Mauricio Cabrera Galvis

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Esa es la pregunta en boca de todos ahora que se acabó el confinamiento obligatorio y se permitió la apertura de la mayoría de las actividades y servicios. Las distintas opiniones se reflejan en letras del alfabeto: en forma de V si es rápida; como W si hay rebrote, o U si es más lenta, o inclusive como K si es desigual, recuperación para unos y caída para otros.

Aunque no hay “Ouija” mágica que nos señale la letra acertada, sobretodo porque no se sabe si habrá rebrote del virus, si hay elementos que indican que en Colombia la recuperación va a ser una mezcla de U con K, es decir lenta y desigual, y que acabar la cuarentena no garantiza que se retorne a los niveles de crecimiento y empleo pre-pandemia.

La actual recesión es diferente a los tradicionales ciclos económicos pues combina choques simultáneos de oferta y de demanda. Hubo reducción drástica de la oferta de algunos bienes y sobre todo de servicios, pero también caída del consumo de los hogares, de la inversión de las empresas y de las exportaciones, los tres principales componentes de la demanda. Con la reapertura de las empresas, el comercio y los servicios se acaban las restricciones a la oferta, pero la demanda sigue deprimida.

De nuevo una letra, la P, nos sirve para ilustrar las razones de la demora en la recuperación de la demanda. Son ‘4 Ps’ por las que la gente seguirá gastando menos que antes: Prevención, Prudencia, Pobreza y Proteccionismo.

Por Prevención frente al virus que sigue rondando, muchas personas han decidido seguir confinadas y no salir a restaurantes, bares, almacenes o cines, ni mucho menos montar en avión. Por Prevención al contagio se mantiene restringido el aforo de sitios públicos con medidas de bioseguridad que restringen la demanda normal. Investigadores de la Universidad de Chicago (https://bit.ly/2FSwXxy) encontraron que el factor miedo ha pesado más que la imposición de cuarentenas en la caída de las ventas de muchos negocios.

Prudencia se refiere a la actitud de mesura y ahorro que han adoptado los consumidores y empresas que tienen recursos: ante la incertidumbre de los ingresos futuros se han recortado gastos no esenciales e inversiones.

Pobreza es más doloroso, pues son los que no compran porque perdieron sus ingresos. Según el Dane, el 30% de los hogares está haciendo ahora una comida menos que antes de la pandemia, y no es porque el virus quite el hambre; además, el 88% de las personas tiene menores posibilidades de realizar compras para el hogar.

Proteccionismo es la reducción del comercio internacional por la tendencia mundial a privilegiar la compra de productos domésticos y reducir las importaciones para aumentar la demanda interna. Nuestras exportaciones han disminuido, mientras que la campaña de “compre colombiano” no ha tenido mucho éxito.

El Estado es el único que puede enfrentar fuerzas tan poderosas que disminuyen la demanda, aplicando la receta keynesiana de aumentar el gasto público, con programas de obras públicas intensivas en empleo y mayores transferencias de ingresos a los pobres y vulnerables. Pero la recuperación en Colombia será lenta porque frente a una caída del PIB superior al 7% este año, el gasto y la inversión pública solo aumentarán en 0,4% su participación en el PIB.

Explicar la K de la recuperación desigual será para la próxima.

Cali, 27 de septiembre de 2020

*Filósofo y Economista. Consultor.

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Jairo Gómez

Por Jairo Gómez *.- En época de Fake News no hay nada más parecido a las “noticias falsas” que el discurso del presidente Duque ante la Asamblea 75 de las Naciones Unidas. Como si se tratara de un prestidigitador con sacoleva, inmerso en un show tricolor bien iluminado, el artista saca del cubilete miles de serpentinas para vender la ilusión de estar administrando un país próspero, resiliente, equitativo, defensor del medio ambiente, constructor de paz, generador de empleo, luchador contra el narcotráfico y la corrupción; en fin, el país del más allá.

Como forzándolos a introvertirse y sacarlos de los titulares de prensa que hablan de masacres, corrupción, narcotráfico y matanzas policiales en Colombia, Duque tuvo la osadía de describirle a los presidentes de 193 países un país distinto, muy parecido a la isla de la fantasía. ¿Creerán Duque y sus asesores que el resto del planeta es tan tonto como para no darse cuenta de la tragedia por la que atraviesa este país? Ese discurso, lleno de frases vacías, se estrella con la realidad y no aguanta un comentario o análisis serio y proporcional.

Vamos por partes. Dice el presidente que hoy en Colombia “no hay dilemas entre amigos y enemigos de la paz; somos un solo país que avanza sin importar si el viento está a favor o en contra”. ¿De dónde saca Duque semejante estupidez? A sus pies o debajo de su escritorio de presentador de televisión, Colombia se derrumba, se desangra.

62 masacres en 2020 dejan más de 250 muertos; cerca de mil líderes sociales, indígenas, afros, campesinos y desmovilizados asesinados desde 2016, de ellos la mitad  durante sus dos años de gobierno, y Duque aminora cínicamente esta matanza para decir que en Colombia no “no hay dilemas entre amigos y enemigos de la paz”. Mentiroso con letras mayúsculas, usted y Álvaro Uribe, su mentor, llegaron al poder para volver trizas el acuerdo de paz, no le mientan a la comunidad internacional, a la ONU.

Habla Duque de la Paz con legalidad, pero intencionalmente, a lo Stalin, engavetó el Acuerdo de Paz que tiene jerarquía constitucional. Aniquiló y desfinanció presupuestalmente todos los compromisos para consolidar la paz territorial y resarcir a las víctimas.   

Quiere mostrarse como el hombre de los valores democráticos cuando a pocos kilómetros de la sede presidencial la policía masacró a 13 jóvenes. ¿Esa es la  “Colombia maravillosa, la de la paz con legalidad fundamentada en la estabilización social y la consolidación de la democracia” que, usted presidente Duque, infiere y describió en la Asamblea General de la ONU?  

Le dice usted, presidente Duque, a 193 países que su gobierno es el gran promotor de “la defensa del medio ambiente como propósito de seguridad nacional”, por favor! y aquí. Incumpliendo su programa de gobierno, usted promueve la entrega de los páramos a la voraz minería extranjera e incentiva el fraking. El típico embuste farandulero.   

El narcotráfico. Sí, de todos es sabido su poder corruptor y combustible para la guerra. Reclamó mayor compromiso y corresponsabilidad por tratarse de un delito transnacional; se lo avalo. Pero, ¿ y el Ñeñe? ¿El narco que financió su campaña? Qué rabo de paja. Por favor no se arrime a la candela.  

Para terminar. El COVID-19. Dijo usted presidente que la pandemia develó la fragilidad mundial del sistema de salud y evidenció la inequidad en el mundo. También se lo avalo. Pero, ¿qué ha hecho usted por mejorar la crisis social generada por el coronavirus? No solo se trataba de administrar el contagio, también de hacer menos difícil la crisis social y económica que traía tras de sí el virus; sin embargo, en esta materia usted se raja ostensiblemente en un punto muy sensible: el empleo; se destruyó por la escasa ayuda del gobierno a la pequeña y mediana empresa que lleva sobre sus hombros el 80% del trabajo formal del país, y de repeso, les niega la posibilidad de darle subsidio a las nóminas de las MIPYMES. Cómo explicarlo.  

La lista sería interminable y le haría agotadora la jornada a mis lectores. No se puede mentir tan olímpicamente presidente Duque, los colombianos no somos tan bobos y hemos aprendido que gobernantes tan mediocres como usted no pueden volver a repetirse; eso espero.

Bogotá, D. C, 26 de septiembre de 2020

Periodista. Analista Político.

@jairotevi

LEAD: Como forzándolos a introvertirse y sacarlos de los titulares de prensa que hablan de masacres, corrupción, narcotráfico y matanzas policiales en Colombia, Duque tuvo la osadía de describirle a los presidentes de 193 países un país distinto, muy parecido a la isla de la fantasía.

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José Félix Lafaurie Rivera

Por: José Félix Lafaurie Rivera*.- “Los ganaderos miramos hacia atrás para honrar nuestro pasado; miramos hacia delante para construir nuestro futuro”.

Esta es una frase que acuñamos en 2005, cuanto la Junta Directiva de FEDEGÁN decidió instaurar el 30 de septiembre como el Día Nacional de Ganadero, fecha en que, diez años atrás, en 1995, las Farc llegaron hasta una finca en Zipacón, Cundinamarca, muy cerca de Bogotá, donde un anciano retirado se dedicaba al cuidado de las palomas, signo de la paz que no pudo protegerlo de que lo asesinaran alevemente. Era José Raimundo Sojo Zambrano, expresidente de FEDEGÁN, a quien le cobraron con su vida el rechazo a la violencia contra los ganaderos.

Para escribir estas líneas revisé viejos informes de la época de mi antecesor, Jorge Visbal, a quien también le hicieron varios intentos, afortunadamente fallidos, incluido ¡un rocket! contra la sede de FEDEGÁN (2003). Para entonces se llevaba una macabra pero necesaria contabilidad del impacto de la inseguridad en la ganadería, y en ella encontré que, en 1995, Sojo Zambrano fue uno de los ¡50! ganaderos asesinados ese año, cuando, aunque hoy suene espeluznante, también secuestraron a 527. La mayor cifra de secuestros, ¡585!, se produjo en 2001, antes del advenimiento de la Seguridad Democrática.

