Lorena Rubiano

Por Lorena Rubiano.- ¡Libertad para los indios donde quieran que estén en América y en el Mundo, porque mientras vivan vivirá un brillo de esperanza y un pensar original de la vida! Rigoberta Menchú

Recientemente tuve la oportunidad de regresar al corazón del mundo, la Sierra Nevada de Santa Marta, por los lados de Pueblo Bello, para visitar el resguardo Businchama del Mamo Félix.

Es algo difícil de explicar cuando a uno ese mágico lugar lo atrae, lo llama y lo subyuga, para limpiar su espíritu y retornar con energías renovadas. El agua, el aire, el fuego y la tierra, como elementos de vida, se manifiestan en sus diferentes formas para envolvernos en una mágica aureola que transmite amor por la naturaleza y fortaleza para protegerla.

En esta gran pirámide natural, única en el mundo a orillas del mar, están los grupos ancestrales arhuaco, kankuamos, kogi y wiwas, que son nuestros "Hermanos mayores" congregados alrededor de las máximas y únicas autoridades que los rigen, los Mamos, quienes mantienen vigente su Ley de Origen, cosmovisión, creencias y sabiduría basadas en el culto y cuidado de la naturaleza.

Para ellos, la Ley de Origen es la guía de comportamiento y conocimientos ancestrales espirituales, y que los han regido de generación en generación y mantienen esa unidad de pueblo. No es fácil compenetrarse con esa sabiduría, más aún cuando los blancos o hermanos menores, seguimos siendo los mayores depredadores del planeta tierra, mientras que estos pueblos ancestrales, entienden y acatan la ley de vida, donde la naturaleza no se puede destruir.

“El agua debe tener su propio cauce, las piedras existir en su mismo espacio. Ella me respeta y yo la respeto”, afirman.

Con razón argumentan que “El Hermano Menor está dañando el mundo. Y por ese camino vamos hacia la autodestrucción”.

Estamos desaprovechando esta gran sabiduría, que ha sobrepasado durante siglos, a los ataques de gente armada, a los embates de religiones que violando todas las normas se han ido incrustando en sus resguardos para cambiarles su saber ancestral y a la invasión de colonos que los desplazaron hacia las partes altas de la Sierra.

Allí, hice mis rituales de limpieza, en una cascada aguas puras y a través de los hilos que representan el cordón umbilical que me ata con la madre tierra, vertí mis pensamientos, mis anhelos y mi petición para poder percibir esa gran conexión cosmogónica de la Sierra Nevada, que nos permitan trabajar por el bienestar de nuestro país.

Esta es una invitación para que ahora que han sido declarados con justa razón, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, conozcamos más de su cultura, para ayudar a frenar la destrucción del mundo.

Desde hace unos 20 años, tuve mi primera conexidad con esta paraíso, porque tuve la oportunidad de conocer a un gran Mamo, en Bogotá, donde trabaja por su gente, para inculcar los conocimientos y ayudarnos en temas de salud. Es Crispín Izquierdo, arwua vicku y su esposa Blanca, incansables defensores de la cosmogonía arhuaca.

Bogotá, D. E, 4 de febrero de 2023

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Paloma Valencia Laserna

Por Paloma Valencia*.- Esta semana salió otro decreto del Ministerio de Transporte congelando a dedo los precios de 143 peajes a cargo de la ANI y el INVÍAS. En diciembre se firmó un decreto reduciendo en un 50% el valor del SOAT para un grupo específico de vehículos. También el presidente determinó qué presos de “primera línea” deberían salir de las cárceles e incluso incluyó cinco extraditables. También definirá la estructura del nuevo ministerio de la igualdad vía facultades extraordinarias. Y por supuesto, decretó y luego desistió de un cese al fuego bilateral con el ELN y otros grupos con los que ni siquiera hay negociación; en realidad era un cese a la acción legítima de las FFAA, pues los ilegales dijeron no estar siquiera enterados.

La ministra de salud ha mencionado que en su reforma a la salud existirá un manual único tarifario para establecer precios de procedimientos y medicamentos. Una fórmula que ya tuvo Colombia y que beneficiaba a los malos prestadores que cobraban lo mismo que los buenos. Era un fracaso que quieren revivir con el propósito de que el Gobierno fije los precios.

Los borradores del Plan Nacional de Desarrollo están llenos de facultades extraordinarias para que el presidente tome decisiones discrecionales. No hay técnicos ni división de poderes.

El presidente Petro y su gobierno desconfían de los expertos sectoriales. Los despidos o “renuncias voluntarias” de varios ministerios como Salud, Minas, Defensa, Trabajo lo demuestran. Se fueron los mejores, los que sabían; es apetito burocrático y soberbia. Nadie que cuestione sus “originales” ideas.

