José G Hernández

Por José G. Hernández*.- En un Estado de Derecho -en el que, por definición, gobernantes y gobernados están sometidos al orden jurídico y, por tanto, imperan las normas sobre privilegios, exclusividades y prebendas- nadie, por poderoso que sea, está por encima de la ley, ni escapa a la obligación de dar cuenta de sus actos y decisiones, asumiendo a plenitud su responsabilidad -penal, disciplinaria, fiscal, patrimonial- por las infracciones en que haya podido incurrir, bien sea en virtud de acciones positivas u omisivas. Corresponde a fiscales, jueces y órganos de control hacer efectivos tan esenciales principios. 

La igualdad ante la ley es propia de un sistema democrático y es fundamento esencial de su vigencia. Aceptar lo contrario no conduce a nada diferente de una grave corrupción de la democracia, por cuanto se desvirtúa el máximo postulado de la moralidad pública, se descompone la sociedad y periclita la justicia. 

Si esto es exigible a toda persona, con mayor razón a quienes ejercen los cargos de mayor rango en las ramas y órganos del poder público. Más que nadie, ellos -que han prestado juramento en el sentido de respetar y hacer respetar la Constitución y la ley- han de dar ejemplo a la comunidad.

En Francia acaba de ser condenado el expresidente Nicolás Sarkozy a tres años de prisión -uno de ellos firme-, en cuanto fue hallado responsable por corrupción y tráfico de influencias. Dentro del mismo proceso han sido condenados el abogado Thierry Herzog y el magistrado Gilbert Azibert, por haber participado -según el fallo- en un pacto de corrupción. 

Aunque exonerado por la solidaridad partidista de los republicanos, el expresidente estadounidense Donald Trump ha sido sometido a dos juicios políticos, y no se excluye que se le adelante un proceso ordinario por evasión tributaria.

En España, el rey emérito Juan Carlos I de Borbón, está todavía en la mira de la administración de justicia. Según la Constitución de 1978, en su condición de jefe de Estado, gozaba de inmunidad mientras ejercía el cargo, pero su abdicación cambió las reglas. El Tribunal Supremo lo investiga por supuestos actos de corrupción cometidos con posterioridad.

Las dificultades en el trámite y hasta los millonarios y extemporáneos pagos efectuados al fisco por el rey emérito para evitar procesos judiciales en su contra, han sido rechazados inclusive por el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha sostenido que, si bien defiende el pacto constitucional y la monarquía parlamentaria, “eso no resta para que las instituciones, si queremos garantizar la estabilidad de las mismas, den pasos a favor de algo que conecta desde el punto de vista emocional, con el sentir de muchos ciudadanos que quieren instituciones transparentes y ejemplares”. A lo cual ha agregado que las conductas del retirado monarca son rechazadas por los españoles como "conductas incívicas" que “han marcado un antes y un después sobre transparencia y el buen uso de los recursos públicos".

Es que la impunidad de quienes ejercen o han ejercido el poder no es aceptable en una organización política sometida al Derecho. Los pueblos reclaman que la ley sea para todos, sin excepciones. Pensemos en eso, aquí en Colombia.

Bogotá, D. C, 3 de marzo de 2021

*Expresidente de la Corte Constitucional

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Jairo Gómez

Por Jairo Gómez*.- Se llevó el carbón durante tres décadas de Colombia para venderlo en Europa, Estados Unidos y China y ahora Prodeco, que lo explotó durante más de 30 años, quiere salir huyéndole a la justicia colombiana para evadir su presunta responsabilidad en la financiación de grupos paramilitares que asesinaron y desplazaron a cientos de miles de campesinos y trabajadores mineros que hoy reclaman justicia en el departamento de Cesar.

Se oculta tras un manto oscuro para construir la narrativa de una quiebra a todas luces ficticia (¿después de 30 años y con ingresos anuales de más de mil millones de dólares?) que para muchos en la región es una forma de evitar que cuando tiren de la manta se descubra, al parecer, una siniestra relación con el paramilitarismo que dejó ríos de sangre en la región.

En un reciente documental publicado por la cadena alemana Deustche Welle (DW), “Carbón y Sangre”, dos paramilitares describen de manera descarnada los múltiples asesinatos que su grupo perpetró con el consentimiento de las multinacionales Prodeco y Drummond, al tiempo que dejaron caer que sus crímenes contaban con la complicidad de autoridades civiles y militares en el departamento del Cesar.

La multinacional Prodeco, en una carta, fechada el 4 de febrero de 2021, que envía a la Agencia Nacional de Minería (ANM) renuncia al contrato No. 044 de 1989 mediante el cual el gobierno colombiano le otorgó la exploración y explotación de carbón a cielo abierto en la Mina Calenturitas, ubicada en los municipios de El Paso, Becerril y la Jagua de Ibirico -Cesar-. En ese documento, de 41 páginas, Prodeco arguye como excusa una crisis económica -para los trabajadores artificial- con el propósito de declararse en quiebra por culpa de la pandemia y, en consecuencia, pide la autorización para despedir a más de siete mil trabajadores.  

