“Fui víctima del bloque Catatumbo, frente Fronteras, esa fue la experiencia que marcó mi vida, truncando todos mis proyectos y los sueños que yo tenía. Me tocó migrar a la ciudad de Bogotá y posteriormente fuera del país”.

Según la Unidad de Victimas, más de 500 mil mujeres han sido abusadas sexualmente dentro del conflicto armado de Colombia.

Por Isabel Colomna*.- En cumplimiento de la Ley 1448 de 2011, en las que se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado del país, el Congreso colombiano, conmemora el 9 de abril de cada año, el día de las víctimas. Es por eso, que quisimos resaltar el coraje, la valentía y la superación de una mujer, que representa a todas mujeres víctimas dela violencia sexual.

Se trata de Claudia Yurley Quintero Rolón, quien nació en la ciudad de Cúcuta, el 3 de diciembre de 1980 alrededor de una familia trabajadora y llena de amor. En el año 1999, los paramilitares incursionaron en el departamento de Norte de Santander, perpetrando una masacre en el municipio de la Gabarra.

“Mi papá es sobreviviente de esa masacre. Desde ese momento mi vida se vio afectada por el conflicto armado. Los paramilitares llegaron a Cúcuta, donde vivíamos, convirtiéndose ellos en la Ley y orden de ese lugar, pasando por encima de las autoridades, ò quizás teniendo alianzas macabras, violentando a los jóvenes y jovencitas, imponiendo el pago de extorciones y lo peor de todo, usaron el cuerpo de las mujeres como botín de guerra”. Afirma Claudia.

“Fui víctima del bloque Catatumbo, frente Fronteras, esa fue la experiencia que marcó mi vida, truncando todos mis proyectos y los sueños que yo tenía. Me tocó migrar a la ciudad de Bogotá y posteriormente fuera del país”.

La justicia y las victimas

“Las mujeres hemos luchado tanto, por tener leyes que nos protejan, pero realmente lo que falta es que la justicia pueda ser eficiente, que no revictimice, que no sea lenta, que sea mejor denunciar, antes de callar, que la justicia esté con las mujeres, que su busque la reparación integral. La justicia no es solamente ver en la cárcel a un victimario, esta debe reconocer a las víctimas como tal y que se pueda resarcir los derechos violentados. Considero que es el sistema como tal, es el que nos falla, porque conozco funcionarios judiciales que realmente, sienten el dolor de las mujeres”, precisó.

El día de las víctimas:

Claudia dice que ama la Ley 1448, por los beneficios que le ha otorgado mediante la Unidad para las Victimas, quienes atendieron su proceso de reparación, se le reconoció como víctima, atendieron su situación de salud y logró estudiar. “En esta Ley se reconoce que la guerra no nos trajo nada bueno y que el proceso de paz era y es necesario”, y agregó que “Tener un día de conmemoración, de solidaridad y de memoria por las víctimas del conflicto, como es el 9 de abril, es un reconocimiento a tantas vidas afectadas, por una guerra que no elegimos. Hoy recordamos a las mujeres que, como yo han sufrido la violencia sexual, también a las que les arrebataron sus hijos, entre otras”.

Lo que espera del Gobierno Nacional

“Que construya paz, esta es necesaria para las mujeres, niñas y niños, en los contextos urbanos y rurales, porque nosotras las víctimas, ya pusimos nuestra cuota, hemos perdonado, hemos optado por el perdón, por construir la paz en medio del destierro. Es importante que el Gobierno desmonte los discursos de odios en el país”.

La sanidad que da el perdón

Uno de los agresores de Claudia Quintero, fue Jorge Iván Laverde, alias ´iguano´, ex combatiente de las AUC, quien un día tomó la decisión de pedirle perdón por los hechos ocurridos y le envió un video, en el cual reconoce el daño causado y pide perdón.

“Este mensaje va para ti y tus familiares, a quien con mi accionar irresponsable, e injustificable, hice trizas sus vidas. Quiero pedir perdón desde lo más profundo de mi corazón. Gracias a usted y a los que han enviado mensajes positivos, para seguir reconstruyendo y seguir por el camino de la paz, en el cual nunca vamos a desfallecer. Es inquebrantable, nuestro compromiso con el proceso, con la paz y con ustedes las víctimas. Espero poderla ver y que acepte un abrazo de mi parte”.

