Opinión

Mucho hay por satisfacer a un pueblo y a una sociedad que estaban huérfanos.

*Por Gabriel Ortiz. - Parece que fue ayer, pero el tiempo pasa volando, y así mismo las esperanzas de quienes cobijaban y abrigaban cambios constructivos, amables, renovadores y tranquilizantes, que llevarán a Colombia por las rutas de la paz, el progreso, el desarrollo y la confraternidad.

Veníamos del desconcierto total, de continuar, nos habría conducido al desenfreno que nos convertiría en una nación inmanejable en los campos económico, político, social, sin constitución, ni poderes judicial y legislativo. No quedaría norma alguna que frenara lo que nos iban a imponer. Tendríamos que olvidarnos de procesos electorales y acostumbrarnos al partido único de gobierno. No habría derecha, izquierda o centro, porque solo existiría partido estatal.

Las libertades quedarían en el pasado y solo se admitirían los caprichos de Petros, Cepedas, “emes 19” y nuevos amos que impondrían su voluntad y la de quienes tomaran las riendas del nuevo y único ejecutivo.

Así pensaron los millones de colombianos que fueron a las urnas en junio 21, para impedir la tenebrosa continuación que estuvo a punto de implantar Petro con quienes gobernó durante 4 años y planteaba seguir hasta el final de sus días.

Ni Paloma, ni los otros 20 candidatos de izquierda, derecha y centro que se lanzaron a la presidencia en la primera vuelta, lograron ganarle a De La Espriella, pese a los temores e investigaciones que se ventilaban sobre él.

Había un clamor popular que impedía la repetición del desastre que aún vivía Colombia y que le impusieron durante   los últimos 4 años.

Hoy llegamos a 2 meses y dos días con De La Espriella, que como presidente recorre Casas de Nariño nuevas y usadas. Ha cumplido muchas de las promesas que ofreció durante la campaña y que gran parte de su electorado anhelaba. Ha golpeado duro a todos los movimientos guerrilleros que impiden a esta nación y a sus habitantes ricos, pobres, indígenas y afros vivir en paz y tranquilidad.

No todo lo ha recibido con mieles. Le cayó el terremoto del 10 de agosto y la parálisis de Santa Marta con toque de queda subversivo, que superó a tiempo. Desde entonces Abelardo, usa pistola al cinto y se pasea entre cadáveres enfundados, destituye sin pena ni gloria a quien le cae mal, ha sido su enemigo o propiciado alguna investigación en su contra… es decir: se ha ido por esa absurda calle del medio para beneficiar a sus amigos, ganar adeptos y refundar la patria milagro. Los odios, que no son buenos consejeros, los utiliza para fustigar y sacar a gorrazos a valientes periodistas y directores de gremios, a los que no perdona haberlo cuestionado.

Se ha apartado del Centro Democrático, que mucho aportó para elegirlo, ha descubierto con éxito personal, el desastre económico que recibió, tiene quietos a los políticos sin necesidad de prebendas, ni visas a Estados Unidos. Todo, dentro de este contexto le va saliendo bien, pero hay sectores, inquietos y dudosos, a pesar de lo tempranero del mandato. Ya hay insatisfechos a hurtadillas, expresan malestar que seguramente aflorará cuando empiecen a cumplirse las exigencias del Fondo Monetario: impuestos y normas económicas que tallarán, despidos de dirigentes gremiales y aparición de descontentos en muchos sectores. Mucho hay por satisfacer a un pueblo y a una sociedad que estaban huérfanos. “Todos piden, nadie pone”, dice la pirinola. Eso causa soberbia si no existe preparación para soportarlo, antes de que llegue la Patria Milagro.

BLANCO: Congelar precios de la gasolina, da votos y permite alivio para el grueso de la población.

NEGRO: El gran amigo Victo Hugo Ayala, se nos fue, pero dejó la gran herencia de su voz. Con mi gran amigo, Javier Ayala, lo disfrutamos en esas inolvidables tertulias con las que nos deleitaba durante sus visitas al Noticiero Nacional. Dios lo tiene en su gloria.

Bogotá, D. C, 8 de octubre 2026

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.

El Estado debe apoyar al cultivador -mediante políticas propicias-, no excluyendo ciertos productos.

Por José G. Hernández*. - Se ha generado justificada polémica sobre las declaraciones del ministro de Agricultura, mediante las cuales invitó a los agricultores a no sembrar arroz -porque es mal negocio- y a preferir cultivos como el marañón.

El arroz es uno de los productos esenciales para la alimentación y la dieta diaria de millones de colombianos. Es alimento básico, muy difícil de sustituir en el seno de los hogares y la colectividad. Pero quien esto escribe no quiere referirse al tema propiamente alimenticio, ni tampoco a la cuestión económica planteada desde muchos frentes, en especial los sectores de productores, intermediarios y consumidores. Prefiero entrar de nuevo en el ámbito jurídico, para aludir a las reglas superiores sobre el ámbito de atribuciones del Gobierno y, en especial, de los ministros.

Dentro de un esquema de libertad -como corresponde al Estado Social de Derecho-, el papel de un funcionario público, por alto que sea, no es el de señalar a los agricultores si deben cultivar uno u otro producto alimenticio o de otro orden. Hablamos -claro está- de productos lícitos, pues los ilícitos deben ser abiertamente rechazados y erradicados.