Además de dejar miles de víctimas que hoy buscan reparación de la multinacional, la empresa abandona la región sin dejar rastro de desarrollo alguno, ni valor agregado para las comunidades, pues en sus 30 años de operaciones no compró un bien, ni una máquina, ni equipos de transporte, todo lo tercerizó. Se va dejando, miseria, pobreza y una daño ambiental irreparable. ¿No será que la multinacional quiere evadir las investigaciones que la agobian por su participación en la financiación del paramilitarismo?, es una pregunta inquietante que se hacen las víctimas y que la justicia no ha querido responder.

Prodeco, carbonera europea (Glencor), y Drummond, minera estadounidense, cada una, por su lado, quieren salvar responsabilidades en el conflicto colombiano y su activa participación, esgrimiendo excusas sin sustento para negar la financiación del grupo paramilitar “Juan Andrés Álvarez” que hacía parte del bloque norte de la Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), al mando de Jorge 40.

A propósito del Cesar: la JEP lo ubica como el cuarto departamento con más casos de “falsos Positivos” en el país. Es muy sospechoso que ahora que el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SVJRNR) avanza en el esclarecimiento de los hechos acecidos en el contexto del conflicto armado interno, la multinacional Prodeco, investigada por su presunta financiación de paramilitares, tome la decisión de abandonar el país.

Es importante recordar, como lo señalé en mi reciente columna “El Dilema de la Drummond: la JEP o la Justicia ordinaria”, cómo la Fiscalía 251 delegada ante los jueces penales del circuito especializado, acusó, el pasado 16 de diciembre de 2020, a dos altos ejecutivos de la multinacional Drummond por concierto para delinquir y delito de lesa humanidad.

Uno de ellos, Augusto Jiménez Mejía (Presidente de Drummond en Colombia desde octubre de 1989 hasta marzo de 2013), había contemplado la posibilidad de someterse a la JEP y la multinacional lo sacó del país; hoy su residencia está en Estados Unidos. Y José Miguel Linares Martínez (gerente jurídico de 1996 a 2000 y vicepresidente de asuntos corporativos de Drummond en Colombia de 2000 a 2006), al parecer, aún está en territorio colombiano; esperamos que se digne contar la verdad. Ambos funcionarios fueron imputados por fomentar homicidios “en forma sistemática y generalizada” que afectaron “de manera grave la humanidad de la población” tras promover y financiar grupos paramilitares, según dijo la Fiscalía 251.  

Qué curioso, como los lobos que aúllan hasta el cansancio porque no encuentran la salida, las dos multinacionales (Prodeco-Drummond) señaladas de financiar grupos paramilitares, hoy se unen en una misma estrategia: desconocer la justicia colombiana o ¿a la JEP?; y el gobierno de Duque no mueve un dedo, no le interesa, porque a la final solo se trata de humildes campesinos y trabajadores mineros. Sin embargo, queda la JEP, una luz de esperanza para las víctimas.

Bogotá, D, C, 3 de marzo de 2021

*Periodista y Analista Político.

@jairotevi

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Óscar Villamizar Meneses

Por Óscar Villamizar Meneses*.-Las Juntas de Acción Comunal (JAC) son el organismo base de la sociedad, ya que son las entidades más cercanas a las problemáticas de las comunidades, con la posibilidad de proponer soluciones a través de la participación ciudadana; además sus integrantes ejercen una labor social importante encaminada a generar bienestar en los habitantes de un sector determinado.

Es por esta razón que se debe ampliar la Ley 743 del 2002 y crear políticas para fomentar la participación en las JAC y garantías para que sus integrantes puedan ejercer su labor correctamente.

¿Cuáles son los problemas que actualmente enfrentan las Juntas de Acción Comunal?

La participación de mujeres y jóvenes en las Juntas de Acción Comunal es muy baja, lo que significa una percepción parcial de los problemas de las comunidades y falta de gobernanza de estos sectores tan importantes de la población.

En el 2020, en Colombia se registraron 979 conductas que vulneran los derechos de los líderes sociales y 182 homicidios, cifras alarmantes que nos obliga a garantizar su protección desde la Ley 743 del 2002 de Juntas de Acción Comunal.

Los integrantes de JAC tiene una función social que los obliga a realizar trámites ante Instituciones del Gobierno y entes de control para solucionar las problemáticas de su comunidad y esta función NO es remunerada, dificultando el ejercicio correcto de su labor.

Los integrantes de Juntas de Acción Comunal no tienen fácil acceso a la educación y su formación en liderazgo es fundamental para realizar acciones que fomenten la participación, garanticen la sana convivencia, fortalezcan la familia y permitan encuentros sociales.

Se debe garantizar desde la ampliación de la Ley 743 del 2002: que, en la dirección de los organismos de acción comunal, el 50% sean mujeres y jóvenes menores de veintiséis años de edad.

Además, se debe crear un Registro para la Protección de los Líderes Sociales, donde se lleve un registro actualizado de los afiliados que se encuentren amenazados por su calidad de comunal, afiliado, dignatario o líder social y desde la Comisión del Plan de Acción Oportuna se garantice su protección.

Además, se debe crear un Registro para la Protección de los Líderes Sociales, donde se lleve un registro actualizado de los afiliados que se encuentren amenazados por su calidad de comunal, afiliado, dignatario o líder social y desde la Comisión del Plan de Acción Oportuna se garantice su protección.

