Opinión
“Hay necesidad de retomar la hoja de ruta de la transición energética definida en el Documento Conpes 4075 de 2022...”.
Por: Amylkar D. Acosta M.- Empezando por la Transición Energética: Colombia, como lo está haciendo el resto del mundo, debe concebir la transición energética como la integración de las FNCER a la matriz eléctrica, diversificándola aún más de lo que está, no como reemplazo o sustitución de las energías convencionales, sino como complemento, de tal modo que las unas les sirvan de respaldo a las otras.
Hay necesidad de retomar la hoja de ruta de la transición energética definida en el Documento Conpes 4075 de 2022. El actual gobierno en lugar de construir sobre lo construido, se propuso, sin lograrlo, darse la hoja de ruta de la transición energética justamente prevista en la Ley 2294 de 2023 del PND. A pesar de que la exministra Irene Vélez anunció en la COP 27 en noviembre de 2022, que para mayo de 2023 se tendría esa hoja de ruta, hasta la fecha no se cuenta con ella.
Y hablando de transición energética, Colombia debe sintonizarse con el resto del mundo que prioriza la seguridad energética sobre la transición. Esta no debe poner en riesgo a aquella, como tampoco debe poner en riesgo la soberanía energética. En este orden, Colombia no puede precipitarse a marchitar prematuramente la industria del carbón y de los hidrocarburos, sus dos principales renglones de exportación, principales fuentes de divisas y de financiación del Estado.
Politizar la historia: Sheinbaum vs. Ayuso. Con fundamento en lo anterior, sin desmedro de la transición energética, el próximo gobierno deberá poner término a la moratoria de la firma de nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, así como del uso en Colombia de la técnica del Fracking 6.0, la cual mitiga su impacto ambiental, única manera de espantar el fantasma de la importación de petróleo y recuperar la autosuficiencia perdida de gas natural.
El sector eléctrico enfrenta alto riesgo de un apagón financiero, como lo han advertido reiteradamente los organismos de control (Procuraduría y Contraloría), que puede derivar en un efecto dominó que, como lo ha anticipado la firma XM, puede causar un efecto dominó que comprometería la confiabilidad y firmeza en la prestación del servicio.
Al gobierno entrante le corresponderá implementar un plan de choque que desactive esta bomba de tiempo que tiene al sector eléctrico, sumido en una crisis inducida por parte del mismo Gobierno. Se debe proceder pronto al pago de la deuda contraída por la Nación con las empresas comercializadoras, por concepto de subsidios al consumo de energía de los estratos 1, 2 y 3 ($3,6 billones). Colombia hoy tiene un déficit en oferta de energía firme (OEF) para 2026, de 2.2%, que representa aproximadamente 250 a 300 MW de capacidad firme faltante, equivalente a todo el consumo de una ciudad como Bucaramanga. Ello obedece al atraso en la ejecución de más de 4.000 MW de capacidad instalada.
En relación a los biocombustibles, es la propia AIE la que dice que “son una pieza clave dentro de la estrategia global para descarbonizar la economía”. Decimos esto, a propósito de la desprotección por parte del actual Gobierno, propiciando la invasión de etanol subsidiado desde EEUU.
Quien quiera que sea que asuma la conducción de los destinos nacionales a partir del 7 de agosto de 2026, debe saber que sólo triunfa quien pone la vela donde sopla el viento, jamás quien pretenda que el viento sople en donde pone la vela.
Bogotá, D. C, 10 de mayo 2026.
*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.
Colombia no solo está fracturada políticamente. También está fracturada físicamente. Por eso necesitamos una visión de infraestructura que vuelva a unir al país.
Por Paloma Valencia*. - En Colombia llevamos años hablando de infraestructura como si fuera un asunto técnico reservado para ingenieros y contratistas. Pero la infraestructura no es solamente cemento, acero o kilómetros de carretera. La infraestructura define cuánto cuesta transportar un alimento, cuánto tarda un campesino en sacar su cosecha, cuánto tiempo pierde una familia atrapada en un trancón o si una región entera puede conectarse con oportunidades y progreso.
Un país sin infraestructura es un país más caro, más pobre y más desigual.
Cada vía abandonada es un impuesto oculto sobre el plato de comida de los colombianos.
Cuando una carretera está destruida, cuando un puerto no funciona, cuando una región permanece aislada o cuando mover carga por Colombia cuesta mucho más que en otros países, el resultado termina reflejándose en el precio de los alimentos, en el costo del transporte, en la inflación y en la dificultad de millones de familias para salir adelante.
Por eso la infraestructura también es seguridad alimentaria.
No puede haber alimentos baratos si sacar una cosecha del campo cuesta una fortuna. No puede haber estabilidad para las familias si transportar productos entre regiones toma días adicionales por falta de vías, puertos o conectividad. No puede haber oportunidades para los campesinos si el país les da la espalda y los condena al aislamiento.
Pero la infraestructura también es una apuesta por el turismo, por el empleo y por el orgullo de mostrarle Colombia al mundo.
Colombia tiene una riqueza natural, cultural e histórica extraordinaria, pero demasiados destinos siguen desconectados, con vías precarias, aeropuertos insuficientes o trayectos que desincentivan la llegada de visitantes. Mientras otros países entienden el turismo como una gran fuente de empleo y desarrollo regional, aquí seguimos dejando regiones enteras aisladas del potencial que tienen.
Cada carretera que conecta un municipio turístico, cada aeropuerto modernizado, cada corredor seguro y cada sistema de transporte eficiente puede convertirse en oportunidades para hoteles, restaurantes, pequeños negocios, artesanos, transportadores y miles de familias que viven del turismo.
Y tampoco puede haber seguridad.
En demasiados territorios de Colombia, los grupos ilegales ocupan precisamente los espacios donde el Estado nunca llegó con carreteras, conectividad, inversión o presencia institucional. Las economías ilegales prosperan donde las regiones quedan desconectadas y abandonadas.
Colombia no solo está fracturada políticamente. También está fracturada físicamente. Por eso necesitamos una visión de infraestructura que vuelva a unir al país.
En el Caribe, por ejemplo, necesitamos recuperar la navegabilidad del Río Magdalena y modernizar el Canal del Dique para convertirlos nuevamente en motores de comercio y desarrollo. El Tren del Caribe puede conectar Cartagena, Barranquilla y Santa Marta con el interior del país, reducir costos logísticos y potenciar uno de los corredores turísticos más importantes de América Latina.
