La firma del Acuerdo Final de Paz  entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc en Cartagena de Indias, que culminó con más de 50 años de guerra y que ha sido catalogado como uno de los actos políticos más importantes en la historia de Colombia, cumple cuatro años este 26 de septiembre, pero es una efemérides que tiene preocupado a muchos sectores de la sociedad colombiana y a la comunidad internacional, puesto que ese paso trascendental en la búsqueda del camino de la paz, se ha truncado por la polarización política y el recrudecimiento de la violencia en zonas urbanas y rurales del territorio nacional.

Por Luis Fernando García Forero.- La firma del Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc en Cartagena de Indias, que culminó con más de 50 años de guerra y que ha sido catalogado como uno de los actos políticos más importantes de nuestra historia republicana, cumple cuatro años este 26 de septiembre, pero es una efemérides que tiene preocupado a muchos sectores de la sociedad colombiana y a la comunidad internacional, puesto que ese paso trascendental que dejó en el pasado una inmensa mancha de sangre, se está truncando por la polarización política y el recrudecimiento de la violencia en zonas urbanas y rurales del territorio nacional.

Los diferentes foros de la democracia, empezando por el Congreso de la República, son a diario escenarios de altas controversias entre militantes de partidos que apoyan al Gobierno y los de la oposición, que se refleja no solo en las sesiones virtuales de Senado y Cámara, sino en los medios de comunicación y en las redes sociales donde los ciudadanos, en párrafos con videos y ofensas, en uno y otro sentido, alimentan aún más las posiciones extremas de nuestro Estado Social de Derecho.

Dicho Acuerdo de Paz, cuyas negociaciones se iniciaron en La Habana el 26 de agosto del 2012 y concluyeron el 26 de septiembre del 2016, giraron en torno a una reforma rural, participación política, cese al fuego y hostilidades bilateral, solución al problema de las drogas ilícitas, víctimas y los mecanismos de implementación y verificación.​ De estos temas, además de la firma del fin del conflicto, la participación política de los excombatientes, implementación de lo pactado, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que ha tenido contradictores en la aplicación de sus objetivos, es lo que ha ha funcionado; el resto, aún está pendiente.

Pero la firma de ese fin del conflicto, que dejó 261.619 muertos, de acuerdo al Centro Nacional de Memoria Histórica y que llenó de optimismo a millones de colombianos con el aplauso de la comunidad internacional, empezó a flaquear por una decisión política, pero de una inmensa vocación democrática de Juan Manuel Santos que resultó inversamente proporcional a la paz: una consulta popular para refrendar lo pactado le resultó en contra: el 50,2% votó No al Acuerdo entre el Gobierno y las FARC, por el 49.7% que votó por el Sí, con una abstención de más del 60%.

El expresidente, Álvaro Uribe Vélez, encabezó la campaña por el No al Acuerdo que resultó ganador en las urnas, con el argumento que no se podía aceptar esa negociación porque llevaba a la impunidad a exguerrilleros que habían cometido delitos de lesa humanidad.

Génesis de la Polarización

La campaña entre los del Sí y los del No fue el génesis, desde el punto de vista político, de la polarización y que aún estamos viviendo en Colombia. El Gobierno de entonces encabezó la defensa del Acuerdo mientras que la oposición se limitó a buscar adeptos en las urnas para negar lo firmado en Cartagena de Indias como resultado de las negociaciones de La Habana.

"Estábamos buscando que la gente saliera a votar verraca", dijo Juan Carlos Vélez, gerente de la campaña del No del Centro Democrático, al señalar que la estrategia usada para ganar el plebiscito fue basada en mensajes de indignación compartidos especialmente en redes sociales y con objetivos para cada estrato social.

La pregunta para responder ante las urnas era: ¿Apoya el acuerdo final para la terminación del conflicto y construcción de una paz estable y duradera?​

La comunidad internacional se preguntaba ¿Cómo es posible que un país rechace un acuerdo que le puso fin a un conflicto armado con más de medio siglo y que la costó la vida a más de 200.000 personas en un pacto que fue negociado arduamente durante cuatro años?

Ante esas circunstancias el presidente Juan Manuel Santos, quien recibió el premio Nobel de la Paz, tuvo que "renegociar" el Acuerdo, considerando las objeciones de los opositores para poder viabilizar el esfuerzo de cuatro años de negociaciones.

Santos decidió convocar a todas las fuerzas políticas, lo que se denominó el Gran Diálogo Nacional, cuyo propósito fue establecer un canal de conversación que permitiera buscar puntos de encuentro y determinar el camino a seguir para hacer viable la apuesta por la paz. Los protagonistas de los diálogos fueron las organizaciones sociales y étnicas, grupos de víctimas, mujeres, jóvenes, sindicatos, todos los partidos políticos, autoridades locales, representantes de iglesias, empresarios, militares retirados y otros actores que hicieron campaña por el NO, así como aquellos que promovieron el SÍ.

Fue así como el 24 de noviembre de 2016 se realizó en el Teatro Colón en Bogotá la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera por parte del presidente Juan Manuel Santos y el máximo comandante de las Farc, Rodrigo Londoño.

Implementación a medias

El desarrollo de la implementación del Acuerdo no ha sido el esperado porque no se ha aceptado, por parte de ciertos sectores adeptos al actual gobierno, que el desarrollo de la verdadera figura jurídica sostén del pacto firmado: la Justicia Transicional, avance, tema que es parte de la polarización.

El trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz, está catalogado como el corazón y la razón no solo de la firma del fin del conflicto, sino de abanderar jurídicamente el camino de la reconciliación con base en la verdad, justicia y la reparación de las víctimas. La JEP es la protagonista para aplicar justicia a los actores de esa guerra: excombatientes de las Farc, Militares y Policías, así como agentes del Estado y que tuvieron que ver con sus actos en el conflicto armado.

El afán para acabar con la JEP, desde sectores políticos adeptos al Gobierno, ha sido constante, pero no han podido. En medio de las críticas, es un tribunal que sigue empeñado en lograr sus objetivos y donde por estos meses ha estado recibiendo declaraciones de exdirigentes de la extinta guerrilla que han respondido a temas como el reclutamiento de menores y el secuestro, del cual reconocen que fue un error, por eso pidieron perdón.

Polarización y violencia

Cuando se cumplen 48 meses de la histórica firma del Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc hecho que dio inicio a una esperanza que le cambiaría el rumbo a la patria, lo que se observa es todo lo contrario: polarización política, masacres, decretos con fuerza de ley cuestionados porque se ha beneficiado a unos  sectores más que a otros, donde la pobreza aumenta en medio de muertes por el coronavirus y el abuso de la fuerza policial deja sin vida a ciudadanos inocentes, son más indicadores que señalan que el Acuerdo está ausente de Paz.

Desde el ámbito político, la administración del Gobierno Duque ha fortalecido aún más el sistema presidencialista, como se pudo observar con la designación de los jefes de los máximos organismos de control: Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo, que giran en jurisdicción del Ejecutivo.

No hay control verdadero porque no hay consenso para el dialogo, por eso las protestas que se están generando en las calles de las principales urbes del país terminan en acciones vandálicas y en muertos inocentes, participen o no, de las manifestaciones. De otra a parte desde la firma del fin del conflicto han caído asesinados más de 200 exguerrilleros de las Far que entregaron las armas e ingresaron a la democracia, como producto del Acuerdo.

Los fallos de los altos tribunales, como el de la Corte Suprema de Justicia, que instó al Gobierno a garantizar el derecho a la protesta “pacífica y no destructiva”, lleva a que la respuesta del Ejecutivo sea la de pedirle a la Corte Constitucional que revise dicha sentencia.

Vamos mal. Los líderes de las fuerzas políticas, de partidos de Gobierno y Oposición, dejan el eco del tome y dame verbal en las plataformas virtuales de las sesiones de Senado y Cámara, lo mismo en las corporaciones regionales y territoriales, advirtiendo que el presente político es un campanazo para la campaña electoral a iniciarse en el 2021, ya que no va a tener las garantías ni para los candidatos ni para los votantes. Las cifras lo dicen: en lo que va corrido del 2020, han ocurrido 248 actos violentos contra dirigentes políticos y sociales, destaca la Misión de Observación Electoral, MOE. Entre tanto desde la firma del Acuerdo, han asesinado a 220 excombatientes de las Farc que hicieron dejación de armas e ingresaron a la vida civil.

Dos artículos de la constitución dan las suficientes herramientas al Gobierno para un dialogo con todas las fuerzas políticas que permitan un consenso y enderecen el camino de la reconciliación en Colombia: Que el jefe de Estado es el símbolo de la Unidad Nacional y que la paz es un mandato constitucional. Eso se debe cumplir.

Bogotá, D. C, 24 de septiembre del 2020

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Se trata de una innovadora propuesta de la CGR y que se llevará a cabo en la Feria Virtual Expo Ciudadana 5.0, entre el 15 y 18 de septiembre del presente año.

El contralor general de la república Carlos Felipe Córdoba Larrarte, le abrió paso a la participación ciudadana para incentivar el cuidado y defensa de los recursos públicos, como mecanismo pedagógico en la lucha contra la corrupción a nivel local, regional y nacional.

Se trata de una innovadora propuesta de la CGR y que se llevará a cabo en la Feria Virtual Expo Ciudadana 5.0, entre el 15 y 18 de septiembre del presente año.

Según el contralor delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda Téllez, “La Contraloría busca llegar con un lenguaje visual atractivo y moderno a los colombianos, en cualquier región del país, buscando que entiendan los mecanismos y herramientas con las que cuentan para cuidar de los recursos que son de todos”.

Expo Ciudadanía 5.0, funcionará entre nueve de la mañana y las siete de la noche, durante los 4 días, y tendrá como objeto promover el control social y participativo a través de una estrategia de pedagogía ciudadana.   

Durante los días del evento, donde estarán ocho stands de manera virtual, usted podrá interactuar con temas relacionados con la nueva función de control preventivo y concomitante que ejerce la CGR. También enterarse de las actividades de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana y la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), la estrategia de control fiscal participativo “Compromiso Colombia” y temas como Elefantes Blancos, la APP “ControlAPP”, veedurías y redes sociales, entre otros.

Chat con respuestas en tiempo real

Los ciudadanos que se conecten a esta Feria Virtual podrán conocer los resultados o logros obtenidos por la Contraloría, gracias a su participación activa, de manera individual o de forma organizada, en veedurías.

“Cada stand tendrá activado un chat con respuesta en tiempo real a todas las inquietudes de los ciudadanos e igualmente, podrán denunciar posibles irregularidades en el manejo de los recursos públicos”, según lo anunció Rossana Payares, Directora de la Oficina de Comunicaciones del organismo de control.

Se espera una masiva asistencia de diversos públicos a Expo Ciudadanía 5.0, que van desde jóvenes de colegios y universidades, veedores, empleados del sector público y privado y ciudadanía en general.

Plataforma virtual y otras herramientas tecnológicas

La Contraloría General de la República es pionera en incursionar en el campo de las ferias virtuales con Expo Ciudadanía 5.0.

Para esta Feria se ha implementado un desarrollo tecnológico de primer nivel que incluye la plataforma de realidad virtual “Level Tech”, servidores cloud de Google, video llamadas, avatares e interacciones con contenido digital.

La Invitación

“Queremos que seas parte de este espacio participativo, creado para que conozcas a fondo la labor de la Contraloría General de la República y las diferentes herramientas con las que cuentas para vigilar los dineros que son de todos, de la mano de la Contraloría.

Una vez te registres tendrás acceso a los pabellones donde podrás conocer más de la Contraloría General de la República, los logros y resultados obtenidos de la mano de muchos colombianos que han participado en el Control Fiscal Participativo.