Por último, es esencial que las instituciones educativas garanticen a los afiliados de organismos comunales, el acceso gratuito a programas educativos de liderazgo que aseguren el desarrollo productivo de las comunidades.

Solo de esta manera lograremos reivindicar la importante labor de las JAC en todo el territorio colombiano, y comprendamos, al fin, su importancia en la democracia.

Bucaramanga, 3 de marzo de 2021

*Representante a la Cámara por  Santander. Centro Democrático.

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Guillermo García Realpe

Por Guillermo García Realpe*.- Por si le faltara un ingrediente más a la ya convulsionada historia de violencia de nuestro país y sumado a ello tantos problemas sociales, como pobreza, marginalidad, desempleo, pandemia, ahora se revive con más fuerza el trágico capítulo de los mal llamados falsos positivos. 

La Jurisdicción Especial de Paz -JEP- nos sorprendió en días pasados con la muy importante investigación del caso 03 sobre los falsos positivos en Colombia. El resultado de la Sala de Reconocimiento de la JEP, fue sin lugar a dudas, ¡ATERRADOR! 

Cuando a todo el país se le había hecho creer que por causa de esa nefasta practica habían sido asesinados 2248 humildes jóvenes por el Ejército para hacerlos pasar como guerrilleros dados de baja y así ganar méritos y ascensos al interior de la milicia, las investigaciones serias y exhaustivas de la JEP, arrojan que la cifra verdadera asciende a 6402 los colombianos asesinados por la fuerza pública entre el 2002 y el 2008. 

Sobre esta polémica, surgen varios contrastes, el primero es que las cifras que presentó la Fiscalía General de la Nación, al iniciar su proceso investigativo registran 4154 casos menos, ósea, no concuerdan estos resultados con la más reciente investigación de la Jurisdicción Especial de Paz. Surgen entonces varias preguntas, ¿qué falló al interior del ente acusador para no llegar al fondo de la verdad?, ¿quiere la Fiscalía ocultarle la verdadera historia de los falsos positivos al país?, o tal vez ¿desde éste organismo hay interés en encubrir a algún expresidente y los mandos militares de la época y además de otros actores relacionados con los falsos positivos?, todos estos interrogantes son los que necesitamos que sean resueltos para que la opinión pública nacional y el mundo los conozcan. Todos necesitamos saber sobre ¿quiénes dieron las ordenes, ¿quiénes los ejecutaron y dónde poder recuperar los cadáveres para su exhumación? 

Pero lo más grave, entre otras cosas, es que el informe revela que, el 78% de los casos de falsos positivos ocurrieron durante el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, y que principalmente seis regiones colombianas vivieron el rigor de esta nefasta práctica, como son Antioquia, Norte de Santander, Huila, Meta, Casanare y la Costa Caribe. 

Viene ahora una segunda fase investigativa en otros departamentos como Caquetá, Putumayo, Guaviare, Boyacá, Arauca, Guainía, Sucre, regiones muy azotadas históricamente por la violencia y que muy seguramente la Sala de Reconocimiento de la JEP encontrará otros hallazgos importantes. Es decir, que debemos prepararnos para conocer nuevas cifras de falsos positivos. 

Esta nefasta práctica, es sin duda, una grave vulneración de los Derechos Humanos, especialmente del derecho a la vida, que es la base de todos los derechos fundamentales, establecidos en el Capítulo III de la Constitución Nacional, donde se establecen los derechos fundamentales del ciudadano, que son trasversales a todos los demás derechos que desarrolla la carta, nos damos cuenta que, no es el ciudadano el que vulnera los derechos, sino que es el Estado el que los vulnera, cuando es el Estado quien debe garantizarle el derecho a la vida  a un ciudadano y por lo tanto, tenemos un Estado que no garantiza el derecho a la vida, y que tampoco garantiza que haya confianza en las instituciones y por lo tanto convierte a la fuerza pública, ya no como defensora y protectora de sus derechos, sino que la convierte en los verdugos de la gente. 

Entonces una fuerza pública que cumple funciones de eliminación física, se convierte prácticamente en sicarios uniformados y legalizados al servicio de una clase política que dirige este país sobre la base del crimen y el asesinato. 

Todo esto daña el tejido social, genera un terror psicológico del ciudadano hacia el Estado y se convierte esto, en un Estado represivo y no coherente con lo estipulado en la Constitución del desarrollo del Estado Social de Derecho, donde la protección del ciudadano está por encima de todas las consideraciones. 

Hablar de falsos positivos, implica para entender este tipo de circunstancias tres aristas fundamentales, primero, cómo entender la política de los falsos positivos desde el poder político, es decir, quiénes son los implicados y responsables y por qué se dio este tipo de política de exterminio. Segundo, cómo poder entender que el Estado se tome por su propia mano el asesinato directo de civiles, contrariando todo el ordenamiento legal de protección a los derechos fundamentales de sus propios connacionales. Y tercero, cómo a partir de este tipo de resultados, establece el Estado mecanismo para resarcir a las víctimas, cuando él mismo ha sido el que las ha provocado. Entonces, matemos civiles y luego paguémosles a las víctimas por habernos dado la oportunidad de privarlos de la vida de un familiar. 

