Amylkar D Acosta M

Por Amylkar D. Acosta M*.- A raíz del enardecimiento de su población y de las multitudinarias manifestaciones, sin precedentes en los 29 años de vida democrática de Chile después de la caída del sátrapa Augusto Pinochet, que sacudió sus cimientos, el Presidente Sebastián Piñera reaccionó militarizando las calles de Santiago. Al referirse a la revuelta popular, se apresuró a espetar que “estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite”, asumiendo e insinuando que eran fuerzas externas, extrañas al país, quienes aupaban y estimulaban la protesta.

Esta declaración exacerbó aún más los ánimos y atizó la protesta. Pero a poco andar recapacitó y, ante la realidad de los hechos, le tocó entonar la palinodia y aceptar que este era su problema. Esto dijo, retractándose de su primera declaración: “los problemas se acumulaban desde hace muchas décadas y los distintos gobiernos no fueron ni fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud. reconozco y pido perdón por esta falta de visión”. Más claro no canta un gallo. Y, a renglón seguido, procedió a recomponer su gabinete ministerial y anunciar varias medidas, todas ellas de tipo social, en su intento de sofocar las llamas que amenazaban con abrazar al establecimiento.

Cabe preguntarse qué pasó en Chile, cuyo modelo económico se consideraba paradigmático en Latinoamérica y de la noche a la mañana se produce semejante estallido. Según el profesor emérito chileno de la Universidad de Oldenburg (Alemania) Fernando Mires en su país existe un “fuerte malestar de fondo, oculto y reprimido que de repente aparece a borbotones”. En su concepto, dicho malestar viene provocado por las fuertes desigualdades sociales que generan “privilegios solo al alcance de unos pocos, lo que termina generando un resentimiento social en la vida cotidiana del país”. El rechazo al aumento en el precio del pasaje en el Metro en 30 pesos fue sólo el florero de Llorente.

Chile y Colombia tienen en común que lograron reducir sensiblemente la pobreza y la pobreza extrema, en virtud del largo ciclo (2003-2012) de precios altos de las materias primas (cobre, petróleo, carbón, oro y ferroníquel, especialmente), gracias al cual en Colombia, por primera vez, la clase media supera el porcentaje de la población que está por debajo de la línea de pobreza. Pero, ojo, gran parte de esa clase media está en condiciones de vulnerabilidad, esto es, con un pie en la clase media y el otro en la pobreza, en riesgo de volver a caer en la trampa de la pobreza y se resiste y lucha para impedirlo. 

No cabe duda que lo que está fallando es el Modelo y la política económica y social que de él se derivan. Como lo sostiene el Nobel de economía Joseph Stiglitz, “las élites aseguraron que sus promesas se basaban en modelos económicos científicos y en la investigación basada en la evidencia´. Pues bien, cuarenta años después, las cifras están a la vista: el crecimiento se desaceleró y sus frutos fueron a parar en su gran mayoría a unos pocos en la cima de la pirámide. Con salarios estancados y bolsas en alza, los ingresos y la riqueza fluyeron hacia arriba, en vez de derramarse hacia abajo…Los ciudadanos sienten que se les vendió humo. Tienen derecho a sentirse estafados”.

Y de contera, ni en Chile ni en Colombia se ha reducido en un ápice siquiera la enorme desigualdad que acusan. Colombia es el segundo país más desigual del continente y el cuarto en el planeta y nada se está haciendo para cerrar las brechas tanto en ingresos, como en la riqueza y, en la peor de todas, en la tenencia de la tierra. Chile con un coeficiente Gini de 0.45 y Colombia de 0.51 están entre los más altos de la región. Bien dijo el célebre politólogo estadounidense de origen japonés Francis Fukuyama que “la desigualdad deslegitima el sistema político, da origen a movimientos sociales y a actores políticos antisistémicos, configura el escenario para conflictos sociales fuertemente polarizados y para una lucha por beneficios” y este es el caso!

Según el ex presidente Ricardo Lagos que, en lo que respecta al régimen impositivo chileno, “nuestro sistema tributario prácticamente no ha cambiado pese a las numerosas reformas que se han querido hacer” y agregó que en Chile “la mitad de los impuestos que se pagan corresponden al impuesto al valor agregado, al IVA, el más regresivo de los impuestos. Es la gran camisa de fuerza de los sectores derechistas y más conservadores de Chile. Y eso ha sido imposible modificarlo”. Cualquier parecido con el caso colombiano no es coincidencia.

En el caso de Chile, el propio Canciller del país austral Teodoro Ribera Neuman desmiente la intervención e interferencia foránea en su conflicto social y manifiesta claramente que el objetivo principal de su gobierno “es hacernos cargo de las demandas sociales internas y no traspasar este descontento a una intervención extranjera”. Así de claro. Y hablando de Colombia, no se puede seguir, entonces, macartizando la protesta con la ya desgastada monserga del castro-chavismo, la protesta es un derecho legal y constitucional irrenunciable de los ciudadanos que el Gobierno debe respetar y garantizar

Riohacha, noviembre 15 de 2019

*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net

 

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Juan Camilo Restrepo

Por Juan Camilo Restrepo*.- Quedan escasas cuatro semanas para cerrar la actual legislatura. La ponencia para la discusión de la reforma tributaria (o ley de financiamiento II) apenas se vino a radicar esta semana. Por razones legales y constitucionales la reforma tiene forzosamente que estar aprobada antes del 31 de diciembre si se quiere que rija para el año fiscal 2020. Éste, además, es el plazo de supervivencia jurídica que otorgó la Corte Constitucional. Son, pues, unas semanas cruciales las que se avecinan.

En realidad, son cruciales más por el lado de los beneficios tributarios que por el de los ingresos. Al gobierno se le apareció la virgen con los dividendos anunciados por el Banco de la República y por Ecopetrol (cerca de doce billones entre los dos) para ser transferidos a la Nación el año entrante. Con lo cual podrá cumplir ésta las metas fiscales cómodamente. Haya o no reforma tributaria.

El afán nace es por el lado de los estímulos a la actividad productiva que estaban contemplados en la ley que se cayó, y que si no se reactivan antes del 31 de diciembre no podrían entrar en aplicación el año entrante.

Con la caída de la ley de financiamiento no se dio la hecatombe que pronosticaban el gobierno y los gremios. Pero es cierto, sin embargo, que existen muchas expectativas en la actividad productiva para poder aprovechar las abundantes gabelas que les otorgó la ley tributaria. De allí la urgencia.

No es una buena ley tributaria. Pero es la única que está sobre la mesa. Y probablemente las agencias calificadoras nos bajarían la nota si el gobierno no es capaz de liderar la aprobación de una nueva ley fiscal antes de terminar el año.

El gobierno ha dicho que se debe aprobar exactamente la ley original que fue declarada inexequible. Es muy improbable que esto suceda. Ya muchos parlamentarios individualmente, y algunos partidos como colectividades, han anunciado que introducirán cambios a la ley original.

Lo que resulta indispensable es que dichos cambios sean bien meditados y calibrados. El gobierno tiene que ejercer un liderazgo en este sentido. Liderazgo que no ejerció en la pasada ocasión. Es muy probable que ante la difícil situación de desempleo que se está viviendo se introduzcan iniciativas para inducir por la vía fiscal más empleos.

No resulta tampoco conveniente que el ya muy frondoso árbol de los beneficios y gabelas tributarias se siga aumentando cuando, en rigor, lo que habría que hacer es podarlo.

El gobierno, con un exceso de optimismo, le asigna las perspectivas de un crecimiento económico del 3% y el aumento y de la inversión a los privilegios tributarios que ha otorgado a manos llenas. No hay que caer en el costoso espejismo que todo se arregla en una economía como la nuestra a punta de privilegios fiscales.

La urgencia de tramitar la ley de financiamiento II en esta legislatura desplazó las no menos urgentes reformas pensional y laboral para el año entrante. Es algo delicado y lamentable. El gobierno debería aprovechar este tiempo para preparar una buena ley pensional lo mismo que una laboral. Leyes que no tiene listas. Y ambas son apremiantes. Frente a ninguna caben improvisaciones. O ingenuidades como la de pretender -tal como se ha anunciado- que la ley pensional se va a concertar en el comité del salario mínimo. Este comité no es para eso.

Lo que se impone de ahora en adelante es un gran liderazgo (que por el momento no se vislumbra) del gobierno en el Congreso: que es el foro natural para tramitar la apretada agenda legislativa que se aproxima.

El desorden parece seguir imperando en torno a la Reforma Tributaria. A pesar de que el gobierno había dicho que no admitiría modificaciones a la ley que fue declarada inexequible, ya se han registrado 50 enmiendas que se espera suban a 100 antes de comenzar el debate.

Llegó la hora en que el gobierno tiene que tomar las riendas de los proyectos de ley en el Congreso. Tiene que liderarlos, cosa que no viene haciendo. El futuro de la credibilidad de la política económica se juega precisamente en este esquivo liderazgo.

Bogotá, D. C, 17 de noviembre de 2019

*Abogado y Economista. Exministro de Estado.

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José Félix Lafaurie Rivera

Por: José Félix Lafaurie Rivera*.-Nadie pone en duda el derecho a la protesta social. Lo que rechazamos, mirando el aterrador espejo del vecindario, es el vandalismo y la sinrazón de quienes, valiéndose del derecho a la protesta, destruyen la propiedad pública y privada.

Es, entonces, imperativa la reglamentación de la protesta social, una de las primeras propuestas por la que fue crucificado malintencionadamente el exministro Botero, porque reglamentar no es prohibir; es poner límites, pues todo derecho los tiene, tanto para los manifestantes como para la Fuerza Pública; es respetar los derechos de quienes, libremente, no quieren protestar.

Reglamentar es, también, establecer responsabilidades a quienes convocan. Personalmente pienso que es irresponsable y malintencionada la convocatoria del 21 de noviembre, no solo en un momento de crispación política y desenfrenos violentos en el continente, sino contra un gobierno que atendió el clamor de los estudiantes -no los entiendo-, que ha respondido a las expectativas salariales de los trabajadores, que lucha contra la inseguridad y la violencia heredadas, y de contera, contra mezquinos intereses políticos.