Por su parte Claudia le respondió

“He venido haciendo este ejercicio del perdón, desde la empatía. Te perdono, porque fuiste un niño pobre como yo, reclutado y enseñado a la guerra desde su corta edad, que te han matado familiares. Esto no justifica la acción, pero si me permite conocerte como un ser humano. Hoy hago pública mi voluntad de perdonarte, al igual que tus otros compañeros. Lo único que te puedo decir, es que sigas construyendo paz, porque no hay otra salida, si mi perdón te sana, sánese y aporte a la paz desde el corazón y la empatía”.

Nueva vida

Desde hace 10 años, Claudia empezó su proceso de sanación, perdonando a sus agresores, al igual que con tratamientos psicológicos y psiquiátricos. Hoy es productora de multimedia, se desempeña como defensora de Derechos Humanos, de la Corporación Anne Frank, una organización de mujeres, que luchan contra la trata de personas, en la ciudad de Bogotá. Su mayor sueño es la abolición de la prostitución en el país y que no se violen más los derechos de las mujeres.

“Seguiré trabajando por ellas, por la paz y también por mí, como víctima y sobreviviente del conflicto armado”.

Bogotá, D. C, 9 de abril de 2021

*Periodista Oficina de información y Prensa Senado de Colombia

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Un fenómeno perverso que ha impregnado a la democracia  desde hace varias décadas, ha sido la politización de la justicia y la judicialización de la política, que aún ronda los escenarios institucionales desequilibrando y polarizando, aún más, la democracia en Colombia.

Por Luis Fernando García Forero.- Un fenómeno perverso que ha impregnado el ambiente desde hace varias décadas en el país, ha sido la politización de la justicia y la judicialización de la política, que aún ronda los escenarios institucionales, desequilibrando y polarizando, aún más, la democracia colombiana.

El tema se reactiva a propósito de la decisión de la Fiscalía General de la Nación al imputar cargos contra el exgobernador de Antioquía y precandidato a la presidencia de la república, Sergio Fajardo, por presunta apropiación en favor de terceros y contrato sin cumplimiento de requisitos en 2013, cuando ocupaba el primer cargo del departamento.

El mismo Fajardo tan pronto como fue notificado, respondió en su cuenta de twitter que está listo para responder por sus actuaciones: "En espera que la FGN me cite para entender la imputación. Como siempre, listo para responder por mis actuaciones, pero pediré formalmente al Fiscal General que presida un comité técnico jurídico para revisar la improcedencia de esta imputación".

La decisión del máximo ente investigador en materia penal, causa revuelo en todos los sectores políticos, principalmente en los partidos y movimientos de oposición, e inclusive en el Centro Democrático, partido del presidente Iván Duque, en momentos donde todas las colectividades prenden motores para las elecciones del nuevo Congreso en marzo del 2022 y dos meses después, las presidenciales.

Mensajes a los electores

"No suena bien que a meses de una elección presidencial la Fiscalía meta mano. La sustentación de la acusación debe ser mirada a profundidad por todos los abogados y abogadas demócratas del país", señaló el candidato presidencial Gustavo Petro, mientras que su colega, también de la oposición, María José Pizarro, destacó en las redes que “una Fiscalía politizada, está enviando mensajes a los electores”.

La decisión de la Fiscalía sobre el tema también se da pocos días de haberse revelado la Gran Encuesta Nacional donde Gustavo Petro está en el primer lugar con un 23 por ciento de intención del voto, segundo Sergio Fajardo con el  12 y la actual vicepresidenta de la república Marta Lucia Ramírez  con el 9.