Haz clic aquí para inscribirte:

https://sistema.level-tech.co/forms/expociudadania/

Si requieres información adicional, comunícate con nuestra línea de atención 3213903375 y 3204338027”

Bogotá, D. C, 7 de agosto de septiembre de 2020

Fuente Contraloría General de la Nación

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En el proyecto de Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal del 2021, cuyo monto asciende a $314 billones, empieza la puja por recursos entre el Gobierno y el Congreso para garantizar el mejor desarrollo de la institucionalidad, pero en plena pandemia por el covid19 y según los encuentros virtuales de las diferentes comisiones del legislativo con los ministros, se destaca que la salud, el sector agropecuario, la cultura y el deporte, se convierten en las principales prioridades para atender e impulsar en el 2021.

Por Luis Fernando García Forero.- En el proyecto de Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal del 2021, cuyo monto asciende a $314 billones, empieza la puja por recursos entre el Gobierno y el Congreso para garantizar el mejor desarrollo de la institucionalidad, pero en plena pandemia por el covid19 y según los encuentros virtuales de las diferentes comisiones del legislativo con los ministros, se destaca que la salud, el sector agropecuario, la cultura y el deporte, se convierten en las principales prioridades para atender e impulsar en el 2021.

Todo se desprende porque en materia de recursos para esos sectores, los rubros, dentro del articulado del proyecto en mención y tal como lo presentó el Ejecutivo, son insuficientes para atender esos aspectos en el desarrollo local, regional y nacional.

Invertir en Medicina Preventiva

Según la iniciativa gubernamental la inversión prevista para la salud es grave, solo serían $745.000 millones, cifra que no representa el costo necesario para seguir atendiendo la pandemia, no solo si se extiende el año entrante, sino por los costos de la vacuna para contener el coronavirus.

Sobre ese tema congresistas de diferentes bancadas insisten en señalar que Colombia no puede seguir cometiendo el error de dejar a un lado la inversión en materia de medicina preventiva, los recursos se deben ajustar a una verdadera reforma al sistema de salud en el territorio nacional.

Agradecidos con el campo

Otro de los sectores que se quiere llevar el primer puesto en recursos en el PGN y que es impulsado por las comisiones quintas de Senado y Cámara es el sector agropecuario, sin embargo  en la propuesta gubernamental los recursos bajan comparado con el 2020.

“Tenemos que estar agradecidos con el sector agropecuario en estos momentos de crisis, no nos faltó el alimento y desafortunadamente el Gobierno, mientras que este año el sector contó con $1,9 billones, para el 2021 lo bajan a $1,7 billones, es decir, una reducción del 10,5 %.”, sostuvo a instancia de www.ecospoliticos.com el presidente de la Comisión V del senado Guillermo García Realpe.

En las reuniones de dichas comisiones, para analizar el tema presupuestal del campo, los congresistas anunciaron que van a insistir para que se aumenten recursos a ese sector de la economía colombiana.

Deporte: Inversión

Otro de los aspectos que preocupa tanto a representantes como a senadores son los insuficientes recursos en un nuevo ministerio, el del deporte, cuyo monto a consideración de las cámaras asciende a $436.641 millones para el 2021, cuando en este año logró $863.451 millones.

En varias reuniones del ministro del deporte Ernesto Lucena y la viceministra Lina Barrera en las diferentes comisiones del Congreso, se ha destacado la preocupación por el bajonazo presupuestal en el deporte y recreación a nivel nacional.

El presidente de la comisión de presupuesto de la Cámara, José Elvert Hernández, anunció un intenso trabajo legislativo para lograr aumentar los recursos suficientes que permitan tener la máxima cobertura en el territorio nacional con obras de infraestructura deportiva y estímulos con escuelas de formación deportiva a todos los niños y jóvenes del país.

“Injusto que en el Presupuesto 2021 disminuyan al deporte más del 50 %. Bajar de $863.451millones a $436.641 es un nocaut a niños y jóvenes que son el futuro de la patria. Asumo en el Senado la vocería para asignar los recursos suficientes a un sector que le ha dado triunfos y glorias a Colombia”, señaló el primer vicepresidente del senado Jaime Durán.

Entre tanto el ministro del deporte, Ernesto Lucena, destacó ante los congresistas que “el deporte es una inversión”.

Más recursos para cultura

Otra de las partidas que se analiza para que tenga un considerable aumento es el que tiene que ver con el sector cultura. Uno de los coordinadores ponentes de dicha iniciativa es el representante del Centro Democrático, Oscar Darío Pérez,  quien dijo que los recursos previstos para ese sector y que ha sido bastante golpeado por la pandemia, baja de $365.000 millones a $349.000 millones. “Vamos a ver cómo aumentamos esa partida para el presupuesto del Ministerio de Cultura”, afirmó el congresista antioqueño.

Como siempre en todo trámite del proyecto del PGN, se empiezan a mover no solo los ministros para lograr el máximo de beneficios en cada uno de los sectores institucionales, sino también los congresistas que en esta oportunidad lo harán a través de la virtualidad, no sin antes teniendo en cuenta a Ciencia y Tecnología, que en cualquiera de los sectores es fundamental en el desarrollo de la nación, aún más en tiempos del covid19, para darle un nuevo aire a la vida de los colombianos.

Bogotá, D. C, 1 de septiembre de 2020.

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La Gobernación de Santander es la única responsable de cumplir con las obligaciones laborales y pensionales de quienes le sirvieron a Fertilizantes Colombianos, S A, empresa cuyas plantas están paradas desde febrero 27 de 2017, técnicamente obsoletas y en un grado de deterioro y abandono que no admite recuperación, y que además, no ha entrado jurídicamente en proceso de liquidación como lo ordenó su Asamblea General de Acreedores, el pasado 4 de abril de 2019.

Por Luis Fernando García Forero.- La Gobernación de Santander es la única responsable de cumplir con las obligaciones laborales y pensionales de quienes le sirvieron a Fertilizantes Colombianos, S A, empresa cuyas plantas están paradas desde febrero 27 de 2017, técnicamente obsoletas y en un grado de deterioro y abandono que no admite recuperación, y que además, no ha entrado jurídicamente en proceso de liquidación como lo ordenó su Asamblea General de Acreedores, el pasado 4 de abril de 2019.

Es inconcebible que 130 pensionados, que toda una vida se la dedicaron a la empresa, que en otrora, fue la productora de abonos nitrogenados para el agro colombiano, a la fecha tengan en mora el pago de 53 mesadas pensionales, las cuales ascienden aproximadamente a $3.000 millones.

A través de www.ecospoliticos.com, pensionados y trabajadores de la empresa, han anunciado instancias internacionales, "si la justicia colombiana no atiende sus reclamos,  que hasta el momento han quedado en el aire, porque aún no hay respuestas, ya que se ha denunciado ante todas las entidades del Estado, incluyendo a los organismos de control: Procuraduría, Contraloría, Defensoría y hasta misivas al Presidente Iván Duque Márquez, y no ha habido respuestas, menos solución", señalaron los pensionados.

Lo peor del caso, “es que en Fiduagraria hay un patrimonio autónomo de $9.000 millones cuyo objetivo único es cumplir con la conmutación pensional total de los 130 pensionados, que figuran en el cálculo actuarial”.

Crónica de una tortura

Hagamos un breve recuento sobre el caso de FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A., diciendo que debido a su mala situación financiera se acogió a ley 550 en el año 2.002; que ésta empresa es propiedad del departamento de Santander, pues la administración departamental posee más del 99% de sus acciones, y por tanto su máxima autoridad es el señor Gobernador del Departamento.

La empresa paraliza su operación productiva en febrero 27 de 2017, debido al no pago oportuno a su proveedor del gas natural que utiliza la empresa, tanto para la generación de energía, como para la producción de abonos nitrogenados, por tanto a partir de ese momento los trabajadores activos quedan a la deriva en su funciones operacionales, es bueno aclarar que la empresa tenía en vigencia un acuerdo de reestructuración el cual era monitoreado por un promotor del acuerdo de reestructuración Álvaro Isaza Upegui, el cual había sido nombrado desde sus inicios por la Superintendencia de Sociedades, el tiempo sigue trascurriendo y los dueños de la empresa no se dan por aludidos sobre el problema que tienen en sus manos y que necesita de pronta solución, pues esto puede ocasionar en un futuro un daño patrimonial al departamento.

El día 31 de diciembre de 2018, vence el plazo para el cumplimiento de lo pactado en el documento del acuerdo de reestructuración, el cual tenía como fecha definitiva de terminación el día 30 de junio de 2019. En este documento existía un compromiso de completar por la empresa los dineros faltantes para llevar a cabo la conmutación pensional total y el encargado de llevar a cabo dicha acción, era el señor Gerente Carmelo Reyes Herazo, quien debía antes del 31 de dic/2018 manifestarle al señor Fabián Rolando Méndez Cáceres que dineros se requerían para junto con los dineros existentes en Fiduagraria, se completara el patrimonio requerido para  llevar a cabo la tan anhelada y esperada conmutación pensional total. Vale resaltar que dichos aportes faltantes los debía el señor Fabián Rolando por saldo pendiente de pago a Ferticol por la compra del lote No. 2.

La Liquidación

El día 4 de abril de 2019, el promotor del acuerdo de reestructuración Álvaro Isaza Upegui, cita a asamblea general de acreedores y ese día los asambleístas deciden que FERTICOL debe ser liquidada por incumplimiento permanente en los compromisos que se pactaron en las sucesivas prórrogas del acuerdo de reestructuración, después de deliberar largamente se procede a la elaboración de la respectiva acta, en la cual constan las razones para la liquidación y cierre de la empresa, dicho documento se protocoliza en la Cámara de Comercio de Barrancabermeja y se envía a la Superintendencia de Sociedades para que allí se realice el trámite respectivo. Después de transcurridos algunos días dicha solicitud es estudiada por la Superintendencia, quienes conceptúan que por ser FERTICOL una empresa con mayoría de acciones del estado, es a la gobernación de Santander a quien le corresponde llevar a cabo su proceso de liquidación y nombramiento del liquidador.

En estas condiciones pasan la pelota al gobernador, Didier Tavera Amado, quien hace el intento en dos ocasiones de que la asamblea le apruebe el proyecto de ordenanza que lo autorice para llevar a cabo el cierre y liquidación de la empresa y le asigne recursos para llevar a cabo dicha actividad, pero recordemos que estamos en año electoral y todos los actores están enfrascados en lograr para cada bando la mejor conveniencia, Ferticol para ellos es un negocio de poca monta y no produce votos y nadie quiere cargar a hombros dicho muerto, por tanto termina el año 2019 sin pena ni gloria para trabajadores activos que están en la calle sin pago de salarios y pensionados que desde dic/2016, no les cancelan mesada pensional alguna, debiéndoles a la fecha más de 53 mesadas.

Pero para rematar el año 2019, el flamante gerente de la empresa Carmelo Reyes Herazo que debía haber cumplido unos compromisos pactados en el acuerdo de reestructuración que venció el 31 de dic/2018, como era el pago de salarios de trabajadores y completar el dinero faltante para llevar a cabo la conmutación pensional, no hace efectivas dichas acciones y en cambio para cerrar el año fiscal con broche de oro,  el día 23 de DICIEMBRE de 2019, mediante la firma del  “ACTA NUMERO 004-2019. COMITÉ FIDUCIARIO. FIDEICOMISO LOTES FERTICOL”, hace los siguientes movimientos:

  1. Firma actas de acuerdos de conciliación con 70 trabajadores por valor de $14.845.049.822

y a la EMPRESA INVERSORA SANTAMARIA por suministro de bienes y servicios por su convenio de cuentas en participación se le pagan $5.667.349.040, liberando de esta manera la deuda que tenía pendiente de pago el señor Fabián Rolando Méndez Cáceres y que tenía pendientes de pago laborales con anterioridad a esta fecha, como estaban acordados en el acuerdo de reestructuración que venció en dic 31/2018. 