Estamos frente a una gavilla para desestabilizar al gobierno de Iván Duque; no porque sea bueno o malo, porque haya subido o bajado el desempleo, porque la economía vaya tan bien como la ven desde afuera o tan mal como la ven desde adentro, porque esté comprometido con quienes de veras quieren la paz, o porque ataque con decisión la violencia en campos y ciudades, por cuenta de una paz mal hecha y de su inmediata consecuencia: el narcotráfico.

A ese club de indignados por todo y por nada solo los une su antigobiernismo y ni siquiera necesitan ponerse de acuerdo, porque, simplemente, el enemigo de mi enemigo es mi amigo.

Petro no se resigna a su derrota en las urnas y cumple su amenaza de mantener al pueblo en las calles, sin importarle las consecuencias, porque son las que él persigue: desestabilizar la democracia para instaurar el socialismo bolivariano de sus mentores.

La izquierda, que cobija a los impunes narcoterroristas, asesinos y abusadores, beneficiarios de la paz de Santos y hoy sentados en el Congreso o, simplemente, “volados”; persigue lo de siempre: la instauración de un sistema basado en la utopía de la igualdad, la lucha de clases, el control estatal de la economía y de los derechos a la propiedad privada y la libre empresa, entre otros. Y eso tiene nombre: comunismo.

El “centrosantismo”, que hoy se viste de patria y de indignación, no se resigna a abandonar el trueque extorsionista de apoyos por mermelada. El problema no es Botero ni Carrasquilla, ni siquiera los muertos del narcotráfico, que Santos nos dejó como herencia maldita, sino los muertos de “este gobierno”; el problema es atacar al gobierno de los “enemigos de la paz”, que ellos crearon para polarizar al país, porque media Colombia, que también quería la paz, le dijo NO al acuerdo fariano y casi echa a perder el Nobel.

Y claro…, están los narcotraficantes, interesados en la anarquía que favorece su negocio. Y está “la opinión”, el sentir de millones de colombianos, con mucha información, pero “desinformados” por las redes y por algunos medios que añoran la bonanza de la pauta oficial que pagó su apoyo entusiasta.

Esos son los intereses detrás del paro nacional. Si usted va a marchar, póngase la mano en el corazón y, con responsabilidad, piense en su propio mañana y en el de Colombia. Chile no está lejos. Y lo que esperamos quienes NO marcharemos, es que la Fuerza Pública contenga con firmeza a todo aquel que pretenda desbordar los límites de sus derechos.

Bogotá, D. C, 17 de noviembre de 2019

*Presidente de Fedegan

@jflafaurie.

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Mons Libardo Ramírez

Por Mons Libardo Ramírez*.- Causa extrañeza, a algunos, que siga habiendo un “debate sin fin” (El Tiempo 27-10-19), en torno al “aborto legal”, cuando en realidad ese debate quedó abierto desde el día, para unos “memorable” para otros “lamentable”, cuando la Corte Constitucional (10-05-06), dio la Sentencia 355, considerando este asunto como “un tema de salud”, y, en tres casos determinados, “despenalizó” el delito del aborto. En querer imponer la opinión de unos pocos, y en forma sesgada, está el origen de este debate, pues no se habló en la Sentencia de “legalizar”, pero se ha querido darle esa dimensión, y la misma Corte pasó luego acrecentar diferencias al hablar de que de allí ha surgido, como un “derecho de la mujer”, pedir que se mate al hijo de sus entrañas. Además, recientemente, se ha pretendido, de parte de la misma Corte, exigir al Ejecutivo hacer reglamentación del aborto como si fuera un “derecho de la mujer”, que se puede practicar hasta los últimos días del embarazo, y que, prácticamente, los galenos no puedan presentar “objeción de conciencia”, algo tan claramente reconocido por nuestra Constitución (Art. 11), y por códigos civiles.

Como graduado en Derecho Canónico, estudioso de legislaciones de distintos países, Presidente por 12 años del Tribunal Eclesiástico Nacional, defensor del derecho natural al sagrado derecho de la vida, siento que, para bien de nuestro País, debo pronunciarme en este nuevo momento álgido. Es que de parte de la misma Corte Constitucional se pretende obligar al Presidente de la República, y colaboradores del Ramo de Salud, a dar reglamentaciones que no les corresponden, con detalles que pisotean aspectos de derecho natural que reclama el respeto a la vida, primer derecho de los seres humanos.  Es de advertir que desde el 2006 venimos repitiendo que, estamos ante reclamos no solamente de carácter religioso, sino acordes con Tratados de Derechos Humanos, y gran número de científicos, sosteniendo la preciosa realidad de la dignidad y derechos de la persona humana desde su concepción, a pocas horas de ser engendrado, hasta su muerte natural.

Es de destacar cómo, en nuestros días, hay gran sensibilidad por seres vivos de la naturaleza, las plantas, las aves, los toros, y los niños ya nacidos (postnatal), pero en relación los no nacidos (prenatal), tan débiles e indefensos, qué inclemencia, al contraponerlos a sus madres, a quienes quieren dar el derecho de exterminarlos, al considerarlos como un estorbo a sus libertades. Es que los tres casos despenalizados pueden ser fácilmente extendidos a número infinito, pues hay posibilidad de alegar causas con gran facilidad. Que hubo “violación”, cómo se puede contradecir su afirmación  si las relaciones íntimas son de ordinario sin testigos; en caso de “peligro de la salud y vida de la madre”, con qué amplitud se puede alegar, al tener en cuenta que todo embarazo trae serio peligro; ante la “deformación del niño en crecimiento uterino”, antes que matarlo hay múltiples medios  de su mejoramiento, con médicos especialistas en ello, y, siendo, por lo demás, esos niños ya nacidos, centro de amor y cuidado de hogares con sentimientos naturales humanitarios.

Existe, además, el hecho de que, apenas dada la referida Sentencia de la Corte de despenalización en los casos mencionados, dictó el Ministerio de Salud la Reglamentación 444 que fue demandada por destacados Juristas, y fue declarada nula por el Consejo de Estado (15-03-13), por incompetencia de ese Ministerio para emanarla. Se precisó, en ese momento, que es al Parlamento a quien le correspondería, si lo estima correcto hacerlo, dar una determinación al respecto, pero si éste se niega por estimarlo inconveniente, no hay camino constitucional para que en este orden de cosas se proceda a dar orden al Ejecutivo para realizar este acto. Sería ilegal que el Presidente, o cualquier funcionario que reciba esa orden, la cumpliera, pues estaría realizando algo ilícito y nulo.

De un Presidente que, con valor, y exponiendo su prestigio, pensó que, “a conciencia”, debía hacer objeciones a la legislación sobre la JEP, se espera que, en este caso, al menos igualmente grave, objete esa orden inconstitucional que ha recibido y se niegue a cumplirla. En el caso del aborto es de rememorar la actitud de gran valor cívico del Rey Balduino, de Bélgica, que prefirió renunciar a esa dignidad, con peligro de no ser restituido de su cargo (05-04-90), antes que rubricar algo en contra de la ley natural, para que otro, si lo estimaba procedente, firmara lo aprobado en el Parlamento.

Bogotá, D, C, 17 de noviembre de 2019

*Obispo Emérito de Garzón

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Gabriel Ortiz

Por Gabriel Ortiz.- Algo va de la mermelada a la corrupción. De un tiempo para acá, la mermelada ha ido tomando una fuerza inusitada. En nuestro medio a todo lo que se quiere satanizar, se le “clava” el remoquete de confituras o conservas de frutas cocidas con azúcar. Con prebendas, favores, premios y canonjías, todos los Estados suelen premiar a los partidos políticos, a los dirigentes y a todos los que en una u otra forma los benefician, o se vuelven manejables, cómodos y fáciles.

El gobierno Santos se ha llevado todos los méritos en esas materias, desde que su ministro Juán Carlos Echeverry, le dio ese calificativo a un reparto más equitativo de las regalías. Otros gobiernos –por ejemplo el de Uribe- repartían contratos, auxilios parlamentarios y muchas cositas más, para recompensar a los que se “manejaban bien” y no censuraban ministros.

Lo que ha sido una costumbre, se emplea hoy para desacreditar a quien convirtieron enemigo acérrimo de Uribe, desde el mismo momento en que ese 7 de agosto de 2010, le dijo a Colombia que era el Presidente de todos los Colombianos, e hizo nombramientos sin consultar al “eterno”.

Desde entonces la mermelada se convirtió en la fruta prohibida. Se utiliza para desacreditar al gobierno Santos, y de paso, para ocultar la galopante corrupción, que pasa por los ojos amodorrados de los encargados de los controles. De ahí que en Colombia se tapen con mermelada la corrupción, los robos de los dineros del Estado, los sobornos,  los premios a esos “amigos”, que votan amañadamente lo que el gobierno requiere. Eso no se ve, no se investiga y desde luego, no se castiga.

Esa es la diferencia entre mermelada y corrupción. La primera sirve como espejo retrovisor, la segunda para el tapen, tapen.

Así suelen ocurrir los actuales desarrollos políticos en Colombia. Se ve con asombro, como reviven la hegemonía, que había sido eliminada desde el Frente Nacional. Hoy, el gobierno Duque busca institucionalizarla de nuevo, a pesar del Servicio Civil, que le impone dique a Duque. Nadie que milite fuera del Centro Democrático, puede aspirar a un puesto gubernamental y mucho menos a un contrato.

Los agazapados en el CD, impiden que se vislumbre un Acuerdo Nacional que remedie los problemas que invaden a Colombia por la hegemonía reinante.

Es tal la influencia que quieren tener dentro del gobierno, que se atreven a todo. Ante los últimos acontecimientos, José Obdulio Gaviria, como cualquier Goebbels, cuestionó y reprobó la divulgación de los actos del gobierno Duque. Y fue más allá: le pidió la renuncia al Colega Álvaro García. Los mismos miembros del partido de Duque, desconocen su autoridad. Quieren gobernar, nombrar y destituir. El Presidente debe hacerse sentir y notificarle a Gaviria y demás parlamentarios y parlamentarias, que él es el Jefe del Estado, viejo.

BLANCO: El plantón de Roy a Acore.

NEGRO: El gélido encuentro entre la Vice Marta Lucia y la nueva canciller, Claudia Blum. Ramírez quería ese puesto.