En la CREG que regula los precios de la energía y gas está el ministro de Minas y Energía, el ministro de Hacienda, el Director DNP y 8 comisionados.  El gobierno tiene veto sobre las decisiones. La semana pasada el presidente tomó las funciones y él mismo determinará los precios de los servicios públicos en el país. Corresponde al Superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, decidir; que no solo es nombrado por Petro sino que, él también tiene silla en la CREG, y no fue a ninguna reunión.

A esto se suma la presión por el metro subterráneo de Bogotá que Petro quiere. No contento con irrespetar la autonomía territorial que corresponde a la alcaldesa de la ciudad; ahora extorsionan. Si no se hace el metro subterráneo entonces no financiará el resto de las obras públicas que la ciudad ha puesto a consideración del gobierno. Es un irrespeto, una extorsión y una manera despótica de gobernar.

Petro no quería ser presidente sino emperador. Todas estas decisiones populistas traerán consecuencias graves a mediano plazo. Hay que repetirlo: “Los aplausos de hoy serán las lágrimas de mañana”.

El SOAT puede costar más de un billón para al Estado, los peajes otros miles de millones, el metro hasta 12 billones más. El Ministerio de Hacienda no pudo determinar el valor del nuevo Ministerio. Las tarifas estatales de la salud desconocen la variabilidad de precios del sector y la capacidad técnica adquirida por las EPS en 30 años para negociar tarifas. El modelo de planificación estatal puede generar escasez de procedimientos y medicamentos, y caída en la calidad.

Esto es un gobierno de izquierda que quiere concentrar todo en cabeza del presidente. Les gustan los modelos imperiales. Las obras públicas, la burocratización y el Estado como responsables y ejecutor de todo, serán una constante, así como la destrucción de la participación de los privados en la prestación de servicios y obras públicas. Las consecuencias no es difícil anticiparlas, ya hemos tenido eso. Llevamos un mes con la vía al sur bloqueada y siguen tratando de hacer un puente. Los bloqueos continúan sin solución, los grupos ilegales se toman pueblos y escuelas, pero el presidente está concentrado en acumular más y más poderes. ¿Para qué? Para esconder su ineficiencia con medidas populistas que lo mantengan alto ante la opinión pública.

Bogotá, D. E, 4 de febrero de 2022

*Senadora del Centro Democrático

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Gabriel Ortiz

Por Gabriel Ortiz*.- Ya no hay lugar seguro dentro del millón de kilómetros en que fue ubicada Colombia. Todo empezó por la toma del campo, pasó luego a pequeñas poblaciones y hoy reina en todo el territorio, sin que haya autoridad alguna que se fije el propósito de darle tranquilidad a los 51 millones de víctimas que buscan sobrevivir.

La pobreza y la miseria nos acosan desde hace años y se agudizaron con la pandemia. El encierro decretado por el covid 19, el desempleo y los excesos de convivencia hogareña han ofuscado a la gente.

El emprendimiento y el rebusque, no han aliviado las penurias que dejan la inflación, el encarecimiento del dinero, la desocupación, la falta de ingresos, el desabastecimiento de alimentos y bienes de consumo.

No ha aparecido alguien que sepa como frenar la inflación. El Banco de la República solo acude a elevar intereses que solo beneficia a la Banca privada.

Las ollas vacías y el bostezo de los niños, convierten a nuestra gente en “borregos de panurgo”, que intrépidamente buscan en los bancos costosas tarjetas y créditos inalcanzables y restringidos.

Los competidores de la banca privada aparecen como buitres hambrientos, con los gota-gota, cobradiario y toda suerte de usuras, respaldadas por ejércitos de cobradores que acuden a extorsión, secuestro y asesinato.

En todas partes del territorio nacional existe esta manera de suplir la falta de recursos y la carestía del crédito bancario, que golpea a la ya inexistente clase media, a pequeños empresarios, tenderos, confeccionistas y a quienes aspiraban a montar un negocio. Nadie se ha ocupado de aliviar la difícil situación de una población anémica, desnutrida, enferma, y ahora super endeudada.

Adicionalmente se multiplicó la extorsión y el pillaje. Las víctimas gota-gota y usureros no tienen quien los defienda, libere o ampare. “Ellos son buenas pagas” -dicen los banqueros refiriéndose a los pobres. Pero con los actuales créditos bancarios del 35% y los de usura del 48%, hay que acudir al gota-gota, aunque cueste la vida y se quede a merced de secuestradores que retienen hijos y familias, o de sicarios que van por la bolsa.

Así se ha sembrado el territorio nacional de inseguridad, crimen, extorsión, secuestro, narcotráfico y demás formas de violencia que se conozcan o se inventen.

A diario los medios revelan atropellos, amenazas, extorsiones, masacres y toda suerte crímenes en ciudades, poblaciones y veredas. En Barranquilla, otrora tranquila, han asesinado a 35 personas, especialmente jóvenes, en enero. Nada se diga de Medellín, Cali, Bucaramanga y demás orbes. De Bogotá, para que hablar. Ya los celulares no satisfacen a los atracadores, roban lo que lleven sus víctimas. Tomar un bus, montarse en una bici o en una moto, significa muerte segura.   

