Reportajes

Por Luis Fernando García Forero.- Como preámbulo al inicio de la discusión y votación del Plan Nacional del Desarrollo, el presidente del congreso, Roy Barreras Montealegre, coalición Pacto Histórico, fue contundente en señalar que “Tenemos una gran responsabilidad en este debate del PND: transmitir a los colombianos en este recinto, que avanzamos en democracia por los canales institucionales” y agregó que "es también una oportunidad de decirle al país que el Congreso representa la Unidad Nacional”.

Barrera Montealegre fue enfático en señalar que cincuenta millones de colombianos están reclamando mensajes de tranquilidad, estabilidad y avance real en los cambios que el país demanda y necesita.

Al señalar que nadie puede negar que Colombia vive momentos de polarización, Roy Barreras dijo que “Convocar el pueblo implica convocar a cincuenta millones de colombianos. No a un sector, no a una fracción, no a ganadores contra perdedores, no a unos colombianos contra otros colombianos, no a unos amigos contra unos enemigos. Cincuenta millones de colombianos reclaman un mensaje de Unidad Nacional, que hace parte de la constitución”.

Agregó que “El cambio son las reformas que se hacen en este recinto democrático y las reformas son sostenibles en el tiempo, si son frutos del consenso nacional, por eso no puede ocurrir que el momento se traduzca en más polarización, en más violencia, no que se pretenda imponer en una idea sobre la otra”.

Al reconocer que el Congreso, que fue elegido por más de 20 millones de votos, Roy Barreras señaló que es el legislativo el escenario para lograr la unidad nacional, por eso enfatizó: “Tenemos la responsabilidad histórica de avanzar con las reformas. Colombia no merece más violencias, ni polarización, no merece más inseguridad”. Dijo que los conflictos sociales derivan fácilmente en conflictos violentos. “Tenemos ya demasiadas violencias cruzadas, canalizar el justo reclamo popular institucionalmente es nuestra obligación, por eso es tan importante el mensaje de hoy en medio de incertidumbres. El mensaje es la casa de la democracia funciona, las instituciones funcionan, aquí se aprobará la hoja de ruta para Colombia”.

El presidente del Senado Roy Barreras en forma metafórica destacó que el corazón del cambio, refiriéndose al Congreso, “tiene que conectarse con el resto del cuerpo social y ese cuerpo social son 50 millones de compatriotas”.

Finalmente remató diciendo: “Tenemos una tarea, es el único camino hacia la unidad nacional, la discusión institucional es el camino de la estabilidad de la nación. Aprobemos este Plan Nacional de Desarrollo.

El debate del Plan Nacional de Desarrollo, que cuenta con 373 artículos, se inició luego de la negativa de impedimentos por parte de la plenaria de la corporación y de la aprobación del informe con que termina la ponencia por 53 votos a favor y 5 en contra.

Bogotá, D. C, 2 de mayo de 2023

Fuente: Oficina de información y Prensa Senado.  

Por Luis Fernando García Forero.- En sesión del Pleno del Congreso de la República, en cumplimiento de la ley 1448 de 2011, la directora de la Unidad para las Víctimas, María Patricia Tobón Yagarí, fue enfática en manifestar a senadores y representantes: “El Gobierno ha recibido un rezago histórico en la política de atención a las víctimas del conflicto. A pesar del dolor, las barreras y la desigualdad, las víctimas han dado segundas oportunidades.  En el Gobierno Nacional creemos en su poder transformador, ellas son fundamentales para la construcción de la paz”.

Al inicio de la sesión el presidente del legislativo, Roy Barreras Montealegre, manifestó en forma contundente que “Nunca habrá tiempo suficiente para escuchar a las víctimas silenciadas por el conflicto, pero hoy su voz se toma este recinto. Es el día en que le volvemos a apostar a la paz".

La deliberación del Congreso en Pleno se convirtió en una sesión histórica y representativa, puesto que el presidente del Senado, Roy Barreras Montealegre, Coalición Pacto Histórico, le dio la oportunidad a las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz o CITREP, que surgieron a raíz del Acuerdo de Paz de 2016, lo que llevó el representante William Aljure Martínez a presidir la deliberación que durante seis horas atendió reclamos y exigencias de las víctimas, en torno al cumplimiento de la ley que las protege, y el resarcimiento de los daños que les ocasionó el conflicto.

En la sesión, la principal vocera del gobierno fue la directora de la Unidad para las Víctimas, María Patricia Tobón Yagarí, señaló vehemente: “Para avanzar en la superación del rezago, el Gobierno del Cambio se trazó una meta de 600 mil indemnizaciones a las víctimas. Sin embargo, se requerirán muchos gobiernos progresistas para cumplir con la política de víctimas en Colombia”.

Tobón Yagarí, entregó al presidente del Senado, Roy Barreras, y al coordinador de la CITREP, William Aljure, un sol simbólico hecho por las víctimas, y le pidió al Congreso seguir en su trabajo por la Paz Total: “Invitamos al Congreso a realizar un trabajo articulado por las víctimas; con su apoyo el Estado podrá tener el presupuesto para la atención de las víctimas en todo el país”, resaltó, y precisó además que dicha posibilidad puede ser incluida en el marco del Plan Nacional de Desarrollo.

Destacó por último la directora de la Unidad para las Víctimas: “El presupuesto sigue siendo insuficiente frente al número de víctimas que esperan los recursos para su indemnización administrativa… Se requerirán más de 60 años, y por lo menos 1 billón de pesos para reparar a las víctimas”.

Por su parte, la directora del Centro de Memoria Histórica, María Gaitán Valencia, nieta del “Caudillo del Pueblo”, Jorge Eliecer Gaitán, quien fuera asesinado el 9 de abril de 1948, argumentó terminante: "La construcción de memoria histórica es deber del Estado, pero también tarea de la sociedad…. Los sitios y memorias se deben fortalecer en los territorios, con el poder transformador de las víctimas, el compromiso del Gobierno Nacional, la solidaridad internacional y la fuerza de toda la sociedad colombiana. Solamente de este modo, podremos transitar hacia una sociedad transformadora, como brújula del futuro, y no como fantasma del pasado”.

El embajador de la Unión Europea en Colombia expresó en el marco de la sesión: “Tenemos una admiración profunda por las víctimas, hubiera sido legítimo que se quedaran aturdidas por el dolor; en lugar de esto, están de pie reivindicando sus derechos y comprometidas con sanar la sociedad colombiana”.

Varios de los voceros de las víctimas del conflicto, que participaron en la emotiva celebración, coincidieron en señalar que sienten cada día el abandono del Estado, por el incumplimiento de la ley que las protege, y destacaron que, si la propuesta de la Paz Total no es incluyente, ni tiene en cuenta a los territorios, jamás se va a alcanzar la reconciliación nacional.

Bogotá, D. C, 12 de abril de 2023

Fuente: Oficina de Información y Prensa-Senado de la República

En esta nota conocerá las 10 principales modificaciones de la iniciativa que cambia aspectos fundamentales de la legislación laboral, si es aprobada por el Congreso.

El Gobierno Nacional radicó a consideración del Congreso la anunciada Reforma Laboral, iniciativa que pretende proteger y reivindicar los derechos laborales de 22 millones 32 mil ocupados en el país, de los cuales 8 millones 992 mil son mujeres (40,8%) y 13 millones 40 mil hombres (59,2%).

Representantes de los gremios, centrales sindicales, el presidente de la República, Gustavo Petro y la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, destacaron en la propuesta el compromiso de buscar y garantizar los derechos laborales por un trabajo decente y estable.

El presidente de la República, Gustavo Petro, dijo que “Este proyecto de ley debe permitir, si se aprueba por el Congreso de la República, que cese el acoso sexual y laboral en el país; debe permitir que el salario real pueda crecer en Colombia para que se industrialice; debe permitir que la gente sea más feliz en esta sociedad y disfrutar de más tiempo libre. Debe permitir que se pueda organizar el cuerpo de trabajadores y trabajadoras para poder discutir de tú a tú con el mundo empresarial”.

Agregó el jefe de Estado que “El mundo obrero tiene que unificarse para poder ganar capacidad de negociación, ese mundo sindical que no llega a la mayoría de los trabajadores y trabajadoras de Colombia, debe cambiar a través de la ley, por una fuerza organizada, que pueda velar por todo aquel y toda aquella que gane un salario en cualquier parte del país.  Debe velar por el empresario, que al final es donde se desata buena parte del empleo en Colombia, que debe velar porque el campo se pueda modernizar y desarrollar y producir los alimentos, precisamente para que aumente el salario real”.

Rescata derechos laborales

La iniciativa que se entregó este jueves, busca rescatar derechos como recargos dominicales y festivos del 75 % al 100 %, jornada diurna de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. y recuperar la nocturna de 6:00 p.m. a 6:00 a.m. Así mismo, priorizar el contrato a término indefinido y disminuir la tercerización laboral, para favorecer la estabilidad laboral.

