contra la criminalidad. Y la criminalidad si supo aprovechar los errores del gobierno.

Hoy el país cuenta con más de 16 mil hombres en armas en grupos ilegales. Cifras cercanas a las que teníamos en el año 2010, antes del acuerdo de La Habana. Es un aumento de más del 20% frente al 2020. Al 22 de mayo, Indepaz reportaba 37 masacres aumentando significativamente frente al año pasado. Las hectáreas de coca erradicadas por el Gobierno cayeron un -85%; erradicaron solo 2.765 hectáreas. Crecen los secuestros, los hurtos, la extorsión; y lo más grave, el control de los violentos desplaza al Estado de Derecho.  Los colombianos suplican hoy, otra vez, por seguridad.

En el Caquetá las disidencias están carnetizando a la población. Se habla de que tienen un catastro de la región más avanzado que el propio Estado. Cobran por cabeza de ganado y si ya se lo han robado, por hectárea. Parecido escenario se vive en el Cauca donde se requiere carta de autorización de los ilegales para entrar a los municipios.  Parecido al Huila donde obligan a carnetizarse a los miembros de juntas de acción comunal. Y la obligación en los tres departamentos a integrar guardias campesinas.

El ambiente está muy enrarecido para hacer política. Muchos expresan que no pueden usar el logo del Centro Democrático pese a ser de estas ideas; por el miedo y las amenazas. Nuestro candidato a la alcaldía de Florencia ya recibió una citación de las disidencias; si no presenta; será considerado objetivo militar. Y mientras tanto el gobierno le retiró el esquema de seguridad.

En la Guajira en el último mes y medio se han presentado dos masacres. Cuatro hombres fueron desmembrados y metidos en sacos en el municipio de Dibulla. En mayo se encontraron otras cinco personas desmembradas y en bolsas en el corregimiento de Pelechúa.

El reclutamiento forzado también va en aumento.  La Defensoría del Pueblo reporta 23 casos en lo corrido del año, 13 niños y 10 niñas en los departamentos del Cauca, Antioquia, Amazonas y Arauca. Un aumento del 53% comparado con el año pasado. Se tiene un mapa de riesgo en 294 municipios del país. No solo los reclutan sino que los asesinan si se escapan.

Para perplejidad de todos, la política de apoyo a todo aquel que sea criminal siguen avanzando: de la ley de “paz total” para el que delinca con banderas de izquierdas, vamos ahora a la de “sometimiento” para grupos ilegales organizados, y para el que delinque viene la ley de “humanización”.

Con la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo ahora Petro tendrá facultades extraordinarias para revaluar toda la política de drogas del país. Además, podrá implementar su programa “Jóvenes en Paz” para presuntamente darle 800 mil pesos a los jóvenes criminales que dejen las armas, especialmente Primera línea.

Y mientras meten en artículos los micos para indultar y liberar la primera línea los colombianos ven como la violencia se toma el país.

Bogotá, D. C, 27 de mayo de 2023

*Senadora del Centro Democrático.

Por Gabriel Ortiz*.- Colombia se convierte en una fatalidad para los inocentes, en donde no hay Dios, ni ley, sino una torva de desalmados que imponen su funesta voluntad, amparada por autoridades, poderosos grupos y comunidades que cohonestan o tiemblan ante las crecientes amenazas.

Nos encontramos en esa cuerda floja, que nos han tendido plagas de rufianes que se pasean por campos y ciudades a costa de lo que arrebatan a una población que se parte el alma trabajando y produciendo para sostenerse y soportarlos.

Son pandillas de medrosos, que atemorizan y atropellan a los indefensos y laboriosos habitantes de una patria en la que reinan el miedo, el espanto y la muerte.

Dicen llamarse guerrilla o alzados en armas, que han revivido la pena de muerte y los muros de ajusticiamiento para sembrar el terror con fusilamientos.

Estos pusilánimes sin valor, ni espíritu, encaran a la desvalida niñez. Invaden la candidez de los inocentes, los secuestran para convertirlos en combatientes de sus bandas, como ocurrió con los cuatro niños indígenas del Putumayo. Los inocentes defendieron con valentía su libertad y abandonaron el campamento en donde estaban reclutados, para regresar a su comunidad Murui, a la que le pidieron apoyo para emigrar. En esas, llegaron los guerrilleros violando los derechos humanos para castigar a los 4 niños. Con la población reunida, procedieron a fusilarlos. Desde entonces, Colombia los llora.