El artículo 2 de la Constitución manifiesta que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en el ejercicio de sus derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Los ministros, junto con el presidente de la República y los directores de departamentos administrativos, constituyen el Gobierno, la Rama Ejecutiva del poder público. Al tenor del artículo 208 de la Constitución, ellos son los jefes de la administración en su respectiva dependencia. Bajo la dirección del presidente, les corresponde formular “las políticas atinentes a su despacho, dirigir la actividad administrativa y ejecutar la ley”. Se deben mover en el campo de las atribuciones expresamente señaladas en las normas, en el terreno propio de la administración pública, no en el ámbito interno de la actividad productiva ni en la toma de decisiones empresariales.

Aunque el Estado es director general de la economía y debe intervenir en las distintas etapas del proceso económico, lo hace con el fin de alcanzar los propósitos previstos en el artículo 334 de la Constitución: racionalizar la economía y conseguir, en el plano nacional y territorial, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. Y, de manera especial, para dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar “que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo al conjunto de los bienes y servicios básicos”, así como “para promover la productividad y competitividad y el desarrollo armónico de las regiones”.

El artículo 64 de la Constitución -reformado por Acto Legislativo 1 de 2023- dispuso: “El campesinado es sujeto de derechos y de especial protección, tiene un particular relacionamiento con la tierra basado en la producción de alimentos en garantía de la soberanía alimentaria, sus formas de territorialidad campesina, condiciones geográficas, demográficas, organizativas y culturales”.

El Estado debe apoyar al cultivador -mediante políticas propicias-, no excluyendo ciertos productos.

Bogotá, D. C, 8 de octubre 2026

*Expresidente de la Corte Constitucional

Celebramos que el nuevo Presidente de ECOPETROL Joaquín Gutiérrez haya viajado a Caracas con el objeto de explorar e identificar oportunidades de negocio.

Por:  Amylkar D. Acosta M*. - “Necesitamos acceso total. Necesitamos acceso al petróleo”, espetó Donald Trump al referirse a su abierta intervención en Venezuela. El secretario de Estado, Marco Rubio, quiso matizar sus palabras: “no necesitamos el petróleo de Venezuela”, aclaró, no obstante advirtió tajantemente que Washington no permitiría que su industria petrolera quedara en manos de adversarios de Estados Unidos, como China, Rusia o Irán. Ambas declaraciones permiten entender el alcance de la estrategia estadounidense: asegurar influencia sobre las reservas venezolanas, su explotación y sus destinos comerciales. La aparente contradicción se aclara: producir petróleo en abundancia no elimina el interés por decidir quién explota, comercializa y obtiene beneficios de las reservas del vecino.

Cabe preguntarse por qué una potencia petrolera como Estados Unidos tiene tanto interés en el crudo del vecino país. Una parte de la respuesta está en las características de su industria de refinación estadounidense. Varias refinerías de la costa del Golfo están preparadas para procesar crudos pesados, como los de la faja petrolífera del Orinoco. La producción estadounidense, predominantemente liviana, no satisface por sí sola todas esas necesidades. En el negocio petrolero, la calidad del crudo y la capacidad de procesarlo importan tanto como el volumen disponible.

Esta complementariedad industrial ayuda a explicar el acercamiento entre ambas partes. A ella se suma la competencia por los mercados y por la influencia política en América Latina. El acceso al petróleo venezolano ofrece a Washington la posibilidad de fortalecer su abastecimiento regional, obviando el paso por el estrecho de Hormuz y limitar la presencia de otras potencias. La energía sigue ocupando un lugar determinante en las relaciones internacionales.

El secretario de Energía, Chris Wright, fue explícito al anunciar que Estados Unidos comercializaría la producción venezolana “indefinidamente” y así lo viene haciendo. El control de las ventas y de sus ingresos aparece así como un instrumento para orientar los cambios que Washington busca en Venezuela. Por su parte, Delcy Rodríguez extendió una invitación a trabajar en una “agenda de cooperación”. Estas declaraciones muestran cómo el petróleo se ha convertido en un punto de encuentro entre gobiernos que hasta hace poco mantenían una abierta confrontación. Ambas declaraciones muestran el carácter transaccional del acercamiento. Y esa complementariedad ayuda a explicar el interés mutuo por recuperar los flujos comerciales entre ambos países.

En este escenario y luego de la flexibilización de las sanciones impuestas por el departamento del Tesoro control estadounidense y la apertura a que ello ha dado lugar, Colombia tiene razones para prestar atención. Una recuperación sostenida de la producción venezolana podría intensificar la competencia en el mercado de crudos pesados, el mismo nicho en el cual participa nuestro país y presionar los ingresos de nuestras exportaciones. La mayor disponibilidad de oferta podría presionar a la baja los precios relativos y modificar las preferencias de los compradores. Su magnitud dependerá de las inversiones efectivamente ejecutadas, de la demanda mundial y de las condiciones comerciales. Conviene prepararse para ese escenario sin dar por consumados sus efectos.

El impacto dependerá de cuánto petróleo adicional llegue al mercado, de la demanda mundial y de las condiciones comerciales. Por eso, sería apresurado presentar como inevitable una caída determinada de los ingresos colombianos. Pero también sería imprudente ignorar el riesgo. Menores precios o volúmenes exportados pueden afectar la entrada de divisas, las utilidades empresariales y los ingresos tanto para la Nación como para las entidades territoriales vinculados a la actividad petrolera.

Colombia debe prepararse para competir en ese entorno. Ello exige cuidar la productividad de sus operaciones, ofrecer condiciones que permitan inversiones y avanzar en la diversificación de su economía. La transformación productiva requiere tiempo y financiación. Debilitar las fuentes actuales de ingreso antes de consolidar otras puede hacer más difícil ese tránsito.