Ojalá más temprano que tarde, todos y todas las responsables de estas abominables muertes vayan ante la justicia y paguen todo el daño que hicieron a miles de humildes familias de nuestro país.

Bogotá, D. C, 1 de marzo de 2021

*Senador Partido Liberal

@GGarciaRealpe

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Antonio Sanguino

Por Antonio Sanguino*.- Bastante travieso ha resultado Fabio Aristizábal, el uribista Superintendente de Salud. Y bastante ineficiente. Resulta imperdonable que sus travesuras atenten contra los recursos públicos de la salud, un derecho fundamental de los colombianos. Pero es aún más inaceptable que sus erráticas actuaciones ocurran en medio de una pandemia y comprometan gravemente la vida de millones de ciudadanos.

Una primera travesura tiene origen electoral. Resulta que detrás de los pergaminos técnicos que exhibe, el Supersalud Aristizábal esconde una activa vocación de militante y varias candidaturas por el Centro Democrático. Su última y fallida aventura electoral fue en las pasadas elecciones parlamentarias. Fue candidato al Senado de la República y recibió un aporte de cincuenta millones de pesos de la Organización Sanitas Internacional S.A.S hoy Keralty S.A.S, grupo empresarial propietario de la EPS Sanitas. Esta entidad es hoy objeto de vigilancia del excandidato al Senado y hoy Supersalud. Fabio Aristizábal nunca ha manifestado su conflicto de interés en sus actuaciones respecto a Sanitas. Peor aún, conoció un recurso de reposición que interpuso esta EPS contra la Resolución numero 008683 de julio de 2018 de la Supersalud. Acto seguido, mediante una nueva Resolución, la 011735 de diciembre de 2018 resolvió el recurso a favor de Sanitas, que pasó de tener una capacidad de afiliación de 2.021.000 a 2.800.000 afiliados. Aristizábal le regaló a su financiador 779.000 nuevos cupos en su capacidad de afiliación, como contraprestación al aporte de campaña recibido.

La segunda es una travesura que de manera grave desconoce, retarda u omite las funciones de vigilancia y control de la Superintendencia. Pareciera que su conducta corresponde a un nuevo capítulo del “cartel de los usuarios” por el que fue procesada penalmente la exfuncionaria de la Supersalud, Eva Carrascal, y en el que ha sido mencionado José Oswaldo Bonilla Rincón, actual superintendente delegado para la supervisión institucional. Un caso emblemático es el de MEDIMAS: por medio de la Resolución No 005163 de 2017, la Supersalud adoptó medida preventiva de vigilancia especial y la fue prorrogando con las resoluciones 004770 de 2018, 009203 de 2019 y 001098 del 28 de febrero 2020. Lo paradójico es que bajo la vigencia de esas medidas preventivas, la propia Supersalud sancionó a MEDIMAS con revocatorias parciales de funcionamiento en 15 departamentos. Una de dos, o la Supersalud hace una pésima labor de vigilancia especial o el afán por trasladar usuarios a otras EPS amigas del Supersalud explican esta protuberante contradicción.

Pero un inmenso lunar, que es materia de investigación disciplinaria por parte de la Procuraduría General, le ha quedado difícil ocultar al flamante Superintendente. El pasado 28 de julio de 2020, en un debate de control político en la Comisión Séptima del Senado, Aristizábal reconoció la perdida de los resultados de 30 mil pruebas de covid-19. Esto significa que igual número de ciudadanos nunca supieron su estado de salud en medio de la pandemia. Este alarmante hallazgo, que constituyó una violación de los derechos fundamentales de estos ciudadanos y puso en grave riesgo sus vidas, no merecieron ninguna reacción por parte de la Supersalud. La inhibición de su función de inspección, vigilancia y control fue justificada por Aristizábal cuando afirmó que la represa de 30 mil pruebas “ni es que sea mala” y “no culparía tampoco a las EPS”.

Finalmente, juzguen ustedes cómo actúa el Supersalud cuando sus afectos políticos no coinciden con los gobernantes territoriales como ocurrió en el departamento del Magdalena. El Hospital ‘Julio Méndez’ fue intervenido por el Supersalud cuando el nuevo gerente, designado por el Gobernador Carlos Caicedo, llevaba apenas 30 días. Esta intervención se adelantó para mantener el principal hospital de la región en manos de los clanes políticos de los Cotes y los Diazgranados, aliados del detenido exsenador Eduardo Pulgar. Mientras tanto, se hace el de la vista gorda frente a las graves irregularidades que ocurren en el Hospital ‘Rosario Pumarejo de López’ de Valledupar, controlado por el clan Gnecco y por el Gobernador Luis Alberto Monsalvo. Sino fuera porque está jugando con la vida de la gente en medio de la peor pandemia de la humanidad en los últimos cien años, estas travesuras no pasarían del mero reproche público.

Bogotá, D. C, 1 de marzo de 2021

*Senador de la Alianza Verde

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Mauricio Cabrera Galvis

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Las mejores políticas de reactivación son aquellas que generan más empleo y beneficien a los más pobres y vulnerables, pero además que son oportunas y aportan una cantidad de recursos suficientes para compensar la pérdida de ingresos de los hogares.