En Antioquia y el Eje Cafetero debemos terminar obras estratégicas como el Túnel del Toyo, fortalecer el Aeropuerto del Café y mejorar la conectividad que permite que esta región exportadora siga generando empleo, crecimiento y turismo alrededor de uno de los paisajes culturales más valiosos del país.
En el Pacífico tenemos una deuda histórica. Destrabar Mulaló–Loboguerrero, completar la doble calzada Pasto–Popayán y mejorar las vías hacia Chocó no son simples proyectos de infraestructura: son decisiones que pueden sacar del aislamiento a regiones enteras y convertir a Buenaventura y Cali en plataformas de desarrollo para Colombia sobre el Pacífico latinoamericano.
En los Santanderes, conectar mejor al Catatumbo y fortalecer los corredores hacia el Magdalena Medio también significa disputarle el territorio al narcotráfico y devolverle oportunidades a la gente.
Y en Bogotá-Región, avanzar en accesos viales, RegioTram y nuevas soluciones de movilidad no es solamente mejorar el tráfico: es devolver tiempo, productividad y calidad de vida a millones de ciudadanos.
La infraestructura no puede seguir siendo vista como una colección de obras inconexas. Tiene que convertirse en una estrategia nacional para integrar mercados, abaratar alimentos, atraer inversión, impulsar el turismo, recuperar territorios y unir a Colombia.
Porque un país conectado es un país más competitivo. Pero también un país más justo.
Y porque gobernar bien también significa lograr que una madre pueda pagar menos por la comida, que un joven tenga oportunidades en su región, que un campesino pueda sacar adelante su producción y que el mundo pueda descubrir la grandeza de Colombia.
Colombia necesita volver a construir. Pero sobre todo necesita volver a conectarse consigo misma.
Bogotá, D. C, 11 de mayo 2026.
*Senadora del Centro Democrático y candidata a la presidencia de Colombia.
La derecha busca el caos para derrotar a Cepeda, quien no ha perdido la calma y ha aceptado ir a los debates presidenciales para enfrentar a sus adversarios con reglas claras y abordar los grandes temas.
Por: Hubert Ariza*. - Las encuestas muestran que Iván Cepeda, el candidato del presidente Gustavo Petro, continúa creciendo y está a siete puntos de ganar la presidencia en primera vuelta. Esa posibilidad, aunque remota, ha causado un verdadero terremoto político en la derecha, que no anda en una pelea de gatos y perros, sino de tigres y palomas, con Álvaro Uribe, el poderoso dueño del Ubérrimo, tratando de apagar el incendio para evitar que en la segunda vuelta sea imposible recomponer los vasos rotos y la izquierda les gane.
Los estudios de opinión revelan, además, de no ganar en primera vuelta, Cepeda podría perder en la segunda, con cualquier candidato de derecha que lo confronte. Lo que supone una bandera roja para una aspiración que ha liderado la campaña y cuya militancia ha tenido que bajarse del bus del triunfalismo.
A menos de un mes para que los colombianos acudan a las urnas, los atentados terroristas de los últimos días en Cajibío (Cauca) y otros lugares han conmocionado a la opinión pública, lo que da alas a la derecha para promocionar su estrategia de vender miedo e invisibilizar los logros del Gobierno. El jefe de las disidencias de las FARC, Iván Mordisco, le ayuda a la derecha a posicionar la narrativa de que Colombia necesita una segunda dosis de seguridad democrática.
Después del proceso de paz de La Habana, la Comisión de la Verdad demostró la tragedia humanitaria que significó esa política, que fue ante todo una estrategia propagandística para eternizar a Uribe en el poder, pero fracasó porque no derrotó a las Farc ni al ELN, y degeneró en el fenómeno de los falsos positivos.
En los últimos días, precisamente, la Justicia Especial para la Paz (JEP) ha retomado el tema, demostrando la magnitud del fenómeno. En un histórico pronunciamiento, aumentó el número de víctimas, que pasaron de 6.402 a 7.837. Un número que resume el dolor de un país que vio morir a los jóvenes campesinos y trabajadores a manos de militares corrompidos en alianza con el paramilitarismo.
En la JEP han desfilado decenas de oficiales y suboficiales que han revelado los horrores de esa política y han pedido perdón a las víctimas. Ofrecer la seguridad democrática como antídoto para los males de Colombia es ignorar el impacto del proceso de paz, la justicia transicional y su enfoque restaurativo, y echar sal en la herida de una sociedad que no ha superado los estragos del referendo por la paz, ni sanado tantos años de horror paramilitar y violación sistemática de los derechos humanos por parte del Estado.
Paloma, quien pregona que Uribe es su “papá”, lo promete como ministro de Defensa, para que le aplique al país una nueva dosis de seguridad democrática. Más que un cañazo electoral, es una afrenta a las víctimas de los falsos positivos y un incentivo a la narrativa de la izquierda de que Paloma sería un enorme retroceso. La propuesta sirvió, además, para que Juan Daniel Oviedo evidenciara la implosión ideológica de esa fórmula sometida al periodicazo corrector de Uribe.
Con el paso de los días, la caída en las encuestas ha empujado a Paloma a abandonar una aparente centro-derecha y correr los linderos para enfatizar que es un halcón antipaz y antiPetro, y enemiga de toda política social del Gobierno, como el aumento del salario mínimo vital y las reformas laboral y agraria, entre muchos temas. Lo grave para ella es que los hechos muestran que vive hoy un evidente retroceso, que la ubica de tercera en las encuestas.
Tal vez por esos indicadores, el Tigre, su enemigo en la derecha, crece en las encuestas pateando el uribismo. El ascenso del therian de la política, se debe en parte a que está jugando póker sangriento, sin pedirle permiso al dueño del Ubérrimo, atacando a Paloma, como si quisiera desplumarla, y no la necesitara en segunda vuelta. En el espectáculo de una derecha que se destroza, los hijos de Uribe sacan la espuela y atacan al Tigre como al peor enemigo. Así es difícil vaticinar cuántos uribistas pura-sangre apoyarían al Tigre en segunda vuelta y, viceversa, cuántos abelardistas apoyarían a Paloma.