La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez Ríos, quien lideró desde su cartera el diálogo tripartito donde se construyó este articulado, destacó: “habrá garantías para el trabajo en plataformas digitales de reparto, vamos por la formalización e industrialización del campo colombiano, aumento de la licencia de paternidad a 12 semanas e igualdad salarial entre hombres y mujeres, entre otros”.

La reforma laboral denominada ´Trabajo por el Cambio´, se construyó desde las mesas tripartitas con participación de las centrales sindicales, los gremios de la producción y el gobierno, se recogieron cerca de 3 mil propuestas de 34 mesas realizadas en los territorios, iniciativas presentadas en los diálogos regionales vinculantes y analizadas en las subcomisiones de la reforma laboral, donde la mayor preocupación de los trabajadores fue la estabilidad laboral.

Para garantizar la mejor propuesta hubo acompañamiento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Banco Mundial, ONU, Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), y además, se recogieron experiencias exitosas de países como Argentina, Chile, España y México, durante cerca de seis meses.

Resumimos en 10 puntos los aspectos fundamentales de la iniciativa:

1. Se prioriza la contratación a término indefinido.
2. Se recupera y diferencia la jornada diurna y nocturna de 6 a.m. a 6 p.m.
3. Pago del 100% del recargo dominical; actualmente, es el 75%.
4. Se restablece el preaviso para las y los trabajadores.
5. Se protege el trabajo en plataformas digitales o de reparto.
6. Se elimina la violencia y el acoso en el mundo laboral.
7. Se fortalece la protección y promoción del derecho de asociación sindical.
8. Se mantienen las 8 horas diarias legales de trabajo.
9. Se prohíben los contratos colectivos con organizaciones sindicales para la prestación de servicios o ejecución de obras y los que están, se mantendrán hasta que termine la vigencia.
10. Se crea la modalidad de jornal agropecuario.

Bogotá, D. C, 17 de marzo de 2023

Redacción Ecos Reportaje

Por Luis Fernando García Forero.- El Registrador Nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha, destacó que Colombia es el primer país con identificación digital, a través de la cédula digital, e invitó a las entidades estatales y a las empresas, a hacer uso de esa herramienta moderna de identificación, para facilitar muchos trámites a los ciudadanos dentro del desarrollo tecnológico e institucional de la nación.

Se refirió a la seguridad de la cédula digital y dijo que es mucho más segura que la convencional, al destacar que la versión virtual está acompañada de una física de policarbonato, lo que permite establecer que la única posibilidad de acceder a ella, es con la biometría facial, es decir, nadie puede entrar a la cédula digital, sino es el titular.    

Incluso, dijo que también se fortalecerá la seguridad biométrica a través de la verificación de huellas dactilares y otros datos. “A raíz del cambio de nuestra cédula digital, nos tocó llevar todo este sistema de identificación a una protección especial y lo hicimos con la inauguración del nuevo Centro de Ciberseguridad”, explicó Vega, quien ratificó que esa entidad, junto con la Policía Nacional, son pioneras en contar con sitios propios de seguridad cibernética.

El registrador Alexander Vega Rocha, quien a partir del 16 de marzo estará al frente y pendiente de la Reforma Electoral, que se reactiva en la Congreso, dijo que la entidad adoptará mecanismos de identificación biométrica y facial, no solo para mejorar los procesos electorales, sino para ponerlos al servicio de otras entidades públicas y privadas, evitando delitos cibernéticos como fraude y suplantación.

En el foro Desafíos de Ciberseguridad, organizado por Prisa Media, Caracol Radio, W Radio y El País América, así como la Registraduría Nacional del Estado Civil, el registrador Vega señaló que “A raíz del cambio de nuestra cédula digital, nos tocó llevar todo este sistema de identificación a una protección especial y lo hicimos con la inauguración del nuevo Centro de Ciberseguridad”. Añadió que junto a la Policía Nacional, son las pioneras en contar con sitios propios de seguridad cibernética.

Recordó que antes se alquilaban los servicios de seguridad cibernética tanto para proteger datos informáticos como la información del censo electoral, pero ahora, con la construcción del centro propio, ya la Registraduría tiene el control y la información de los ciudadanos en relación con los procesos electorales.

Para tramitar la cédula digital lo puede hacer a través de la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil y es gratis para quienes expidan su cédula por primera vez.

Bogotá, D. C, 11 de marzo de 2023

Por Germán Enrique Núñez Torres. El proyecto de ley ha generado todo tipo de controversias y críticas, pero quienes saben del tema encontraron bondades, riesgos y aspectos que pueden ser conciliados para no perder terreno.

Después de años y años de espera por fin llegó al Congreso de la República un proyecto de reforma a la salud que pretende optimizar y fortalecer el alicaído y endeble Sistema General de Seguridad Social en ese frente y con ello dar las garantías constitucionales en lo referente a la prestación de servicios como un derecho universal.

Cierto es que la Ley 100 1993 no fue perfecta, tuvo inconsistencia y en salud no midió el futuro de entidades con el mismo rasero, mientras hubo fiestas de EPS, al extinto Instituto de Seguros Sociales le dejaron como exclusividad la atención de cáncer, VIH y todo tipo de enfermedades de alto costo. La reglamentación modernizó muchos aspectos sociales que parten de la seguridad social, pero dejó ver falencias, errores y de alguna manera favores porque como en Corabastos se permitió una intermediación con los recursos de la salud que le daño el rato a los verdaderos prestadores de salud, a las clínicas y hospitales que atienden, diagnostican, intervienen y salvan vidas.

Con la iniciativa del Presidente Gustavo Petro Urrego, el ejecutivo busca potenciar el sistema de salud, hacerlo para todos y por ello la propuesta está orientada hacia un sistema de salud preventivo, predictivo y resolutivo. Hay que recordar que en la presentación del proyecto, el Primer Mandatario recordó que para que la propuesta tenga asidero deben existir determinantes sociales de la salud, verbigracia, acceso al agua potable, óptimas condiciones sanitarias, seguridad alimentaria, vivienda digna, buenos y seguros entornos laborales, medio ambiente y otras condiciones que propendan por vidas más sanas.

Un punto esencial del proyecto es la desaparición de la intermediación financiera que hacen las EPS, dejando en manos de la estatal Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES, el giro de los dineros por prestación en salud, directamente a las clínicas y hospitales, entidades que hoy muestran un pasivo estimable porque la plata no llegó al sitio adecuado.

El Gobierno dejó claro que la medida quiere atacar la corrupción y sobre las EPS expuso que pueden seguir operando siempre y cuando no estén en proceso de liquidación, eso sí acomodándose a la nueva política y a un nuevo sistema de salud de forma ordenada y progresiva.

Otro aparte para el análisis tiene que ver con el Consejo Nacional de Salud, ente que se encargará de concertar y promover políticas públicas en salud, presentar iniciativas normativas y llevar a cabo todo un proceso de evaluación y monitoreo del nuevo sistema. Al Consejo llegarán representantes del Gobierno, trabajadores agrupados en las centrales obreras, empresarios, asociaciones campesinas, organizaciones de pacientes, etnias, población en condición de discapacidad, sociedades de IPS, academia, representantes de la mujer y de las comunidades LGBTIQ+.

El nuevo proyecto abre una puerta interesante para optimizar las condiciones laborales del personal del sector salud y sugiere la formalización de personal asistencial como también administrativo, facilitando formación y educación permanente ya que se pretende mejorar en la humanización de la salud.

En fin hay mucha tela de donde cortar, está el capítulo de eliminación o regulación de cuotas moderadoras, los copagos, la territorialización de las EPS, descentralización de los métodos de atención en salud y otras propuestas que serán abordadas por una agremiación seria que puede calificarse como rectora de la hospitalización y atención directa de pacientes.

En entrevista con Diariolaeconomia.com, el Director General de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, ACHC, Juan Carlos Giraldo Valencia, dijo que afortunadamente ya fue presentado el proyecto de reforma a la salud lo cual permitirá pasar de la etapa de confusión, alimentada con mucha aversión e intriga a temas concretos para poder, a partir de la propuesta gubernamental, dar opiniones, mejorar la actitud y entender los objetivos de un buen sistema de salud, analizando cuanto de eso se puede conseguir a través de la iniciativa presidencial. Bajo esa óptica, comentó el reconocido médico, llegarán fórmulas para optimizar el texto, advertir sobre riesgos que se estén viendo y celebrar así como destacar los aspectos positivos.

“Esa será la lógica que nosotros como gremio hospitalario vamos a mantener en este debate que ya empieza y en eso si tomamos un poco de distancia de los que simplemente polarizan y que no ven todos los extremos, o que todo es perfecto o que todo es malo. A mí me parece que en la vida real, sobretodo en un sistema de salud como el nuestro, son necesarios muchos puntos de vista médicos, varios colores intermedios y en eso nos vamos a desempeñar”, declaró el señor Giraldo Valencia.