Demasiadas condiciones imposibles de cumplir, dirán algunos para justificar por qué no se han aplicado en Colombia. No es cierto. Hay ejemplos concretos de países que si las han realizado, y con muy buenos resultados.

La primera es una renta básica de emergencia para personas que han perdido sus ingresos, pero en una cuantía suficiente para sobrevivir. En Estados Unidos el año pasado el gobierno giró USD 1.200 a cada individuo con ingresos menores a USD75.000, más otros USD600 por cada niño. Adicionalmente, a quienes perdieron sus empleos les dio USD 2.400 durante 4 meses.

En Colombia se pretendió hacer algo en esa línea con el programa de Ingreso Solidario, pero fue totalmente insuficiente: solo $160.000 mensuales (USD 45) por familia, y solo a 3 millones de los hogares más pobres, quedando sin ninguna ayuda adicional por lo menos otros 3 millones de hogares vulnerables.

En Chile el Ingreso Familiar de Emergencia ha entregado hasta USD 600 por familia de 4 personas, cubriendo cerca del 50% de los hogares del país. En Perú en 2020 se otorgaron diferentes Bonos por más de USD 500 al 60% de los hogares. No era cuestión de ser país rico o pobre sino de tener la decisión política de hacerlo.

Hay otra política aún mejor y son los programas de Empleo de Emergencia. Darle ingresos a las familias afectadas es necesario para que puedan subsistir; pero es más importante darle empleo al millón y medio de personas que todavía no han podido recuperar sus trabajos, porque así no solo tienen salarios e ingresos, sino algo más primordial: la dignidad que les da el trabajo.

En esta pandemia los gobiernos han preferido dar subsidios a las empresas para que mantengan el empleo, pero en la gran depresión de los años 30 del siglo pasado una de las claves de la recuperación de Estados Unidos fue el ambicioso programa de obras públicas del presidente Roosevelt.

Con la tasa de desempleo del 17.3% y 4.1 millones de desempleados, solo el Estado tiene la capacidad y los recursos para generar a corto plazo un número significativo de puestos de trabajo en programas intensivos en mano de obra como construcción y mantenimiento de vías terciarias, reparcheo de vías urbanas, reforestación o mantenimiento de cuencas. Pero estos solo pueden ser adelantados por departamentos y municipios, no por el gobierno central.

ADENDA: Discutir si los falsos positivos fueron 3.000 o 6.000 es desviar el debate para ocultar la tragedia humana detrás de cada uno de estos asesinatos. Como bien lo dijo el profesor Víctor Correa Lugo, son “6.402 dolores, 6.402 infamias, 6.402 hermanos, 6.402 madres, 6.402 disparos, 6.402 sonrisas, 6.402 padres, 6.402 gritos, 6.402 silencios.”

Bogotá, D. C, 27 de febrero de 2021

Filósofo y Economista. Consultor.

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Juan Camilo Restrepo

Por Juan Camilo Restrepo*.- El ideal de la humanidad en estos difíciles momentos que se viven es llegar pronto a la “inmunidad de rebaño”. O sea, alcanzar un escenario en el que el coronavirus se convierta en una enfermedad más, de carácter endémico, contra la cual proceden medidas individuales como la vacuna contra la influenza. Pero donde el riesgo de un contagio masivo desaparezca.

Ahora bien, para alcanzar ese escenario se requiere vacunar al 60%-70% de la población toda. No solamente la de cada país. Mientras eso no se logre los vacunados quedan inmunizados individualmente por un tiempo, pero la comunidad como grupo restará vulnerable al contagio.

¿Va la humanidad por buen camino para alcanzar la “inmunidad de rebaño”? ¿O, por el contrario, estamos avanzando por el camino de una falsa autarquía sanitaria en virtud de la cual los países más ricos están vacunando a marchas forzadas a sus poblaciones creyendo que el virus se detiene en sus fronteras, y desentendiéndose de lo que está sucediendo -o puede suceder- en los países más pobres del planeta?

En la semana que acaba de concluir tuvieron lugar dos importantes reuniones internacionales que han dado pistas para responder la pregunta planteada. La primera fue la del consejo extraordinario de seguridad de las Naciones Unidas que se convocó especialmente para revisar la situación actual de la pandemia. La segunda, el cónclave del G-7, el grupo de los países más ricos del mundo que funcionó virtualmente bajo la dirección de Boris Jonhson el primer ministro del Reino Unido.

En ambas reuniones, tácita o explícitamente, quedó en claro que el mundo se está moviendo en la lucha contra la pandemia por la vía trazada por un nacionalismo sanitario mal entendido; que estamos caminando por la ruta impuesta por el egoísmo de las grandes potencias; y que vamos en la dirección incorrecta -como planeta- para llegar a la tan deseada “inmunidad de rebaño”.

Infinidad de datos se dieron durante estas dos reuniones de los cuales vale la pena resaltar apenas dos: el 10% de los países han acaparado las vacunas producidas en el mundo al paso que al 70% de la población mundial (la de los países más pobres) no le están llegando vacunas. Y otro dato inquietante: de los 200 millones de dosis que se habían inyectado en el mundo hasta la semana pasada, 45% se han aplicado en solo siete países.

