Opinión

Nada de esto tiene lugar cuando las redes sociales o los medios de comunicación sustituyen a los jueces y condenan a las personas por fuera de todo juicio o procedimiento, y sin ninguna posibilidad de defensa.

Por José G. Hernández*. -Los avances de la tecnología, siendo muy útiles para la comunicación entre las personas, no pueden sustituir o hacer inútiles las normas constitucionales o legales, ni reemplazar a los jueces en el ejercicio de su función. Es decir, un “trino” -como se llamaba antes- o un “post” -como ahora se denomina- no son sentencias, ni pueden tenerse como tales, ni condenar a una persona sin que medie sentencia judicial, ni tampoco afectar sus derechos fundamentales a la presunción de inocencia, a la honra, al buen nombre, a su prestigio y reconocimiento social. Infortunadamente, hay “condenas” en muchos casos, y se han convertido en “definitivas”, de manera pública y palpable.

Uno de los valores esenciales de nuestro ordenamiento jurídico, tal como lo señala el preámbulo de la Constitución, es la justicia, que, en un Estado de Derecho, debe ser impartida de conformidad con las garantías y derechos fundamentales, entre ellos el debido proceso, al que alude el artículo 29 de la Constitución. Señala ese precepto que “toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable”. Subrayamos: la declaración que desvirtúa la presunción de inocencia debe provenir de la administración de justicia. De un juez o tribunal competente. No de uno o de muchos mensajes en redes sociales, ni de la inteligencia artificial.

El derecho fundamental a un debido proceso incluye el derecho de defensa y el derecho a la prueba, a la luz y con plena aplicación de las leyes. Debe darse un debate ante el juez o tribunal competente, siempre rodeado el procesado de todas las garantías.

Por otra parte, el artículo 15 superior garantiza el derecho al buen nombre, y en el 21 se asegura el derecho a la honra.

Ha expresado la Corte Constitucional:

“Toda persona tiene derecho a que se presuma su inocencia y a que, en caso de sindicaciones en su contra, no se deduzcan sus responsabilidades sin haberla oído y vencido en el curso de un proceso dentro del cual haya podido, cuando menos, exponer sus propias razones, dar su versión de los hechos, esgrimir las pruebas que la favorecen y controvertir aquellas que la condenan.  La presunción de inocencia tiene que ser desvirtuada como requisito indispensable para que se haga posible la imposición de penas o de sanciones. Es imprescindible esa garantía en orden a preservar otros derechos fundamentales como el de la educación”. (Sentencia T-500 de 1992)

Añade la Corte que la garantía del debido proceso exige “la competencia de la autoridad judicial (…), la ocasión de presentar pruebas y de controvertir las que se alleguen en contra y, desde luego, la plena observancia de las formas propias de cada proceso”. (Sentencia T-520 de 1992)

Así que, en tratándose de procesos penales, tanto el texto constitucional como la jurisprudencia insisten en el carácter esencial e indispensable de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

Nada de esto tiene lugar cuando las redes sociales o los medios de comunicación sustituyen a los jueces y condenan a las personas por fuera de todo juicio o procedimiento, y sin ninguna posibilidad de defensa. Sin garantía judicial alguna. Se violan los derechos.

Bogotá, D. C, 13 de febrero 2025

Expresidente de la Corte Constitucional.

Demasiadas ilusiones rotas deja el fracaso de Petro en la Presidencia. La implosión descontrolada de su Administración es un duro golpe para la izquierda

Por Huber Ariza*. -El 4 de febrero de 2025 marcará la historia política de Colombia como el día en el que el primer presidente de izquierda en 200 años decidió correr las cortinas de la Casa de Nariño, transmitir por televisión, radio y redes sociales un Consejo de Ministros, y mostrarle sin filtros al país y al mundo la opacidad de su mandato, las enormes fracturas de su equipo de trabajo, los resentimientos de la vicepresidenta y varios altos funcionarios con los dos consentidos del mandatario, y, al mismo tiempo, creó la percepción de liviandad de una Administración de ineficientes, despistados e irrespetuosos aprendices, sin dirección ni norte, que han reducido a escombros cualquier posibilidad de reelección de la izquierda democrática en 2026.

Con esa decisión, incomprensible, absurda y hasta ilegal, el presidente Petro ha ratificado su inconmensurable capacidad de autoinfligirse daño, marchitar su prestigio, erosionar la confianza en su Gobierno y someter el resto de su mandato a una interinidad permanente, que en plena campaña presidencial tendrá muy difícil la tarea de liberarse de las etiquetas que él mismo se ha impuesto.

La renuncia del reciente posesionado director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) Jorge Rojas, uno de los más afectos amigos de Petro, apenas terminó el Consejo de Ministros, ratifica que el ambiente tóxico político-laboral hace imposible que sobreviva la sindéresis y que todo aquel que intente entrar en razón al jefe tiene como alternativa la calle, a menos que se llame Laura Sarabia, la recién nombrada Canciller, quien con 30 años, sin mayores títulos ni experiencia diplomática, tendrá que enfrentar la etapa más turbulenta de las relaciones internacionales de Colombia en la era de Trump y su política de fuerza, garrote, aislacionismo e imposición de su agenda xenófoba e imperialista.

