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- “Me preocupa que 10 años después estamos viendo a un presidente pasearse entre cadáveres, mostrándolos con orgullo o firmando bombas como si fueran un regalo", afirmó el expresidente de Colombia y premio Nobel de Paz.
- Advirtió sobre los riesgos de retroceder a épocas donde el éxito militar se medía en vidas pérdidas y enfatizó la necesidad de priorizar la desmovilización, la protección de la vida y la consolidación de la paz.
Bogotá, D. C, 10 de noviembre 2026
Por Luis Fernando García Forero. - El expresidente Juan Manuel Santos expresó su profunda inquietud por la estrategia que lleva a cabo el jefe de Estado Abelardo De la Espriella para acabar con las organizaciones al margen de la ley y alcanzar la seguridad en Colombia.
Durante un foro en la Universidad del Rosario, en el marco de la conmemoración de una década de la firma del fin del conflicto con la extinta guerrilla de las FARC, el exmandatario, quien gobernó a Colombia durante dos periodos, cuestionó la estrategia del actual jefe de Estado Abelardo De la Espriella para borrar del territorio nacional a las organizaciones criminales.
La mayor alarma de las afirmaciones de Santos fue cuando se refirió a la retórica militar del Gobierno. “Me preocupa que 10 años después estamos viendo a un presidente pasearse entre cadáveres, mostrándolos con orgullo o firmando bombas como si fueran un regalo", afirmó.
La contundente observación del exmandatario se dio tras las recientes imágenes y decisiones del presidente Abelardo De la Espriella, quien en un acto simbólico y de alto impacto, firmó de su propia mano un artefacto explosivo antes de autorizar la llamada “Operación Noah”. Dicha maniobra representó el séptimo bombardeo aéreo liderado por su gobierno y estuvo dirigida contra el Frente 33 de las disidencias de las FARC en la zona rural de Tibú, en la convulsiva región del Catatumbo, Norte de Santander, en límites de la frontera con Venezuela.
Para el expresidente Santos ese tipo de actuaciones amenazan con revivir lógicas del pasado donde la efectividad del Estado y de las Fuerzas Militares se contabilizaba en número de muertos en lugar de vidas salvadas.
Santos salió en defensa de la negociación de paz y que llevó a la firma del fin del conflicto con las extintas Farc, como el único camino sostenible para Colombia, rechazando de manera contundente la celebración de las bajas en combate.
En su exposición recordó que el histórico pacto alcanzado en La Habana no solo permitió la dejación de armas de la guerrilla más antigua del continente, sino que estableció las bases estructurales para la transformación social y el respeto de los derechos humanos.
Destacó que “el país no puede ceder ante el triunfalismo de la fuerza bruta ni legitimar la violencia como espectáculo político”.
Hizo un llamado urgente al Gobierno nacional para reorientar los esfuerzos institucionales hacia la garantía de la vida, el fortalecimiento de la desmovilización y el cumplimiento integral de los compromisos de paz asumidos con las víctimas y la sociedad colombiana.
-La colectividad roja, con su bancada en el Congreso, propone modificar el proyecto de Ley de Rescate Económico al advertir que tal como está la iniciativa gubernamental, afecta la canasta familiar, los costos del sector agropecuario y las tiendas de barrio.
-Los liberales cuestionan además las modificaciones al impuesto sobre la cerveza y al gravamen de las bebidas endulzadas.
Bogotá, D. C, 10 de noviembre 2026
Por Mario Sánchez Torifio. - A través de un comunicado el Partido Liberal anunció que “La protección de los alimentos básicos deben examinarse desde el tratamiento tributario de los productos y no depender exclusivamente de devoluciones posteriores”.
En ese sentido, propondrá en el Congreso “aplazar las rebajas de impuestos a los más prósperos para ayudarle a los más pobres”.
Destaca que, desde enero de 2028, varios productos hoy excluidos del impuesto al valor agregado (IVA) o gravados con una tarifa del 5% pasarían a pagar 19%, como la sal, lentejas, fríjoles, garbanzos, tomate, cebolla, zanahoria, frutas, café tostado, azúcar, harinas, pastas y chocolate de mesa.