Olla Raspada

  1. Nos preguntamos, qué interés tendrían los partícipes de este negociado para ejecutar estos pagos extemporáneos cuando la empresa estaba técnica y jurídicamente cerrada desde abril 4/2019 por decisión de su asamblea de acreedores?, y en cambio se hacen y ejecutan pagos en dic/2019, esto no huele bien.
  2. Esperamos que su nuevo gerente Juan Carlos Sierra Ayala, lleve a los entes de control la revisión de las anormalidades encontradas y causadas por los anteriores administradores, creemos que el famoso Comité Fiduciario en el cual no tuvieron cabida representantes de trabajadores y pensionados debe responder por lo sucedido.
  3. ¿Lo lamentable del cuento es que dejaron la olla raspada y ahora de donde saldrán los dineros requeridos para el pago de salarios y prestaciones de trabajadores y nómina de pensionados? El único activo de la empresa son las cuantiosas demandas que tiene pendientes de cumplir y cursan en los distintos juzgados y demás deudas con los distintos acreedores.

Iniciamos el año 2020, con  nuevo gobernador, Mauricio Aguilar, quien en campaña electoral había ofrecido a sus posibles electores la reactivación de la empresa y posteriormente en visita a Barrancabermeja, manifestó que sencillamente cumplirá con el legado que le dejo su antecesor, esto es el cierre y liquidación de la empresa y a fecha de hoy, esto es hace 8 meses de su posesión, solamente tiene la intención pero nada se concreta en realidad, pues en la asamblea departamental no existe el proyecto de ordenanza para el cierre y liquidación definitiva de la empresa, recordemos el tiempo pasa y la Gobernación de Santander será el único responsable de pagar las obligaciones contraídas por dicha empresa.

Bogotá, D. C, 19 de 2020

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Este 18 de agosto, se cumplieron 20 años de la creación del Programa de Protección a Periodistas por parte del Estado colombiano, el balance sigue siendo mediocre, pues funciona como un escudo de plumas, el cual no alcanza a salvaguardar la vida e integridad de los informadores, traspasando heridas a la democracia.

Este 18 de agosto, se cumplieron 20 años de la creación del Programa de Protección a Periodistas por parte del Estado colombiano, el balance sigue siendo mediocre, pues funciona como un escudo de plumas, el cual no alcanza a salvaguardar la vida e integridad de los informadores, traspasando heridas a la democracia.

La Federación Colombiana de Periodistas, Fecolper, recoge en un informe, http://fecolper.com.co/wp-content/uploads/2020/08/Escudo-de-plumas.pdf varias recomendaciones, como organización de la sociedad civil que ha participado y representado a los periodistas y comunicadores sociales en este Programa,  sin desconocer aquellas dificultades que existen en la ruta de protección del Estado.

Éstas se dirigen a la Unidad Nacional de Protección en términos de evaluación del riesgo, operación logística y presupuestal; control interno y veeduría y respuesta territorial inmediata; a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría y Defensoría del Pueblo para hacer efectiva la protección, en razón de la necesidad de articulación interinstitucional y a la responsabilidad de colaboración armónica de las entidades del Estado, así como a la responsabilidad de vigilancia disciplinaria en el caso de la Procuraduría General de la Nación.

La reingeniería que realiza la Unidad Nacional de Protección, UNP, se ve como una oportunidad para incluir varias sugerencias que vuelven a plantearse para hacer efectiva y eficiente la protección de protección a periodistas y comunicadores sociales.

La Federación señala que se han hecho reiteradas solicitudes, exigencias y acuerdos previos que no han sido cumplidos, adoptados o implementados por la Unidad Nacional de Protección ni el Ministerio del Interior, y que, en todo caso, dan cuenta de la necesidad de garantizar la participación efectiva de la sociedad civil y por consiguiente del cumplimiento de los principios constitucionales de colaboración armónica y corresponsabilidad entre diferentes entidades.

Es necesario que se tenga en cuenta la dinámica diferencial del ejercicio periodístico que implica riesgos disímilescondiciones logísticas y cotidianas particulares. “La protección por parte del Estado, debe incluir su vida, su integridad, la de su familia y ante todo, la de una sociedad con derecho a estar informada, lo cual es requisito sin ecuánime para una democracia”, señaló Adriana Hurtado, presidenta de la Fecolper.

Preocupa, desde el punto de vista de DDHH, la mirada gubernamental reflejada en los lineamientos del Plan de Acción de Oportuna de Prevención y Protección para los defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas, en el que, entre otras cosas, se explica que la situación de desprotección será atendida a partir de los planes militares Victoria Plus y Horus.

En estas dos décadas del sistema de protección de periodistas en Colombia se hacen más evidentes las necesidades de la participación ciudadana en la resolución de los vacíos constantes, la atención del actual gobierno a estos llamados y la receptividad de las instituciones participantes en salvaguardar los principios fundamentales para una sociedad democrática en medida que se salvaguarda a los informadores, porque son ellos parte sustancial de ésta.

Bogotá, D.C, 18 de agosto de 2020

Fuente: Fecolper

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Senadores de las diferentes bancadas advirtieron en la plenaria de la corporación que a través del proyecto de ley que reglamenta la reforma constitucional sobre las regalías y que fue presentado tardíamente por el Gobierno Nacional, se pretende centralizar los recursos que le pertenecen a las regiones y localidades del país, sean o no productoras de hidrocarburos.

Por Luis Fernando García Forero.- Senadores de las diferentes bancadas advirtieron en la plenaria de la corporación que a través del proyecto de ley que reglamenta la reforma constitucional sobre las regalías y que fue presentado tardíamente por el Gobierno Nacional, se pretende centralizar recursos que le pertenecen a las regiones y localidades del país, sean o no, productoras de hidrocarburos.

Los senadores Richard Aguilar, Temistocles Ortega, de Cambio Radical; Jaime Durán Barrera y Guillermo García Realpe del Partido Liberal; José Berner Zambrano de la U, entre otros, alertaron ante la plenaria de la corporación, no aprobar dentro del articulado del proyecto en mención aspectos regresivos para los intereses de las regiones y municipios del país.  

“Preocupa que el Ejecutivo termine supliendo una obligación propia del Congreso, máxime cuando gran parte del articulado presentado por los señores Ministros de Hacienda y Crédito Público, y de Minas y Energía, no interpreta las necesidades de los departamentos, agudizadas por la crisis del coronavirus” destacó el senador Richard Aguilar quien a través de una carta que dejó como constancia en la corporación puso en alerta el peligro de dicha iniciativa contra los intereses de las regiones del país.

El senador Aguilar fue enfático en señalar que en el proyecto “El Gobierno propone la siguiente distribución del Fondo de Inversión Regional: 50% para distribución departamental y 50% para una bolsa concursable entre entidades territoriales de la región lo que va en contra de la descentralización y disminuye los recursos a los departamentos productores de hidrocarburos.

Puso como ejemplo que la Región Caribe dejaría de recibir el 57.8% de los recursos, por eso pidió ante la plenaria de la corporación la necesidad de insistir en que la distribución debe ser el 100% departamental.

$125.000 millones menos a Entes Territoriales

Dijo el senador Aguilar que la iniciativa gubernamental excluye a miembros del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD), que evalúa, viabiliza, aprueba y prioriza los programas y proyectos, para otorgarles todo el poder a los ministerios sectoriales, los cuales, a pesar de desconocer las necesidades y realidades de los departamentos, terminarían tomando decisiones sobre iniciativas de importancia regional.

“La propuesta del Gobierno elimina las 6 secretarías técnicas de los Ocad regionales y traslada sus funciones al Departamento Nacional de Planeación” aseveró el senador Aguilar tras señalar que  la iniciativa centraliza los recursos que le pertenecen a las regiones “y como si fuera poco las entidades territoriales dejarían de recibir $125.000 de pesos”.

El senador liberal Jaime Durán Barrera instó a sus colegas a estar alerta ante la propuesta gubernamental, principalmente a los senadores de la Comisión Quinta de la corporación, para evitar que se le arrebaten los recursos que le pertenecen a los departamentos y municipios del país.

Gobierno sin facultades

El senador Temístocles Ortega fue contundente en señalar que el Ejecutivo hoy no tiene constitucionalmente facultades para dictar esa ley mediante decreto. “El Gobierno tenía plazo para presentar el proyecto hasta el 30 de marzo pasado, no lo hizo, por lo tanto las facultades vencieron” y agregó que el Congreso tiene todos los tiempos necesarios para dictar esa ley como si fuera un proyecto ordinario durante esta legislatura y la próxima.

Enfatizó que en el articulado “se rompe de tajo los recursos que le pertenecen a los entes territoriales”, por eso hizo un llamado al Gobierno para que “en un diálogo franco y sincero se mantenga la autonomía de las regiones y no se lleve a cabo una atentado contra los entes territoriales”.

El presidente de la Comisión Quinta, Guillermo García Realpe, dijo que se tendrán en cuenta todas las inquietudes que fueron expuestas no solo por los congresistas, sino por los mandatarios regionales y locales, a fin de ajustar el contenido del proyecto sin que se les quite recursos a las regiones y localidades del país.

Por último el senador Berner Zambrano pidió a la corporación pedirle formalmente al Gobierno que retire el proyecto.

Bogotá, D. C, 11 de agosto de 2020

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Así lo afirmó la directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios, quien señaló que “el origen del Consejo Nacional Electoral en Colombia no permite generar confianza en todos los sectores que están en una contienda política”.

Por Luis Fernando García Forero.- Así lo afirmó la directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios, quien señaló que “el origen del Consejo Nacional Electoral en Colombia no permite generar confianza en todos los sectores que están en una contienda política”.

En diálogo  con www.ecospoliticos.com fue contundente en señalar que se necesita una autoridad electoral independiente. “No hay vencimiento de términos, no se llega a ningún tipo de sanción, no se profundiza en las investigaciones. Tenemos la Ñeñe Política y otros casos de financiación no solamente ilegal, sino también proveniente de fuentes dudosas de las campañas políticas”.

Respecto al tema de la apertura de la investigación del  excandidato presidencial y senador Gustavo Petro, porque recibió aportes a su campaña de personas que estaban inhabilitadas para hacerlo, dijo que no solamente abre el debate sobre el papel que cumple el CNE, sino que plantea una profunda reforma política que establezca que el origen  de ese alto tribunal debe ser independiente.

“Lamentablemente en la medida que el origen del CNE no es neutral, pues la discusión se da frente a cuáles son los intereses políticos que hay detrás y por qué si un magistrado es de determinado origen partidista, pertenece al Gobierno, está investigando a un electo senador de la república que tiene la segunda votación del país para la presidencia de la república y preciso está en el lado opuesto. Es completamente lamentable que ese sea el debate y no que lo que está de por medio está de acuerdo a la ley y establecido por la normatividad electoral”, afirmó la directora del MOE, Alejandra Barrios.

Enfatizó que la función de los magistrados del CNE no es solamente gobernar el proceso electoral, sino también  disciplinar a las organizaciones políticas.

“Indiscutiblemente en casos como este, si nosotros tuviéramos una autoridad electoral completamente independiente, podría a uno no gustarle las decisiones que toman, no habría duda de su independencia, autonomía y neutralidad”, afirmó Barrios quien señaló que es urgente iniciar el trámite de la reforma en materia electoral en el congreso de la república.

“Las instituciones que nosotros estamos generando son las mismas  de aquellas personas que hemos elegido como ciudadanos. Si nos equivocamos al elegirlas, la responsabilidad es de nosotros, no es de la institucionalidad en sí misma”, señaló Alejandra Barrios.

“Necesitamos un Tribunal Electoral de origen independiente, neutral, por fuera de las organizaciones políticas”, puntualizó Alejandra Barrios.

Bogotá, D. C, 28 de julio de 2020

 

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Más de 400 funcionarios de la rama están contagiados y los procesos judiciales no avanzan porque los expedientes no están totalmente digitalizados.-

-Trabajadores de la justicia pidieron mediante tutela “el cierre transitorio de todos los despachos judiciales hasta el 13 de septiembre”.