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José G. Hernández

Por José G. Hernández*.- Desde la perspectiva de la Ciencia Política son muy interesantes y dignos de análisis los fenómenos que se han venido precipitando en varios países, entre ellos el nuestro, en lo que podríamos denominar “pulsos”, que han venido enfrentando y siguen enfrentando a gobernantes y gobernados.

En Francia, desde finales del año pasado, se hizo sentir -y con mucha fuerza- el Movimiento de los chalecos amarillos (Mouvement des gilets jaunes), que lideró la protesta iniciada a raíz del alza de los combustibles. La protesta, que se amplió después a otras demandas populares, se tradujo en gran violencia y en buena parte logró los objetivos que buscaba, porque el presidente Emmanuel Macron cedió, retirando o modificando muchas de sus medidas económicas.

Caso similar se presentó en Ecuador, en donde, a partir de las protestas indígenas -que degeneraron en violencia-  contra la subida de la gasolina, el presidente Lenin Moreno se vio precisado a derogar el Decreto 883 que contemplaba esa y otras disposiciones de carácter económico. Allí hubo un acuerdo entre Moreno y los voceros indígenas, bajo el auspicio del representante de las Naciones Unidas en Ecuador, Arnauld Peral, y todo se calmó.

Luego vino el caos en Chile, que todavía no termina. Protesta por el alza en el precio del pasaje en metro, extendida luego a otras peticiones, con muy graves hechos de violencia en varias ciudades, que desencadenaron una crisis de enormes proporciones. El presidente Sebastián Piñera no solamente revocó las medidas que fastidiaban a los manifestantes sino que provocó una crisis de gabinete y cambió a varios ministros.

En Bolivia, Evo Morales -sindicado de fraude en las elecciones presidenciales y de querer prolongar su poder hasta el infinito- “renunció”, por “recomendación” del alto mando militar, tras protestas que culminaron en violencia. Sin estar a favor o en contra de Morales, debemos decir, con objetividad, que una ruptura de la democracia -por la fiebre reeleccionista- fue contrarrestada con otra: un golpe de Estado, impulsado por la fiebre de alcanzar el poder. Y, al momento de escribir estas líneas, en Bolivia reina el caos. La Constitución ha sido violada.

Ojalá, en Colombia, el paro convocado para este 21 de noviembre se desenvuelva de manera pacífica, como lo exige la Constitución y como lo deben garantizar las autoridades. La protesta social, siempre que sea pacífica, es un derecho que debe ser respetado en la democracia. Quiera Dios que el Gobierno escuche y entienda “de qué le hablan”, si bien, por los motivos de las protestas, se le debe hablar en paz; sin acudir a desmanes, ni a vías violentas.

Estos “pulsos” entre ciudadanos del común y sus gobiernos, han tenido lugar en buena parte porque estos últimos, en vez de escuchar, dialogar y buscar consensos, prefieren mantenerse en posiciones inflexibles -particularmente en materia económica y social-, porque creen que gobernar es imponer, y solamente reaccionan y entran en la política de la concertación cuando se ha desencadenado la violencia. Sin tener en cuenta que hechos similares a los descritos no se quedan dentro de las fronteras de un país. Se transmiten como un virus; se extienden, y son aprovechados por infiltrados que buscan desestabilizar, y también por quienes aspiran a generar determinados efectos políticos.

Bogotá, D. C, 13 de noviembre de 2019

*Expresidente de la Corte Constitucional

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Jairo Gómez

Por Jairo Gómez*.- Qué desgracia la de este país. Resulta que hacer preguntas y debatir ahora es prohibido o al menos incómodo para algunos medios de comunicación e instituciones que no admiten que se les ponga en duda y, en el peor de los casos, quienes se atreven a hacerlo terminan amenazados de muerte.

No me vengan ahora con el cuento de que esto es producto de la babosa polarización; embeleco al que nos acostumbraron las élites porque no les gusta la controversia y que la sociedad se cuestione. No. Preguntar y debatir es vital para cualquier democracia y mucho más sobre una democracia como la colombiana plagada de defectos estructurales, excluyente y administrada por corruptos en todas sus instituciones, incluido el Ejército y la Policía.

Que no se pueda ejercer el control político en el Congreso eso ya es la tapa de la olla. Resulta que el Senador Roy Barreras, juicioso parlamentario, decidió destapar la desidia, ocultamiento e irresponsabilidad del Ejército en una acción militar en la que murieron, producto de un bombardeo, cerca de ocho niños y adolescentes. Con pruebas en la mano le contó al país, es decir a todos los colombianos, de un hecho aberrante que inocentes la mayoría aceptamos como un ataque normal a un grupo ilegal.

Más allá de si los muchachos se encontraban o no en el campamento del grupo ilegal o hacían parte de esa organización, lo cierto es que el Senador Barreras demostró que las falencias de la multimillonaria inteligencia militar no les permitió identificar que en el lugar había menores, de lo contrario la estrategia para el operativo hubiera sido otra.

Para el Senador Barreras, además de la muerte de los jóvenes, un hecho grave y contundente que a la final terminó tumbando al Ministro de Defensa Botero, fue el ocultamiento de la información. Éste hecho provocó la moción de censura no solo al ministro, sino al gobierno del presidente Duque que, al parecer, tampoco sabía.

Aquí fue troya, después de las denuncias, repito, bien sustentadas por el Senador del Partido de la U, éste terminó amenazado de muerte y tuvo que sacar a sus hijos del país. El baboso del Almagro y los burócratas del llamado “Grupo de Lima”, callados; mutis por el foro.

Un segundo episodio, fue el descarado irrespeto de un periodista de Blu Radio criticando al reportero de del diario la Libertad de Barranquilla porque le hizo la pregunta que había que hacerle al presidente Duque, sobre los bombardeos en que murieron ocho menores de edad. No había escuchado insolencia más elocuente: con qué autoridad un periodista critica a otro periodista por preguntar; apague y vámonos.

Pero más sorprendente aún es que el director de dicho medio, que no hace otra cosa que preguntar, en lugar de matizar la crítica la respaldó y se fue contra el reportero a quien revictimizó por denunciar en las redes el maltrato de que fue objeto por los escoltas del presidente por ejercer su derecho a preguntar: “Desde Palacio de Nariño me dicen que el presidente no escuchó la pregunta y por eso respondió: ´De qué me hablas, viejo´”. Y para salvar la clara displicencia con que el mandatario le respondió al periodista, lo justificó: “Es evidente que había mucho ruido y es seguro que el presidente no escuchó”.  

Ese es el periodismo que hoy se hace en Colombia; periodismo desde la “mesa de trabajo”. Yo le recomendaría al periodista Morales que cada que abra la boca para hablar de asuntos del gobierno, aclare que él es cuñado de Duque: es un gesto de honestidad consigo mismo, con sus oyentes y el periodismo.

A propósito de los hechos y revelaciones anteriormente relatados; critica el periodista Félix de Bedout, el olfato de los medios de comunicación y se lamenta porque los periodistas se dejaron “chiviar” del Senador Roy Barreras; sinceramente le diría que ese no es el problema; que lo grave del asunto reside en la pusilanimidad con que el periodismo contribuyó a naturalizar la violencia de Estado en Colombia durante el conflicto armado interno; nunca la miró con ojos críticos y simplemente los medios y periodistas, en muchos casos, se limitaron al parte oficial.

Bogotá, 13 de noviembre de 2019

*Periodista y Analista Político.

@jaitrotevi    

  

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Guillermo Garcia Realpe

Por Guillermo García Realpe*.- El país lo demandaba, el país lo logro. Los problemas graves de inseguridad nacional, los problemas del Cauca y los anuncios recientes en el Senado en el debate sobre moción de censura de desconocimiento de los resultados de ese bombardeo en la vereda Candilejas de San Vicente del Caguán, Caquetá, que mató a ocho niños, definitivamente no podía hacer posible la continuidad del Ministro de Defensa. 

Habían hechos muy graves a lo largo y ancho de Colombia, el de Flower Trompeta, el de Dimar Torres, pero además de la gravedad de estos hechos el Ministerio de Defensa no tenía una explicación válida, es decir, que no sabía explicar los hechos graves que ocurrían en Colombia y esa ineficiencia estaba afectando negativamente a todas nuestras Fuerzas Militares. 

A estos hechos se suman una serie de salidas en falso del ahora ex jefe de la cartera de Defensa que desacreditaban su labor al frente de ese importante Ministerio, es una cadena de errores, de declaraciones públicas desacertadas y de imprecisiones que diezmaban y hacían daño a nuestras Fuerzas. 

La grave situación de inseguridad que vive el país, la gravedad de los temas en el norte del Cauca, las repetidas masacres y violación de los Derechos Humanos, el baño de sangre  a lo largo y ancho del país hacían insostenible al dirigente gremial que asumió por quince meses las riendas de la seguridad nacional. 

A Botero le falto experticia, conocimiento del oficio, pericia, dio declaraciones equivocas y por todo eso no tuvo credibilidad. Fue víctima de un estado de cosas, que lo había condenado esa visión partidista de gobierno y su bancada. 

Ojalá esta circunstancia y esta coyuntura de la renuncia del Ministro de Defensa sirva para encuadernar al país, sirva para promover unos consensos básicos, así se mantengan ciertas diferencias partidistas, pero consensos básicos como por ejemplo construir sobre lo construido y seguir la consolidación del proceso de Paz con oportunidades en Colombia, es una gran idea que a todos los colombianos nos convoca y debe convocar al gobierno y a su bancada, cesar los ataques a la Jurisdicción Especial para la Paz, dejarla funcionar a la JEP y a todo el esquema de Justicia Transicional y por ejemplo atender los problemas básicos como lo han planteado la gente en las regiones, las comunidades indígenas del Cauca están comprometiéndose a la sustitución de los cultivos ilícitos, pues que el gobierno les “coja la caña” y en eso respaldamos al señor presidente, también una agenda legislativa no partidista sino nacional, de marcos regulatorios que le sirvan al país en muchos temas como por ejemplo la reforma política, la reforma electoral, la reforma a la justicia, que sea objeto no de un dogma, de una ideología, de una doctrina, sino de un pensamiento amplio nacional. Yo creo que en eso estamos de acuerdo todas las bancadas de diferente espectro político en el Congreso de la República. Ojalá el gobierno aproveche para mejorar estas cosas y no mantenerse en la terca situación de implementar decisiones, actitudes y agendas partidistas. 

