Amylkar D Acosta M

Por Amylkar D. Acosta M*.-Al indagar sobre las causas del aumento de la tasa de desempleo, la primera que salta a la vista, como ya quedó dicho, es la falta de dinamismo de la economía, que ha crecido en promedio 2.7% durante el último lustro, al tiempo que perdió un punto porcentual de crecimiento potencial, el cual pasó de 4.5% a 3.5% y ha venido creciendo por debajo del mismo. 

El Presidente de ANIF Sergio Clavijo y el Gerente del Banco de la República Juan José Echavarría coinciden en que el deterioro del empleo obedece a la poca creación de plazas por parte de las empresas. Este último hace hincapié en que ello se deriva “de una menor demanda por empleados; es decir, hay poca creación de empleo por parte de las empresas y no es tanto por oferta”. En efecto, las empresas con 11 o más trabajadores redujeron su nómina en 16.7%, mientras que las que tienen entre 2 y 10 la redujeron el 6.6%. Los únicos que aumentaron su nómina fueron aquellos que trabajan por cuenta propia, con un incremento del 26%. Como lo afirma el Vicepresidente de FENALCO Eduardo Visbal, el crecimiento de la tasa de desempleo responde a “un tema estructural de la falta de inversión en empresas que generan valor agregado y mano de obra”.

Por su parte el Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla manifestó que su “hipótesis sigue siendo que hemos tenido un choque muy grande proveniente de la inmigración, que ha afectado el mercado laboral. Regionalmente hay mayor afectación por el choque migratorio”. Pero, es el mismísimo Director del DANE Juan Daniel Oviedo quien refuta, cifras en mano, al Ministro Carrasquilla, según él “no podemos decir que el deterioro de las estadísticas  de empleo nacional sea a consecuencia de las migración venezolana”.

Resulta contraintuitivo atribuir a la inmigración de venezolanos el alza en la tasa de desempleo, cuando, según el DANE, la tasa de desempleo de la población migrante del país vecino en lugar de incrementarse bajó del 19.8% el año pasado al 18.9% este año. Es más, como ya lo vimos, la tasa global de participación (TGP), que mide la relación porcentual entre la población económicamente activa (PEA) y la población en edad de trabajar (PET), en lugar de subir bajó, lo cual pone de manifiesto que no es la demanda por empleo de los migrantes la que está presionando hacia arriba el desempleo.

Tampoco acierta el Ministro Carrasquilla cuando afirma que  “regionalmente hay mayor afectación por el choque migratorio”, pues, según las estadísticas del DANE, las mayores tasas de desempleo, regionalmente, se concentran en ciudades como Quibdó (20.8%, Armenia (18.1%) y Florencia (17.3%), que no son propiamente los sitios de mayor afluencia de los inmigrantes de Venezuela y, en cambio, Barranquilla, que es considerada la tercera capital con el mayor número de migrantes, se cuenta como una de las ciudades con la menor tasa de desempleo, con el 8.4% entre marzo y mayo de este año. La hipótesis del Ministro Carrasquilla, entonces, no pasa de ser una mera cortina de humo para tratar de ocultar la real realidad.  

En concepto de la revista Dinero, la recurrencia en el crecimiento del desempleo atemoriza a los consumidores y afecta aún más el Índice de confianza del consumidor (ICC) de FEDESARROLLO, el cual registró en mayo de este año un balance de – 5%, representando una reducción de 13.9 puntos porcentuales con respecto al mismo mes del año anterior, afectando el consumo, que participó con el 72% del PIB(¡!) en el primer trimestre de este año. En el mes de junio empeoró al registrar el ICC el 6.3%. Y ello, de contera, llevará a los empresarios a aplazar sus inversiones o ampliaciones de sus factorías y “por lo tanto no contratarían más empleados o, peor aún, empezarían a despedir más personas”.

De este modo nos topamos con una causalidad circular de la que es difícil de escapar: la baja del consumo redunda en una menor inversión y esta a su vez afecta la demanda de fuerza de trabajo, deteriorando el ingreso y la capacidad adquisitiva del consumidor. Es como el perro dando vueltas sobre si mismo tratando de morderse la cola. Definitivamente está probado y comprobado que el mejor estimulante para que los empresarios se animen a invertir y a generar más empleo es la demanda y no las gabelas impositivas que se le dispensan generosamente, como se hizo recientemente mediante la Ley de financiamiento.

 

Bogotá, julio 20 de 2019

*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net

Write comment (0 Comments)

Jorge Enríque Robledo

Por Jorge Enrique Robledo*.- El fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenó deshacer el negocio que creó a Medimás EPS nos dio la razón a quienes interpusimos una acción popular en su contra y es de importancia superlativa. Por lo que decide, ¡y porque establece que las compraventas de las EPS no son “negocios entre privados” que pueden hacer lo que se les dé la gana!, falacia que han intentado imponer los gobiernos de Santos y Duque –otra vez de acuerdo– y que facilita el desgreño y la corrupción con los recursos públicos de la salud. Que el Consejo de Estado no vaya a cometer el gravísimo error de echar atrás lo decidido.

El caso Medimás empieza cuando la Superintendencia de Salud, en 2010, le ordenó a la Saludcoop EPS dirigida por Carlos Palacino devolverle al sistema de Salud 627 mil millones de pesos de los que se había apropiado ilegalmente. Luego de un debate mío en el Senado en 2011, la Contraloría aumentó a 1,4 billones la plata a devolver y la EPS terminó intervenida por el gobierno. Pero los interventores oficiales siguieron con las prácticas de Palacino –hubo sanciones contra ellos y los Supersalud involucrados–, los 1,4 billones se perdieron y la crisis de Saludcoop arrastró a Cafesalud EPS (http://bit.ly/2JHyh5p). Y el gobierno de Santos, aunque la presentó como una decisión “entre privados”, determinó venderle Saludcoop-Cafesalud a Medimás, incluida la joya de la corona: los 5,6 millones de clientes que tenía en 2017, con los cuatro billones de pesos anuales que el Estado pagaba por ellos.

Al destaparse el proceso secreto que llevó a la constitución de Medimás EPS, el primer rechazo vino de la Procuraduría, porque fallaban sus bases legales y terminaría mal para la gente (http://bit.ly/2YW66EV). Tan errado y contrario a la ley era, que el Tribunal de Administrativo de Cundinamarca alcanzó a otorgarnos una medida cautelar suspendiéndolo, en razón de que los compradores carecían de las condiciones de experiencia y financieras para asumir con éxito esa responsabilidad y porque se les aceptaron las gabelas normativas más insólitas.

Como lo que mal empieza mal termina, en junio de 2018, la Contraloría y la Procuraduría le pidieron a la Supersalud intervenir a Medimás por la mala atención a los usuarios, el incumplimiento de las cuotas de la compra de Saludcoop-Cafesalud, el exceso de contratación con sus propias IPS, los contratos irregulares, etc., etc. (http://bit.ly/2Lz7D0C). Y ha sido especialmente cruel el trato que les ha dado a sus trabajadores ( http://bit.ly/2JH976Y), situación que el Tribunal también ordenó corregir.

Entre otras medidas, el Tribunal declaró vulnerados los derechos colectivos constitucionales al patrimonio público, la libre competencia y el acceso al servicio de salud. Dejó sin efectos la venta de Saludcoop-Cafésalud a Medimás, ordenó liquidarla y, por acción popular simultánea, determinó que sus usuarios se distribuyeran entre las demás EPS del país, con las debidas garantías. Exhortó a la Contraloría a investigar a MBA Lazard Colombia SAS, la trasnacional que diseñó el negocio. Llamó a la Superintendencia de Industria a actuar contra las prácticas anticompetitivas. Y estableció que el Decreto 718 de 2017 del ministro de Salud vulneró esos derechos y le ordenó al gobierno derogarlo.

La sentencia del Tribunal –ver resumen en http://bit.ly/2Sxc2Sw– destruye la falacia santista de que el negocio de Medimás lo determinó solita la liquidadora “privada” de Saludcoop EPS. Porque en ese cargo la nombró el gobierno y ella contrató a Lazard para que diseñara el negocio en términos que fueron acordados entre los compradores, la Supersalud, la Presidencia de la República y el Ministerio de Salud, cuyo titular, Alejandro Gaviria, expidió el Decreto 718 de 2017, según el Tribunal, “la génesis de la vulneración sistemática de los derechos” a la salud, al acomodar las normas legales –contra la Constitución–, a la medida de los intereses de las clínicas que montaron a Medimás. Esta puede ser la licitación más “sastre” de la historia del país y por ello, en realidad, con un solo oferente.

Y a pesar de que el Tribunal lo prohibió de manera expresa, hubo una compraventa de acciones de Medimás o, más precisamente, de Prestnewco, la compañía que está detrás de la EPS, decisión que ya demandó por desacato el propio Tribunal.

Bogotá, D. C, 20 de julio de 2019

*Senador del Polo Democrático Alternativo

@JERobledo

Write comment (0 Comments)

Mauricio Cabrera Galvis

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Exordio: El 26 de julio ¡Caminemos por la vida! Hay que parar el asesinato impune de los líderes sociales, de los defensores de derechos humanos, de los guerrilleros que entregaron sus armas. En toda Colombia y en más de 20 ciudades de otros países saldremos a las calles a gritar que la vida es sagrada. En Colombia se han convocado marchas en cerca de 30 ciudades. La cita en Bucaramanga es el viernes a las 5 de la tarde en el el parque San Pio.

¿Qué tienen en común Villavicencio y Buenaventura? Que después de más de 20 años no ha sido posible terminar las carreteras que las unen con el centro del país, y que los últimos derrumbes han limitado el tráfico normal de los millones de toneladas de alimentos y mercancías que surten todos los mercados nacionales.