Al mismo tiempo, la derecha insiste en destripar a Petro pidiendo ayuda de sus aliados internacionales. Primero lo hicieron con el ala más radical de la derecha de Estados Unidos, suplicando la intervención militar en Colombia para sacar del poder al presidente constitucional. Como fracasaron y Petro pasó de enemigo a admirado por Trump, están acudiendo al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, para que interfiera en las elecciones colombianas. Noboa sigue el guion dictado desde Miami.
Noboa lleva años boicoteando las relaciones con Colombia, negando cualquier posibilidad a la diplomacia, cerrando los pasos fronterizos, aumentando los aranceles al cien por ciento a los productos colombianos, militarizando y bombardeando la frontera para hacer demostraciones de fuerza, e inventando que Petro lidera una supuesta agresión guerrillera contra su país. Uribe, igual a como hizo con Marco Rubio, ha acudido al ultraderechista ecuatoriano para que agreda a Colombia para ganar votos en medio del caos. Noboa busca, a su vez, crear un escenario bélico que justifique la intervención militar de Estados Unidos en Colombia.
La derecha pretende que el factor internacional los ayude a generar rechazo a Petro y Cepeda. Con Ecuador buscan, asimismo, afianzar la narrativa de que Petro es el jefe de la guerrilla y una amenaza regional que necesita mano dura de Trump. Pero en la frontera con Ecuador es, precisamente, donde el proceso de paz total con las disidencias parece estar funcionando. Esa estrategia de la derecha explica, además, por qué Uribe ahora ha involucrado, mediante un supuesto anónimo, al gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, elegido por la izquierda democrática, en el complot para asesinar a Miguel Uribe. Cepeda es el preferido en el sur del país. El papá de Miguel Uribe desmintió la veracidad del anónimo.
El gobernador ha denunciado que Uribe le ha puesto una lápida en la cabeza. Frase que recuerda a Diego Montaña Cuéllar, antiguo dirigente de la UP, quien la pronunció en 1990, después de una declaración del exministro de Gobierno de Barco, Carlos Lemos, quien señaló a la UP de ser el brazo político de las FARC. Días después, fue asesinado Bernardo Jaramillo, el candidato presidencial de la UP.
La derecha busca el caos para derrotar a Cepeda, quien no ha perdido la calma y ha aceptado ir a los debates presidenciales para enfrentar a sus adversarios con reglas claras y abordar los grandes temas. A la par, el presidente Petro ha acelerado su estrategia de rendición de cuentas, para mostrar sus 100 logros de gobierno. Quiere que el electorado vote informado y establezca la dimensión de su mandato, dejando sin sustento la narrativa de la oposición de que no se ha hecho nada.
Petro no se va a quedar con los brazos cruzados mientras Uribe, la derecha y Noboa lo atacan. No será pasivo en este debate. No lo ha sido ni un solo momento de su mandato. Tiene la iniciativa y está jugando duro. Ahora, impulsa su idea de una Asamblea Nacional Constituyente. Quiere al pueblo en la calle recogiendo firmas y movilizado, pensando en las grandes reformas, retando a la derecha, en una apuesta de todo por el todo.
En conclusión, la campaña arde, la derecha se destroza, la paloma se desploma, el tigre le muestra los colmillos a Uribe, Cepeda reta a debates, Petro agita el tablero y llama a su base a salir a la calle a mover la Constituyente. En esta fase final, las elecciones 2026 toman forma de reality.
Bogotá, D. E, 3 de mayo 2026
*Hubert Ariza.
Periodista, internacionalista y analista político.
Tomado de El País.
Es realmente sorprendente que esta confrontación tan sólo se presente en un gobierno que dura 48 meses, en el mes 45.
Por Fernando Cepeda Ulloa*- Estamos en presencia de una confrontación inusitada entre el gobierno, ello quiere decir el presidente de la República y su ministro de Hacienda y los miembros de la junta directiva del Banco de la República, o sea, el gerente del Banco, Leonardo Villar, exdirector de Fedesarrollo y antiguo miembro de la junta directiva del banco y los miembros que integran la junta, nombrados por el gobierno.
Nadie espera que entre la junta directiva del Banco y el gobierno haya siempre una visión común sobre las decisiones que debe tomar la junta, o los así llamados codirectores del Banco. La junta es quizás la más poderosa que existe en Colombia y es necesario recordar que en la Asamblea Constituyente, el M-19, entonces representado por Antonio Navarro y otros miembros como que obtuvo la segunda mayoría para formar parte de esta asamblea fue uno de los principales promotores de la nueva concepción del Banco Central, que se adoptó en 1991 y defendieron con vehemencia su autonomía y la noción de qué ellos representaban "exclusivamente", esa palabra es la que usa la Constitución, "el interés de la Nación".
Se trata de una prohibición absoluta. Los miembros no pueden representar ningún interés partidista, gremial, sectorial, financiero ni regional. Su deber es el de pensar en los más altos términos en el bien común de la nación colombiana.
Por supuesto, hay una contradicción enorme en la disposición constitucional, porque al haber incorporado a la junta al ministro de Hacienda está designando a una persona que representa el interés del presidente de la República que, normalmente, y en particular en periodo electorales como el que estamos viviendo, tiene un interés partidista como quedó en evidencia al anunciar un nuevo incremento del salario mínimo, si la junta tomaba una decisión de adoptar una vez más un alza en las tasa de interés. Y también en el nombre que el ministro de Hacienda le dio al foro que convocó con la participación de tres de los economistas más importantes del mundo, que no vinieron, el cual calificó como progresista, o sea el nombre que ha adoptado el partido político del gobierno. Con buenas razones, el gerente Villar manifestó que no podía asistir.
El ministro representa los intereses del gobierno de turno, que no siempre coinciden con el bien común, como lo podría concebir una junta directiva que no pertenece al partido de gobierno. Es realmente sorprendente que esta confrontación tan sólo se presente en un gobierno que dura 48 meses, en el mes 45. Y no se espera que haya una coincidencia en la visión del gobierno y de la totalidad de los miembros de la junta.