No nos gusta por ejemplo, la reciente decisión en Naciones Unidas de abstenerse de votar la condena al bloqueo económico de los Estados Unidos a Cuba. No hemos superado la página del Ministro de Defensa cuando salió el canciller a explicar el por qué no hemos sido solidarios con Cuba cuando todo el mundo lo ha sido, con excepción de los Estados Unidos. Todo lo contrario, deberíamos mantener esa línea histórica de Colombia de que se acabe el bloqueo porque Cuba se lo merece, Cuba nos ha dado la mano a los colombianos, ha sido más los encuentros con Cuba que unos pequeños desencuentros que quiere profundizar el canciller, que con esto sinceramente se “pifió” por semejante desafuero internacional. Hay mucho por corregir en esta materia. 

Finalmente, con la renuncia del Ministro de Defensa, gana el país, ganan las Fuerzas Militares, ganó el Congreso que demostró su autonomía e independencia, gana también el Presidente de la República que tendrá la legitimidad de nombrar en ese cargo a una persona idónea, que tenga dominio de la tropa, que conozca el país rural y esa otra Colombia que reclama no más pie de fuerza, sino equidad, inversión social y oportunidades. 

Toda nuestra solidaridad con los líderes sociales asesinados, con las comunidades indígenas del norte del Cauca, no tenía otra salida el Ministro Botero, todo el país se venía afectando con su mala gestión. ¡lo logramos! 

Bogotá, D. C, 132 de noviembre de 2019

*Senador de la República

@GGarciaRealpe

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Amylkar D Acosta M

Por Amylkar D. Acosta M*.- Uno de los méritos que tiene esta reforma de la reforma es que trata de simplificar y desconstitucionalizar el Sistema General de Regalías (SGR), limitándose a establecer a través de la reforma del artículo 361 de la Constitución sus líneas gruesas, difiriendo a la Ley que lo desarrolle su reglamentación. Como lo sostuvo la ex directora del DNP, “la instancia encargada de definir los proyectos de inversión y sus mecanismos de aprobación será determinada por medio de la Ley que lo desarrollará”. Ello le dará un mayor grado de flexibilidad al SGR del que tiene hoy. De hecho, en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, refiriéndose al SGR, dejó planteada la necesidad de la “optimización de la arquitectura institucional y de su operación”. El Gobierno Nacional quedará facultado para presentar dicho proyecto de ley dentro de los seis meses siguientes, contados a partir de la sanción del Acto legislativo.

De lo que se trata es de barajar para volver a repartir. Grosso modo, esta será la redistribución que se hará mediante este proyecto de Acto legislativo de los recursos provenientes del SGR, los cuales según el mismo “se destinarán a la financiación de proyectos de inversión que contribuyan al desarrollo social, económico, educativo y ambiental de las entidades territoriales”. Los departamentos y municipios productores y portuarios pasarán de recibir como asignación directa del 10% actual al 20% de los ingresos corrientes del SGR, adicionalmente los municipios productores recibirán 5 puntos porcentuales más. Indudablemente que con esta reforma se mejora ostensiblemente la participación de los departamentos y municipios productores y portuarios, pero resulta insuficiente frente al daño infligido con el Acto legislativo 05 de 2011.

Por esta razón, consideramos que se debería extender a departamentos y municipios productores y portuarios la norma que hoy sólo aplica para las Zonas más afectadas por el conflicto (ZOMAC), lo cual abriría la posibilidad de que las empresas que operan en sus territorios puedan ejecutar obras priorizadas por dichas entidades territoriales con cargo a los impuestos que deben pagar ellas a la Nación. De esta manera se puede mejorar aún más la compensación a los departamentos y municipios productores y portuarios, sin desmedro de la participación en el SGR de aquellas entidades territoriales que no lo son. Esta propuesta es tanto más válida y pertinente si tenemos en cuenta que, según las proyecciones que se tienen, se estima que para este año al tiempo que dichas empresas pagarán $9.3 billones, aproximadamente, por concepto de regalías, pagarán a la Nación $15 billones por impuestos de rentas.

Un 15% se asignarán a todos los municipios, productores y no productores, el cual podrá ser anticipado según las circunstancias, acordes con el índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) de su población. 34% de los ingresos corrientes del SGR se destinarán a la financiación de proyectos de inversión regional de las entidades territoriales, tomando en consideración el índice de NBI y los índices de desempleo.

Se mantiene el 7% que se asignó en el Acto legislativo 04 de 2017 para dar cumplimiento a la implementación del Acuerdo final suscrito con las FARC. Se reduce el presupuesto del SGR dedicado a su funcionamiento, operatividad y administración, así como a la fiscalización, conocimiento cartográfico, el monitoreo, la evaluación, seguimiento y control en 2 puntos porcentuales, quedando en el 3%. Se asigna también 1% para la conservación de los ecosistemas estratégicos, los parques nacionales, las fuentes hídricas y para la lucha contra la deforestación y 0.5% para la protección y saneamiento de la cuenca del Río grande de la Magdalena.

Sólo en caso que el recaudo efectivo supere lo presupuestado, ya sea por mayor producción o mejores precios, el 70% de esa suma se ahorraría y el 30% iría  a los departamentos y municipios productores y portuarios “para mejorar los ingresos y diversificar la matriz productiva”. De hecho desde la expedición del Acto legislativo 04 de 2017 el ahorro pasó de ser un porcentaje fijo de los ingresos corrientes del SGR a ser algo residual. En ese mismo Acto legislativo, pese a la protesta de los gobernadores, se redujo la participación del Fondo de pensión territorial (FONPET) en el SGR del 10% al 7%, ahora dejará de recibir la inyección de recursos provenientes de las regalías.

Mención aparte merece lo relativo al Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI). No obstante que se mantiene el 10% de los ingresos corrientes del SGR, al dejar sin efecto el parágrafo 5 del Acto legislativo 04 de 2017, que modificó el Acto legislativo 05 de 2011, el cual dispuso de “convocatorias públicas abiertas y competitivas” para la postulación y ejecución de los proyectos financiados con este fondo, se retrocede. Razón tiene el científico, ex rector de la Universidad Nacional y miembro de la Misión de sabios, Moisés Wasserman, cuando afirma que, al parecer “como en aquel juego de escaleras y rodaderos, estamos en peligro de caer en la casilla que nos devuelve al principio del tablero”.

Este asunto es delicado, toda vez que, según la evaluación del SGR efectuada por la Contraloría General de la República, ha sido el Fondo de más baja ejecución, al punto que después de tener congelado por largo tiempo recursos “excedentes”, se dispuso de $1.3 billones de ellos para destinarlo a la ejecución de proyectos de vías terciarias. Y esto ocurre en un país que, a duras penas, invierte 0.27% del PIB en CTeI, en contraste con los demás países de la OCDE, de la cual ya hace parte Colombia, que invierten en promedio el 2.4% del PIB. Máxime cuando el mayor obstáculo que enfrenta la economía para crecer más y mejor estriba en la falta de productividad y competitividad, las cuales dependen en gran medida de lo que el país invierta en CTeI.

Como lo dijo el profesor Wasserman,  “esta decisión lo que muestra es la ausencia, no solo de una política de ciencia, sino de una preocupación por ella. Es claro que se considera algo que se puede dejar para después, cuando ya no tengamos urgencias, sin considerar, primero, que siempre hay urgencias y, segundo, que es precisamente la ciencia la que provee instrumentos para resolverlas”. Ojo, pues! 

Riohacha, noviembre 9 de 2019

*Expresidente del Congreso de Colombia y Exministro de Minas y Energía.

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Mauricio Cabrera Galvis

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Después de 90 días de ser expedido, entró en vigencia el decreto 1419 de agosto de 2019, por el cual se aumentaron los impuestos a las importaciones de confecciones y prendas de vestir. Los nuevos aranceles son de 37,9% cuando el valor del kilo sea inferior a US$20 y de 10% más 3 dólares el kilo, cuando el valor sea superior a US$20 dólares el kilo.

Contra su voluntad el gobierno se vio obligado a expedir esta medida pues así lo determinaron los artículos 274 y 275 de la Ley del Plan de Desarrollo (PND), incluidos por iniciativa del Congreso que atendió la solicitud de los confeccionistas nacionales que buscaban protección para sus empresas y el empleo que generan frente a las demostradas prácticas de importar prendas de vestir a precios por debajo del costo (dumping).

A los confeccionistas nacionales les ha ido muy mal con la apertura hacia adentro, la revaluación y la competencia desleal de las importaciones subfacturadas. En lo que va del siglo la producción de prendas de vestir en Colombia solo creció 20,3%, mientras el conjunto de la economía creció 74%. Peor les ha ido a los trabajadores, pues en el mismo período el número de personas empleadas en este sector cayó (sí. ¡Disminuyó!) 56,2%.

La razón no es que los colombianos hayan dejado de comprar ropa (como si pasó con otros productos como por ejemplo máquinas de fotografía o de escribir), pues las ventas de textiles en el comercio minorista crecieron 132%, es decir 6.5 veces más que la producción nacional, y la diferencia la explican las importaciones que se multiplicaron por 12 veces (crecieron 1.200%) en estos años.

Si bien los motivos de las medidas proteccionistas incluidas en el PND son validos, la manera como se implementaron es equivocada tanto en la forma como en el contenido. En la forma, porque la imposición del arancel no puede ser de iniciativa del Congreso sino del Ejecutivo. por esa razón los artículos 274 y 275 del PND fueron demandados por los gremios de importadores (Fenalco y la ANDI) y hay una alta probabilidad que sean tumbados por la Corte Constitucional.

En el contenido, porque protegen tan solo a un eslabón del sector textil, generando incluso un efecto negativo sobre los demás. Hay que recordar que el sector textil es una cadena de valor que incluye desde los productores de las materias primas (algodón y fibras naturales y sintéticas), las hilanderías que procesan los hilos, los fabricantes de telas y los confeccionistas que elaboran las prendas de vestir para el consumidor final.

Ante la muy probable caída del decreto 1419 el gobierno debe aprovechar para diseñar una estructura arancelaria que proteja a todos los eslabones de la cadena textil, y no solo a los confeccionistas, tal como la tienen desde hace años países como México, Brasil o Argentina, sin violar las normas de la OMC.

Cali, 10 de noviembre de 2019

*Filósofo y Economista. Consultor.

