Personaje
Con una votación mayoritaria, 269 votos, el Congreso en Pleno con 95 votos en Senado y 174 en Cámara, eligió al abogado, “Doctor y Posdoctor en Derecho y amplios conocimientos en Derecho Constitucional, Legislativo y Fiscal", como nuevo Contralor General de Colombia.
Por Luis Fernando García Forero. El Congreso en Pleno de Colombia, dio cumplimiento a su función constitucional y legal eligiendo, para un periodo de cuatro años, al jurista Jorge Eliecer Laverde Vargas, quien ocupó la secretaria de la Comisión Sexta del Senado, entre otros cargos de la actividad pública nacional.
En una sesión en pleno de senadores y representantes en el salón Elíptico del capitolio Nacional, y luego de la negación de impedimentos, congresistas cumplieron con dicha elección dentro de un proceso que duró varios meses y donde se destacó, de acuerdo a la norma, la selección por merito de los aspirantes por parte de la Universidad de Cartagena con un exhaustivo análisis académico, profesional y de experiencia, que presentó finalmente 10 candidatos al Congreso, donde finalmente Laverde Vargas fue ungido por la democracia como Contralor.
El jurista, oriundo de La Dorada en el departamento de Caldas, y que estará al frente del control de las finanzas públicas en remplazo de Carlos Hernán Rodríguez Acosta, presentó una brillante hoja de vida por sus estudios como abogado de la Universidad Cooperativa de Colombia, “doctor en derecho y amplios conocimientos en Derecho Constitucional, Legislativo y Fiscal”.
Su experiencia en la docencia universitaria y autor de varios libros que tienen que ver con "derecho constitucional y la paz, reflexiones constitucionales legislativas y políticas, la Inteligencia Artificial aplicada al control fiscal, El Control Fiscal desde el Congreso de la República una responsabilidad constitucional", entre otros, fueron elementos que justificaron su elección.
De la misma manera la experiencia en el campo del derecho público y corporativo, Laverde Vargas, se destacó como procurador judicial, diputado y presidente de la Asamblea de Caldas.
“Comprometido con la ética, la transparencia y el ejercicio independiente del derecho, garantizando un actuar responsable y alineado con los principios del Estado Social de Derecho”, destacan, entre otros, aspectos fundamentales que argumentaron su elección como Contralor General de la República.
Bogotá, D. C, agosto 12 de 2026
Con 117 por el Sí y 7 por el NO en Cámara y con 58 votos a favor y 30 negativos en el Senado, el Congreso dio vía libre a la posesión en Cali del presidente electo de Colombia, Abelardo de La Espriella.
Por Luis Fernando García Forero. - El Senado de la República y la Cámara de Representantes, sellaron la iniciativa del presidente electo Abelardo de la Espriella para que el Congreso lo posesione este 7 de agosto en la capital del departamento del valle: Cali.
Ambas corporaciones, por mayorías, aprobaron la proposición para que el jefe de Estado electo, asuma con el juramento y la imposición de la banda presidencial, por parte del presidente del Congreso, Honorio Enríquez, la jefatura de Estado hasta el 7 de agosto de 2030.
La bancada del Pacto Histórico votó negativamente y no estará presente en el acto, que ha sido una novedad en la historia del cambio de mando en Colombia, ya que siempre ha sido en el Capitolio Nacional.
Los senadores del Pacto Histórico no lograron que se aplazara la discusión en la plenaria hasta que no hubiera claridad sobre el presupuesto destinado a ese evento, pero la iniciativa fue negada.
La proposición sobre la posesión fue radicada por el senador Enrique Gómez (Salvación Nacional) y en ella se pedía a la cámara alta que volviera a darle el “sí” al presidente electo, esta vez en Cali y no la que se discutió la semana pasada que era en Cauca, tema que quedó en la historia de la gaceta legislativa, por iniciativa del mismo presidente electo que cambió de opinión.
El Congreso oficializa con esa decisión de las cámaras los preparativos para que el presidente electo asuma las riendas del Estado en la Arena USC, ubicada en la Universidad Santiago de Cali.