¿Qué tienen de diferente Villavicencio y Buenaventura? Que el derrumbe que cerró el paso en Guayabetal (km 58) se ha convertido en un problema nacional con gran despliegue en todos los medios, de manera que la carretera a los Llanos ha recibido atención prioritaria del Gobierno, que inclusive ha destinado miles de millones de pesos del presupuesto nacional para la emergencia, a pesar de ser una vía entregada a un concesionario privado.

Por el contrario, las restricciones de tráfico en la carretera a Buenaventura pasan casi desapercibidos en los medios nacionales, y no parece que los funcionarios de Bogotá tuvieran premura en solucionarlos, a pesar de que hace más de un año se revirtió el contrato con el concesionario privado y la vía pasó a ser responsabilidad del Invias.

Hoy, el riesgo más grave en esta carretera está en el kilómetro 89 donde colapsaron totalmente dos de las cuatro calzadas de la vía y está fracturada la tercera de manera que el tráfico está restringido a una sola calzada, que por el sobre uso puede llegar a colapsar pronto, lo que cerraría totalmente el paso.

Otra diferencia importante es que la vía a los Llanos tiene alternativas: mucho más largas y deterioradas pero por lo menos existe la posibilidad de transitar. Por el contrario, después de Loboguerrero no hay vía alterna a Buenaventura, de manera que si se cierra colapsaría también nuestro comercio exterior pues, excluyendo el petróleo y los combustibles que se mueven por oleoductos, por la carretera a Buenaventura pasa la cuarta parte de los bienes que se exportan e importan del país.

La responsabilidad de esta carretera es del Invias, entidad que además desde hace más de un año se está quedando con los multimillonarios recursos de los peajes de la malla vial del Valle, sin hacerle ningún mantenimiento.

Cali, 21 de julio de 2019

*Filósofo y Economista. Consultor.

Write comment (0 Comments)

Monseñor Ricardo Tobón Restrepo

Por: Mons. Ricardo Tobón Restrepo*. - Entre los elementos litúrgicos, tienen especial importancia los libros aprobados con los textos bíblicos y eucológicos y con las especificaciones de los ritos que son parte de los actos del culto. Los libros litúrgicos, a través de las plegarias y la presentación de los signos que expresan la fe, transmiten la tradición de la Iglesia. Además, ayudan para que la fe no sea patrimonio de una persona o de un grupo de fieles, sino la expresión de la vida de la única Iglesia de Cristo, que celebra en comunión los misterios de la salvación.

Estos libros elaborados con la experiencia espiritual y la reflexión teológica de la Iglesia, acumuladas durante siglos, manifiestan, en la variedad de las formas, los diversos modos de celebrar el misterio de la redención ofrecido a la humanidad por el Padre, en Cristo, mediante la gracia del Espíritu. Por eso, en ellos está lo que oramos, que es lo mismo que debemos creer y vivir. Son, en realidad, una rica mina de espiritualidad, de teología y de vida.

El Concilio Vaticano II pidió una revisión general de los libros litúrgicos, con la posibilidad de hacer las adaptaciones necesarias y de traducirlos a las diversas lenguas vernáculas. Varios grupos de expertos trabajaron, entonces, en su composición y las Conferencias Episcopales han venido haciendo diversas versiones y ediciones de estos libros entre los que sobresalen el misal, los leccionarios, el pontifical romano, los rituales de los sacramentos y la liturgia de las horas.

En Colombia, hemos utilizado diversas ediciones de los libros litúrgicos; unas hechas en el país y otras traídas de España, México, Perú… Esto comporta varios problemas; entre ellos, la falta de unidad en la traducción de las oraciones y de los textos bíblicos, que se leen de una manera en el misal, de otra en los leccionarios, de otra en el breviario y de otra en los rituales. Por eso, se ha emprendido la importante tarea de hacer una edición completa, a partir de la Biblia para el uso litúrgico aprobada en España.

Los beneficios de esta edición son grandes:

1) Lograr la unidad en el conjunto de los libros litúrgicos y en la totalidad de las parroquias y capellanías de Colombia. No tiene sentido que cuando se cambia de lugar, aun dentro de una misma ciudad, se celebre con un texto distinto. Los países de habla inglesa, aun con tan gran diversidad, han mantenido la unidad de una misma versión en los libros litúrgicos.

2) Llegar a una misma traducción del texto bíblico para la liturgia, la catequesis y aún para el estudio. El pueblo de Dios está encontrando la Palabra de una manera en su parroquia, de otra en las transmisiones radiales o televisivas y de otra en los folletos de divulgación pastoral. Esto dificulta mucho citar y memorizar los textos.

3) Tener los libros litúrgicos con las adaptaciones convenientes y aprobadas para nuestro país. Esto ofrece la posibilidad de construir celebraciones diferenciadas, de modo que respondan a diversas circunstancias, siempre dentro del espíritu litúrgico, la comunión eclesial y la búsqueda del bien de los fieles.

4) Contar con una edición digna, en una buena composición tipográfica y una adecuada presentación externa, que manifieste el respeto con que tratamos las realidades santas que los libros litúrgicos contienen. Sabemos que la misma liturgia prevé signos de veneración especialmente hacia los leccionarios. Se supera también que en una parte se celebre con un texto oficial, en otra con un libro de bolsillo y en otra con una hoja suelta.

Hasta ahora, han sido publicados los leccionarios para la celebración eucarística diaria de los años par e impar; el leccionario para adviento, cuaresma y pascua; los leccionarios para los ciclos dominicales A, B y C. Los pueden adquirir en la Curia Arquidiocesana sólo los sacerdotes y miembros de las instituciones católicas, para evitar que personas que no están en comunión se los apropien con los fines ya conocidos.  Próximamente tendremos el misal y los rituales.

Como se ha terminado ya el plazo dado para comenzar a celebrar con estos nuevos leccionarios, que todavía algunas parroquias y muchas capellanías no han adquirido, pido a todos, sacerdotes, religiosas y laicos, entrar en esta unidad e incluso aprovechar el precio de esta primera edición.

Medellín 20 de julio de 2019

+ Ricardo Tobón Restrepo

*Arzobispo de Medellín

Write comment (0 Comments)

José Félix Lafaurie Rivera

Por: José Félix Lafaurie Rivera*.- “…un personaje propio del renacimiento. Ecuménico en sus conocimientos y en sus propósitos, de mirada larga, de conocedor y hacedor de historia. Es por eso que sus conceptos y señalamientos siguen teniendo plena vigencia…”. Estas palabras las escribió, en 2005, Enrique Gómez en el aniversario del magnicidio de su hermano Álvaro, pero bien las habría podido escribir Álvaro refiriéndose a su hermano Enrique.

Es difícil hacer grandes diferencias entre dos hermanos que nacieron con las turbulencias del siglo XX, en el descanso entre las dos guerras, que bebieron temprano del ambiente cultural europeo y del de su familia, herederos de la brillantez y la verticalidad de Laureano Gómez, pero también de sus estigmas; del político conservador más relevante del siglo XX, del fundador de El Siglo y firmante del Pacto de Sitges con Alberto Lleras, pero también de quien la acomodaticia narrativa de los sectores liberales y de izquierda ha querido endilgarle todas las responsabilidades de “La Violencia”; del genio que era y del monstruo que le inventaron.

Álvaro, con mayor protagonismo político; Enrique, más reservado pero no menos combativo en la defensa de sus convicciones. Álvaro, más “abierto” si se quiere; Enrique, siempre directo en el hablar, en el trato, pero ambos impecables en “el ser”; lo que hoy llamarían un “caballero” a carta cabal, un calificativo que se está convirtiendo en rareza, en especie en extinción, y que era una impronta de Enrique Gómez; como una marca de familia.

Ambos, Álvaro y Enrique, transitaron por la política defendiendo las ideas conservadoras en las que se fraguó nuestra nacionalidad, las mismas que hoy se tildan de “reaccionarias”, anticuadas y hasta fascistas, porque ahora defender la vida y la familia es anticuado; promover la seguridad, el orden y la disciplina social que hacen tanta falta, ha pasado a ser sospechosa actitud de una extrema derecha peligrosa; porque hoy la religiosidad manifiesta y coherente resulta vergonzante, al civismo se opone la viveza y a la honorabilidad –otra palabra en desuso– el “todo vale”.

Ambos, Álvaro y Enrique, asumieron la tradición familiar del periodismo a través de El Siglo, que desempeñaron con la profundidad y altura que eran muy suyas; y ambos también, entregaron con generosidad a las nuevas generaciones, desde la cátedra universitaria, todo su acervo de cultura y conocimientos. Yo, sin haber sido su alumno, recibí de Enrique un legado de valores y enseñanzas que han guiado buena parte de mis motivaciones.

Acaba de morir Enrique, y todavía no salgo de la impresión de haber estado con él horas antes de su último suspiro; de haber compartido sus últimos balbuceos y hasta de habernos tomado una foto que conservaré con discreción y respeto por su memoria.

Como expresé en las redes, miles de recuerdos de Enrique Gómez Hurtado me atropellan en su partida. Él y María Ángela fueron compañeros inseparables de mis padres. Con él tejió mi padre una entrañable amistad y fue su compañero de largas tertulias, unidos por la política y la vasta cultura que ambos cultivaron. Y claro, por dos españolas que les alegraron la vida.

En sus últimos años, como su familia, Enrique ocupó sus energías en el empeño de no dejar en la impunidad el asesinato de su hermano. A quienes estuvimos cerca de ese drama familiar nos queda la nostalgia, o mejor, la indignación, de que el país todavía no sepa o no quiera saber ¿Por qué lo mataron?, como tituló su último libro. Bien sabía Enrique por qué lo hicieron, y ya lo estará conversando con su hermano del alma. Paz en su tumba.

Bogotá, D. C, 19 de Julio 2019

*Presidente de Fedegan

@jflafaurie

Write comment (0 Comments)

Guillermo García Realpe

Por: Guillermo García Realpe*. - La visita a Colombia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es un hecho histórico, muy importante y le aporta mucho al país para su convivencia pacífica y para la consolidación de la Paz y del proceso de Paz en particular. 