Frenar alza de alimentos
Expresa el comunicado que el proyecto gubernamental también cambia el tratamiento tributario de fertilizantes, abonos, semillas y plaguicidas lo que conlleva a elevar los costos en la en el precio final de la canasta familiar, principalmente en los alimentos.
El Partido Liberal solicitó al Gobierno explicar las consecuencias que traerían las medidas que se incluyen en el proyecto, principalmente sobre el consumo, los pequeños comerciantes, distribuidores y productores, además de precisar si se mantienen incentivos para reducir el contenido de azúcar en las bebidas.
La colectividad señala que el proyecto contempla reducir la tarifa general de renta empresarial, descendiendo del 35 % actual al 33 % en 2027 y al 31 % a partir de 2028, además de flexibilizar la tributación mínima y el impuesto al patrimonio. Por eso propone aplazar las reducciones tarifarias a los sectores corporativos antes de gravar el consumo de las familias.
De acuerdo a la iniciativa del Gobierno el liberalismo destaca que preservar el esquema tributario actual en renta empresarial, tributación mínima y patrimonio permitiría al Estado conservar un promedio de 11 billones de pesos anuales entre 2028 y 2030, recursos que compensarían las metas de recaudo sin castigar la canasta básica ni la producción nacional.
De esta manera los senadores y representantes liberales abren el paso ante el Congreso compensar a las familias que compran en las plazas de mercado, tiendas de barrio y comercios con limitado acceso a sistemas de facturación electrónica.
-El alto tribunal exige al Ejecutivo viabilizar $53.000 millones destinados a proyectos productivos que buscan respaldar la reincorporación de excombatientes y avanzar en su integración a la vida civil.
- La hoja de ruta, para el cumplimiento del fallo, deberá quedar incorporada en el Plan Nacional de Desarrollo, documento que reúne las prioridades y líneas de acción de la administración nacional.
Bogotá, D.C, 9 de noviembre 2026.
Por Luis Fernando García Forero.- La Corte Constitucional exigió al Gobierno cumplir y precisar cómo atenderá las obligaciones pendientes en materia de seguridad y reincorporación de los firmantes del Acuerdo de Paz y sus familias.
La exigencia del alto tribunal busca que las medidas no permanezcan en anuncios generales o programas sin respaldo suficiente, sino que exista una estrategia definida para llevarlas a la práctica.
El requerimiento se produce por las dificultades advertidas sobre la capacidad del Estado para proteger a esta población y sostener los procesos que facilitan su regreso a la vida civil. La decisión también pone atención en las condiciones presupuestales y operativas de las entidades responsables.
Estrategia con metas y financiación
La intervención corresponde a la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia SU-020 de 2022. Mediante un auto, esa instancia recordó que su labor consiste en verificar el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha decisión y en el Auto 1417 de 2025, providencias que sirven de referencia para el seguimiento.
Por eso, reclamó una propuesta que identifique las acciones que desarrollará el Gobierno, sus objetivos y los recursos para ejecutarlas. La hoja de ruta deberá quedar incorporada en el Plan Nacional de Desarrollo, documento que reúne las prioridades y líneas de acción de la administración nacional.
Sostener las medidas
El plazo busca que el Ejecutivo presente una respuesta organizada frente a los problemas identificados. No basta con enumerar compromisos: el plan deberá permitir establecer cómo se avanzará en su cumplimiento y qué capacidad tendrá el Estado para sostener las medidas.
Entre las alertas del alto tribunal de justicia aparece la situación financiera de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), por eso llamó la atención sobre la posible desfinanciación de la entidad, que cumple un papel fundamental en los procesos de reincorporación de quienes dejaron las armas y suscribieron el Acuerdo de Paz.
Destaca que se deben destinar los $53.000 millones a proyectos productivos, recursos relacionados con iniciativas que buscan respaldar la reincorporación económica y facilitar que los excombatientes consoliden actividades para avanzar en su integración a la vida civil.
El componente económico se suma a las preocupaciones sobre seguridad y capacidad institucional. Para la Corte, la implementación requiere coordinación, responsabilidades definidas, resultados verificables y recursos que permitan cumplir las medidas.