-Cerca de 400 funcionarios de la rama están contagiados y los procesos judiciales no avanzan porque los expedientes no están totalmente digitalizados.-

-Se debe constitucionalizar el monto del presupuesto de la rama jurisdiccional.-

Por Luis Fernando García Forero.- El contagio del COVID19 también aísla el desarrollo de la justicia. Cada día que pasa en plena pandemia, disminuyen en los juzgados el trámite de las denuncias, demandas y avance de audiencias, porque la digitalización de dichos procesos aún no concluye.

www.ecospoliticos tuvo acceso a información del trámite y desarrollo de la labor en los despachos judiciales y logró establecer que cerca de 400 funcionarios de la rama jurisdiccional, están contagiados.

El presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores del Sistema Judicial, Luis Fernando Otalvaro Calle, mediante una acción de tutela “con medida provisional urgente”, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pidió “Ordenar al Consejo Superior de la Judicatura “que de manera inmediata disponga el cierre transitorio de todos los despachos judiciales del país, hasta el 13 de septiembre del 2020 inclusive, para proteger el derecho fundamental a la vida, prevenir un daño inminente y hacer cesar el que se ha causado”.

Piden suspender durante dos meses los términos de las acciones judiciales, tiempo durante el cual el CSJ deberá culminar la digitalización de todos los expedientes que se inició en el 2010.

Instan al CSJ que exceptúe, previo aviso a todos los usuarios, servidores judiciales y abogados litigantes, los siguientes trámites: Tutelas y Habeas Corpus, que deberán presentarse exclusivamente por el Aplicativo web “Recepción de Tutelas y Hábeas Corpus en Línea” en la URL https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/TutelaEnLinea. Estas acciones se tramitarán y decidirán haciendo uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC´s.

Destacan en la acción de tutela que las Audiencias de Control de Garantías, deben realizarse virtualmente sin excepción alguna. En este aspecto instan al CSJ, Ministerio de Hacienda y de las TICS, adelantar “en un término de 15 días, de manera articulada, la instalación efectiva y el funcionamiento eficaz de la plataforma tecnológica contemplada en el acuerdo PCSJA20-11567 05/06/2020, que incluye acciones de capacitación virtual y permite a usuarios, abogados y funcionarios, el restablecimiento pleno del servicio público de justicia”.

Digitalización en pañales

El abogado Carlos Muñoz, vocero de los trabajadores de la justicia, señaló que el desarrollo y avance de procesos se está agravando, “porque además de la pandemia, la digitalización de los procesos está en pañales”.

Destacó que hay jueces ordenando a los funcionarios ir a los despachos judiciales en edificios obsoletos y encerrados para sacar los expedientes con el objeto de adelantar el trabajo en las audiencias. “Se debe hacer un llamado a todos los jueces para que no obliguen a los empleados a ir a las oficinas, es riesgoso porque van tres o cuatro y no guardan distancia en cuyos edificios donde están los despachos judiciales no son aireados”.

Los abogados y trabajadores de la rama jurisdiccional, en el caso de los juzgados, señalan sin embargo que “no se puede dejar de reconocer que la virtualidad, pese a todos los inconvenientes, ha venido funcionando a nivel de tutelas y de habeas corpus porque se ha manejado a través de medios electrónicos". Se refirió a las falencias en el el área penal por la ausencia de elementos técnicos, principalmente para los testigos.

Constitucionalizar presupuesto de la justicia

En medio de la situación, urgieron al Gobierno, altas cortes, el Congreso y a toda la sociedad, a hacer efectiva una verdadera reforma de la rama jurisdiccional para darle verdaderas herramientas que permita ejercer con efectividad sus funciones.

“Debe aprobarse una Reforma Política para que sea la misma constitución la que diga cuál debe ser el verdadero porcentaje del presupuesto para la Rama Judicial. No hay duda, el tema es la falta de recursos. Eso lo debe liderar el Consejo Superior de la Judicatura, toda vez que tiene iniciativa legislativa”, afirmaron varios jueces en diálogo con Ecos.

“Que no sea el Ministro de Hacienda de turno el que decida cuánto deben ser los recursos que se necesitan para administrar el poder judicial y la fiscalía, sino que sea una decisión del constituyente primario o del derivado”, destacaron los jueces.

Bogotá, D. C, 24 de julio de 2020

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El Primer Vicepresidente del Senado para el período 2020-2021, Jaime Enrique Durán Barrera, al posesionarse en su nuevo cargo expresó sus agradecimientos al Partido Liberal, su partido, por proponerlo para dicho cargo: “Voy a trabajar desde las ideas liberales para que podamos desarrollar una muy buena labor, así como lo hizo la anterior Mesa Directiva encabezada por Lidio García”.

El Primer Vicepresidente del Senado para el período 2020-2021, Jaime Enrique Durán Barrera, al posesionarse en su nuevo cargo expresó sus agradecimientos al Partido Liberal, su partido, por proponerlo para dicho cargo: “Voy a trabajar desde las ideas liberales para que podamos desarrollar una muy buena labor, así como lo hizo la anterior Mesa Directiva encabezada por Lidio García”.

Asimismo, agradeció a sus compañeros senadores por haber confiado en él y manifestó que se siente satisfecho por lograr que todas las bancadas de los diferentes partidos que hacen parte del Senado de la República lo hayan apoyado.

El nuevo primer vicepresidente del Senado nació en San Gil Santander. Es egresado del colegio San José de Guanentá, sus estudios en Derecho los realizó en la Universidad Externado de Colombia, con especialización en Derecho Minero-Energético.

Fue concejal de San Gil y presidente de la misma corporación en 1988; Alcalde de San Gil; Contralor de Santander; diputado y Presidente de la Asamblea de Santander; senador de la República, en reemplazo de Hugo Serrano Gómez. Fue representante a la Cámara por dos períodos consecutivos, 2002 -2006 y 2006 -2010; Segundo Vicepresidente de la Cámara de Representantes y miembro de las comisiones Quinta, Primera y de Investigación y Acusación de esa corporación.

Senador de la República, por el Partido Liberal, durante tres periodos: del 2010-1014, donde integró la Comisión Quinta. Del 2014 al 2018 formó parte de la Comisión Segunda y fue Vicepresidente de la corporación del 2015 al 2016, del 2016 al 2018 designado Presidente de la Comisión Segunda. Elegido nuevamente para el periodo 2018 al 2022.

Actividad legislativa

Autor de importantes proyectos de ley, entre los que se destacan:

  • Excepción de incompatibilidades relacionada con la cátedra universitaria.
  • Medidas de protección a las víctimas de la violencia.
  • Creación de mecanismos de entrega segura de recién nacidos.
  • Modificación de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
  • Ley de víctimas, iniciativa presentada por todos los senadores liberales.
  • Proyecto mediante el cual se prohibe la enajenación de los activos de la Nación en Ecopetrol, entre otros. 

También ha sido ponente de reformas constitucionales y de proyectos de ley como enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos, disposiciones a favor de la población vulnerable de las penitenciarias.

En debates de control político denunció la desviación de más de 10 mil millones de pesos destinados para investigaciones científicas y tecnológicas, los cuales fueron invertidos en becas de los hijos de los directivos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Ponente para reducción de las tarifas de los combustibles. Abrió paso para que el Congreso asumiera la iniciativa de establecer una nueva fórmula que permitiera que el precio de la gasolina motor, el ACPM GLP y el turbo combustible de aviación jet A1, lograran bajar sus costos que han sido calificados como los más caros en el mundo.Coordinador ponente del proyecto que establece normas para luchar contra los delincuentes cibernéticos.

Ponente de la ley que incentivó recursos para la modernización de la Universidad Industrial de Santander UIS, apoyó todas las iniciativas que implementan los acuerdos de paz entre el Gobierno Nacional y las Farc. Se ha destacado por el ser el senador que con vehemencia le ha exigido el Gobierno cumplir con la modernización de la Refinería de Barrancabermeja, una necesidad sentida para garantizar el presente y el futuro de la producción de combustible y como solución a los problemas económicos y sociales de los habitantes del puerto petrolero y el Magdalena Medio.

En varios pronunciamientos ha exhortado a los gobiernos nacionales para impedir la venta de acciones de la Nación en la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, tema que lo llevó a presentar un proyecto de ley en el mismo sentido acompañado por otros senadores de la bancada liberal.Autor del proyecto de ley por medio del cual se modifica el artículo 2º de la Ley 1118 de 2006, que prohíbe la venta del 8,5 % de las acciones de Ecopetrol, durante 20 años y que todavía pertenecen a la Nación.

Bogotá, D. C, 21 de julio de 2020

Por: Orianna Barboza Oficina de Información y Prensa Senado de Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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El 30% de adolescentes de 13 a 15 años sufren acoso regular en sus instituciones educativas y al menos 40 millones de niños, niñas y adolescentes menores de 15 años sufren de violencia, abuso y negligencia en el seno de sus familias, escuelas y entornos cercanos.

La realidad no es alentadora para los más de 193 millones de niños y niñas de América Latina.

De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Unicef, 1.1 millones de niñas y adolescentes de 15 a 19 años han experimentado violencia sexual o cualquier otro acto forzado en ese sentido incluyendo a la infancia.

El 30% de adolescentes de 13 a 15 años sufren acoso regular en sus instituciones educativas y al menos 40 millones de niños, niñas y adolescentes menores de 15 años sufren de violencia, abuso y negligencia en el seno de sus familias, escuelas y entornos cercanos.

La Asociación Afecto contra el maltrato infantil y la Corporación de Amor al Niño Cariño, realizarán los días 13, 14 y 15 de julio el XXVII Congreso de prevención y atención del maltrato infantil, “del lado de los niños”, el cual se llevará a cabo por primera vez de manera virtual y estará dirigido a docentes, padres de familia, profesionales de las áreas sociales, de salud, funcionarios, adultos significativos en general, entre otros, de diferentes países de habla hispana.

El evento de carácter científico-educativo tiene como objetivo propiciar un encuentro académico que permita brindar elementos conceptuales y pedagógicos que contribuyan al fortalecimiento para la prevención e intervención integral del maltrato infantil.

El Congreso, que este año se realizará en homenaje al Grupo de Pediatría y Puericultura de la Universidad de Antioquia, contará con reconocidos conferencistas a nivel mundial quienes tratarán temas jurídicos, terapéuticos, económicos, sociales, culturales y de salud física y mental. Entre otros, están el abogado Carlos Rozansky de Argentina, la psicóloga Clorinda Merino de México, el pediatra forense Walter Lambert y los psicólogos Al Killen Harvey y Dough Killen Harvey de Estados Unidos.

“En 2020 decidimos continuar con la labor de los 26 congresos anuales anteriores, pero esta vez en línea, volviendo la amenaza de no realización por la pandemia en una oportunidad para llegar a todos los países de América Latina y a España y compartir en línea con la vanguardia en el conocimiento alrededor de la prevención, atención e intervención del maltrato infantil, el abuso sexual infantil y las violencias contra los niños”, dijo la médica psiquiatra Isabel Cuadros Ferré, directora ejecutiva de la Asociación Afecto contra el maltrato infantil.

La Asociación Afecto contra el maltrato infantil y la Corporación de Amor al Niño CARIÑO son organizaciones privadas, sin fines de lucro, que trabajan en Colombia por más 35 años en la prevención, atención, intervención y rehabilitación del maltrato infantil, el abuso sexual infantil y la violencia contra los niños, las niñas y los adolescentes.