La reunión que tuvimos con la Comisión de Paz del Senado de la República la consideramos absolutamente positiva, concreta, clara y vimos al mundo representado en su Consejo de Seguridad con sus delegados de la China, de Estados Unidos, de Rusia y de todas las potencias mundiales con su compromiso permanente e histórico para que continúe el proceso. 

Escuchar a Gustavo Meza, peruano que preside el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, decir; que el proceso de Paz de Colombia es ejemplar en el mundo, también eficiente como mecanismo de solución de conflictos, es una muy buena noticia y avala una vez más la legitimidad que en Colombia y en el mundo ha tenido el proceso de Paz, porque ha habido versiones de partidos políticos, especialmente el partido de gobierno en Colombia, el Centro Democrático, que dice que este acuerdo de Paz, fue un acuerdo con el terrorismo y con el narcotráfico, qué equivocado esta esté partido del Centro Democrático. El Presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas lo desmiente y ratifica la aceptación mundial que el proceso de Paz en materia de justicia transicional cumple los estándares internacionales aceptados por los países, la comunidad internacional y la Corte Penal Internacional. 

Yo pienso que, suficiente explicación, suficiente información con esta declaración contundente de él peruano Gustavo Meza. Pero también, lo hicieron los delegados de los países potencias mundiales, como el delgado de China, quien manifestó  con palabras textuales “que es un proceso de Paz de un contenido  exitoso, es un modelo brillante en el mundo, es una historia de éxitos”. También lo que dice el Representante de los Estados Unidos quien manifestó el apoyo total de su país al proceso de paz colombiano. 

Estás  y otras manifestaciones del mundo entero representadas en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dan a nosotros los colombianos ánimo, nos da claridad y empeño para continuar adelante defendiendo la Paz, el proceso y los acuerdos para que se implemente cuanto antes y evitemos que Colombia vuelva a la guerra. 

Los últimos sucesos, especialmente lo ocurrido en el municipio de Cumbitara, en el departamento de Nariño con la muerte de dos soldados y otros once uniformados de nuestra Fuerza Pública heridos, nos dan mucha más razón de que esos hechos deben permanecer como unos episodios que sucedían en otros tiempos, no a los de ahora. Lamentamos la muerte de estos soldados, le ofrecemos nuestra voz de solidaridad a sus familias y a la institución militar, pero estos hechos son los que no se deben repetir y para que no se repitan en Nariño, ni en ningún lugar de Colombia, debe seguir el proceso de Paz. 

Su implementación en los diferentes aspectos de democracia y de política aprobándose las 16 curules que representarán a las regiones marginadas  de Colombia, y especialmente las víctimas. 

Deberá entonces continuar el proceso de Paz con su implementación aplicando toda una reforma agraria, acceso a tierras, mejoramiento de tierras  y formalización de tierras, no sólo para los desmovilizados, sino para los millones de campesinos que requieren esta superación  de la falta de tierras adecuadas. 

También continuar con los procesos de sustitución de cultivos ilícitos  a lo largo y ancho de Colombia, especialmente en el Sur, en el Occidente y en el Pacífico, en Cauca y Nariño particularmente, con procesos eficientes, legales y rentables para promover ingreso  y promover oportunidades en el campo  y luchar contra la pobreza y marginalidad de nuestras gentes. 

Bogotá, D. E, 16 de julio de 2009 

*Senador de la República 

@GGarciaRealpe

 

Write comment (0 Comments)

José Felix Lafaurie Rivera

Por José Felix Lafaurie Rivera.- “¿Quién quiere tumbar a MinDefensa?”

Curioso país este, en el que, cuando un funcionario cumple a cabalidad sus funciones y, al hacerlo, pisa callos en las madrigueras del narcotráfico, el bandidaje y la corrupción, los afectados se confabulan para tumbarlo y, sorprendentemente, logran apoyo en matoneadores mediáticos a la caza de cualquier nimiedad para hacer su tarea de desprestigio. El caso del ministro de Defensa es patético.

Cuando Botero entrega información provisional a los medios sobre el asesinato de Dimar Torres, con el compromiso de complementarla en el curso de la investigación…, le cae el mundo encima; cuando afirma, con cifras oficiales, que en Puerto Carreño el principal delito es el hurto a residencias y acude a una desafortunada referencia…, le cayó el mundo encima.

Una directiva del comandante del Ejército para mejorar resultados en la lucha contra el crimen, es ladinamente malinterpretada por un periodista como patente de corso para revivir falsos positivos…, y al ministro le cae el mundo encima.

Desde el gobierno pasado asesinan líderes sociales en las regiones donde se bajó la guardia frente al narcotráfico, y el exministro Villegas se atrevió a decir que, en su mayoría, eran “líos de faldas”, sin que nadie chistara; pero hoy, ante la persistencia del fenómeno y a pesar de los esfuerzos del Gobierno, al ministro, para variar…, le cae el mundo encima.

Esos matoneadores mediáticos, ya sean ingenuos o malintencionados, crean narrativas que arrasan con meritorias carreras. Botero, a quien temerariamente tildan de incompetente y desinformado, no es ningún “pintado en la pared”, sino un experimentado empresario, conocedor de la realidad nacional y curtido dirigente, durante casi dos décadas, de uno de los gremios más importantes del país.

Entonces, ¿Quién está interesado en desprestigiarlo y, de paso, al gobierno Duque?; ¿Quién quiere tumbar a Botero? La lista de los callos pisados la encabezan los partidos de izquierda, defensores de la impunidad del acuerdo fariano, y sus enmermelados socios del “centro difuso”, que fracasaron en la moción de censura.

Lo quieren tumbar los narcotraficantes y las Farc, que, aún sin aspersión aérea, ven amenazadas sus 200.000 hectáreas de coca, ante la efectividad en la erradicación manual, que pasó de 23 a 100 grupos móviles con mayores niveles de seguridad.

Quieren tumbarlo las mafias del microtráfico, ante la cruzada de la Policía Nacional en la erradicación de “ollas” y persecución de jíbaros, desterrados de más de 43.000 parques y 49.000 entornos educativos en todo el país.

 Quieren tumbarlo las bandas criminales, que han perdido a más de 100 cabecillas y un 68% más de maquinaria destinada a la minería ilegal.

Y desde la entraña de las Fuerzas Militares quieren tumbarlo las manzanas podridas de la corrupción. Desde hace años están documentadas en los medios y en la Fiscalía las escandalosas irregularidades del general Mejía, desde su tránsito por la aviación del Ejército, en compras de helicópteros y costosos entrenamientos, entre otras, pero así llegó a la Comandancia y hoy goza de buen retiro y flamante embajada, mientras las investigaciones en la Fiscalía no avanzan.

El país se escandalizó frente a las recientes denuncias contra oficiales corruptos, pero el medio que las hizo parece no querer meterse con Mejía y con sus válidos, frente a cuyas corruptelas, Villegas y Santos miraron para otro lado, en lo que se podría interpretar como “sucia mermelada” en pago por prestarle su uniforme a la mesa de negociaciones.

Atacar a Nicacio Martínez y a Guillermo Botero es una forma de desviar la atención y echarle tierra a conductas vergonzosas que, sin embargo, no mancillan la tradición heroica de una institución dos veces centenaria.

Bogotá, D. C, 15 de julio de 2019

*Presidente de Fedegan.

Write comment (0 Comments)

Juan Camilo Restrepo Salazar

Por Juan Camilo Restrepo*.- En la Asamblea de la Alianza del Pacífico, que se celebró en Lima la semana pasada, el Presidente Duque hizo, entre otras, dos propuestas. Una plausible que consiste en excluir de la Alianza el sector lácteo. Otra extraña por llamarla benignamente: que los países de la Alianza Pacífico expidieran una lista negra de aquellas compañías que se han visto envueltas en sobornos y escándalos, para que les caiga la sanción social y para que los gobiernos de la Alianza prohíban contratar con ellas.

La primera propuesta, que se hace pensando principalmente en Nueva Zelanda, tiene toda la lógica del mundo. El sector lácteo es uno de los más frágiles en nuestros países. Y exponerlo abruptamente a una competencia sin cuartel como ha sucedido con el TLC que tenemos suscrito con Estados Unidos y con la Unión Europea, en los que inconsulta y precipitadamente se incluyó dentro de los programas de liberación al sector lácteo, no hubiera traído sino innecesarios dolores de cabeza.

Nueva Zelanda es un monstruo en todo lo que concierne a la industria láctea, al paso que nosotros con más de 300.000 pequeños lecheros hubiéramos quedado como el eslabón más débil en la alianza. Simple y llanamente nos hubieran arrollado.

El lácteo es uno de los sectores del agro donde más empleos se generan pero donde más pobreza y atraso tecnológico se registra. La modernización de nuestro sector lácteo hay que continuarla por supuesto. Pero no es a través de la ducha fría de una competencia despiadada como la que hubiéramos recibido de un gigante como New Zeland se hubiera logrado.

Hay que recordar que los centroamericanos cuando estaban negociando su TLC con la Unión Europea tuvieron el buen juicio de excluir el sector lácteo. Una buena lección que no aprendimos cuando negociamos con Estados Unidos ni con la Unión Europea, pero que ahora en la Alianza Pacifico sí hemos tenido en cuenta.

Mucho menos plausible resulta la propuesta que se hizo en Lima por el Presidente Duque de hacer una “lista negra” con las empresas sobornadoras y corruptas, para que sobre ellas recaiga la sanción social y la prohibición para contratar con el Estado.

No porque tales propósitos no sean meritorios, que lo son, sino por la simple razón de porqué el gobierno colombiano -que tiene y de sobra la información sobre las empresas corruptas que operan o han operado en nuestro país- no implementa unilateralmente dicha lista negra, en vez de ponerse a buscar una utópica lista multilateral que probablemente nunca se produzca.