El texto abocado, recalcó, permitirá continuar aportando con el mejoramiento perentorio al sistema de salud que en efecto necesita sus ajustes.

Giraldo destacó del proyecto aspectos positivos a los que nadie debería oponerse por tratarse de cuestiones se vienen hablando desde hace mucho tiempo. En primera instancia vio con buenos ojos que la propuesta tenga la intención de mejorar todos los temas de atención primaria en salud, haciendo énfasis en promoción y salud preventiva. Dijo que el proyecto tiene muchos artículos dedicados a ese tema y al desarrollo de unas alternativas o de unos medios en la base del sistema para mejorarles la vida a los ciudadanos o a las poblaciones dispersas en pequeños municipios que han visto que sus infraestructuras, sobre todo las públicas, o no existen o están muy atrasadas, luego resulta muy positivo avanzar en ese asunto y poner al día un sistema de salud impactado por deudas históricas y consideró importante que el sistema tenga el propósito de buscar a la gente en sus domicilios o que se creen mecanismos de financiación para estas políticas, de entrada a la ACHC, la iniciativa le parece muy práctica y efectiva.

Agregó que es bastante interesante que en el proyecto se mencione algo que está en la Ley estatutaria y en otras normas, puntualmente los determinantes sociales de la salud porque de entrada dice que se comprende que la salud no solo se consigue teniendo una infraestructura, unos hospitales o herramientas propias del sistema de salud, sino que el bienestar de las personas como concepto integral o elíptico tiene otras cosas, y hay otros determinantes como las vías, la alimentación, educación, acceso al agua potable y otros beneficios básicos enumerados en el plan.

“Es muy bueno que desde esta Ley se le llame la atención a la sociedad sobre la necesidad de trabajar coordinadamente con otros sectores y buscar acciones que no sean redundantes, ojalá inteligentes para ayudar a conseguir buenos resultados en el tema de salud en la población, ese es otro tema que yo destaco”, dijo Giraldo Valencia.

Sobre el sector hospitalario como tal celebró que a los sanatorios públicos se les dé un tratamiento privilegiado en la propuesta, ya que la presente es una infraestructura que en muchos municipios posiblemente es la única cara que ve la población de un sistema sanitario, por lo tanto, el hecho que haya la intención de fomentar ese sistema público, de crecer en infraestructura y darle condiciones para que tenga sostenibilidad económica, pero que también piense en el talento humano que labora en esas entidades y que ayude con meritocracia y nombramiento de los gerentes a través de concursos transparentes, son cuestiones que la ACHC estaba pidiendo desde hace mucho tiempo, lo mismo que el subsidio a la oferta para los hospitales públicos y que en el proyecto tiene unos desarrollos importantes.

Como en toda iniciativa, hay igualmente puntos de preocupación o de conversación sobre las mejorías que se deben hacer.

La propuesta de hacer claridad en el manejo de los recursos para que a las clínicas, hospitales o IPS les paguen directamente los servicios con un mecanismo de giro inmediato y sin intermediación es un punto en el que la ACHC ha estado insistiendo desde hace mucho tiempo. En su momento el gremio propuso la ruta lógica hacia la salida progresiva que tenía varios componentes, uno el de la salud pública o atención primaria que lo trae implícito el proyecto actual y una parte muy importante de la propuesta de las clínicas y hospitales era hacer una administración limpia de los recursos y por eso plantearon la creación de un fondo único que fuera como la banca sanitaria que pudiera ser un acumulador de riesgo, de recursos y no una maestra de información, un tema que tenía que complementarse con mecanismos de giro directo y con un cambio en el rol de las EPS para que no fueran ellas las que manejaran todos los dineros sino que solamente se les remunerara por labores administrativas.

En el proyecto presentado por el Gobierno, manifestó Giraldo Valencia, hay algunos puntos que pueden coincidir porque se habla de mantener la ADRES, la gran caja y regente de recursos a nivel central. En la iniciativa, expuso, crean el Fondo Único, es decir, la ADRES será como ese gerente del banco y crean el Fondo Único de Salud que es una tesorería o el cajero de ese enorme banco en donde a través de una cuenta única de recaudo se sumarían una cantidad de dineros de distintas fuentes, de aportes fiscales, parafiscales y otros rubros que serían agregados.

“A nosotros nos parece que eso es sano del proyecto, es decir la estipulación del citado fondo, que haya la vocación de hacer esa acumulación de recursos en esa caja que debe ser totalmente visible, pero hay temas que empiezan a preocupar porque siempre decíamos, ojo, esa caja o fondo único no tiene por qué, ni tiene como hacer labores de auditoría o verificación de facturas, cuentas y cosas de detalle, del uno a uno, y en la propuesta del Gobierno, si bien no lo hace a nivel central la ADRES o el fondo único, si crean unos fondos regionales derivados del instrumento que al parecer se dividiría en siete zonas, algo muy parecido a los otrora Consejos Regionales de Planificación Económica y Social, CORPES, unas regiones conformadas por ciertos departamentos, con alguna afinidad y determinados por la ubicación. Aquí también habrá unos fondos regionales que serán los encargados de hacer gestiones de contratación, verificación, auditorías, seguimiento a las cuentas, y finalmente será quien dé la orden para pagar servicios”, dijo el Director General de la ACHC.

En el análisis del gremio, el fondo no manejará la plata, lo cual da seguridad y tranquilidad porque los recursos están arriba, sencillamente cumple unos trabajos y ordena para que el Fondo Único gire de manera directa los peculios a quien prestó el servicio.

A pesar de que el asunto suena muy bien, a la ACHC le preocupa la capacidad que efectivamente esos fondos regionales, de los cuales se derivaran unos fondos departamentales y distritales, tengan para hacer labores de auditoría y verificación día a día, de una vez porque desarrollar esas habilidades, acumularlas y manejarlas bien no se hace de la noche a la mañana, luego en ese asunto es bueno decirle al Gobierno que por qué no utiliza las capacidades que tienen muchas de las EPS de hoy en sus oficinas locales con la connotación que la figura de EPS cambió su papel, que será un articulador o administrador, es decir que no manejará la plata, pero que cuentan con esas capacidades.

En opinión de Giraldo Valencia, todo indica que una manzana bajita es esa, ahí está la solución, es cuestión de usar lo que ya existe, cambiarle las denominaciones, los regímenes, pero utilizar esos aprendizajes y con eso la transición se hará más corta o casi que inmediata, algo que tendrá que discutirse en el Congreso de la Republica.

A la ACHC le parece que el proyecto tiene unos qué importantes en ese sentido, pero apuntó que los cómo llevarán a un proceso que puede ser largo, prolongado y de difícil aprendizaje, algo que no se digiere fácil porque en salud no se ahorra con tiempo, es decir que las necesidades en ese sector deben resolverse inmediatamente.

Comentó que mientras un sistema demanda tiempo medido en meses y años, la población con sus enfermedades y sus requerimientos de servicio no dan espera, luego hay un riesgo que la asociación le está advirtiendo al Gobierno, puesto que cree que en eso el ejecutivo puede mejorar, aceptando esa otra vía que no es más que una medianía, una ventaja considerable porque no se arranca de cero puesto que ya hay capacidades instaladas, el tema es ponerle unos límites y cambiar el rol, es sencillamente hacer uso de lo que ya hay.

Hay temores

El Director General de la ACHC, Juan Carlos Giraldo Valencia aseveró que existe temor en los afiliados porque las platas estarán adyacentes o muy cercanas al manejo de las entidades territoriales. Precisó que no se puede perder de foco que hay una vertiente de recursos que va sobre todo para la prestación de los servicios, sin embargo, acentuó, se encuentra otra inclinación que es la que nutre todas las actividades de atención primaria en salud y la conformación de los Centros de Atención Prioritaria en Salud, CAPS. Este eslabón, aseveró Giraldo, tendrá una cercanía mucho mayor en el manejo de los recursos a las entidades territoriales.

“Nos quedan dudas, es decir las reacciones no son nítidas en este sentido o en estas partes, lo que obligará a discutir el asunto intensamente en el Congreso porque la pregunta que surge a las entidades territoriales, es si tienen las capacidades administrativas para gestionar todos los recursos, programas y actividades. La salida que le voy a dar a esta conversación en el legislativo es que no se pueden confiar en que esas capacidades están, eso es algo que no se puede hacer, necesita verificación, lo que a su vez demanda un proceso de habilitaciones de esos entes territoriales, es decir que tendrán que pasar una serie de exámenes con respecto a la capacidad que tienen para adelantar esos métodos, y si los pasan, logrando acreditarse, podría dárseles una especie de licencia para que avancen con todos esos programas, si el objetivo no se cumple o no satisface, será necesario tomar decisiones desde el nivel central”, enfatizó el Director General de la ACHC.