La situación de la ARN y los fondos detenidos son aspectos que el Gobierno deberá considerar al estructurar su respuesta teniendo en cuanta que debe incluir las metas, la financiación, el fortalecimiento de la entidad encargada de la reincorporación y su articulación con el Plan Nacional de Desarrollo.
- A 41 años tras las llamas del Palacio de Justicia la Rama Judicial y las familias de las víctimas, alzaron la voz en un acto de memoria institucional, exigiendo la verdad para decirle a las nuevas generaciones que la barbarie armada, nunca doblegará el Estado de derecho.-
- Aún persiste el dolor y la necesidad de respuestas oficiales sobre el paradero de los desaparecidos.-
Bogotá, D. C, 6 de noviembre de 2026
Por Luis Fernando García Forero. - Al cumplirse 41 años, este 6 y 7 de noviembre, del holocausto del Palacio de Justicia, las sedes de los Altos Tribunales de justicia de Colombia, en la capital de la república, se convirtieron en el epicentro de un sobrio y sentido acto de memoria institucional.
En este nuevo aniversario del ataque perpetrado por el M-19 y la cruenta retoma militar que le siguió, las Altas Cortes se unieron a las familias de los magistrados, empleados y visitantes que fueron asesinados o desaparecidos en ese fatídico 6 y 7 de noviembre de 1985.
Durante el sentido y recordado magno evento, marcado por una ofrenda floral y la instalación de una estructura monumental de bambú y flores en la plazoleta principal del Palacio de Justicia, el clamor de las víctimas y las reflexiones de los presidentes de las altas cortes se centraron en superar la impunidad y preservar la memoria histórica frente a los intentos de distorsión del pasado.
La voz implacable de las víctimas y sus familias
Los testimonios de los familiares estremecieron al auditorio al reiterar que, tras cuatro décadas, la verdad sigue siendo fragmentaria e incompleta.
El jurista y exministro de justicia, Carlos Medellín Becerra (hijo del magistrado Carlos Medellín Forero), hizo énfasis en el profundo desequilibrio y la herida abierta que deja el paso del tiempo sin esclarecimiento total de los hechos: “Me entristece pensar que después de tantos años todavía hay familias, como la mía, que sienten dolor y siguen esperando respuestas y conocer la verdad sobre lo que pasó”. Cuestionó los indultos históricos concedidos al M-19 y advirtió sobre la urgencia de juzgar con equidad los hechos de ambas orillas para no desvirtuar la memoria histórica.
Voceros de las víctimas de desaparición forzada recordaron la agonía viva que padecen los hogares de los empleados del restaurante y visitantes que salieron con vida y cuyo paradero final aún es materia de búsqueda.
“¿Cómo se encuentra tranquilidad cuando las preguntas más importantes siguen esperando respuestas?” se preguntan aún las victimas y familiares de desaparecidos.
La voz de la Magistratura
Los presidentes de los máximos tribunales de justicia coincidieron en la urgencia de proteger la independencia judicial de los embates ideológicos y de los ataques contra las instituciones republicanas.
El presidente del Consejo de Estado, Alberto Montaña Plazas, se refirió al compromiso inviolable de la máxima corporación con la búsqueda incesante de la verdad sobre lo ocurrido a los magistrados del tribunal supremo. Advirtió tajantemente contra las distorsiones del relato: “La justicia perdió un trozo de dignidad que nos ha tocado trabajo restablecer… Hacemos una posición enfática a quienes atentan, manipulan, ideologizan e intentan oscurecer esa verdad”.
Subrayó el papel decisivo de la jurisprudencia administrativa en el reconocimiento de la responsabilidad del Estado en las graves fallas de protección y desproporción militar, reafirmando que la reparación integral a las familias es la única vía para garantizar la "no repetición".