Dos años después, en 2007, nació la Fundación Colombia Ganadera, FUNDAGÁN, uno de cuyos principales programas, “Acabar con el Olvido”, ha logrado visibilizar a cerca de 10.000 víctimas ganaderas, en un país donde las hay de primera y de segunda, unas que merecen vitrina, como las de la UP, y otras ocultas por las narrativas de sus victimarios y por la impunidad de un Acuerdo que también escogió víctimas a conveniencia.

Así pues, honrar ese pasado de victimización y también de heroísmo de quienes sobrevivieron al terror y la zozobra, fue el objetivo central del primer Día Nacional del Ganadero, y lo seguirá siendo, pues, además, la paz ofrecida nunca llegó y la inseguridad vuelve a amenazar a la ganadería, en un campo sembrado de coca y de violencia.

Por eso, en el Día Nacional del Ganadero, reiteramos nuestro rechazo a la violencia rural desbordada y apoyamos los esfuerzos del Gobierno por garantizar la seguridad.

Respaldamos a las Fuerzas Militares y de Policía, que protegen campos y ciudades; organizaciones humanas y perfectibles, cuyos héroes no solo se exponen a la violencia del delito sino a la incomprensión ciudadana, alebrestada por los interesados en el caos como arma política para el acceso al poder.

Hacemos profesión de nuestra fe en el imperio de la ley, en las instituciones democráticas y, sobre todo, en un verdadero “Estado de Derecho”, a partir de una justicia que logre reencontrarse con el anhelo ciudadano de derrotar la impunidad imperante.

Rechazamos la estigmatización de los ganaderos y reivindicamos la dignidad de los 600.000 colombianos que le madrugan al ordeño y al cuidado de sus animales, para llevar carne y leche a la mesa de los colombianos y a los mercados internacionales.

Defenderemos a la ganadería de las falsas acusaciones de gran depredadora de la naturaleza, y defenderemos el papel insustituible de la carne y la leche dentro de la dieta de los colombianos y para la seguridad alimentaria del país.

Nos comprometemos con el cambio. Como todas las actividades económicas, seguiremos buscando un mejor relacionamiento con la naturaleza, para construir la ganadería del futuro, rentable, competitiva y, sobre todo, sostenible, a través de la implementación de sistemas silvopastoriles.

Los ganaderos, como nos recuerda nuestro himno, “no bajamos nuestros brazos ni nos damos por vencidos”. 30 de septiembre: Feliz día, ganaderos de Colombia.

Bogotá, D. C, 26 de septiembre de 2020

*Presidente de FEDEGAN  

@jflafaurie

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Lorena Rubiano Fajardo

Por Lorena Rubiano Fajardo.- “Si no tenemos policías, jueces, abogados, fiscales, honestos, valerosos y eficientes; si se rinden al crimen y a la corrupción, están condenando al país a la ignominia más desesperante y atroz.” Javier Sicilia.

A raíz de los hechos recientes en que se ha visto envuelta la Policía Nacional, se escuchan voces y propuestas para acabar con el Esmad.

En mi concepto lo que hay que hacer con la Policía Nacional es dignificarla, educarla y prepárala para atender su función constitucional a carta cabal. No hay que ponerla a hacer todas las funciones, muchas de las cuales no le corresponden. Como  la función de resocialización de las personas privadas de la libertad, con el manejo del Inpec, porque no están preparados para eso. Y por eso violan los derechos humanos a diario en las cárceles del país, a través del CRI, que es el Esmad de las prisiones.

En ningún momento se puede sustraer a la Policía Nacional del control del vandalismo y desmanes en las marchas de protesta. Esa es su obligación preservar los derechos, la vida y los bienes de la ciudadanía. Por los excesos en ese control no se puede atacar a toda la institución. De ser así, ya no tendríamos, Congreso Nacional, Corte Suprema, Ministerio de Justicia, Registraduría Nacional, y tantas otras instituciones que han sido deshonradas por algunos de sus funcionarios.

En cuanto a la institución policial hay que profesionalizarla, darle más preparación, mejores salarios, mayores oportunidades de ascenso y estabilidad, lo cual mejora sus condiciones laborales y conlleva a fomentar la vocación de servicio y sentido de pertenencia a la institución, y como se dice, a llevar con orgullo el uniforme. Así se logra el fortalecimiento integral del desarrollo policial e institucional.

Se debe lograr que la ciudadanía vuelva a mirar con buenos ojos al policía de la cuadra, de la esquina, del Cai, de la vereda, del pueblo, al policía amigo que ayuda a un anciano a pasar la calle, así como se agradece la buena y excelente labor de la Policía de Carabineros o de la policía infantil.

Lo más importante ahora es mejorar la preparación, la escuela, el aprendizaje, el conocimiento de las normas constitucionales y legales, principios, destrezas, y habilidades policiales, sin las cuales no pueden ser lanzados a la calle a enfrentar los problemas cotidianos. Ellos son la primera autoridad con funciones judiciales  y por eso es básica su preparación académica con énfasis en un gran humanismo, porque ellos son fuerza de protección y no de guerra.

Deben crearse incentivos más allá de las medallas, inclusive más vida familiar, más cerca de la gente, más participación social, más profesionalismo y obviamente, como en toda institución, más control y disciplina interna con sanciones y estímulos.

Hay que tener en cuenta como base de esta reestructuración el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia, de una acción de tutela de varios ciudadanos, la cual llega a una tajante conclusión: que la Fuerza Pública, especialmente el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), hace una intervención sistemática, violenta y arbitraria en la protesta social.

Bogotá, D. C, 26 de septiembre de 2020

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Jorge Enrique Robledo

Por Jorge Enrique Robledo.- Se sabe que el desempleo es de lo peor que puede pasarles a las personas y las familias. Porque significa pobreza y miseria, hambre y desnutrición, techo muy precario, grandes carencias en salud, educación y recreación, alta corrupción y fuerte deterioro ambiental. La falta de trabajo también es la certeza de no poder acceder a una pensión ni a ahorros para asegurarse una vida digna en el inevitable y duro momento de la vejez. Y puede llevar a complejos problemas emocionales, porque el trabajo es también la primera necesidad vital de los seres humanos.

Pero se entiende menos que el desempleo significa además, y ni se diga si es tan alto como el de Colombia, con 16,1 millones de personas sin trabajo, sin contar estudiantes, un verdadero crimen contra el conjunto del progreso nacional. Porque genera subdesarrollo económico y más desempleo y pobreza, verdad que no se debate como problema fundamental del país, en razón de que aquí mandan quienes no quieren poner a Colombia en primer lugar, por parecerles suficiente que apenas el veinte por ciento viva como en Dinamarca, en tanto a los demás los condenan a sobrevivir en Cundinamarca.

En su evolución, por el aumento de la cantidad y calidad del trabajo, los seres humanos nos convertimos en una especie de la naturaleza capaz de producir más bienes que los mínimos que necesitamos para sobrevivir, es decir, que generamos excedentes capaces de acumularse de muchas maneras, bienes que están en la base y promueven el progreso general de las naciones y las personas. Piénsese en las obras de infraestructura, las instituciones educativas y hospitalarias, las fábricas y los campos cultivados, todas riquezas fruto del trabajo simple y complejo acumulados, que a su vez sostienen y crean más empleos y nuevas fuentes de ahorro y riqueza.

Cada vez que analicemos entonces el enorme desempleo nacional, no nos limitemos a asumir la actitud democrática de criticarlo por los inmensos sufrimientos que origina. Rechacemos también el desperdicio de la capacidad de trabajo de los colombianos, el principal e insustituible factor de creación de riqueza y progreso social del país. Dicho de otra manera, detrás de cada desempleado de hoy están el subdesarrollo productivo y el desempleo y la pobreza de mañana, amenazando incluso a los descendientes de quienes hoy no los padecemos. Y esa falta de trabajo, de otra parte, al no estimular capacidad de compra, también lastra poder producir nueva riqueza y más y mejores empleos.

Por ello dijo Friedrich List, junto con Hamilton, unos de los padres de la industrialización y el desarrollo capitalista de EEUU: “El poder producir riqueza es, por consiguiente, infinitamente más importante que la riqueza misma (…) Esto es más cierto en el caso de naciones enteras que en el de individuos particulares”. Y esta verdad irrefutable, que ha orientado a todos los países exitosos, no ha estado al mando en Colombia, en especial desde 1990, cuando decidieron profundizar hasta el absurdo los errores que venían del pasado.

Es falsa, por tanto, la afirmación de Duque y demás dirigentes neoliberales de que en Colombia estamos haciendo lo mismo que han hecho los países que han salido del subdesarrollo y la pobreza. Entre otras razones, porque la actual globalización consiste en obligarnos a importarles a ellos lo que podemos producir aquí –base del alto desempleo nacional–, al tiempo que nos dejan, como única alternativa para financiar las importaciones y deuda externa exageradas, las insuficientes exportaciones mineras y las de los mismos productos agrarios de siempre, los cuales además ni siquiera necesitaban de TLC para venderse en el exterior (otra falsedad). “Hagan lo que les decimos, no lo que hacemos”–suelo repetir–, es lo que ordenan los mayores poderes globales.

Renegociar los TLC, para poder crear más empleo y más riqueza y reducir la desigualdad, debe ser la base de un gran pacto nacional, social y político, capaz de encauzar a Colombia por la vía de su verdadero progreso, para el que tiene territorio y gente con qué lograrlo.