“Confiamos en que la Fiscalía y la Corte Suprema actúen rápido, esto no puede morir en el sueño de los justos. Encabezaremos una gran movilización exigiendo garantías para Sergio Fajardo tanto de los organismos nacionales como de los internacionales. Suerte a Sergio Fajardo, pero aquí necesariamente y rápidamente debe brillar la justicia”, afirmó el excandidato presidencial liberal Humberto De la Calle, mientras que el expresidente Ernesto Samper en un mensaje por twitter fue más allá desde el punto de vista político y dijo que la Fiscalía al acusar a Sergio Fajardo y no prever los cambios volátiles futuros del dólar, al firmar un contrato público, “lo que consiguió fue relanzarlo al estrellato presidencial y, de paso, amenazar a quienes firmamos contratos públicos en divisas los últimos 25 años”.

Pero las reacciones de los congresistas de la bancada de Gobierno sorprendieron: "Es muy grave para el país que se siga judicializando la política. Urge una reforma a la Justicia que cree instituciones eficientes y confiables para todos. Toda mis solidaridad con Sergio Fajardo", señaló la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia mientras que su colega de la cámara de representantes Gabriel Santos afirmó que “es una locura imponer un estándar legal, como la volatilidad de la moneda, que no existe en ninguna parte del mundo", por eso pidió a la Fiscalía que rectifique esa medida.

Organismos de control sin independencia

Otro de los aspectos que incide en el tema, es el que tiene que ver con la falta de una total independencia de los organismos de control, fundamentales en el sostenimiento de las democracias.

“El gobierno del presidente Iván Duque ha puesto en grave peligro el orden constitucional, la democracia y el sistema de frenos y contrapesos a través de postulaciones y elecciones de quienes están a la cabeza de ciertos organismos de control, que asumen el cargo y sus funciones con reducida independencia, autonomía e imparcialidad”, sostiene la Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos, CCEEU, una organización con plataforma virtual en materia de temas sociales y políticos que lucha contra la impunidad, la vigencia del Estado Social de Derecho, así como la defensa y desarrollo de la democracia.

Dicha organización pone como ejemplo la elección del actual Fiscal, Francisco Barbosa, quien fue Alto Consejero para los Derechos Humanos de la Casa de Nariño y posteriormente propuesto en la terna integrada por el presidente Iván Duque, con quien tiene una evidente cercanía, lo que hace cuestionable su actuación.

Otro de los aspectos de cómo avanza la cooptación de los entes de control, en el sistema presidencialista en Colombia, fue la reciente elección de Margarita Cabello Blanco como Procuradora General de la Nación. Cabello se ha desempeñado principalmente en la Rama Judicial y llegó a ser magistrada de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Luego fue Ministra de Justicia de Duque hasta que renunció y, posteriormente, el jefe de Estado  la integró en la terna que conformó para la Procuraduría.

Concentración de poder

No se queda atrás la elección de Carlos Camargo como Defensor del Pueblo, considerado como amigo cercano al presidente Duque. “Lejos de favorecer el control de la función pública, colabora con la concentración de poder en el Ejecutivo”, destaca la CCEEU.

Dichas elecciones para quienes deben manejar los organismos de control son, a ‘ojo de buen cubero’, otro elemento que demuestra la judicialización de la política por la forma como se designan las ternas para ocupar los cargos que controlan los diversos campos de las instituciones en el país.

Se ve claramente la supremacía en Colombia del sistema presidencialista cuyos efectos negativos se observan en el desconocimiento de valores y principios constitucionales impactando directamente en los derechos ciudadanos y en la función pública.

Soluciones políticas en los jueces

Para Rodrigo Uprimny Yepes, Director del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad-DJS y Profesor de la Universidad Nacional de Colombia, “El uso de las argucias judiciales para resolver complejos problemas sociales puede dar la impresión de que la solución de muchos problemas políticos no depende de la participación democrática, sino, de la actividad de jueces y fiscales providenciales”.

Uprymny sostiene que es una acción institucional grave, pues implica no sólo una acentuación de la desmovilización ciudadana, “sino incluso la puesta en cuestión de los propios principios democráticos, ya que son los funcionarios judiciales -no electos- a quienes correspondería defender las eventuales virtudes de la democracia. Los riesgos de salidas autoritarias y antidemocráticas son entonces importantes, pues cada vez más la sociedad comenzaría a confiar en hombres providenciales para la restauración de la virtud y la solución de los problemas”.