El moderno espacio fue construido para albergar grandes eventos con una capacidad de más de 2.500 puestos. Allí estarán presentes para hacer quorum los congresistas con la presencia de personajes de la vida nacional e internacional, así como la familia y amigos de la nueva familia presidencial.
Bogotá, D. C, 29 de julio 2026
El expresidente de la Corte Constitucional, Humberto Sierra Porto, advirtió ante legisladores, “que el sistema presidencialista y la judicialización de la política, están relegando al Parlamento a un papel secundario, amenazando el equilibrio de poderes y la estabilidad del país”.
Por Luis Fernando García Forero. - En un contundente llamado ante congresistas, el exmagistrado y expresidente de la Corte Constitucional de Colombia, Humberto Sierra Porto, lanzó una fuerte advertencia sobre la pérdida acelerada de protagonismo y autonomía del Congreso de la República al destacar, según el jurista, que el país atraviesa una profunda crisis de representatividad agravada por el hiperpresidencialismo y la desconfianza ciudadana, lo que ha derivado en un paulatino "debilitamiento" de las funciones legislativas.
Sierra Porto explicó que el modelo presidencialista colombiano busca fortalecerse deslegitimando a las demás ramas del Poder Público. Esta dinámica, sumada a la falta de una estructura de apoyo técnico permanente en las Cámaras, provoca que los proyectos sean diseñados casi en su totalidad por el Ejecutivo.
"El diseño de debilidad institucional del Congreso permite que las ponencias las elabore el Gobierno y que ustedes terminen teniendo un papel secundario", afirmó el constitucionalistab y experto en derecho parlamentario.
Judicialización de la política y politización de la justicia
Asimismo, el exmagistrado encendió las alarmas sobre el fenómeno de la "judicialización de la política", en el cual los grandes debates y decisiones estructurales de la sociedad —como los derechos fundamentales o los controles a las leyes— terminan siendo resueltos por la rama judicial y no por el parlamento.
"Los temas esenciales de la sociedad están siendo decididos por las sentencias de la Corte (...) El Congreso de la República tiene el riesgo de caer en la intrascendencia para con el ciudadano", enfatizó.
En su intervención, Sierra Porto destacó otros aspectos críticos para el desarrollo institucional como la pérdida del monopolio normativo: “La jurisprudencia y los decretos reglamentarios están asumiendo el rol de leyes formales. Fenómenos como la suspensión cautelar de leyes antes de un fallo definitivo erosionan la seguridad jurídica”.
Recordó que el control político como función pilar de la democracia no se limita a tumbar ministros, sino a exponer la gestión pública ante la opinión pública. No obstante, instó a evitar el abuso del derecho como el filibusterismo o el bloqueo institucional.
Reformas fuera del Congreso
Sierra Porto alertó que, mediante tratados internacionales y la creación jurisprudencial de "derechos no nominados", la Constitución se está modificando sin el debate ni la intervención directa del Poder Legislativo, como fue el caso del Acuerdo de Escazú.
Criticó normativas como las sanciones severas por doble militancia que limitan el consenso parlamentario, señalando que "los parlamentarios están para llegar a consensos; impedir la negociación va en contra de un principio democrático básico".
Hizo un llamado a los legisladores a mirar más allá de la coyuntura política y la disputa entre gobierno u oposición. Aunque reconoció que Colombia ha sido un modelo por mantener su institucionalidad en medio del conflicto, instó a corregir de inmediato estas debilidades estructurales para evitar que la sede de la democracia pierda definitivamente su razón de ser.
No ser espectador de decretos
De acuerdo a la exposición del expresidente de la Corte Constitucional, Humberto Sierra Porto, para que la democracia colombiana se fortalezca y funcione, el Congreso no puede limitarse a ser un simple espectador de los decretos del Ejecutivo o de los fallos judiciales: debe asumir de nuevo su rol como el centro del debate nacional.
En ese sentido, destaca Sierra Porto, que restaurar la fortaleza institucional y la credibilidad del Congreso, es el único camino para garantizar que las grandes transformaciones de la sociedad se decidan a través de la representación popular y el diálogo democrático.
Bogotá, D. C, julio 25 de 2026.