BLANCO: Este febrero, mes de los periodistas, un merecido homenaje al colega, Norberto Patarroyo, director de El Muro. 13 años cumple al frente del único medio al servicio del gremio. Aplausos.

NEGRO: ¿Cómo bajar las tarifas de servicios públicos, si hasta los usuarios defienden y apoyan a quienes los cobran?

Bogotá, D. C, 3 de febrero de 2023

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y de Notisuper.

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José G Hernández

Por José G. Hernández*.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de proferir sentencia que condena al Estado colombiano - “Caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica Vs. Colombia”- por su responsabilidad en el genocidio cometido desde 1984 contra miembros, militantes y simpatizantes del partido Unión Patriótica (UP). 

En el trascendental fallo, el Estado colombiano fue señalado como “responsable por las violaciones de Derechos Humanos cometidas en perjuicio de más de 6 mil integrantes y militantes del partido Unión Patriótica a partir de 1984 y por más de 20 años, como consecuencia de un plan de exterminio dirigido contra el partido, sus integrantes, militantes y simpatizantes”.

Han pasado muchos años -es grande el número de compatriotas que eran todavía niños o no habían nacido cuando tuvo desarrollo el genocidio-, y hasta ahora se profiere una sentencia integral, puesto que, como lo señala la Corte, en lo interno hubo impunidad. 

Como colombianos, siempre sentiremos dolor y vergüenza cuando sabemos que un tribunal internacional de derechos humanos ha condenado a Colombia. No es la primera vez. Y lo peor: a estas alturas de nuestra historia, continúan la violencia, la muerte, las violaciones de los derechos fundamentales y la impunidad. Casos como los asesinatos de líderes sociales, las frecuentes masacres o los falsos positivos, han golpeado y siguen golpeando a nuestra colectividad. Y es muy probable que, si la impunidad continúa, deba el Estado colombiano asumir nuevas condenas internacionales.

Entonces, no solamente hemos de acatar en su integridad el fallo y cumplir a plenitud -y a la mayor brevedad- lo ordenado por los jueces internacionales, sino que el Estado debe aprender esta lección y asumir el compromiso de la no repetición. Así lo anuncia el presidente Gustavo Petro, quien ha expresado en las últimas horas que su gobierno “apoyará la justicia nacional e internacional contra la impunidad”. Pero, desde luego, lo deben hacer en realidad, no solamente el Ejecutivo, sino los demás órganos estatales.

Además, a la luz de la Constitución de 1991 -que no estaba aún vigente para la época de los gravísimos acontecimientos que dieron lugar a la condena-, la sociedad colombiana debe tomar conciencia sobre el valor de la vida humana, los derechos fundamentales, la tolerancia y el respeto a las ideas de los demás, aunque no se compartan. Ninguna razón de carácter político es válida, ni hace legítimo que se emprenda una campaña de exterminio de ciudadanos, por el hecho de pertenecer a cierta tendencia ideológica o partidista. Eso es inaceptable en una genuina democracia.

El artículo 9 de nuestra Carta Política proclama que, entre otros valores, las relaciones exteriores del Estado se fundamentan “en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia”.

Su artículo 93 ha dado base al bloque de constitucionalidad, a la importante jurisprudencia constitucional sobre sus alcances y al respeto que nos merecen los tratados y convenios internacionales que hemos ratificado, como la Convención Americana de Derechos Humanos. Ellos “prevalecen en el orden interno”.

No olvidemos que, según la norma superior, los derechos y deberes consagrados en la Constitución “se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”.

Bogotá, 2 de febrero de 2023

*Expresidente de la Corte Constitucional.

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Juana Bazán Achury

Por Juana Yolanda Bazán Achury*.- ¿Se reduce la democracia en Colombia a un simple procedimiento electoral? ¿Existe una verdadera democracia o se trata simplemente de participar en elecciones cada cuatro años según se trate de las justas regionales o nacionales?

Política partidista y electoral

Atendiendo a nuestra cultura política, debemos mirar hacia la participación de los ciudadanos en el desarrollo institucional de la nación.

Cómo entender la participación política electoral en Colombia, frente a 16 partidos con personería jurídica, admitiendo igualmente la posibilidad de ejercer la participación política electoral a través de grupos significativos de ciudadanos.

Es muy difícil en una democracia, hacerle seguimiento a la ideológica de 16 partidos, además de los grupos significativos de ciudadanos. ¿Quién ejerce la representación legal, qué propuestas defienden en el Congreso de la República, en las Asambleas Departamentales o en los Concejos Municipales? ¿Qué proponen a los colombianos, qué organizaciones de base tienen, cómo es el proceso de formación política de las bases, cuáles los cuadros directivos visibles, cómo es la democracia interna, existe pertenencia de sus militantes, fidelidad, disciplina quién lo dirá?