A las clínicas y hospitales les preocupa el pasar de un momento como el actual en el que hay tantas dificultades de flujo de recursos y una lentitud en el movimiento de los dineros a otro espacio en el que no se mejore en la velocidad, pero sí se vuelva más enredado el proceso por tantos sitios de parada de las platas de la salud y con cargo a un número alto de manos metidas en ese delicado manejo. Esa, dijo el experto, es una de las grandes inquietudes, pero de entrada, reconoció, la definición es buena como la centralización de la administración de los recursos como también la creación del fondo, pero el cómo maniobrar eso en lo que tañe al menudeo y el día a día en la base del sistema, es un asunto que si no se maneja bien o de manera práctica, puede hacer fracasar cualquier reforma.

El segundo aspecto de la ACHC se basa en que como gremio tiene la tranquilidad y facilidad de escuchar los discursos del Presidente y la Ministra de Salud, igual ver en el texto que efectivamente se está teniendo en cuenta al sector privado de la prestación de los servicios porque es visible que en toda partes se habla de la red integrada, la cual estará conformada por entidades públicas, privadas y mixtas, igual se habla en todos los capítulos correspondientes del proyecto le Ley.

El gremio indicó que al igual que con las capacidades de ciertas EPS, las clínicas y hospitales creen que temas como la creación de los CAPS, puede ser como la recepción del sistema en donde se recibe la gente y se orienta hacia dónde debe ir, le resuelven temas básicos de salud y se le facilita el recorrido o destino dentro de la red médica.

Según el dirigente gremial, el Gobierno tiene planteado contar con 2.500 centros en 10 años algo que lleva a proponer el que se use toda la infraestructura pública que se va a reforzar y la privada que ya está funcionando, algo sencillo, aprovechar al máximo esas instalaciones equipadas. A propósito del tema, se ha sabido que el Gobierno ha aceptado y no descartaría tener igualmente CAPS públicos, privados y mixtos, pero el directivo insistió en que es necesario tener certeza y tranquilidad para un sector tan grande, en donde la inversión privada tenga futuro y cuente con las condiciones para su permanencia, crecimiento y mayor desarrollo.

Hay muchas voces que no involucran a la ACHC, pero lo que la gente dice en el sector es que hay temor ante la eventualidad que eso se pueda acabar porque entienden lo público fomentado, pero no ven que la apuesta privada tenga garantizada su existencia. El punto es decirle al Congreso que debe cerciorarse que efectivamente no haya necesidad de arrancar de cero en muchos temas de la prestación del servicio y que se respete la conjunción de lo público y privado, desatrasar los pendientes en el frente público y fomentar la estructura privada que ya existe, ese, dijo Giraldo, es otro de los temas grandes de preocupación y de conversación.

Dilucidó que en la mitad de esos conceptos hay un tema que se menciona en un artículo de la Ley que es el sistema obligatorio de garantía de calidad, que necesita mucho más énfasis, es decir que se garantice que luchar por conseguir mejor atributo en el sistema sea aceptado por este, pero consecuentemente bien remunerado y un punto de comparación positiva al interior de la prestación del servicio.

A criterio de Giraldo, la reforma tiene puntos buenos, unos de alerta y unos mixtos, pero invitó a conversar con serenidad, a explorar consensos y hacer que el proyecto de reforma a la salud termine siendo de total ganancia para usuarios, médicos, clínicas, hospitales y todos quienes tienen que ver con el sistema, un debate que debe darse con altura y argumentos en la sede legislativa.

Las inversiones en salud son estratégicas y respetables

Una gran expectativa está por el lado de estimular las inversiones y hacer que el sector privado sea un aliado estratégico de la salud, pues detrás de las capitalizaciones e inyecciones de dinero hay una finalidad que no es solo atesorar riqueza y nada más, se trata de contar con más activos y soluciones médicas que les lleven a los colombianos calidad de vida, atención y servicios de enorme característica.

Informó que los integrantes del sector privado en salud son mayoritariamente profesionales del ramo, un ejemplo un consultorio particular o independiente, el laboratorio de la esquina y otras soluciones en diferentes partes del sector de la prestación.

“El sector privado es esa unión de médicos o profesionales que se asociaron hace 20 0 30 años y arrancaron en un pequeño centro médico en una localidad para luego a fuerza de trabajo y reputación expandirse hasta llegar a ser una gran clínica. No todo lo que hay en salud desde la tribuna privada es de grandes grupos, no, la mayoría es empuje familiar, profesional y la apuesta de muchos integrantes de la sociedad que encontraron en la alianza una forma de trabajar, de manera ordenada y con vocación de servicio, hoy afianzados como parte del sector privado de la salud, un tema para tener en cuenta porque hay un patrimonio social que necesita blindaje y mucho cuidado, pues resulta vital en la atención médica profesional”, puntualizó Giraldo Valencia.

Todo esto, dijo el conocedor, hay que hablarlo en el debate porque hay muchos otros asuntos aparte de la calidad y otros que son trascendentales en el sector salud. Un punto nada menor, exclamó, es fomentar la actualización en las entidades, un paso que debe hacerse más que por obligación, por vocación, algo que lleva a la expansión, la seguridad y mayores niveles de humanismo, en el proyecto el tema no es muy claro, pero desde luego, con la mayor altura se discutirá.

Dentro del relicario de preocupaciones, añadió el Gerente General de la ACHC, está el asunto del tarifario único, algo que si no se maneja debidamente se convierte en un absoluto control de precios lo que al final premia a quienes no lo hacen bien y desincentiva a los más disciplinados, correctos e incisivos, luego para el directivo, eso que parece tan inocente, hay que mejorarlo en el proyecto, ya le dijimos al Gobierno que cuando hable de tarifas, que en efecto lo debe hacer, debe pensar mejor en un piso tarifario donde quepan los costos de las entidades que prestan los servicios, pero que por encima de ese piso dé la facilidad de tener unos diferenciales de acuerdo a la tecnología, educación, actualización, seguridad y premios conseguidos por calidad.

Un tarifario único se puede convertir en un desincentivo para los profesionales de la salud y en un control de precios que al final generará cierre de entidades, caso opuesto, si hay tarifas con un piso más diferenciales positivas, el asunto se puede convertir en una gran señal que organiza el sector y promueve movimientos interiores del sistema para mejorar, ascender de nivel y ganar puntos en calidad y eficacia de la prestación.

Sobre el proyecto de reforma a la salud, Giraldo indició que hay cosas que parecen diferencias semánticas y no, son cuestiones que pueden ser técnicamente muy desiguales y causar impactos absolutamente disímiles, un ejemplo de las conversaciones que se tendrán en el Congreso de la República.

El proyecto pisa cayos

Como todo revolcón o cambio en un sistema, el proyecto de reforma al sistema de salud pisa cayos porque como dice Giraldo, con la iniciativa se están cambiando muchas cosas, por ejemplo el tema de los recursos, las competencias de los agentes, a unos les pone nuevas incumbencias a otros les modifica las que actualmente está desarrollando, luego el plan toca muchos intereses, algo que genera reacciones.

“Nosotros desde nuestro gremio que es mixto, hospitales públicos y clínicas privadas también vemos que aquí hay un potencial para mejorar muchas cosas, observamos aspectos positivos, pero igual otros temas que hay que tocar. No puede ser que una acción genere una híper-reacción que al final termine haciendo más daño, la invitación que cursamos es a dar un debate inteligente y sereno porque se oye mucha algarabía, lamentablemente las voces técnicas y autorizadas varios no las quieren escuchar porque tan solo se pretende el grito y veo con preocupación que hay un gran afán de todos los que hablan sobre este tema de polarizar, de matricular a todas las instituciones o a la gente que opina sobre si está a favor o en contra de este texto de reforma”, dijo Giraldo.

Lo anterior se sintetiza, a criterio del galeno, es una visión muy reduccionista y dañina ya que desde la ACHC siempre se han promovido unos ajustes del sistema para optimizar, con el fin de que las personas estén bien atendidas y para que el sector hospitalario pueda crecer, igual que los aportes que hace el sistema se vean reflejados en una mejor calidad y desde luego enfrentando las enfermedades de mejor manera, sin ir tan lejos, para lo que está diseñado un sistema de salud.

Hay voces de todo tipo, resaltó, y cuando hay enemigos o gente en contra de la reforma, la pregunta sosegada es ¿quieren todos quedarse petrificados en el momento actual?, eso es un error porque finalmente los asuntos de la reforma a los sistemas de salud son temas de discusión diarios en todos los países porque las grandes variables que enfrentan los regímenes de salud son la epidemiología, los cambios demográficos, el envejecimiento, urbanización y otros que están estrechamente vinculados en los niveles de salud.

A juicio de Giraldo Valencia los sistemas de salud son como el remedio para enfrentar esas enfermedades, ya que, si el mal va creciendo y modificando, sencillamente se cambia de terapéutica. El Director General de la ACHC fue tajante y dijo que es muy obtuso el que se opone a una reforma al sistema de salud, en vista que las transformaciones son estadios naturales de los sistemas de salud, partiendo que se espera una buena reforma, puesto que nadie impulsa una para quedarse igual o peor.