En la inducción de la ESAP a los senadores, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, advirtió que la obsecuencia frente al Gobierno "es una claudicación" y defendió al Congreso como el único contrapeso real. Anunció un diplomado clave con la Universidad Externado para blindar técnicamente a los congresistas.
Por Luis Fernando García Forero. - En vísperas de la instalación legislativa de este 20 de julio, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, dictó una verdadera cátedra de realismo político y constitucional ante los senadores entrantes. Lejos del tono protocolario, el jefe del Ministerio Público —quien estuvo al frente de la Secretaría General del Senado por más de una década— utilizó su veteranía para lanzar una dura advertencia sobre el riesgo de que el Legislativo termine arrodillado ante el poder del Gobierno de turno.
“La aquiescencia o deferencia excesiva del Congreso hacia el gobierno, su obsecuencia, cualquiera que esta sea, no es prudencia política: es una claudicación que afecta a la totalidad del edificio constitucional”, afirmó en forma contundente el Jefe del Ministerio Público.
Durante el curso de inducción organizado por la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), Eljach elevó el tono para recordar que el sistema de frenos y contrapesos en Colombia depende exclusivamente de la firmeza del Capitolio. Su tesis central dejó claro que la debilidad del parlamento es el combustible ideal para el autoritarismo.
Pilares de la advertencia del Procurador
Basado en la radiografía institucional del país, el Procurador General dejó sobre la mesa cuatro desafíos estructurales y recomendaciones urgentes para los parlamentarios que toman posesión:
El Congreso como contrapeso natural
Recordó Eljach que el Poder Ejecutivo, por naturaleza, tiende a expandirse y que "el poder solo se controla con otro poder". En esa línea, fue tajante sobre las consecuencias de un Congreso sumiso o fragmentado:
“Cuando el Congreso se debilita por fragmentación excesiva, por pérdida de credibilidad (...) o por sometimiento ficticio a las mayorías coyunturales del Ejecutivo, el sistema entero se resiente. Un Congreso débil es casi por definición la antesala de un ejecutivo desbordado”.
El control político no es un "show" de redes sociales
Al diferenciar el control jurídico del político, defendió que este último es una "responsabilidad democrática", pero lanzó un fuerte jalón de orejas por la degradación del debate en el país, especialmente por el uso de plataformas digitales.
“Se le hace muy flaco favor a la democracia cuando se degrada el debate parlamentario a los términos de las redes sociales, como sucede en Colombia. El control político degradado en espectáculo mediático, sin sustento probatorio, erosiona la credibilidad del instrumento y del propio Congreso”.
El respeto sagrado a la "Ley Quinta"
Apoyado en su experiencia, Eljach recalcó que las normas escritas no sirven si no existe una cultura institucional. Llamó a los congresistas a un comportamiento ético estricto en la declaración de impedimentos y conflictos de interés para recuperar la confianza ciudadana, advirtiendo que la legitimidad no es solo ganar votos, sino saber ejercer el cargo día a día.
Frenar la dependencia del Gobierno para hacer leyes
El Procurador señaló con preocupación que la mayoría de los proyectos que se convierten en ley en Colombia nacen de la iniciativa del Gobierno debido a la precariedad técnica del Congreso. Para mitigar esto, lanzó una noticia de alto impacto académico para los congresistas: la puesta en marcha de la Universidad Especial del Ministerio Público, la cual, en articulación con el Centro de Altos Estudios Legislativos, CAEL, y el Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia, ya tiene listo el primer diplomado en derecho parlamentario y técnica legislativa enfocado especialmente en los congresistas primíparos.
“La Procuraduría General de la Nación no es y debe ser jamás un contrapeso del Congreso en el sentido de un poder que le discute su legitimidad democrática (...) Nuestra función de vigilancia se ejerce precisamente para proteger la institucionalidad del Congreso frente a quienes pretendan capturarla desde adentro o desde afuera”.
Al cierre de su intervención, Eljach notificó a las bancadas que la Procuraduría estará "atenta, vigilante y colaborativa", recordándoles que el periodo que inicia este lunes, 20 de julio, es la oportunidad de oro para demostrar si la democracia colombiana es capaz de resistir o si cederá ante las tentaciones de concentración del poder.