Durante las seis horas de transmisión del mencionado evento, Petro gastó todo su capital político defendiendo a alguien en problemas con la justicia y sin ningún capital político como Armando Benedetti, su entrañable coequipero de origen santista, a quien puso a su lado por encima de la vieja militancia petrista, comparándolo, incluso, con el fundador del M-19, Jaime Bateman. Un oprobio para la militancia del Eme.

La defensa suicida de Petro a Benedetti ocupará un lugar privilegiado en la memoria de este cuatrienio, y será tema de análisis en las clases de crisis y comunicación política, ocupará un capítulo especial en un manual para matar el sueño de un Gobierno progresista, y alcanzará el nivel de mito urbano, que se enriquecerá cada día con la malicia ciudadana y el veneno de los enemigos del mandatario.

A la dimisión de Rojas le siguieron otras y el saliente ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, además, invitó al gabinete a presentar su renuncia para dejar en libertad al jefe de Estado de armar su equipo para enfrentar lo que queda de su período. Con semejante crisis sin resolver se esperan más dimisiones con sabor a destituciones.

Pocas veces en esta Administración ha existido tal avalancha de memes, caricaturas, comentarios e interpretación de lo acontecido. Hay demasiadas aristas de un acontecimiento inédito que ha despertado toda clase de morbosidades y calificativos, y sacudido el tablero político.

Después de la crisis diplomática con Trump, por el episodio de los colombianos deportados de Estados Unidos, que se resolvió con rapidez gracias al excanciller Luis Gilberto Murillo y el embajador Daniel García-Peña, quienes evitaron una catástrofe política, social y económica de incalculables consecuencias, no existe hoy un hecho político más sobresaliente en Colombia que el tsunami político generado por el propio presidente, cuyos efectos devastadores se sentirán por décadas, porque se convertirán en esencia de la narrativa demoledora de la derecha, aumentando el desencanto en la izquierda y la polarización interna en tiempos de discursos de odio y xenofobia promovidos por la agenda internacional de Trump, Bukele, Milei, Musk y la caterva de extrema derecha que sacude el planeta.

La tragedia política de la izquierda en Colombia se ha resumido en su canibalismo político, su radicalismo e infantilismo, la incapacidad de gestionar el éxito, y el peso de la guerra interna que durante más de 60 años ha convertido gran parte del país en tierra arrasada, con cientos de fosas comunes, miles de desaparecidos forzados, millones de desplazados internos, miles de ejecuciones extrajudiciales. El exterminio de la Unión Patriótica y los 6.402 falsos positivos son el sello de la tragedia humanitaria colombiana.

La mala hora de Petro es un duro golpe para la izquierda democrática. Su elección significó una luz de esperanza para la modernización democrática, la reconciliación, la justicia social y la lucha contra la corrupción en un país dominado por décadas por la derecha, anclado en la inequidad, la cleptocracia y la guerra, incapaz de cumplir los acuerdos de paz suscritos con las FARC en 2016.

El reconocimiento del incumplimiento de sus promesas de campaña y de su Plan Nacional de Desarrollo, en el mencionado Consejo de Ministros, ratifica que una cosa es hacer oposición y movilizar el país en el estallido social, durante el Gobierno de Duque, o denunciar el paramilitarismo en el Congreso, y otra muy diferente es ejercer el poder, liderar, hacer equipo, convocar el país a la unidad nacional, planificar, actuar, evaluar y demostrar resultados. El Petro opositor, firmante de paz, ideológicamente nunca se ha desmovilizado, se ha radicalizado en su doctrina y desde la Casa de Nariño, como presidente, ha inmovilizado a su propio Gobierno, minando la confianza ciudadana y cerrando espacios electorales de cara al 2026. Pensar hoy en la unidad nacional alrededor de la agenda de Gobierno es, sencillamente, una utopía.

Demasiadas ilusiones rotas deja el fracaso de Petro en la Presidencia. La implosión descontrolada de su Administración es un duro golpe para la izquierda y la antesala de una campaña presidencial marcada por el radicalismo de mandatario, retando a Trump, marchando en contravía como el último Aureliano, buscando martirizarse como Allende o encarnar el pueblo como Gaitán, tratando de imponer su ideario con un nuevo equipo sumiso a sus caprichos. En su camino encontrará a una derecha revanchista impulsada por los nuevos aires del trumpismo, y un centro político que aún no reacciona ni define el liderazgo capaz de asumir las riendas del reto electoral de 2026. A más de un año de las elecciones del Congreso y las presidenciales, el panorama político es demasiado incierto y hay mucha arena movediza en el camino hacia el poder.

El ganador de las próximas elecciones pareciera aún no estar en campaña, porque quienes gravitaban en las encuestas hasta el 20 de enero pasado, día de la posesión de Trump, tendrán que replantear sus estrategias ante la avalancha de acontecimientos globales que impactan la agenda nacional, lo que demuestra que nada está definido, que falta demasiada agua por correr debajo del puente y que los temas que decidirán el voto en Colombia cambian día a día. Hasta hace unos días era la economía, luego la guerra, ahora la defensa de la democracia, amenazada desde muchos frentes.