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Amylkar D Acosta M

Por Amylkar D. Acosta M*.- A raíz del enardecimiento de su población y de las multitudinarias manifestaciones, sin precedentes en los 29 años de vida democrática de Chile después de la caída del sátrapa Augusto Pinochet, que sacudió sus cimientos, el Presidente Sebastián Piñera reaccionó militarizando las calles de Santiago. Al referirse a la revuelta popular, se apresuró a espetar que “estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite”, asumiendo e insinuando que eran fuerzas externas, extrañas al país, quienes aupaban y estimulaban la protesta.

Esta declaración exacerbó aún más los ánimos y atizó la protesta. Pero a poco andar recapacitó y, ante la realidad de los hechos, le tocó entonar la palinodia y aceptar que este era su problema. Esto dijo, retractándose de su primera declaración: “los problemas se acumulaban desde hace muchas décadas y los distintos gobiernos no fueron ni fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud. reconozco y pido perdón por esta falta de visión”. Más claro no canta un gallo. Y, a renglón seguido, procedió a recomponer su gabinete ministerial y anunciar varias medidas, todas ellas de tipo social, en su intento de sofocar las llamas que amenazaban con abrazar al establecimiento.

Cabe preguntarse qué pasó en Chile, cuyo modelo económico se consideraba paradigmático en Latinoamérica y de la noche a la mañana se produce semejante estallido. Según el profesor emérito chileno de la Universidad de Oldenburg (Alemania) Fernando Mires en su país existe un “fuerte malestar de fondo, oculto y reprimido que de repente aparece a borbotones”. En su concepto, dicho malestar viene provocado por las fuertes desigualdades sociales que generan “privilegios solo al alcance de unos pocos, lo que termina generando un resentimiento social en la vida cotidiana del país”. El rechazo al aumento en el precio del pasaje en el Metro en 30 pesos fue sólo el florero de Llorente.

Chile y Colombia tienen en común que lograron reducir sensiblemente la pobreza y la pobreza extrema, en virtud del largo ciclo (2003-2012) de precios altos de las materias primas (cobre, petróleo, carbón, oro y ferroníquel, especialmente), gracias al cual en Colombia, por primera vez, la clase media supera el porcentaje de la población que está por debajo de la línea de pobreza. Pero, ojo, gran parte de esa clase media está en condiciones de vulnerabilidad, esto es, con un pie en la clase media y el otro en la pobreza, en riesgo de volver a caer en la trampa de la pobreza y se resiste y lucha para impedirlo. 

No cabe duda que lo que está fallando es el Modelo y la política económica y social que de él se derivan. Como lo sostiene el Nobel de economía Joseph Stiglitz, “las élites aseguraron que sus promesas se basaban en modelos económicos científicos y en la investigación basada en la evidencia´. Pues bien, cuarenta años después, las cifras están a la vista: el crecimiento se desaceleró y sus frutos fueron a parar en su gran mayoría a unos pocos en la cima de la pirámide. Con salarios estancados y bolsas en alza, los ingresos y la riqueza fluyeron hacia arriba, en vez de derramarse hacia abajo…Los ciudadanos sienten que se les vendió humo. Tienen derecho a sentirse estafados”.

Y de contera, ni en Chile ni en Colombia se ha reducido en un ápice siquiera la enorme desigualdad que acusan. Colombia es el segundo país más desigual del continente y el cuarto en el planeta y nada se está haciendo para cerrar las brechas tanto en ingresos, como en la riqueza y, en la peor de todas, en la tenencia de la tierra. Chile con un coeficiente Gini de 0.45 y Colombia de 0.51 están entre los más altos de la región. Bien dijo el célebre politólogo estadounidense de origen japonés Francis Fukuyama que “la desigualdad deslegitima el sistema político, da origen a movimientos sociales y a actores políticos antisistémicos, configura el escenario para conflictos sociales fuertemente polarizados y para una lucha por beneficios” y este es el caso!

Según el ex presidente Ricardo Lagos que, en lo que respecta al régimen impositivo chileno, “nuestro sistema tributario prácticamente no ha cambiado pese a las numerosas reformas que se han querido hacer” y agregó que en Chile “la mitad de los impuestos que se pagan corresponden al impuesto al valor agregado, al IVA, el más regresivo de los impuestos. Es la gran camisa de fuerza de los sectores derechistas y más conservadores de Chile. Y eso ha sido imposible modificarlo”. Cualquier parecido con el caso colombiano no es coincidencia.

En el caso de Chile, el propio Canciller del país austral Teodoro Ribera Neuman desmiente la intervención e interferencia foránea en su conflicto social y manifiesta claramente que el objetivo principal de su gobierno “es hacernos cargo de las demandas sociales internas y no traspasar este descontento a una intervención extranjera”. Así de claro. Y hablando de Colombia, no se puede seguir, entonces, macartizando la protesta con la ya desgastada monserga del castro-chavismo, la protesta es un derecho legal y constitucional irrenunciable de los ciudadanos que el Gobierno debe respetar y garantizar

Riohacha, noviembre 15 de 2019

*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía

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Juan Camilo Restrepo

Por Juan Camilo Restrepo*.- Quedan escasas cuatro semanas para cerrar la actual legislatura. La ponencia para la discusión de la reforma tributaria (o ley de financiamiento II) apenas se vino a radicar esta semana. Por razones legales y constitucionales la reforma tiene forzosamente que estar aprobada antes del 31 de diciembre si se quiere que rija para el año fiscal 2020. Éste, además, es el plazo de supervivencia jurídica que otorgó la Corte Constitucional. Son, pues, unas semanas cruciales las que se avecinan.

En realidad, son cruciales más por el lado de los beneficios tributarios que por el de los ingresos. Al gobierno se le apareció la virgen con los dividendos anunciados por el Banco de la República y por Ecopetrol (cerca de doce billones entre los dos) para ser transferidos a la Nación el año entrante. Con lo cual podrá cumplir ésta las metas fiscales cómodamente. Haya o no reforma tributaria.

El afán nace es por el lado de los estímulos a la actividad productiva que estaban contemplados en la ley que se cayó, y que si no se reactivan antes del 31 de diciembre no podrían entrar en aplicación el año entrante.

Con la caída de la ley de financiamiento no se dio la hecatombe que pronosticaban el gobierno y los gremios. Pero es cierto, sin embargo, que existen muchas expectativas en la actividad productiva para poder aprovechar las abundantes gabelas que les otorgó la ley tributaria. De allí la urgencia.

No es una buena ley tributaria. Pero es la única que está sobre la mesa. Y probablemente las agencias calificadoras nos bajarían la nota si el gobierno no es capaz de liderar la aprobación de una nueva ley fiscal antes de terminar el año.

El gobierno ha dicho que se debe aprobar exactamente la ley original que fue declarada inexequible. Es muy improbable que esto suceda. Ya muchos parlamentarios individualmente, y algunos partidos como colectividades, han anunciado que introducirán cambios a la ley original.

Lo que resulta indispensable es que dichos cambios sean bien meditados y calibrados. El gobierno tiene que ejercer un liderazgo en este sentido. Liderazgo que no ejerció en la pasada ocasión. Es muy probable que ante la difícil situación de desempleo que se está viviendo se introduzcan iniciativas para inducir por la vía fiscal más empleos.

No resulta tampoco conveniente que el ya muy frondoso árbol de los beneficios y gabelas tributarias se siga aumentando cuando, en rigor, lo que habría que hacer es podarlo.

El gobierno, con un exceso de optimismo, le asigna las perspectivas de un crecimiento económico del 3% y el aumento y de la inversión a los privilegios tributarios que ha otorgado a manos llenas. No hay que caer en el costoso espejismo que todo se arregla en una economía como la nuestra a punta de privilegios fiscales.

La urgencia de tramitar la ley de financiamiento II en esta legislatura desplazó las no menos urgentes reformas pensional y laboral para el año entrante. Es algo delicado y lamentable. El gobierno debería aprovechar este tiempo para preparar una buena ley pensional lo mismo que una laboral. Leyes que no tiene listas. Y ambas son apremiantes. Frente a ninguna caben improvisaciones. O ingenuidades como la de pretender -tal como se ha anunciado- que la ley pensional se va a concertar en el comité del salario mínimo. Este comité no es para eso.

Lo que se impone de ahora en adelante es un gran liderazgo (que por el momento no se vislumbra) del gobierno en el Congreso: que es el foro natural para tramitar la apretada agenda legislativa que se aproxima.

El desorden parece seguir imperando en torno a la Reforma Tributaria. A pesar de que el gobierno había dicho que no admitiría modificaciones a la ley que fue declarada inexequible, ya se han registrado 50 enmiendas que se espera suban a 100 antes de comenzar el debate.

Llegó la hora en que el gobierno tiene que tomar las riendas de los proyectos de ley en el Congreso. Tiene que liderarlos, cosa que no viene haciendo. El futuro de la credibilidad de la política económica se juega precisamente en este esquivo liderazgo.

Bogotá, D. C, 17 de noviembre de 2019

*Abogado y Economista. Exministro de Estado.

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José Félix Lafaurie Rivera

Por: José Félix Lafaurie Rivera*.-Nadie pone en duda el derecho a la protesta social. Lo que rechazamos, mirando el aterrador espejo del vecindario, es el vandalismo y la sinrazón de quienes, valiéndose del derecho a la protesta, destruyen la propiedad pública y privada.

Es, entonces, imperativa la reglamentación de la protesta social, una de las primeras propuestas por la que fue crucificado malintencionadamente el exministro Botero, porque reglamentar no es prohibir; es poner límites, pues todo derecho los tiene, tanto para los manifestantes como para la Fuerza Pública; es respetar los derechos de quienes, libremente, no quieren protestar.

Reglamentar es, también, establecer responsabilidades a quienes convocan. Personalmente pienso que es irresponsable y malintencionada la convocatoria del 21 de noviembre, no solo en un momento de crispación política y desenfrenos violentos en el continente, sino contra un gobierno que atendió el clamor de los estudiantes -no los entiendo-, que ha respondido a las expectativas salariales de los trabajadores, que lucha contra la inseguridad y la violencia heredadas, y de contera, contra mezquinos intereses políticos.