Así fue el mordisco que recibieron los niños de unos desalmados cobardes a los que el gobierno Petro y el comisionado de paz, en forma “blandengue”, les anunciaron reiniciar acciones ofensivas en Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo, cuando estos forajidos están en casi todo el país.

Somos un país en donde la niñez está amenazada por los mordiscos de la guerra, toda suerte de violaciones, padres desnaturalizados, drogadicción, trabajo infantil, deficiente escolaridad, insalubridad, bullig, desnutrición, alquiler para la mendicidad y toda suerte de vejámenes.

Según estadísticas, en solo cuatro departamentos se han registrado 63 reclutamientos de menores y 5 más en comunidades étnicas, por parte de grupos guerrilleros. 19 por el Clan del Golfo, 15 por disidencias de las Farc, 11 del ELN, pero sólo a mordisco se le notificó algún control.

Esta comunidad de 51 millones, está inerme, se siente abandonada, sola, desamparada e indefensa, porque ve, cómo cada hora asesinan hombres, mujeres, niños y líderes de las comunidades.

La paz total que tanto proclamó el presidente Petro, durante su campaña, pero que ahora quiere endilgar a los periodistas y a los medios, nadie la quiere, nadie la entiende, nadie la ve, nadie la respalda.

BLANCO: Gran acierto de Petro, al designar Superintendente Financiero al gran economista Cesar Ferrari, cuya misión fortalecerá el sector y defenderá a los usuarios.

NEGRO: El descaro de “mordisco”, al ofrecer reparación a las víctimas por sus carnicerías, en lugar de frenar su sanguinaria acción.

Bogotá, D. C, 26 de mayo de 2023

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.

Por José G. Hernández*.- Con independencia de la orientación política que prevalezca en la búsqueda de la paz -que, pese a las propuestas oficiales de diálogo y cese de hostilidades, parece cada día más lejana-, lo cierto es que la sociedad colombiana, en todos sus sectores, debe hacer un alto en el camino, para meditar y dialogar sobre su futuro, cada vez más incierto.

No queremos ser pesimistas, pero la realidad que enfrentamos no nos deja -como quisiéramos- conservar el optimismo y el buen ánimo. Entonces, preferimos ser realistas, y reconocer que objetivos tan nobles y ansiados como la paz, la sana convivencia, el respeto a los derechos, la justicia y la igualdad, no se logran en medio de una colectividad que parece haber perdido los valores y los principios básicos que hacen posible la convivencia.

Corrupción, asalto constante a la fe pública, feminicidios, infanticidios, agresión sexual, intolerancia que culmina en homicidios, violencia en todas sus formas, por motivos baladíes, incrementada inexplicablemente en fechas tan especiales como la señalada en honor a las madres. Violencia, heridos y fallecidos, hasta en los estadios, por causa de supuestos hinchas, que se comportan como delincuentes.

A todo ello se añade una alarmante impunidad: es frecuente que agresores, inclusive con antecedentes y en reincidencia, queden libres, vayan a casa por cárcel.

Ahora bien, seguimos en guerra, y continúa la actividad de movimientos alzados en armas, guerrillas y paramilitares, desafiando al país y frustrando los buenos propósitos y llamados del actual gobierno. Lo que se ha visto a lo largo de los últimos años no ha sido nada distinto del más absoluto desprecio por la vida humana y por los derechos de las personas y de las comunidades, muchas de las cuales se encuentran inermes, sometidas a las organizaciones terroristas y narcotraficantes. Siguen los crímenes cometidos contra líderes sociales, defensores de derechos humanos, indígenas, campesinos, firmantes de acuerdos de paz. Ataques a la población civil, bloqueos, secuestros, extorsiones, amenazas y desaparecidos. La actividad de sicarios, en distintas ciudades del país, no solo es permanente, sino que se ha incrementado. Y lo mismo ocurre con la delincuencia común, que sigue actuando, casi siempre cobijada por la impunidad.

El hecho más reciente: cuatro menores de edad, miembros de una comunidad indígena, reclutados contra su voluntad, fueron asesinados por la organización terrorista disidente de las Farc.  Es decir, pena de muerte por no acceder al reclutamiento forzado. Un crimen muy grave contra la humanidad, que demuestra la inexistente voluntad de paz. Con toda razón, el presidente de la República decidió suspender el decreto del cese al fuego con ese grupo terrorista.