Nada garantiza el regreso de la derecha, pero tampoco se ve un milagro que resucite a la izquierda. Con un mundo agitado en el que Trump cada día se inventa una nueva guerra comercial, quiere rediseñar un nuevo orden internacional a su imagen y semejanza, y la estabilidad del vecindario tambalea, es imposible anticipar cuál será el ambiente político que definirá el voto de los colombianos. Lo que sí es seguro es que el eco de la implosión no controlada del petrismo se escuchará por largo tiempo.

Bogotá, D. C, 9 de febrero de 2025

*Periodista, internacionalista y analista político.

Tomado de EL País.

¿Acaso vamos hacia la economía rural centralizada, que fracasó estruendosamente con dramáticas hambrunas en los regímenes comunistas que la impusieron?

Por: José Félix Lafaurie Rivera*. -Los lectores habrán quedado “en Babia” con el título de esta columna, y aún más si les cuento que las APPA hacen parte de las AEIPDHA, que son, para empezar a desenredar, las “Áreas de Especial Interés para Proteger el Derecho Humano a la Alimentación”, en tanto que las APPA son las “Áreas de Protección para la Producción de Alimentos” y las ZPPA, “Zonas de Protección para la Producción de Alimentos” son apenas una etapa preliminar de las anteriores. Un galimatías…, ganas de enredar, dirían las abuelas.

Pues bien, más allá del rifirrafe divulgado por los medios, entre el gobernador Rendón y las ministras Carvajalino y Muhamad, por el lanzamiento de la ZPPA del Suroeste antioqueño, cabe recordar que la creación de estas “Áreas” hace parte del compromiso del presidente con el Acuerdo con las Farc, germen de muchos de nuestros males de hoy, para lo cual utilizó nuevamente la Ley del Plan, como hizo con el famoso artículo 61, en un primer intento -ya van tres- por despojar a los propietarios de recursos judiciales en procesos de expropiación de tierras y extinción de dominio.

En este caso el Gobierno modificó la Ley 388 de 1997, que establece los determinantes para el Ordenamiento Territorial, para incluir las APPA como uno de ellos, aunque es claro que su objetivo no es el ordenamiento territorial, sino el de la producción agropecuaria, lo cual no solo lesiona la autonomía local y regional, sino la libertad del individuo para elegir la orientación de su actividad productiva dentro de los límites de la frontera agrícola.

Ese era el alegato del gobernador, mientras las ministras insistían en que el objetivo es la protección de los suelos y la Resolución de la ZPPA no es un determinante ambiental ni productivo, sino apenas un referente, lo cual es cierto durante dos años máximo, después de los cuales el Ministerio establece oficialmente la APPA, que sí es vinculante para los municipios, los departamentos y los individuos, e incorpora “dentro las categorías de protección del suelo rural las áreas para la producción agrícola y ganadera y de explotación de recursos naturales”.

En una lectura rápida del documento de la UPRA que soporta la resolución -casi 600 páginas- me quedaron preguntas: ¿Es confiable su determinación de áreas si 14 de los 22 municipios tienen retrasos catastrales superiores a 10 años? ¿En un entorno de satanización de la ganadería desde el Gobierno mismo, como un uso improductivo de la tierra, será objetiva la determinación de uso si en la mayoría de los municipios la destinación en pasturas es del orden del 50%? De hecho, la ministra Carvajalino descalificó a la ganadería con acusaciones infundadas de deforestación, cuando dijo que “…tienen que invertir millones de pesos en talar una hectárea para poner una vaca”. Finalmente, si un productor cambia de actividad agropecuaria atendiendo los designios de la APPA y fracasa, ¿quién responde?

En una reciente mesa de expertos, la ministra invitaba a “una apuesta conjunta y redistributiva de la tierra”, porque el Gobierno necesita tierras para distribuir y el Acuerdo con Fedegán para compra directa está quedando atrás por falta de recursos. ¿Qué le queda? La expropiación administrativa y la extinción de dominio por el uso inadecuado de la tierra, calificado fácilmente a partir de las determinaciones de uso de las APPA. No son en vano los intentos para dejar sin recursos judiciales a los propietarios y facilitar, sobre todo, la extinción de dominio, que le saldría gratis al Gobierno.

Más grave aún: ¿Acaso vamos hacia la economía rural centralizada, que fracasó estruendosamente con dramáticas hambrunas en los regímenes comunistas que la impusieron?

Bogotá, D. C, 8 de febrero de 2025

*Presidente de Fedegan

@jflafaurie

La dignidad de toda Colombia fue arrastrada hasta el infinito por un presidente que aún no sabe a qué lo pusieron.

Por Gabriel Ortiz*. - El 4 de febrero, Petro quedó retratado de cuerpo entero y desprestigiado ante quienes llamaba “su pueblo”, que ahora lo considera “un promesero sin preparación, ni conocimientos para dirigir los destinos de nuestra patria”.

Fue uno de los alumnos que escogió Chávez para introducir dictaduras y mandatos que llamaba “progresistas”, en todo este continente.