“Justicia: acto profundo de amor por el ser humano”
La presidente de la Corte Constitucional, Paola Andrea Meneses Mosquera, dijo que el alto tribunal salvaguarda de la Carta Fundamental de los colombianos “ha dicho que la memoria tiene dos rostros: Uno colectivo que busca preservarte el olvido, la memoria colectiva y otro individual, ligado al respeto de la dignidad humana… Por eso, cuando un pueblo recuerda a sus víctimas, también afirma su propia dignidad...recordar su valor nos recuerda también que la justicia es ante todo un acto profundo de amor por el ser humano”
La magistrada Meneses Mosquera fue contundente en señalar que “quienes ejercemos la judicatura, aprendimos que la justicia no es una posición de poder, sino una vocación de servicio y un compromiso de fe en el destino pacífico de Colombia. Es esa convicción de rectitud y humanidad, la que nos sostiene en las horas más complejas y la que nos permite decir con orgullo que la dignidad de la rama judicial permanece intacta”.
Por su parte, la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Mary Lucero Novoa Moreno, dijo que “Que ese nunca más sea nuestro compromiso más profundo y genuino con las víctimas, con sus familias, con quienes sobrevivieron y con las generaciones que merecen recibir un país donde la vida y la justicia sean siempre respetadas”
La magistrada Novoa Moreno fue enfática en concluir que “las instituciones tenemos un deber y una responsabilidad ineludibles: escuchar, reconocer y preservar estas historias para que las vidas afectadas no queden reducidas a unas cifras, a un titular de prensa, a un expediente o a una fecha en el calendario”.
- El Tribunal Superior de Bogotá revocó la medida de aseguramiento privativa de la libertad contra el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco Chaves, al determinar que no existen los riesgos constitucionales ni el peligro para la comunidad alegados por la Fiscalía.
- “Me usaron como cortina de humo para desviar la atención”, destacó Velasco.
- La decisión avala los argumentos de la defensa y de la Procuraduría, marcando un giro a favor del exfuncionario en medio del proceso.
Bogotá, D. C, 6 de noviembre 2026.
Redacción Web. - En un fallo clave para el curso de uno de los expedientes políticos más seguidos del país, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad inmediata del exministro del Interior, Luis Fernando Velasco Chaves, al resolver de manera favorable el recurso de apelación presentado por su defensa y respaldado por la Procuraduría General de la Nación.
La alta corporación concluyó que no se configuraban los fines constitucionales para mantener la medida privativa de la libertad. Entre las razones expuestas, el Tribunal destacó que Velasco ya no ejerce funciones como alto dignatario del Gobierno ni conserva el poder político de mando que ostentaba al momento de los hechos.
Al no tener la capacidad material de instrumentalizar dependencias del Estado ni interferir en la contratación pública, se disolvió la hipótesis de continuidad delictiva o de riesgo para la comunidad presentada por la Fiscalía Delegada. Por consiguiente, deja sin sustento la detención cautelar.
Con este fallo, la justicia ratifica que el exministro afrontará la siguiente etapa procesal en plena libertad de sus derechos.
“Fui usado como cortina de humo para desviar la atención”
Tras conocerse la orden judicial, el exministro del interior se pronunció a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), manifestando que recibe el pronunciamiento con serenidad y anunciando que su estrategia no se limitará a su defensa técnica, sino que buscará destapar la verdad de lo ocurrido en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD):
"Recibo con serenidad y respeto la decisión de mi juez de garantías, el @TSB_Bogota que ordena mi libertad inmediata negando la medida de aseguramiento solicitada por la Fiscal. Mis oraciones y las de gente que amo fueron escuchadas y ahora, en el juicio y con el mayor respeto ante la @CorteSupremaJ demostraré mi inocencia y entregaré elementos para que la justicia profundice y encuentre a quienes de verdad se robaron la @UNGRD y me usaron como cortina de humo para desviar la atención. Reconozco el trabajo de mi equipo jurídico encabezado por Elena Suárez, @E VelascoChaves, y valoro el amor de mi familia y la solidaridad de los amigos que siempre me acompañan y creen en mi proceder".
Con sus declaraciones, Velasco enfatizó que durante el juicio aportará pruebas clave ante el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria para señalar a los verdaderos estructuradores de la trama de corrupción, reafirmando su tesis de que la acusación en su contra buscaba desviar el foco procesal de los responsables directos del saqueo de los recursos estatales.