Por experiencia se sabe que los partidos por lo general son meramente de papel, existen los estatutos y cumplen con los requisitos y exigencias del Consejo Nacional Electoral para obtener la personería jurídica, participar en las elecciones y de esta manera recaudar los recursos que el Estado ofrece a título de reposición de votos, y por tener vigente la personería jurídica.

Si inadvertidamente le preguntamos a una persona sobre la ideología del partido de su preferencia, por lo general no nos da una respuesta que esté acorde con lo que se ha registrado en el Consejo Electoral, como plataforma ideológica para obtener el reconocimiento de su personería jurídica, la respuesta estará orientada hacia un personaje de su simpatía o favoritismo, en ocasiones solo tienen empatía con el nombre.

Cuando se hacen las encuestas en las votaciones se les pregunta a los ciudadanos si tienen pertenencia a un partido y en un alto porcentaje responden que no.

Los partidos políticos como organizaciones encargadas de fortalecer la democracia y la gobernabilidad, han perdido por completo su popularidad, porque la gente se ha dado cuenta que en ellos no hay una verdadera organización que aglutine a las bases, que las eduque, que les permita tener reconocimiento interno y posibilidad real de llevar la representación de la colectividad a través de los distintos estamentos internos y externos.

¿Se reduce la democracia en Colombia a un simple procedimiento electoral? Existe una verdadera democracia o se trata simplemente de participar en elecciones cada cuatro años según se trate de las justas regionales o nacionales.

Al analizar las democracias de los países desarrollados encontramos que se estructuran a partir de 2, 3 o máximo 4 partidos fuertes, que aglutinan las ideologías que más demanda la sociedad, abanderan las verdaderas expectativas de los ciudadanos y las responsabilidades de quienes gobiernan está fuertemente atadas a las propuestas de sus partidos u organizaciones políticas. Por lo general se conoce al interior de los partidos por el líder en quien recaerá la sucesión de la representación, en cuanto se trata de ciudadanos formados dentro de la colectividad y por lo tanto cuentan con el respaldo de las bases y de las directivas.

Sus mecanismos internos de representación son muy fuertes y respetados, y a través de ellos, el ciudadano siente su vinculación y pertenencia a la organización política.

En Colombia, luego de la Constitución Política de 1991, se ha dado sin duda una apertura política, pero no como se esperaría para fortalecer la democracia e instrumentalizarla a favor del conglomerado social. Por el contrario, cada candidato quiere un partido o un proyecto personal para sus logros políticos, con lo cual se debilita la democracia y el proceso de participación ciudadana.

Sin partidos fuertes, no hay verdadera democracia. La situación es aún peor, cuando se trata de candidatos que aspiran a las gobernaciones o Alcaldías, la mayoría no tienen pertenencia a los partidos por el contrario les huyen, acuden a las firmas o a la independencia no se sabe de qué o de quien, y en muchos casos son sacados del sombrero mágico, sin ninguna trayectoria política o vinculación con lo público.

Mecanismos de participación ciudadana

Desde otra óptica, seria del caso analizar si los mecanismos de participación ciudadana que han quedado reglamentados en las leyes 134 de1994 y 1757 de 2015, son efectivos instrumentos de participación ciudadana, si cumplen la función de ampliar la base democrática del país, permitirle al ciudadano sentirse parte de la conformación del poder político y de la toma de decisiones que afectan su vida de manera cotidiana.

El objetivo de la ley 1757 de 2015 fue el de promover, proteger y garantizar las modalidades del derecho a participar en la vida política, administrativa, económica, social y cultural y así mismo a controlar el poder político.

Se les introdujeron modificaciones a los mecanismos de participación ciudadana como la iniciativa popular y normativa ante las corporaciones públicas, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, el plebiscito, el cabildo abierto; y se establecieron normas fundamentales por las que se debe regir la participación democrática de las organizaciones civiles.

Lo anterior, con el propósito de imponer al estado la obligación de promover, proteger, implementar y acompañar instancias de participación, un factor fundamental para el desarrollo de las instituciones y fortalecimiento de la democracia.

Sin embargo, aún estamos muy lejos de hacer efectiva la participación de los colombianos en la conformación real del poder político y no solamente en un mecanismo electoral, ejercido la mayoría de las veces por mera simpatía con uno u otro candidato.

El legislador en el trámite de la reforma política, que cursa actualmente el Congreso, tiene la posibilidad de hacer los ajustes necesarios para que se establezcan mayores exigencias en la conformación de los partidos, que sean pocos, pero fuertes, y a través de ellos, los ciudadanos canalicen inquietudes, reclamos y aportes, a la conformación del poder político que debe estar representado directamente por sus dirigentes a nivel local, departamental y nacional.