El presidente Petro, tras su salida en falso y arrodillada ante Trump, despertó al sueño o desquicio. Entre tanto Laura, Murillo y García-Peña, le dieron “golpe blando noble y leal”. Gracias esfuerzos infrahumanos lograron atenuar, mas no superar las sanciones anunciadas. Esa crisis nos llevaría al abismo, pero ellos rogaron a las fuerzas políticas, diplomáticas y gremiales, intervenir para guarecer al gobierno y redimirlo.

El gobernante demostró nuevamente su carencia de equilibrio, cuando echó mano a la X, para desacreditar la acción de sus salvadores y con toda terquedad atizar la crisis.

Así continuó su acción camorrista por todas partes y contra todo lo que se le ocurra.

Este martes mancilló la dignidad del país, cuando convocó un improvisado consejo de ministros. Como cualquier “matrona” regañona empezó la sesión regañando y vituperando a los ministros asistentes que llegaron tarde. Nadie iba preparado, ante la premura del evento. Luego reveló a su pueblo, que su gobierno solo había cumplido 45 de las 195 que prometió cuando fue elegido. Luego se dirigió con el mayor desprecio a las negritudes, como lo hizo con el Presidente de la Corte a quien descalificó por ser conservador. Dijo que muchas obras, solo se practicaban a las regiones de los blancos, que para los negros no había nada. Igual se refirió a los indígenas y desde luego a los pobres, a quienes inunda con los mensajes y promesas a través de las 5.000 y más bodegas que paga su gobierno.

A cada ministro le fue tomando la lección y reclamándole por no cumplir sus órdenes. Ellos, hasta la Vicepresidenta, explicaron sus gestiones, que Petro desconocía. Quedó como cualquier ignorante, incapaz e inepto.

Entre tanto, se agitaba una crisis, malestar e incomodidad en el recinto, por la presencia de Laura, la nueva Canciller y Armando Benedetti, nuevo “mandamás” de ministros. Todos los presentes repudiaron a estos funcionarios. El de salud, culpable de la recesión y ruina de la salud, pasó de agache. Durante las seis horas, el presidente Petro, no ahorró vocablos, querellas e insultos a quien se le ocurría, más en ningún momento demostró sabiduría o conocimiento de lo que ha adelantado su gobierno, “porque nada ha hecho”, expresaron los asistentes. Prueba de ello, son los 100 billones del presupuesto que no se utilizaron en el 2024.

La dignidad de toda Colombia fue arrastrada hasta el infinito por un presidente que aún no sabe a qué lo pusieron. La situación general, la guerra que amenaza a todos sus habitantes, el fracaso de paz total y multiplicación de la guerrilla, el reclutamiento de niños, las obras de mala calidad y a medio empezar, la aplastante corrupción y todo lo que nuestra vista alcance, constituyen los alcances de tres años del gobierno Petro. Pero ya el pueblo, según él, lo adora, lo está es, midiendo.

BLANCO: El fallecimiento del político, abogado y amigo, Gabriel Melo Guevara. Dios lo tiene en su gloria.

NEGRO: El duro golpe de Petro a Ecopetrol, con venta de operación Fracking.     

Bogotá, D. E, 8 de febrero 2025

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.

En una democracia se ejerce el poder político a nombre del pueblo -titular de la soberanía-, no en el nombre de la persona que lo tiene a cargo transitoriamente, aunque se trate del elegido para desempeñar la jefatura del Estado y del gobierno.

Por José G. Hernández*. -Cada vez resulta más claro que, cuando el ejercicio del poder político se personaliza, rompe el orden institucional, desestabiliza al Estado en lo interno y genera enfrentamientos y rupturas a nivel internacional. Lo estamos viendo en el caso de los Estados Unidos, en donde, en pocos días y desde sus primeras decisiones y políticas, Donald Trump ha mostrado evidentes tendencias autoritarias, generando pugnacidad, guerra comercial, choques y protestas, no solamente en el interior del país, sino en el plano internacional.

Se ha iniciado una campaña contra los migrantes, en especial provenientes de México, Colombia y Venezuela. Se ha facultado a las autoridades federales para capturar y deportar a miles de personas en esa condición, aunque no hayan sido inculpadas o acusadas de haber cometido delitos, partiendo del equivocado supuesto según el cual todo migrante, por el hecho de serlo, es un criminal o un narcotraficante, aunque no hayan sido condenados, con carácter preventivo, desconociendo abiertamente la presunción de inocencia, que cobija a toda persona, con independencia de su nacionalidad y de su situación como residente. Un migrante indocumentado no necesariamente es delincuente.

En desarrollo de esa política, han llegado y siguen llegando a varios otros países -entre ellos Colombia- latinoamericanos, cientos de migrantes deportados. Según medios internacionales, se los transporta en aviones norteamericanos en cuyo interior han sido maltratados, atados de pies y manos -aunque no estén procesados ni condenados-, solamente por ser migrantes. Tal fue el motivo del crudo enfrentamiento -en redes- entre los presidentes norteamericano y colombiano, afortunadamente superado por vía diplomática. 