Estamos frente a una gavilla para desestabilizar al gobierno de Iván Duque; no porque sea bueno o malo, porque haya subido o bajado el desempleo, porque la economía vaya tan bien como la ven desde afuera o tan mal como la ven desde adentro, porque esté comprometido con quienes de veras quieren la paz, o porque ataque con decisión la violencia en campos y ciudades, por cuenta de una paz mal hecha y de su inmediata consecuencia: el narcotráfico.

A ese club de indignados por todo y por nada solo los une su antigobiernismo y ni siquiera necesitan ponerse de acuerdo, porque, simplemente, el enemigo de mi enemigo es mi amigo.

Petro no se resigna a su derrota en las urnas y cumple su amenaza de mantener al pueblo en las calles, sin importarle las consecuencias, porque son las que él persigue: desestabilizar la democracia para instaurar el socialismo bolivariano de sus mentores.

La izquierda, que cobija a los impunes narcoterroristas, asesinos y abusadores, beneficiarios de la paz de Santos y hoy sentados en el Congreso o, simplemente, “volados”; persigue lo de siempre: la instauración de un sistema basado en la utopía de la igualdad, la lucha de clases, el control estatal de la economía y de los derechos a la propiedad privada y la libre empresa, entre otros. Y eso tiene nombre: comunismo.

El “centrosantismo”, que hoy se viste de patria y de indignación, no se resigna a abandonar el trueque extorsionista de apoyos por mermelada. El problema no es Botero ni Carrasquilla, ni siquiera los muertos del narcotráfico, que Santos nos dejó como herencia maldita, sino los muertos de “este gobierno”; el problema es atacar al gobierno de los “enemigos de la paz”, que ellos crearon para polarizar al país, porque media Colombia, que también quería la paz, le dijo NO al acuerdo fariano y casi echa a perder el Nobel.

Y claro…, están los narcotraficantes, interesados en la anarquía que favorece su negocio. Y está “la opinión”, el sentir de millones de colombianos, con mucha información, pero “desinformados” por las redes y por algunos medios que añoran la bonanza de la pauta oficial que pagó su apoyo entusiasta.

Esos son los intereses detrás del paro nacional. Si usted va a marchar, póngase la mano en el corazón y, con responsabilidad, piense en su propio mañana y en el de Colombia. Chile no está lejos. Y lo que esperamos quienes NO marcharemos, es que la Fuerza Pública contenga con firmeza a todo aquel que pretenda desbordar los límites de sus derechos.

Bogotá, D. C, 17 de noviembre de 2019

*Presidente de Fedegan

@jflafaurie.

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Mons Libardo Ramírez

Por Mons Libardo Ramírez*.- Causa extrañeza, a algunos, que siga habiendo un “debate sin fin” (El Tiempo 27-10-19), en torno al “aborto legal”, cuando en realidad ese debate quedó abierto desde el día, para unos “memorable” para otros “lamentable”, cuando la Corte Constitucional (10-05-06), dio la Sentencia 355, considerando este asunto como “un tema de salud”, y, en tres casos determinados, “despenalizó” el delito del aborto. En querer imponer la opinión de unos pocos, y en forma sesgada, está el origen de este debate, pues no se habló en la Sentencia de “legalizar”, pero se ha querido darle esa dimensión, y la misma Corte pasó luego acrecentar diferencias al hablar de que de allí ha surgido, como un “derecho de la mujer”, pedir que se mate al hijo de sus entrañas. Además, recientemente, se ha pretendido, de parte de la misma Corte, exigir al Ejecutivo hacer reglamentación del aborto como si fuera un “derecho de la mujer”, que se puede practicar hasta los últimos días del embarazo, y que, prácticamente, los galenos no puedan presentar “objeción de conciencia”, algo tan claramente reconocido por nuestra Constitución (Art. 11), y por códigos civiles.

Como graduado en Derecho Canónico, estudioso de legislaciones de distintos países, Presidente por 12 años del Tribunal Eclesiástico Nacional, defensor del derecho natural al sagrado derecho de la vida, siento que, para bien de nuestro País, debo pronunciarme en este nuevo momento álgido. Es que de parte de la misma Corte Constitucional se pretende obligar al Presidente de la República, y colaboradores del Ramo de Salud, a dar reglamentaciones que no les corresponden, con detalles que pisotean aspectos de derecho natural que reclama el respeto a la vida, primer derecho de los seres humanos.  Es de advertir que desde el 2006 venimos repitiendo que, estamos ante reclamos no solamente de carácter religioso, sino acordes con Tratados de Derechos Humanos, y gran número de científicos, sosteniendo la preciosa realidad de la dignidad y derechos de la persona humana desde su concepción, a pocas horas de ser engendrado, hasta su muerte natural.

Es de destacar cómo, en nuestros días, hay gran sensibilidad por seres vivos de la naturaleza, las plantas, las aves, los toros, y los niños ya nacidos (postnatal), pero en relación los no nacidos (prenatal), tan débiles e indefensos, qué inclemencia, al contraponerlos a sus madres, a quienes quieren dar el derecho de exterminarlos, al considerarlos como un estorbo a sus libertades. Es que los tres casos despenalizados pueden ser fácilmente extendidos a número infinito, pues hay posibilidad de alegar causas con gran facilidad. Que hubo “violación”, cómo se puede contradecir su afirmación  si las relaciones íntimas son de ordinario sin testigos; en caso de “peligro de la salud y vida de la madre”, con qué amplitud se puede alegar, al tener en cuenta que todo embarazo trae serio peligro; ante la “deformación del niño en crecimiento uterino”, antes que matarlo hay múltiples medios  de su mejoramiento, con médicos especialistas en ello, y, siendo, por lo demás, esos niños ya nacidos, centro de amor y cuidado de hogares con sentimientos naturales humanitarios.

Existe, además, el hecho de que, apenas dada la referida Sentencia de la Corte de despenalización en los casos mencionados, dictó el Ministerio de Salud la Reglamentación 444 que fue demandada por destacados Juristas, y fue declarada nula por el Consejo de Estado (15-03-13), por incompetencia de ese Ministerio para emanarla. Se precisó, en ese momento, que es al Parlamento a quien le correspondería, si lo estima correcto hacerlo, dar una determinación al respecto, pero si éste se niega por estimarlo inconveniente, no hay camino constitucional para que en este orden de cosas se proceda a dar orden al Ejecutivo para realizar este acto. Sería ilegal que el Presidente, o cualquier funcionario que reciba esa orden, la cumpliera, pues estaría realizando algo ilícito y nulo.

De un Presidente que, con valor, y exponiendo su prestigio, pensó que, “a conciencia”, debía hacer objeciones a la legislación sobre la JEP, se espera que, en este caso, al menos igualmente grave, objete esa orden inconstitucional que ha recibido y se niegue a cumplirla. En el caso del aborto es de rememorar la actitud de gran valor cívico del Rey Balduino, de Bélgica, que prefirió renunciar a esa dignidad, con peligro de no ser restituido de su cargo (05-04-90), antes que rubricar algo en contra de la ley natural, para que otro, si lo estimaba procedente, firmara lo aprobado en el Parlamento.

Bogotá, D, C, 17 de noviembre de 2019

*Obispo Emérito de Garzón

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Gabriel Ortiz

Por Gabriel Ortiz.- Algo va de la mermelada a la corrupción. De un tiempo para acá, la mermelada ha ido tomando una fuerza inusitada. En nuestro medio a todo lo que se quiere satanizar, se le “clava” el remoquete de confituras o conservas de frutas cocidas con azúcar. Con prebendas, favores, premios y canonjías, todos los Estados suelen premiar a los partidos políticos, a los dirigentes y a todos los que en una u otra forma los benefician, o se vuelven manejables, cómodos y fáciles.

El gobierno Santos se ha llevado todos los méritos en esas materias, desde que su ministro Juán Carlos Echeverry, le dio ese calificativo a un reparto más equitativo de las regalías. Otros gobiernos –por ejemplo el de Uribe- repartían contratos, auxilios parlamentarios y muchas cositas más, para recompensar a los que se “manejaban bien” y no censuraban ministros.

Lo que ha sido una costumbre, se emplea hoy para desacreditar a quien convirtieron enemigo acérrimo de Uribe, desde el mismo momento en que ese 7 de agosto de 2010, le dijo a Colombia que era el Presidente de todos los Colombianos, e hizo nombramientos sin consultar al “eterno”.

Desde entonces la mermelada se convirtió en la fruta prohibida. Se utiliza para desacreditar al gobierno Santos, y de paso, para ocultar la galopante corrupción, que pasa por los ojos amodorrados de los encargados de los controles. De ahí que en Colombia se tapen con mermelada la corrupción, los robos de los dineros del Estado, los sobornos,  los premios a esos “amigos”, que votan amañadamente lo que el gobierno requiere. Eso no se ve, no se investiga y desde luego, no se castiga.

Esa es la diferencia entre mermelada y corrupción. La primera sirve como espejo retrovisor, la segunda para el tapen, tapen.

Así suelen ocurrir los actuales desarrollos políticos en Colombia. Se ve con asombro, como reviven la hegemonía, que había sido eliminada desde el Frente Nacional. Hoy, el gobierno Duque busca institucionalizarla de nuevo, a pesar del Servicio Civil, que le impone dique a Duque. Nadie que milite fuera del Centro Democrático, puede aspirar a un puesto gubernamental y mucho menos a un contrato.

Los agazapados en el CD, impiden que se vislumbre un Acuerdo Nacional que remedie los problemas que invaden a Colombia por la hegemonía reinante.

Es tal la influencia que quieren tener dentro del gobierno, que se atreven a todo. Ante los últimos acontecimientos, José Obdulio Gaviria, como cualquier Goebbels, cuestionó y reprobó la divulgación de los actos del gobierno Duque. Y fue más allá: le pidió la renuncia al Colega Álvaro García. Los mismos miembros del partido de Duque, desconocen su autoridad. Quieren gobernar, nombrar y destituir. El Presidente debe hacerse sentir y notificarle a Gaviria y demás parlamentarios y parlamentarias, que él es el Jefe del Estado, viejo.

BLANCO: El plantón de Roy a Acore.

NEGRO: El gélido encuentro entre la Vice Marta Lucia y la nueva canciller, Claudia Blum. Ramírez quería ese puesto.