Es de resaltar que el congreso también cuenta con el apoyo de organizaciones como The Peace Education Foundation de Miami y la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá. Para conocer la agenda completa y realizar inscripciones pueden ingresar al link https://afecto.org.co/Congreso.html. Colombia, JULIO 7 de 2020

Bogotá, D. C, 7 de julio de 2020

Fuente: www.afecto.org.co

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La firma del Acuerdo Final de Paz  entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc en Cartagena de Indias, que culminó con más de 50 años de guerra y que ha sido catalogado como uno de los actos políticos más importantes en la historia de Colombia, cumple cuatro años este 26 de septiembre, pero es una efemérides que tiene preocupado a muchos sectores de la sociedad colombiana y a la comunidad internacional, puesto que ese paso trascendental en la búsqueda del camino de la paz, se ha truncado por la polarización política y el recrudecimiento de la violencia en zonas urbanas y rurales del territorio nacional.

Por Luis Fernando García Forero.- La firma del Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc en Cartagena de Indias, que culminó con más de 50 años de guerra y que ha sido catalogado como uno de los actos políticos más importantes de nuestra historia republicana, cumple cuatro años este 26 de septiembre, pero es una efemérides que tiene preocupado a muchos sectores de la sociedad colombiana y a la comunidad internacional, puesto que ese paso trascendental que dejó en el pasado una inmensa mancha de sangre, se está truncando por la polarización política y el recrudecimiento de la violencia en zonas urbanas y rurales del territorio nacional.

Los diferentes foros de la democracia, empezando por el Congreso de la República, son a diario escenarios de altas controversias entre militantes de partidos que apoyan al Gobierno y los de la oposición, que se refleja no solo en las sesiones virtuales de Senado y Cámara, sino en los medios de comunicación y en las redes sociales donde los ciudadanos, en párrafos con videos y ofensas, en uno y otro sentido, alimentan aún más las posiciones extremas de nuestro Estado Social de Derecho.

Dicho Acuerdo de Paz, cuyas negociaciones se iniciaron en La Habana el 26 de agosto del 2012 y concluyeron el 26 de septiembre del 2016, giraron en torno a una reforma rural, participación política, cese al fuego y hostilidades bilateral, solución al problema de las drogas ilícitas, víctimas y los mecanismos de implementación y verificación.​ De estos temas, además de la firma del fin del conflicto, la participación política de los excombatientes, implementación de lo pactado, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que ha tenido contradictores en la aplicación de sus objetivos, es lo que ha ha funcionado; el resto, aún está pendiente.

Pero la firma de ese fin del conflicto, que dejó 261.619 muertos, de acuerdo al Centro Nacional de Memoria Histórica y que llenó de optimismo a millones de colombianos con el aplauso de la comunidad internacional, empezó a flaquear por una decisión política, pero de una inmensa vocación democrática de Juan Manuel Santos que resultó inversamente proporcional a la paz: una consulta popular para refrendar lo pactado le resultó en contra: el 50,2% votó No al Acuerdo entre el Gobierno y las FARC, por el 49.7% que votó por el Sí, con una abstención de más del 60%.

El expresidente, Álvaro Uribe Vélez, encabezó la campaña por el No al Acuerdo que resultó ganador en las urnas, con el argumento que no se podía aceptar esa negociación porque llevaba a la impunidad a exguerrilleros que habían cometido delitos de lesa humanidad.

Génesis de la Polarización

La campaña entre los del Sí y los del No fue el génesis, desde el punto de vista político, de la polarización y que aún estamos viviendo en Colombia. El Gobierno de entonces encabezó la defensa del Acuerdo mientras que la oposición se limitó a buscar adeptos en las urnas para negar lo firmado en Cartagena de Indias como resultado de las negociaciones de La Habana.

"Estábamos buscando que la gente saliera a votar verraca", dijo Juan Carlos Vélez, gerente de la campaña del No del Centro Democrático, al señalar que la estrategia usada para ganar el plebiscito fue basada en mensajes de indignación compartidos especialmente en redes sociales y con objetivos para cada estrato social.

La pregunta para responder ante las urnas era: ¿Apoya el acuerdo final para la terminación del conflicto y construcción de una paz estable y duradera?​

La comunidad internacional se preguntaba ¿Cómo es posible que un país rechace un acuerdo que le puso fin a un conflicto armado con más de medio siglo y que la costó la vida a más de 200.000 personas en un pacto que fue negociado arduamente durante cuatro años?

Ante esas circunstancias el presidente Juan Manuel Santos, quien recibió el premio Nobel de la Paz, tuvo que "renegociar" el Acuerdo, considerando las objeciones de los opositores para poder viabilizar el esfuerzo de cuatro años de negociaciones.

Santos decidió convocar a todas las fuerzas políticas, lo que se denominó el Gran Diálogo Nacional, cuyo propósito fue establecer un canal de conversación que permitiera buscar puntos de encuentro y determinar el camino a seguir para hacer viable la apuesta por la paz. Los protagonistas de los diálogos fueron las organizaciones sociales y étnicas, grupos de víctimas, mujeres, jóvenes, sindicatos, todos los partidos políticos, autoridades locales, representantes de iglesias, empresarios, militares retirados y otros actores que hicieron campaña por el NO, así como aquellos que promovieron el SÍ.

Fue así como el 24 de noviembre de 2016 se realizó en el Teatro Colón en Bogotá la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera por parte del presidente Juan Manuel Santos y el máximo comandante de las Farc, Rodrigo Londoño.

Implementación a medias

El desarrollo de la implementación del Acuerdo no ha sido el esperado porque no se ha aceptado, por parte de ciertos sectores adeptos al actual gobierno, que el desarrollo de la verdadera figura jurídica sostén del pacto firmado: la Justicia Transicional, avance, tema que es parte de la polarización.

El trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz, está catalogado como el corazón y la razón no solo de la firma del fin del conflicto, sino de abanderar jurídicamente el camino de la reconciliación con base en la verdad, justicia y la reparación de las víctimas. La JEP es la protagonista para aplicar justicia a los actores de esa guerra: excombatientes de las Farc, Militares y Policías, así como agentes del Estado y que tuvieron que ver con sus actos en el conflicto armado.

El afán para acabar con la JEP, desde sectores políticos adeptos al Gobierno, ha sido constante, pero no han podido. En medio de las críticas, es un tribunal que sigue empeñado en lograr sus objetivos y donde por estos meses ha estado recibiendo declaraciones de exdirigentes de la extinta guerrilla que han respondido a temas como el reclutamiento de menores y el secuestro, del cual reconocen que fue un error, por eso pidieron perdón.

Polarización y violencia

Cuando se cumplen 48 meses de la histórica firma del Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc hecho que dio inicio a una esperanza que le cambiaría el rumbo a la patria, lo que se observa es todo lo contrario: polarización política, masacres, decretos con fuerza de ley cuestionados porque se ha beneficiado a unos  sectores más que a otros, donde la pobreza aumenta en medio de muertes por el coronavirus y el abuso de la fuerza policial deja sin vida a ciudadanos inocentes, son más indicadores que señalan que el Acuerdo está ausente de Paz.

Desde el ámbito político, la administración del Gobierno Duque ha fortalecido aún más el sistema presidencialista, como se pudo observar con la designación de los jefes de los máximos organismos de control: Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo, que giran en jurisdicción del Ejecutivo.

No hay control verdadero porque no hay consenso para el dialogo, por eso las protestas que se están generando en las calles de las principales urbes del país terminan en acciones vandálicas y en muertos inocentes, participen o no, de las manifestaciones. De otra a parte desde la firma del fin del conflicto han caído asesinados más de 200 exguerrilleros de las Far que entregaron las armas e ingresaron a la democracia, como producto del Acuerdo.

Los fallos de los altos tribunales, como el de la Corte Suprema de Justicia, que instó al Gobierno a garantizar el derecho a la protesta “pacífica y no destructiva”, lleva a que la respuesta del Ejecutivo sea la de pedirle a la Corte Constitucional que revise dicha sentencia.

Vamos mal. Los líderes de las fuerzas políticas, de partidos de Gobierno y Oposición, dejan el eco del tome y dame verbal en las plataformas virtuales de las sesiones de Senado y Cámara, lo mismo en las corporaciones regionales y territoriales, advirtiendo que el presente político es un campanazo para la campaña electoral a iniciarse en el 2021, ya que no va a tener las garantías ni para los candidatos ni para los votantes. Las cifras lo dicen: en lo que va corrido del 2020, han ocurrido 248 actos violentos contra dirigentes políticos y sociales, destaca la Misión de Observación Electoral, MOE. Entre tanto desde la firma del Acuerdo, han asesinado a 220 excombatientes de las Farc que hicieron dejación de armas e ingresaron a la vida civil.

Dos artículos de la constitución dan las suficientes herramientas al Gobierno para un dialogo con todas las fuerzas políticas que permitan un consenso y enderecen el camino de la reconciliación en Colombia: Que el jefe de Estado es el símbolo de la Unidad Nacional y que la paz es un mandato constitucional. Eso se debe cumplir.

Bogotá, D. C, 24 de septiembre del 2020

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Se trata de una innovadora propuesta de la CGR y que se llevará a cabo en la Feria Virtual Expo Ciudadana 5.0, entre el 15 y 18 de septiembre del presente año.

El contralor general de la república Carlos Felipe Córdoba Larrarte, le abrió paso a la participación ciudadana para incentivar el cuidado y defensa de los recursos públicos, como mecanismo pedagógico en la lucha contra la corrupción a nivel local, regional y nacional.

Se trata de una innovadora propuesta de la CGR y que se llevará a cabo en la Feria Virtual Expo Ciudadana 5.0, entre el 15 y 18 de septiembre del presente año.

Según el contralor delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda Téllez, “La Contraloría busca llegar con un lenguaje visual atractivo y moderno a los colombianos, en cualquier región del país, buscando que entiendan los mecanismos y herramientas con las que cuentan para cuidar de los recursos que son de todos”.

Expo Ciudadanía 5.0, funcionará entre nueve de la mañana y las siete de la noche, durante los 4 días, y tendrá como objeto promover el control social y participativo a través de una estrategia de pedagogía ciudadana.   

Durante los días del evento, donde estarán ocho stands de manera virtual, usted podrá interactuar con temas relacionados con la nueva función de control preventivo y concomitante que ejerce la CGR. También enterarse de las actividades de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana y la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), la estrategia de control fiscal participativo “Compromiso Colombia” y temas como Elefantes Blancos, la APP “ControlAPP”, veedurías y redes sociales, entre otros.

Chat con respuestas en tiempo real

Los ciudadanos que se conecten a esta Feria Virtual podrán conocer los resultados o logros obtenidos por la Contraloría, gracias a su participación activa, de manera individual o de forma organizada, en veedurías.

“Cada stand tendrá activado un chat con respuesta en tiempo real a todas las inquietudes de los ciudadanos e igualmente, podrán denunciar posibles irregularidades en el manejo de los recursos públicos”, según lo anunció Rossana Payares, Directora de la Oficina de Comunicaciones del organismo de control.

Se espera una masiva asistencia de diversos públicos a Expo Ciudadanía 5.0, que van desde jóvenes de colegios y universidades, veedores, empleados del sector público y privado y ciudadanía en general.

Plataforma virtual y otras herramientas tecnológicas

La Contraloría General de la República es pionera en incursionar en el campo de las ferias virtuales con Expo Ciudadanía 5.0.

Para esta Feria se ha implementado un desarrollo tecnológico de primer nivel que incluye la plataforma de realidad virtual “Level Tech”, servidores cloud de Google, video llamadas, avatares e interacciones con contenido digital.

La Invitación

“Queremos que seas parte de este espacio participativo, creado para que conozcas a fondo la labor de la Contraloría General de la República y las diferentes herramientas con las que cuentas para vigilar los dineros que son de todos, de la mano de la Contraloría.

Una vez te registres tendrás acceso a los pabellones donde podrás conocer más de la Contraloría General de la República, los logros y resultados obtenidos de la mano de muchos colombianos que han participado en el Control Fiscal Participativo.