Más allá de lo inmediato, la sociedad debe examinar con cuidado lo que ocurre. En el trasfondo está una extendida involución en materia de valores y postulados propios de la ética, la moral y el Derecho. Buena parte de quienes integran las nuevas generaciones -¿deficiencias en la educación?- han crecido y siguen creciendo alejados de conceptos tales como el respeto a la vida, a la dignidad de las personas, la sinceridad, la solidaridad, la responsabilidad, el trabajo.

Gobierno, partidos, familias, educadores, medios, religiones, jueces, instituciones…Todos, debemos reflexionar.

Bogotá, D. C, 24 de mayo de 2023

*Expresidente de la Corte Constitucional  

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Las reformas Pensional, Laboral y de Salud propuestas por el gobierno Petro, no son proyectos radicales de corte socialista, ni pretenden modificar la estructura de la propiedad de los medios de producción. Se puede decir que son propuestas de corte socialdemócrata, en el sentido europeo del término, en la medida en que sus objetivos principales son extender los beneficios del Estado de Bienestar y la seguridad social para que cubran a todos los ciudadanos.

La intensidad del debate sobre la forma de alcanzar estos objetivos y en particular sobre el papel que deben jugar el Estado y el sector privado en la provisión de estos servicios esenciales ha llevado a que se preste poca atención a otros temas que son importantes y que no están incluidos en los proyectos de ley. A continuación se presentan algunos de los relacionados con las reformas Pensional y Laboral.

La gran ausencia del proyecto de reforma Pensional es la modificación a los regímenes especiales de pensiones que aún subsisten, y que son los que absorben la mayor parte de los subsidios públicos. Se trata de los regímenes de pensiones del magisterio y de la fuerza pública. El primero lo maneja el Fondo Especial de prestaciones sociales del magisterio (Fromag), mientras que para el segundo existen las Cajas de Sueldo de Retiro de las FF.MM. (Cremil) y de la Policía (Casur).

Los afiliados a estos regímenes tienen varios privilegios frene al resto de los colombianos en materias tales como la edad de retiro y el monto de la pensión que no corresponde a lo cotizado, lo cual lleva a que el costo para el presupuesto nacional haya sido en 2021 de $8 billones para 171.000 pensionados de la fuerza pública y $7.2 billones para 217.000 del magisterio. Si no se modifican las condiciones de estos regímenes el costo fiscal crecerá exponencialmente en los próximos años por el número de personas que accederán a esas pensiones privilegiadas.

Estos regímenes especiales son una de los principales factores que contribuyen a la inequidad en la asignación de los recursos presupuestales y por lo tanto a que el gasto público sea ineficaz par mejorar la distribución de ingreso en Colombia. Por eso es lamentable que la reforma pensional no los toque.

En cuanto a la reforma Laboral, es loable el objetivo de reforzar los derechos de los trabajadores modificando las condiciones los contratos laborales, y sobre todo el de corregir el conejo millonario que le hicieron a los trabajadores con la reforma laboral de Uribe (Ley 789 de 2002) que redujo los ingresos de los trabajadores (horas extras y dominicales), para incentivar a las empresas a crear más puestos de trabajo que nunca se crearon.

Sin embargo, el principal problema del empleo en Colombia no son las condiciones de los trabajadores formales -aunque pueden ser mejoradas- sino el 11 % de desempleados, es decir, los 2.9 millones de personas que quieren trabajar y no encuentran empleo, y los cerca de 12 millones que están en la informalidad, que son casi el 60 % de los que tienen trabajo.

Para que todos los colombianos tengan empleo decente es indispensable que los empresarios, sobre todo los pequeños y medianos, tengan los incentivos adecuados para crear nuevos empleos, y que el gobierno impulse programas de empleo de emergencia en las regiones. Nada de esto está incluido en la propuesta de reforma laboral.

Bogotá, D. C, 22 de mayo de 2023

*Filósofo y Economista. Consultor.

Por Amylkar Acosta*.- A riesgo de asumir el papel de Casandra, me atrevo a plantear que si bien es cierto no hay razones objetivas para afirmar que estamos ad portas de un riesgo inminente de racionamiento del servicio de energía, como aconteció hace ya 30 años, si estamos en presencia de un riesgo sistémico inmanente de racionamiento. Me explico.