Si hubiera decisión política de parte de nuestro gobierno, en vez de querer brillar efímeramente con dicha propuesta en las pasarelas diplomáticas como sucedió en Lima la semana pasada, esa lista negra la podemos producir en pocos días. Nosotros mismos. La ha reclamado en el pasado la Procuraduría, pero la enredó la anterior Fiscalía como ha quedado demostrado por las investigaciones periodísticas que se han publicado.

En vez de proponer “listas negras” conjuntas con los países de la Alianza Pacífico, el gobierno colombiano debería más bien solicitar asistencia técnica del sistema judicial peruano y aún del brasileño, para que nos den cartilla de cómo -con decisión y coraje- sí se pueden llevar tras las rejas a los representantes legales de empresas sobornadoras y corruptos. Lo que nos ha faltado hasta ahora es decisión y coraje. No lista negras.

Bogotá, D. C, 15 de julio de 2019

*Abogado y Economista. Exministro de Estado.

Write comment (0 Comments)

Amylkar D Acosta M

Por Amylkar D. Acosta M.- El Presidente Iván Duque había dicho durante su campaña que “las empresas están asfixiadas con tanta carga tributaria…debemos bajar impuestos para que puedan generar más y mejor empleo”. Luego, el Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla haciendo eco a estas palabras  sostuvo que el sistema tributario “es muy agresivo con las empresas formales”. Y fue más allá, diciendo que “tenemos una estructura tributaria que castiga severamente la competitividad, la formalidad, el empleo y el emprendimiento y, por lo tanto, el crecimiento a mediano plazo de la economía. Tenemos que arreglar ese problema”.

Y, efectivamente en la reforma tributaria, que disfrazaron de Ley de financiamiento ( Ley 1943, aprobada a finales del año anterior) se le bajó la tasa marginal del impuesto de renta a las empresas del 34% al 30%, buscando abaratar el uso del capital en Colombia y, como si esto fuera poco, además de mantenerle las gabelas impositivas otorgadas en reformas anteriores le aprobaron otras más, con un costo fiscal que ronda los $10 billones (¡!). Utilizando la frase del Ministro Carrasquilla, “ese problema” lo arreglaron a su manera. Advertimos que ello era un espejismo, que ese alivio tributario se traduciría en mayores utilidades para las empresas, pero no iban a generar más empleo y los resultados están a la vista.

Como es bien sabido el crecimiento del PIB en el primer trimestre de 2019 estuvo por debajo de las expectativas del gobierno, del Banco de la República y de la previsión de centros de pensamiento tan serios como FEDESARROLLO y ANIF. El magro crecimiento alcanzado, de sólo 2.29%, resulta insuficiente para estimular la generación de empleo. Según el Gerente de investigaciones económicas  del Banco de Bogotá Camilo Pérez, históricamente se requería de un crecimiento de 2.5% anual para que el mercado laboral estuviera en equilibrio, esto es que la tasa de desempleo interanual ni suba ni baje. Esa era la “cifra mágica”, pero ahora la economía es más exigente, según sus estimaciones sólo un ritmo de crecimiento del PIB del 3% permitiría estabilizar la tasa de desempleo.

Como nos lo recuerda ANIF, “a la economía colombiana le tomó una década bajar la tasa de desempleo del 20% durante la crisis hipotecaria de fin de siglo a cerca del 10% durante 2009 – 2014”. Después que en el 2013 dicha tasa cayera hasta un solo dígito, durante los años 2014 y 2015, la tasa de desempleo cayó de manera persistente del 9.6% al 9.1% y 8.9%, respectivamente, a partir del año 2016 dicha tendencia se revirtió, registrando el 9.2%, el 9.4% y 9.7%, en su orden, durante los años 2016, 2017 y 2018.

Después de 6 años de tasas de desempleo de un solo dígito, en mayo se completaron 6 meses consecutivos en niveles de dos dígitos, desde que en diciembre del año anterior se alcanzó la tasa de 10.7%. Como lo sostiene ANIF, “esta tasa de desempleo encontró un punto de resistencia estructural a niveles del 9% en 2015 y ha tendido a agravarse posteriormente”.

En efecto, según el DANE, en mayo de este año la tasa de desempleo se situó en el 10.5%, 0.8 puntos porcentuales por encima del registro para el mismo mes en 2018 (9.7%), el más alto desde 2012 cuando alcanzó el 10.7%, alejándose de la meta que se fijó el Presidente Iván Duque en su cónclave reciente con su gabinete en la hacienda presidencia Hato grande, de 7.9% para el 2022. Ello es tanto más preocupante habida cuenta que dicho incremento en el número de desempleados se da a la par de una caída de un punto porcentual de la tasa general de participación (TGP), de quienes buscan activamente trabajo, la cual pasó del 64.1% en mayo de 2018 a 63.1% en mayo de 2019. Ello lo que refleja el desánimo de quienes buscan infructuosamente un trabajo y al no lograrlo se resignan a engrosar la población inactiva.Huelga decir que de haber sido más alta la TGP la tasa de desempleo habría sido mayor.

Es de anotar que entre 2005 y 2015 el promedio del crecimiento de la oferta laboral fue del 2% anual, luego bajó a 0.67% en 2018 y entre enero y abril de este año sólo el 0.47%. Entre tanto la demanda laboral creció entre los años 2005 y 2015 a un ritmo de 2.4% y entre 2015 y 2018 a duras penas el 0.7%. Por su parte la tasa de ocupación pasó del 57.9% en mayo de 2018 a 56.4%, es decir se perdieron 1.5 puntos porcentuales.

De las cifras suministradas por el DANE se infiere que en la actualidad están ocupadas 22.16 millones de personas, 290.000 menos que un año atrás, 2.6 millones de desempleados, 191.000 más, y 14.1 millones de inactivos, 596.000 más en mayo de este año con respecto al mismo mes del año pasado.  Si sumamos los que perdieron su empleo el último año con los que se sumaron a la población inactiva, en el último año no sólo no se ha generado más empleo sino que la destrucción neta de empleo alcanza la cifra de 787.000 plazas, lo cual es una barbaridad!

Al desempleo abierto se viene a sumar el que se disfraza bajo la modalidad del subempleo y la informalidad; hace un año, según el DANE, representaba el 39.1% de las personas ocupadas y ahora este porcentaje se elevó al 43.3%, para un incremento de 614.000 personas, con ingresos precarios, que se sustraen del empleo decente. Es de destacar que el sector en donde se han perdido más empleo es en el sector agropecuario (327.000, aproximadamente), el mismo que acusa la informalidad laboral más aberrante con el 89% (¡!). Esta, según el Director del Observatorio del Mercado de Trabajo Seguridad social de la Universidad Externado de Colombia Stefano Ferné, es “una verdadera catástrofe laboral que tiene precedentes sólo en noviembre de 2008, cuando la crisis financiera internacional deprimió el crecimiento de la economía colombiana”.  Así de grave! 

Bogotá, D.C, julio 13 de 2019

www.amylkaracosta.net

 

 

Write comment (0 Comments)

Mauricio Cabrera Galvis

Por Mauricio Cabrera Galvis.- La semana pasada planteaba que el glifosato o cualquier forma de erradicación forzosa de cultivos de coca es inútil si no va acompañada de alternativas de producción y generación de ingresos para los campesinos cultivadores. La tesis no es original ni propia.

De hecho es una estrategia avalada internacionalmente desde 1997 cuando se creó la oficina de la ONU para las drogas y el crimen (UNODC). La Asamblea General de la ONU en 1998 instó a combatir el narcotráfico con una estrategia de “Desarrollo Alternativo”, la cual definió así:

“Un proceso para prevenir y eliminar los cultivos ilícitos de plantas que contienen narcóticos y sustancias sicotrópicas, mediante el diseño de políticas de desarrollo rural, en el contexto de los esfuerzos de crecimiento económico y desarrollo sostenible en los países que luchan contra las drogas, reconociendo las características particulares de las comunidades y grupos afectados, y en el contexto de una solución permanente y comprehensiva del problema de las drogas ilícitas”

El ejemplo más exitoso de esta estrategia es el que realizó Tailandia, y que ha sido analizado en un artículo reciente publicado en la revista de la London School of Economics (https://bit.ly/2NWAxtu).

En los años 60 Tailandia era el mayor productor de opio en el mundo, en el triángulo de oro de la frontera con Laos y Myanmar, región controlada por guerrillas y violentos grupos ilegales. Después de años de infructuosos intentos de reducir los cultivos de amapola mediante la fuerza y la represión (no se si Monsanto les vendía glifosato), las autoridades entendieron que la causa de la proliferación de cultivos ilícitos era la pobreza, la inseguridad y la ausencia de alternativas legales de subsistencia. Es decir que los cultivos de droga no eran el problema sino el síntoma.

Entonces diseñaron un programa de desarrollo integral para las zonas afectadas, en el que primero se trataba de mejorar las condiciones de vida de las comunidades y crear oportunidades de empleo y generación de ingresos, inclusive antes de erradicar los cultivos. Es un proyecto de largo plazo que empezó a finales de los 80, con tres fases conocidas como las 3-S: Supervivencia, Suficiencia y Sostenibilidad. En la primera se empezaron a incentivar cultivos de café y macadamia y a mejorar las condiciones de alimentación, salud y educación con fondos públicos y ayuda internacional. En la segunda, se desarrollaron las cadenas de valor de sus proyectos productivos y en la tercera se enfatiza el empoderamiento y la capacitación de los habitantes para que sean dueños de su propio destino.

En Colombia hay otro caso exitoso en el departamento de Caldas, donde se erradicaron todos los cultivos de coca mediante el trabajo con la comunidad, el desarrollo de cultivos de aguacate, caucho y café, y la inversión pública en carreteras y servicios públicos. No hubo resiembra porque la erradicación de la coca se hizo con sustitución y sin glifosato.