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José G. Hernández

Por José G. Hernández*.- Desde la perspectiva de la Ciencia Política son muy interesantes y dignos de análisis los fenómenos que se han venido precipitando en varios países, entre ellos el nuestro, en lo que podríamos denominar “pulsos”, que han venido enfrentando y siguen enfrentando a gobernantes y gobernados.

En Francia, desde finales del año pasado, se hizo sentir -y con mucha fuerza- el Movimiento de los chalecos amarillos (Mouvement des gilets jaunes), que lideró la protesta iniciada a raíz del alza de los combustibles. La protesta, que se amplió después a otras demandas populares, se tradujo en gran violencia y en buena parte logró los objetivos que buscaba, porque el presidente Emmanuel Macron cedió, retirando o modificando muchas de sus medidas económicas.

Caso similar se presentó en Ecuador, en donde, a partir de las protestas indígenas -que degeneraron en violencia-  contra la subida de la gasolina, el presidente Lenin Moreno se vio precisado a derogar el Decreto 883 que contemplaba esa y otras disposiciones de carácter económico. Allí hubo un acuerdo entre Moreno y los voceros indígenas, bajo el auspicio del representante de las Naciones Unidas en Ecuador, Arnauld Peral, y todo se calmó.

Luego vino el caos en Chile, que todavía no termina. Protesta por el alza en el precio del pasaje en metro, extendida luego a otras peticiones, con muy graves hechos de violencia en varias ciudades, que desencadenaron una crisis de enormes proporciones. El presidente Sebastián Piñera no solamente revocó las medidas que fastidiaban a los manifestantes sino que provocó una crisis de gabinete y cambió a varios ministros.

En Bolivia, Evo Morales -sindicado de fraude en las elecciones presidenciales y de querer prolongar su poder hasta el infinito- “renunció”, por “recomendación” del alto mando militar, tras protestas que culminaron en violencia. Sin estar a favor o en contra de Morales, debemos decir, con objetividad, que una ruptura de la democracia -por la fiebre reeleccionista- fue contrarrestada con otra: un golpe de Estado, impulsado por la fiebre de alcanzar el poder. Y, al momento de escribir estas líneas, en Bolivia reina el caos. La Constitución ha sido violada.

Ojalá, en Colombia, el paro convocado para este 21 de noviembre se desenvuelva de manera pacífica, como lo exige la Constitución y como lo deben garantizar las autoridades. La protesta social, siempre que sea pacífica, es un derecho que debe ser respetado en la democracia. Quiera Dios que el Gobierno escuche y entienda “de qué le hablan”, si bien, por los motivos de las protestas, se le debe hablar en paz; sin acudir a desmanes, ni a vías violentas.

Estos “pulsos” entre ciudadanos del común y sus gobiernos, han tenido lugar en buena parte porque estos últimos, en vez de escuchar, dialogar y buscar consensos, prefieren mantenerse en posiciones inflexibles -particularmente en materia económica y social-, porque creen que gobernar es imponer, y solamente reaccionan y entran en la política de la concertación cuando se ha desencadenado la violencia. Sin tener en cuenta que hechos similares a los descritos no se quedan dentro de las fronteras de un país. Se transmiten como un virus; se extienden, y son aprovechados por infiltrados que buscan desestabilizar, y también por quienes aspiran a generar determinados efectos políticos.

Bogotá, D. C, 13 de noviembre de 2019

*Expresidente de la Corte Constitucional

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Jairo Gómez

Por Jairo Gómez*.- Qué desgracia la de este país. Resulta que hacer preguntas y debatir ahora es prohibido o al menos incómodo para algunos medios de comunicación e instituciones que no admiten que se les ponga en duda y, en el peor de los casos, quienes se atreven a hacerlo terminan amenazados de muerte.

No me vengan ahora con el cuento de que esto es producto de la babosa polarización; embeleco al que nos acostumbraron las élites porque no les gusta la controversia y que la sociedad se cuestione. No. Preguntar y debatir es vital para cualquier democracia y mucho más sobre una democracia como la colombiana plagada de defectos estructurales, excluyente y administrada por corruptos en todas sus instituciones, incluido el Ejército y la Policía.

Que no se pueda ejercer el control político en el Congreso eso ya es la tapa de la olla. Resulta que el Senador Roy Barreras, juicioso parlamentario, decidió destapar la desidia, ocultamiento e irresponsabilidad del Ejército en una acción militar en la que murieron, producto de un bombardeo, cerca de ocho niños y adolescentes. Con pruebas en la mano le contó al país, es decir a todos los colombianos, de un hecho aberrante que inocentes la mayoría aceptamos como un ataque normal a un grupo ilegal.

Más allá de si los muchachos se encontraban o no en el campamento del grupo ilegal o hacían parte de esa organización, lo cierto es que el Senador Barreras demostró que las falencias de la multimillonaria inteligencia militar no les permitió identificar que en el lugar había menores, de lo contrario la estrategia para el operativo hubiera sido otra.

Para el Senador Barreras, además de la muerte de los jóvenes, un hecho grave y contundente que a la final terminó tumbando al Ministro de Defensa Botero, fue el ocultamiento de la información. Éste hecho provocó la moción de censura no solo al ministro, sino al gobierno del presidente Duque que, al parecer, tampoco sabía.

Aquí fue troya, después de las denuncias, repito, bien sustentadas por el Senador del Partido de la U, éste terminó amenazado de muerte y tuvo que sacar a sus hijos del país. El baboso del Almagro y los burócratas del llamado “Grupo de Lima”, callados; mutis por el foro.

Un segundo episodio, fue el descarado irrespeto de un periodista de Blu Radio criticando al reportero de del diario la Libertad de Barranquilla porque le hizo la pregunta que había que hacerle al presidente Duque, sobre los bombardeos en que murieron ocho menores de edad. No había escuchado insolencia más elocuente: con qué autoridad un periodista critica a otro periodista por preguntar; apague y vámonos.

Pero más sorprendente aún es que el director de dicho medio, que no hace otra cosa que preguntar, en lugar de matizar la crítica la respaldó y se fue contra el reportero a quien revictimizó por denunciar en las redes el maltrato de que fue objeto por los escoltas del presidente por ejercer su derecho a preguntar: “Desde Palacio de Nariño me dicen que el presidente no escuchó la pregunta y por eso respondió: ´De qué me hablas, viejo´”. Y para salvar la clara displicencia con que el mandatario le respondió al periodista, lo justificó: “Es evidente que había mucho ruido y es seguro que el presidente no escuchó”.  

Ese es el periodismo que hoy se hace en Colombia; periodismo desde la “mesa de trabajo”. Yo le recomendaría al periodista Morales que cada que abra la boca para hablar de asuntos del gobierno, aclare que él es cuñado de Duque: es un gesto de honestidad consigo mismo, con sus oyentes y el periodismo.

A propósito de los hechos y revelaciones anteriormente relatados; critica el periodista Félix de Bedout, el olfato de los medios de comunicación y se lamenta porque los periodistas se dejaron “chiviar” del Senador Roy Barreras; sinceramente le diría que ese no es el problema; que lo grave del asunto reside en la pusilanimidad con que el periodismo contribuyó a naturalizar la violencia de Estado en Colombia durante el conflicto armado interno; nunca la miró con ojos críticos y simplemente los medios y periodistas, en muchos casos, se limitaron al parte oficial.

Bogotá, 13 de noviembre de 2019

*Periodista y Analista Político.

@jaitrotevi    

  

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Guillermo Garcia Realpe

Por Guillermo García Realpe*.- El país lo demandaba, el país lo logro. Los problemas graves de inseguridad nacional, los problemas del Cauca y los anuncios recientes en el Senado en el debate sobre moción de censura de desconocimiento de los resultados de ese bombardeo en la vereda Candilejas de San Vicente del Caguán, Caquetá, que mató a ocho niños, definitivamente no podía hacer posible la continuidad del Ministro de Defensa. 

Habían hechos muy graves a lo largo y ancho de Colombia, el de Flower Trompeta, el de Dimar Torres, pero además de la gravedad de estos hechos el Ministerio de Defensa no tenía una explicación válida, es decir, que no sabía explicar los hechos graves que ocurrían en Colombia y esa ineficiencia estaba afectando negativamente a todas nuestras Fuerzas Militares. 

A estos hechos se suman una serie de salidas en falso del ahora ex jefe de la cartera de Defensa que desacreditaban su labor al frente de ese importante Ministerio, es una cadena de errores, de declaraciones públicas desacertadas y de imprecisiones que diezmaban y hacían daño a nuestras Fuerzas. 

La grave situación de inseguridad que vive el país, la gravedad de los temas en el norte del Cauca, las repetidas masacres y violación de los Derechos Humanos, el baño de sangre  a lo largo y ancho del país hacían insostenible al dirigente gremial que asumió por quince meses las riendas de la seguridad nacional. 

A Botero le falto experticia, conocimiento del oficio, pericia, dio declaraciones equivocas y por todo eso no tuvo credibilidad. Fue víctima de un estado de cosas, que lo había condenado esa visión partidista de gobierno y su bancada. 

Ojalá esta circunstancia y esta coyuntura de la renuncia del Ministro de Defensa sirva para encuadernar al país, sirva para promover unos consensos básicos, así se mantengan ciertas diferencias partidistas, pero consensos básicos como por ejemplo construir sobre lo construido y seguir la consolidación del proceso de Paz con oportunidades en Colombia, es una gran idea que a todos los colombianos nos convoca y debe convocar al gobierno y a su bancada, cesar los ataques a la Jurisdicción Especial para la Paz, dejarla funcionar a la JEP y a todo el esquema de Justicia Transicional y por ejemplo atender los problemas básicos como lo han planteado la gente en las regiones, las comunidades indígenas del Cauca están comprometiéndose a la sustitución de los cultivos ilícitos, pues que el gobierno les “coja la caña” y en eso respaldamos al señor presidente, también una agenda legislativa no partidista sino nacional, de marcos regulatorios que le sirvan al país en muchos temas como por ejemplo la reforma política, la reforma electoral, la reforma a la justicia, que sea objeto no de un dogma, de una ideología, de una doctrina, sino de un pensamiento amplio nacional. Yo creo que en eso estamos de acuerdo todas las bancadas de diferente espectro político en el Congreso de la República. Ojalá el gobierno aproveche para mejorar estas cosas y no mantenerse en la terca situación de implementar decisiones, actitudes y agendas partidistas. 