Giraldo insistió que con la nueva reforma no se parte de cero ni se está en la prehistoria, pues Colombia, según los estudios sobre sistemas de salud, ocupa puestos decorosos, no en vano se ubica en un nivel mediano, el tema, dijo, es no conformarse con quedarse medianos para siempre, pues hay que aspirar al progreso.

“Nosotros no estamos en contra de un proceso de reforma y no se puede confundir una reforma con una ley, a veces las transformaciones se hacen en el día a día con las acciones, con los cambios terapéuticos y nuevas tecnologías. Las reformas se pueden hacer vía administrativa, por decreto, con ajustes a la norma ya existente o hay necesidad, de vez en cuando, de hacer cambios en las normas matrices, a los marcos normativos generales, y este sería, tal vez, uno de esos casos. Cuando uno habla de reforma lo hace pensando en la integralidad de las acciones que se deben emprender, no solamente en una ley, pero cuando me preguntan si estoy de acuerdo o no con esta reforma, tengo que responder como lo vengo haciendo, tengo unos puntos a favor que son muy promisorios y otros que definitivamente conllevan a trabajar para convertirlos en algo mejor de lo que ya tenemos”, concluyó el Gerente General de la ACHC, Juan Carlos Giraldo Valencia.

Hoy el Gobierno destapó sus cartas, sobre la reforma quedó notificado el Congreso, y por eso los agentes entran a otro escenario en donde la idea es sentarse a aportar más cuando los médicos, los hospitales, clínicas y profesionales de la salud no se pueden ir para otro sector, como bien lo dice la ACHC, allí nacen y mueren los que deciden hacer el juramento hipocrático y sus colaboradores. El tema para la agremiación es aportar, no ve bien oponerse o simplemente omitir, al debate deben ir facultativos, y sectores varios como el farmacéutico, de las tecnologías, de dispositivos, hospitales y clínicas, así como profesionales de salud que deben remodelar la casa en donde vivirán a futuro. El gremio expresa su angustia por la gran polarización, pero igual por los titulares con descalificación, hechos por personas que seguramente no saben que existen dos textos adicionales, uno del representante Andrés Forero del Centro Democrático y otro de Pacientes Colombia, la ida para ACHC es buscar lo mejor de todos esos mundos, pensando en sociedad con la mejor hoja de ruta, nunca pensando en que se le dará un espaldarazo a algo dañino o espurio.

Tomado del Diario la Economía

Por Luis Fernando García Forero.- El Plan Nacional de Desarrollo-PND- proyecto bandera del presidente Gustavo Petro, inició su trámite en el Congreso con propuestas para el futuro de Colombia, desde la esfera política, social, económica e incluyendo el cuidado del ecosistema, la producción nacional, aspectos que giran fundamentalmente a disminuir la pobreza y alcanzar una Paz Total.

El presidente Gustavo Petro dejó en manos del legislativo y de todo su equipo de gobierno, como colegisladores, la carta de navegación de su plataforma programática para alcanzar las metas anunciadas en su campaña política.

La iniciativa, en su artículado, está enmarcada para que en el territorio “se viva dignamente, se construya un contrato social que supere las injusticias y desigualdades, no repetir el conflicto y cuidado del ecosistema aplicando la transición energética, aspectos que confluyen a la Paz Total”.  

El PND presenta transformaciones en el ordenamiento territorial alrededor del agua, seguridad para la tranquilidad y convivencia ciudadana, basada en la justicia social, derecho a la alimentación, trasformación productiva, internacionalización y acción climática, así como una convergencia en las regiones entre autoridades territoriales y la ciudadanía.

En las generalidades del PND, el gobierno quiere orientar la economía con acciones sociales y ambientales siendo más incluyentes y teniendo en cuenta a la Colombia olvidada y ajena a soluciones gubernamentales, que han sido caldo de cultivo para la violencia.

Inversiones en cifras para el PND

El Plan de Desarrollo del Gobierno del Cambio, plantea inversiones por $1.154,8 billones para los próximos cuatro años: $136,5 billones para la convergencia regional, $114,3 billones en la transformación productiva y acción climática, $744,2 billones para la seguridad humana y la justicia social. En el derecho a la alimentación y ordenamiento territorial “alrededor del agua”, destinarán $47,4 billones y $28,5 billones, respectivamente.

La iniciativa rodea aspectos generales, en varios de sus artículos, en la defensa del ecosistema: “Si no se ordena el territorio alrededor del agua, la actividad humana no será sostenible. El respeto por el agua, sus ciclos y los ecosistemas es el primer paso hacia la consolidación de un modelo económico y de producción ambientalmente sostenible y que no esté basado en el petróleo ni el carbón”, se insiste en la propuesta gubernamental.

No se escapa del texto una reforma rural integral y acelerar el catastro multipropósito, protección de océanos, zonas costeras e insulares, eso sí, con el reconocimiento de las comunidades que la habitan.

La protección integral de la población, provisión de servicios sociales, sin dejar a nadie atrás y el acceso a la justicia centrado en las personas, comunidades y territorios, son los aspectos del articulado que rodean la noción de seguridad humana y justicia social.

Es evidente que el Gobierno, en el proyecto del PND, quiere acabar con la demora en aplicar políticas sociales que disminuyan la desigualdad y acaben de tajo con el hambre y la pobreza. Argumentan que el país todavía cuenta con una buena parte de la población en condición de pobreza: el 39 %, pobreza monetaria, el 12,2 %, pobreza extrema y el 16,0 %, pobreza multidimensional. Todo ello, “por los altos y persistentes niveles de inequidad que nos han convertido en uno de los países más desiguales”.

Resalta la iniciativa gubernamental que el país requiere de un rediseño de su sistema de protección social que asegure la oferta necesaria, pertinente y de calidad, y de una reforma a la seguridad social que garantice una protección universal frente a los riesgos en salud, desempleo y la vejez, pero aduce, que se requiere de una reconversión laboral y transformación productiva que brinde oportunidades a la población y a todas las personas para que desarrollen sus capacidades y potencialidades.

Colombia: Potencia Mundial de la Vida

Para alcanzarla, se señala en el PND, la necesidad de garantizar el derecho humano a la alimentación a todos sus habitantes, estableciendo mecanismos que permitan el acceso físico a los alimentos desde el ámbito local y regional, con nuevas tecnologías, que permitan alcanzar un país sin hambre.

Señala la propuesta del Gobierno que no es posible que Colombia esté importando más de 13 millones de toneladas de alimentos al año, por eso justifican en la iniciativa que se debe promover la producción local de alimentos e insumos, mediante un fortalecimiento de la actividad agropecuaria. Se contempla el estímulo de comportamientos alimenticios saludables y la búsqueda de una cobertura universal del Programa de Alimentación Escolar.

Incluye la reindustrialización del país a través del desarrollo de la ciencia, la tecnología y el conocimiento, para dejar de ser un país dependiente de los hidrocarburos y utilizar los recursos que generan, para hacer una transición energética segura.

El proyecto pretende que Colombia sea líder regional en el cuidado de la Amazonía y de la transición hacia energías limpias, que cuiden el medio ambiente y que se multiplique la reforestación en el pulmón del mundo: la Amazonía.

Se pretende potencializar el agro, turismo y proyectos de transporte férreo, aéreos, fluviales y de carreteras, que mejoren la competitividad y la conectividad del país, incluyendo el fortalecimiento de las vías terciarias.

Paz Total

Plantea que el Acuerdo de Paz entre al estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc, es la brújula para avanzar hacia la Paz Total. De esa manera en el PND se impone facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, donde fueron incluidos $50,4 billones.

Un proyecto que deja en los textos una Colombia soñada por millones de colombianos, pero que en la discusión en las cámaras va a tener muchos tropiezos y bulla en los barrios y calles de Colombia, unos a favor y otros en contra, en un sistema político donde rige el presidencialismo y que en el Pacto Histórico, con sus aliados, si son bien tratados, tienen las de ganar, porque cuenta con las mayorías para su aprobación.

El Congreso tiene la palabra, para despejar, con el PND, el verdadero camino institucional que quiere poner en práctica el Gobierno del Cambio.

Bogotá, D. C, 12 de febrero de 2023.

Por Luis Fernando García Forero.-El presidente de la República, Gustavo Petro, radicó ante el Congreso el Plan Nacional de Desarrollo, denominado: “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, donde en más de 200 páginas se establecen 300 artículos que enmarcan la hoja de ruta de su programa de gobierno para lograr los cambios que anunció durante su campaña y que lo llevó a la jefatura de Estado.