Cali, 14 de julio de 2019

Filósofo y Economista. Consultor

Write comment (0 Comments)
Amylkar D Acosta M

Por Amylkar D. Acosta M*.-Al indagar sobre las causas del aumento de la tasa de desempleo, la primera que salta a la vista, como ya quedó dicho, es la falta de dinamismo de la economía, que ha crecido en promedio 2.7% durante el último lustro, al tiempo que perdió un punto porcentual de crecimiento potencial, el cual pasó de 4.5% a 3.5% y ha venido creciendo por debajo del mismo. 

El Presidente de ANIF Sergio Clavijo y el Gerente del Banco de la República Juan José Echavarría coinciden en que el deterioro del empleo obedece a la poca creación de plazas por parte de las empresas. Este último hace hincapié en que ello se deriva “de una menor demanda por empleados; es decir, hay poca creación de empleo por parte de las empresas y no es tanto por oferta”. En efecto, las empresas con 11 o más trabajadores redujeron su nómina en 16.7%, mientras que las que tienen entre 2 y 10 la redujeron el 6.6%. Los únicos que aumentaron su nómina fueron aquellos que trabajan por cuenta propia, con un incremento del 26%. Como lo afirma el Vicepresidente de FENALCO Eduardo Visbal, el crecimiento de la tasa de desempleo responde a “un tema estructural de la falta de inversión en empresas que generan valor agregado y mano de obra”.

Por su parte el Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla manifestó que su “hipótesis sigue siendo que hemos tenido un choque muy grande proveniente de la inmigración, que ha afectado el mercado laboral. Regionalmente hay mayor afectación por el choque migratorio”. Pero, es el mismísimo Director del DANE Juan Daniel Oviedo quien refuta, cifras en mano, al Ministro Carrasquilla, según él “no podemos decir que el deterioro de las estadísticas  de empleo nacional sea a consecuencia de las migración venezolana”.

Resulta contraintuitivo atribuir a la inmigración de venezolanos el alza en la tasa de desempleo, cuando, según el DANE, la tasa de desempleo de la población migrante del país vecino en lugar de incrementarse bajó del 19.8% el año pasado al 18.9% este año. Es más, como ya lo vimos, la tasa global de participación (TGP), que mide la relación porcentual entre la población económicamente activa (PEA) y la población en edad de trabajar (PET), en lugar de subir bajó, lo cual pone de manifiesto que no es la demanda por empleo de los migrantes la que está presionando hacia arriba el desempleo.

Tampoco acierta el Ministro Carrasquilla cuando afirma que  “regionalmente hay mayor afectación por el choque migratorio”, pues, según las estadísticas del DANE, las mayores tasas de desempleo, regionalmente, se concentran en ciudades como Quibdó (20.8%, Armenia (18.1%) y Florencia (17.3%), que no son propiamente los sitios de mayor afluencia de los inmigrantes de Venezuela y, en cambio, Barranquilla, que es considerada la tercera capital con el mayor número de migrantes, se cuenta como una de las ciudades con la menor tasa de desempleo, con el 8.4% entre marzo y mayo de este año. La hipótesis del Ministro Carrasquilla, entonces, no pasa de ser una mera cortina de humo para tratar de ocultar la real realidad.  

En concepto de la revista Dinero, la recurrencia en el crecimiento del desempleo atemoriza a los consumidores y afecta aún más el Índice de confianza del consumidor (ICC) de FEDESARROLLO, el cual registró en mayo de este año un balance de – 5%, representando una reducción de 13.9 puntos porcentuales con respecto al mismo mes del año anterior, afectando el consumo, que participó con el 72% del PIB(¡!) en el primer trimestre de este año. En el mes de junio empeoró al registrar el ICC el 6.3%. Y ello, de contera, llevará a los empresarios a aplazar sus inversiones o ampliaciones de sus factorías y “por lo tanto no contratarían más empleados o, peor aún, empezarían a despedir más personas”.

De este modo nos topamos con una causalidad circular de la que es difícil de escapar: la baja del consumo redunda en una menor inversión y esta a su vez afecta la demanda de fuerza de trabajo, deteriorando el ingreso y la capacidad adquisitiva del consumidor. Es como el perro dando vueltas sobre si mismo tratando de morderse la cola. Definitivamente está probado y comprobado que el mejor estimulante para que los empresarios se animen a invertir y a generar más empleo es la demanda y no las gabelas impositivas que se le dispensan generosamente, como se hizo recientemente mediante la Ley de financiamiento.

 

Bogotá, julio 20 de 2019

*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net

Write comment (0 Comments)
Jorge Enríque Robledo

Por Jorge Enrique Robledo*.- El fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenó deshacer el negocio que creó a Medimás EPS nos dio la razón a quienes interpusimos una acción popular en su contra y es de importancia superlativa. Por lo que decide, ¡y porque establece que las compraventas de las EPS no son “negocios entre privados” que pueden hacer lo que se les dé la gana!, falacia que han intentado imponer los gobiernos de Santos y Duque –otra vez de acuerdo– y que facilita el desgreño y la corrupción con los recursos públicos de la salud. Que el Consejo de Estado no vaya a cometer el gravísimo error de echar atrás lo decidido.

El caso Medimás empieza cuando la Superintendencia de Salud, en 2010, le ordenó a la Saludcoop EPS dirigida por Carlos Palacino devolverle al sistema de Salud 627 mil millones de pesos de los que se había apropiado ilegalmente. Luego de un debate mío en el Senado en 2011, la Contraloría aumentó a 1,4 billones la plata a devolver y la EPS terminó intervenida por el gobierno. Pero los interventores oficiales siguieron con las prácticas de Palacino –hubo sanciones contra ellos y los Supersalud involucrados–, los 1,4 billones se perdieron y la crisis de Saludcoop arrastró a Cafesalud EPS (http://bit.ly/2JHyh5p). Y el gobierno de Santos, aunque la presentó como una decisión “entre privados”, determinó venderle Saludcoop-Cafesalud a Medimás, incluida la joya de la corona: los 5,6 millones de clientes que tenía en 2017, con los cuatro billones de pesos anuales que el Estado pagaba por ellos.

Al destaparse el proceso secreto que llevó a la constitución de Medimás EPS, el primer rechazo vino de la Procuraduría, porque fallaban sus bases legales y terminaría mal para la gente (http://bit.ly/2YW66EV). Tan errado y contrario a la ley era, que el Tribunal de Administrativo de Cundinamarca alcanzó a otorgarnos una medida cautelar suspendiéndolo, en razón de que los compradores carecían de las condiciones de experiencia y financieras para asumir con éxito esa responsabilidad y porque se les aceptaron las gabelas normativas más insólitas.

Como lo que mal empieza mal termina, en junio de 2018, la Contraloría y la Procuraduría le pidieron a la Supersalud intervenir a Medimás por la mala atención a los usuarios, el incumplimiento de las cuotas de la compra de Saludcoop-Cafesalud, el exceso de contratación con sus propias IPS, los contratos irregulares, etc., etc. (http://bit.ly/2Lz7D0C). Y ha sido especialmente cruel el trato que les ha dado a sus trabajadores ( http://bit.ly/2JH976Y), situación que el Tribunal también ordenó corregir.

Entre otras medidas, el Tribunal declaró vulnerados los derechos colectivos constitucionales al patrimonio público, la libre competencia y el acceso al servicio de salud. Dejó sin efectos la venta de Saludcoop-Cafésalud a Medimás, ordenó liquidarla y, por acción popular simultánea, determinó que sus usuarios se distribuyeran entre las demás EPS del país, con las debidas garantías. Exhortó a la Contraloría a investigar a MBA Lazard Colombia SAS, la trasnacional que diseñó el negocio. Llamó a la Superintendencia de Industria a actuar contra las prácticas anticompetitivas. Y estableció que el Decreto 718 de 2017 del ministro de Salud vulneró esos derechos y le ordenó al gobierno derogarlo.

La sentencia del Tribunal –ver resumen en http://bit.ly/2Sxc2Sw– destruye la falacia santista de que el negocio de Medimás lo determinó solita la liquidadora “privada” de Saludcoop EPS. Porque en ese cargo la nombró el gobierno y ella contrató a Lazard para que diseñara el negocio en términos que fueron acordados entre los compradores, la Supersalud, la Presidencia de la República y el Ministerio de Salud, cuyo titular, Alejandro Gaviria, expidió el Decreto 718 de 2017, según el Tribunal, “la génesis de la vulneración sistemática de los derechos” a la salud, al acomodar las normas legales –contra la Constitución–, a la medida de los intereses de las clínicas que montaron a Medimás. Esta puede ser la licitación más “sastre” de la historia del país y por ello, en realidad, con un solo oferente.

Y a pesar de que el Tribunal lo prohibió de manera expresa, hubo una compraventa de acciones de Medimás o, más precisamente, de Prestnewco, la compañía que está detrás de la EPS, decisión que ya demandó por desacato el propio Tribunal.

Bogotá, D. C, 20 de julio de 2019

*Senador del Polo Democrático Alternativo

@JERobledo

Write comment (0 Comments)
Mauricio Cabrera Galvis

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Exordio: El 26 de julio ¡Caminemos por la vida! Hay que parar el asesinato impune de los líderes sociales, de los defensores de derechos humanos, de los guerrilleros que entregaron sus armas. En toda Colombia y en más de 20 ciudades de otros países saldremos a las calles a gritar que la vida es sagrada. En Colombia se han convocado marchas en cerca de 30 ciudades. La cita en Bucaramanga es el viernes a las 5 de la tarde en el el parque San Pio.

¿Qué tienen en común Villavicencio y Buenaventura? Que después de más de 20 años no ha sido posible terminar las carreteras que las unen con el centro del país, y que los últimos derrumbes han limitado el tráfico normal de los millones de toneladas de alimentos y mercancías que surten todos los mercados nacionales.