No nos gusta por ejemplo, la reciente decisión en Naciones Unidas de abstenerse de votar la condena al bloqueo económico de los Estados Unidos a Cuba. No hemos superado la página del Ministro de Defensa cuando salió el canciller a explicar el por qué no hemos sido solidarios con Cuba cuando todo el mundo lo ha sido, con excepción de los Estados Unidos. Todo lo contrario, deberíamos mantener esa línea histórica de Colombia de que se acabe el bloqueo porque Cuba se lo merece, Cuba nos ha dado la mano a los colombianos, ha sido más los encuentros con Cuba que unos pequeños desencuentros que quiere profundizar el canciller, que con esto sinceramente se “pifió” por semejante desafuero internacional. Hay mucho por corregir en esta materia. 

Finalmente, con la renuncia del Ministro de Defensa, gana el país, ganan las Fuerzas Militares, ganó el Congreso que demostró su autonomía e independencia, gana también el Presidente de la República que tendrá la legitimidad de nombrar en ese cargo a una persona idónea, que tenga dominio de la tropa, que conozca el país rural y esa otra Colombia que reclama no más pie de fuerza, sino equidad, inversión social y oportunidades. 

Toda nuestra solidaridad con los líderes sociales asesinados, con las comunidades indígenas del norte del Cauca, no tenía otra salida el Ministro Botero, todo el país se venía afectando con su mala gestión. ¡lo logramos! 

Bogotá, D. C, 132 de noviembre de 2019

*Senador de la República

@GGarciaRealpe

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Amylkar D Acosta M

Por Amylkar D. Acosta M*.- Uno de los méritos que tiene esta reforma de la reforma es que trata de simplificar y desconstitucionalizar el Sistema General de Regalías (SGR), limitándose a establecer a través de la reforma del artículo 361 de la Constitución sus líneas gruesas, difiriendo a la Ley que lo desarrolle su reglamentación. Como lo sostuvo la ex directora del DNP, “la instancia encargada de definir los proyectos de inversión y sus mecanismos de aprobación será determinada por medio de la Ley que lo desarrollará”. Ello le dará un mayor grado de flexibilidad al SGR del que tiene hoy. De hecho, en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, refiriéndose al SGR, dejó planteada la necesidad de la “optimización de la arquitectura institucional y de su operación”. El Gobierno Nacional quedará facultado para presentar dicho proyecto de ley dentro de los seis meses siguientes, contados a partir de la sanción del Acto legislativo.

De lo que se trata es de barajar para volver a repartir. Grosso modo, esta será la redistribución que se hará mediante este proyecto de Acto legislativo de los recursos provenientes del SGR, los cuales según el mismo “se destinarán a la financiación de proyectos de inversión que contribuyan al desarrollo social, económico, educativo y ambiental de las entidades territoriales”. Los departamentos y municipios productores y portuarios pasarán de recibir como asignación directa del 10% actual al 20% de los ingresos corrientes del SGR, adicionalmente los municipios productores recibirán 5 puntos porcentuales más. Indudablemente que con esta reforma se mejora ostensiblemente la participación de los departamentos y municipios productores y portuarios, pero resulta insuficiente frente al daño infligido con el Acto legislativo 05 de 2011.

Por esta razón, consideramos que se debería extender a departamentos y municipios productores y portuarios la norma que hoy sólo aplica para las Zonas más afectadas por el conflicto (ZOMAC), lo cual abriría la posibilidad de que las empresas que operan en sus territorios puedan ejecutar obras priorizadas por dichas entidades territoriales con cargo a los impuestos que deben pagar ellas a la Nación. De esta manera se puede mejorar aún más la compensación a los departamentos y municipios productores y portuarios, sin desmedro de la participación en el SGR de aquellas entidades territoriales que no lo son. Esta propuesta es tanto más válida y pertinente si tenemos en cuenta que, según las proyecciones que se tienen, se estima que para este año al tiempo que dichas empresas pagarán $9.3 billones, aproximadamente, por concepto de regalías, pagarán a la Nación $15 billones por impuestos de rentas.

Un 15% se asignarán a todos los municipios, productores y no productores, el cual podrá ser anticipado según las circunstancias, acordes con el índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) de su población. 34% de los ingresos corrientes del SGR se destinarán a la financiación de proyectos de inversión regional de las entidades territoriales, tomando en consideración el índice de NBI y los índices de desempleo.

Se mantiene el 7% que se asignó en el Acto legislativo 04 de 2017 para dar cumplimiento a la implementación del Acuerdo final suscrito con las FARC. Se reduce el presupuesto del SGR dedicado a su funcionamiento, operatividad y administración, así como a la fiscalización, conocimiento cartográfico, el monitoreo, la evaluación, seguimiento y control en 2 puntos porcentuales, quedando en el 3%. Se asigna también 1% para la conservación de los ecosistemas estratégicos, los parques nacionales, las fuentes hídricas y para la lucha contra la deforestación y 0.5% para la protección y saneamiento de la cuenca del Río grande de la Magdalena.

Sólo en caso que el recaudo efectivo supere lo presupuestado, ya sea por mayor producción o mejores precios, el 70% de esa suma se ahorraría y el 30% iría  a los departamentos y municipios productores y portuarios “para mejorar los ingresos y diversificar la matriz productiva”. De hecho desde la expedición del Acto legislativo 04 de 2017 el ahorro pasó de ser un porcentaje fijo de los ingresos corrientes del SGR a ser algo residual. En ese mismo Acto legislativo, pese a la protesta de los gobernadores, se redujo la participación del Fondo de pensión territorial (FONPET) en el SGR del 10% al 7%, ahora dejará de recibir la inyección de recursos provenientes de las regalías.

Mención aparte merece lo relativo al Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI). No obstante que se mantiene el 10% de los ingresos corrientes del SGR, al dejar sin efecto el parágrafo 5 del Acto legislativo 04 de 2017, que modificó el Acto legislativo 05 de 2011, el cual dispuso de “convocatorias públicas abiertas y competitivas” para la postulación y ejecución de los proyectos financiados con este fondo, se retrocede. Razón tiene el científico, ex rector de la Universidad Nacional y miembro de la Misión de sabios, Moisés Wasserman, cuando afirma que, al parecer “como en aquel juego de escaleras y rodaderos, estamos en peligro de caer en la casilla que nos devuelve al principio del tablero”.

Este asunto es delicado, toda vez que, según la evaluación del SGR efectuada por la Contraloría General de la República, ha sido el Fondo de más baja ejecución, al punto que después de tener congelado por largo tiempo recursos “excedentes”, se dispuso de $1.3 billones de ellos para destinarlo a la ejecución de proyectos de vías terciarias. Y esto ocurre en un país que, a duras penas, invierte 0.27% del PIB en CTeI, en contraste con los demás países de la OCDE, de la cual ya hace parte Colombia, que invierten en promedio el 2.4% del PIB. Máxime cuando el mayor obstáculo que enfrenta la economía para crecer más y mejor estriba en la falta de productividad y competitividad, las cuales dependen en gran medida de lo que el país invierta en CTeI.

Como lo dijo el profesor Wasserman,  “esta decisión lo que muestra es la ausencia, no solo de una política de ciencia, sino de una preocupación por ella. Es claro que se considera algo que se puede dejar para después, cuando ya no tengamos urgencias, sin considerar, primero, que siempre hay urgencias y, segundo, que es precisamente la ciencia la que provee instrumentos para resolverlas”. Ojo, pues! 

Riohacha, noviembre 9 de 2019

*Expresidente del Congreso de Colombia y Exministro de Minas y Energía.

www.amylkaracosta.net

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Mauricio Cabrera Galvis

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Después de 90 días de ser expedido, entró en vigencia el decreto 1419 de agosto de 2019, por el cual se aumentaron los impuestos a las importaciones de confecciones y prendas de vestir. Los nuevos aranceles son de 37,9% cuando el valor del kilo sea inferior a US$20 y de 10% más 3 dólares el kilo, cuando el valor sea superior a US$20 dólares el kilo.

Contra su voluntad el gobierno se vio obligado a expedir esta medida pues así lo determinaron los artículos 274 y 275 de la Ley del Plan de Desarrollo (PND), incluidos por iniciativa del Congreso que atendió la solicitud de los confeccionistas nacionales que buscaban protección para sus empresas y el empleo que generan frente a las demostradas prácticas de importar prendas de vestir a precios por debajo del costo (dumping).

A los confeccionistas nacionales les ha ido muy mal con la apertura hacia adentro, la revaluación y la competencia desleal de las importaciones subfacturadas. En lo que va del siglo la producción de prendas de vestir en Colombia solo creció 20,3%, mientras el conjunto de la economía creció 74%. Peor les ha ido a los trabajadores, pues en el mismo período el número de personas empleadas en este sector cayó (sí. ¡Disminuyó!) 56,2%.

La razón no es que los colombianos hayan dejado de comprar ropa (como si pasó con otros productos como por ejemplo máquinas de fotografía o de escribir), pues las ventas de textiles en el comercio minorista crecieron 132%, es decir 6.5 veces más que la producción nacional, y la diferencia la explican las importaciones que se multiplicaron por 12 veces (crecieron 1.200%) en estos años.

Si bien los motivos de las medidas proteccionistas incluidas en el PND son validos, la manera como se implementaron es equivocada tanto en la forma como en el contenido. En la forma, porque la imposición del arancel no puede ser de iniciativa del Congreso sino del Ejecutivo. por esa razón los artículos 274 y 275 del PND fueron demandados por los gremios de importadores (Fenalco y la ANDI) y hay una alta probabilidad que sean tumbados por la Corte Constitucional.

En el contenido, porque protegen tan solo a un eslabón del sector textil, generando incluso un efecto negativo sobre los demás. Hay que recordar que el sector textil es una cadena de valor que incluye desde los productores de las materias primas (algodón y fibras naturales y sintéticas), las hilanderías que procesan los hilos, los fabricantes de telas y los confeccionistas que elaboran las prendas de vestir para el consumidor final.

Ante la muy probable caída del decreto 1419 el gobierno debe aprovechar para diseñar una estructura arancelaria que proteja a todos los eslabones de la cadena textil, y no solo a los confeccionistas, tal como la tienen desde hace años países como México, Brasil o Argentina, sin violar las normas de la OMC.

Cali, 10 de noviembre de 2019

*Filósofo y Economista. Consultor.

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