Por eso, la propia Constitución contempla un mandato de coordinación y de armonía que debe cumplirse por parte de gobierno y junta. Sin duda es un tema de enorme complejidad, de muy difícil realización en la práctica, pero la junta ya lleva 35 años funcionando y no conocíamos una confrontación semejante. Y sin duda, los desacuerdos han sido frecuentes y hasta sustantivos, inclusive con respecto a la primera junta designada en su totalidad por el presidente Gaviria.
Muchos creen que hay un propósito electoral en esta confrontación. Y no son poco los que se preguntan qué ocurriría si hay un gobierno continuista. El asunto es de una enorme importancia y no puede ser mirado con la aparente indiferencia que hemos constatado en las últimas semanas. Está en juego el manejo sensato y respetable de la macroeconomía colombiana, que ha gozado de respeto y admiración nacional e internacionalmente. Derivar en situaciones como la de Venezuela hace poco tiempo o la de Argentina que empobrecieron millones de personas y crearon una situación económica insostenible, sería un acto demencial. El precio que todos pagaríamos sería enorme, descomunal.
Cómo durante 35 años se pudo mantener una coordinación o armonía no obstante los desacuerdos que con seguridad se presentaron es algo que debería llevar a una reflexión seria para que esa situación de armonía en la diferencia se prolongue de verdad y no entremos en un ambiente de confrontación pública de costos incalculables para el bienestar de los colombianos.
Bogotá, D. C, 26 de abril 2026.
*Analista Político, Catedrático. Exministro de Estado
Las exportaciones de carne en 2025 representaron apenas el 4% de la producción y las de animales el 0,7% del hato, lo que no le hace rasguños al abastecimiento.
Por: José Félix Lafaurie Rivera*. - Esta alusión a la obra más conocida de Kundera, con un título que siempre he considerado magistral en la literatura, aplica muy bien a la también insoportable superficialidad de ese mal necesario que son las redes sociales, a propósito de un video en el que dos hermanos vinculados a la cadena cárnica, pues su familia es ganadera y tiene un expendio de carnes en Ibagué, terminan replicando los argumentos espurios del presidente Petro contra las exportaciones cárnicas, que pretendió inclusive prohibir.
La protagonista, Alba Lucía García, es una joven tolimense muy preparada, exdirectora de la seccional de Fenalco y exsecretaria de Desarrollo de Ibagué, con aspiraciones políticas y gran actividad en redes, dos ámbitos en los cuales, infortunadamente, la verdad suele patinar en el piso resbaloso de los votos y los likes. No le adjudico siquiera mala intención, pero cuando el sensacionalismo riñe con la verdad y se suma, aún sin querer, a los ataques a FEDEGÁN y a la ganadería, salgo en defensa, como me corresponde, de la reputación del gremio y de los 700.000 ganaderos que ya tienen suficiente con ser víctimas del abandono rural, de la violencia y de la estigmatización desde el gobierno mismo.
“Las exportaciones de carne no pueden seguir”, dijo Petro. “Los extranjeros nos están dejado sin carne”, dijo Alba Lucía. No es cierto. Las exportaciones de carne en 2025 representaron apenas el 4% de la producción y las de animales el 0,7% del hato, lo que no le hace rasguños al abastecimiento.
Sin embargo, el hermano se atrevió a más: Refiriéndose al presunto crecimiento de las exportaciones, afirmó que “Estamos hablando del 300%, 400%”, lo cual no solo es mentira, pues en los últimos años las exportaciones han caído y hoy son casi imposibles con dólar a $3.500, sino que se sustenta en una gráfica con el logo de FEDEGAN, que no es oficial de la Federación. Sobre esta situación en particular no solicito, sino que exijo una disculpa y una rectificación.
“Estamos acabando nuestro hato ganadero”, dijo Petro…, “Se está acabando el ganado”, dijo Alba Lucía. No es cierto. Nuestro hato ha crecido consistentemente y hoy, con 30,5 millones de cabezas, es el cuarto de Latinoamérica y el número 13 del mundo.
“No tenemos excedentes de carne”, dijo Petro. “En Colombia no hay carne…”, dijo Alba Lucia. No es cierto. Con 812.000 toneladas, la producción formal de carne en 2025 aumentó un 7,8% frente al año anterior, porque el sacrificio formal también creció un 6,3% para un total de 3.486.000 cabezas.
La producción de carne y el sacrificio formal crecieron porque también creció la demanda, pues el consumo per cápita pasó de 17,6 a 18,4 kilos, y cuando eso sucede los precios suben, una tendencia del ciclo económico a la que se sumó el alza en costos de producción y mano de obra. Ellos generan empleo y saben que el aumento del mínimo tocó cargárselo al precio del kilo de carne para conservar la rentabilidad del negocio familiar.
Así que, antes de acudir al inmediatismo en redes, a Alba Lucía, reconocida por su activismo en pro de un Tolima que “merece más” –algo encomiable–, le aconsejaría investigar el sacrificio clandestino en su departamento, un problema estimado en más de 1.100.000 reses a nivel nacional; como también la supervisión de las secretarias de salud al expendio de carnes y la afectación a la comercialización por el cierre de plantas municipales por el INVIMA, sin alternativas para el sacrificio formal.
Quizás allí encuentre respuestas ajustadas a la realidad, sin afectar a la cadena de valor de la que su propia familia hace parte.
Bogotá, D, C, 26 de abril de 2026
*Presidente FEDEGAN.
@jflafaurie
La Transición ya no es únicamente una carrera por reducir emisiones, sino un delicado equilibrio entre sostenibilidad, seguridad y soberanía energética.
Por Amylkar D. Acosta M*. - La convocatoria impulsada por la ministra (E) de Medio ambiente y desarrollo sostenible Irene Vélez, bajo el sugestivo lema de “la transición más allá de los combustibles fósiles”, plantea una discusión necesaria, pero mal encuadrada. No porque la Transición energética carezca de urgencia —todo lo contrario—, sino porque se presenta como una disyuntiva excluyente: o fósiles o futuro. Y la realidad, terca como siempre, se mueve en zonas grises y tiene sus viceversas.
Empiezo por decir que el mundo atraviesa por un punto de inflexión en la manera de entender e interpretar la Transición energética. Lo que durante años se concibió como una ruta lineal hacia la descarbonización, hoy se redefine bajo el peso de nuevas realidades geopolíticas, económicas y tecnológicas. La Transición ya no es únicamente una carrera por reducir emisiones, sino un delicado equilibrio entre sostenibilidad, seguridad y soberanía energética.