Desde otra perspectiva, la nueva coyuntura también abre una ventana de oportunidad. Colombia y Venezuela cuentan con antecedentes de cooperación energética que merecen una revisión. Las posibilidades del intercambio de electricidad pasa por una evaluación técnica del estado de las interconexiones tanto por La Guajira como por Norte de Santander y el transporte de gas por el gasoducto Antonio Ricaurte son asuntos concretos alrededor de los cuales podría construirse una agenda binacional. Aprovechar esa infraestructura exige comprobar su estado, asegurar el suministro y obtener las autorizaciones correspondientes. La infraestructura existente ofrece un punto de partida, pero su aprovechamiento exige verificar el estado de los equipos, la disponibilidad del recurso y las condiciones de entrega.

ECOPETROL, por su parte, debería evaluar las posibilidades de participar en la recuperación de la industria de hidrocarburos venezolana. Su experiencia y los antecedentes de cooperación constituyen elementos para explorar proyectos. La entrada anunciada de GeoPark al vecino país muestra que otros actores ya están identificando oportunidades. Anunció el 2 de septiembre de 2026 su entrada en Venezuela mediante el bloque Bare, en la faja petrolífera del Orinoco.

Este paso merece atención de ECOPETROL, que debería examinar dónde su experiencia puede traducirse en oportunidades rentables, con garantías suficientes para proteger el patrimonio de sus accionistas. Dejar pasar el tiempo también tiene un costo. Por ello, celebramos que el nuevo Presidente de ECOPETROL Joaquín Gutiérrez haya viajado a Caracas con el objeto de explorar e identificar oportunidades de negocio, pues, como reza el proverbio oriental, un viaje de mil millas comienza con un solo paso y este es el que se están dando. Bien dijo Bill Gates que “el éxito en los negocios está en saber hacia dónde va el mundo y llegar allí primero”.                              

Bogotá, octubre 3 de 2026

*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.

www.amylkaracosta.net

La nueva derecha en Colombia parece un agujero negro que amenaza con devorarse a las otras fuerzas políticas de derecha que gravitan a su lado

Por Hubert Ariza*. - Mientras el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella continúa ajustando sus anillos de poder más cercanos, radicaliza su narrativa de la Patria Milagro, acelera el proceso de revocar las decisiones más trascendentales de la pasada administración y sienta las bases de una política de seguridad que incluye extradiciones, recompensas, megacárceles, bombardeos a campamentos guerrilleros y paramilitares y fumigaciones a plantaciones de hoja de coca, su alfil en el Congreso, el senador Enrique Gómez Martínez, sube la temperatura de su diatriba contra el hasta hace poco sol de la derecha: Álvaro Uribe Vélez.

Gómez Martínez es nieto del presidente conservador Laureano Gómez, a quien los liberales llamaban, en los años cuarenta del siglo pasado, el Monstruo. Es, además, sobrino del inmolado líder del Movimiento de Salvación Nacional, Álvaro Gómez Hurtado, faro ideológico del presidente Abelardo y profesor del expresidente Iván Duque.

Gómez Martínez es, en sí mismo, una fuerza minoritaria en el Congreso con apenas tres senadores, pero se ha convertido en el referente ideológico de una nueva derecha radical que considera a Uribe Vélez “socialdemócrata” e incluso “socialista”.

Socialista es una etiqueta demasiado simplista, sin ningún rigor histórico, para definir al hombre que durante más de 30 años definió la política de la derecha en Colombia, arrinconó militarmente a las FARC, desmovilizó miles de paramilitares, extraditó a la cúpula de las AUC, redefinió el tamaño del Estado, atacó al chavismo, cambió la Constitución para reelegirse e hizo presidentes a Juan Manuel Santos e Iván Duque.

Detrás de esta antropofagia electoral que promueve Gómez Martínez está la disputa de la nueva derecha por ganar las elecciones regionales de 2027, en las que se pondrá a prueba la capacidad del presidente Abelardo para convertir el poder nacional de Defensores de la Patria en poder territorial, ganando gobernaciones y alcaldías que le permitan consolidar su control político más allá de la Casa de Nariño.

Se trata de una lucha por afirmar su visión de país, que es diametralmente opuesta a la que diseñó su antecesor, Gustavo Petro, cuyas reformas han ido cayendo bajo la directriz del presidente, quien consolida su cruzada anticomunista, que incluye castigar a la izquierda y llevar a sus principales líderes a la cárcel, en Colombia o en Estados Unidos, incluyéndolos en la lista OFAC y despojándolos de la visa americana. Para ello, cuenta con el apoyo de sus aliados: Donald Trump, el secretario de Estado, Marco Rubio, y los miembros del Escudo de las Américas.

En el escenario regional, Defensores de la Patria es aún un referente y no un poder real, a pesar de que el jefe de Estado se ha volcado sobre los territorios para demostrar su compromiso con la descentralización y el poder regional.

Un ejemplo de esa acción fue el manejo de la crisis de orden público tras la muerte en combate de alias Cholo, líder de los Pachenca —paramilitares que actúan en los departamentos del Magdalena y La Guajira—. En plena crisis, el mandatario, pistola en el cinto, patrulló las calles de Santa Marta y se conectó con sectores que apoyan la mano dura. Fue una situación inédita en Colombia durante décadas, que generó polémica.

La política de recompensas para capturar al jefe de esa organización criminal, alias Pinocho, la aceleración de la terminación de la cárcel de máxima seguridad de Sabanas de San Ángel, en Magdalena, y la extradición del jefe de las disidencias de las FARC, alias Araña, muestran, del mismo modo, a un presidente desplegado en las regiones, hablando de seguridad, infraestructura y desarrollo.