Con una ventaja milimétrica en el preconteo, el abogado penalista se corona como el nuevo jefe de Estado. Mientras Barranquilla celebraba su discurso de unidad con mano firme, el Pacto Histórico se repliega para liderar una oposición radical en un Congreso fragmentado.
Por Luis Fernando García Forero. - Colombia ha tomado una decisión trascendental, pero lo ha hecho con el aliento contenido. En una de las jornadas electorales más reñidas y tensionadas de la historia reciente del país, Abelardo de la Espriella se ha alzado con la victoria y es el nuevo presidente electo de los colombianos, acompañado de José Manuel Restrepo como vicepresidente. Sin embargo, el veredicto de las urnas deja una foto fija indiscutible: un país profundamente polarizado donde la diferencia de votos fue tan estrecha que el nuevo mandatario tendrá que gobernar midiendo cada milímetro de sus movimientos políticos.
A pesar de que el margen de victoria fue mínimo, teniendo en cuenta que es una contienda por la presidencia de la República, la constitución y las leyes de la democracia son claras: de la Espriella ya es, constitucional y legalmente el presidente electo de todos los colombianos. El reto, sin embargo, es grande para sus responsabilidades como jefe de Estado.
El rugido de Barranquilla: "Autoridad, orden y reconciliación"
La noche de este domingo histórico, el epicentro político de “Firmes por la Patria” se trasladó al Caribe. Desde una Barranquilla efervescente y vestida de fiesta, el presidente electo pronunció su primer discurso oficial ante miles de simpatizantes.
Quienes esperaban un discurso puramente de crítica y confrontación contra los adversarios que derrotó, se encontraron con una alocución que intentó equilibrar la vehemencia que lo caracteriza con el pragmatismo que exige su nueva investidura. Los anuncios clave de su intervención dejaron claro el rumbo que pretende tomar:
Mano firme contra la criminalidad: Reafirmó su promesa de campaña de implementar una política de seguridad estricta, asegurando que "el orden no es negociable".
Garantías al empresariado: Mandó un mensaje de tranquilidad a los mercados locales e internacionales, prometiendo seguridad jurídica y reducción de cargas tributarias para reactivar la economía.
Un llamado a la unidad (con condiciones): "Sé que medio país no votó por mí, pero gobernaré para todos el 100% de los colombianos", afirmó desde la tarima. No obstante, advirtió que la institucionalidad se respetará bajo los parámetros de la constitución y la ley.
De estos primeros anuncios se puede esperar un inicio de gobierno enfocado en decretar medidas de choque en materia de seguridad ciudadana y una reforma exprés a la justicia, que han sido sus banderas históricas.
Los grandes retos
El camino que le espera al nuevo inquilino de la Casa de Nariño no será un camino de rosas. La gobernabilidad es el primer gran interrogante. Con un país fracturado casi al 50%, la legitimidad política de sus reformas será cuestionada, sin duda, desde el primer día en las calles y en los estrados. En ese sentido, anunció que preservará el orden público bajo los parámetros de la ley.
El segundo gran desafío estará en el Capitolio. Debe asegurar una mayoría absoluta clara para que sea la fortaleza de desplegar una capacidad de negociación política sin precedentes, y así, dejar por fuera del escenario legislativo un bloqueo institucional. Lograr unas mayorías dinámicas como primera prueba se demostraría en las conformaciones de las mesas directivas de Senado y Cámara incluyendo las presidencias y vicepresidencias de las comisiones constitucionales. Sería el primer ajedrez político como paso fundamental que selle las mayorías en el Congreso. Es decir, ahí demuestra el Gobierno la consolidación mayoritaria de congresistas para obtener la aprobación de los proyectos y reformas en las cámaras.
Pacto Histórico: De la Casa de Nariño a las trincheras de la oposición
El reverso de esta moneda electoral lo protagoniza la izquierda. Tras el resultado, el Pacto Histórico asume la derrota de manera oficial pero combativa, preparándose para el rol que mejor conoce y donde históricamente ha sabido capitalizar el descontento: la oposición.