Es indubitable que en las últimas tres décadas se ha construido un sistema eléctrico sólido, que ha ganado en eficiencia, que cuenta con una matriz mucho más robusta y diversificada, la cual le ha permitido al sistema sortear con éxito recurrentes fenómenos de El Niño, que, como el de 2016 llevó al límite la capacidad de las hidroeléctricas del país, sin que este se apagara.

Colombia se ufana de tener una matriz limpia, dado que su capacidad instalada de generación es predominantemente hídrica, pero este que es un atributo que se pondera en su justa dimensión, constituye a su vez en el talón de Aquiles del sistema eléctrico, tornándola muy vulnerable frente a los embates del Cambio climático.

La exposición es mayor habida cuenta que entre los embalses que sirven a las hidroeléctricas en el país sólo uno de ellos, El Peñol, tiene capacidad de regulación anual, mientras el 80% de ellos no supera los tres meses. Venimos de un fenómeno de La Niña que ha durado tres años, por ello resulta aventurado vaticinar su intensidad y duración.

A esta circunstancia, ya de por sí preocupante se le viene a añadir el atraso de la ejecución de los proyectos contemplados en el Plan de expansión eléctrica. Como lo afirma Camilo Marulanda, “el mercado colombiano de energía esperaba en el período 2018 – 2021 el ingreso de más de 4.000 MW de capacidad, sólo han entrado en funcionamiento 600 MW”. A estos atrasos de la expansión de la capacidad de generación se suman los atrasos en varios proyectos clave de trasmisión.

La Ministra de Minas y Energía le da un parte de tranquilidad del país afirmando que “las reservas hídricas del país están por encima de los últimos 20 años” cuando al corte del 16 de mayo reportaron un nivel de sólo 58.25%. Bajo esa premisa arguye la Ministra que “no tenemos en este momento una alerta de racionamiento. Quien esté mandando ese mensaje está generando pánico”.

Alejandro Lucio, Gerente de Óptima Consultores, experto como el que más en el tema, conceptúa que “las cuentas están muy apretadas. Si hablamos de un Niño que se prolonga, las cuentas están muy justas y yo no descartaría un racionamiento”.

Este descalce entre la oferta limitada una demanda de energía creciente, que pasó de un crecimiento del 3.34% en 2022 al 5.24% actual, viene presionando al alza los precios de la energía en Bolsa y estos, a su vez, presionan al alza también las tarifas que paga el usuario final.

Así las cosas, yo le recomendaría al Gobierno reactivar la Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento a la Situación energética del país (Cacsse), integrado, además del Ministerio que lo preside, por ISA, la Creg, la Upme y el Consejo Nacional de Operaciones (CON), una especie de Puesto de mando unificado (PMU) del sector energético. La situación actual lo amerita.

Bogotá, D. C, 21 de mayo de 2023

*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.

Por José Félix Lafaurie Rivera*.- Cuando escribo estas líneas, la crisis que causó la “pausa” en las negociaciones con el ELN se superó con un comunicado conjunto, del que resalto “la firme decisión de permanecer en la mesa”, así como “el compromiso de lograr en este ciclo los acuerdos de cese al fuego bilateral y nacional, participación de la sociedad en la construcción de paz y acciones y dinámicas humanitarias”.

Dios nos asista para que así sea, porque no es tarea fácil, sobre todo porque el cese al fuego no se puede separar del cese de hostigamientos a la población derivados de las actividades ilícitas del ELN; son “siameses”, como ambos lo son de la participación de la sociedad en la construcción de la paz.

No es un juego de palabras. Si por “cese al fuego” entendemos los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y el ELN, este nunca será posible mientras no cesen las actividades ilícitas, porque la Fuerza Pública está obligada constitucionalmente a perseguirlas, como está obligada a defender a la población del fuego cruzado entre grupos ilegales por el control territorial, convertido en azote de las comunidades en los territorios.

Por las mismas razones, tampoco será posible que la sociedad participe “libremente” en la construcción de la paz, hostigada, constreñida como está por el sistema de sometimiento de hecho que genera ese entorno de violencia multiforme.

Ahora bien, el cese al fuego y de hostilidades son inseparables de la participación social, mas no iguales y, por tanto, tienen prioridades y tratamientos diferentes, aunque el remedio aplicado al uno siempre afecte al otro, como en los siameses. ¿Cuál es entonces la prioridad?