Politización y corrupción en la Justicia

De otra parte también es importante anotar que el manto de dudas que hay sobre la imparcialidad de la justicia colombiana no es nuevo. Desde hace varios años se cuestiona sobre sus decisiones y a esto se suman los escándalos de corrupción. Exmagistrados de la Corte Suprema de justicia y de otros tribunales, han sido condenados por corrupción en tramas de ventas de fallos en procesos contra algunos políticos.

“Pero no solo ha sido la influencia de la política la que ha generado un escenario propicio para la desviación de poder de los jueces y magistrados. También se han observado actos de corrupción, estructural o interna, que se relacionan con la función propia de la administración de justicia, tanto en la rama judicial como en la Fiscalía”, destaca un informe de una investigación de la Universidad Nacional, titulado Corrupción en la justicia: la criminalidad de los decentes.

En dicho documento se manifiesta, así como lo han registrado los medios de comunicación, que magistrados, abogados y funcionarios, han obtenido beneficios económicos por la manipulación de las decisiones: ‘Torcer Procesos’, lo que se conoció como el “Cartel de la Toga”.

La realidad nacional en la órbita política y judicial, avizora en el horizonte gran ineficacia para el desarrollo de las instituciones democráticas, por la poca preparación de los funcionarios, los mecanismos disciplinarios poco rigurosos, lentitud en los procesos de investigación y un aumento irracional de normas y delitos, no ajeno al ciudadano, porque de una u otra manera influye en la elección de sus mandatarios o representantes en las corporaciones públicas.

Todas estas falencias establecen un escenario indirectamente proporcional al Estado Social de Derecho, objetivo fundamental de la Constitución de 1991.

La reforma a la justicia no da más espera. ¡Lo exige la Nación!

Bogotá, D. E, 2 de abril de 2021

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“Si educamos para el presente y el futuro, en red donde trabajen los padres de familia, los docentes, los estudiantes y las instituciones de educación primaria y secundaria, le daremos apertura a un horizonte donde los niños y jóvenes de hoy, se conviertan en líderes y constructores de desarrollo económico y social", sostiene Gladys Buitrago.

Por Carlos Villota Santacruz.- En un momento en que aparece una tercera hora de contagio del coronavirus en Colombia, que deja como resultado 7 mil personas contagiadas y más de 63 mil muertos, la ex década de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de la Sabana Gladys Buitrago de Amaya, viene trabajando con un grupo de compatriotas en su país en el exterior, en la construcción de un modelo educativo que apunte a la trasformación social.

Sustentado en un trabajo de más de dos años –recorriendo la geografía nacional en la presencialidad y la virtualidad- la investigación adelantada por el Movimiento Unidos Somos Colombia, evidencia que las nuevas generaciones de ciudadanos entre 14 a 21 años reclaman ser escuchadas por el Estado. “Los jóvenes de la región pacifica, caribe, de los llanos y amazónica quieren ser hoy, agentes de su propio cambio. Quieren construir su proyecto de vida y cambiar su entorno”.

Para la presidente del Movimiento Unidos Somos Colombia –que ha elevado la solución de los problemas de la nación a una causa- es claro que el ciudadano del siglo XXI reclama un espacio público y privado que le facilite construcción de sus sueños y su proceso de formación. Esta una tarea, donde también se involucra el terreno espiritual, que acompañado de un programa de educación de calidad, apunte a formar estudiantes líderes, competentes y activos”, dice.

Mire usted –manifiesta en diálogo con www.ecospoliticos.com , la pandemia abrió la puerta en la educación superior a la matricula cero. “Si bien, esta puerta de la gratuidad es un beneficio para el seno de las familias y los estudiantes, debe ser complementada con calidad y excelencia. De esta manera, los jóvenes alcanzarán sus propias expectativas y metas”, añade.

Más adelante se preguntó_ ¿Qué quieren los jóvenes? Simple. Tener la atención del Estado alrededor de su situación socio-económica, sus valores, la familia, sus intereses y sus puntos de vista. De allí en adelante, la hoja de ruta se eleva como una experiencia.

En opinión de Gladys Buitrago de Amaya cada tema objeto de eseñanza y de aprendizaje debe ser sometido a examen reflexivo. “De esta manera, se le dará trascendencia a lo que se estudia con una proyección al 2030”, subrayó.