Se han adoptado decisiones como la de gravar con aranceles a productos provenientes de China, Canadá y México. En cuanto a México, se llegó a un acuerdo transitorio con la presidenta Claudia Sheinbaum para aplazar la medida -que era inmediata- pero tan solo durante un mes. De igual forma, y por el mismo período de tiempo, con Canadá, según anunció su primer ministro, Justin Trudeau. Hasta ahora, se ha informado que se mantiene la decisión sobre aranceles a China, desde luego con la correspondiente respuesta de retaliación.

Al momento de escribir estas líneas se conoce que el presidente Trump ha decidido suspender Usaid, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, medida que perjudicará a Colombia y a otros países.

En una democracia se ejerce el poder político a nombre del pueblo -titular de la soberanía-, no en el nombre de la persona que lo tiene a cargo transitoriamente, aunque se trate del elegido para desempeñar la jefatura del Estado y del gobierno. Precisamente, los principios democráticos defendidos por Locke, Montesquieu y Rousseau, plasmados en las constituciones, enseñan que ya no hay gobernantes absolutos, sino mandatarios que cumplen funciones delimitadas y señaladas de manera expresa por las normas. Así que no es la voluntad, el deseo o el capricho del funcionario lo que prevalece, pues las épocas de los faraones, príncipes y emperadores han quedado en el pasado.

Es verdad que Trump fue elegido por amplísima mayoría sobre la exvicepresidenta norteamericana Kamala Harris, pero sujeto a la Constitución y las leyes del país, no para que haga su voluntad, como si de un monarca se tratara, sobre la población; ni tampoco para hostilizar a los gobiernos, habitantes y empresarios de otros países.

Bogotá D. C, 5 de febrero 2025

*Expresidente de la Corte Constitucional

El martillo de la insolencia de Maduro y del Eln seguirá golpeando el yunque culposo e ingenuo del gobierno colombiano.

Por Juan Camilo Restrepo*. -En un enigmático trino comentando el comunicado de las fuerzas armadas venezolanas sobre los alcances del encuentro de nuestro Ministro de Defensa con el de Venezuela en la frontera común, el presidente Petro escribió: “Solo basta ir a la práctica juntos. Martillo y yunque. Que no desfallezca el martillo, que se endurezca el yunque”.

No queda claro si Colombia es el martillo o el yunque, pero de lo que no cabe duda es que nuestro gobierno resolvió legitimar el gobierno de Maduro permitiendo este inoportuno encuentro de ministros de la Defensa en plena crisis humanitaria del Catatumbo.

¿Qué acordaron en concreto el ministro Padrino López y nuestro titular de la cartera de defensa el ministro Velásquez? No se sabe nada en concreto, fuera de unas consabidas frases de cajón que pronunciaron después de la entrevista.

¿Se comprometió Venezuela, por ejemplo, a perseguir y a capturar los jerarcas del Eln que viven en el vecino país y a quienes a estas alturas hasta la parsimoniosa fiscalía colombiana ha solicitado su detención levantando las órdenes de captura que los protegían?  Nada de eso se dijo en la famosa reunión López-Velásquez.

Los ejercicios militares del régimen madurista, los tanques, el despliegue intimidante de cohetes, la provocadora movilización de gente armada a lo largo de la frontera, los sobrevuelos de los Sukoi sobre Cúcuta, todo esto no fue más que una payasada del régimen de Caracas que anda asustadísimo de lo que pueda ser la reacción del nuevo gobierno Trump ante un gobierno que no fue legítimamente electo, y sobre cuya probidad llueven sospechas. Y quiere que Colombia le haga de telonero calmándole el ataque de pánico que según se ha sabido reina en el palacio de Miraflores.

Como payasada es también que el Ministro de la Defensa del país bolivariano nos venga a decir que su presencia es para ayudar en la dolorosa crisis humanitaria que sufre Colombia, o que se compromete a impedir que las fuerzas guerrilleras, como el Eln, sigan operando a sus anchas en el vecino país. Como lo vienen haciendo desde hace casi tres décadas.

La única manera de creer que esto no es una nueva broma será cuando veamos esposados a los jerarcas del Eln conducidos a un vuelo en Maiquetía para ser entregados en extradición a las autoridades colombianas. Todo lo demás es una payasada más.

Eta era también un grupo subversivo “multinacional” que operaba entre los territorios vascos de Francia y de España. Fue solamente cuando estos dos países resolvieron coordinar a fondo sus servicios de inteligencia y de policía cuando se logró doblegar a Eta.

Mientras el régimen chavista siga instalado en Venezuela, y Colombia no tenga la fuerza persuasiva ni el coraje moral para de exigir de parte de Venezuela una cooperación a fondo para desvertebrar al Eln, seguiremos viendo el espectáculo menesteroso de una guerrilla que anda como pedro por su casa por el territorio venezolano, preparando incursiones arrogantes como la que hemos presenciado en el Catatumbo en los últimos días.

Mientras tanto, el martillo de la insolencia de Maduro y del Eln seguirá golpeando el yunque culposo e ingenuo del gobierno colombiano.

Luego de que los estruendosos aviones Sukoi, de fabricación rusa, irrumpieron sobre el cielo colombiano, el presidente Petro divulgó otro trino diciendo orondamente que era él quien había dado la autorización para que los amenazantes aviones de guerra del vecino país aparecieran sobre el espacio aéreo colombiano.