La disrupción causada por eventos como la guerra en Ucrania puso en evidencia la vulnerabilidad de los sistemas energéticos altamente dependientes de fuentes externas. Europa, por ejemplo, comprendió que la dependencia del gas ruso no solo era un problema ambiental, sino un riesgo estratégico. A partir de entonces, el abastecimiento seguro de energía dejó de ser un asunto técnico para convertirse en una prioridad de Estado.
En este nuevo contexto, la seguridad energética —entendida como la garantía de suministro continuo, confiable y a precios razonables— ha recobrado centralidad. Países que antes apostaban por el desmonte acelerado de los combustibles fósiles ahora revisan sus cronogramas, reactivan proyectos de exploración o prolongan la vida útil de sus activos energéticos tradicionales. No se trata de un retroceso, sino de una adaptación pragmática frente a un entorno incierto.
Al mismo tiempo, la soberanía energética ha ganado protagonismo. Las naciones buscan reducir su exposición a mercados volátiles y a decisiones externas, fortaleciendo su capacidad interna de generación. Esto incluye desde el impulso a las energías renovables hasta el aprovechamiento de recursos propios, sean estos hidrocarburos, potencial hidroeléctrico o minerales estratégicos para la Transición.
Este viraje no implica abandonar los compromisos climáticos, sino reconocer que su cumplimiento depende de sistemas energéticos resilientes. Los principios hay que modularlos con el pragmatismo. Sin seguridad ni soberanía, la transición pierde viabilidad política y social. La verdadera transformación energética será aquella que logre armonizar estos tres pilares: sostenibilidad ambiental, seguridad del suministro y autonomía estratégica.
En suma, el mundo no está renunciando a la transición energética; la está madurando. La está llevando del terreno de las aspiraciones al de las realidades, donde las decisiones no solo se miden en toneladas de CO₂ evitadas, sino en su capacidad de sostener economías, garantizar bienestar y preservar la estabilidad de las naciones. No hay que perder de vista que no se puede llegar a la tarde sin pasar por el medio día.
Colombia no enfrenta una elección binaria, sino un desafío de sincronización. Pretender un salto abrupto hacia una economía post-fósil, sin las condiciones técnicas, fiscales y sociales adecuadas, equivale a desmontar el puente antes de haber cruzado el río. La Transición energética no es un acto de fe; es un proceso de ingeniería económica, institucional y tecnológica que exige tiempos, inversiones y, sobre todo, realismo.
El país sigue dependiendo de los hidrocarburos no solo como fuente de energía, sino como columna vertebral de sus finanzas públicas y su balanza externa. El petróleo y el gas aportan una fracción significativa de las exportaciones, de los ingresos fiscales y de la estabilidad macroeconómica. Desconocer esta realidad en nombre de un horizonte deseable, pero aún distante, puede resultar más costoso que virtuoso.
La verdadera discusión no es si Colombia debe ir más allá de los combustibles fósiles —eso es inevitable—, sino cómo y a qué ritmo hacerlo sin sacrificar crecimiento, empleo y estabilidad. La electrificación del transporte, la expansión de las energías renovables, el fortalecimiento de las redes de transmisión y la promoción de la eficiencia energética son piezas claves, pero requieren financiamiento, planeación y continuidad en las políticas públicas.
Contrariamente a lo planteado por el Presidente Gustavo Petro en los prolegómenos de tan publicitado como cuestionado evento, pensando con el deseo, en el sentido que “el petróleo y el gas ya no se van a vender en el mundo” y por lo tanto hay que abandonarlo cuanto antes, porque, según él, además “si exportamos petróleo, gas y carbón matamos a la humanidad”, el mundo sigue consumiéndolos y la demanda tanto por petróleo como de carbón viene de récord en récord. Las cifras no mienten, en el caso del petróleo la demanda, por primera vez superó la barrera de los 100 millones de barriles/día y el año anterior registró los 104 millones, otro tanto ocurre con el carbón, cuya demanda pasó de los 8.700 millones de toneladas en 2023 a las 8.845 millones de toneladas en 2025!
Por lo demás, Colombia que depende, como depende, del petróleo y del carbón, ya que son los dos principales renglones de exportación y como tales los mayores generadores de divisas, son además las dos principales fuentes de ingreso tanto para la Nación, que recauda el impuesto de renta y recibe de manos de ECOPETROL ingentes recursos por concepto de dividendos, como de las entidades territoriales, que tienen en el Sistema general de regalías (SGR) que paga la industria extractiva su principal fuente de financiación de sus proyectos y programas de inversión. Además, la Transición energética demanda recursos que sólo ellos pueden proporcionar, Colombia debería imitar a Brasil, que ha creado un Fondo para financiar la Transición energética, el cual se nutre de las utilidades que le reporta su industria petrolera.
Barranquilla, abril 23 de 2026
*Economista. Expresidente del Congreso, exministro de Minas y Energía.
www.amylkaracosta.net
Estamos frente a fake news, inteligencia artificial, mentiras del gobierno y de líderes políticos, que hoy batallan por elegir a Paloma, Iván, Abelardo y Fajardo… o a llevar a dos ellos a una segunda vuelta.
Por Gabriel Ortiz: La Inteligencia Artificial impulsada y exagerada por la desinformación, que difunde la “fake news, ha ingresado a la campaña electoral que busca elegir al mejor exponente, que saque a Colombia del caos reinante en estos casi cuatro años de Petro y sus íntimos asesores corruptos orgullosos de haber pertenecido a guerrillas y grupos criminales de facinerosos que han sembrado el caos.
Con gran preocupación la Misión de Observación Electoral (MOE), ha identificado más de un centenar de mensajes desinformativos falsos que desorientan a la opinión pública.
La “fake news” se ha fortalecido, de tal manera con la Inteligencia Artificial, que hace casi imposible detectar sus funestas pretensiones. En un mundo repleto de medios, estas formas expertas en cambiar dictámenes y juicios, invaden los cerebros de millones de personas que antes tenían fortaleza para actuar y decidir sobre su futuro y sus orientaciones correctas.
Las “bodegas” aportan mucho para escudriñar voluntades, torcer y modificar realidades. Son terreno abonado para entorpecer la seguridad mental de millones de los desprevenidos, que muy tarde se enteran del saqueo de voluntades.