Etapas del juicio y reparos sobre el material probatorio
El proceso contra Luis Fernando Velasco Chaves se enmarca en presuntos delitos imputados por la Fiscalía de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos, bajo los señalamientos de haber intervenido presuntamente en la canalización de contratos e interventorías en la gestión del riesgo.
Durante las audiencias preparatorias previas al debate formal, la defensa de Velasco ha dejado constancia reiterada de serias inconsistencias en la actuación del ente acusador, denunciando demoras y fallas en la entrega completa del descubrimiento probatorio —con presencia de archivos dañados o vacíos en el material suministrado—, lo que a juicio de sus abogados ha obstaculizado el derecho a una defensa técnica integral.
La revocatoria de la medida de aseguramiento representa el primer gran triunfo judicial de Velasco, quien prepara su artillería probatoria ante los colombianos, en la audiencia pública de la Corte Suprema de Justicia.
-El proyecto de “Ley de Rescate Económico” impactaría fuertemente el precio de la cerveza y los ingresos de los tenderos de barrio.
-Se cambia el modelo de recaudo de los impuestos, pero se mantiene el IVA del 19 por ciento.
Bogotá, D. C, 6 de noviembre de 2026.
Por Mario Sánchez Torifio. - La cerveza, ‘Pola’ o ‘Pochola’, que denominamos en el argot urbano o rural y que es una de las bebidas de mayor consumo en las clases populares del país, podría ser un golpe amargo para los colombianos, si se aprueba tal como la presentó el gobierno de Abelardo de la Espriella, dentro de la llamada “Ley de Rescate Económico”.
La iniciativa gubernamental que busca recaudar al menos siete billones de pesos para destinarlos a mejorar la atención en salud, incluye en su articulado un efecto para el bolsillo de los consumidores que suelen mantener el preciado sabor amargo debajo de la ruana en las zonas andinas frías, o despojando de la sed a quienes la deleitan en las regiones cálidas del territorio colombiano.
Se modifica de manera estructural el impuesto a la ‘Pola’ o ‘Pochola’, sustituyendo el modelo actual por un esquema combinado que encarecería el precio final al consumidor.
Principales cambios propuestos.
Establece nuevo gravamen a la producción: Elimina el actual impuesto al consumo del 48% -calculado sobre el precio de venta del productor al detallista- y se reemplaza por un esquema de dos componentes:
Una tarifa del 10% sobre el precio de venta al público -sin impuestos-, certificado anualmente por el DANE.
Incluye un cobro fijo de $330 pesos por cada grado de alcohol en una unidad estándar de 330 centímetros cúbicos.
El proyecto de Ley de Rescate Fiscal mantiene el IVA de la cerveza en el 19%.
Impacto por unidad (Ejemplo de 330 cc):
Una cerveza de 4 grados de alcohol pagaría $1.320 pesos solo por el cobro fijo específico.
Una cerveza de 5 grados de alcohol pagaría $1.650 pesos por el componente fijo.
Así podría ser el ajuste con los nuevos impuestos:
Una cerveza de 4,5 grados con un precio supuesto de $ 2.500 sumaría $1.485 por el componente específico, elevando el valor total del impuesto considerablemente. En el caso de una cerveza sin alcohol de 330 cc $2.500, el impuesto estimado sería de unos $250 pesos.
Impacto en los barrios donde más se consume la ‘pola’
Gremios como Fenalco han advertido que este incremento presionará los márgenes de ganancia de unas 450.000 tiendas de barrio en el país, afectando la sostenibilidad de los negocios y empujando a los compradores a abastecerse en grandes cadenas de supermercados.
Devolver el IVA a menos favorecidos económicamente.
El Ejecutivo defiende la medida argumentando que busca incrementar los ingresos fiscales y que los efectos sobre los hogares de menores ingresos se compensarán con mecanismos de devolución de IVA como EfectIVA.
Las cervezas de mayor consumo son el Águila y la Póker con un costo promedio de 90 mil pesos por canasta de 30 unidades, pero las marcas importadas varían dependiendo del sector y la clase social donde se consuman.