En la iniciativa se establece una inversión que se estima en $1.154 billones para los próximos cuatro años, distribuidos así: $136,5 billones para la Convergencia regional; $114 billones para la transformación productiva y acción climática; $744 billones para temas relacionados con la Seguridad Humana y la justicia social; $47 billones para el Derecho Humano a la alimentación; y $28 billones para el Ordenamiento del Territorio alrededor del agua.

El presidente Petro quien asistió al capitolio acompañado de la primera dama, Verónica Alcocer y sus más cercanos colaboradores y con la presencia del presidente del Congreso, Roy Barreras, fue contundente en señalar que “Necesitamos acabar el hambre, no suplicando afuera sino produciendo alimentos".

El proyecto debe ser aprobado hasta el 7 de mayo, e iniciará su estudio y discusión primeramente por parte de las comisiones económicas, para luego pasar a las respectivas plenarias de ambas cámaras y alcanzar uno de los objetivos fundamentales de la propuesta: “Empoderar a la economía popular, en materia de crédito, tierra, conectividad y educación”, destacó el jefe de Estado Gustavo Petro.

El PND plantea cinco transformaciones: seguridad humana y justicia social; convergencia regional; derecho humano a la alimentación; internacionalización, transformación productiva para la vida y acción climática, y el ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental.

En la propuesta al Congreso, el gobierno pide facultades al Presidente de la República para crear la entidad u organismo denominado Agencia Nacional de Seguridad Digital, adelantar la recuperación del Hospital San Juan de Dios, regular las condiciones especiales de reclusión de los miembros de pueblos y comunidades indígenas, también la regulación de usos alternativos de la planta de coca y el cannabis, para fines medicinales, terapéuticos y científicos de sustancias psicoactivas. Crear una entidad pública cuyo objetivo principal es el fomento de la construcción, mejoramiento y conservación de caminos vecinales o de carácter regional, Homogeneizar las disposiciones que regulan la gobernanza y los regímenes de las entidades públicas de servicios financieros.

También se piden facultades al presidente Petro para crear, suprimir, reestructurar, fusionar, escindir, liquidar o integrar empresas de generación, distribución y comercialización del sector eléctrico, con participación mayoritariamente de la nación. Así mismo restructurar la Superintendencia de Industria y Comercio para establecer los instrumentos que se requieran e implementar las políticas de reindustrialización y fortalecimiento de la economía popular y comunitaria, incluyendo la definición de incentivos no tributarios, mecanismos para promover alianzas de atracción de inversión extranjera directa sostenible y transferencia tecnológica, cesión y gestión de activos y esquemas de financiamiento para el fortalecimiento productivo.

Se piden facultades para expedir decretos con fuerza de ley, con el fin de modificar los programas de Familias y Jóvenes en Acción e incorporarlos al Sistema de Transferencias. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política.

El PND fue el resultado de los 51 Diálogos Regionales Vinculantes, donde cerca de 250.000 personas entregaron más de 89.000 propuestas que inspiraron su construcción y donde ahora es el Congreso el que tiene la última palabra.

"Lo que estamos convocando es a un cambio real. Sabemos que es difícil porque la inercia y los temores abundan, pero buscaremos que la opinión de la gente se traduzca en ley", afirmó el presidente Gustavo Petro.

Bogotá, D. C, 7 de febrero de 2023

Por Alejandra Buitrago.- El costo promedio por niño para volver a la escuela es CO$773,296, y la ropa y los accesorios ocupan la mayor parte del presupuesto escolar. 

WorldRemit, empresa líder de pagos global, anunció los resultados de su estudio Costo Escolar 2022, que observa cómo el cambiante entorno macroeconómico ha afectado el costo real de la educación en 21 mercados a nivel mundial. 

Con la temporada de regreso a la escuela acercándose rápidamente, el estudio, lanzado por primera vez en agosto de 2021 y realizado nuevamente en 2022, a propósito de la temporada de regreso a clases, compara el costo promedio de las necesidades educativas básicas con los ingresos anuales promedio y las tasas de fertilidad para determinar el impacto financiero de esta temporada en las familias de todo el mundo. 

Estudio 2022: hallazgos de los países latinoamericanos observados 

Colombia, Guatemala, México y República Dominicana estuvieron entre la lista de países analizados.

Colombia mostró, después de Guatemala, los costos más altos en relación con el tamaño promedio de la familia y el ingreso mensual. 

En Colombia, los datos muestran que casi el 50% de todos los hogares tienen un ingreso promedio anual de USD$4447 (o menos) (USD$370.585/mes). El costo promedio por niño para volver a la escuela es de CO$773.296, y el hogar colombiano promedio tiene 1,95 niños. Esto significa que el hogar promedio gasta CO$1,507,927.2 en útiles escolares o el 89.97% de los ingresos de un mes completo en útiles escolares. 

Con respecto a útiles escolares específicos, en Colombia, la ropa y los accesorios serán los más costosos, con sudaderas, pantalones cortos, zapatos, bolsas de gimnasia y mochilas encabezando la lista en la región como los artículos más caros. 

Los datos de otros países latinoamericanos incluyen:

En Guatemala, el costo de los útiles escolares estándar le costará a una familia casi US $670, mientras que el hogar promedio solo gana US $328,75 al mes.

• En México, el costo promedio del regreso a clases en 2022 por hogar fue del 53% de los ingresos mensuales de una familia.
• En República Dominicana, las clases de educación física son las más caras, con zapatos de gimnasia y libros encabezando la lista en la región como los artículos más caros. 

Hallazgos año a año 

De los 10 países examinados tanto en 2021 como en 2022, cuatro se consideran desarrollados: Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Australia. Los resultados de 2022 revelan que el ingreso familiar promedio disminuyó en un 4 %, las tasas de fertilidad se mantuvieron estables y el costo de los útiles escolares básicos aumentó en promedio en más de un 7 %. 

De los seis países restantes analizados (Nigeria, Filipinas, México, India, Tanzania y Uganda), el ingreso familiar disminuyó en un promedio del 4% y las tasas de fertilidad se mantuvieron estables. Mientras tanto, el costo de los útiles escolares osciló entre un aumento interanual del 57% en India y una disminución del 40% en Filipinas, mientras que el aumento promedio en los demás países rondaba el 5%.

WorldRemit preguntó en agosto de 2022 a 3,000 remitentes de dinero internacionales cómo la inflación está afectando sus comportamientos diarios y hábitos de gasto. El grupo enumeró el apoyo educativo como una de las tres razones principales por las que envían dinero al extranjero, pero señaló que, como resultado del aumento del costo de vida, el 52% ahora envía dinero al extranjero a menos personas, y el 72% ahora solo lo envía a familiares cercanos. 

Más de 244 millones de personas están clasificadas como inmigrantes en todo el mundo y representan grandes porcentajes de la población en países como Estados Unidos (14,4 % de la población total)[1], Reino Unido (9 %)[2], Australia (30 %)[3] y Canadá (21,5 %)[4].

Para los casi 250 millones de personas que viven en países diferentes a los de sus familias, comprender el costo real de la educación suele ser una prioridad. Como tal, la planificación del regreso de un niño a la escuela puede llevar meses de planificación financiera para aquellos que trabajan en el extranjero para mantener a la familia en su país de origen.

[1] United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015). Trends in International Migrant Stock: The 2015 Revision. (United Nations database, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2015).

[2]  UK Parliament, House of Commons Library: Migration Statistics (2021, Quarter 2).

[3]  Australian Bureau of Statistics: Migration, Australia  (2021, Quarter 2).

[4]  Statista: Immigration in Canada: Statistics & facts (2021, Quarter 3). 

Para obtener más información sobre el estudio y ver los resultados completos, visite Thttps://www.worldremit.com/en/back-to-school  

Metodología 

En el estudio, WorldRemit, analizó los siguientes países e investigó útiles escolares básicos: 

• Estados Unidos de América
• Reino Unido
• Canadá
• Australia
• Filipinas
• México
• Uganda
• Tanzania
• India
• Nigeria
• Guatemala
• Colombia
• República Dominicana
• Marruecos
• Zimbabue
• Líbano
• Camerún
• Ghana
• Kenia
• Francia
• España 

Los artículos escolares primarios se seleccionaron en función de los artículos de regreso a la escuela más comunes. Se buscó el precio de cada artículo en línea y se seleccionó el artículo de menor precio de uno de los minoristas en línea más populares de ese país. Los precios se investigaron en julio de 2022. El tipo de cambio de la moneda local se calculó el 08/06/2022 a las 9:00 BST. La tasa de fertilidad y los ingresos se recopilaron del libro mundial de datos de la CIA. 

Acerca de WorldRemit

Es una empresa líder de pagos global y, junto con Sendwave, forma  parte de Zepz, un grupo que impulsa dos marcas de pagos globales.

Desafía una industria anteriormente dominada por empresas tradicionales fuera de línea al realizar transferencias de dinero al extranjero en línea, lo que las hace más seguras, más rápidas y a menor costo. Actualmente, envía desde 50 a 130 países, opera en más de 5,000 corredores de transferencia de dinero y emplea a más de 1,200 personas en todo el mundo.