Un áspero capitalismo salvaje y cegatón está orientando la política mundial contra la pandemia. Da la impresión que lo que prevalece es la máxima del “sálvese quien pueda” y, naturalmente, quienes creen ser los mejor dotados en esta emergencia son los países más ricos. Pero pueden estar avanzando hacia una equivocación mayúscula con su ceguera egoísta.

La lógica de “sálvese quien pueda” está inmunizando individualmente a capas de población crecientes de los países ricos. Pero eso no significa que vamos en la dirección correcta de alcanzar la ambicionada “inmunidad de rebaño” en el mundo como un todo. La revista The Economist que viene publicando semanalmente una serie de excelentes informes sobre la pandemia ha puesto de presente además cómo la indiferencia de los países más opulentos está cocinando el caldo para que se pelechen las nuevas cepas, más agresivas aún que las primeras. Y que pueden filtrarse de un país a otro con facilidad pues no conocen puestos aduaneros que las detengan. El coronavirus no reconoce fronteras.

Infortunadamente las voces que en un comienzo se escucharon reclamando que las vacunas contra la pandemia no podían quedar protegidas por desuetas normas de patentes privadas en favor de los grandes laboratorios, sino que eran un bien público universal, se han apagado. Comenzando por la del papa Francisco que alertó desde la primera hora que, por ser un problema mundial, lo lógica con que se manejara la pandemia debía ser también una lógica universal y solidaria. En la que los medicamentos no podían ni producirse ni distribuirse bajo la ley de hierro del capitalismo salvaje.  Esas voces no han sido escuchadas. Y las cosas siguen avanzando bajo los parámetros fríos e inflexibles del “laisser faire, laisser passer”.

En la reunión del G-7 los países más ricos, quizás porque empieza a remorderles la conciencia o tal vez porque están comprendiendo que sus lógicas obtusas de buscar a toda costa una autarquía sanitaria nacional mal entendida no están haciendo otra cosa que alejarlos a ellos también de la ambicionada “inmunidad de rebaño”, se comprometieron a dar algunas migajas a través del pool de vacunas de la OMS para los países pobres. Es algo, pero no es suficiente.

Nunca como ahora se había necesitado de tanta lucidez colectiva en la lucha contra la pandemia. Ojalá los países más ricos lo comprendan pronto. Antes de que sea muy tarde.

Bogotá, D. C, 27 de febrero de 2021

*Abogado y Economista. Exministro de Estado.

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Amylkar D. Acosta M.

Por Amylkar D. Acosta M*.- Como lo avizoró oportunamente el ex presidente de El Cerrejón Guillermo Fonseca “el carbón está en declive y la compañía está sufriendo” y lo que es más grave, estamos “en el lado equivocado del Canal de Panamá” por donde toca transitar para llegar al último reducto de nicho de mercado que le está quedando al carbón, que es el mercado asiático, en donde nuestros carbones no son competitivos por los altos fletes. Y fue más lejos en sus malos presagios, al señalar que estamos ante “una contracción estructural”, advirtiendo además que  “en los próximos 5 años la demanda de carbón del mercado del Atlántico (Europa, Mediterráneo y las Américas) y que es nuestro mercado natural se va a contraer a la mitad”.

Los hechos son tozudos, estamos en presencia de una realidad incontrastable, una reconfiguración del mercado que no favorece los carbones de Colombia. Huelga decir que con la firme decisión de  China, anunciada en la Asamblea de las Naciones Unidas por su Presidente Xi Jinping,  de reducir sus emisiones y de lograr neutralizarlas hacia el 2060 y avanzar en su “revolución verde”, también allá terminarán más pronto que tarde en darle la espalda al carbón. En ello no habrá marcha atrás.

En este contexto y con estos antecedentes no sorprende la decisión tomada por la multinacional Glencor de abandonar sus operaciones, después de haberlas suspendido temporalmente y devolverle el título minero de Calenturitas y La Jagua en el Departamento del Cesar por parte de su filial PRODECO a la Agencia Nacional Minera (ANM), al considerar que “el reinicio de las operaciones mineras no resulta económicamente viable”.

Este hecho, que estuvo antecedido por el cierre de las minas de El hatillo y La francia, en el Paso (Cesar) por parte de la multinacional Colombian Natural Resources (CNR), no es un asunto menor y obliga a encender todas las alarmas, porque no se auguran tiempos mejores para el carbón. Estamos hablando de la tercera empresa productora/exportadora de carbón, participando con el 25%, con 15.3 millones de toneladas en 2019, sólo superada por Drumond y El Cerrejón, de la cual su matriz Glencore posee el 33.3% de participación accionaria.

PRODECO, además, es la segunda empresa en generación de empleo en el Cesar, después de DRUMOND, con 4.500 operadores, de los cuales 1.200 son por contratación directa. Tanto el Departamento, como los municipios de La Jagua y Becerril, que recibieron en el bienio 2019 – 2020 $65.000 millones y $15.000 millones, respectivamente, verán menguados sensiblemente sus ingresos. Su impacto se sentirá también en el resto del país, toda vez que el Sistema General de Regalías (SGR) dejará de recibir $357.000 millones/año, aproximadamente, al tiempo que el fisco nacional verá reducido su recaudo por concepto de impuesto a la renta al no haber lugar a ella.