Pero lo más grave, es la tardanza en descubrir el asalto al, consentimiento y permiso de quienes desconocen la forma ilegal como les saquean y adueñan de sus mentes, para cometer esta forma moderna de criminalidad.
Cuando ya han caído en las garras de los delincuentes que penetran decisiones, es demasiado tarde, todo está consumado y los hechos son irremediables. Nada se puede modificar porque los ganadores tienen licencia para decidir, sobre lo divino y humano.
Aquí se acaban de generar campañas de desinformación en torno a la seguridad de algunos de los candidatos a la presidencia. Primero aparecieron elementos fúnebres para anunciar el asesinato de Paloma Valencia. Luego dos días después, amenazas contra Abelardo de la Espriella.
En un país como este, cuando ya el presidencial Miguel Uribe Turbay fue asesinado y aún no hay certeza de parte de quien o de quienes llegó la orden.
Un poco tarde, el jueves pasado, el presidente Petro en uno de sus despertares fuera de Colombia, en Barcela, España, denunció otro atentado contra su candidato Iván Cepeda, de parte del ELN. Muchos dudaron de ello, porque siempre ha estado vinculado a esos movimientos. Además, ni la Cia, ni el ministerio de Defensa conocían el tema. Parecía un fake news amparado por un mandatario que buscaba tranquilizar a su candidato con esos votos que según las encuestas se le van fatigando.
Así las cosas, estamos frente a fake news, inteligencia artificial, mentiras del gobierno y de líderes políticos, que hoy batallan por elegir a Paloma, Iván, Abelardo y Fajardo… o a llevar a dos ellos a una segunda vuelta.
Pero ¿quién se preocupa por esta Colombia y quién o quiénes quieren sacarla de la maraña y trola en que nos tienen Petro y su jauría? Ese alguien que nos garantice paz, salud, seguridad, justicia, rectitud, moralidad, austeridad, progreso, austeridad, honradez. Un gobernante sin orgullo guerrillero, sin torpezas, ni odio, ni acciones aviesas, torvas e indignas. ¿En quién se pueden conjugar estas virtudes, para entregarle el voto?
BLANCO: El anecdotario de Daniel Samper y Enrique Santos Calderón “Memorias Cruzadas”, en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Excelentes diálogos y recuerdos.
NEGRO: La llegada del “Niño”, con sus apagones y racionamientos. Petro, acabando con Ecopetrol y la exploración y explotación de hidrocarburos, nos dejará a oscuras.
Bogotá, 25 de abril 2026
*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telametainal y Notisuper.
El Banco Mundial dice que la crisis de basuras es global. Cierto. Pero eso no es excusa para quedarnos quietos.
Por: Manolito Salazar*. - En 1994 llegué a cubrir Bogotá. Gobernaba Jaime Castro y la ciudad, como hoy, vivía una crisis de basuras. No hablemos de movilidad ni seguridad. Solo basuras. Treinta y dos años después, seguimos en lo mismo.
La historia es cíclica y huele mal. En 1958 nació la EDIS para recoger lo que botamos. En 1988 Andrés Pastrana privatizó el 40% porque la empresa pública estaba quebrada: de 75 camiones pasó a tener 20 o 30 andando. En 1994 Castro la liquidó. La Contraloría dijo lo obvio: tenía quiebra técnica, perdía 20 millones diarios. El sindicato paró, apoyado por la Alianza Democrática M-19. Entre ellos marchaba el representante Gustavo Petro. Llevaban basura a la Plaza de Bolívar para protestar.
Sin EDIS, Bogotá se entregó a los privados. Seis zonas, contratos a 7 y 8 años, pago por tonelada. Funcionó hasta que en diciembre de 2012 Petro, ya alcalde, quiso volver al manejo público. El 18 de diciembre no dejaron entrar a los privados a Doña Juana. Aguas de Bogotá asumió. La ciudad colapsó en 48 horas. Tocó llamar de urgencia a los mismos que habían sacado. Después llegaron los famosos compactadores: 25 camiones oxidados, con basura y matas adentro. Otros se vararon en el camino. Eran siniestrados.
En febrero de 2018, con Peñalosa, regresaron los privados con fuerza. Contenedores, canecas, 5 operadores. Lo lideró Beatriz Cárdenas en la UAESP. Los contenedores duraron limpios tres meses. Luego se volvieron botaderos y hubo que quitarlos.
Y aquí estamos. Marzo de 2024. Galán lleva tres meses de alcalde y el concejal Leandro Castellanos, de la Alianza Verde, prende las alarmas: la UAESP de Consuelo Ordóñez pelea con todos menos con la basura. La ciudad cada día más sucia. Galán se demora en reaccionar. Lo salva un fallo de la Corte Constitucional a favor de los recicladores. Gracias a eso, la CRA autoriza un régimen transitorio y prorroga los contratos. Sin ese salvavidas, hoy estaríamos en libre competencia y sin empresas listas.
En agosto de 2025 la CRA le niega a la UAESP la nueva licitación con zonas exclusivas. Galán cambia a Ordóñez y posesiona a Armando Ojeda. Mientras tanto los números no mienten: 623 puntos críticos en 2024, 476 en 2026. Kennedy, Engativá, Bosa, Suba y Ciudad Bolívar ahogadas. Recogemos 6.660 toneladas diarias. Mil se quedan en la calle.
Las multas hoy son de $900.000. Un habitante de calle no las paga. Un restaurante las paga vendiendo tres almuerzos. No hay cárcel por botar basura. La cultura ciudadana es un recuerdo. Tenemos cuadrillas caza-regueros: 368 mil regueros atendidos en dos años. Y la ciudad sigue sucia. El propio Galán lo acepta.
El Banco Mundial dice que la crisis de basuras es global. Cierto. Pero eso no es excusa para quedarnos quietos. La Personería hace foros. La Contraloría monta mesas. El Concejo anuncia debates. La Alcaldía hace pedagogía. Y nada cambia si el ciudadano no pone de su parte.
Mockus nos enseñó el “Todos ponemos”. Hoy toca repetirlo. Porque si no, no llegaremos a “Basura Cero”. Seguiremos en cero. Y con Bogotá más sucia que en 1994.