En cuanto a los envíos, WorldRemit es 100% digital (sin efectivo), lo que aumenta la comodidad y mejora la seguridad. Para aquellos que reciben dinero, ofrece  una gran variedad de opciones que incluyen transferencia bancaria, retiro de efectivo, recarga telefónica y dinero móvil.

Respaldada por Accel, TCV y Leapfrog, las oficinas centrales de WorldRemit se encuentran en Londres, Reino Unido, con oficinas regionales en Estados Unidos, Polonia, Canadá, Australia, Hong Kong, Singapur, Malasia, Filipinas, Sudáfrica, Somalilandia, Uganda, Kenia, Ruanda, Tanzania, Zimbabue y Bélgica. www.worldremit.com 

Prensa-Senado.- La ministra de salud Carolina Corcho Mejía, invitó a los congresistas a concertar una transición para avanzar, de la mejor manera, en la solución a los graves problemas del sector, “con la participación de todos, para darle una segunda oportunidad sobre esta tierra, a millones de colombianos”.

El escenario fue la plenaria del senado, donde el partido de oposición, el Centro Democrático, criticó la falta de claridad del Gobierno respecto a los alcances de la anunciada reforma al sector, mientras que la ministra del ramo, Carolina Corcho, fue contundente en afirmar que “no vamos a acabar el sistema de salud, eso tiene que quedar claro”, pero advirtió que las EPS no serán más intermediarias.

El debate lo inició el senador Ciro Alejandro Ramírez Cortés, Centro Democrático, quien se refirió a lo que se aprobó en el Presupuesto General de la Nación -PGN- y lo que puede ocurrir en el 2023, por una posible desfinanciación que pone en peligro la salud y su cobertura. El congresista boyacense, dejó como constancia que lo fundamental de la salud de todos los colombianos es garantizar lo mínimo: Los recursos que llegan al funcionamiento del sistema, a través del PGN.

El legislador Ramírez Cortés, se mostró de acuerdo que el sistema de salud tiene muchas fallas, pero agregó: “Es un sistema que no es de ideología, ni de partido alguno; por eso se debe cuidar, hay que corregir, mejorar, pero no hay que destruir”.

Reforma o desnutrición del sistema

Por su parte, la senadora Paloma Valencia Laserna, Centro Democrático, cuestionó si es una reforma al sistema de salud o desnutrición del sistema, “uno no puede sino construir sobre lo construido; cuando uno se propone transformarlo todo de cero, atropella lo que hay y termina haciendo menos de lo que hubiera podido hacer. Si hay algo valioso que haya recibido Gustavo Petro, es el esfuerzo que han hecho los colombianos en su sistema de salud… Pareciera que nos llevan, no a una reforma sino a una destrucción”, denunció.

Expresó además la congresista Valencia Laserna, que la ley 100 no es solamente un sistema mixto, sino solidario, y que en el régimen contributivo se cuenta con 24 millones 624 mil afiliados, donde el que más paga es el empleador y el régimen subsidiado con 23 millones 669 mil personas que se benefician del Estado, “ambos tienen los mismos beneficios y la misma cobertura. Las EPS pueden ser públicas privadas o mixtas, lo mismo que las clínicas… Lo público ha venido desapareciendo por corrupción y politiquería… Lo que se quiere ahora es volverlo todo público”, enfatizó.

Destacó por último la senadora del Centro Democrático: “Las EPS son el alma del sistema, y eliminarlas es destruirlo, no reformarlo. La ministra Corcho lo que propone es destruir 30 años de un sistema mixto: público-privado, de naturaleza sobresaliente; por qué vamos a arriesgar lo que tenemos bien hecho… Mejorémoslo, arreglémoslo”, aseveró.

Otro de los promotores del debate fue el senador Miguel Uribe Turbay, Centro Democrático, quien señaló que se promueve una situación que se va a medir en crisis humanas, repercusiones en la vida de los colombianos: deficiencias en la administración de la salud que y que asfixia el sistema… “Hay menos presupuesto para el sector salud y el ministerio no se mueve; nos dicen que quieren eliminar las EPS… Hoy podemos prever lo que va a pasar si hacen la Reforma a la salud”, afirmó.

No improvisamos: Minsalud

A su vez, la ministra de salud, Carolina Corcho Mejía, fue enfática en señalar: “Lideramos mejorar las políticas en materia de salud, porque lo hemos pensado desde hace muchos años. No improvisamos”, aseguró, tras criticar que en la exposición de los senadores que tuvieron el uso de la palabra, “se critican aspectos de la propuesta gubernamental, que no son verdades. Uno puede debatir sobre los desacuerdos, pero no sobre lo que nosotros no hemos dicho. EL Gobierno nunca ha dicho que vaya a entregar los recursos de la prestación servicios de salud a secretarías de salud, gobernadores y alcaldes. Eso nunca ha estado contemplado en el proyecto de ley”, manifestó vehemente.

Agregó determinante la titular de la cartera: “Usted ha dicho, senadora Paloma Valencia, que gobernadores, alcaldes y secretarios, se han robado esos recursos; eso me parece grave, hay que decirle al país quiénes son esos secretarios, alcaldes y gobernadores, e impetrar las denuncias penales correspondientes, porque está acusando a la clase política que gobierna regionalmente, de corrupta y ladrona”.

Precisó la Minsalud, que otro de los temas que se debe aclarar es que el sistema de salud hasta el 2012 era financiado una parte por los empleadores, pero hubo una reforma tributaria donde se quitaron los aportes de los patrones y se dejaron solo para entidades sin ánimo de lucro y entidades públicas, “luego, el peso de financiación de los patrones es mínimo dentro del sistema de salud y eso lo suple el PGN. Nosotros vamos a construir sobre lo construido, porque el fondo ADRES es uno de los grandes avances de aportes del gobierno de Juan Manuel Santos, para tener claridad de todos los recursos de la salud en un solo fondo; recursos que desde 1998 claramente la Corte Constitucional dijo: Son recursos públicos de destinación específica. Aquí no hay capitales privados, senadores y senadoras”, ratificó.

Se refirió la ministra Corcho Mejía al problema de escasez de medicamentos: “Qué raro que no se haya hecho el debate sobre el tema en el gobierno de Iván Duque, porque lleva más de cinco años. Uno de los problemas es la demora en el INVIMA para las renovaciones de los registros sanitarios porque es supremamente lento”. Respecto a lo que tiene que ver con Drogas la Rebaja, señaló la ministra que se alegra que los bienes del narcotráfico, que le hace tanto daño al país, pasen a servirle al pueblo colombiano, con infraestructura para garantizar el derecho fundamental a la salud, “a quién puede molestar que los bienes del narcotráfico pasen a ayudar al programa preventivo de salud. Eso me parece positivo”, destacó.

Llamó además la atención, la funcionaria del gobierno nacional, que quienes más se opusieron a la reforma tributaria, son quienes reclaman más recursos para la salud, “nos hubieran servido esos cinco billones extras, porque de esa reforma tributaria nosotros sacamos el pago y la cobertura de los recursos de la salud; aun así, la votación demostró que este es uno de los tres sectores mejor financiados por este gobierno, y es el presupuesto más alto de la historia”, argumentó convincente.

Sistema genera inequidad

En su enérgica disertación, denunció por último, la ministra Carolina Corcho, que el sistema generó una inequidad que castiga a los más pobres y humildes, “todos somos iguales frente a los derechos fundamentales… 630 municipios en Colombia, en sus zonas rurales, no tienen puestos de salud, y más de 300 localidades no tienen sala de partos… La Corte Constitucional ha ratificado que los recursos parafiscales son públicos, con destinación específica. Aquí pasó algo en estos 30 años, que en una decisión política del Estado y del Congreso se tomó una decisión equitativa para no abandonar esas gentes… Jamás hemos pensado en acabar con la medicina prepagada; se trata es de interpretar lo que ha dicho la Corte Constitucional en el tema de salud, para que el país sea más justo. Concertemos una transición e iniciémosla de la mejor manera, con la participación de todos para darle una segunda oportunidad sobre esta tierra a millones de colombianos”, concluyó.

Deudas que dejaron las EPS

En el debate participó el superintendente de Salud, Ulahy Beltrán, quien se refirió a las deudas que tienen las EPS. Dijo que las que están en proceso de liquidación o están liquidadas, le deben más de 33 billones de pesos a los hospitales privados y públicos al país.   Entregó además una radiografía de las deudas que tienen las EPS con los centros de atención en todo el país, y declaró: “La deuda que hoy tienen con los prestadores, las EPS que se encuentran en liquidación, es de 5,4 billones de pesos; pero la deuda que dejaron las EPS liquidadas es de 27,6 billones de pesos. Son pocas las Entidades Prestadoras de Salud que cumplen a cabalidad con los requisitos que se piden para tener viabilidad financiera. De 25 EPS activas, solamente siete cumplen los tres indicadores financieros: patrimonio adecuado, capital mínimo y régimen de inversiones”, remató.