¿Qué tienen de diferente Villavicencio y Buenaventura? Que el derrumbe que cerró el paso en Guayabetal (km 58) se ha convertido en un problema nacional con gran despliegue en todos los medios, de manera que la carretera a los Llanos ha recibido atención prioritaria del Gobierno, que inclusive ha destinado miles de millones de pesos del presupuesto nacional para la emergencia, a pesar de ser una vía entregada a un concesionario privado.

Por el contrario, las restricciones de tráfico en la carretera a Buenaventura pasan casi desapercibidos en los medios nacionales, y no parece que los funcionarios de Bogotá tuvieran premura en solucionarlos, a pesar de que hace más de un año se revirtió el contrato con el concesionario privado y la vía pasó a ser responsabilidad del Invias.

Hoy, el riesgo más grave en esta carretera está en el kilómetro 89 donde colapsaron totalmente dos de las cuatro calzadas de la vía y está fracturada la tercera de manera que el tráfico está restringido a una sola calzada, que por el sobre uso puede llegar a colapsar pronto, lo que cerraría totalmente el paso.

Otra diferencia importante es que la vía a los Llanos tiene alternativas: mucho más largas y deterioradas pero por lo menos existe la posibilidad de transitar. Por el contrario, después de Loboguerrero no hay vía alterna a Buenaventura, de manera que si se cierra colapsaría también nuestro comercio exterior pues, excluyendo el petróleo y los combustibles que se mueven por oleoductos, por la carretera a Buenaventura pasa la cuarta parte de los bienes que se exportan e importan del país.

La responsabilidad de esta carretera es del Invias, entidad que además desde hace más de un año se está quedando con los multimillonarios recursos de los peajes de la malla vial del Valle, sin hacerle ningún mantenimiento.

Cali, 21 de julio de 2019

*Filósofo y Economista. Consultor.

Write comment (0 Comments)
Monseñor Ricardo Tobón Restrepo

Por: Mons. Ricardo Tobón Restrepo*. - Entre los elementos litúrgicos, tienen especial importancia los libros aprobados con los textos bíblicos y eucológicos y con las especificaciones de los ritos que son parte de los actos del culto. Los libros litúrgicos, a través de las plegarias y la presentación de los signos que expresan la fe, transmiten la tradición de la Iglesia. Además, ayudan para que la fe no sea patrimonio de una persona o de un grupo de fieles, sino la expresión de la vida de la única Iglesia de Cristo, que celebra en comunión los misterios de la salvación.

Estos libros elaborados con la experiencia espiritual y la reflexión teológica de la Iglesia, acumuladas durante siglos, manifiestan, en la variedad de las formas, los diversos modos de celebrar el misterio de la redención ofrecido a la humanidad por el Padre, en Cristo, mediante la gracia del Espíritu. Por eso, en ellos está lo que oramos, que es lo mismo que debemos creer y vivir. Son, en realidad, una rica mina de espiritualidad, de teología y de vida.

El Concilio Vaticano II pidió una revisión general de los libros litúrgicos, con la posibilidad de hacer las adaptaciones necesarias y de traducirlos a las diversas lenguas vernáculas. Varios grupos de expertos trabajaron, entonces, en su composición y las Conferencias Episcopales han venido haciendo diversas versiones y ediciones de estos libros entre los que sobresalen el misal, los leccionarios, el pontifical romano, los rituales de los sacramentos y la liturgia de las horas.

En Colombia, hemos utilizado diversas ediciones de los libros litúrgicos; unas hechas en el país y otras traídas de España, México, Perú… Esto comporta varios problemas; entre ellos, la falta de unidad en la traducción de las oraciones y de los textos bíblicos, que se leen de una manera en el misal, de otra en los leccionarios, de otra en el breviario y de otra en los rituales. Por eso, se ha emprendido la importante tarea de hacer una edición completa, a partir de la Biblia para el uso litúrgico aprobada en España.

Los beneficios de esta edición son grandes:

1) Lograr la unidad en el conjunto de los libros litúrgicos y en la totalidad de las parroquias y capellanías de Colombia. No tiene sentido que cuando se cambia de lugar, aun dentro de una misma ciudad, se celebre con un texto distinto. Los países de habla inglesa, aun con tan gran diversidad, han mantenido la unidad de una misma versión en los libros litúrgicos.

2) Llegar a una misma traducción del texto bíblico para la liturgia, la catequesis y aún para el estudio. El pueblo de Dios está encontrando la Palabra de una manera en su parroquia, de otra en las transmisiones radiales o televisivas y de otra en los folletos de divulgación pastoral. Esto dificulta mucho citar y memorizar los textos.

3) Tener los libros litúrgicos con las adaptaciones convenientes y aprobadas para nuestro país. Esto ofrece la posibilidad de construir celebraciones diferenciadas, de modo que respondan a diversas circunstancias, siempre dentro del espíritu litúrgico, la comunión eclesial y la búsqueda del bien de los fieles.

4) Contar con una edición digna, en una buena composición tipográfica y una adecuada presentación externa, que manifieste el respeto con que tratamos las realidades santas que los libros litúrgicos contienen. Sabemos que la misma liturgia prevé signos de veneración especialmente hacia los leccionarios. Se supera también que en una parte se celebre con un texto oficial, en otra con un libro de bolsillo y en otra con una hoja suelta.

Hasta ahora, han sido publicados los leccionarios para la celebración eucarística diaria de los años par e impar; el leccionario para adviento, cuaresma y pascua; los leccionarios para los ciclos dominicales A, B y C. Los pueden adquirir en la Curia Arquidiocesana sólo los sacerdotes y miembros de las instituciones católicas, para evitar que personas que no están en comunión se los apropien con los fines ya conocidos.  Próximamente tendremos el misal y los rituales.

Como se ha terminado ya el plazo dado para comenzar a celebrar con estos nuevos leccionarios, que todavía algunas parroquias y muchas capellanías no han adquirido, pido a todos, sacerdotes, religiosas y laicos, entrar en esta unidad e incluso aprovechar el precio de esta primera edición.

Medellín 20 de julio de 2019

+ Ricardo Tobón Restrepo

*Arzobispo de Medellín

Write comment (0 Comments)
José Félix Lafaurie Rivera

Por: José Félix Lafaurie Rivera*.- “…un personaje propio del renacimiento. Ecuménico en sus conocimientos y en sus propósitos, de mirada larga, de conocedor y hacedor de historia. Es por eso que sus conceptos y señalamientos siguen teniendo plena vigencia…”. Estas palabras las escribió, en 2005, Enrique Gómez en el aniversario del magnicidio de su hermano Álvaro, pero bien las habría podido escribir Álvaro refiriéndose a su hermano Enrique.

Es difícil hacer grandes diferencias entre dos hermanos que nacieron con las turbulencias del siglo XX, en el descanso entre las dos guerras, que bebieron temprano del ambiente cultural europeo y del de su familia, herederos de la brillantez y la verticalidad de Laureano Gómez, pero también de sus estigmas; del político conservador más relevante del siglo XX, del fundador de El Siglo y firmante del Pacto de Sitges con Alberto Lleras, pero también de quien la acomodaticia narrativa de los sectores liberales y de izquierda ha querido endilgarle todas las responsabilidades de “La Violencia”; del genio que era y del monstruo que le inventaron.

Álvaro, con mayor protagonismo político; Enrique, más reservado pero no menos combativo en la defensa de sus convicciones. Álvaro, más “abierto” si se quiere; Enrique, siempre directo en el hablar, en el trato, pero ambos impecables en “el ser”; lo que hoy llamarían un “caballero” a carta cabal, un calificativo que se está convirtiendo en rareza, en especie en extinción, y que era una impronta de Enrique Gómez; como una marca de familia.

Ambos, Álvaro y Enrique, transitaron por la política defendiendo las ideas conservadoras en las que se fraguó nuestra nacionalidad, las mismas que hoy se tildan de “reaccionarias”, anticuadas y hasta fascistas, porque ahora defender la vida y la familia es anticuado; promover la seguridad, el orden y la disciplina social que hacen tanta falta, ha pasado a ser sospechosa actitud de una extrema derecha peligrosa; porque hoy la religiosidad manifiesta y coherente resulta vergonzante, al civismo se opone la viveza y a la honorabilidad –otra palabra en desuso– el “todo vale”.

Ambos, Álvaro y Enrique, asumieron la tradición familiar del periodismo a través de El Siglo, que desempeñaron con la profundidad y altura que eran muy suyas; y ambos también, entregaron con generosidad a las nuevas generaciones, desde la cátedra universitaria, todo su acervo de cultura y conocimientos. Yo, sin haber sido su alumno, recibí de Enrique un legado de valores y enseñanzas que han guiado buena parte de mis motivaciones.

Acaba de morir Enrique, y todavía no salgo de la impresión de haber estado con él horas antes de su último suspiro; de haber compartido sus últimos balbuceos y hasta de habernos tomado una foto que conservaré con discreción y respeto por su memoria.

Como expresé en las redes, miles de recuerdos de Enrique Gómez Hurtado me atropellan en su partida. Él y María Ángela fueron compañeros inseparables de mis padres. Con él tejió mi padre una entrañable amistad y fue su compañero de largas tertulias, unidos por la política y la vasta cultura que ambos cultivaron. Y claro, por dos españolas que les alegraron la vida.

En sus últimos años, como su familia, Enrique ocupó sus energías en el empeño de no dejar en la impunidad el asesinato de su hermano. A quienes estuvimos cerca de ese drama familiar nos queda la nostalgia, o mejor, la indignación, de que el país todavía no sepa o no quiera saber ¿Por qué lo mataron?, como tituló su último libro. Bien sabía Enrique por qué lo hicieron, y ya lo estará conversando con su hermano del alma. Paz en su tumba.

Bogotá, D. C, 19 de Julio 2019

*Presidente de Fedegan

@jflafaurie

Write comment (0 Comments)
Guillermo García Realpe

Por: Guillermo García Realpe*. - La visita a Colombia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es un hecho histórico, muy importante y le aporta mucho al país para su convivencia pacífica y para la consolidación de la Paz y del proceso de Paz en particular. 