Al hablar de acción, la presidente del Movimiento Unidos Somos Colombia  -que tiene representación en los 32 departamentos del país y en el exterior (Estados Unidos, México, Ecuador, España, Uruguay, Argentina, Chile y Costa Rica)-consideró que “es consecuencia lógica y necesaria de la vida interna. “Esta pedagogía inspira al estudiante a cambiar su actuación. Lo impulsa a construir una sociedad más justa y solidaria, donde él o ella- son protagonistas. Así surgirá el amor generoso, y activo”.

Este modelo de educación, que está en formación que busca fortalecer la institucionalidad, la democracia desde la educación, el otorga un alto valor a la evaluación. “Es un proceso de recoger información para la toma de decisiones”, precisa la ex décana de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de la Sabana quién está convencida que en Colombia, “es posible dar vida a un modelo educativo y académico de excelencia”.

“El reto que tenemos en la presente década –en medio de la emergencia sanitaria- es edificar un trabajo articulado entre los actores participantes, en favor de la enseñanza de cada estudiante. “El estudiante reclama a gritos trasformar su vida. También apalancar su realización personal y familiar. Si tiene este escenario fortalecido, llegará una fortalece espiritual que trascenderá. Su valor agregado un impacto individual y colectivo en la sociedad colombiana”, aseveró.

De acuerdo con las estadísticas público privadas de 10 estudiantes que inician su período de educación primaria solo 1 termina la educación superior. Un hecho que tiene más fuerza en regiones donde el Estado no llega alta calidad educativa como la Guajira, Chocó, Tolima, Nariño y el Amazonas. “Si la educación le permite a los estudiantes la creación de su identidad, le abrirá un sin número de oportunidades que se traducirá, en la aparición de su proyecto de vida. Impactará en su desarrollo personal y en la comunidad donde emerge, como ciudadano con derechos y deberes”, sentenció.

En el primer trimestre del 2021, el Movimiento Unidos Somos Colombia ha pusto el fortalecimiento de la educación en la agenda pública. “Si educamos para el presente y el futuro, en red donde trabajen los padres de familia, los docentes, los estudiantes y las instituciones de educación primaria y secundaria, le daremos apertura a un horizonte donde los niños y jóvenes de hoy, se conviertan en líderes y constructores de desarrollo económico y social. Por ello, llamo la atención a la industria editorial del país, a que acompañe en este cambio. Que deje de producir libros para consumo masivo y produzca libros para construir un activo social. Si se regalan libros o se pueden adquirir a bajo precio, se disminuirá la tasa de deserción escolar. Influirá en su vida. Hará de ellos, unos ciudadanos responsables, cívicos y socialmente activos. Dentro y fuera del país”, puntualizó Gladys Buitrago de Amaya.

Bogotá, D. C, 30 de marzo de 2021

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El abogado constitucionalista y administrativista José Alfredo Bernal Rivera, hizo un llamado a la Corte Constitucional y radicó una suplica ante la secretaria general de ese alto tribunal para que los magistrados tengan en cuenta cada uno de los puntos que, desde hace más de 70 años, vienen conociendo los jueces de la República.

-La corte constitucional tiene la última palabra sobre las tierras que tienen algunos campesinos.-

Por William Acero Arango.- En una tutela interpuesta por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) este jueves 10 de marzo de 2021, se decide en sala plena de la Corte Constitucional, el futuro de mas de 2 millones de personas, entre los que se cuentan campesinos, labriegos que están a la espera que el Estado colombiano, defina si la posesión de tierras que poseen desde hace más de 10, 15, 20, 30, y 40 años, les pertenece.

El abogado constitucionalista y administrativista José Alfredo Bernal Rivera, hizo un llamado  a ese alto tribunal y radicó una suplica ante la secretaria general de la Corte Constitucional para que los magistrados tengan en cuenta cada uno de los puntos que, desde hace más de 70 años, vienen conociendo los jueces de la república.