Lástima que los servicios de la Casa de Nariño no alcanzaron a advertir a nuestro jefe de Estado (tan complaciente con Maduro, pero tan desinteresado por las normas jurídicas de nuestro país) lo que dice el articulo 173-4 de la Constitución: “Son atribuciones del Senado… permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República”.

Bogotá, D. C, 3 de febrero 2025

*Abogado y Economista. Exministro de Estado.

Su falta de juicio lo conduce a mancillar, degradar y recortar presupuesto a las fuerzas del orden. Desconoce hacia dónde vamos.

Por Gabriel Ortiz*.- Los golpes blandos esos de los que tanto denigra el presidente Petro lo obligaron, sin percatarse, a posar sus rodillas en tierra frente a Trump, el mandamás de los Estados Unidos. La madrugada del domingo se apoderó de la X, para invadir la Internet con sus incoherentes trinos. No encontraba tema tras ese ajetreo que lo agobió durante el vuelo entre Ahiti y Bogotá.

Necesitaba expulsar mortificaciones y ultrajes al gobierno norteamericano y reclamar airadamente a Trump, por el trato indigno que daba a los colombianos que deportaba por carecer documentos. No dudó en prohibir el aterrizaje de los dos aviones que los trían.

Antes le había pedido a Trump lo invitara a un Whisky, y desapareció como suele hacerlo para eludir situaciones engorrosas. Ahí se inició la tremolina y jaleo que amenazaba a Colombia con las más violentas sanciones económicas. Aranceles inalcanzables, desertificaciones, suspensión de visas, desafueros a los colombianos aquí y allá.

El canciller Murillo, el embajador García-Peña y la nueva canciller Laura Sarabia, tuvieron que asumir las riendas de un país camino a la destrucción. No tenían otro camino ante la desaparición del jefe y le dieron un “golpe blando”, pero fiel y respetuoso.  

Láura, mostró todas sus calidades y fortalezas. Ubicó cuanto pudiera aminorar la tragedia que se cernía sobre el país y su gente. Ubicó a los miembros de la Comisión Asesora de Relaciones exteriores, tan abominada por Petro, a los expresidentes -incluido- Uribe que estuvo listo a ayudar, a los parlamentarios, a los directores de todos los partidos políticos, a los gremios económicos, a la industria y sector financiero. Era necesario encontrar inmediata salida a la crisis a la que nos condujo semejante irresponsabilidad.

En la medida en que pasaban las horas y los manejadores del “golpe blando”, desembarraban los desatinos y disparates, el autor de la crisis seguía en la sombra… desaparecido.

Quienes conocían los alcances de la hecatombe, las consecuencias y los altos costos para el país, su economía, la empresa privada, el TLC y la ciudadanía en general, formaban frentes comunes que pudieran ir avanzando hacia un proto arreglo. Se puso en juego toda la diplomacia, en la cual es experta Colombia, para borrar el graso error, que resonó en el mundo. La Celac que había sido citada, por Petro dejó solo. A nadie se le hubiera ocurrido “dar papaya” a quien se ha convertido en el hombre más poderoso del mundo.

Las aguas se han calmado y seguramente saldremos de la tormenta, pero grave que el Presidente continue trinando, sin ton ni son, desconociendo que tuvo que arrodillarse ante Trump y los norteamericanos, mientras culpaba, como siempre, a los periodistas de sus torpezas… y creyendo hoy, que 30 millones de colombianos siguen sus pésimas orientaciones. Está notificado: el golpe blando aparecerá en cualquier momento.

Petro, tan defensor de la dignidad, no se ha enterado de la situación, que soportan nuestros compatriotas en el Catatumbo y en el 35% del país que están bajo el poder de las guerrillas que él ampara. Su falta de juicio lo conduce a mancillar, degradar y recortar presupuesto a las fuerzas del orden. Desconoce hacia dónde vamos.

BLANCO: El ultimátum de la Corte al gobierno, para que aporte lo que la salud de los colombianos requiere.

NEGRO: Se lanzó como candidato a la presidencia para el 26, David Luna. Frena así los planes de Petro de “victimizarse para impedir las elecciones.

Bogotá, D, C, 1 de febrero 2025

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.

De poco o nada servirán las marchas para “bajar las tarifas de energía”.

Por Amylkar D. Acosta M*. - El Gobierno ha sido errático en su política energética, que tiene sumida en una crisis inducida al sector. Recordemos que, en septiembre de 2022, el Presidente Gustavo Petro anunció, en respuesta a la inconformidad de los usuarios por las altas tarifas, que intervendría a la CREG para bajarlas, insinuando con ello que esta era la responsable de la espiral alcista de las tarifas. Ello no le fue posible porque el Consejo de Estado le dejó en claro que él no podía suplantar a la CREG, pues tiene sus propias competencias por ministerio de la Ley.