Haz clic aquí para inscribirte:

https://sistema.level-tech.co/forms/expociudadania/

Si requieres información adicional, comunícate con nuestra línea de atención 3213903375 y 3204338027”

Bogotá, D. C, 7 de agosto de septiembre de 2020

Fuente Contraloría General de la Nación

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En el proyecto de Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal del 2021, cuyo monto asciende a $314 billones, empieza la puja por recursos entre el Gobierno y el Congreso para garantizar el mejor desarrollo de la institucionalidad, pero en plena pandemia por el covid19 y según los encuentros virtuales de las diferentes comisiones del legislativo con los ministros, se destaca que la salud, el sector agropecuario, la cultura y el deporte, se convierten en las principales prioridades para atender e impulsar en el 2021.

Por Luis Fernando García Forero.- En el proyecto de Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal del 2021, cuyo monto asciende a $314 billones, empieza la puja por recursos entre el Gobierno y el Congreso para garantizar el mejor desarrollo de la institucionalidad, pero en plena pandemia por el covid19 y según los encuentros virtuales de las diferentes comisiones del legislativo con los ministros, se destaca que la salud, el sector agropecuario, la cultura y el deporte, se convierten en las principales prioridades para atender e impulsar en el 2021.

Todo se desprende porque en materia de recursos para esos sectores, los rubros, dentro del articulado del proyecto en mención y tal como lo presentó el Ejecutivo, son insuficientes para atender esos aspectos en el desarrollo local, regional y nacional.

Invertir en Medicina Preventiva

Según la iniciativa gubernamental la inversión prevista para la salud es grave, solo serían $745.000 millones, cifra que no representa el costo necesario para seguir atendiendo la pandemia, no solo si se extiende el año entrante, sino por los costos de la vacuna para contener el coronavirus.

Sobre ese tema congresistas de diferentes bancadas insisten en señalar que Colombia no puede seguir cometiendo el error de dejar a un lado la inversión en materia de medicina preventiva, los recursos se deben ajustar a una verdadera reforma al sistema de salud en el territorio nacional.

Agradecidos con el campo

Otro de los sectores que se quiere llevar el primer puesto en recursos en el PGN y que es impulsado por las comisiones quintas de Senado y Cámara es el sector agropecuario, sin embargo  en la propuesta gubernamental los recursos bajan comparado con el 2020.

“Tenemos que estar agradecidos con el sector agropecuario en estos momentos de crisis, no nos faltó el alimento y desafortunadamente el Gobierno, mientras que este año el sector contó con $1,9 billones, para el 2021 lo bajan a $1,7 billones, es decir, una reducción del 10,5 %.”, sostuvo a instancia de www.ecospoliticos.com el presidente de la Comisión V del senado Guillermo García Realpe.

En las reuniones de dichas comisiones, para analizar el tema presupuestal del campo, los congresistas anunciaron que van a insistir para que se aumenten recursos a ese sector de la economía colombiana.

Deporte: Inversión

Otro de los aspectos que preocupa tanto a representantes como a senadores son los insuficientes recursos en un nuevo ministerio, el del deporte, cuyo monto a consideración de las cámaras asciende a $436.641 millones para el 2021, cuando en este año logró $863.451 millones.

En varias reuniones del ministro del deporte Ernesto Lucena y la viceministra Lina Barrera en las diferentes comisiones del Congreso, se ha destacado la preocupación por el bajonazo presupuestal en el deporte y recreación a nivel nacional.

El presidente de la comisión de presupuesto de la Cámara, José Elvert Hernández, anunció un intenso trabajo legislativo para lograr aumentar los recursos suficientes que permitan tener la máxima cobertura en el territorio nacional con obras de infraestructura deportiva y estímulos con escuelas de formación deportiva a todos los niños y jóvenes del país.

“Injusto que en el Presupuesto 2021 disminuyan al deporte más del 50 %. Bajar de $863.451millones a $436.641 es un nocaut a niños y jóvenes que son el futuro de la patria. Asumo en el Senado la vocería para asignar los recursos suficientes a un sector que le ha dado triunfos y glorias a Colombia”, señaló el primer vicepresidente del senado Jaime Durán.

Entre tanto el ministro del deporte, Ernesto Lucena, destacó ante los congresistas que “el deporte es una inversión”.

Más recursos para cultura

Otra de las partidas que se analiza para que tenga un considerable aumento es el que tiene que ver con el sector cultura. Uno de los coordinadores ponentes de dicha iniciativa es el representante del Centro Democrático, Oscar Darío Pérez,  quien dijo que los recursos previstos para ese sector y que ha sido bastante golpeado por la pandemia, baja de $365.000 millones a $349.000 millones. “Vamos a ver cómo aumentamos esa partida para el presupuesto del Ministerio de Cultura”, afirmó el congresista antioqueño.

Como siempre en todo trámite del proyecto del PGN, se empiezan a mover no solo los ministros para lograr el máximo de beneficios en cada uno de los sectores institucionales, sino también los congresistas que en esta oportunidad lo harán a través de la virtualidad, no sin antes teniendo en cuenta a Ciencia y Tecnología, que en cualquiera de los sectores es fundamental en el desarrollo de la nación, aún más en tiempos del covid19, para darle un nuevo aire a la vida de los colombianos.

Bogotá, D. C, 1 de septiembre de 2020.

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La Gobernación de Santander es la única responsable de cumplir con las obligaciones laborales y pensionales de quienes le sirvieron a Fertilizantes Colombianos, S A, empresa cuyas plantas están paradas desde febrero 27 de 2017, técnicamente obsoletas y en un grado de deterioro y abandono que no admite recuperación, y que además, no ha entrado jurídicamente en proceso de liquidación como lo ordenó su Asamblea General de Acreedores, el pasado 4 de abril de 2019.

Por Luis Fernando García Forero.- La Gobernación de Santander es la única responsable de cumplir con las obligaciones laborales y pensionales de quienes le sirvieron a Fertilizantes Colombianos, S A, empresa cuyas plantas están paradas desde febrero 27 de 2017, técnicamente obsoletas y en un grado de deterioro y abandono que no admite recuperación, y que además, no ha entrado jurídicamente en proceso de liquidación como lo ordenó su Asamblea General de Acreedores, el pasado 4 de abril de 2019.

Es inconcebible que 130 pensionados, que toda una vida se la dedicaron a la empresa, que en otrora, fue la productora de abonos nitrogenados para el agro colombiano, a la fecha tengan en mora el pago de 53 mesadas pensionales, las cuales ascienden aproximadamente a $3.000 millones.

A través de www.ecospoliticos.com, pensionados y trabajadores de la empresa, han anunciado instancias internacionales, "si la justicia colombiana no atiende sus reclamos,  que hasta el momento han quedado en el aire, porque aún no hay respuestas, ya que se ha denunciado ante todas las entidades del Estado, incluyendo a los organismos de control: Procuraduría, Contraloría, Defensoría y hasta misivas al Presidente Iván Duque Márquez, y no ha habido respuestas, menos solución", señalaron los pensionados.

Lo peor del caso, “es que en Fiduagraria hay un patrimonio autónomo de $9.000 millones cuyo objetivo único es cumplir con la conmutación pensional total de los 130 pensionados, que figuran en el cálculo actuarial”.

Crónica de una tortura

Hagamos un breve recuento sobre el caso de FERTILIZANTES COLOMBIANOS S.A., diciendo que debido a su mala situación financiera se acogió a ley 550 en el año 2.002; que ésta empresa es propiedad del departamento de Santander, pues la administración departamental posee más del 99% de sus acciones, y por tanto su máxima autoridad es el señor Gobernador del Departamento.

La empresa paraliza su operación productiva en febrero 27 de 2017, debido al no pago oportuno a su proveedor del gas natural que utiliza la empresa, tanto para la generación de energía, como para la producción de abonos nitrogenados, por tanto a partir de ese momento los trabajadores activos quedan a la deriva en su funciones operacionales, es bueno aclarar que la empresa tenía en vigencia un acuerdo de reestructuración el cual era monitoreado por un promotor del acuerdo de reestructuración Álvaro Isaza Upegui, el cual había sido nombrado desde sus inicios por la Superintendencia de Sociedades, el tiempo sigue trascurriendo y los dueños de la empresa no se dan por aludidos sobre el problema que tienen en sus manos y que necesita de pronta solución, pues esto puede ocasionar en un futuro un daño patrimonial al departamento.

El día 31 de diciembre de 2018, vence el plazo para el cumplimiento de lo pactado en el documento del acuerdo de reestructuración, el cual tenía como fecha definitiva de terminación el día 30 de junio de 2019. En este documento existía un compromiso de completar por la empresa los dineros faltantes para llevar a cabo la conmutación pensional total y el encargado de llevar a cabo dicha acción, era el señor Gerente Carmelo Reyes Herazo, quien debía antes del 31 de dic/2018 manifestarle al señor Fabián Rolando Méndez Cáceres que dineros se requerían para junto con los dineros existentes en Fiduagraria, se completara el patrimonio requerido para  llevar a cabo la tan anhelada y esperada conmutación pensional total. Vale resaltar que dichos aportes faltantes los debía el señor Fabián Rolando por saldo pendiente de pago a Ferticol por la compra del lote No. 2.

La Liquidación

El día 4 de abril de 2019, el promotor del acuerdo de reestructuración Álvaro Isaza Upegui, cita a asamblea general de acreedores y ese día los asambleístas deciden que FERTICOL debe ser liquidada por incumplimiento permanente en los compromisos que se pactaron en las sucesivas prórrogas del acuerdo de reestructuración, después de deliberar largamente se procede a la elaboración de la respectiva acta, en la cual constan las razones para la liquidación y cierre de la empresa, dicho documento se protocoliza en la Cámara de Comercio de Barrancabermeja y se envía a la Superintendencia de Sociedades para que allí se realice el trámite respectivo. Después de transcurridos algunos días dicha solicitud es estudiada por la Superintendencia, quienes conceptúan que por ser FERTICOL una empresa con mayoría de acciones del estado, es a la gobernación de Santander a quien le corresponde llevar a cabo su proceso de liquidación y nombramiento del liquidador.

En estas condiciones pasan la pelota al gobernador, Didier Tavera Amado, quien hace el intento en dos ocasiones de que la asamblea le apruebe el proyecto de ordenanza que lo autorice para llevar a cabo el cierre y liquidación de la empresa y le asigne recursos para llevar a cabo dicha actividad, pero recordemos que estamos en año electoral y todos los actores están enfrascados en lograr para cada bando la mejor conveniencia, Ferticol para ellos es un negocio de poca monta y no produce votos y nadie quiere cargar a hombros dicho muerto, por tanto termina el año 2019 sin pena ni gloria para trabajadores activos que están en la calle sin pago de salarios y pensionados que desde dic/2016, no les cancelan mesada pensional alguna, debiéndoles a la fecha más de 53 mesadas.

Pero para rematar el año 2019, el flamante gerente de la empresa Carmelo Reyes Herazo que debía haber cumplido unos compromisos pactados en el acuerdo de reestructuración que venció el 31 de dic/2018, como era el pago de salarios de trabajadores y completar el dinero faltante para llevar a cabo la conmutación pensional, no hace efectivas dichas acciones y en cambio para cerrar el año fiscal con broche de oro,  el día 23 de DICIEMBRE de 2019, mediante la firma del  “ACTA NUMERO 004-2019. COMITÉ FIDUCIARIO. FIDEICOMISO LOTES FERTICOL”, hace los siguientes movimientos:

  1. Firma actas de acuerdos de conciliación con 70 trabajadores por valor de $14.845.049.822

y a la EMPRESA INVERSORA SANTAMARIA por suministro de bienes y servicios por su convenio de cuentas en participación se le pagan $5.667.349.040, liberando de esta manera la deuda que tenía pendiente de pago el señor Fabián Rolando Méndez Cáceres y que tenía pendientes de pago laborales con anterioridad a esta fecha, como estaban acordados en el acuerdo de reestructuración que venció en dic 31/2018. 