La reunión que tuvimos con la Comisión de Paz del Senado de la República la consideramos absolutamente positiva, concreta, clara y vimos al mundo representado en su Consejo de Seguridad con sus delegados de la China, de Estados Unidos, de Rusia y de todas las potencias mundiales con su compromiso permanente e histórico para que continúe el proceso. 

Escuchar a Gustavo Meza, peruano que preside el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, decir; que el proceso de Paz de Colombia es ejemplar en el mundo, también eficiente como mecanismo de solución de conflictos, es una muy buena noticia y avala una vez más la legitimidad que en Colombia y en el mundo ha tenido el proceso de Paz, porque ha habido versiones de partidos políticos, especialmente el partido de gobierno en Colombia, el Centro Democrático, que dice que este acuerdo de Paz, fue un acuerdo con el terrorismo y con el narcotráfico, qué equivocado esta esté partido del Centro Democrático. El Presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas lo desmiente y ratifica la aceptación mundial que el proceso de Paz en materia de justicia transicional cumple los estándares internacionales aceptados por los países, la comunidad internacional y la Corte Penal Internacional. 

Yo pienso que, suficiente explicación, suficiente información con esta declaración contundente de él peruano Gustavo Meza. Pero también, lo hicieron los delegados de los países potencias mundiales, como el delgado de China, quien manifestó  con palabras textuales “que es un proceso de Paz de un contenido  exitoso, es un modelo brillante en el mundo, es una historia de éxitos”. También lo que dice el Representante de los Estados Unidos quien manifestó el apoyo total de su país al proceso de paz colombiano. 

Estás  y otras manifestaciones del mundo entero representadas en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dan a nosotros los colombianos ánimo, nos da claridad y empeño para continuar adelante defendiendo la Paz, el proceso y los acuerdos para que se implemente cuanto antes y evitemos que Colombia vuelva a la guerra. 

Los últimos sucesos, especialmente lo ocurrido en el municipio de Cumbitara, en el departamento de Nariño con la muerte de dos soldados y otros once uniformados de nuestra Fuerza Pública heridos, nos dan mucha más razón de que esos hechos deben permanecer como unos episodios que sucedían en otros tiempos, no a los de ahora. Lamentamos la muerte de estos soldados, le ofrecemos nuestra voz de solidaridad a sus familias y a la institución militar, pero estos hechos son los que no se deben repetir y para que no se repitan en Nariño, ni en ningún lugar de Colombia, debe seguir el proceso de Paz. 

Su implementación en los diferentes aspectos de democracia y de política aprobándose las 16 curules que representarán a las regiones marginadas  de Colombia, y especialmente las víctimas. 

Deberá entonces continuar el proceso de Paz con su implementación aplicando toda una reforma agraria, acceso a tierras, mejoramiento de tierras  y formalización de tierras, no sólo para los desmovilizados, sino para los millones de campesinos que requieren esta superación  de la falta de tierras adecuadas. 

También continuar con los procesos de sustitución de cultivos ilícitos  a lo largo y ancho de Colombia, especialmente en el Sur, en el Occidente y en el Pacífico, en Cauca y Nariño particularmente, con procesos eficientes, legales y rentables para promover ingreso  y promover oportunidades en el campo  y luchar contra la pobreza y marginalidad de nuestras gentes. 

Bogotá, D. E, 16 de julio de 2009 

*Senador de la República 

@GGarciaRealpe

 

Write comment (0 Comments)
José Felix Lafaurie Rivera

Por José Felix Lafaurie Rivera.- “¿Quién quiere tumbar a MinDefensa?”

Curioso país este, en el que, cuando un funcionario cumple a cabalidad sus funciones y, al hacerlo, pisa callos en las madrigueras del narcotráfico, el bandidaje y la corrupción, los afectados se confabulan para tumbarlo y, sorprendentemente, logran apoyo en matoneadores mediáticos a la caza de cualquier nimiedad para hacer su tarea de desprestigio. El caso del ministro de Defensa es patético.

Cuando Botero entrega información provisional a los medios sobre el asesinato de Dimar Torres, con el compromiso de complementarla en el curso de la investigación…, le cae el mundo encima; cuando afirma, con cifras oficiales, que en Puerto Carreño el principal delito es el hurto a residencias y acude a una desafortunada referencia…, le cayó el mundo encima.

Una directiva del comandante del Ejército para mejorar resultados en la lucha contra el crimen, es ladinamente malinterpretada por un periodista como patente de corso para revivir falsos positivos…, y al ministro le cae el mundo encima.

Desde el gobierno pasado asesinan líderes sociales en las regiones donde se bajó la guardia frente al narcotráfico, y el exministro Villegas se atrevió a decir que, en su mayoría, eran “líos de faldas”, sin que nadie chistara; pero hoy, ante la persistencia del fenómeno y a pesar de los esfuerzos del Gobierno, al ministro, para variar…, le cae el mundo encima.

Esos matoneadores mediáticos, ya sean ingenuos o malintencionados, crean narrativas que arrasan con meritorias carreras. Botero, a quien temerariamente tildan de incompetente y desinformado, no es ningún “pintado en la pared”, sino un experimentado empresario, conocedor de la realidad nacional y curtido dirigente, durante casi dos décadas, de uno de los gremios más importantes del país.

Entonces, ¿Quién está interesado en desprestigiarlo y, de paso, al gobierno Duque?; ¿Quién quiere tumbar a Botero? La lista de los callos pisados la encabezan los partidos de izquierda, defensores de la impunidad del acuerdo fariano, y sus enmermelados socios del “centro difuso”, que fracasaron en la moción de censura.

Lo quieren tumbar los narcotraficantes y las Farc, que, aún sin aspersión aérea, ven amenazadas sus 200.000 hectáreas de coca, ante la efectividad en la erradicación manual, que pasó de 23 a 100 grupos móviles con mayores niveles de seguridad.

Quieren tumbarlo las mafias del microtráfico, ante la cruzada de la Policía Nacional en la erradicación de “ollas” y persecución de jíbaros, desterrados de más de 43.000 parques y 49.000 entornos educativos en todo el país.

 Quieren tumbarlo las bandas criminales, que han perdido a más de 100 cabecillas y un 68% más de maquinaria destinada a la minería ilegal.

Y desde la entraña de las Fuerzas Militares quieren tumbarlo las manzanas podridas de la corrupción. Desde hace años están documentadas en los medios y en la Fiscalía las escandalosas irregularidades del general Mejía, desde su tránsito por la aviación del Ejército, en compras de helicópteros y costosos entrenamientos, entre otras, pero así llegó a la Comandancia y hoy goza de buen retiro y flamante embajada, mientras las investigaciones en la Fiscalía no avanzan.

El país se escandalizó frente a las recientes denuncias contra oficiales corruptos, pero el medio que las hizo parece no querer meterse con Mejía y con sus válidos, frente a cuyas corruptelas, Villegas y Santos miraron para otro lado, en lo que se podría interpretar como “sucia mermelada” en pago por prestarle su uniforme a la mesa de negociaciones.

Atacar a Nicacio Martínez y a Guillermo Botero es una forma de desviar la atención y echarle tierra a conductas vergonzosas que, sin embargo, no mancillan la tradición heroica de una institución dos veces centenaria.

Bogotá, D. C, 15 de julio de 2019

*Presidente de Fedegan.

Write comment (0 Comments)
Juan Camilo Restrepo Salazar

Por Juan Camilo Restrepo*.- En la Asamblea de la Alianza del Pacífico, que se celebró en Lima la semana pasada, el Presidente Duque hizo, entre otras, dos propuestas. Una plausible que consiste en excluir de la Alianza el sector lácteo. Otra extraña por llamarla benignamente: que los países de la Alianza Pacífico expidieran una lista negra de aquellas compañías que se han visto envueltas en sobornos y escándalos, para que les caiga la sanción social y para que los gobiernos de la Alianza prohíban contratar con ellas.

La primera propuesta, que se hace pensando principalmente en Nueva Zelanda, tiene toda la lógica del mundo. El sector lácteo es uno de los más frágiles en nuestros países. Y exponerlo abruptamente a una competencia sin cuartel como ha sucedido con el TLC que tenemos suscrito con Estados Unidos y con la Unión Europea, en los que inconsulta y precipitadamente se incluyó dentro de los programas de liberación al sector lácteo, no hubiera traído sino innecesarios dolores de cabeza.

Nueva Zelanda es un monstruo en todo lo que concierne a la industria láctea, al paso que nosotros con más de 300.000 pequeños lecheros hubiéramos quedado como el eslabón más débil en la alianza. Simple y llanamente nos hubieran arrollado.

El lácteo es uno de los sectores del agro donde más empleos se generan pero donde más pobreza y atraso tecnológico se registra. La modernización de nuestro sector lácteo hay que continuarla por supuesto. Pero no es a través de la ducha fría de una competencia despiadada como la que hubiéramos recibido de un gigante como New Zeland se hubiera logrado.

Hay que recordar que los centroamericanos cuando estaban negociando su TLC con la Unión Europea tuvieron el buen juicio de excluir el sector lácteo. Una buena lección que no aprendimos cuando negociamos con Estados Unidos ni con la Unión Europea, pero que ahora en la Alianza Pacifico sí hemos tenido en cuenta.

Mucho menos plausible resulta la propuesta que se hizo en Lima por el Presidente Duque de hacer una “lista negra” con las empresas sobornadoras y corruptas, para que sobre ellas recaiga la sanción social y la prohibición para contratar con el Estado.

No porque tales propósitos no sean meritorios, que lo son, sino por la simple razón de porqué el gobierno colombiano -que tiene y de sobra la información sobre las empresas corruptas que operan o han operado en nuestro país- no implementa unilateralmente dicha lista negra, en vez de ponerse a buscar una utópica lista multilateral que probablemente nunca se produzca.