Coletilla: el problema de los colombianos ya no es el minDefensa Holmes Trujillo, sin duda indigno de ese cargo porque viola las leyes y engaña y miente con todo cinismo. El problema ahora es Iván Duque, quien lo sostiene en el cargo, mandándoles además un pésimo ejemplo de malas conductas y peor gobierno a los colombianos, incluida la fuerza pública, y a la comunidad internacional.

Bogotá, 25 de septiembre de 2020.

*Senador del Polo Democrático Alternativo

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Clara López

Por Clara López Obregón*.- El Gobierno Duque acaba de introducir una contrarrevolución laboral que marca profundos retrocesos en los derechos y garantías laborales, lo cual profundizará las desigualdades sociales. So pretexto de establecer un “piso” de protección para quienes devengan menos del salario mínimo legal - ojo, al menos la mitad de la fuerza laboral -se ha establecido un régimen laboral paralelo que compite con el desvencijado, pero todavía protector Código Sustantivo del Trabajo (CST). Se trata del decreto 1174 de 2020, reglamentario del artículo 193 de la Ley 1955 de 2019 (Plan Nacional de Desarrollo).

Mediante la adición de un nuevo capítulo al sistema general de pensiones, dicho decreto, sin diálogo social alguno, obliga vincularse al piso de protección social a todos los trabajadores que devenguen en el mes menos de un salario mínimo por uno o más vínculos laborales o contratos de prestación de servicios a tiempo parcial. En tal virtud, serán inscritos en el sistema subsidiado en salud; vinculados obligatoriamente al programa de ahorro voluntario de beneficios económicos BEPS; y cubiertos por un microseguro frente accidentes de trabajo. Y hasta ahí.

A quienes queden en este nuevo régimen, no aplicará el CST, y sus empleadores quedan exentos de la obligación de pagar el salario mínimo legal (como analizamos en anterior columna, Adiós al salario mínimo). Los beneficios y garantías del régimen laboral aplicarán solamente a quienes tengan contratos de trabajo mayores a un salario mínimo legal mensual. Dichos contratos están condenados a desaparecer gradualmente, pues como sucede con la Ley de Gresham, la mala moneda termina por sacar de circulación a la buena. En este caso, el régimen laboral famélico del decreto 1174 paulatinamente reemplazará al tradicional contrato de trabajo con sus prestaciones legales de licencia de maternidad, pago de dominicales y horas extras, prima de servicios, subsidio de transporte, incapacidades, cesantía e indemnización por despido injusto y derechos de asociación colectiva, negociación y huelga, es decir, subrogará el trabajo decente.

Hay quienes sostendrán que el decreto “formaliza” al trabajador informal quien hoy no tiene ninguno de esos beneficios así que nada le quita. A ello se debe responder: arrebata la promesa constitucional del progreso social. El nuevo régimen legaliza la informalidad y pone a quien trabaja en esas condiciones sub mínimas a ahorrar en BEPS, es decir, a cotizar para recibir un subsidio del 20% de lo ahorrado a título de asistencia pública en lugar de una pensión mínima de seguridad social. El piso de protección no deja de ser un sofisma de distracción que deroga el umbral del contrato social del salario mínimo con prestaciones y el concepto de una seguridad social digna. De paso, rebaja las cotizaciones de los empleadores.

No hay que esconder la dura realidad de cómo se concentra de más en más el ingreso. Peso que se ahorra en costos laborales es peso que pasa del bolsillo del trabajador al bolsillo del empleador. La reducción de costos laborales no es otra cosa que la reducción de ingresos de los trabajadores. Así sucedió con la Ley 789 de 2002 que amplió la jornada diurna de las 6 p.m. a las 10 p.m. Al eliminar el grueso de los recargos nocturnos, en los primeros 13 años de vigencia, 24 billones de pesos pasaron del trabajo al capital.

La llamada flexibilización laboral que comenzó con la Ley 50 de 1990 ha reducido en siete puntos porcentuales la participación del trabajo en el PIB en favor del capital. De ahí la importancia de que estas decisiones sean sometidas al diálogo social, con el estado interviniendo del lado de la parte débil de la relación que es el trabajo y con garantía del principio de no regresividad que exige no retroceder en garantías sociales.

Este decreto es un ejemplo más de la codificación del capital con su consecuente ampliación de la desigualdad y la desesperanza (Pistor, K. 2020). No es un piso de protección social sino un nuevo régimen laboral desprovisto de toda protección legal al trabajo más vulnerable. Va más allá de la precarización laboral en contravía de la Constitución.

Bogotá, D. C, 26 de septiembre de 2020

*Exalcaldesa de Bogotá, Exministra de Trabajo

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Alonso Ojeda Awad.

Por Alonso Ojeda Awad.- Me perturba la posibilidad de llegar a ser un país donde poco importe el dolor y el sufrimiento de nuestros semejantes, y esta preocupación aumenta cuando la veo reflejada en la institución policial que es la encargada, constitucionalmente, de ayudar a la sociedad a encontrar caminos pacíficos en sus contradicciones y conflictos, que le permita solucionar racionalmente sus diferencias en las diversas actividades de la cotidianidad humana.

Me crea mucha preocupación ver, por ejemplo, las fotos de los policías que ocasionaron la terrible y mortal agresión sobre el estudiante de Derecho Javier Ordoñez, el día en que fueron capturados y llevados ante el juez de la justicia ordinaria, quien investiga y aplicará la dura y ejemplarizante sanción. En esta foto se ve a dos muchachos vestido de civiles sin ningún rasgo que exprese o muestre agresividad o fiereza de ningún orden.

Entonces, viene inmediatamente a mi memoria el video terrible en que estos dos “pacíficos muchachos”, ya con el uniforme policial, descargan, sin ninguna compasión ni misericordia, una pistola Taser de manera agresiva y cruel contra el cuerpo indefenso y tirado en la calle de Javier Ordoñez. Ya son dos hombres conscientes que están asesinando a un reducido e indefenso hombre en el piso, que les pide clemencia: “Ya, ya, por favor, no más” y estos policiales, no escuchan, están encarnizados sobre su víctima indefensa y cada vez le aplican más y más descargas que lo conducen a la muerte indefectiblemente.

Es allí donde me pregunto qué está pasando en ese momento por el cerebro de los policías. Son conscientes de la cercana muerte de su víctima o es tal la magnitud del enfrentamiento que su cerebro ya no razona porque está en un “Secuestro Emocional” tal el impacto, generado por la agresión, que la “emoción”, es decir todo lo instintivo y animal decide asumir el manejo de la situación y a través de enorme producción de adrenalina, secuestra la razón, impidiendo la presencia de esta.

Este es el planteamiento que hice en mi pasada columna de prensa titulada: “Por una policía civilista”, donde hago hincapié en que la policía debe ser entrenada, informada, preparada y educada en múltiples aspectos de una formación humana integral y compasiva que incluya también el conocimiento y manejo de los llamados “secuestros emocionales” que son los que impiden actuar en situaciones de máxima confrontación con pleno uso de las condiciones mentales. Yo quisiera preguntarles a esos dos agentes de policía comprometidos en el asesinato de Javier Ordoñez si ellos recuerdan esos últimos momentos angustiosos de la víctima ya en camino hacia la muerte y que sintieron en estos momentos.

Porque si estamos ante un frío asesinato, elaborado en forma consciente y premeditada por dos o más agentes de policía obedeciendo a órdenes superiores, nos encontramos ante una situación muy grave. O si estamos ante un homicidio causado por dos agentes policiales quienes ante el fragor del enfrentamiento son victimas de un secuestro emocional que les impide ver la magnitud de la agresión y las graves consecuencias que están generando con este hecho delictivo. Caso en el que habría que cuestionar la dirección, preparación y desarrollo de las competencias de estos agentes para cumplir de manera efectiva y compasiva su función, lo que nos obliga a poner la mirada en las políticas de cultura organizacional, de dirección, selección, formación y coordinación en la institución policial y militar.

Sin embargo, hay otras opiniones muy autorizadas y por eso quiero transmitirles el juicioso comentario que me envió un amigo médico y colega, desde los Estados Unidos, neuropatólogo de la Universidad Nacional de Colombia, a raíz de estos críticos y luctuosos acontecimientos: “Yo no creo que el problema se solucione dándoles clases de neuroanatomía y neurofisiología a los policías. Este problema que comenzó acá en la USA, se ha ido extendiendo a otros países. Esto significa que es de fondo en la organización social de estas naciones y que se deben tomar reformas radicales en sus fuerzas militares para solucionarlo. Las ordenes de maltrato a la población civil vienen de los mandos superiores y los responsables deben ser castigados”.

Son posturas muy claras y ciertas que nos deben conducir a tratar este grave problema que nos acompaña como sociedad hace mucho tiempo y que últimamente se ha recrudecido de una manera muy significativa. Los colombianos tenemos la obligación y el deber de trabajar y esforzarnos todos los días por construir una mejor nación y una mejor Democracia. Mas profunda y efectiva que logre eliminar tanto dolor y sufrimiento.

Bogotá, D. C, 26 de septiembre de 2020

Exembajador de Colombia

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Gabriel Ortiz

Por Gabriel Ortiz*.- “Tenemos corte, tenemos justicia”, dijeron unos, “llegamos al gobierno de los jueces”, expresaron otros, muy pocos vieron la democracia y los derechos amenazados, en un país en el que los gobiernos eliminan los pesos y contrapesos, para manejar las cosas a su manera.