Olla Raspada

  1. Nos preguntamos, qué interés tendrían los partícipes de este negociado para ejecutar estos pagos extemporáneos cuando la empresa estaba técnica y jurídicamente cerrada desde abril 4/2019 por decisión de su asamblea de acreedores?, y en cambio se hacen y ejecutan pagos en dic/2019, esto no huele bien.
  2. Esperamos que su nuevo gerente Juan Carlos Sierra Ayala, lleve a los entes de control la revisión de las anormalidades encontradas y causadas por los anteriores administradores, creemos que el famoso Comité Fiduciario en el cual no tuvieron cabida representantes de trabajadores y pensionados debe responder por lo sucedido.
  3. ¿Lo lamentable del cuento es que dejaron la olla raspada y ahora de donde saldrán los dineros requeridos para el pago de salarios y prestaciones de trabajadores y nómina de pensionados? El único activo de la empresa son las cuantiosas demandas que tiene pendientes de cumplir y cursan en los distintos juzgados y demás deudas con los distintos acreedores.

Iniciamos el año 2020, con  nuevo gobernador, Mauricio Aguilar, quien en campaña electoral había ofrecido a sus posibles electores la reactivación de la empresa y posteriormente en visita a Barrancabermeja, manifestó que sencillamente cumplirá con el legado que le dejo su antecesor, esto es el cierre y liquidación de la empresa y a fecha de hoy, esto es hace 8 meses de su posesión, solamente tiene la intención pero nada se concreta en realidad, pues en la asamblea departamental no existe el proyecto de ordenanza para el cierre y liquidación definitiva de la empresa, recordemos el tiempo pasa y la Gobernación de Santander será el único responsable de pagar las obligaciones contraídas por dicha empresa.

Bogotá, D. C, 19 de 2020

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Este 18 de agosto, se cumplieron 20 años de la creación del Programa de Protección a Periodistas por parte del Estado colombiano, el balance sigue siendo mediocre, pues funciona como un escudo de plumas, el cual no alcanza a salvaguardar la vida e integridad de los informadores, traspasando heridas a la democracia.

Este 18 de agosto, se cumplieron 20 años de la creación del Programa de Protección a Periodistas por parte del Estado colombiano, el balance sigue siendo mediocre, pues funciona como un escudo de plumas, el cual no alcanza a salvaguardar la vida e integridad de los informadores, traspasando heridas a la democracia.

La Federación Colombiana de Periodistas, Fecolper, recoge en un informe, http://fecolper.com.co/wp-content/uploads/2020/08/Escudo-de-plumas.pdf varias recomendaciones, como organización de la sociedad civil que ha participado y representado a los periodistas y comunicadores sociales en este Programa,  sin desconocer aquellas dificultades que existen en la ruta de protección del Estado.

Éstas se dirigen a la Unidad Nacional de Protección en términos de evaluación del riesgo, operación logística y presupuestal; control interno y veeduría y respuesta territorial inmediata; a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría y Defensoría del Pueblo para hacer efectiva la protección, en razón de la necesidad de articulación interinstitucional y a la responsabilidad de colaboración armónica de las entidades del Estado, así como a la responsabilidad de vigilancia disciplinaria en el caso de la Procuraduría General de la Nación.

La reingeniería que realiza la Unidad Nacional de Protección, UNP, se ve como una oportunidad para incluir varias sugerencias que vuelven a plantearse para hacer efectiva y eficiente la protección de protección a periodistas y comunicadores sociales.

La Federación señala que se han hecho reiteradas solicitudes, exigencias y acuerdos previos que no han sido cumplidos, adoptados o implementados por la Unidad Nacional de Protección ni el Ministerio del Interior, y que, en todo caso, dan cuenta de la necesidad de garantizar la participación efectiva de la sociedad civil y por consiguiente del cumplimiento de los principios constitucionales de colaboración armónica y corresponsabilidad entre diferentes entidades.

Es necesario que se tenga en cuenta la dinámica diferencial del ejercicio periodístico que implica riesgos disímilescondiciones logísticas y cotidianas particulares. “La protección por parte del Estado, debe incluir su vida, su integridad, la de su familia y ante todo, la de una sociedad con derecho a estar informada, lo cual es requisito sin ecuánime para una democracia”, señaló Adriana Hurtado, presidenta de la Fecolper.

Preocupa, desde el punto de vista de DDHH, la mirada gubernamental reflejada en los lineamientos del Plan de Acción de Oportuna de Prevención y Protección para los defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas, en el que, entre otras cosas, se explica que la situación de desprotección será atendida a partir de los planes militares Victoria Plus y Horus.

En estas dos décadas del sistema de protección de periodistas en Colombia se hacen más evidentes las necesidades de la participación ciudadana en la resolución de los vacíos constantes, la atención del actual gobierno a estos llamados y la receptividad de las instituciones participantes en salvaguardar los principios fundamentales para una sociedad democrática en medida que se salvaguarda a los informadores, porque son ellos parte sustancial de ésta.

Bogotá, D.C, 18 de agosto de 2020

Fuente: Fecolper

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Senadores de las diferentes bancadas advirtieron en la plenaria de la corporación que a través del proyecto de ley que reglamenta la reforma constitucional sobre las regalías y que fue presentado tardíamente por el Gobierno Nacional, se pretende centralizar los recursos que le pertenecen a las regiones y localidades del país, sean o no productoras de hidrocarburos.

Por Luis Fernando García Forero.- Senadores de las diferentes bancadas advirtieron en la plenaria de la corporación que a través del proyecto de ley que reglamenta la reforma constitucional sobre las regalías y que fue presentado tardíamente por el Gobierno Nacional, se pretende centralizar recursos que le pertenecen a las regiones y localidades del país, sean o no, productoras de hidrocarburos.

Los senadores Richard Aguilar, Temistocles Ortega, de Cambio Radical; Jaime Durán Barrera y Guillermo García Realpe del Partido Liberal; José Berner Zambrano de la U, entre otros, alertaron ante la plenaria de la corporación, no aprobar dentro del articulado del proyecto en mención aspectos regresivos para los intereses de las regiones y municipios del país.  

“Preocupa que el Ejecutivo termine supliendo una obligación propia del Congreso, máxime cuando gran parte del articulado presentado por los señores Ministros de Hacienda y Crédito Público, y de Minas y Energía, no interpreta las necesidades de los departamentos, agudizadas por la crisis del coronavirus” destacó el senador Richard Aguilar quien a través de una carta que dejó como constancia en la corporación puso en alerta el peligro de dicha iniciativa contra los intereses de las regiones del país.

El senador Aguilar fue enfático en señalar que en el proyecto “El Gobierno propone la siguiente distribución del Fondo de Inversión Regional: 50% para distribución departamental y 50% para una bolsa concursable entre entidades territoriales de la región lo que va en contra de la descentralización y disminuye los recursos a los departamentos productores de hidrocarburos.

Puso como ejemplo que la Región Caribe dejaría de recibir el 57.8% de los recursos, por eso pidió ante la plenaria de la corporación la necesidad de insistir en que la distribución debe ser el 100% departamental.

$125.000 millones menos a Entes Territoriales

Dijo el senador Aguilar que la iniciativa gubernamental excluye a miembros del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD), que evalúa, viabiliza, aprueba y prioriza los programas y proyectos, para otorgarles todo el poder a los ministerios sectoriales, los cuales, a pesar de desconocer las necesidades y realidades de los departamentos, terminarían tomando decisiones sobre iniciativas de importancia regional.

“La propuesta del Gobierno elimina las 6 secretarías técnicas de los Ocad regionales y traslada sus funciones al Departamento Nacional de Planeación” aseveró el senador Aguilar tras señalar que  la iniciativa centraliza los recursos que le pertenecen a las regiones “y como si fuera poco las entidades territoriales dejarían de recibir $125.000 de pesos”.

El senador liberal Jaime Durán Barrera instó a sus colegas a estar alerta ante la propuesta gubernamental, principalmente a los senadores de la Comisión Quinta de la corporación, para evitar que se le arrebaten los recursos que le pertenecen a los departamentos y municipios del país.

Gobierno sin facultades

El senador Temístocles Ortega fue contundente en señalar que el Ejecutivo hoy no tiene constitucionalmente facultades para dictar esa ley mediante decreto. “El Gobierno tenía plazo para presentar el proyecto hasta el 30 de marzo pasado, no lo hizo, por lo tanto las facultades vencieron” y agregó que el Congreso tiene todos los tiempos necesarios para dictar esa ley como si fuera un proyecto ordinario durante esta legislatura y la próxima.

Enfatizó que en el articulado “se rompe de tajo los recursos que le pertenecen a los entes territoriales”, por eso hizo un llamado al Gobierno para que “en un diálogo franco y sincero se mantenga la autonomía de las regiones y no se lleve a cabo una atentado contra los entes territoriales”.

El presidente de la Comisión Quinta, Guillermo García Realpe, dijo que se tendrán en cuenta todas las inquietudes que fueron expuestas no solo por los congresistas, sino por los mandatarios regionales y locales, a fin de ajustar el contenido del proyecto sin que se les quite recursos a las regiones y localidades del país.

Por último el senador Berner Zambrano pidió a la corporación pedirle formalmente al Gobierno que retire el proyecto.

Bogotá, D. C, 11 de agosto de 2020

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Así lo afirmó la directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios, quien señaló que “el origen del Consejo Nacional Electoral en Colombia no permite generar confianza en todos los sectores que están en una contienda política”.

Por Luis Fernando García Forero.- Así lo afirmó la directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios, quien señaló que “el origen del Consejo Nacional Electoral en Colombia no permite generar confianza en todos los sectores que están en una contienda política”.

En diálogo  con www.ecospoliticos.com fue contundente en señalar que se necesita una autoridad electoral independiente. “No hay vencimiento de términos, no se llega a ningún tipo de sanción, no se profundiza en las investigaciones. Tenemos la Ñeñe Política y otros casos de financiación no solamente ilegal, sino también proveniente de fuentes dudosas de las campañas políticas”.

Respecto al tema de la apertura de la investigación del  excandidato presidencial y senador Gustavo Petro, porque recibió aportes a su campaña de personas que estaban inhabilitadas para hacerlo, dijo que no solamente abre el debate sobre el papel que cumple el CNE, sino que plantea una profunda reforma política que establezca que el origen  de ese alto tribunal debe ser independiente.

“Lamentablemente en la medida que el origen del CNE no es neutral, pues la discusión se da frente a cuáles son los intereses políticos que hay detrás y por qué si un magistrado es de determinado origen partidista, pertenece al Gobierno, está investigando a un electo senador de la república que tiene la segunda votación del país para la presidencia de la república y preciso está en el lado opuesto. Es completamente lamentable que ese sea el debate y no que lo que está de por medio está de acuerdo a la ley y establecido por la normatividad electoral”, afirmó la directora del MOE, Alejandra Barrios.

Enfatizó que la función de los magistrados del CNE no es solamente gobernar el proceso electoral, sino también  disciplinar a las organizaciones políticas.

“Indiscutiblemente en casos como este, si nosotros tuviéramos una autoridad electoral completamente independiente, podría a uno no gustarle las decisiones que toman, no habría duda de su independencia, autonomía y neutralidad”, afirmó Barrios quien señaló que es urgente iniciar el trámite de la reforma en materia electoral en el congreso de la república.

“Las instituciones que nosotros estamos generando son las mismas  de aquellas personas que hemos elegido como ciudadanos. Si nos equivocamos al elegirlas, la responsabilidad es de nosotros, no es de la institucionalidad en sí misma”, señaló Alejandra Barrios.

“Necesitamos un Tribunal Electoral de origen independiente, neutral, por fuera de las organizaciones políticas”, puntualizó Alejandra Barrios.

Bogotá, D. C, 28 de julio de 2020

 

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Más de 400 funcionarios de la rama están contagiados y los procesos judiciales no avanzan porque los expedientes no están totalmente digitalizados.-

-Trabajadores de la justicia pidieron mediante tutela “el cierre transitorio de todos los despachos judiciales hasta el 13 de septiembre”.