Hay que ser conscientes de que esta en curso una estampida de las principales empresas carboníferas, de la banca y de los fondos de inversión, que están abandonando  y desinvirtiendo en esta industria y que esto no es algo aislado ni coyuntural. Es muy diciente que los tres socios del consorcio de El Cerrejón, la australiana BHP Billinton, la suiza Glencore y AngloAmerican del Reino Unido están partiendo cobijas con el carbón, desmarcándose del mismo.

La primera de ellas en romper fila, presionada por sus inversionistas, fue la Billinton, la empresa minera más gigante del planeta, para adherirse al Acuerdo de París, al decidir  reconocer el Cambio climático y manifiestar su “renuncia al Carbón”. Además, se retiró de la Asociación Mundial del Carbón por su discrepancia insuperable con respecto a la política a seguir contra el calentamiento global.

Fueron varios los fondos de inversión europeos, los que le sugirieron a la minera angloaustraliana su salida de El Cerrejón. Por su parte Glencore, con sede en Baar (Suiza) resolvió “dar prioridad a sus inversiones para producir materias primas esenciales para la Transición energética”. Y la AngloAmerican no se quedó atrás, a finales del año pasado resolvieron apartarse de las operaciones de carbón térmico tanto en Colombia como en Sudáfrica en 2023, que está a la vuelta de la esquina.

Nada menos que el Fondo soberano noruego, el más poderoso del mundo, receptor de los enormes rendimientos provenientes de los yacimientos de hidrocarburos del país nórdico, vetó las inversiones en Glencore y Angloamerican por su exposición en la industria del carbón. Como si lo anterior fuera poco, el Banco Mundial desde el año pasado cerró todas las lineas de crédito para el financiamiento de proyectos de exploración y explotación de carbón, petróleo y gas. Es claro, entonces, que los bancos y los fondos de inversión están en retirada de las energías de orígen fósil. Estamos, pues, notificados sobre lo que se le viene a Colombia pierna arriba y en consecuencia se deben tomar las acciones y las previsiones para no dejarnos sorprender.

Barranquilla, febrero 27 de 2021

*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net

 

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José Félix Lafaurie Rivera

Por José Félix Lafaurie Rivera*.-Antes de leer el Informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, coloqué en la lupa de búsqueda la palabra “narcotráfico”, solo para constatar su falta de “sentido de realidad” y de objetividad.

Apenas en dos ocasiones alude marginalmente a que las violaciones de derechos y, específicamente, los asesinatos de defensores, que la ONU adjudica a “presencia insuficiente del Estado”, ocurren en municipios con economías ilícitas (96%) y donde existen “enclaves de producción de coca”, identificados por su oficina contra la Droga y el Delito.

Vaya arrogancia. La ONU descubre el agua tibia sobre la causa de la violencia, pero “pasa por encima” y no hay una sola palabra en sus recomendaciones sobre erradicación del narcotráfico. Tampoco es descubrimiento identificar los municipios cocaleros; Colombia los conoce porque en ellos pone los muertos del narcotráfico, desde que Santos, por exigencia de las Farc, de Maduro en Venezuela y Correa en Ecuador, dejó el país infestado de coca.

Indignante la distinción entre “grupos criminales” y “grupos armados no estatales”, que incluyen a las disidencias y al ELN. Así que, para la ONU, las disidencias y los elenos ¡no son criminales!, sino “armados” para una revolución que parece justificar; una concepción que explica la presión para dialogar con los narcoterroristas que, además de su alianza con Maduro y su plan pistola contra la Policía, asesinaron a 22 jóvenes en 2019, pero aun así la ONU no los considera un “grupo criminal”.

Exhorta a redoblar esfuerzos en la implementación del Acuerdo de Paz, como si el Gobierno no lo estuviera haciendo y como si la pandemia no se hubiera tragado los recursos disponibles.

Pero hay más: Insta al Estado a establecer presencia fuerte para contener la violencia y prevenir el control territorial por grupos armados no estatales y grupos criminales; pero no lo “insta” a perseguir al narcotráfico.

Urge a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad a adoptar una política de desmantelamiento de organizaciones criminales, como si el Gobierno no la tuviera y tampoco tuviéramos Fiscalía.

Urge a los “grupos armados no estatales” a respetar el Derecho Internacional Humanitario, pero no “insta” al Estado a desmantelarlos. Una vez más, legitima la “lucha armada” de estos narcoterroristas y, frente a ellos, simplemente “valora positivamente cualquier negociación…”.

Llama al Estado a responder a las manifestaciones pacíficas con estándares internacionales, pero olvida que las manifestaciones en que el Estado responde no son “pacíficas”, sino infiltradas por vándalos pagados por oscuros y no tan oscuros intereses políticos.

Insiste en garantizar a indígenas y afrodescendientes autonomía y derecho al territorio, pero no menciona las inmensas extensiones que ya poseen, y no los “insta” a abandonar la violencia contra propietarios legítimos y la Fuerza Pública.

Urge al Estado a preservar el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, pero no a las Farc a decir la verdad, devolver bienes y reparar efectivamente. Para la ONU, esa paz que no hemos visto justifica la más aberrante impunidad.