Bucaramanga, 2 de febrero de 2023

*Exrepresentante a la cámara por Santander.

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Humberto Tobón

Por Humberto Tobón*.- La Amazonía tiene una extensión 6,5 veces más que el territorio colombiano. Sus 7,4 millones de kilómetros cuadrados son esenciales para el planeta en temas como la regulación del clima y la preservación de miles de especies, muchas de las cuales aún no descubiertas. Además, juega un papel muy importante en la protección cultural y etnográfica de países como Brasil, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, Ecuador, Surinam y Guyana.

A pesar de su enorme valor, la Amazonia es objeto de un ataque permanente y despiadado, sin que los gobiernos de estos ocho países, y mucho menos la comunidad mundial de naciones, hagan algo para detener su destrucción.

Los momentos más críticos para esta región en lo corrido del siglo, se vivieron durante el mandato del presidente brasileño Bolsonaro, quien permitió que se deforestara sin control alguno cerca de  13.000 kilómetros cuadrados, impidiendo la actuación de las autoridades contra organizaciones criminales. Fueron años terriblemente dañinos para este ecosistema y para cientos de resguardos indígenas que habitan allí.

Los criminales no sólo llegan a las entrañas de la Amazonía por su madera, sino también por el oro, destruyendo decenas de afluentes, a través de una minería ilegal, que produce miles de millones de dólares cada año. Por si fuera poco, los incendios son constantes y cometidos por traficantes de fauna silvestre o por colonos que pretenden ampliar la frontera agrícola.

Colombia, que tiene el 40% de su espacio territorial en la Amazonía, le ha dado la espalda. Las intervenciones del gobierno nacional son nulas y las desastrosas consecuencias ambientales se evidencian en los departamentos amazónicos de Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés, donde se concentra también la pobreza, la violencia y la marginalidad.

La Amazonía no son sólo ríos y árboles, sino también “ciudades, carreteras e industrias… se contraponen todo tipo de actividades económicas con múltiples impactos ambientales, sociales y económicos”, de acuerdo con Kurt Holle Director de WWF Perú, entidad que acaba de publicar el informe “Amazonía Viva 2022”.

Frente a un panorama tan desolador y peligroso, el mundo ha visto con especial interés la decisión de los presidentes Lula Da Silva de Brasil y Gustavo Petro de Colombia, de liderar un plan regional para hacerle frente a los graves problemas que se viven en la Amazonía y convocar al mundo a ayudar económica y científicamente para recuperar este pulmón de la tierra.

Entre las acciones urgentes que se recomiendan por parte de los expertos, está la formación de una fuerza multinacional que combata la deforestación y la contaminación con mercurio; erradicar la ganadería extensiva; sancionar a los compradores de madera ilegal; proteger a las comunidades indígenas, muchas de ellas en riesgo de extinción;  y evitar la sobreexplotación y el desvío de los cauces de los ríos. Todo es posible, siempre y cuando haya voluntad política.

Pereira, 2 de febrero de 2023

* Economista de la Universidad Libre. Estudió Administración Financiera en la EAN y Comunicación Social en la U Jorge Tadeo Lozano.

Los conceptos no comprometen a la RAP Eje Cafetero, de la que soy subgerente de planeación regional.

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Guillermo García Realpe

Por Guillermo García Realpe*.-Se cuenta con información de diferentes entidades nacionales y regionales de los dos departamentos, del Cauca y de Nariño sobre lo que ocurrió el pasado 9 de enero en el deslave de Rosas, Cauca. Hay información sobre los adelantos de dos variantes para el tránsito de pasajeros de carros pequeños y de carga. Uno por La Sierra y otro por El Tambo, Cauca.

También se conoce los anuncios del señor Presidente de la construcción de la variante Estanquillo-Timbio y la doble calzada entre Pasto y Popayán que lo hiciera el día de la visita a la zona.

Igualmente, se conocen las medidas que se tomaron en el Consejo de Ministros el sábado de la semana pasada acerca de la atención de la contingencia de la emergencia, especialmente con el tema de la compra de productos y distribución en la región sobre todo de la leche y de la papa en el departamento de Nariño y otras medidas sobre precios y suministros de combustibles provisional mientras dura la emergencia.

También se ha manifestado por parte de voceros de la región sur colombiana que, la emergencia social y económica debe decretarse para tomar medidas con fuerza de ley que modifique la estructura tributaria, la estructura económica en el tema de recursos y aplicar medidas de choque para superar la quiebra del aparato productivo tanto del sur del Cauca, como del departamento de Nariño y buena parte del Putumayo.

Definitivamente la emergencia social y económica es necesaria para tomar medidas más trascendentales porque definitivamente la economía regional ha colapsado y se conoce la designación del Dr. Luis Fernando Velasco, como gerente de la recuperación del Plan Sur o Pacto Sur para tomar medidas del corto, mediano y largo plazo en la región.