-Cerca de 400 funcionarios de la rama están contagiados y los procesos judiciales no avanzan porque los expedientes no están totalmente digitalizados.-

-Se debe constitucionalizar el monto del presupuesto de la rama jurisdiccional.-

Por Luis Fernando García Forero.- El contagio del COVID19 también aísla el desarrollo de la justicia. Cada día que pasa en plena pandemia, disminuyen en los juzgados el trámite de las denuncias, demandas y avance de audiencias, porque la digitalización de dichos procesos aún no concluye.

www.ecospoliticos tuvo acceso a información del trámite y desarrollo de la labor en los despachos judiciales y logró establecer que cerca de 400 funcionarios de la rama jurisdiccional, están contagiados.

El presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores del Sistema Judicial, Luis Fernando Otalvaro Calle, mediante una acción de tutela “con medida provisional urgente”, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pidió “Ordenar al Consejo Superior de la Judicatura “que de manera inmediata disponga el cierre transitorio de todos los despachos judiciales del país, hasta el 13 de septiembre del 2020 inclusive, para proteger el derecho fundamental a la vida, prevenir un daño inminente y hacer cesar el que se ha causado”.

Piden suspender durante dos meses los términos de las acciones judiciales, tiempo durante el cual el CSJ deberá culminar la digitalización de todos los expedientes que se inició en el 2010.

Instan al CSJ que exceptúe, previo aviso a todos los usuarios, servidores judiciales y abogados litigantes, los siguientes trámites: Tutelas y Habeas Corpus, que deberán presentarse exclusivamente por el Aplicativo web “Recepción de Tutelas y Hábeas Corpus en Línea” en la URL https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/TutelaEnLinea. Estas acciones se tramitarán y decidirán haciendo uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC´s.

Destacan en la acción de tutela que las Audiencias de Control de Garantías, deben realizarse virtualmente sin excepción alguna. En este aspecto instan al CSJ, Ministerio de Hacienda y de las TICS, adelantar “en un término de 15 días, de manera articulada, la instalación efectiva y el funcionamiento eficaz de la plataforma tecnológica contemplada en el acuerdo PCSJA20-11567 05/06/2020, que incluye acciones de capacitación virtual y permite a usuarios, abogados y funcionarios, el restablecimiento pleno del servicio público de justicia”.

Digitalización en pañales

El abogado Carlos Muñoz, vocero de los trabajadores de la justicia, señaló que el desarrollo y avance de procesos se está agravando, “porque además de la pandemia, la digitalización de los procesos está en pañales”.

Destacó que hay jueces ordenando a los funcionarios ir a los despachos judiciales en edificios obsoletos y encerrados para sacar los expedientes con el objeto de adelantar el trabajo en las audiencias. “Se debe hacer un llamado a todos los jueces para que no obliguen a los empleados a ir a las oficinas, es riesgoso porque van tres o cuatro y no guardan distancia en cuyos edificios donde están los despachos judiciales no son aireados”.

Los abogados y trabajadores de la rama jurisdiccional, en el caso de los juzgados, señalan sin embargo que “no se puede dejar de reconocer que la virtualidad, pese a todos los inconvenientes, ha venido funcionando a nivel de tutelas y de habeas corpus porque se ha manejado a través de medios electrónicos". Se refirió a las falencias en el el área penal por la ausencia de elementos técnicos, principalmente para los testigos.

Constitucionalizar presupuesto de la justicia

En medio de la situación, urgieron al Gobierno, altas cortes, el Congreso y a toda la sociedad, a hacer efectiva una verdadera reforma de la rama jurisdiccional para darle verdaderas herramientas que permita ejercer con efectividad sus funciones.

“Debe aprobarse una Reforma Política para que sea la misma constitución la que diga cuál debe ser el verdadero porcentaje del presupuesto para la Rama Judicial. No hay duda, el tema es la falta de recursos. Eso lo debe liderar el Consejo Superior de la Judicatura, toda vez que tiene iniciativa legislativa”, afirmaron varios jueces en diálogo con Ecos.

“Que no sea el Ministro de Hacienda de turno el que decida cuánto deben ser los recursos que se necesitan para administrar el poder judicial y la fiscalía, sino que sea una decisión del constituyente primario o del derivado”, destacaron los jueces.

Bogotá, D. C, 24 de julio de 2020

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El Primer Vicepresidente del Senado para el período 2020-2021, Jaime Enrique Durán Barrera, al posesionarse en su nuevo cargo expresó sus agradecimientos al Partido Liberal, su partido, por proponerlo para dicho cargo: “Voy a trabajar desde las ideas liberales para que podamos desarrollar una muy buena labor, así como lo hizo la anterior Mesa Directiva encabezada por Lidio García”.

El Primer Vicepresidente del Senado para el período 2020-2021, Jaime Enrique Durán Barrera, al posesionarse en su nuevo cargo expresó sus agradecimientos al Partido Liberal, su partido, por proponerlo para dicho cargo: “Voy a trabajar desde las ideas liberales para que podamos desarrollar una muy buena labor, así como lo hizo la anterior Mesa Directiva encabezada por Lidio García”.

Asimismo, agradeció a sus compañeros senadores por haber confiado en él y manifestó que se siente satisfecho por lograr que todas las bancadas de los diferentes partidos que hacen parte del Senado de la República lo hayan apoyado.

El nuevo primer vicepresidente del Senado nació en San Gil Santander. Es egresado del colegio San José de Guanentá, sus estudios en Derecho los realizó en la Universidad Externado de Colombia, con especialización en Derecho Minero-Energético.

Fue concejal de San Gil y presidente de la misma corporación en 1988; Alcalde de San Gil; Contralor de Santander; diputado y Presidente de la Asamblea de Santander; senador de la República, en reemplazo de Hugo Serrano Gómez. Fue representante a la Cámara por dos períodos consecutivos, 2002 -2006 y 2006 -2010; Segundo Vicepresidente de la Cámara de Representantes y miembro de las comisiones Quinta, Primera y de Investigación y Acusación de esa corporación.

Senador de la República, por el Partido Liberal, durante tres periodos: del 2010-1014, donde integró la Comisión Quinta. Del 2014 al 2018 formó parte de la Comisión Segunda y fue Vicepresidente de la corporación del 2015 al 2016, del 2016 al 2018 designado Presidente de la Comisión Segunda. Elegido nuevamente para el periodo 2018 al 2022.

Actividad legislativa

Autor de importantes proyectos de ley, entre los que se destacan:

  • Excepción de incompatibilidades relacionada con la cátedra universitaria.
  • Medidas de protección a las víctimas de la violencia.
  • Creación de mecanismos de entrega segura de recién nacidos.
  • Modificación de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
  • Ley de víctimas, iniciativa presentada por todos los senadores liberales.
  • Proyecto mediante el cual se prohibe la enajenación de los activos de la Nación en Ecopetrol, entre otros. 

También ha sido ponente de reformas constitucionales y de proyectos de ley como enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos, disposiciones a favor de la población vulnerable de las penitenciarias.

En debates de control político denunció la desviación de más de 10 mil millones de pesos destinados para investigaciones científicas y tecnológicas, los cuales fueron invertidos en becas de los hijos de los directivos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Ponente para reducción de las tarifas de los combustibles. Abrió paso para que el Congreso asumiera la iniciativa de establecer una nueva fórmula que permitiera que el precio de la gasolina motor, el ACPM GLP y el turbo combustible de aviación jet A1, lograran bajar sus costos que han sido calificados como los más caros en el mundo.Coordinador ponente del proyecto que establece normas para luchar contra los delincuentes cibernéticos.

Ponente de la ley que incentivó recursos para la modernización de la Universidad Industrial de Santander UIS, apoyó todas las iniciativas que implementan los acuerdos de paz entre el Gobierno Nacional y las Farc. Se ha destacado por el ser el senador que con vehemencia le ha exigido el Gobierno cumplir con la modernización de la Refinería de Barrancabermeja, una necesidad sentida para garantizar el presente y el futuro de la producción de combustible y como solución a los problemas económicos y sociales de los habitantes del puerto petrolero y el Magdalena Medio.

En varios pronunciamientos ha exhortado a los gobiernos nacionales para impedir la venta de acciones de la Nación en la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, tema que lo llevó a presentar un proyecto de ley en el mismo sentido acompañado por otros senadores de la bancada liberal.Autor del proyecto de ley por medio del cual se modifica el artículo 2º de la Ley 1118 de 2006, que prohíbe la venta del 8,5 % de las acciones de Ecopetrol, durante 20 años y que todavía pertenecen a la Nación.

Bogotá, D. C, 21 de julio de 2020

Por: Orianna Barboza Oficina de Información y Prensa Senado de Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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El 30% de adolescentes de 13 a 15 años sufren acoso regular en sus instituciones educativas y al menos 40 millones de niños, niñas y adolescentes menores de 15 años sufren de violencia, abuso y negligencia en el seno de sus familias, escuelas y entornos cercanos.

La realidad no es alentadora para los más de 193 millones de niños y niñas de América Latina.

De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Unicef, 1.1 millones de niñas y adolescentes de 15 a 19 años han experimentado violencia sexual o cualquier otro acto forzado en ese sentido incluyendo a la infancia.

El 30% de adolescentes de 13 a 15 años sufren acoso regular en sus instituciones educativas y al menos 40 millones de niños, niñas y adolescentes menores de 15 años sufren de violencia, abuso y negligencia en el seno de sus familias, escuelas y entornos cercanos.

La Asociación Afecto contra el maltrato infantil y la Corporación de Amor al Niño Cariño, realizarán los días 13, 14 y 15 de julio el XXVII Congreso de prevención y atención del maltrato infantil, “del lado de los niños”, el cual se llevará a cabo por primera vez de manera virtual y estará dirigido a docentes, padres de familia, profesionales de las áreas sociales, de salud, funcionarios, adultos significativos en general, entre otros, de diferentes países de habla hispana.

El evento de carácter científico-educativo tiene como objetivo propiciar un encuentro académico que permita brindar elementos conceptuales y pedagógicos que contribuyan al fortalecimiento para la prevención e intervención integral del maltrato infantil.

El Congreso, que este año se realizará en homenaje al Grupo de Pediatría y Puericultura de la Universidad de Antioquia, contará con reconocidos conferencistas a nivel mundial quienes tratarán temas jurídicos, terapéuticos, económicos, sociales, culturales y de salud física y mental. Entre otros, están el abogado Carlos Rozansky de Argentina, la psicóloga Clorinda Merino de México, el pediatra forense Walter Lambert y los psicólogos Al Killen Harvey y Dough Killen Harvey de Estados Unidos.

“En 2020 decidimos continuar con la labor de los 26 congresos anuales anteriores, pero esta vez en línea, volviendo la amenaza de no realización por la pandemia en una oportunidad para llegar a todos los países de América Latina y a España y compartir en línea con la vanguardia en el conocimiento alrededor de la prevención, atención e intervención del maltrato infantil, el abuso sexual infantil y las violencias contra los niños”, dijo la médica psiquiatra Isabel Cuadros Ferré, directora ejecutiva de la Asociación Afecto contra el maltrato infantil.

La Asociación Afecto contra el maltrato infantil y la Corporación de Amor al Niño CARIÑO son organizaciones privadas, sin fines de lucro, que trabajan en Colombia por más 35 años en la prevención, atención, intervención y rehabilitación del maltrato infantil, el abuso sexual infantil y la violencia contra los niños, las niñas y los adolescentes.

Es de resaltar que el congreso también cuenta con el apoyo de organizaciones como The Peace Education Foundation de Miami y la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá. Para conocer la agenda completa y realizar inscripciones pueden ingresar al link https://afecto.org.co/Congreso.html. Colombia, JULIO 7 de 2020

Bogotá, D. C, 7 de julio de 2020

Fuente: www.afecto.org.co

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