Cervezas sin alcohol sólo pagarán el IVA del 19 por ciento.
Lo cierto es que por ahora la decisión está en manos del Congreso de la República, que deberá definir este año si hay ajuste en los impuestos o se puede seguir celebrando con la “Pola” o ‘Pochola’ a tres mil pesos unidad.
-Las iniciativas fueron aprobadas en primer debate por las comisiones económicas y busca priorizar inversiones de alto impacto territorial, mediante la financiación de proyectos estratégicos.
- “Estos dos proyectos son importantísimos para el país y para sus regiones. Quiero reconocer el trabajo muy intenso que han realizado las comisiones conjuntas en este proceso”, expresó el ministro de hacienda Miguel Gómez Martínez.
Bogotá, D. C, 4 de noviembre 2026
Por Mario Sánchez Torifio. Las Comisiones Económicas de Senado y Cámara aprobaron conjuntamente pasar a último debate a las plenarias de las dos corporaciones, proyectos presupuestales para inyectar recursos que permitan garantizar la estabilidad energética de la nación y programas urgentes en materia social en el territorio nacional.
Entre las principales asignaciones para inversión se contemplan $7,28 billones para inversión regional, $5,77 billones para la paz, $5,37 billones en asignaciones directas, $3,21 billones para inversión local y $2,14 billones para ciencia, tecnología e innovación.
También se incluyen recursos para incentivos a la producción, inversión ambiental y otros componentes establecidos en la legislación del sistema.
Se busca priorizar inversiones de alto impacto territorial, mediante la financiación de proyectos estratégicos que contribuyan a mejorar la productividad y cerrar brechas en las regiones.
La iniciativa no deja por fuera la descentralización: se fortalece la autonomía de los territorios y promueve la articulación de diferentes fuentes de financiación para mejorar la eficiencia de la inversión, según se contempla en la exposición de motivos de las iniciativas.
Afectados por terremoto
Asimismo, contempla entre sus objetivos apoyar en los territorios PDET afectados por el terremoto del 10 de agosto de 2026; articular el uso de los recursos con la seguridad energética, la protección ambiental y el desarrollo sostenible; y fortalecer la participación de las comunidades, la transparencia y la rendición de cuentas en las decisiones de inversión.
El presupuesto contempla una distribución territorial de $16,25 billones entre seis regiones del país. De estos recursos, $5,18 billones corresponden a la región Caribe; $3,72 billones al Llano; $2,35 billones a Centro-Oriente; $1,92 billones al Pacífico; $1,60 billones al Eje Cafetero y $1,48 billones a Centro-Sur-Amazonía.
El presupuesto proyectado para el bienio 2027-2028 presenta una disminución de 11% frente al periodo 2025-2026, al pasar de $30,96 billones a $27,54 billones, de acuerdo con las estimaciones de ingresos del Sistema General de Regalías.
Respecto al proyecto de ley por el cual se decreta el presupuesto del Sistema General de Regalías (SGR) para el bienio del 1 de enero de 2027 al 31 de diciembre de 2028, por 27,5 billones de pesos, “Son los ingresos proyectados por la explotación de nuestros recursos naturales y los impuestos que pagan las empresas que los explotan”, dijo el senador ponente, Álvaro Monedero (Partido Liberal).
Según explicó Monedero, este presupuesto es 11 % menor que el del bienio anterior, que fue de 31 billones. “Cuando analizamos cómo se financia, vemos que el ingreso corriente, que proviene directamente de la explotación, cae un 16 %, explicado por una reducción del 18 % en hidrocarburos y del 12 % en minerales” y agregó que por la falta de ejecución del sistema en el periodo pasado, habrá un alto rendimiento financiero: “Van a crecer un 18 %, sumando cerca de 6 billones de pesos en rendimientos financieros, sobre los cuales la Constitución ya determinó cómo se deben distribuir y gastar”.
Distribución y gastos
Esos 6 billones se distribuirán así: el 70 %, es decir, 4,2 billones, para fortalecer el OCAD Paz (recursos destinados a los municipios afectados por la violencia), y 1,8 billones en incentivos para los municipios productores. “A los municipios PDET les corresponderán 5,7 billones de pesos en este bienio, la cifra más alta que se ha aprobado en la historia”, dijo Monedero.