Lógicamente, el Pacto Histórico pasa ahora a liderar un bloque opositor férreo. Desde ya, sus principales figuras han dejado claro que no darán un cheque en blanco al nuevo gobierno. Se prevé que la izquierda se convierta en un vigilante implacable de las reformas sociales logradas en los años anteriores, utilizando tanto el debate legislativo en el Congreso como la movilización social en las calles como sus principales herramientas de presión.
Es importante destacar el discurso del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, al reconocer el triunfo de su contendor, Abelardo de la Espriella. El candidato Cepeda fue claro en anunciar que estaban dispuestos al diálogo político que permita lograr consensos.
Comienza una nueva era política en Colombia. Abelardo de la Espriella tiene el poder institucional, pero el verdadero examen de su presidencia no será cómo llegó al poder, sino cómo logrará mantener la estabilidad de una nación que amanece dividida.
Bogotá, D. C, 22 de junio 2026.
En Colombia se convirtió en un gran negocio que las empresas prestadoras de servicios públicos… muestran desidia frente a la necesidad de los usuarios que no tienen cómo pagar un servicio y se lo cortan, aseveró el presidente del Senado Lidio García Turbay.
Por Luis Fernando García Forero. - Al concluir la Audiencia Pública Crisis Tarifaria y Justicia Energética, realizada en Cartagena y convocada por el presidente del Congreso, Lidio García Turbay, el alto dignatario del legislativo fue concluyente en afirmar que la crisis energética del Caribe, que incluye las altas tarifas de energía “no es un problema de región, es un problema de país”, por eso, fue contundente en anunciar que insistirá en tramitar una ley que permita, de una vez por todas, eximir del cobro de reconexión de los servicios públicos domiciliarios a las familias de estrato uno, dos y tres.
García Turbay hizo un llamado a los congresistas nuevos y actuales, principalmente del Caribe colombiano para unir esfuerzos “por toda nuestra gente que necesita y pide a gritos una solución para lograr una tarifa de energía eléctrica, por lo menos posible de pagar en cada uno de nuestros hogares”. Dijo que es testigo de ver gente “llorando mostrándole a uno el recibo de energía eléctrica porque es imposible pagarlo”.
Fue enfático al señalar: “El Caribe hoy solo sirve para poner votos, para elegir presidentes y para atenderlos súper bien. Pero jamás para buscar soluciones a este tipo de problemas que nos aqueja a todos”.
Al agradecer la asistencia y participación de personalidades y ciudadanos en el evento, García Turbay dijo: “Este es un problema, de aproximadamente 12 millones de colombianos, que el gobierno nacional y el centralismo de este país, nunca han querido mirar para el Caribe”.
Bogotá, D. C, 13 de junio 2026
Fuente Oficina de Información y Prensa-Senado.
El exvicepresidente de la República y expresidente del Congreso, falleció este 8 de mayo de 2026 en Bogotá, tras varios meses de complicaciones de salud.
Por: Yanith Rueda. La política colombiana despide para siempre a una de sus figuras más determinantes de las últimas cuatro décadas, Germán Vargas Lleras, el hombre de las ejecuciones monumentales y el carácter inquebrantable. Falleció este viernes en Bogotá a los 64 años.
Tras meses de enfrentar con la misma tenacidad de siempre complicaciones de salud que lo mantuvieron alejado de la vida pública, su partida deja un vacío profundo en el Capitolio Nacional, la casa donde forjó su visión de Estado.
Un mazo con propósito: Su huella en la Presidencia del Senado
Abogado de la Universidad del Rosario y heredero de una estirpe dedicada al servicio, nieto del expresidente Carlos Lleras Restrepo, Germán inició su camino en 1981 como concejal de Bojacá, bajo la guía de Luis Carlos Galán. Sin embargo, fue en el Senado de la República donde su voz cobró la fuerza que lo distinguiría para siempre.
Elegido senador en 1994, permaneció en la corporación hasta 2008, consolidándose como una de las mayorías electorales más sólidas del país.
El punto de inflexión en su carrera legislativa llegó en julio de 2003, cuando sus pares lo eligieron Presidente del Senado de la República.