La larga lista de obras prometidas para el departamento del Magdalena muestra, además, a un mandatario decidido a ganarse el voto regional en las próximas elecciones. Esa campaña comenzó el mismo día del triunfo electoral, del pasado 21 de junio.

Los actuales mandatarios regionales están de salida y responden, en su mayoría, a sus propios intereses. Por ello, la guerra electoral de la nueva derecha busca quedarse con el electorado del Centro Democrático, que es visto como un botín. Desde afuera, parece una de esas viejas disputas por la herencia de un patriarca cuando este todavía no ha muerto.

En este caso, Uribe ni agoniza ni está muerto políticamente; solo ha dejado de ser el sol rutilante de la derecha y ha pasado a ser percibido, por quienes antes le adoraban, como una estrella menor que gravita en la política.

Mantiene, sin embargo, el control de una fuerza parlamentaria decisoria, que el Gobierno nacional necesita para pasar sus reformas en el Congreso. Uribe sabe que en juego largo hay desquite y con sus declaraciones muestra la astucia de quien no se doblega, porque se sabe necesario y cobrará, en su momento, la osadía de haber sido despreciado.

A esa pugnacidad entre Gómez Martínez y el Centro Democrático se suma la renuncia a ese partido de la exsenadora María Fernanda Cabal, cuyo marido, el jefe de los ganaderos, José Félix Lafaurie, dijo que “la derecha de Uribe ya no sabe a nada”. La Cabal pretende construir un nuevo partido, quizá, con más sabor a radicalismo.

Así las cosas, el espacio político de la nueva derecha tendrá tres referentes con posturas diferentes: Uribe, visto como derecha light; Defensores de la Patria, percibidos como el trumpismo en Colombia; y la gente de Cabal, a la derecha de los dos anteriores. Todos disputándose los mismos espacios.

Esa nueva derecha que desdeña al uribismo tiene al frente a Gustavo Petro y al petrismo, que es una fuerza de izquierda que también vive su propio viacrucis de canibalismo, tras la pérdida de las elecciones con Iván Cepeda. Un sector de ese partido lo acusa de ser el responsable de la derrota. Otro señala a Carolina Corcho. Aun así, en un país tan polarizado, mantienen un enorme caudal electoral.

Sería ingenuo pensar que el petrismo terminó el 7 de agosto. Ese sector juega duro para tener protagonismo en las elecciones de 2027, recuperar Bogotá, Cali y otras ciudades, y mantener gobernaciones importantes. La oposición que lidera Petro en las calles está dirigida no solo a socavar el Gobierno de Abelardo, sino, en esencia, a ganar las elecciones territoriales.

En Colombia hoy no parece haber espacio para el centro. La nueva derecha y el petrismo se tomarán todo el espacio. Las elecciones regionales mostrarán en octubre del año entrante el impacto de la Patria Milagro en el electorado. También, si Petro fue capaz de hacer el milagro de mantener viva la izquierda ante la arremetida del trumpismo.

El agujero negro de la nueva derecha, mientras tanto, seguirá buscando devorar todo a su paso. El espíritu del Monstruo renace en un país donde la política es un viaje permanente por la historia y el reciclaje de tragedias y epopeyas en defensa de la democracia.

Bogotá, D. C, 3 de octubre 2026

*Periodista, internacionalista y analista político. 

Tomado de El País.

No prestarle la atención que ellas merecen es un atentado contra nuestro bienestar

Por: Fernando Cepeda Ulloa*. -No es la primera vez que me refiero a este tema. Es que su repercusión en la vida política de los países que reciben dinero enviado por los migrantes es cada vez más significativa. Pero ahora existen circunstancias que ameritan, sin duda, un tratamiento mucho más cuidadoso del tema y con más visión de futuro. Y creo que ya es una cuestión que forma parte de la agenda negociadora entre esos países y los que se benefician.

Muchos dirían que el tema es nuevo. Pero llevamos ya más de dos décadas con datos muy significativos que muestran el formidable impacto positivo que la remesas han tenido en muchos países. Es que en algunos es tan importante el envío de las remesas que tienen un Ministerio para gestionarlas y buscar un mejor aprovechamiento de las mismas. Y en nuestros días hay factores como los de las nuevas políticas migratorias en Estados Unidos y otros países que están afectando lo que venía siendo un crecimiento notorio de esas remesas.

En América Latina, México ha sufrido un descenso significativo que baja el promedio del crecimiento en América Latina y el Caribe. Existe un nuevo impuesto del 1% sobre los envíos y la cuestión de las deportaciones ahora tan significativas en los Estados Unidos, pues constituyen también un factor que se debe tener en cuenta. Y en virtud de la competencia entre las entidades financieras que trabajan con este dinero tan enorme que han introducido el tema de la digitalización en el envío de las mismas, ellos también han tenido un impacto muy fuerte en el comportamiento de esta variable, tan determinante en la vida económica de muchos países.

Siempre he creído, quizás por ignorancia, que Colombia no le ha prestado la suficiente atención al manejo de estas remesas y a su mejor aprovechamiento. Y creo que ha llegado un momento de tomar mucho más en serio el tema. En algunas ocasiones he afirmado que los migrantes colombianos se han convertido en el principal producto de exportación de Colombia. Eso tiene sus pros y sus contras. Cuando se suma el dinero que generan todas nuestras exportaciones agrícolas, café, flores, aguacates, banano, etc., es bien claro que el sector de las remesas es más importante y por ello debería recibir muchísima más atención. Y un manejo más creativo y provechoso tanto para los remitentes como para las familias que se benefician.