Pero, a poco andar la CREG quedó en sus manos, con la posibilidad de nombrar en propiedad a los 6 expertos comisionados que hacen parte de la misma, como lo manda la Ley 142 de 1994 de servicios públicos. En lugar de ello, contumazmente, insiste en nombrarlos en calidad de encargados y de contera sin que, algunos de ellos cumplan con los requisitos, razón por la cual la CREG se ha mantenido en permanente interinidad y lo que es peor sin quorum para tomar sus decisiones, en momentos en los que más se requiere contar con ella.

Ha afirmado el Presidente que las alzas en las tarifas obedece a la especulación por parte de las empresas generadoras, dando lugar a precios exorbitantes en la Bolsa de energía o Mercado mayorista. Sin embargo, hasta la fecha no se conoce una sola investigación por parte de la Superintendencia de Servicios públicos, que fue creada para defender al usuario o de la Superintendencia de industria y comercio, que está obligada a intervenir cuando se presentan casos de abuso de posiciones dominante. Incluso afirmó que Colombia era el único país en donde no era el Estado quien regulaba las tarifas sino las empresas. Lo cual es falso de toda falsedad, esa es función de la CREG. No pasa de ser una falacia.

Más recientemente, en mayo del año anterior el Presidente Petro, en respuesta al clamor de los usuarios, sobre todo en la región Caribe, anunció que la Nación asumiría la deuda que por concepto de la Opción tarifaria tienen los estratos 1, 2 y 3, aproximadamente $2.8 billones de un total del saldo de $4.5 billones. De asumirse la deuda de la Opción tarifaria, esa sí sería una forma efectiva de bajar las tarifas a los más vulnerables, que son la inmensa mayoría de los usuarios, porque representan, particularmente en la región Caribe, más del 80% de estos. Con tal medida se podría reducir el costo de la factura de energía en un 24%, aproximadamente.

De manera que de poco o nada servirán las marchas para “bajar las tarifas de energía”. Con ello solo se va a botar corriente y es una cortina de humo para ocultar la incompetencia y la negligencia por parte del Gobierno al no encarar este problema con diligencia y seriedad. Bien se ha dicho que es más fácil hacer política con las tarifas que formula una política de tarifas. Y menos anuncios como el del Presidente Gustavo Petro para animarlas de que tiene entre manos “una nueva fórmula tarifaria, que una empresa que se llama XM no está aplicando”. Ello no pasa de ser un espejismo!

Riohacha, febrero 1 de 2025

*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.

www.amylkaracosta.net

Funcionarios, medios y analistas -en Estados Unidos y en Colombia- tratan a toda persona migrante o indocumentada como si, por serlo, fuera criminal o delincuente. No es así.

Por José G. Hernández*- En una auténtica democracia, toda persona, por el hecho de serlo, es titular de la dignidad humana y de los derechos esenciales a ella inherentes. El Estado y las instituciones no han sido concebidos para lesionar esa dignidad o para permitir o propiciar que los derechos sean desconocidos o vulnerados, sino -al contrario- para ejercer el poder que detenta al servicio de su garantía y protección.

En tal sentido, desde la Declaración francesa de 1789, se expresó: “Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos” (Art. 1). “La finalidad de cualquier asociación política es la protección de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre” (Art. 2).

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948, proclamó: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. (Art. 01).

El artículo 1 de la Constitución colombiana de 1991, al enunciar los fundamentos esenciales del Estado, señala como el primero “el respeto de la dignidad humana”.

La Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia, ha sostenido que la dignidad humana es un valor de primer orden, un principio fundante y un derecho fundamental. Por tanto, concibe su plena garantía como un elemento insustituible del sistema jurídico. La Corte “ha identificado tres lineamientos claros y diferenciables: (i) la dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características; (ii) la dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia; y (iii) la dignidad humana entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral o, en otras palabras, que los ciudadanos puedan vivir sin ser sometidos a cualquier forma de humillación o tortura. Frente a la funcionalidad de la norma, este Tribunal ha puntualizado tres expresiones de la dignidad humana entendida como: (i) principio fundante del ordenamiento jurídico y por tanto del Estado, y en este sentido la dignidad como valor; (ii) principio constitucional; y (iii) derecho fundamental autónomo” (Sentencia T-291 de 2016).

Reiteramos estos conceptos porque, al parecer, se olvidan o ignoran, tanto por los gobiernos como por los medios de comunicación, los comentaristas y las redes sociales. De otra manera no se explica que, en estos días, políticos y periodistas -e inclusive abogados- hayan orientado sus análisis y mensajes hacia el rechazo y la crítica al Gobierno por haber exigido -con toda razón-, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un trato digno y respetuoso de los derechos fundamentales de migrantes colombianos deportados en desarrollo de las nuevas políticas norteamericanas sobre migración. El reclamo ha debido formularse por vía diplomática, no por "X", pero era válido en su contenido.

Reiteramos que toda persona tiene derecho a que se le respete su dignidad y los derechos humanos.

Funcionarios, medios y analistas -en Estados Unidos y en Colombia- tratan a toda persona migrante o indocumentada como si, por serlo, fuera criminal o delincuente. No es así. Pero, aunque lo fueran y estuvieran privadas de la libertad, procesadas o condenadas, tienen derecho a que se les respete su dignidad y se garanticen sus derechos esenciales.