La Corte se pronunció sobre los derechos constitucionales que tiene la gente para protestar pacífica y ordenadamente.

Como buenos leguleyos, hemos salido a favor y en contra del pronunciamiento de la CSJ, ante el exceso de fuerza que la policía y el Esmad han aplicado a los manifestantes. En Colombia cada vez se afianza el miedo ante unas fuerzas que fueron creadas para la defensa de los ciudadanos y no para impedir que se pronuncien y rechacen dudosas actuaciones de los gobiernos. Hay que recordar la famosa construcción de especies de estadios para que solo allí se pudieran expresar en contra del Estado. O la conformación de grupos con millones de “informantes, orejas, sapos o soplones”, que han propuesto para controlar la inconformidad social. Y qué decir de las extralimitaciones del gobierno Duque para arrogarse funciones aprovechando la pandemia, con un congreso virtualizado y enmermelado, y una justicia intimidada. Pasada la emergencia económica, aún hay normas, decretos y protocolos que castigan a los colombianos y les violan sus derechos.

Todo eso y lo que fustiga y constriñe a la ciudadanía, obligan a la gente a expresarse y manifestarse.

A estas marchas y protestas, hay que reconocerlo, infiltran de parte y parte, revoltosos expertos en sabotaje, revueltas y saqueos. La revolución de las cámaras ha cambiado las cosas. Ellas registran la brutalidad de unos y otros. Puñados de maleantes y provocadores, son detectados, y sus acciones justifican la intervención de Esmad y policía con excesos de fuerza, torturas y muerte.

Utilizan armas prohibidas internacionalmente y desmedidas acciones, apoyadas con “perfiladores” y “chuzadores”. Parecen tener licencia para el desenfreno, que se les manifiesta en los pocos rasgos que dejan ver sus caras. “Sus actuaciones son personales”, dijo el gobierno. No parecen haber recibido entrenamiento y preparación para controlar las protestas ciudadanas y la utilización de armas, que solo por acá se utilizan. El propio Presidente, tal vez sin haber observado la brutalidad de esas actuaciones les da total respaldo y hasta se disfraza para abrazarlos.

Por fortuna, en esta democracia existe una CSJ, con independencia que, ratifica los derechos de la ciudadanía, explicando que las manifestaciones deben ser pacíficas, al tiempo que le notifica al Estado que el control, debe ser racional y ajustado a la normatividad. No más muertes de manifestantes y acciones desenfrenadas de la fuerza pública. En “choque de trenes”, el Estado replica y pide a la Corte Constitucional revisar lo actuado por la CSJ. Califica de actuaciones personales los procederes de policía y Esmad, cuando se apartan de las normas. Ni una palabra de pedir disculpas.

BLANCO: El Procurador dice que tutela de la CSJ es de cumplimiento obligatorio.

NEGRO: ¿Por qué quieren sacar al Gerente del Banco de la República?

Bogotá, D. C, 24 de septiembre de 2020

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper

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José G Hernández

Por José G. Hernández*.- En Colombia -una democracia, si atendemos al texto constitucional- el derecho a protestar lo tiene toda persona. Protestar, según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, significa, entre otras acepciones, “aseverar con ahínco y con firmeza”, y también “expresar la oposición a alguien o a algo”. Y presenta como ejemplo: “Protestar contra una injusticia”.

Quien protesta, entonces, declara, manifiesta, expone, y por definición, expresa algo. Deja constancia. Y no se puede pretender que siempre proteste a favor. Lo normal es que proteste contra algo o contra alguien, y en oposición. Ese es, además, un derecho inalienable, desde la más tierna infancia. El bebé protesta. El niño menor lo hace. El adolescente protesta. El estudiante protesta. Y ante los gobernantes, tanto el hombre como la mujer mayor, protestan. Un gobierno o una institución que pretenda que en su contra o contra sus decisiones nadie proteste, está fuera de la mínima inteligencia.

Nuestra Constitución consagra la democracia participativa, en cuya virtud todos tenemos el derecho y el deber de tomar parte en la adopción de decisiones que nos afecten -de manera individual o colectiva- y en la vida política, económica, social y ecológica de la Nación, del Departamento, del Municipio, del Distrito, del barrio, de la escuela, del colegio, de la Universidad, de la empresa, del sindicato, del club, de la asociación o sociedad a la que pertenezcamos. Y tanto la Carta Política como los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos consagran la libertad de expresión, el derecho a la información, la libertad de reunión, la libertad de asociación, el estatuto y el derecho a oponerse.

Así que, si estamos ante un conjunto de derechos -todos fundamentales- no cabe prohibir o impedir la protesta, las reuniones, las marchas, las manifestaciones. Sería antidemocrático, inconstitucional y muy dañino.

Como todo derecho, desde luego, el de protestar no es absoluto, porque, como señala el artículo 95 de la Constitución, el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en ella implica responsabilidades. A lo cual agrega que el primer deber de toda persona consiste en “respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios”. Ello, en cuanto, como ocurre con todo derecho, este es relativo, y llega hasta donde pueda afectar o dañar los derechos de otros o la integridad y vigencia del orden jurídico. De modo que protestar no es dañar, atacar con violencia, herir o matar.

Y al respecto, la función de las autoridades consiste en asegurar que los derechos a la protesta, a la oposición, a la reunión y a la expresión tengan lugar de manera pacífica y sin causar daño a las personas, ni a los bienes públicos o privados.

Por su parte, la autoridad tampoco puede abusar, ni excederse. Debe resguardar y garantizar el ejercicio de tales derechos, impedir los excesos y proteger. No abusar de sus armas, torturar, ni matar. Ha de respetar los derechos humanos y tener en cuenta que en Colombia está prohibida la pena de muerte, y que la Policía no está llamada a aplicarla de facto, como ha venido ocurriendo. Debe actuar dentro de los principios de respeto, razonabilidad y proporcionalidad. Y según las órdenes superiores, que a su vez deben ser legítimas y tienen los mismos límites.

Bogotá, D. C, 24 de septiembre de 2020

*Expresidente de la Corte Constitucional

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Víctor G Ricardo

Por Víctor G. Ricardo*.- El glifosato es un producto que ha rondado nuestro campo durante décadas, pues es desde los años 80 que éste se ha venido usando ampliamente en Colombia. En todas las regiones del país el glifosato ha estado presente; los trabajadores del campo lo han manipulado; los suelos lo han asimilado; las poblaciones han convivido con él en el ambiente; incluso sus trazas se han encontrado presentes en alimentos que hemos consumido.

Ahora, el glifosato es un producto tóxico, tal como lo son otros herbicidas, plaguicidas y similares; y es de entender que se deben tener regulaciones para estos productos y que en Colombia hay que buscar reducir su uso en la medida de lo posible.

No obstante, para el caso del glifosato en Colombia, este tema debe analizarse con cuidado, pues en él existen ciertas variables, que no necesariamente tienen que ver con lo agrícola. Primero, la controversia de su uso se da cuando el glifosato es parte de la erradicación de los cultivos ilícitos. Segundo, la controversia se centra justamente en su uso frente a los cultivos ilícitos, más que en las prácticas agrícolas (en donde el uso del glifosato sigue vigente).

Aquí es importante hacer un balance justo de las cosas, pues no se puede desconocer que detrás de este asunto, hay muchos intereses ocultos. Los grupos armados ilegales por ejemplo, tienen gran interés en eliminar la erradicación aérea, en donde sus campos minados y francotiradores, no son tan efectivos para asesinar y mutilar a los erradicadores, tal como ha vuelto a suceder en el país. La erradicación aérea tampoco ayuda a que comunidades campesinas, de manera obligada, entorpezcan los trabajos de erradicación, como ocurre en la actualidad.

Como argumento para eliminar el glifosato como opción de erradicación se tiene el efecto que éste causa en la salud de las personas que viven alrededor de los cultivos ilícitos. No obstante, aquí empiezan a aparecer cosas que no encajan del todo dentro de la lógica.

Es interesante ver como nadie habla de la afectación que causan los laboratorios de procesamiento de coca, los cuales están presentes en todas las regiones donde existen estos cultivos ilícitos. Nadie habla de las sustancias peligrosas que en ellos se manejan sin ningún tipo de control y que se vierten directamente a los cuerpos de agua sin tratamiento alguno. Si, insumos como Ácido sulfúrico, Ácido Clorhídrico, Tolueno, Éter, Kerosén, Permanganato de Potasio, entre muchos otros, son usados en el procesamiento de la coca, y estos afectan gravemente al medio ambiente, y a la salud de las personas (varios de ellos cancerígenos); ¿Por qué no se tienen en cuenta a la hora de analizar las causas que están afectando la salud de las personas que viven en estas regiones con presencia de coca?

Ahora, la erradicación aérea con glifosato por sí sola no es la solución. Pero tampoco podemos condenar herramientas de erradicación, en dirección a lo que los mismos grupos ilegales quieren promover, con el objeto de reducir la presión sobre sus fuentes de financiación.

Hay que sopesar todos los pros y los contras de cada una de las opciones que tenemos a la mano, antes de descartarla, pues lo que se ha demostrado es que es el narcotráfico es el que más ha contaminado, deforestado y amenazado la vida de las personas en el campo colombiano.