El distinguido miembro del Diálogo Interamericano, ya desde la época en que dirigían esa situación, Peter Ha Kim y Michael Scheffer, don Manuel Orozco, ya bien reconocido por sus valiosas contribuciones en beneficio de los remitentes y sus respectivos países, y que ya ha recibido distinciones internacionales por su tarea, ha sido la persona que se ha identificado por su preocupación y unos resultados bien positivos con respecto a este tema. Y recientemente divulgó un original estudio que identifica la nueva situación del tema de las remesas, las variaciones que han sufrido y lo que puede venir en el próximo futuro.

Un estudio breve y muy revelador, que no puede ser pasado por alto, ni en las cancillerías, ni en el Banco de la República, ni en las agencias que tienen que ver con la promoción de las exportaciones y con el bienestar de familias vulnerables en Colombia, que han gozado de este beneficio que bien habría envidiado un presidente como Carlos Lleras Restrepo, quien no creería que esas son las enormes cifras que alimentan la capacidad exportadora de Colombia.

Las remesas son hoy un patrimonio clave de la vida económica de muchos países y, claro está, también de Colombia. No prestarle la atención que ellas merecen es un atentado contra nuestro bienestar y contra la prosperidad de cientos de miles de familias.

Bogotá, D. C, 3 de octubre 2026

*Analista político, catedrático, exministro de Estado.

Hoy hablamos de FEDEGÁN 5.0, de conectividad, transformación tecnológica, sostenibilidad y nuevos mercados.

Por: José Félix Lafaurie Rivera*- Cada 30 de septiembre celebramos el Día Nacional del Ganadero.

Lo instituimos en FEDEGÁN para honrar la memoria de José Raimundo Sojo Zambrano, expresidente de la Federación, asesinado el 30 de septiembre de 1995, y con él la de miles de ganaderos que durante décadas padecieron el secuestro, el asesinato, la extorsión, el desplazamiento, el despojo y toda suerte de violencias.

He recordado muchas veces esta fecha. Pero este año quiero hacerlo desde otra perspectiva: la importancia del Gremio.

Hace pocas semanas murió Miguel Santamaría Dávila. Y al recordar su vida comprendí, una vez más, cuánto le debe la ganadería colombiana a quienes entendieron desde temprano que una actividad dispersa por todo el territorio necesitaba organización, representación y una sola voz.

Miguel lo hizo. Fue, ante todo, un constructor del Gremio. Recorrió Colombia, promovió asociaciones y comités regionales y ayudó a consolidar a FEDEGÁN como la institución nacional de los ganaderos, dándole a la ganadería la personalidad y la representación que merecía.

Después vendrían tiempos aún más difíciles. José Raimundo Sojo levantó la voz cuando hacerlo significaba asumir riesgos enormes. Defendió a los ganaderos frente a la violencia y terminó asesinado por las FARC, años después, ya retirado en su finca de Anolaima, donde criaba palomas. ¡Qué ironía!

Jorge Visbal presidió FEDEGÁN en algunos de los años más duros de nuestra historia reciente. Hoy está privado de la libertad por una decisión judicial cuya interpretación no comparto. Mantengo mi convicción de que Jorge actuó desde la institucionalidad en representación de un sector asediado por la violencia.

Miguel, José Raimundo y Jorge representan momentos distintos de una misma historia: construir el Gremio, defender el Gremio, resistir desde el Gremio.

Pero detrás de ellos siempre estuvieron los verdaderos protagonistas: los ganaderos. Los miles que fueron asesinados, secuestrados, extorsionados o desplazados; los que perdieron familiares y patrimonio; los que regresaron a sus fincas; los que permanecieron a pesar del miedo; los que siguieron produciendo cuando buena parte del país les daba la espalda.

Para ellos, la Fundación Colombia Ganadera, FUNDAGÁN, publicó Acabar con el olvido, para que sus historias y sus memorias permanecieran presentes.

Por ellos existe FEDEGÁN. Porque el Gremio no es una oficina en Bogotá ni una sigla. Es la capacidad de convertir miles de voces individuales en una voz colectiva. Es defender al productor frente al Estado cuando es necesario y trabajar con el Estado cuando el interés nacional lo exige.

Es llegar a 700 mil predios y vacunar 30 millones de animales en cada ciclo para erradicar la aftosa o la brucelosis. Es defender al productor de leche y articular asociaciones, cooperativas y comités regionales alrededor de una causa común. Es luchar contra el contrabando, el sacrificio clandestino, las malas políticas públicas y las distorsiones de los mercados.

Pero también es proponer: asistencia técnica, capacitación, sostenibilidad, crédito, tecnología, mercados y productividad.

Eso es el Gremio. Eso es FEDEGÁN.

Hoy hablamos de FEDEGÁN 5.0, de conectividad, transformación tecnológica, sostenibilidad y nuevos mercados. Los retos cambian, pero el principio sigue siendo el mismo que entendió Miguel Santamaría hace más de sesenta años: un ganadero aislado es vulnerable; organizado alrededor de su Gremio tiene voz, representación y capacidad de transformar su realidad.

Hoy recuerdo a José Raimundo Sojo, a Miguel Santamaría y pienso también en Jorge Visbal. Pero, sobre todo, honro a los miles de ganaderos que han padecido las violencias de Colombia y a quienes, pese a todo, siguieron y siguen produciendo, generando empleo y construyendo país.

Ellos son los ganaderos. Y FEDEGÁN es su gremio. Una institución que existe para representarlos, defenderlos, acompañarlos y ayudarlos a transformar su realidad.

Esa ha sido nuestra historia. Y ese sigue siendo nuestro

Bogotá, D. C, 3 de octubre 2026

*Presidente de FEDEGÁN.