Bogotá, D. C, 20 de abril 2026
Periodista reconocido en el medio por sus chivas y noticias de análisis y contexto del diario acontecer de la capital de Colombia. Fue reportero en Caracol Radio.
Un sistema que no expulse a los propietarios, sino que incentive la producción.
Por: Paloma Valencia*. - Las recientes movilizaciones y el paro en protesta por el aumento astronómico del impuesto predial en distintas regiones del país reflejan un problema: ciudadanos y productores que no pueden asumir el impacto de la actualización de avalúos por cuenta del “catastro multipropósito” sobre el impuesto predial. Familias que ven cómo su propiedad se convierte, de un año a otro, en una carga imposible de sostener.
Frente a esto, hemos presentado una propuesta de reforma al sistema de catastro multipropósito. Una reforma que parte de una realidad evidente: la metodología actual no está reflejando la capacidad real de producción de los predios ni la situación económica de sus propietarios.
El catastro multipropósito nunca debió convertirse en una máquina de recaudo. Su propósito era claro: ordenar el territorio, mejorar la información y cerrar brechas históricas. Pero el Gobierno decidió usarlo para otra cosa: subir impuestos por la puerta de atrás.
En 2023 lo advertí. Durante la discusión del Plan Nacional de Desarrollo di la pelea contra el nefasto Artículo 49, que le entregó al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) un cheque en blanco para actualizar los avalúos catastrales en todo el país, sin criterios claros y sin garantizar la participación de los ciudadanos.
No era una discusión menor. Era el corazón del problema. Ese artículo abría la puerta para disparar los avalúos y, con ellos, los impuestos prediales. El Gobierno impuso sus mayorías. Hoy los colombianos están pagando las consecuencias.
Lo que actualmente estamos viendo no es una actualización técnica, es un choque tributario sin precedentes. Con la Resolución 2057 de 2025, el IGAC terminó validando incrementos de avalúo rural que, en algunos casos, llegan a 422.532%, 518.438%, 1.528.855% e incluso el 2.505.119%, una desproporción total. Asimismo, como resultado de esta actualización, 78.967 personas naturales nuevas deberán declarar impuesto de renta y 1.393 impuesto al patrimonio para la vigencia 2026. Estos son datos del propio IGAC.
Sin embargo, el problema no fue actualizar el catastro, el problema consistió en cómo se hizo. Cuando la prioridad deja de ser el ordenamiento del territorio y pasa a ser el recaudo, el catastro pierde su esencia pues se convierte en una herramienta fiscalista.
El avalúo no es lo mismo que el predial, es su base. El Gobierno pretende culpar a los concejos municipales, pero el problema de fondo no lo crearon los municipios. Los concejos son quienes definen la tarifa. Pero la base gravable — es decir, el avalúo catastral— fue alterada por el Artículo 49 del Plan de Desarrollo y por la metodología que aplicó el IGAC. Sin un avalúo desbordado, ninguna tarifa produce este nivel de impacto.
Este efecto es perverso, pues a los propietarios les cambian de un año a otro la carga financiera sobre un activo que no necesariamente genera ingresos. Y en el campo, esto es más grave: la tierra no produce flujos constantes, pero sí empieza a pagar impuestos como si los generara. Se afecta la propiedad, se distorsiona el mercado rural y se desincentiva la producción de alimentos.
Además, los municipios quedan atrapados en una ilusión fiscal: ingresos inflados en el papel que difícilmente se van a recaudar en la realidad. Porque cuando el impuesto se vuelve impagable, deja de ser una fuente sostenible de ingresos.
La propuesta que presentamos consiste en lo siguiente: la valoración de la tierra no puede basarse únicamente en criterios de mercado. Tiene que incorporar la productividad efectiva del predio. Se trata de avanzar hacia un sistema más justo y sostenible. Un sistema que no expulse a los propietarios, sino que incentive la producción. Un catastro productivo: menos castigo tributario al que trabaja y alivios reales para quienes generan empleo, conservan y producen.
Hoy los colombianos están condenados a pagar prediales confiscatorios por el capricho del Gobierno Petro. Por eso demandé estos incrementos desproporcionados y daremos la pelea en la Corte.
Esto no se quedará en los tribunales. En mi Gobierno vamos a frenar el abuso, desmontar el modelo fiscalista y devolverles a los colombianos el derecho a permanecer en su propia tierra. Porque ningún colombiano puede ser expulsado por cuenta de impuestos impagables.
El 7 de agosto comienza ese cambio.
*Bogotá, D. C, 21 de abril 2026
*Senadora y candidata presidencial del Centro Democrático.
Por: Hubert Ariza* - La campaña presidencial de 2026 podría ser recordada como una de las más aburridas de las últimas décadas. Después de una explosión de precandidatos con cero posibilidades, la renuncia de la mayoría de cuyos nombres nadie se acuerda y varias consultas que pusieron en el tarjetón de primera vuelta a Paloma Valencia, Claudia López y Roy Barreras, la disputa electoral pareciera seguir un rumbo lánguido, sin debates presidenciales, cero propuestas trascendentales y campañas mediáticas que sacudan a los electores. Ha sido una campaña supeditada al enfrentamiento de Álvaro Uribe, el jefe de la extrema derecha, y Gustavo Petro, el presidente de izquierda, que se siente representado en el liderazgo del senador Iván Cepeda Castro.
Lo más extraordinario han sido las eventuales amenazas de muerte a los candidatos de la derecha, Valencia y Abelardo de la Espriella, a quienes les llegaron mensajes intimidatorios que el Gobierno de Petro se ha tomado en serio y han provocado, además, la airada reacción del Gobierno de los Estados Unidos. En un debate en el Congreso de ese país, Michael Kozak, del Departamento de Estado para América Latina, advirtió de las “terribles consecuencias” a quienes se atrevan a tocar a los aspirantes presidenciales.
La denuncia de amenazas más grave la hizo, sin embargo, el propio presidente Petro, a través de un trino en X, donde señaló que la CIA, la agencia de inteligencia de Estados Unidos, ya tenía la información concreta sobre un plan para asesinar al candidato Cepeda, quien puntea las encuestas para la primera vuelta.