Desde esa dignidad, Vargas Lleras no solo dirigió el debate; le imprimió al Congreso un ritmo de eficiencia y rigor técnico pocas veces visto, impulsando reformas clave en seguridad, justicia y fortalecimiento de las instituciones que hoy rigen la nación.
El arquitecto de realidades: Más allá del Capitolio
Su paso por el Senado fue el preludio de una vocación ejecutora que transformó la geografía de Colombia. Fundador y líder natural del partido Cambio Radical, Vargas Lleras entendió que las leyes debían traducirse en bienestar tangible. Su trayectoria en el Ejecutivo así lo demostró:
Desde las carteras de Interior, Justicia y Vivienda, demostró que la disciplina legislativa era la base para una gestión transparente. Bajo su liderazgo, miles de familias colombianas recibieron las llaves de un hogar digno a través del programa de viviendas gratuitas.
Desde la Vicepresidencia de la República, al lado de Juan Manuel Santos, asumió el reto de modernizar al país. Las autopistas de cuarta generación y la renovación aeroportuaria son hoy el testimonio físico de un hombre que se propuso conectar a las regiones con el futuro.
Resiliencia y lealtad institucional
La vida de Germán Vargas Lleras fue también una crónica de resiliencia. Sobreviviente de dos cruentos atentados que marcaron su cuerpo pero no su voluntad, enfrentó cada batalla, incluyendo las de su salud en los últimos años, con la frente en alto.
Aunque aspiró a la Presidencia en 2010 y 2018, su influencia nunca dependió de un cargo; se mantuvo vigente como el principal referente de su colectividad y un analista agudo de la realidad nacional.
Para el Senado de la República, hoy no solo desaparece un excolega y expresidente de la corporación. Se despide a un estadista que entendió que la política, antes que retórica, es un compromiso con la construcción de un país más sólido. Su nombre queda inscrito en la historia legislativa como un ejemplo de carácter y entrega.
¡Paz en su tumba!
Bogotá, 8 de mayo 2026
Fuente: Oficina de Prensa Senado
El senador Alejandro Carlos Chacón lidera la iniciativa que busca devolver este derecho prestacional a los maestros oficiales, nacionalizados y territoriales dentro de su régimen especial.
Por: Catalina Silva. - Con el objetivo de reivindicar los derechos prestacionales del magisterio colombiano, el senador Alejandro Carlos Chacón (Partido Liberal) radicó formalmente la ponencia para el primer debate de la segunda vuelta del Acto Legislativo que busca implementar la denominada “Mesada 14” para los docentes del sector público.
Esta reforma constitucional, que sigue avanzando positivamente en Congreso, tiene como propósito restituir el pago adicional anual para los maestros oficiales, nacionalizados y territoriales, asegurando que este beneficio sea reconocido de manera permanente dentro del Régimen Especial del Magisterio.
Según lo expresado por el senador Chacón, esta iniciativa impactará positivamente a una población que supera los 164 mil profesores en todo el territorio nacional. La medida busca equiparar los derechos de los docentes con otros sectores que ya gozan de este beneficio, reconociendo su labor fundamental en la construcción de la sociedad.
La propuesta inicia ahora su tránsito en “segunda vuelta” dentro de la Comisión Primera del Senado, tras haber superado exitosamente los cuatro debates obligatorios de la primera vuelta durante el semestre anterior. Al tratarse de una reforma a la Constitución Política, el proyecto requiere de ocho debates en total para convertirse en ley de la República.
Con la radicación de esta ponencia, se espera que la Comisión Primera anuncie en los próximos días la fecha para la discusión y votación de este proyecto, el cual es seguido de cerca por las organizaciones sindicales y los educadores de todo el país.
Bogotá, D. C, 23 de abril 2026
Fuente Oficina de Información y Prensa Senado.
El presidente del Congreso, Lidio García Turbay, advirtió riesgo inminente de desabastecimiento de gas en Colombia, por eso, lanzó un llamado urgente a tomar decisiones estratégicas que devuelvan la confianza al sector energético.
Por: Johan Nassar Hower. En un contexto global marcado por la incertidumbre energética, el presidente del Congreso de Colombia, Lidio García Turbay, encendió las alarmas al advertir que el país ha pasado de la autosuficiencia a una creciente dependencia de importaciones de gas.