@jflafaurie

Nada de lo que desfigura la dignidad humana se puede reivindicar como una auténtica inspiración divina.

Por: José G. Hernández*. - Sabio y profundo mensaje el que ha enviado a todo el mundo el Papa León XIV: “Invocar el nombre de Dios para legitimar la violencia o la opresión es una profanación de este nombre. Nada de lo que desfigura la dignidad humana se puede reivindicar como una auténtica inspiración divina. El discurso religioso debe exhortar constantemente a desarmar los corazones y las palabras”.

El enfoque papal -como corresponde- es religioso, y, desde esa perspectiva, nos parece coherente y ajustado a las enseñanzas de Cristo y al sentido mismo de la doctrina católica. Pero queremos verlo también desde una perspectiva jurídica, particularmente en el caso de Colombia.

La Constitución Política de 1991, como varias veces lo hemos resaltado, es la base y el postulado principal de una organización estatal y de un sistema jurídico democrático y humanitario. De allí que el artículo 1 de la Carta declare que el respeto a la dignidad de la persona humana es uno de los fundamentos esenciales de nuestro ordenamiento.

De la dignidad humana se desprenden los derechos fundamentales, que el Estado y sus autoridades están obligados a garantizar, en condiciones de igualdad, sin discriminaciones, exclusiones ni preferencias.

La Corte Constitucional lo subrayó desde sus primeras decisiones. En la Sentencia número T-571 de 1992 sostuvo: “Los derechos humanos fundamentales que consagra la Constitución Política de 1991 son los que pertenecen a toda persona en razón a su dignidad humana. De allí que se pueda afirmar que tales derechos son inherentes al ser humano: es decir, los posee desde el mismo momento de su existencia -aún de su concepción - y son anteriores a la misma existencia del Estado, por lo que están por encima de él. Fuerza concluir entonces, como lo ha venido sosteniendo esta Corte que el carácter fundamental de un derecho no depende de su ubicación dentro de un texto constitucional, sino que son fundamentales aquellos derechos inherentes a la persona humana". El carácter fundamental de un derecho -añade- "no depende sólo de la naturaleza del derecho, sino que se deben considerar las circunstancias particulares del caso. La vida, la dignidad, la intimidad y la libertad son derechos fundamentales dado su carácter inalienable”.

A nuestro juicio, una actitud agresiva y violenta del Estado y sus funcionarios, sin consideración a la dignidad y los derechos esenciales de toda persona, no es lo que la Constitución contempla. Desde luego, ya que las autoridades han sido establecidas para salvaguardar la vigencia de la preceptiva constitucional, el orden público, la pacífica convivencia, el respeto a las personas y comunidades, es natural que goce de facultades para perseguir a la delincuencia, inclusive mediante el uso de la fuerza, dentro de la legalidad. Esa es la función de las fuerzas armadas y de policía, como también lo contempla la Constitución.

Pero no se ajusta a la Constitución ni a la legalidad el abuso de autoridad o el uso excesivo de la fuerza pública, menos todavía si, como se ha denunciado en días recientes, conduce a la pérdida de la vida e integridad de personas ajenas al conflicto y no comprometidas en acciones delictivas. Esa conducta carece de legitimidad y los funcionarios abusivos deben responder. No puede haber impunidad.

Bogotá, D. C, 30 de septiembre 2026

Expresidente de la Corte Constitucional.

El debate alrededor de la Línea Negra refleja la enorme dificultad de equilibrar: protección de derechos ancestrales, autonomía indígena, seguridad jurídica, propiedad privada, autonomía territorial y desarrollo económico.

Por Amylkar D. Acosta M*. - El nuevo Decreto expedido por el Presidente Gustavo Petro para redefinir la denominada “Línea Negra” de la Sierra Nevada de Santa Marta, 0514 del 19 de mayo de 2026, revive un debate complejo sobre autonomía indígena, ordenamiento territorial, consulta previa, seguridad jurídica y alcance de las competencias del Ejecutivo. La controversia surge luego de que el Consejo de Estado anulara el Decreto 1500 de 2018, expedido en volandas, cuando ya estaba con un pie en el estribo para partir, por el ex presidente Juan Manuel Santos, por vicios jurídicos relacionados, principalmente, con la ausencia de consulta previa integral y problemas de cartografía oficial.  

Entre las principales inconveniencias y dudas jurídicas que se plantean frente al nuevo decreto se destacan las siguientes: en primer lugar, persisten dudas sobre la consulta previa efectiva. El principal argumento que llevó a la nulidad del Decreto anterior fue que no se agotó adecuadamente el proceso de consulta previa con todas las comunidades potencialmente afectadas, incluyendo comunidades afrodescendientes y otros grupos étnicos asentados dentro del polígono de influencia de la denominada Línea Negra.  

En segundo lugar, el riesgo de invasión de competencias territoriales. Uno de los puntos más sensibles es que la redefinición de la Línea Negra puede incidir directamente sobre los planes de ordenamiento territorial (POT), el uso del suelo, las actividades productivas, la infraestructura, el turismo, la minería y la energía, así como las competencias de municipios y departamentos y su autonomía territorial reconocida en la propia Constitución Política.

En tercer término, está la posible afectación a la seguridad jurídica. Y ello dado que la llamada Línea Negra abarca zonas de los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira e involucra decenas de municipios y áreas con actividades económicas estratégicas. Por ello, varios juristas advierten riesgos relacionados con: la incertidumbre para proyectos de inversión, las restricciones no claramente delimitadas, la superposición de derechos territoriales, los conflictos entre propiedad privada y protección espiritual ancestral y los eventuales litigios administrativos y constitucionales. Incluso, firmas jurídicas han advertido sobre el vacío normativo y la inseguridad normativa generada tras la nulidad del Decreto de 2018.  