Cuando el ELN declara que el corazón del proceso es la participación de la sociedad, importante, por demás, no le ha preguntado a esa sociedad cuál es para ella el corazón del proceso. El Gobierno, por el contrario, tiene claro que el diálogo con el ELN es “coherente con la súplica constante de las comunidades para cesar la violencia (…) porque el pueblo nos juzga por lo que sucede en los territorios”. Esa es la vara con la que miden las negociaciones los directamente afectados y el país todo.

Es importante avanzar en la participación, pero me pregunto: ¿acaso no es más importante garantizar primero la vida, la seguridad y la libertad de quienes queremos que participen? ¿Cómo brindar protección a la población que se invita a participar?

La respuesta debe inspirar el acuerdo sobre cese al fuego, porque están de por medio miles de compatriotas que sufren y están pegados a la esperanza. Un proceso exitoso con el ELN, sin disidencias ni renegados; con realismo y, sobre todo, con “voluntad”, que debe haberla, le mandará al país un fuerte mensaje positivo, aunque solo sea un primer paso hacia la paz.

Entretanto, el Gobierno seguirá lidiando con las mafias y las nefastas externalidades del proceso con las Farc, como las disidencias de Iván Mordisco, que lo acusan con desfachatez de incumplimiento, porque la Fuerza Pública no se queda impasible mientras se dan bala con unos y otros y agreden a la población para mantener control territorial y proteger sus rentas ilícitas.

Esa violencia dispersa es uno de los riesgos de un cese nacional, pues cualquier incidente puede ser “fósforo en gasolinera”. Por ello coincido con la propuesta del presidente Petro de un cese regional y progresivo, que permita control efectivo, resultados tempranos, implementación de acciones humanitarias prioritarias y, además, la presencia articulada del Estado con “brigadas de bienes públicos”, como el arma más eficaz contra el narcotráfico y la violencia, porque… ese bienestar esquivo es el verdadero camino hacia la paz.

Bogotá, D. C, 20 de mayo de 2023

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie

Por Paloma Valencia Laserna*. - La promesa del candidato Petro fue que el petróleo de Colombia se reemplazaría con turismo. Esto equivaldría a pasar de los 2,1 millones de turistas a más de 13 millones. Sin embargo, hoy el gobierno avanza en acabar el sector petrolero y está ahogado al sector turístico, también.

En vez de fortalecer el sector turístico, el gobierno Petro derribó toda la política de estímulos tributarios que se habían creado y al que se debía su impulso y su posterior recuperación tras la pandemia. El gobierno Petro le puso IVA del 19% a los hoteles y aumentó el IVA del 5% al 19% a los tiquetes aéreos.

Lo que le pasaría al sector se advirtió durante los debates de la tributaria, y hoy los hechos son evidentes: las dos aerolíneas de bajo costo se quebraron.

Semana Santa fue terrible, según ANATO, las frecuencias de vuelos pasaron de 5.462 en abril de 2022 a 4.713 este año. Una caída del 14%. La salida del mercado de Ultra Air y Viva Air que manejaban 18 rutas aéreas en el país es una de las causas.

Y hay que señalar también que Viva se pudo salvar, aprobando la integración con Avianca. El gobierno dilató la decisión y luego impuso condiciones que lo hicieron inviable. Primero negaron, luego de la apelación tuvieron que pasar meses y que la aerolínea suspendiera operaciones para que la Aerocivil diera un visto bueno. Ultra Air también había pedido ayuda al gobierno nacional por su situación financiera y jamás recibieron una respuesta.

Algunos especulan que las demoras del gobierno para actuar y responder ante la crisis de las dos aerolíneas eran premeditadas, que buscaban su quiebra para que sus rutas quedaran libres y entonces hubiera la posibilidad de asignárselas a Satena y completar el proyecto del gobierno de una gran aerolínea estatal. Sin embargo, difiero de esa interpretación. Soy más negativa: Todo se debe a desorden, improvisación y falta de capacidad técnica.

La ocupación hotelera estuvo entre 43,2 % y 51,3 % en Semana Santa. Una disminución de hasta 15,5 puntos porcentuales comparado con el 2022. En la isla de San Andrés la ocupación llegó solo a un 30%. Cientos de personas salieron a marchar en las pasadas semanas en contra de las políticas contra el sector turismo del gobierno Petro. Según Cotelco en 13 departamentos del país se reportaron pérdidas económicas donde algunos superaron el 40 %. Ese sector genera más de 1,3 millones de empleos.