Ahora, nos resta hacer unos análisis y enfocarnos en sacar conclusiones porque este bloqueo de la carretera Panamericana no es un bloqueo aislado en el tiempo, ha habido muchas emergencias sobre este importante corredor vial y también bloqueos por manifestaciones y protestas. Por lo tanto, con respecto al departamento de Nariño tenemos que decir que la sociedad regional, una sociedad pujante, resiliente, tiene que tomar medidas para que no tengamos un solo punto de suministro de bienes y servicios de salidas de la producción regional.

Definitivamente en materia de vías se tiene que implementar cuanto antes la construcción de la vía San Francisco-Mocoa para tener otra salida al norte del país que conecte a Nariño, Putumayo y de ahí con Pitalito y Neiva por la vía de la cuenca del río Magdalena.

En materia de combustibles, el departamento de Nariño, tiene que optar por otras alternativas adicionales, hoy solamente se tiene la fuente de suministros de combustibles a través de carro tanques entre Yumbo y Pasto y la vía ha repetido la historia de escasez de gasolina en la región paralizando la actividad económica y de transporte de todo tipo, de carga, de pasajeros, de encomiendas, de particulares en fin, se ha convertido en una verdadera tragedia para nuestros usuarios, verlos en la noche o en la madrugada en largas filas para que les vendan una cantidad limitada porque así tiene que imponerse por parte de las autoridades, una disciplina de consumo de combustible.

Por lo tanto, Nariño tiene que abocar en temas de combustibles las alternativas que hoy tiene y que ha servido en esta emergencia como lo es el puerto de Tumaco , puerto que nos sirve para importación y exportación de mercancías en este caso de combustible que ha permitido paliar y manejar esta crisis. Ha entrado combustible por el puerto de Tumaco en buques de cabotaje desde Buenaventura, también desde Barranquilla y Cartagena y ha atendido, aunque medianamente está emergencia, ha sido la solución. En los próximos días entrarán varios cientos de toneladas de gas, GLP fundamentalmente para la región.

También el puerto de Tumaco ha permitido sacar mercancías de la producción regional, especialmente de la papa y otro tipo de productos. Igualmente, se tiene que habilitar la planta de almacenamiento que existe en Chachagüi y que hoy no está funcionando por pleitos jurídicos entre distribuidores de combustibles que no debía existir una actitud de egoísmo e individualismo, todo lo contrario, aquí debe haber una actitud solidaria respecto a los cientos de miles de habitantes del departamento de Nariño y del sur del Cauca.

Definitivamente se impone la construcción del poliducto Yumbo-Pasto. Una región debe tener esta infraestructura de suministro de combustible, la región tiene que tener estas cuatro fuentes para garantizar la seguridad energética y de combustibles. Una sociedad que no tiene alternativas energéticas, es una sociedad en riesgo y totalmente vulnerable, tenemos que defender de manera general y asumir una postura regional para tener estas alternativas para suministro de carga, importación y exportación y de bienes esenciales como son la gasolina y el diésel para nuestras comunidades.

Bogotá, D. E, 1 de enero de 22023

*Exsenador Liberal

@GGarciaRealpe

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Fernando Cepeda Ulloa

Por Fernando Cepeda Ulloa*.- Pues sí, estamos en la era de la posverdad, pero un gobierno no se puede permitir jugar con las cifras para establecer una política pública. Mucho menos si se trata de la principal.

Lo que se dice que ha ocurrido en el Ministerio de Minas y Energía, dirigido por una respetable profesora de la Universidad del Valle es inconcebible, porque eso sería lo que jamás se esperaría de una profesora que llega a desempeñar un cargo tan importante. La biografía académica de Irene Vélez exhibe un número impresionante de trabajos científicos en las mejores revistas internacionales. Algo que contribuye a incrementar su respetabilidad.

Que un Gobierno le ofrezca a la opinión pública información distorsionada o falsa es inaceptable. Si algo le ha dado prestigio internacional a Colombia ante el sistema financiero internacional, ante los inversionistas extranjeros es, precisamente, el rigor que ha venido caracterizando la presentación de lo que comúnmente denominamos las estadísticas. Que recuerde la agencia responsable de los datos más básicos, el Dane, ha contado con la confianza pública.

El ingreso de Colombia a la OCDE, para situarse al lado de las principales economías del mundo, no habría sido posible si no hubiera contado con una agencia tan respetable en estas materias. Por ejemplo, que su último director hubiera sido considerado por el nuevo gobierno, de estirpe ideológica bien diferente del anterior, para que continuara al frente de la entidad, es una señal clarísima de la credibilidad que el Dane y, en este caso, su director Juan Daniel Oviedo, tenían. No sé si la ciudadanía conoce que existen fechas fijas para la presentación pública de algunos datos, para evitar que la información sea manipulada por razones de conveniencia electoral o de otra naturaleza.