En cuarto lugar, está la ambigüedad sobre el alcance jurídico de los “sitios sagrados”. Ello nos remite a otra discusión de fondo, la cual radica en determinar si el reconocimiento espiritual y cultural de los sitios sagrados puede traducirse automáticamente en restricciones ambientales, limitaciones a la propiedad privada, condicionamientos al desarrollo económico, facultades de cogobierno territorial y posibles colisiones de competencia. Los críticos sostienen que el decreto podría terminar creando efectos equivalentes a una ampliación territorial de facto sin pasar por mecanismos legislativos o reformas legales expresas.

En quinto lugar, está el debate que surge sobre separación de poderes. Sectores críticos consideran que el Ejecutivo podría estar intentando reproducir mediante un nuevo decreto lo que ya fue anulado judicialmente por el Consejo de Estado, lo que abriría un debate sobre el respeto a las decisiones judiciales, alcance reglamentario del Presidente, así como los límites del poder administrativo. Aunque el Gobierno sostiene que está corrigiendo los defectos advertidos por la justicia, persiste la duda sobre si el nuevo acto administrativo realmente subsana los vicios de fondo o simplemente transcribe el texto anterior con sólo ajustes procedimentales.  

En sexto lugar, están las tensiones entre derechos indígenas y derechos de terceros. La Constitución protege especialmente los derechos territoriales y culturales de los pueblos indígenas, pero también exige armonizarlos con: derechos de campesinos, derechos de comunidades afro, propiedad privada, libertad económica, competencias territoriales e interés general. El propio presidente Petro reconoció que la redefinición de la Línea Negra “implica una reforma agraria”, debido a la presencia de campesinos dentro del área involucrada. Ello podría derivar en conflictos sociales y jurídicos complejos sobre uso, ocupación, tenencia y administración del territorio.

En séptimo y último lugar, pero no por ello menos importante, está la fragilidad técnica y cartográfica del Decreto de marras. El fallo que anuló en su momento el Decreto 1500 señaló que no existía cartografía oficial plenamente consolidada al momento de su expedición.  Por tanto, el nuevo decreto deberá demostrar en su defensa: precisión técnica, coordinación con el IGAC, claridad geográfica, compatibilidad con catastros y registros oficiales. Huelga decir que cualquier inconsistencia podría dar lugar nuevamente a demandas de nulidad.

En síntesis, el debate alrededor de la Línea Negra refleja la enorme dificultad de equilibrar: protección de derechos ancestrales, autonomía indígena, seguridad jurídica, propiedad privada, autonomía territorial y desarrollo económico. Dados los vacíos y las inconsistencias del Decreto, 0514, el nuevo Gobierno que preside Abelardo de la Espriella debería derogarlo y cumplir con las formalidades y ajustar el mismo a la normatividad legal y constitucional.

Riohacha, septiembre 25 de 2026

*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.

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A finales de la administración Petro hubo una verdadera orgía contractual que según “Transparencia por Colombia” se tradujo en la firma atropellada de cerca de 50.000 contratos.

Por Juan Camilo Restrepo*. - En estos días hay un sano concurso de ideas para ubicar dónde se podrían reducir gastos públicos. Es apremiante hacerlo. El manejo de la situación fiscal de la administración que terminó el pasado 7 de agosto se caracterizó por el irresponsable aumento de gastos que no estaban respaldados en ingresos ciertos. Allí radica el germen de la calamitosa situación fiscal que vive el país.

El ministro de Hacienda Gómez Martínez, por ejemplo, informó que en los últimos meses los gastos públicos vienen creciendo en promedio $ 40 billones mientras que los ingresos para financiarlos no llegan, en promedio, a $ 28 billones mensuales.

Ahí está la explicación de déficit que según el último informe del comité autónomo de la regla fiscal (Carf) podría llegar al finalizar 2026 a 9,4 % del PIB ($ 180 billones). Y de la apremiante necesidad de un ajuste profundo en el gasto público para salir del pantanero en que nos dejó el gobierno Petro.

Algunos dicen, como el pacto histórico, que el problema no es grave y que bastaría con poner más impuestos para salir del problema. Otros escépticos hablan de que la inflexibilidad del presupuesto es tal que es muy poco lo que puede hacer el gobierno- así tenga buena voluntad de hacerlo- para moderar la rueda dentada que trae el gasto público. El gobierno de ADLE ha anunciado la presentación de la “Ley Rescate” cuyos pormenores aún no se conocen, pero que parece va a ser una especie de parteaguas trascendental en el diseño de las políticas del gasto público en Colombia. Otros proponen vender empresas públicas y no falta quien proponga recurrir a un programa de urgencia con el FMI para enfrentar el grave problema fiscal.

Quiero hacer en este contexto un aporte en esta a esta lluvia de ideas. Sin que dicho aporte sea excluyente sino complementario a las muchas iniciativas que empiezan a salir al ruedo.

A finales de la administración Petro hubo una verdadera orgía contractual que según “Transparencia por Colombia” se tradujo en la firma atropellada de cerca de 50.000 contratos suscritos entre el momento en que terminó la vigencia de la ley de garantías y el 7 de agosto. La cuantía de esta feria contractual supera decenas de billones de pesos. Están también en marcha auditorias forenses -como es el caso de Ecopetrol- que darán luces sobre los abusos que se cometieron.