Insta al Ministerio de Defensa a castigar la violencia sexual en la Fuerza Pública, pero guarda silencio frente a las aberraciones impunes de las Farc.

Urge al Estado, insta a todo el mundo, se mete en todo, quiere cogobernar, mientras pasa la costosa factura que pagamos todos los colombianos. Pero Colombia no es una republiqueta, sino un país digno y soberano. Por ello, respetuosamente, “insto” al Gobierno a “pararle el macho” a los burócratas internacionales de una organización miope que perdió su norte.

¡Ah!, se me olvidaba; para terminar, la ONU “invita” al Estado a ratificar el Acuerdo de Escazú.

Bogotá, D. C, 27 de febrero de 2020

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie

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Jorge Enrique Robledo

Por Jorge Enrique Robledo*.- En audiencia pública realizada en la Comisión Quinta del Senado, los voceros del gobierno de Duque se quedaron solos con su idea absurda de preferir gas importado a gas nacional, proyecto que además exige una inversión de 800 millones de dólares, que pagaremos con mayores tarifas entre todos los consumidores, residenciales e industriales, para costear la regasificadora del Pacífico y el oleoducto que exige ese negocio y que les reportará fuertes utilidades a sus encopetados promotores.

La decisión de traer gas extranjero, que además nos costará más que el producido en el país, golpeará a Ecopetrol –el mayor productor en Colombia– y a las empresas privadas del sector. Y en el debate salió a relucir un acuerdo entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos que compromete al país a promover “facilidades de importación de gas natural licuado –que debe regasificarse– e infraestructura de oleoductos”.

De lo peor de ese día fue ver al gobierno dejando claro que le da igual importar el gas que producirlo en Colombia, teoría absurda que los neoliberales llevan tres décadas insuflándonos a los colombianos y que por supuesto no practican quienes mandan en los países capitalistas desarrollados que controlan al FMI y la OCDE. En mi intervención expliqué que el notable desarrollo de esos países se explica porque producen, producen y producen, en tanto que los capitalismos subdesarrollados, como el de Colombia, lo son porque importan, importan e importan lo que podemos producir y ni siquiera sueñan con sustituir importaciones.

A manera de ejemplos, desde la apertura, las importaciones agropecuarias pasaron de 500 mil a 14 millones de toneladas y siguen creciendo. En 2020 las compras de leche en polvo extranjera y derivados llegaron a 73.663 toneladas y en 2021 sumarán 300 mil las de arroz, otros productos condenados por los TLC a desaparecer en pocos años. Tuvimos razón quienes dijimos que el “libre” comercio ocultaba el ventajismo subsidiado de las trasnacionales, empacado en charlatanerías populistas que nunca resistieron ni el menor análisis.

La secta neoliberal también impuso como otra genialidad acabar con la producción de vacunas en Colombia –que se fabricaban de alta calidad y costos módicos–, haciendo de parlante a otro organismo controlado por las potencias pero disfrazado de internacional. Y ahí están el gran retroceso de la farmacéutica instalada en el país y el empleo perdido, Duque sometido a unas trasnacionales abusivas que cobran lo que se le da la gana por sus vacunas, no cumplen con las entregas y exigen contratos secretos, a pesar de saberse que toda corrupción empieza con pactos de silencio.

Cómo olvidar a doña Marta Lucía Ramírez llamando a los industriales de las confecciones a invertir en maquinaria e insumos para fabricar tapabocas. ¿Y qué pasó? Pues que perdieron plata y hasta se quebraron porque, a la par con la demagogia, el gobierno facilitó que las importaciones de tapabocas chinos aumentaran en cuatro mil por ciento entre el 2019 y septiembre de 2020 –de 8,7 a 363,4 millones de dólares–, inundación de trabajo y producción extranjera que pudo evitarse con los mayores aranceles que autorizan las normas de la OMC. En irritante contraste, Duque aprovechó su viaje a Beijing para presentar como gran cosa que es probable que nos compren unos aguacates.

Verdades como estas no impiden que los mismos con las mismas, ahora de duquistas, echen cuentos sobre el gran amor que les profesan a los empresarios, las empresas y la economía privada, a pesar de que nunca los han defendido y promovido en serio porque han gobernado en su contra, como lo prueba el profundo y detestable subdesarrollo del capitalismo colombiano. Y a la falacia de un respaldo que no pueden probar, le suman atacar a quienes exigimos que en Colombia se cree riqueza y empleo en grande dentro de la economía de mercado, a partir de no aplicar más unas recetas que provocan resultados contrarios a los que prometen y que tienen la terquedad de mantener porque benefician a las trasnacionales y a sus intermediarios.

¿O se atreven a decir en público que ellos sí han gobernado muy bien porque los TLC son maravillosos para los colombianos y que los culpables del desastre de atraso, subdesarrollo, desempleo, pobreza, hambre y desigualdad del país, al igual que la gran corrupción que estos incuban, son los empresarios y los trabajadores porque son perezosos y no les gusta trabajar o porque padecen de alguna minusvalía mental?

Bogotá, 26 de febrero de 2021.

*Senador de Colombia

@JERobledo

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