No contentos con el golpe tributario al turismo, ahora lo sepultarán con la reforma laboral. La coordinadora ponente del Pacto Histórico, reconoció que uno de los sectores más afectados será el sector hotelero. El aumento de los costos laborales destruirá lo que queda.

Según cifras del Banco de la República, en los últimos tres meses del 2022, la inversión extranjera directa del sector comercio, restaurantes y hoteles cayó un 61,5% respecto al 2019. Y no sorprende, pues entre más se complica la seguridad menos turistas llegan. El anuncio en EE.UU. de no visitar Colombia concuerda con el aumento de la violencia.  En el Meta, por ejemplo,“Iván Mordisco” prohibió el turismo cerca al Sumapaz. En Palomino, la Guajira, comerciantes denuncian que están siendo extorsionados. El secuestro ha aumentado en más del 103% y la extorsión en un 27% en el primer trimestre del año.

La promesa de cambiar petróleo por turismo se ha convertido en solo un anuncio. Siempre dijimos, para construir un sector turístico fuerte no había que destruir los hidrocarburos. Para construir algo, nunca hay que destruir lo que existe. Para mejorar la salud, no hay que destruir el sistema de salud, para ser más equitativos no tenemos que acabar con los ricos ni con los empresarios. Esa apuesta destructiva siempre es fácil, pero la de construir es difícil. El cambio es acabar con el sector hidrocarburos mientras se ahoga al sector turismo.

Bogotá, D. C, 19 de mayo de 2023

*Senadora de Centro Democrático

Por José G. Hernández*.- Manifesté hace poco en el excelente foro llevado a cabo en la Universidad del Rosario sobre la Constitución de Rionegro, que uno de los fundamentos del sistema democrático radica en la estabilidad del ordenamiento jurídico, comenzando por la Constitución. Lo decía a propósito del conocido carácter rígido de la Carta de 1863.

Las constituciones escritas, a diferencia de las consuetudinarias, tienden a ser rígidas, difíciles de reformar, por cuanto exigen el cumplimiento de requisitos formales que garantizan su permanencia.

La Constitución de 1991 es formalmente rígida. Su modificación, bien que tenga lugar mediante acto legislativo del Congreso, por decisión de una asamblea constituyente o por referendo -las tres modalidades de reforma actualmente previstas-, exige trámites y requisitos que se deben observar a plenitud, so pena de inconstitucionalidad. Además, como ha sostenido la Corte Constitucional en cuanto hace al fondo de las enmiendas, hay límites competenciales: las reformas no pueden sustituir la esencia misma de la Carta Política.

Desde luego, no somos enemigos de las reformas constitucionales. No hay obra humana perfecta, lo cual implica que siempre podrá ser revisada. Una constitución irreformable tiene el peligro de ser revaluada por los hechos, por la evolución de la sociedad, por los cambios de naturaleza política, económica, social, ecológica, que se producen, en el plano interno o en el internacional.

Pero todo extremo es vicioso. Una Constitución, por su misma naturaleza, tiene una vocación de permanencia. El pueblo tiene derecho a la vigencia de sus normas, a su integridad y a su coherencia. No puede ser modificada por el mero capricho de quienes tienen la facultad de hacerlo, o por el prurito de corregir lo que quizá no necesita ser corregido; ni por motivos de coyuntura o de conveniencia política transitoria.

La Constitución requiere estabilidad. Las permanentes reformas, introducidas para fines que no son claros para la colectividad, ajenos al consenso de la ciudadanía, configuran verdaderos abusos del poder de reforma. Debilitan la Constitución. La convierten en un estatuto frágil y siempre provisional.

La Carta Política de 1991 se acerca ya a las sesenta reformas de carácter permanente -unas contradichas por otras- y son varias las iniciativas de modificación que se siguen proponiendo, la mayoría de ellas innecesarias, cuando lo cierto es que buena parte de las normas vigentes se han quedado escritas; no se cumplen; se han convertido en pura teoría.

Repito que no se trata de cerrar la puerta a las enmiendas constitucionales, sino de pensarlas, proponerlas e introducirlas con sindéresis y responsabilidad, cuando sean verdaderamente necesarias o aconsejables, con miras a mejorar o a actualizar el ordenamiento, en beneficio de la sociedad, no para satisfacer intereses menores o sin trascendencia institucional.

Una reforma constitucional debe ser concebida, discutida y examinada de manera prudente y seria. Sus proponentes deben justificarla. Debe referirse a asuntos de verdadera importancia y se debe confrontar con lo ya establecido, para evitar repeticiones, contradicciones, incoherencias, reglas improvisadas o inaplicables.