Bogotá, D. C, 23 de septiembre de 2020

*Excomisionado de Paz

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Mauricio Cabrera Galvis

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Esa es la pregunta en boca de todos ahora que se acabó el confinamiento obligatorio y se permitió la apertura de la mayoría de las actividades y servicios. Las distintas opiniones se reflejan en letras del alfabeto: en forma de V si es rápida; como W si hay rebrote, o U si es más lenta, o inclusive como K si es desigual, recuperación para unos y caída para otros.

Aunque no hay “Ouija” mágica que nos señale la letra acertada, sobretodo porque no se sabe si habrá rebrote del virus, si hay elementos que indican que en Colombia la recuperación va a ser una mezcla de U con K, es decir lenta y desigual, y que acabar la cuarentena no garantiza que se retorne a los niveles de crecimiento y empleo pre-pandemia.

La actual recesión es diferente a los tradicionales ciclos económicos pues combina choques simultáneos de oferta y de demanda. Hubo reducción drástica de la oferta de algunos bienes y sobre todo de servicios, pero también caída del consumo de los hogares, de la inversión de las empresas y de las exportaciones, los tres principales componentes de la demanda. Con la reapertura de las empresas, el comercio y los servicios se acaban las restricciones a la oferta, pero la demanda sigue deprimida.

De nuevo una letra, la P, nos sirve para ilustrar las razones de la demora en la recuperación de la demanda. Son ‘4 Ps’ por las que la gente seguirá gastando menos que antes: Prevención, Prudencia, Pobreza y Proteccionismo.

Por Prevención frente al virus que sigue rondando, muchas personas han decidido seguir confinadas y no salir a restaurantes, bares, almacenes o cines, ni mucho menos montar en avión. Por Prevención al contagio se mantiene restringido el aforo de sitios públicos con medidas de bioseguridad que restringen la demanda normal. Investigadores de la Universidad de Chicago (https://bit.ly/2FSwXxy) encontraron que el factor miedo ha pesado más que la imposición de cuarentenas en la caída de las ventas de muchos negocios.

Prudencia se refiere a la actitud de mesura y ahorro que han adoptado los consumidores y empresas que tienen recursos: ante la incertidumbre de los ingresos futuros se han recortado gastos no esenciales e inversiones.

Pobreza es más doloroso, pues son los que no compran porque perdieron sus ingresos. Según el Dane, el 30% de los hogares está haciendo ahora una comida menos que antes de la pandemia, y no es porque el virus quite el hambre; además, el 88% de las personas tiene menores posibilidades de realizar compras para el hogar.

Proteccionismo es la reducción del comercio internacional por la tendencia mundial a privilegiar la compra de productos domésticos y reducir las importaciones para aumentar la demanda interna. Nuestras exportaciones han disminuido, mientras que la campaña de “compre colombiano” no ha tenido mucho éxito.

El Estado es el único que puede enfrentar fuerzas tan poderosas que disminuyen la demanda, aplicando la receta keynesiana de aumentar el gasto público, con programas de obras públicas intensivas en empleo y mayores transferencias de ingresos a los pobres y vulnerables. Pero la recuperación en Colombia será lenta porque frente a una caída del PIB superior al 7% este año, el gasto y la inversión pública solo aumentarán en 0,4% su participación en el PIB.

Explicar la K de la recuperación desigual será para la próxima.

Cali, 27 de septiembre de 2020

*Filósofo y Economista. Consultor.

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Jairo Gómez

Por Jairo Gómez *.- En época de Fake News no hay nada más parecido a las “noticias falsas” que el discurso del presidente Duque ante la Asamblea 75 de las Naciones Unidas. Como si se tratara de un prestidigitador con sacoleva, inmerso en un show tricolor bien iluminado, el artista saca del cubilete miles de serpentinas para vender la ilusión de estar administrando un país próspero, resiliente, equitativo, defensor del medio ambiente, constructor de paz, generador de empleo, luchador contra el narcotráfico y la corrupción; en fin, el país del más allá.

Como forzándolos a introvertirse y sacarlos de los titulares de prensa que hablan de masacres, corrupción, narcotráfico y matanzas policiales en Colombia, Duque tuvo la osadía de describirle a los presidentes de 193 países un país distinto, muy parecido a la isla de la fantasía. ¿Creerán Duque y sus asesores que el resto del planeta es tan tonto como para no darse cuenta de la tragedia por la que atraviesa este país? Ese discurso, lleno de frases vacías, se estrella con la realidad y no aguanta un comentario o análisis serio y proporcional.

Vamos por partes. Dice el presidente que hoy en Colombia “no hay dilemas entre amigos y enemigos de la paz; somos un solo país que avanza sin importar si el viento está a favor o en contra”. ¿De dónde saca Duque semejante estupidez? A sus pies o debajo de su escritorio de presentador de televisión, Colombia se derrumba, se desangra.

62 masacres en 2020 dejan más de 250 muertos; cerca de mil líderes sociales, indígenas, afros, campesinos y desmovilizados asesinados desde 2016, de ellos la mitad  durante sus dos años de gobierno, y Duque aminora cínicamente esta matanza para decir que en Colombia no “no hay dilemas entre amigos y enemigos de la paz”. Mentiroso con letras mayúsculas, usted y Álvaro Uribe, su mentor, llegaron al poder para volver trizas el acuerdo de paz, no le mientan a la comunidad internacional, a la ONU.

Habla Duque de la Paz con legalidad, pero intencionalmente, a lo Stalin, engavetó el Acuerdo de Paz que tiene jerarquía constitucional. Aniquiló y desfinanció presupuestalmente todos los compromisos para consolidar la paz territorial y resarcir a las víctimas.   

Quiere mostrarse como el hombre de los valores democráticos cuando a pocos kilómetros de la sede presidencial la policía masacró a 13 jóvenes. ¿Esa es la  “Colombia maravillosa, la de la paz con legalidad fundamentada en la estabilización social y la consolidación de la democracia” que, usted presidente Duque, infiere y describió en la Asamblea General de la ONU?  

Le dice usted, presidente Duque, a 193 países que su gobierno es el gran promotor de “la defensa del medio ambiente como propósito de seguridad nacional”, por favor! y aquí. Incumpliendo su programa de gobierno, usted promueve la entrega de los páramos a la voraz minería extranjera e incentiva el fraking. El típico embuste farandulero.   

El narcotráfico. Sí, de todos es sabido su poder corruptor y combustible para la guerra. Reclamó mayor compromiso y corresponsabilidad por tratarse de un delito transnacional; se lo avalo. Pero, ¿ y el Ñeñe? ¿El narco que financió su campaña? Qué rabo de paja. Por favor no se arrime a la candela.  

Para terminar. El COVID-19. Dijo usted presidente que la pandemia develó la fragilidad mundial del sistema de salud y evidenció la inequidad en el mundo. También se lo avalo. Pero, ¿qué ha hecho usted por mejorar la crisis social generada por el coronavirus? No solo se trataba de administrar el contagio, también de hacer menos difícil la crisis social y económica que traía tras de sí el virus; sin embargo, en esta materia usted se raja ostensiblemente en un punto muy sensible: el empleo; se destruyó por la escasa ayuda del gobierno a la pequeña y mediana empresa que lleva sobre sus hombros el 80% del trabajo formal del país, y de repeso, les niega la posibilidad de darle subsidio a las nóminas de las MIPYMES. Cómo explicarlo.  

La lista sería interminable y le haría agotadora la jornada a mis lectores. No se puede mentir tan olímpicamente presidente Duque, los colombianos no somos tan bobos y hemos aprendido que gobernantes tan mediocres como usted no pueden volver a repetirse; eso espero.

Bogotá, D. C, 26 de septiembre de 2020

Periodista. Analista Político.

@jairotevi

LEAD: Como forzándolos a introvertirse y sacarlos de los titulares de prensa que hablan de masacres, corrupción, narcotráfico y matanzas policiales en Colombia, Duque tuvo la osadía de describirle a los presidentes de 193 países un país distinto, muy parecido a la isla de la fantasía.

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José Félix Lafaurie Rivera

Por: José Félix Lafaurie Rivera*.- “Los ganaderos miramos hacia atrás para honrar nuestro pasado; miramos hacia delante para construir nuestro futuro”.

Esta es una frase que acuñamos en 2005, cuanto la Junta Directiva de FEDEGÁN decidió instaurar el 30 de septiembre como el Día Nacional de Ganadero, fecha en que, diez años atrás, en 1995, las Farc llegaron hasta una finca en Zipacón, Cundinamarca, muy cerca de Bogotá, donde un anciano retirado se dedicaba al cuidado de las palomas, signo de la paz que no pudo protegerlo de que lo asesinaran alevemente. Era José Raimundo Sojo Zambrano, expresidente de FEDEGÁN, a quien le cobraron con su vida el rechazo a la violencia contra los ganaderos.

Para escribir estas líneas revisé viejos informes de la época de mi antecesor, Jorge Visbal, a quien también le hicieron varios intentos, afortunadamente fallidos, incluido ¡un rocket! contra la sede de FEDEGÁN (2003). Para entonces se llevaba una macabra pero necesaria contabilidad del impacto de la inseguridad en la ganadería, y en ella encontré que, en 1995, Sojo Zambrano fue uno de los ¡50! ganaderos asesinados ese año, cuando, aunque hoy suene espeluznante, también secuestraron a 527. La mayor cifra de secuestros, ¡585!, se produjo en 2001, antes del advenimiento de la Seguridad Democrática.