La ciudadanía asistió sin un reproche a la corrección que solicitó el candidato Petro cuando consideró que los datos de la elección parlamentaria no eran correctos y que en efecto lo desfavorecían. En materia tan delicada en una semana se hizo la corrección correspondiente y la asignación de varias curules adicionales en el Senado; ello con el consentimiento de todas las fuerzas políticas. Otro ejemplo de la respetabilidad que se espera de una institución gubernamental.

Leer un titular de primera página (El Nuevo Siglo, 25 de enero) que dice: ¿Gobierno "infló" las cifras sobre las reservas de gas? La distorsión estadística la había difundido Caracol. Gravísimo porque se trataba de justificar la decisión de no suscribir más contratos de exploración. Un tema de enorme envergadura. El periódico consideró que era necesario acompañar esta noticia de un editorial contundente "El desplome de un informe". Mucho más grave que el informe se hubiera presentado con las firmas tanto de la viceministra como las de otros funcionarios que pronto se desvincularon de la autoría de ¡¡¡un trabajo mentiroso!!!

El mismo miércoles la ministra Vélez ofreció una rueda de prensa en la cual hizo afirmaciones no menos contundentes. “aquí estamos actuando con mucha transparencia, con mucha ética profesional y con mucha certeza técnica.” “Las cifras son correctas, el informe es correcto, no se le ha mentido a nadie”. Quiero creerle a la Ministra porque no puedo concebir otra cosa en una académica internacionalmente reconocida como ella. Imposible que ponga en duda su credibilidad. Si no fuera así estaría abrumado y perplejo. La veracidad es de la esencia en un gobierno democrático.

Bogotá, D. C, 31 de enero de 2023

*Exministro de Estado.

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José Felix Lafaurie Rivera

Por José F. Lafaurie*.- Fue esa la pregunta central del Foro Colombia 2023 de la revista Semana sobre el tema de la paz promovido por la revista Semana, en el que participé y que merece unos comentarios. En principio, quiero acotar el concepto y por esa vía, también la respuesta y nuestras responsabilidades sobre algo que se parezca a la “paz total”.

Y cuando digo “que se parezca”, estoy afirmando que, efectivamente, la paz total sí es una utopía, lo que no quiere decir que, como propósito, no deba ser buscada. La utopía, un concepto originalmente aplicado a las condiciones de una sociedad perfecta, ideal y, por lo tanto, imposible, se extendió a todo lo inalcanzable; como la felicidad total, también utópica, pero cuya búsqueda da sentido a nuestras vidas.

Igualmente, la búsqueda de esa utopía cobra sentido en una sociedad fracturada como la nuestra. Por ello, debe ser el propósito, el “dogma” que, al decir de Ortega y Gasset, la entusiasme para construir un “Acuerdo sobre lo fundamental” entre los colombianos, como soñó Álvaro Gómez, tomó prestado éste gobierno y gravitó como respuesta en el foro.

Nadie dudó de la importancia de pasar la página, de superar el odio que se expresa en la polarización política y en narrativas estigmatizantes y violentas, para encaminar las energías del país hacia ese Gran Acuerdo Nacional, a partir del diálogo para encontrarnos en lo compartido y acercarnos en las diferencias.

En ese contexto, las negociaciones con el Eln adquieren condición de “piloto” y deben mostrar resultados tempranos en los territorios, que le devuelvan la confianza a los colombianos, como un camino hacia el Acuerdo Nacional.

Se hizo evidente que resulta fácil responder al QUÉ, pero más difícil encontrar el cómo avanzar hacia esa utopía, sobre todo mientras exista el narcotráfico y las rentas ilegales que conducen al control territorial que somete a los ciudadanos y limita su libertad, y mientras exista esa tendencia a la ilegalidad que se volvió cultura en el país. También estuve de acuerdo, por supuesto, en que genera desconfianza la laxitud de la JEP frente a los crímenes de las Farc y el rigor extremo frente a la Fuerza pública.

Todos coincidimos en la necesidad de un verdadero plan de acción en los territorios, que desate su desarrollo y mejore el bienestar de la Colombia rural; y en que no basta el copamiento militar, sin una dotación integral de infraestructura y de bienes públicos, la justicia incluida, que permita una vida digna y económicamente viable, como condición para sustituir las rentas ilegales.

De ahí la pragmática afirmación de uno de los contertulios sobre los límites de la paz total, pues no se logrará negociar el sometimiento de todos los actores armados y, por lo tanto, el asunto es de “zanahoria y garrote”, con una efectiva política de seguridad que seguirá siendo necesaria.

Carlos Ruiz-Massieu fue prudente, por su condición de delegado especial de la ONU, pero volvió a referirse a que, de cara a los diálogos con el Eln, el Acuerdo de Tierras con Fedegán y una mayor asignación presupuestal para el desarrollo rural, son señales positivas hacia una paz posible.