Bogotá, D. C, 29 de enero 2025

*Expresidente de la Corte Constitucional

Se espera una inundación del mercado petrolero y como consecuencia de ello una caída de la cotización del precio del barril de petróleo, lo cual tendrá un gran impacto directo en la economía colombiana, dado que este es, de lejos, el primer renglón de sus exportaciones.

Por Amylkar D. Acosta M*. - Como era de esperarse el arribo nuevamente al Salón oval de la Casa blanca del Presidente de los EEUU Donald Trump ha significado un viraje de la política ambiental de la potencia del Norte, tomando distancia de la Transición energética emprendida por Obama y secundada por Biden, después del bache que significó la primera administración Trump con respecto al compromiso adquirido derivado del Acuerdo de París de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), al renegar del mismo en 2017.

Investido del poder arremetió contra el legado de su antecesor con una andanada de órdenes ejecutivas mediante las cuales anuló 67 de sus medidas y promulgó 25 de su propia cosecha. Entre estas dispuso el retiro, otra vez, del Acuerdo de París, el cual se lo notificó a las Naciones Unidas a través de una misiva que lleva su rúbrica, alegando que EEUU no puede continuar “dilapidando” el dinero de los contribuyentes estadounidenses girándoselo a otros países que “no lo necesitan o no lo merecen”. En su discurso de posesión habló de “liberar” al sector energético y con tal fin declaró la emergencia nacional en materia energética, con el firme propósito de relanzar y reactivar los proyectos tanto mineros como hidrocarburíferos en todo el territorio estadounidense, sin excepción.

En el curso de su campaña electoral, que terminó con su elección a la Presidencia de la República, Trump fue enfático en plantear en materia de hidrocarburos su consigna de “perforar, perforar y perforar”. Lo reiteró en su discurso de posesión: EEUU  tendrá “la mayor cantidad de petróleo y gas de cualquier país del planeta y vamos a utilizarlo”. Con ello busca un mayor y mejor posicionamiento de los EEUU en el mercado petrolero  haciéndole contrapeso a la OPEP, lo que le permitirá influir mayormente en los precios del crudo, que busca abaratarlos y con ello reducir costos a su industria y de paso meter en cintura la temida inflación.

De ello se sigue que se levantarán todas las medidas expedidas por el ex presidente Biden que limitaba la exploración y explotación de hidrocarburos en áreas protegidas. Siendo el mayor productor de crudo del mundo, con 13.2 MMBD y uno de los mayores exportadores, con 3.99 MMBD, al soltarle las riendas a la industria petrolera se espera una inundación del mercado petrolero y como consecuencia de ello una caída de la cotización del precio del barril de petróleo, lo cual tendrá un gran impacto directo en la economía colombiana, dado que este es, de lejos,  el primer renglón de sus exportaciones.

Con la declinación de las reservas, la baja de la producción y la caída del precio de las decrecientes exportaciones por parte de Colombia, caerá también el ingreso de divisas, la Nación recibirá menores dividendos de parte de ECOPETROL, caerá el recaudo de impuestos de renta proveniente de la industria petrolera y las entidades territoriales verán diezmados sus ingresos provenientes de las regalías que pagan las empresas petroleras.

Además, el marginamiento de los EEUU del Acuerdo de París, es un rudo golpe a la acción climática tendiente a la descarbonización de la economía global y significará también un alejamiento de las metas y los compromisos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de cara al 2030, para contener la amenaza del Cambio climático. Tanto más, en cuanto que los EEUU es el segundo país con mayor responsabilidad de las emisiones de GEI a nivel global, después de China.

En este contexto, se torna aún más irrelevante la posición del gobierno de Colombia, que decidió descartar la firma de nuevos contratos de exploración y producción de hidrocarburos y fue más lejos al firmar el Presidente Gustavo Petro, en el marco de la COP 28, el Tratado de no proliferación de los combustibles fósiles, comprometiéndose a no seguir explorando y explotando el petróleo. Todo ello, supuestamente, como una contribución a la lucha contra el Cambio climático, que tiene en Trump uno de sus más reconocidos negacionistas, pues para él no es más que un “fraude”, un cuento chino que se inventaron para que la economía china le saque ventaja a la de EEUU.

Colombia terminará quedándose con el pecado y sin la gracia, pues la caída de su producción y de sus exportaciones de petróleo, igual que ha venido ocurriendo con el carbón que Colombia ha dejado de exportar, serán compensadas con creces por la mayor producción (17.6 veces la de Colombia) y las mayores exportaciones (10 veces las de Colombia) por parte de EEUU, en un mundo que sigue consumiendo con avidez los combustibles de origen fósil.

La Ley de Keynes es implacable: toda demanda crea su propia oferta, de la cual se sigue que mientras haya quien consuma carbón y petróleo habrá quien los produzca. De hecho en los últimos tres años lejos de aminorar la demanda por ellos, como se piensa con el deseo por parte del actual gobierno, se han registrado records históricos consecutivos. Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), la curva de la demanda por crudo sólo se estará aplanando más allá del año 2030. Como diría el Nobel de la Literatura el mexicano Octavio Paz, quienes así piensan están a las afueras de la realidad!

Cota, enero 25 de 2025

*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.

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