Piénsese, por ejemplo, si tiene algún sentido que un acto legislativo en trámite modifique la Constitución solamente para satisfacer a los viciosos consumidores de marihuana, dándole carácter “recreativo”, y propiciando su libre y dañina comercialización.

Bogotá, D. C, 18 de mayo de 2023

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por Fernando Cepeda Ulloa*.-El domingo pasado 7 de mayo los chilenos volvieron a las urnas para tomar una decisión fundamental: la creación de un Consejo Constitucional que tiene el encargo de redactar una nueva Carta Magna.

Recordemos que la manera como los políticos chilenos encontraron una salida a la explosión social de octubre de 2018 fue con el Acuerdo para la Paz que señalaba el camino para construir una nueva Constitución elaborada por una Convención Constitucional (155 miembros) elegida popularmente. El Centro-Izquierda obtuvo una mayoría. Digamos que fueron momentos gloriosos para la izquierda que además logró llevar a la Presidencia a Gabriel Boric, un conocido líder estudiantil, menor de 40 años.

No tuvieron igual fortuna en la elección del Congreso y, mucho menos, cuando sometieron la propuesta de Constitución elaborada por la Convención, al voto popular. Ésta fue rechazada (septiembre 2022).

Por lo menos se cometieron dos errores protuberantes: la izquierda se comportó en la Convención autocráticamente, imperialmente. Los convencionistas que no pertenecían a esa mayoría se quejaron una y otra vez de que sus iniciativas o propuestas no eran tomadas en consideración. Semejante actitud tan excluyente, tan lejana de un auténtico espíritu democrático, no fue bien recibida por la opinión pública. Y, entonces, entró en operación otro error protuberante: someter a referendo popular este nuevo texto constitucional.

Existe una opinión bastante predominante en el sentido de que no es conveniente someter textos complejos a la decisión popular porque éstos suelen recibir un voto desfavorable. Así se ha verificado en varias ocasiones, por ejemplo, el voto sobre la continuación o no de la Gran Bretaña en la Unión Europea o el Acuerdo de Paz en Colombia. Los expertos conocedores del tema dicen que los ciudadanos no están en capacidad de captar toda la complejidad de textos como estos y que circunstancias muy pasajeras resultan siendo determinantes de la decisión popular.

El procedimiento que se utilizó en Colombia, desde sus comienzos, durante los debates y al final en su aprobación definitiva en la Asamblea Constituyente mostró que había un amplio consenso nacional que inclusive había incorporado el asentimiento de varias guerrillas y la favorabilidad de una ciudadanía que había participado activamente. No fue necesario contemplar un referendo y la aceptación de la Constitución llega hasta nuestros días.

Así las cosas, el presidente Boric, y es un hecho político muy notable que hay que subrayar, al reconocer que la oposición había ganado el nuevo referendo, el Partido Republicano con el 35% de los votos y Chile Seguro con el 21%, en una votación obligatoria que contó con el 85% del potencial no sólo aceptó estos resultados como le correspondía, sino que ofreció un consejo que no se puede pasar por alto. Le pidió a la nueva mayoría que tiene a su cargo la elaboración de la nueva Constitución que no cometiera el mismo error de sus copartidarios de la izquierda que resolvieron ignorar las opiniones de las minorías en la anterior Convención Constitucional, hecho que buena parte de los analistas consideran como uno que fue un factor que determinó la desaprobación de la nueva Constitución (septiembre 2022).

Es que en Colombia estamos recorriendo el camino inverso. Comenzamos con un Acuerdo Nacional muy bien acogido por la opinión pública en el cual liberales, conservadores y la U aceptaron formar parte del gobierno para facilitar así la gobernabilidad democrática del gobierno de izquierda. Y ahora el propio presidente radicaliza el proceso al anunciar el entierro de la Coalición, al destituir siete ministros (ya antes había destituido tres) y al reorganizar su gabinete con funcionarios que lo ayudaron en su gestión como Alcalde Mayor y otros que forman parte de su círculo más cercano.

En Chile se está pasando de la radicalización a la búsqueda de un consenso nacional.

Tenemos a la vista dos procesos con itinerarios diferentes. Veremos cuál alcanza el objetivo deseado.

Bogotá, D. C, 14 de mayo de 2023

*Analista Político, Catedrático. Exministro de Estado.