Bogotá, D. C, 30 de noviembre de 2022

Oficina de Información y Prensa Senado.

En debate de plenaria de senado, congresistas cuestionaron la grave crisis penitenciaria y carcelaria que afecta a 195 mil personas que actualmente están privadas de la libertad en Colombia. El ministro de justicia, Néstor Osuna, respondió que para superar el déficit de 40 mil cupos carcelarios no es con el incremento de más centros de reclusión, sino con penas menos largas, que permitan la resocialización de quienes han sido castigados por sus delitos.

El titular de esa cartera, Néstor Iván Osuna Patiño, alertó a la plenaria del Senado, sobre las 195.265 personas privadas de la libertad y que de ese número, 97.300 están en el sistema carcelario, 128.000 en las cárceles del INPEC, y 71. 185 en detención domiciliaria. Además, 2.900 en el sistema carcelario de las entidades territoriales, 22.300 detenidas en estaciones de policía y 1.500 en las Unidades de Reacción Inmediata, URI.

En el marco de la discusión, el senador Gustavo Moreno Hurtado, Partido Alianza Verde, cuestionó en dónde están los recursos asignados para superar la crisis carcelaria, al señalar que aumenta el hacinamiento y no se lleva a cabo la resocialización de las personas que han sido privadas de la libertad.

Argumentó además, Moreno Hurtado, que el país necesita una restructuración a fondo del sistema carcelario y penitenciario, con cárceles productivas, donde los reclusos trabajen el campo. Destacó que hoy en día el problema principal en las cárceles, además del hacinamiento, es el ocio y eso lleva a los reclusos a seguir delinquiendo desde las cárceles: “Volvamos las cárceles industrias penitenciarias”, enfatizó el senador.

El senador Guido Echeverri Piedrahita, Partido Alianza Verde, expresó enfático, que uno de los elementos de la crisis carcelaria tiene que ver con el gran número de inocentes que rondan los centros carcelarios; señaló que se debe establecer, dentro de las políticas que solucionen la crisis, la identificación de los inocentes en las cárceles, “iniciativa que desarrolla el Proyecto Inocencia”, precisó.

Violación de Derechos Humanos

Por su parte, la senadora Soledad Tamayo, Partido Conservador, señaló vehemente que la situación de los reclusos requiere una atención integral, porque se afectan los derechos humanos y la salud de las personas privadas de la libertad: “El hacinamiento restringe la posibilidad de la resocialización”, afirmó.

La senadora del Partido Liberal, Karina Espinosa Oliver, a través de un video puso de presente el estado en que viven los reclusos en Colombia, y cuestionó, “para qué más leyes; un montón de leyes que no sirven para nada. Quién controla esto, qué nos pasó ¡Basta ya!, no podemos permitir que siga pasando esto en nuestro país… Urge un cambio en el Sistema Penitenciario y carcelario en Colombia, que se centre en una transformación estructural y procedimental. Hay que acabar con la lentitud judicial, revisar medidas preventivas diferentes a la prisión, propiciar espacios de formación educativa, separar los procesados de los condenados…”

La congresista Espinosa Oliver fue contundente en señalar que la política criminal en Colombia fracasó: “Esto es un abuso real a los derechos fundamentales; toda persona debe ser tratada humanamente y con respeto. Hay que reconstruir el tejido social y para eso la educación es el arma”, remató.

Hablan personas privadas de la libertad    

Al declararse la sesión informal, se concedió la palabra a las personas privadas de la libertad. Emma Juliana Urdinola Henao, declaró que lleva 12 años de condena física, y que está condenada a 37 años por un homicidio, “involucrada en hechos delictivos por la vida criminal de mis padres”. Expresó además que no entiende cómo una persona que infringió la ley no se merece una vida digna: “En qué momento yo dejé de ser persona, por qué no merezco la dignidad; los presos tenemos derechos, merecemos comer bien. Lo que dijeron los senadores es mucho peor. Vivir con sufrimiento y dolor no genera cambio; tratemos las personas mejor… No pido impunidad, pido oportunidades… ¿Injusticia?, toda, porque venganza es lo que se ve allá”.

Agregó Urdinola Henao, que la mayoría de mujeres privadas de la libertad, en cárcel del Buen Pastor, son madres y hacen lo imposible para mantener a sus hijos desde adentro: “El trabajo no nos lo dan, no nos capacitan; necesitamos una oportunidad… Este uniforme no me hace menos persona, me hace un ser humano en construcción, con ganas de vivir; esto no tiene que ser indigno, debe ser un símbolo de cambio”.

De otro lado, Isabel Cristina Polanco, que ha pagado 11 años físicos de cárcel por colaborar con las Autodefensas Unidas de Colombia, reclamó soluciones, y señaló que para resolver el problema de hacinamiento, “tenemos que participar todos. Si es verdad que el bien fundamental de la pena privativa de la libertad es la resocialización, entonces para qué una pena de 60 años? Si en 60 años no nos hemos resocializado, pues el sistema falló; y si falló, cambiémonos”.

Pidió además, Polanco, “una justicia con penas más alternativas, más restaurativas, que nos den la oportunidad de un tratamiento penitenciario, que nos haga ver el error; pero que permita que la sociedad nos perdone y nos prepare para ser reinsertadas, de una manera diferente, a la sociedad”.      

Cifras que revelan la grave crisis

El ministro de justicia, Néstor Iván Osuna Patiño, llamó la atención ante la plenaria del Senado de las 195.265 personas privadas de la libertad, y dijo que de ese número, 97.300 están en el sistema carcelario; 128.000 en las cárceles del INPEC, y 71. 185 en detención domiciliaria. Además, 2.900 en el sistema carcelario de las entidades territoriales, 22.300 detenidas en estaciones de policía y 1.500 en las Unidades de Reacción Inmediata, URI.

Agregó Osuna Patiño que de las personas privadas de la libertad, el 74.6 % de éstas son condenadas, mientras que un 25.4% son sindicadas. En prisión domiciliaria, 45 % están condenadas, y 55 % sindicadas. En las estaciones de policía, 8.2 % condenadas, y 91 % sindicadas; y en las URIS, 6.3 % condenadas y 93 % sindicadas. “En las URIS, no debería haber personas sindicadas”, enfatizó. 

Fue preciso, además, en señalar que el problema más evidente del hacinamiento se refleja en las estaciones de Policía y en las URI: “En las estaciones de policía tenemos 8.364 cupos, y hay 22 mil 319 personas, datos del 31 de octubre del presente año. El caso más dramático es una estación de Riohacha, que tiene un hacinamiento de más del 1000 %”. 

Destacó el titular de la cartera de justicia, que en las URI hay 1.128 cupos para 1.561 personas, es decir un hacinamiento del 38 %, y precisó: “Si tenemos 195 mil personas privadas de la libertad, 75 mil en la casa, quiere decir que necesitamos cupos carcelarios para 130 mil personas, y tenemos mal contados solo para 90 mil. En conclusión, tenemos un déficit de 40 mil cupos carcelarios”.

Por último, Osuna Patiño hizo un balance histórico desde que se promulgó la Constitución de 1991, y dijo que hasta el día de hoy, se ha incrementado el número de cupos carcelarios a razón de 1.680 por año: “Imagínense si mantuviéramos ese ritmo, cuánto tardaríamos en construir 40 mil cupos; y en ese entonces, cuántos más necesitaríamos. Datos reales que nos llevan a pensar que la política de construir más cupos no es exitosa, nunca lo va a ser, siempre será fallida… Estos son los graves datos de una grave crisis que lleva 30 años mal contados. Hay indolencia social, un sentimiento exacerbado frente a las personas privadas de la libertad. Todo eso ha hecho que el sistema fracase”, remató.

Alcances del proyecto

Luego de la radiografía histórica, con cifras numéricas y porcentuales, de la problemática penitenciaria y carcelaria, el ministro Osuna dijo que el proyecto de ley, que radicará al congreso en marzo, propone una reforma al sistema penal y a la política criminal del país.

Destacó que en líneas generales se trata del uso racional de la cárcel, tras indicar que la Corte Constitucional ha dicho que “el hacinamiento no se soluciona siempre con más cárcel, a veces se soluciona con menos cárcel ¿Qué quiere decir eso?, penas más cortas, que permitan que sea cierta la idea de la resocialización y redención de la personas”. 

Aceptó el ministro Osuna que esa propuesta va a chocar frontalmente con el populismo punitivo que en sus palabras ha estadio de boga hace algunos años, “pero ese populismo punitivo es el que nos tiene en esta grave situación”, puntualizó.  

Bogotá, D. C, 09 noviemdre de 2022

Fuente: Oficina de Información y Prensa Senado de Colombia