Si hubiera decisión política de parte de nuestro gobierno, en vez de querer brillar efímeramente con dicha propuesta en las pasarelas diplomáticas como sucedió en Lima la semana pasada, esa lista negra la podemos producir en pocos días. Nosotros mismos. La ha reclamado en el pasado la Procuraduría, pero la enredó la anterior Fiscalía como ha quedado demostrado por las investigaciones periodísticas que se han publicado.

En vez de proponer “listas negras” conjuntas con los países de la Alianza Pacífico, el gobierno colombiano debería más bien solicitar asistencia técnica del sistema judicial peruano y aún del brasileño, para que nos den cartilla de cómo -con decisión y coraje- sí se pueden llevar tras las rejas a los representantes legales de empresas sobornadoras y corruptos. Lo que nos ha faltado hasta ahora es decisión y coraje. No lista negras.

Bogotá, D. C, 15 de julio de 2019

*Abogado y Economista. Exministro de Estado.

Write comment (0 Comments)
Amylkar D Acosta M

Por Amylkar D. Acosta M.- El Presidente Iván Duque había dicho durante su campaña que “las empresas están asfixiadas con tanta carga tributaria…debemos bajar impuestos para que puedan generar más y mejor empleo”. Luego, el Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla haciendo eco a estas palabras  sostuvo que el sistema tributario “es muy agresivo con las empresas formales”. Y fue más allá, diciendo que “tenemos una estructura tributaria que castiga severamente la competitividad, la formalidad, el empleo y el emprendimiento y, por lo tanto, el crecimiento a mediano plazo de la economía. Tenemos que arreglar ese problema”.

Y, efectivamente en la reforma tributaria, que disfrazaron de Ley de financiamiento ( Ley 1943, aprobada a finales del año anterior) se le bajó la tasa marginal del impuesto de renta a las empresas del 34% al 30%, buscando abaratar el uso del capital en Colombia y, como si esto fuera poco, además de mantenerle las gabelas impositivas otorgadas en reformas anteriores le aprobaron otras más, con un costo fiscal que ronda los $10 billones (¡!). Utilizando la frase del Ministro Carrasquilla, “ese problema” lo arreglaron a su manera. Advertimos que ello era un espejismo, que ese alivio tributario se traduciría en mayores utilidades para las empresas, pero no iban a generar más empleo y los resultados están a la vista.

Como es bien sabido el crecimiento del PIB en el primer trimestre de 2019 estuvo por debajo de las expectativas del gobierno, del Banco de la República y de la previsión de centros de pensamiento tan serios como FEDESARROLLO y ANIF. El magro crecimiento alcanzado, de sólo 2.29%, resulta insuficiente para estimular la generación de empleo. Según el Gerente de investigaciones económicas  del Banco de Bogotá Camilo Pérez, históricamente se requería de un crecimiento de 2.5% anual para que el mercado laboral estuviera en equilibrio, esto es que la tasa de desempleo interanual ni suba ni baje. Esa era la “cifra mágica”, pero ahora la economía es más exigente, según sus estimaciones sólo un ritmo de crecimiento del PIB del 3% permitiría estabilizar la tasa de desempleo.

Como nos lo recuerda ANIF, “a la economía colombiana le tomó una década bajar la tasa de desempleo del 20% durante la crisis hipotecaria de fin de siglo a cerca del 10% durante 2009 – 2014”. Después que en el 2013 dicha tasa cayera hasta un solo dígito, durante los años 2014 y 2015, la tasa de desempleo cayó de manera persistente del 9.6% al 9.1% y 8.9%, respectivamente, a partir del año 2016 dicha tendencia se revirtió, registrando el 9.2%, el 9.4% y 9.7%, en su orden, durante los años 2016, 2017 y 2018.

Después de 6 años de tasas de desempleo de un solo dígito, en mayo se completaron 6 meses consecutivos en niveles de dos dígitos, desde que en diciembre del año anterior se alcanzó la tasa de 10.7%. Como lo sostiene ANIF, “esta tasa de desempleo encontró un punto de resistencia estructural a niveles del 9% en 2015 y ha tendido a agravarse posteriormente”.

En efecto, según el DANE, en mayo de este año la tasa de desempleo se situó en el 10.5%, 0.8 puntos porcentuales por encima del registro para el mismo mes en 2018 (9.7%), el más alto desde 2012 cuando alcanzó el 10.7%, alejándose de la meta que se fijó el Presidente Iván Duque en su cónclave reciente con su gabinete en la hacienda presidencia Hato grande, de 7.9% para el 2022. Ello es tanto más preocupante habida cuenta que dicho incremento en el número de desempleados se da a la par de una caída de un punto porcentual de la tasa general de participación (TGP), de quienes buscan activamente trabajo, la cual pasó del 64.1% en mayo de 2018 a 63.1% en mayo de 2019. Ello lo que refleja el desánimo de quienes buscan infructuosamente un trabajo y al no lograrlo se resignan a engrosar la población inactiva.Huelga decir que de haber sido más alta la TGP la tasa de desempleo habría sido mayor.

Es de anotar que entre 2005 y 2015 el promedio del crecimiento de la oferta laboral fue del 2% anual, luego bajó a 0.67% en 2018 y entre enero y abril de este año sólo el 0.47%. Entre tanto la demanda laboral creció entre los años 2005 y 2015 a un ritmo de 2.4% y entre 2015 y 2018 a duras penas el 0.7%. Por su parte la tasa de ocupación pasó del 57.9% en mayo de 2018 a 56.4%, es decir se perdieron 1.5 puntos porcentuales.

De las cifras suministradas por el DANE se infiere que en la actualidad están ocupadas 22.16 millones de personas, 290.000 menos que un año atrás, 2.6 millones de desempleados, 191.000 más, y 14.1 millones de inactivos, 596.000 más en mayo de este año con respecto al mismo mes del año pasado.  Si sumamos los que perdieron su empleo el último año con los que se sumaron a la población inactiva, en el último año no sólo no se ha generado más empleo sino que la destrucción neta de empleo alcanza la cifra de 787.000 plazas, lo cual es una barbaridad!

Al desempleo abierto se viene a sumar el que se disfraza bajo la modalidad del subempleo y la informalidad; hace un año, según el DANE, representaba el 39.1% de las personas ocupadas y ahora este porcentaje se elevó al 43.3%, para un incremento de 614.000 personas, con ingresos precarios, que se sustraen del empleo decente. Es de destacar que el sector en donde se han perdido más empleo es en el sector agropecuario (327.000, aproximadamente), el mismo que acusa la informalidad laboral más aberrante con el 89% (¡!). Esta, según el Director del Observatorio del Mercado de Trabajo Seguridad social de la Universidad Externado de Colombia Stefano Ferné, es “una verdadera catástrofe laboral que tiene precedentes sólo en noviembre de 2008, cuando la crisis financiera internacional deprimió el crecimiento de la economía colombiana”.  Así de grave! 

Bogotá, D.C, julio 13 de 2019

www.amylkaracosta.net

 

 

Write comment (0 Comments)
Mauricio Cabrera Galvis

Por Mauricio Cabrera Galvis.- La semana pasada planteaba que el glifosato o cualquier forma de erradicación forzosa de cultivos de coca es inútil si no va acompañada de alternativas de producción y generación de ingresos para los campesinos cultivadores. La tesis no es original ni propia.

De hecho es una estrategia avalada internacionalmente desde 1997 cuando se creó la oficina de la ONU para las drogas y el crimen (UNODC). La Asamblea General de la ONU en 1998 instó a combatir el narcotráfico con una estrategia de “Desarrollo Alternativo”, la cual definió así:

“Un proceso para prevenir y eliminar los cultivos ilícitos de plantas que contienen narcóticos y sustancias sicotrópicas, mediante el diseño de políticas de desarrollo rural, en el contexto de los esfuerzos de crecimiento económico y desarrollo sostenible en los países que luchan contra las drogas, reconociendo las características particulares de las comunidades y grupos afectados, y en el contexto de una solución permanente y comprehensiva del problema de las drogas ilícitas”

El ejemplo más exitoso de esta estrategia es el que realizó Tailandia, y que ha sido analizado en un artículo reciente publicado en la revista de la London School of Economics (https://bit.ly/2NWAxtu).

En los años 60 Tailandia era el mayor productor de opio en el mundo, en el triángulo de oro de la frontera con Laos y Myanmar, región controlada por guerrillas y violentos grupos ilegales. Después de años de infructuosos intentos de reducir los cultivos de amapola mediante la fuerza y la represión (no se si Monsanto les vendía glifosato), las autoridades entendieron que la causa de la proliferación de cultivos ilícitos era la pobreza, la inseguridad y la ausencia de alternativas legales de subsistencia. Es decir que los cultivos de droga no eran el problema sino el síntoma.

Entonces diseñaron un programa de desarrollo integral para las zonas afectadas, en el que primero se trataba de mejorar las condiciones de vida de las comunidades y crear oportunidades de empleo y generación de ingresos, inclusive antes de erradicar los cultivos. Es un proyecto de largo plazo que empezó a finales de los 80, con tres fases conocidas como las 3-S: Supervivencia, Suficiencia y Sostenibilidad. En la primera se empezaron a incentivar cultivos de café y macadamia y a mejorar las condiciones de alimentación, salud y educación con fondos públicos y ayuda internacional. En la segunda, se desarrollaron las cadenas de valor de sus proyectos productivos y en la tercera se enfatiza el empoderamiento y la capacitación de los habitantes para que sean dueños de su propio destino.

En Colombia hay otro caso exitoso en el departamento de Caldas, donde se erradicaron todos los cultivos de coca mediante el trabajo con la comunidad, el desarrollo de cultivos de aguacate, caucho y café, y la inversión pública en carreteras y servicios públicos. No hubo resiembra porque la erradicación de la coca se hizo con sustitución y sin glifosato.

Cali, 14 de julio de 2019

Filósofo y Economista. Consultor

Write comment (0 Comments)