“La energía es hoy una cuestión de soberanía, y futuro”, afirmó García Turbay en el Congreso Naturgas 2026 en Cartagena de Indias, subrayando que el país se encuentra en un “punto de inflexión” que exige decisiones de fondo y no más dilaciones.
Durante su intervención, el senador fue directo al señalar que existe un “riesgo real de estrechez en el abastecimiento de gas”, explicado por la caída de los campos maduros y la disminución de la inversión en exploración y producción.
“El problema no es que existan riesgos, sino que los estemos ignorando”, insistió tras plantear una de las preguntas más críticas del momento: “¿Por qué seguimos aplazando los proyectos estratégicos?” y agregó que ya no se trata de un debate técnico sino de una urgencia nacional.
García Turbay fue contundente en señalar que Colombia no puede seguir improvisando en materia energética. “Ningún país serio renuncia a su seguridad energética sin una estrategia clara”, dijo, al tiempo que alertó que las fallas en este sector generan un “efecto dominó” que golpea directamente la economía, el empleo y el bienestar de los ciudadanos.
Sobre la transición energética, el presidente del Senado fue contundente en señalar ante el auditorio: “No puede ser un salto al vacío ni un discurso populista”, e insistió que la transición debe ser “ordenada, responsable y realista”.
Agregó que “renunciar a una fuente sin sustitutos confiables no es progresismo sino irresponsabilidad”, por eso hizo un llamado a equilibrar la sostenibilidad ambiental con la seguridad energética.
Advirtió que el principal obstáculo hoy no es técnico sino político. “Sin reglas claras no hay inversión, sin inversión no hay oferta, y sin oferta hay escasez y precios altos”, explicó, señalando que la incertidumbre regulatoria está afectando gravemente al sector.
En un tono crítico, cuestionó la política energética del gobierno del presidente Gustavo Petro, al considerar que ha estado marcada por decisiones ideológicas sin suficiente sustento técnico, lo que ha debilitado la confianza de los inversionistas.
Pese a ello, reiteró que la protección del medio ambiente es una prioridad ineludible. “Sostenibilidad y progreso no son enemigos”, afirmó, al proponer una transición energética inteligente que combine energías renovables con la exploración y producción de gas.
Enfatizó que “Las naciones no fracasan por falta de recursos sino por falta de decisiones” y dijo que el próximo gobierno enfrentará un panorama complejo, con decisiones aplazadas y un sector tensionado.
“Este país no resiste cuatro años más de improvisación”, concluyó.
Bogotá D. C., 16 de abril 2026
Por Luis Fernando García Forero. El fallo en segunda instancia del Tribunal Superior de Bogotá, de absolver al expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez, deja dos caminos de acción jurídica y varias implicaciones políticas dentro del proceso institucional ad portas del inicio del proceso electoral, cuando los ciudadanos elegirán en marzo del 2026 al nuevo Congreso y en mayo del mismo año, al nuevo presidente de la república para el periodo 2026 -2030.
En primera instancia, Uribe fue condenado por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal (relacionados con la manipulación de testigos) y sentenciado a 12 años de prisión domiciliaria.
En segunda instancia, el Tribunal Superior revocó dicha condena. Los magistrados estimaron que había “deficiencias estructurales” en el fallo de primera instancia, que la valoración probatoria era insuficiente, que la interceptación telefónica se había realizado con errores procesales, y que no se demostró la autoría directa del expresidente.
El fallo en segunda instancia habilita legalmente que Uribe participe nuevamente en la política activa — por ejemplo, como senador o en listas al congreso — pues se levanta la inhabilidad que conllevaba a la condena en primera instancia.
Queda aún la vía de casación ante la Corte Suprema de Justicia, donde las víctimas o la parte acusadora pueden intentar impugnar la decisión.
Implicaciones jurídicas
Sobre el principio de presunción de inocencia y debido proceso, el fallo de segunda instancia destaca que la condena se basó en pruebas que no fueron valoradas correctamente y que hubo vulneraciones al derecho al debido proceso. Pone de ejemplo la interceptación, lo que refuerza la idea que en Colombia los sistemas de apelación y revisión son relevantes.