Dos años después, en 2007, nació la Fundación Colombia Ganadera, FUNDAGÁN, uno de cuyos principales programas, “Acabar con el Olvido”, ha logrado visibilizar a cerca de 10.000 víctimas ganaderas, en un país donde las hay de primera y de segunda, unas que merecen vitrina, como las de la UP, y otras ocultas por las narrativas de sus victimarios y por la impunidad de un Acuerdo que también escogió víctimas a conveniencia.

Así pues, honrar ese pasado de victimización y también de heroísmo de quienes sobrevivieron al terror y la zozobra, fue el objetivo central del primer Día Nacional del Ganadero, y lo seguirá siendo, pues, además, la paz ofrecida nunca llegó y la inseguridad vuelve a amenazar a la ganadería, en un campo sembrado de coca y de violencia.

Por eso, en el Día Nacional del Ganadero, reiteramos nuestro rechazo a la violencia rural desbordada y apoyamos los esfuerzos del Gobierno por garantizar la seguridad.

Respaldamos a las Fuerzas Militares y de Policía, que protegen campos y ciudades; organizaciones humanas y perfectibles, cuyos héroes no solo se exponen a la violencia del delito sino a la incomprensión ciudadana, alebrestada por los interesados en el caos como arma política para el acceso al poder.

Hacemos profesión de nuestra fe en el imperio de la ley, en las instituciones democráticas y, sobre todo, en un verdadero “Estado de Derecho”, a partir de una justicia que logre reencontrarse con el anhelo ciudadano de derrotar la impunidad imperante.

Rechazamos la estigmatización de los ganaderos y reivindicamos la dignidad de los 600.000 colombianos que le madrugan al ordeño y al cuidado de sus animales, para llevar carne y leche a la mesa de los colombianos y a los mercados internacionales.

Defenderemos a la ganadería de las falsas acusaciones de gran depredadora de la naturaleza, y defenderemos el papel insustituible de la carne y la leche dentro de la dieta de los colombianos y para la seguridad alimentaria del país.

Nos comprometemos con el cambio. Como todas las actividades económicas, seguiremos buscando un mejor relacionamiento con la naturaleza, para construir la ganadería del futuro, rentable, competitiva y, sobre todo, sostenible, a través de la implementación de sistemas silvopastoriles.

Los ganaderos, como nos recuerda nuestro himno, “no bajamos nuestros brazos ni nos damos por vencidos”. 30 de septiembre: Feliz día, ganaderos de Colombia.

Bogotá, D. C, 26 de septiembre de 2020

*Presidente de FEDEGAN  

@jflafaurie

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Lorena Rubiano Fajardo

Por Lorena Rubiano Fajardo.- “Si no tenemos policías, jueces, abogados, fiscales, honestos, valerosos y eficientes; si se rinden al crimen y a la corrupción, están condenando al país a la ignominia más desesperante y atroz.” Javier Sicilia.

A raíz de los hechos recientes en que se ha visto envuelta la Policía Nacional, se escuchan voces y propuestas para acabar con el Esmad.

En mi concepto lo que hay que hacer con la Policía Nacional es dignificarla, educarla y prepárala para atender su función constitucional a carta cabal. No hay que ponerla a hacer todas las funciones, muchas de las cuales no le corresponden. Como  la función de resocialización de las personas privadas de la libertad, con el manejo del Inpec, porque no están preparados para eso. Y por eso violan los derechos humanos a diario en las cárceles del país, a través del CRI, que es el Esmad de las prisiones.

En ningún momento se puede sustraer a la Policía Nacional del control del vandalismo y desmanes en las marchas de protesta. Esa es su obligación preservar los derechos, la vida y los bienes de la ciudadanía. Por los excesos en ese control no se puede atacar a toda la institución. De ser así, ya no tendríamos, Congreso Nacional, Corte Suprema, Ministerio de Justicia, Registraduría Nacional, y tantas otras instituciones que han sido deshonradas por algunos de sus funcionarios.

En cuanto a la institución policial hay que profesionalizarla, darle más preparación, mejores salarios, mayores oportunidades de ascenso y estabilidad, lo cual mejora sus condiciones laborales y conlleva a fomentar la vocación de servicio y sentido de pertenencia a la institución, y como se dice, a llevar con orgullo el uniforme. Así se logra el fortalecimiento integral del desarrollo policial e institucional.

Se debe lograr que la ciudadanía vuelva a mirar con buenos ojos al policía de la cuadra, de la esquina, del Cai, de la vereda, del pueblo, al policía amigo que ayuda a un anciano a pasar la calle, así como se agradece la buena y excelente labor de la Policía de Carabineros o de la policía infantil.

Lo más importante ahora es mejorar la preparación, la escuela, el aprendizaje, el conocimiento de las normas constitucionales y legales, principios, destrezas, y habilidades policiales, sin las cuales no pueden ser lanzados a la calle a enfrentar los problemas cotidianos. Ellos son la primera autoridad con funciones judiciales  y por eso es básica su preparación académica con énfasis en un gran humanismo, porque ellos son fuerza de protección y no de guerra.

Deben crearse incentivos más allá de las medallas, inclusive más vida familiar, más cerca de la gente, más participación social, más profesionalismo y obviamente, como en toda institución, más control y disciplina interna con sanciones y estímulos.

Hay que tener en cuenta como base de esta reestructuración el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia, de una acción de tutela de varios ciudadanos, la cual llega a una tajante conclusión: que la Fuerza Pública, especialmente el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), hace una intervención sistemática, violenta y arbitraria en la protesta social.

Bogotá, D. C, 26 de septiembre de 2020

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Jorge Enrique Robledo

Por Jorge Enrique Robledo.- Se sabe que el desempleo es de lo peor que puede pasarles a las personas y las familias. Porque significa pobreza y miseria, hambre y desnutrición, techo muy precario, grandes carencias en salud, educación y recreación, alta corrupción y fuerte deterioro ambiental. La falta de trabajo también es la certeza de no poder acceder a una pensión ni a ahorros para asegurarse una vida digna en el inevitable y duro momento de la vejez. Y puede llevar a complejos problemas emocionales, porque el trabajo es también la primera necesidad vital de los seres humanos.

Pero se entiende menos que el desempleo significa además, y ni se diga si es tan alto como el de Colombia, con 16,1 millones de personas sin trabajo, sin contar estudiantes, un verdadero crimen contra el conjunto del progreso nacional. Porque genera subdesarrollo económico y más desempleo y pobreza, verdad que no se debate como problema fundamental del país, en razón de que aquí mandan quienes no quieren poner a Colombia en primer lugar, por parecerles suficiente que apenas el veinte por ciento viva como en Dinamarca, en tanto a los demás los condenan a sobrevivir en Cundinamarca.

En su evolución, por el aumento de la cantidad y calidad del trabajo, los seres humanos nos convertimos en una especie de la naturaleza capaz de producir más bienes que los mínimos que necesitamos para sobrevivir, es decir, que generamos excedentes capaces de acumularse de muchas maneras, bienes que están en la base y promueven el progreso general de las naciones y las personas. Piénsese en las obras de infraestructura, las instituciones educativas y hospitalarias, las fábricas y los campos cultivados, todas riquezas fruto del trabajo simple y complejo acumulados, que a su vez sostienen y crean más empleos y nuevas fuentes de ahorro y riqueza.

Cada vez que analicemos entonces el enorme desempleo nacional, no nos limitemos a asumir la actitud democrática de criticarlo por los inmensos sufrimientos que origina. Rechacemos también el desperdicio de la capacidad de trabajo de los colombianos, el principal e insustituible factor de creación de riqueza y progreso social del país. Dicho de otra manera, detrás de cada desempleado de hoy están el subdesarrollo productivo y el desempleo y la pobreza de mañana, amenazando incluso a los descendientes de quienes hoy no los padecemos. Y esa falta de trabajo, de otra parte, al no estimular capacidad de compra, también lastra poder producir nueva riqueza y más y mejores empleos.

Por ello dijo Friedrich List, junto con Hamilton, unos de los padres de la industrialización y el desarrollo capitalista de EEUU: “El poder producir riqueza es, por consiguiente, infinitamente más importante que la riqueza misma (…) Esto es más cierto en el caso de naciones enteras que en el de individuos particulares”. Y esta verdad irrefutable, que ha orientado a todos los países exitosos, no ha estado al mando en Colombia, en especial desde 1990, cuando decidieron profundizar hasta el absurdo los errores que venían del pasado.

Es falsa, por tanto, la afirmación de Duque y demás dirigentes neoliberales de que en Colombia estamos haciendo lo mismo que han hecho los países que han salido del subdesarrollo y la pobreza. Entre otras razones, porque la actual globalización consiste en obligarnos a importarles a ellos lo que podemos producir aquí –base del alto desempleo nacional–, al tiempo que nos dejan, como única alternativa para financiar las importaciones y deuda externa exageradas, las insuficientes exportaciones mineras y las de los mismos productos agrarios de siempre, los cuales además ni siquiera necesitaban de TLC para venderse en el exterior (otra falsedad). “Hagan lo que les decimos, no lo que hacemos”–suelo repetir–, es lo que ordenan los mayores poderes globales.

Renegociar los TLC, para poder crear más empleo y más riqueza y reducir la desigualdad, debe ser la base de un gran pacto nacional, social y político, capaz de encauzar a Colombia por la vía de su verdadero progreso, para el que tiene territorio y gente con qué lograrlo.