“Del total destinado para la inversión efectiva en el territorio (para ejecutar obras y financiar el PAE, uso frecuente que le dan muchos alcaldes), hablamos de 25,9 billones de pesos, es decir, el 94 % de los recursos totales. O sea que este es el presupuesto más efectivo que tenemos en inversión; aquí solamente el 6 % va a administración”, señaló el ponente.
Adiciones presupuesto 2026
Con la aprobación del articulado del proyecto de regalías se pasó a la votación del proyecto que modifica el Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal 2026.
La iniciativa tiene seis artículos que incluyen una adición presupuestal de 1,2 billones de pesos para el programa Colombia Mayor y otra de 2,7 billones para el Fondo Milagro. Además, contempla traslados por 1,2 billones para atender necesidades del sector energético de la región Caribe.
Monedero dijo que para el segundo debate se aprobarán dos proposiciones del Pacto Histórico, impulsadas por el senador Racero y la representante María del Mar Pizarro, que incluyen un trazador presupuestal para verificar cómo se gastarán los recursos del Fondo Milagro.
Tras la aprobación de los proyectos el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, dijo: “Estos dos proyectos son importantísimos para el país y para sus regiones. Quiero reconocer el trabajo muy intenso que han realizado las comisiones conjuntas en este proceso”.
La plenaria de la corporación ratificó su respaldo a la funcionaria, quien acumula 16 años al frente de la entidad destacándose por el manejo transparente del presupuesto, la modernización tecnológica, defensa judicial y vocación de servicio a los funcionarios del Senado.
Bogotá, D. C, 3 de noviembre 2026
Por Luis Fernando García Forero. – Los senadores República ratificaron su plena confianza en Astrid Salamanca Rahjin, al reelegirla como Directora Administrativa de la corporación con una contundente mayoría de 96 votos.
La decisión de los legisladores obedeció a la evaluación positiva de su labor técnica y operativa, lo que le permite asumir este cargo por octava ocasión consecutiva, completando así 16 años al frente de la administración del Senado.
Durante la sesión, los congresistas destacaron la rigurosidad en la ejecución fiscal, los avances en transformación digital y ciberseguridad, y el acercamiento institucional con la ciudadanía como los principales pilares que sustentan la continuidad de Salamanca Rahjin al frente de la Dirección Administrativa de la corporación.
Cuentas claras y defensa del patrimonio
En su intervención tras tomar posesión ante el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, la reelecta directora presentó un balance de los últimos dos años de trabajo, donde resaltó una calificación de 99/100 en el Índice de Transparencia y Acceso a la Información emitido por la Procuraduría General de la Nación, así como el fenecimiento de cuentas sin salvedades otorgado por la Contraloría General de la República.
Asimismo, destacó la efectividad en la defensa jurídica del Senado, logrando un ahorro sustancial superior a los 21.500 millones de pesos tras obtener fallos favorables en la gran mayoría de los procesos judiciales instaurados contra la corporación entre 2024 y 2025.
En el frente de modernización, la gestión se centró en la implementación de infraestructura de hiperconvergencia, fortalecimiento de licencias de ciberseguridad, la adecuación tecnológica de los salones Constitución y Amarillo, y el lanzamiento de la aplicación 'Mi Senado', que ya supera las 14.000 descargas.
Construir confianza en la ciudadanía
“Seguir fortaleciendo el Senado y construyendo la confianza en la ciudadanía es nuestra meta. Protegiendo nuestro Capitolio Nacional que en este año está cumpliendo 100 años y que lo valoro desde lo personal y desde lo público, contar que para el periodo 2027 tengamos mayores recursos fiscales para poder modernizar la entidad”, enfatizó Salamanca Rahin.
Finalmente concluyó diciendo que se ha avanzado en la consolidación de una entidad “que no solo legisla, sino que también rinde cuentas, se trabaja con vocación de servicio, responsabilidad y con la convicción de que un Senado fuerte y eficiente es fundamental para la democracia”.