La inmensa mayoría de estos contratos no podrá ejecutarse en 2026 por la buena razón que la situación de tesorería es tan precaria que una inmensa mayoría de ellos pasarán como compromisos de gastos para la vigencia del año entrante bajo la forma de “vigencias de apropiación”, congestionando así los compromisos de gastos del 2027.

Firmar un contrato no significa poder ejecutarlo si no hay caja para atender la deuda que la administración contrae con quien entrega los bienes y servicios objeto del contrato.

Ahora bien: no es difícil pensar que una gran parte de esta atropellada orgía contractual con que se despidió la administración Petro no cumplió con las reglas más elementales que rige la administración pública.

Se impone entonces la tarea de escudriñar dentro de esta masa de contratos cuáles pretermitieron las normas de la contratación pública y proceder a rescindirlos. O sea, a darles de baja como compromisos de gastos futuros, antes de que pasen a la vigencia del 2027 como vigencias de apropiación para el año entrante.

Otro tanto podría hacerse con la infinidad de dineros que ante la incapacidad de ejecución gubernamental han buscado recurso en encargos fiduciarios. Que tampoco se han traducido en ejecuciones contractuales reales y deberían reversarse y darles de baja también.

Esta sola operación se reflejaría en economías de gastos para el año entrante en cuantía de varias decenas de billones de pesos, lo que ayudarían inmensamente a aliviar el pesado fardo del gasto público que pesa como piedra de molino al cuello de la hacienda pública nacional.

Bogotá, D. C, 27 de septiembre 2026

*Abogado y Economista. Exministro de Estado.

Una vez más, Colombia debe jugar un papel clave en la tarea de recuperar el prestigio y la eficacia del principal organismo multilateral.

Por Fernando Cepeda Ulloa*. Colombia no ha sido ajena a la historia de las Naciones Unidas, la organización multilateral más importante que se ha creado en la historia. Tuvimos que ver con la escogencia de su sede, con el lugar donde se construyó el imponente edificio donde funciona, y hemos formado parte de su organismo más importante, el Consejo de Seguridad, en ocho ocasiones, como uno de los miembros no permanente del mismo. Y participamos como los miembros de una coalición de voluntarios en la guerra de Corea, que fue una de las actividades más controvertidas de la organización.

Hay que reconocer que las Naciones Unidas (ONU) no está, precisamente, en su mejor momento. Y por ello hemos escuchado planteamientos tan duros, como los que hizo el presidente de Brasil, Lula Da Silva, en el discurso en la Asamblea General que este país siempre inaugura por una de esas decisiones protocolarias que rigen en la vida internacional. El presidente de Brasil, que dijo que esta era la décima vez que hablaba ante la en la Asamblea e hizo una durísima presentación sobre la precaria situación hoy de la ONU, haciendo énfasis en la pérdida de prestigio y credibilidad de la organización. No fue el único. Paradójicamente, el presidente de Argentina, que está colocado muy lejos ideológicamente de Lula, hizo una crítica también muy fuerte. Afirmó que “Naciones Unidas se ha convertido en una organización inútil, que sólo sirve para alimentar a una casta de parásitos, fatalmente arrogantes, disfrazado de burócratas bien intencionados". José Manuel Restrepo, en un lenguaje en ti, transmitió las críticas del presidente Abelardo, una síntesis de la de Lula y Milei.

Guerra entre Rusia y Ucrania. Conflictos armados en África. Lo que vivió Israel y lo que ocurrió en Gaza etc.

Una situación más compleja que la de siempre, en el Medio Oriente, violaciones de derechos humanos en algunos países y los organismos respectivos de la ONU guardan silencio. Burocracia dispersa en diversas partes del mundo, cada vez más criticadas por su inacción o por sus inclinaciones prejuiciadas frente a los Estados. Es que las Naciones Unidas se construyó como la gran esperanza para la humanidad después de dos grandes conflagraciones armadas que tuvieron efectos catastróficos y es esa esperanza la que hoy da lugar a evaluaciones que se declaran engañadas.

En la sesión inaugural se escucharon planteamientos muy significativos tanto del presidente Lula como del presidente Trump. Una expectativa por lo que iba a decir la presidenta interina de Venezuela y, finalmente, comprometió su palabra ante la comunidad internacional para asegurar que habrá elecciones en ese país.

Una vez más, Colombia debe jugar un papel clave en la tarea de recuperar el prestigio y la eficacia del principal organismo multilateral. Debo recordar que, como Representante permanente que fui ante las Naciones Unidas en Nueva York, en nuestra calidad de coordinadores del Grupo de Río, propicié una propuesta de reforma de la organización, que fue suscrita por todos los embajadores de América Latina y que oportunamente se envió a Javier Pérez de Cuéllar.

Entiendo que una copia de la misma no existe ni en el archivo de Colombia en nuestra representación en Nueva York ni en la propia cancillería. Supongo que sí en la Secretaría General de la ONU. Como lo dijo con mucho valor Carlos Lleras de la Fuente después de haber sido embajador en Washington, los archivos correspondientes a un importante periodo de nuestras relaciones con Estados Unidos no se encontraban ni en nuestra misión diplomática en Washington, ni en la cancillería colombiana. ¿Acaso un patrón? ¿Acaso un descuido significativo en el manejo de los archivos?

Hace algún tiempo preparé para la cancillería un estudio sobre los discursos pronunciados por Colombia ante la Asamblea General y traté de encontrar algún significado y alguna continuidad histórica en los mismos. Excepcionalmente los ha pronunciado el presidente de la República.

Bogotá, D. C, 27 de septiembre 2026

*Analista político, catedrático, exministro de Estado.