Coletilla: el problema de los colombianos ya no es el minDefensa Holmes Trujillo, sin duda indigno de ese cargo porque viola las leyes y engaña y miente con todo cinismo. El problema ahora es Iván Duque, quien lo sostiene en el cargo, mandándoles además un pésimo ejemplo de malas conductas y peor gobierno a los colombianos, incluida la fuerza pública, y a la comunidad internacional.

Bogotá, 25 de septiembre de 2020.

*Senador del Polo Democrático Alternativo

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Clara López

Por Clara López Obregón*.- El Gobierno Duque acaba de introducir una contrarrevolución laboral que marca profundos retrocesos en los derechos y garantías laborales, lo cual profundizará las desigualdades sociales. So pretexto de establecer un “piso” de protección para quienes devengan menos del salario mínimo legal - ojo, al menos la mitad de la fuerza laboral -se ha establecido un régimen laboral paralelo que compite con el desvencijado, pero todavía protector Código Sustantivo del Trabajo (CST). Se trata del decreto 1174 de 2020, reglamentario del artículo 193 de la Ley 1955 de 2019 (Plan Nacional de Desarrollo).

Mediante la adición de un nuevo capítulo al sistema general de pensiones, dicho decreto, sin diálogo social alguno, obliga vincularse al piso de protección social a todos los trabajadores que devenguen en el mes menos de un salario mínimo por uno o más vínculos laborales o contratos de prestación de servicios a tiempo parcial. En tal virtud, serán inscritos en el sistema subsidiado en salud; vinculados obligatoriamente al programa de ahorro voluntario de beneficios económicos BEPS; y cubiertos por un microseguro frente accidentes de trabajo. Y hasta ahí.

A quienes queden en este nuevo régimen, no aplicará el CST, y sus empleadores quedan exentos de la obligación de pagar el salario mínimo legal (como analizamos en anterior columna, Adiós al salario mínimo). Los beneficios y garantías del régimen laboral aplicarán solamente a quienes tengan contratos de trabajo mayores a un salario mínimo legal mensual. Dichos contratos están condenados a desaparecer gradualmente, pues como sucede con la Ley de Gresham, la mala moneda termina por sacar de circulación a la buena. En este caso, el régimen laboral famélico del decreto 1174 paulatinamente reemplazará al tradicional contrato de trabajo con sus prestaciones legales de licencia de maternidad, pago de dominicales y horas extras, prima de servicios, subsidio de transporte, incapacidades, cesantía e indemnización por despido injusto y derechos de asociación colectiva, negociación y huelga, es decir, subrogará el trabajo decente.

Hay quienes sostendrán que el decreto “formaliza” al trabajador informal quien hoy no tiene ninguno de esos beneficios así que nada le quita. A ello se debe responder: arrebata la promesa constitucional del progreso social. El nuevo régimen legaliza la informalidad y pone a quien trabaja en esas condiciones sub mínimas a ahorrar en BEPS, es decir, a cotizar para recibir un subsidio del 20% de lo ahorrado a título de asistencia pública en lugar de una pensión mínima de seguridad social. El piso de protección no deja de ser un sofisma de distracción que deroga el umbral del contrato social del salario mínimo con prestaciones y el concepto de una seguridad social digna. De paso, rebaja las cotizaciones de los empleadores.

No hay que esconder la dura realidad de cómo se concentra de más en más el ingreso. Peso que se ahorra en costos laborales es peso que pasa del bolsillo del trabajador al bolsillo del empleador. La reducción de costos laborales no es otra cosa que la reducción de ingresos de los trabajadores. Así sucedió con la Ley 789 de 2002 que amplió la jornada diurna de las 6 p.m. a las 10 p.m. Al eliminar el grueso de los recargos nocturnos, en los primeros 13 años de vigencia, 24 billones de pesos pasaron del trabajo al capital.

La llamada flexibilización laboral que comenzó con la Ley 50 de 1990 ha reducido en siete puntos porcentuales la participación del trabajo en el PIB en favor del capital. De ahí la importancia de que estas decisiones sean sometidas al diálogo social, con el estado interviniendo del lado de la parte débil de la relación que es el trabajo y con garantía del principio de no regresividad que exige no retroceder en garantías sociales.

Este decreto es un ejemplo más de la codificación del capital con su consecuente ampliación de la desigualdad y la desesperanza (Pistor, K. 2020). No es un piso de protección social sino un nuevo régimen laboral desprovisto de toda protección legal al trabajo más vulnerable. Va más allá de la precarización laboral en contravía de la Constitución.

Bogotá, D. C, 26 de septiembre de 2020

*Exalcaldesa de Bogotá, Exministra de Trabajo

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Alonso Ojeda Awad.

Por Alonso Ojeda Awad.- Me perturba la posibilidad de llegar a ser un país donde poco importe el dolor y el sufrimiento de nuestros semejantes, y esta preocupación aumenta cuando la veo reflejada en la institución policial que es la encargada, constitucionalmente, de ayudar a la sociedad a encontrar caminos pacíficos en sus contradicciones y conflictos, que le permita solucionar racionalmente sus diferencias en las diversas actividades de la cotidianidad humana.

Me crea mucha preocupación ver, por ejemplo, las fotos de los policías que ocasionaron la terrible y mortal agresión sobre el estudiante de Derecho Javier Ordoñez, el día en que fueron capturados y llevados ante el juez de la justicia ordinaria, quien investiga y aplicará la dura y ejemplarizante sanción. En esta foto se ve a dos muchachos vestido de civiles sin ningún rasgo que exprese o muestre agresividad o fiereza de ningún orden.

Entonces, viene inmediatamente a mi memoria el video terrible en que estos dos “pacíficos muchachos”, ya con el uniforme policial, descargan, sin ninguna compasión ni misericordia, una pistola Taser de manera agresiva y cruel contra el cuerpo indefenso y tirado en la calle de Javier Ordoñez. Ya son dos hombres conscientes que están asesinando a un reducido e indefenso hombre en el piso, que les pide clemencia: “Ya, ya, por favor, no más” y estos policiales, no escuchan, están encarnizados sobre su víctima indefensa y cada vez le aplican más y más descargas que lo conducen a la muerte indefectiblemente.

Es allí donde me pregunto qué está pasando en ese momento por el cerebro de los policías. Son conscientes de la cercana muerte de su víctima o es tal la magnitud del enfrentamiento que su cerebro ya no razona porque está en un “Secuestro Emocional” tal el impacto, generado por la agresión, que la “emoción”, es decir todo lo instintivo y animal decide asumir el manejo de la situación y a través de enorme producción de adrenalina, secuestra la razón, impidiendo la presencia de esta.

Este es el planteamiento que hice en mi pasada columna de prensa titulada: “Por una policía civilista”, donde hago hincapié en que la policía debe ser entrenada, informada, preparada y educada en múltiples aspectos de una formación humana integral y compasiva que incluya también el conocimiento y manejo de los llamados “secuestros emocionales” que son los que impiden actuar en situaciones de máxima confrontación con pleno uso de las condiciones mentales. Yo quisiera preguntarles a esos dos agentes de policía comprometidos en el asesinato de Javier Ordoñez si ellos recuerdan esos últimos momentos angustiosos de la víctima ya en camino hacia la muerte y que sintieron en estos momentos.

Porque si estamos ante un frío asesinato, elaborado en forma consciente y premeditada por dos o más agentes de policía obedeciendo a órdenes superiores, nos encontramos ante una situación muy grave. O si estamos ante un homicidio causado por dos agentes policiales quienes ante el fragor del enfrentamiento son victimas de un secuestro emocional que les impide ver la magnitud de la agresión y las graves consecuencias que están generando con este hecho delictivo. Caso en el que habría que cuestionar la dirección, preparación y desarrollo de las competencias de estos agentes para cumplir de manera efectiva y compasiva su función, lo que nos obliga a poner la mirada en las políticas de cultura organizacional, de dirección, selección, formación y coordinación en la institución policial y militar.

Sin embargo, hay otras opiniones muy autorizadas y por eso quiero transmitirles el juicioso comentario que me envió un amigo médico y colega, desde los Estados Unidos, neuropatólogo de la Universidad Nacional de Colombia, a raíz de estos críticos y luctuosos acontecimientos: “Yo no creo que el problema se solucione dándoles clases de neuroanatomía y neurofisiología a los policías. Este problema que comenzó acá en la USA, se ha ido extendiendo a otros países. Esto significa que es de fondo en la organización social de estas naciones y que se deben tomar reformas radicales en sus fuerzas militares para solucionarlo. Las ordenes de maltrato a la población civil vienen de los mandos superiores y los responsables deben ser castigados”.

Son posturas muy claras y ciertas que nos deben conducir a tratar este grave problema que nos acompaña como sociedad hace mucho tiempo y que últimamente se ha recrudecido de una manera muy significativa. Los colombianos tenemos la obligación y el deber de trabajar y esforzarnos todos los días por construir una mejor nación y una mejor Democracia. Mas profunda y efectiva que logre eliminar tanto dolor y sufrimiento.

Bogotá, D. C, 26 de septiembre de 2020

Exembajador de Colombia

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Gabriel Ortiz

Por Gabriel Ortiz*.- “Tenemos corte, tenemos justicia”, dijeron unos, “llegamos al gobierno de los jueces”, expresaron otros, muy pocos vieron la democracia y los derechos amenazados, en un país en el que los gobiernos eliminan los pesos y contrapesos, para manejar las cosas a su manera.