Permite la decisión judicial que a un futuro influye en cuestionamientos de validez de interceptaciones, la credibilidad de testigos con beneficios, o la carga probatoria para investigar a altos funcionarios.
Sobre la “autoría mediata” o responsabilidad de mando, el tribunal estimó que “el conocimiento de los hechos” por parte de Uribe no era suficiente para atribuirle el delito, pues no se demostró que él hubiera ordenado directamente la manipulación de testigos.
El enfoque de dicho fallo es contundente porque marca un precedente: en casos de funciones públicas o mando político, no basta con inferir responsabilidad por posición, sino que se exige una vinculación más clara de mando u orden.
Sobre la estabilidad del sistema judicial y su vinculación con la política, la decisión podría generar reclamos tanto de quienes la consideran “victoria de la impunidad” como de quienes la ven como “respeto al debido proceso”. A quienes insisten en que se debe acusar al expresidente tienen eventualmente el recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, como lo ha anunciado el abogado de las víctimas, Miguel Ángel del Río, o también, acudir a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Implicaciones políticas
El expresidente Álvaro Uribe Vélez, es una figura central en la derecha colombiana (líder del partido Centro Democrático). Su absolución le da un impulso político importante de cara a las elecciones de 2026, ya sea participando directamente o como influenciador. El fallo abre nuevamente la competencia en persona al espacio uribista en materia electoral y aún más permite movilizar las bases.
De otra parte, el fallo profundiza la polarización política en los cuatro puntos cardinales de la nación colombiana porque para un sector es la confirmación de que el sistema judicial actuó correctamente; para otros, es la evidencia de que el poder político continúa capturando o influenciando la justicia.
El propio presidente de Colombia, Gustavo Petro, lo demuestra cuando afirmó que “se cubre la historia del paramilitarismo” con esta decisión.
La polarización con el fallo, no hay duda, aumenta en el país porque el proceso electoral entra en un escenario político-jurídico donde se deliberan y escuchan posiciones de uno u otro bando en la campaña que no terminará en los resultados electorales. Quien gane las elecciones tendrá que aceptar el esquema gobierno-oposición, porque siguen las heridas.
¿Qué viene ahora?
La vía judicial pendiente sería de parte de las víctimas. Pueden interponer un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Si lo admiten, el proceso podría volver a revisión en la máxima instancia.
Si la casación no prospera, la decisión quedará definitivamente firme, y Uribe quedará libre de esas acusaciones específicas.
Quedan abiertas otras líneas de investigación que involucraban al expresidente (vínculos con paramilitares, etc.) que podrían reactivarse o mantenerse paralizadas.
En la vía política, el expresidente Uribe podrá participar más activamente en política, posiblemente ocupar curul en el Senado, influir en candidaturas y moldear alianzas.
Con el fallo, el Centro Democrático y otros partidos de derecha, aprovechan este impulso para posicionarse de cara a 2026.
El fallo plantea que el gobierno actual y el bloque de oposición deberán replantear estrategias: la oposición tratará de movilizar en torno a temas de justicia e impunidad; el gobierno de Petro podría intentar medidas que refuercen la independencia judicial o legislar sobre temas de justicia transicional.
En el camino institucional, habrá presión para reformas al sistema de justicia, en particular sobre interceptaciones, garantías procesales, medidas de aseguramiento, y el tratamiento de altos funcionarios.
Un fallo histórico que pone a prueba una vez más el equilibrio de poderes. ¿puede un expresidente escalar políticamente tras un proceso penal? ¿Qué impactos tiene esto en el sistema de rendición de cuentas?
Pero además de esas preguntas, se abre el debate sobre la memoria histórica, víctimas, conflicto armado, en medio de conmemorar este noviembre los 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia.
La absolución de Uribe en segunda instancia no cierra todas las aristas del asunto: jurídicamente aún puede haber movimientos; políticamente el efecto será dinámico y ampliamente debatido; institucionalmente plantea tensiones sobre el Estado de derecho, la justicia y la transición democrática en Colombia.
Bogotá, D. C, 22 de octubre 2025