- Al no requerir comisión de conciliación, la norma pasa directamente al escritorio presidencial para la firma del Jefe de Estado y posterior publicación en el Diario Oficial.
Bogotá, 4 de noviembre de 2026
Redacción Web. - En una jornada clave para la agenda legislativa del país, el Senado de la República y la Cámara de Representantes aprobaron sin modificaciones sustanciales el texto del proyecto de Ley de Sometimiento. Al coincidir al 100 % las versiones articuladas en ambas corporaciones, la iniciativa no tendrá que pasar por el trámite de conciliación y avanzó de manera directa al despacho presidencial.
Con este visto bueno del Capitolio, el gobierno de Abelardo De La Espriella logra asegurar el cronograma jurídico para promulgar la norma a tiempo, esquivando el riesgo inminente de que venciera la actual Ley de Orden Público sin un marco legal de reemplazo.
Dato clave: Al no requerir comisión de conciliación, la norma pasa directamente al escritorio del mandatario para su firma y posterior publicación en el Diario Oficial.
El consenso entre las dos cámaras legislativas era la condición principal que esperaba el Ejecutivo para evitar dilaciones en los tiempos constitucionales. La estrategia de unificar el articulado en los debates simultáneos permitió acelerar el proceso y garantizar la continuidad institucional en materia de seguridad y sometimiento a la justicia.
Se espera que en las próximas horas el presidente Abelardo De la Espriella estampillará su firma en la ley, dejando formalmente activas las nuevas condiciones y procedimientos que regularán el sometimiento en el territorio nacional de las organizaciones delincuenciales.
Destaca el proceso de reforma judicial mediante una "gran consulta nacional" que cuenta con "apoyo de la UE y la ONU"
Bogotá, D. C, 29 de octubre 2027
Redacción Web. - La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, descartó convocar a elecciones a corto plazo y precisó: “aunque estos comicios se celebrarán…el horizonte político en el país no se mide por una fecha en el calendario".
A través de un mensaje en TV Rodríguez dijo que su intención es lograr la "transformación política, económica, cultural, espiritual, democrática, ordenada y verificable" que lleve a los venezolanos a un "verdadero renacer" y agregó: "Un anuncio como este no vale por lo que promete sino por lo que se cumple", ha subrayado.
En su disertación fue elocuente en señalar que el país cuenta con una "hoja de ruta" para responder "a las exigencias del contexto actual" y afirmó que el país se ha visto "dividido en trincheras, con la política y la economía como campos de batalla".
Recordó que cuando dijo en Naciones Unidas que la legalidad era el camino, no era una simple frase, era un método. “Venezuela no va a saltar al vacío. Vamos a emplear las leyes y las instituciones que existen para hacerlas mejores" y anunció que el proceso "llevará a la conformación de un poder electoral aceptado por todos", lo que permitirá "garantizar los derechos de participación ciudadana y las garantías de democracia".
La consulta.
Destacó Rodríguez que está en marcha una "gran consulta nacional para reformar la justicia penal, con apoyo técnico de la Unión Europea y la ONU".
Expresó que la Nación se relaciona con "todos los pueblos del mundo sobre la base del respeto, la diplomacia y la igualdad, pensando siempre en el interés nacional para crear empleo y mejorar los servicios básicos, como el sistema eléctrico", no obstante, pidió a los medios de comunicación nacionales e internacionales "no se estigmatice la imagen de Venezuela, ni su gentilicio ni su injusticia", tras señalar que ha procedido a reivindicar la protesta pacífica como un "derecho constitucional".
La presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez finalmente señaló: "Todas y todos tenemos derecho a pensar distinto, sin temor a represalias de ningún tipo. He instruido a los cuerpos de seguridad que ninguna persona sea detenida sin orden judicial, salvo los casos de flagrante comisión de delito. El ejercicio responsable de la política está garantizado para todas y para todos. Las puertas están abiertas. La protesta es un derecho constitucional, y el ejercicio de ese derecho debe ir acompañado del respeto a la integridad física y moral de nuestros funcionarios de seguridad".