Esta situación de seguridad no sería tan grave si no se tuviera el antecedente del asesinato del candidato presidencial Miguel Uribe, del Centro Democrático, por orden aparente de la Segunda Marquetalia, una disidencia de las desaparecidas Farc. La mayoría de los responsables materiales ya están en la cárcel, pero los autores intelectuales siguen libres.
Colombia ha sido tierra fértil para los magnicidios. Al final de la década de los 80, vio desaparecer a balazos a cuatro de sus líderes nacionales: Luis Carlos Galán, Jaime Pardo Leal, Carlos Pizarro Leon-Gómez y Bernardo Jaramillo. El primero de ellos, eventual presidente a nombre del Partido Liberal, quien se enfrentó a Pablo Escobar y fue acribillado en Soacha, en agosto de 1989, por petición a las mafias de su copartidario, el liberal Alberto Santofimio Botero. Todos ellos fueron eliminados por sicarios con ayuda de sectores descompuestos del Estado.
Lo de ahora es un campanazo que el país escucha, sumido en el recuerdo de esa década perdida en la que Colombia vio morir a muchos de sus mejores líderes, en una cacería humana que incluyó a más de cinco mil militantes de la Unión Patriótica, UP, a manos de la extrema derecha y el paramilitarismo, incluido Manuel Cepeda, el papá del candidato hoy puntero en las encuestas y víctima también de la violencia.
Estas nubes negras de violencia sobre la democracia evidencian, una vez más, el delgado hilo que separa a Colombia de la barbarie. Y opaca el hecho de que los debates presidenciales permanezcan hoy desaparecidos de la campaña presidencial. Hay que recordar que esos escenarios mediáticos contribuyen a definir el rumbo de la democracia, aclaran el panorama, e inclinan la decisión de amplias franjas de electores. Especialmente, los indecisos.
Así lo entendió Petro en los comicios de 2022 cuando concurrió a los medios a confrontar las tesis de sus contradictores de entonces: Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández, quien, en su papel de millonario outsider, a la postre pasó a la segunda vuelta y perdió por cerca de un millón de votos. Los debates fueron entonces decisivos para mostrar a un Petro mucho más brillante en sus respuestas, capaz de romper los mitos que la derecha había construido en su contra, y sintonizarse con los más de once millones de colombianos que lo hicieron presidente.
En 2026 los enfrentamientos de los candidatos más opcionados no se han hecho ante las cámaras de televisión, con reglas pactadas y mediadores escogidos, sino en el Senado de la República, donde Iván Cepeda y Paloma Valencia ejercen como senadores. No han sido debates a profundidad, que permitan vislumbrar su plataforma programática, sino sobre temas de coyuntura. Que, por supuesto, han servido para que los medios registren dos modelos opuestos de ver y entender el país, en temas como la corrupción. Uno de los últimos detonantes de ese enfrentamiento fue la presencia en el recinto del senador del Centro Democrático, el partido de Álvaro Uribe, Ciro Ramírez, quien fue condenado, en primera instancia a 23 años de cárcel, por la Corte Suprema de Justicia e insiste en asistir al Senado como si fuera un hombre impoluto.
No se trató de una anécdota, sino de un hecho trascendental porque refleja la enorme sensibilidad e hipocresía frente a la corrupción, un tema central del debate político que ha marcado la lucha de la izquierda por el poder. “Usted es una afrenta, señor Ramírez, a este país. Usted es una vergüenza para este país. Usted es una vergüenza para este Congreso”, le espetó Cepeda a Ramírez, quien fue defendido por Paloma Valencia.
El tema de la corrupción ha querido ser explotado esta vez por la derecha debido a los escándalos de actores descompuestos del Gobierno Petro, en especial por el caso de la UNGRD, que denunció el propio presidente y tiene en la cárcel a varios de sus aliados iniciales.
La pregunta es ¿para cuándo los debates televisivos y radiales de los candidatos más opcionados? El país político extraña la confrontación de ideas. Hay la percepción generalizada de que la campaña avanza en cámara lenta, despojada de pasión, como si los protagonistas reservaran toda su artillería y recursos para la segunda vuelta. Los debates son una enorme oportunidad que se está desperdiciando, vulnerando, además, el derecho de los electores a conocer lo que piensan los candidatos.
De la Espriella ha señalado que solo asistirá a los debates si está Cepeda; Paloma los necesita para posicionarse más allá de la sombra de su “papá” ideológico. Pero Cepeda se ha concentrado en las convocatorias a la plaza pública, dejando a un lado, por ahora, la confrontación con sus contendores. Sus asesores políticos parecieran atrincherados en la idea de que en la plaza pública tendrían más réditos electorales y mayores posibilidades de ganar en primera vuelta. Las encuestas, sin embargo, no muestran hoy esa posibilidad.
Si Cepeda no abre la puerta a los debates ahora, quizá en 45 días el escenario sea otro. En política cada día es diferente. Cepeda no tiene nada que perder y sí mucho por ganar. Va de primero en los estudios de opinión, tiene solidez ideológica, experiencia parlamentaria, sangre fría para soportar los ataques y pasión para defender sus propuestas. Ir al frente de batalla mediático significa abrir las compuertas para que lo conozcan millones de electores que solo han oído hablar de él, pero quizá no lo han escuchado, ni observado en un escenario de ese tipo. Es una oportunidad, además, de amplificar sus ideas, aumentar su electorado y consolidar su narrativa de que tiene la autenticidad necesaria para seducir a quienes hoy se mantienen indecisos. Y ante todo, que no solo es el candidato de Petro, sino que es capaz de mantener su legado.
El país necesita escuchar de los candidatos, más allá del petrismo o el antipetrismo, sus propuestas sobre el nuevo orden mundial, la profundización de las reformas sociales, la consolidación de la democracia, la superación del conflicto armado y la lucha contra la corrupción, entre muchos temas.
Los debates son una urgencia, con reglas de juego claras, sin agravios ni insultos, reducido a los nombres más fuertes, lo que le daría vida a la campaña, le pondría emoción y mostraría al país las capacidades reales de los contendores. Y, por supuesto, también sacaría la campaña de la laguna de los therian, los tigres y las palomas, los hipopótamos y los delfines rosados, poniendo las cosas en su punto para que millones de votantes tomen partido y Colombia elija en paz.
Bogotá, D. C, 20 de abril 2026
*Hubert Ariza.
Periodista, internacionalista y analista político.
Tomado de El País.