La Corte se pronunció sobre los derechos constitucionales que tiene la gente para protestar pacífica y ordenadamente.

Como buenos leguleyos, hemos salido a favor y en contra del pronunciamiento de la CSJ, ante el exceso de fuerza que la policía y el Esmad han aplicado a los manifestantes. En Colombia cada vez se afianza el miedo ante unas fuerzas que fueron creadas para la defensa de los ciudadanos y no para impedir que se pronuncien y rechacen dudosas actuaciones de los gobiernos. Hay que recordar la famosa construcción de especies de estadios para que solo allí se pudieran expresar en contra del Estado. O la conformación de grupos con millones de “informantes, orejas, sapos o soplones”, que han propuesto para controlar la inconformidad social. Y qué decir de las extralimitaciones del gobierno Duque para arrogarse funciones aprovechando la pandemia, con un congreso virtualizado y enmermelado, y una justicia intimidada. Pasada la emergencia económica, aún hay normas, decretos y protocolos que castigan a los colombianos y les violan sus derechos.

Todo eso y lo que fustiga y constriñe a la ciudadanía, obligan a la gente a expresarse y manifestarse.

A estas marchas y protestas, hay que reconocerlo, infiltran de parte y parte, revoltosos expertos en sabotaje, revueltas y saqueos. La revolución de las cámaras ha cambiado las cosas. Ellas registran la brutalidad de unos y otros. Puñados de maleantes y provocadores, son detectados, y sus acciones justifican la intervención de Esmad y policía con excesos de fuerza, torturas y muerte.

Utilizan armas prohibidas internacionalmente y desmedidas acciones, apoyadas con “perfiladores” y “chuzadores”. Parecen tener licencia para el desenfreno, que se les manifiesta en los pocos rasgos que dejan ver sus caras. “Sus actuaciones son personales”, dijo el gobierno. No parecen haber recibido entrenamiento y preparación para controlar las protestas ciudadanas y la utilización de armas, que solo por acá se utilizan. El propio Presidente, tal vez sin haber observado la brutalidad de esas actuaciones les da total respaldo y hasta se disfraza para abrazarlos.

Por fortuna, en esta democracia existe una CSJ, con independencia que, ratifica los derechos de la ciudadanía, explicando que las manifestaciones deben ser pacíficas, al tiempo que le notifica al Estado que el control, debe ser racional y ajustado a la normatividad. No más muertes de manifestantes y acciones desenfrenadas de la fuerza pública. En “choque de trenes”, el Estado replica y pide a la Corte Constitucional revisar lo actuado por la CSJ. Califica de actuaciones personales los procederes de policía y Esmad, cuando se apartan de las normas. Ni una palabra de pedir disculpas.

BLANCO: El Procurador dice que tutela de la CSJ es de cumplimiento obligatorio.

NEGRO: ¿Por qué quieren sacar al Gerente del Banco de la República?

Bogotá, D. C, 24 de septiembre de 2020

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper

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José G Hernández

Por José G. Hernández*.- En Colombia -una democracia, si atendemos al texto constitucional- el derecho a protestar lo tiene toda persona. Protestar, según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, significa, entre otras acepciones, “aseverar con ahínco y con firmeza”, y también “expresar la oposición a alguien o a algo”. Y presenta como ejemplo: “Protestar contra una injusticia”.

Quien protesta, entonces, declara, manifiesta, expone, y por definición, expresa algo. Deja constancia. Y no se puede pretender que siempre proteste a favor. Lo normal es que proteste contra algo o contra alguien, y en oposición. Ese es, además, un derecho inalienable, desde la más tierna infancia. El bebé protesta. El niño menor lo hace. El adolescente protesta. El estudiante protesta. Y ante los gobernantes, tanto el hombre como la mujer mayor, protestan. Un gobierno o una institución que pretenda que en su contra o contra sus decisiones nadie proteste, está fuera de la mínima inteligencia.

Nuestra Constitución consagra la democracia participativa, en cuya virtud todos tenemos el derecho y el deber de tomar parte en la adopción de decisiones que nos afecten -de manera individual o colectiva- y en la vida política, económica, social y ecológica de la Nación, del Departamento, del Municipio, del Distrito, del barrio, de la escuela, del colegio, de la Universidad, de la empresa, del sindicato, del club, de la asociación o sociedad a la que pertenezcamos. Y tanto la Carta Política como los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos consagran la libertad de expresión, el derecho a la información, la libertad de reunión, la libertad de asociación, el estatuto y el derecho a oponerse.

Así que, si estamos ante un conjunto de derechos -todos fundamentales- no cabe prohibir o impedir la protesta, las reuniones, las marchas, las manifestaciones. Sería antidemocrático, inconstitucional y muy dañino.

Como todo derecho, desde luego, el de protestar no es absoluto, porque, como señala el artículo 95 de la Constitución, el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en ella implica responsabilidades. A lo cual agrega que el primer deber de toda persona consiste en “respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios”. Ello, en cuanto, como ocurre con todo derecho, este es relativo, y llega hasta donde pueda afectar o dañar los derechos de otros o la integridad y vigencia del orden jurídico. De modo que protestar no es dañar, atacar con violencia, herir o matar.

Y al respecto, la función de las autoridades consiste en asegurar que los derechos a la protesta, a la oposición, a la reunión y a la expresión tengan lugar de manera pacífica y sin causar daño a las personas, ni a los bienes públicos o privados.

Por su parte, la autoridad tampoco puede abusar, ni excederse. Debe resguardar y garantizar el ejercicio de tales derechos, impedir los excesos y proteger. No abusar de sus armas, torturar, ni matar. Ha de respetar los derechos humanos y tener en cuenta que en Colombia está prohibida la pena de muerte, y que la Policía no está llamada a aplicarla de facto, como ha venido ocurriendo. Debe actuar dentro de los principios de respeto, razonabilidad y proporcionalidad. Y según las órdenes superiores, que a su vez deben ser legítimas y tienen los mismos límites.

Bogotá, D. C, 24 de septiembre de 2020

*Expresidente de la Corte Constitucional

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Víctor G Ricardo

Por Víctor G. Ricardo*.- El glifosato es un producto que ha rondado nuestro campo durante décadas, pues es desde los años 80 que éste se ha venido usando ampliamente en Colombia. En todas las regiones del país el glifosato ha estado presente; los trabajadores del campo lo han manipulado; los suelos lo han asimilado; las poblaciones han convivido con él en el ambiente; incluso sus trazas se han encontrado presentes en alimentos que hemos consumido.

Ahora, el glifosato es un producto tóxico, tal como lo son otros herbicidas, plaguicidas y similares; y es de entender que se deben tener regulaciones para estos productos y que en Colombia hay que buscar reducir su uso en la medida de lo posible.

No obstante, para el caso del glifosato en Colombia, este tema debe analizarse con cuidado, pues en él existen ciertas variables, que no necesariamente tienen que ver con lo agrícola. Primero, la controversia de su uso se da cuando el glifosato es parte de la erradicación de los cultivos ilícitos. Segundo, la controversia se centra justamente en su uso frente a los cultivos ilícitos, más que en las prácticas agrícolas (en donde el uso del glifosato sigue vigente).

Aquí es importante hacer un balance justo de las cosas, pues no se puede desconocer que detrás de este asunto, hay muchos intereses ocultos. Los grupos armados ilegales por ejemplo, tienen gran interés en eliminar la erradicación aérea, en donde sus campos minados y francotiradores, no son tan efectivos para asesinar y mutilar a los erradicadores, tal como ha vuelto a suceder en el país. La erradicación aérea tampoco ayuda a que comunidades campesinas, de manera obligada, entorpezcan los trabajos de erradicación, como ocurre en la actualidad.

Como argumento para eliminar el glifosato como opción de erradicación se tiene el efecto que éste causa en la salud de las personas que viven alrededor de los cultivos ilícitos. No obstante, aquí empiezan a aparecer cosas que no encajan del todo dentro de la lógica.

Es interesante ver como nadie habla de la afectación que causan los laboratorios de procesamiento de coca, los cuales están presentes en todas las regiones donde existen estos cultivos ilícitos. Nadie habla de las sustancias peligrosas que en ellos se manejan sin ningún tipo de control y que se vierten directamente a los cuerpos de agua sin tratamiento alguno. Si, insumos como Ácido sulfúrico, Ácido Clorhídrico, Tolueno, Éter, Kerosén, Permanganato de Potasio, entre muchos otros, son usados en el procesamiento de la coca, y estos afectan gravemente al medio ambiente, y a la salud de las personas (varios de ellos cancerígenos); ¿Por qué no se tienen en cuenta a la hora de analizar las causas que están afectando la salud de las personas que viven en estas regiones con presencia de coca?

Ahora, la erradicación aérea con glifosato por sí sola no es la solución. Pero tampoco podemos condenar herramientas de erradicación, en dirección a lo que los mismos grupos ilegales quieren promover, con el objeto de reducir la presión sobre sus fuentes de financiación.

Hay que sopesar todos los pros y los contras de cada una de las opciones que tenemos a la mano, antes de descartarla, pues lo que se ha demostrado es que es el narcotráfico es el que más ha contaminado, deforestado y amenazado la vida de las personas en el campo colombiano.

Bogotá, D. C, 23 de septiembre de 2020

*Excomisionado de Paz

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