En fin, fue un debate interesante, incluso con quienes ayer no encontraba sino diferencias, que aún perduran, pero de eso precisamente se trata el Gran Acuerdo Nacional; de acercarse a puntos de encuentro sobre lo “fundamental”, una de mis convicciones heredadas, como lo es también mi premisa de siempre, en la que insistí: “Sin la recuperación del campo, algo que se parezca a la paz total nunca será posible”, y esa paz total, aunque utopía, bien merece el esfuerzo de los colombianos que queremos un país mejor.

Bogotá, 30 de enero de 2023

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie

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Amylkar D Acosta M

Por Amylkar D. Acosta M*.- “Ahora o nunca”: Evaristo Sourdís.

Enhorabuena el pasado 26 de diciembre la señora Gobernadora del Atlántico, que funge como Presidenta del Consejo regional administrativo de Planeación, Elsa Noguera y los demás gobernadores de los 8 departamentos que integran la Región administrativa y de Planificación (RAP) del Caribe, resolvieron ponerla en marcha. Me ha cabido en suerte a mí, por generosidad y expresa voluntad de ellos, la responsabilidad de conducir dicho proceso hasta llevarlo a puerto seguro. Honor que me hacen, de lo cual les quedo muy reconocido. Con esta ya son 7 RAP que operan en el país, cada una de ellas en la región de su jurisdicción.

Este 1 de febrero, con su puesta en funcionamiento, es una fecha memorable para el Caribe colombiano y constituye un hito histórico en la denodada y perseverante lucha por reivindicar la autonomía y el desarrollo regional. Bien se ha dicho que la historia trabaja para nosotros a condición de que nosotros trabajemos para ella y este es el caso.

Como antecedente más remoto tuvimos la Ley 76 de 1985, mediante la cual se crearon las regiones de planificación, más conocidas como CORPES, las cuales dejaron de operar desde el año 2000. Luego la Asamblea Nacional Constituyente, gracias a la intervención de los delegados de la región en la misma (Eduardo Verano, Carlos Rodado, Eduardo Espinoza, Juan B Fernández, Raimundo Emiliani y Orlando Fals Borda), al expedir la nueva Constitución de 1991, no sólo consagró el principio de la autonomía (artículos 1 y 287) sino que le dio vía libre a las regiones para que se pudieran constituir como RAP primero y como entidades territoriales (RET) después, de conformidad con los artículos 306 y 307, como destino final.

Luego, mediante el voto directo del constituyente primario, 2.5 millones de ciudadanos despositaron en las urnas en las elecciones al Congreso de la República en mayo de 2010 el Voto Caribe con el mandato de constituir la región Caribe como entidad territorial como meta a alcanzar, “para que promueva un desarrollo económico y social en nuestro territorio, dentro del Estado y la Constitución colombiana”.

En respuesta a este hecho político se aprobó por parte del Congreso de la República la Ley 1454 de 2011 de ordenamiento territorial (LOOT), la cual, según lo prevé la Carta, es requisito sino quanom para la aprobación de la RAP y de la RET. Pero dicha Ley, lejos de viabilizar la constitución de las mismas la obstruyó poniéndole barreras y cortapisas, emasculádolas además al dejarlas sin fuentes de ingresos para su funcionamiento.

Fue necesaria la expedición de la Ley 1961 de 2019, de fortalecimiento de las RAP, para destrabarla, la cual fue reglamentada mediante el Decreto 900 de 2020. Tuvimos que esperar 20 años para que las RAP vinieran a llenar el vacío dejado por los CORPES. Las RAP, constituyen una especie de escala técnica, de meta volante, para alcanzar la meta final que son las RET. Bien dijo el gran alemán Max Weber, “toda experiencia histórica confirma la verdad de que no se hubiera obtenido lo posible sino se hubiese pugnado, una y otra vez, por alcanzar lo imposible”.

Las RAP están llamadas a contribuir a la integración regional, a promover una mayor y mejor artículación entre los departamentos que las integran y entre estos y las instancias nacionales de gobierno. Con ellas las regiones se empoderan aún más y ganan en capacidad de interlocución frente al Gobierno central, para dejar de ser alfil sin albedrío del agobiante y esterilizante centralismo.

Son muchos los retos que tenemos por delante y no podemos ser inferiores a ellos. Bien sabemos que, como dice Karl Popper “el futuro no está predeterminado, todos nosotros contribuimos a determinarlo”. Y para ello tenemos que concitar todas las energías de todos!

Sumados son 8 los departamentos que integran la RAP del Caribe, pero juntos, unidos, somos más y más fuertes. Vivimos un momento excepcional, pues por tercera vez en nuestra vida republicana, después de Juan José Nieto y Rafael Núñez, un hombre del Caribe, Gustavo Petro, ocupa el Solio de Bolívar el Libertador.

Barranquilla, febrero 1 de 2023

*Economista, expresidente del Congreso y exministro de minas y energía

www.amylkaracostamedina.net

 

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