De acuerdo con las cifras que reveló la misma Corte Constitucional, en Audiencia Pública, son alrededor de 37 mil solicitudes de clarificación, recuperación y titulación de bienes baldíos rurales, los que tiene en este momento la ANT para resolver en todo el territorio nacional.

Jurisdicción Agraria

Con un presupuesto que alcanza los $900.000 millones que tiene la ANT, se podría demorar entre 35 y 45 años resolver la titularidad de estos 37 mil predios rurales en todo el país. “La implementación de la jurisdicción agraria es necesaria y la están pidiendo a gritos”, afirmo el abogado.

Agregó Bernal Rivera que “El tema rural en Colombia es el más atrasado del mundo. La Corte Constitucional, debe de tener en cuenta y reconocerlo en su sentencia y así buscar alternativas para tratar de solucionar este atraso en la legalización de miles de predios rurales que hoy tienen los campesinos y gentes humildes del país”.

Según el jurista, no se puede desconocer que la rama judicial con todo sus problemas y la corrupción que existe, ha jugado un papel importante a la hora de asignar, proferir sentencias y admitir las mismas, porque le ha dado la oportunidad a muchos sectores que tienen las tierras desde hace décadas en los cientos de hectáreas de todo el territorio nacional.

Bernal Rivera destacó que la rama judicial y los jueces de la republica pueden  trabajar conjuntamente con la Agencia Nacional de Tierras en alternativas para conjurar el atraso en el tema de la entrega de predios que ya están desde hace décadas en manos de campesinos.

Dijo a instancias de Ecos que “el aparato del estado debe de ir de la mano de lo municipios y departamentos y que se sumen los jueces, que los tenemos en el 95% de todo el país, en vez de excluirlos, los tenemos es que sumar para poder sacar este proceso del estado colombiano afirmo”.

Proteger Legislación Agraria

“Es importante establecer que la ley 200 de 1936, con la que trabajan los jueces de la republica desde hace más de 80 años, no se puede tirar por la borda, toda vez que se debe mantener con firmeza, por eso la Honorable Corte Constitucional la debe proteger en su sentencia, es una herramienta necesaria en la aplicación de cada uno de los fallos que han proferido los jueces civiles de la república”, señaló el jurista Bernal Rivera.

Fue contundente en afirmar que “Por la equidad y la justicia del pueblo colombiano, la Corte Constitucional no puede borrar de un tajo las actuaciones que por años han proferido nuestros jueces de la republica y que en muchas oportunidades han sido los únicos que se han enfrentado a los terratenientes en muchas zonas del país”.

De acuerdo a lo que pasa actualmente respecto al tema, los terrenos que reclaman cientos de campesinos que dicen ser baldíos, ya no lo son, porque muchos campesinos hoy están cultivando sus tierras y sacando al país adelante. “El campo no puede seguir siendo la cenicienta de Colombia”, señaló Bernal Rivera.

Afirmó que los únicos que pueden administrar justicia en equidad son los jueces de la república, quienes llevan administrando justicia por décadas, por eso expresó que se deben fortalecer y no quitarles sus actuaciones en la ley.

Precisó el jurista Bernal Rivera que “Los que infrinjan la ley deben ser llevados a los tribunales para que sean juzgados, pero esas competencias deben seguir en manos de nuestros jueces”.

Acuerdo de La Habana

Destacó que los artículos 64, 65 y 66 en el Acuerdo de La Habana son claros al establecer que debe haber equidad en las tierras, haber subsidios, que se tiene que hacer una reforma agraria. ”Es aquí donde se debe incluir todo el  temas de jueces y tierras”.

Finalmente señaló que “No podemos entregarles a unos administrativos el manejo de las tierras de este país. Deben y tienen que ser los jueces de la Republica los que entren a hacer justicia con las tierras y que dentro de esa gran reforma sea el estado colombiano, en todo su conjunto: gobernadores, alcaldes, jueces, comunidades y cabildos, los que entren a definir la finalidad de todo este tema.

Bogotá, D. C, 10 de marzo de 2021

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Ante los ojos de todos Ferticol, una empresa creada para generar fertilizantes y energía, terminó desmantelada, no solo en su planta física, sino en su patrimonio. Sus lotes fueron vendidos y algunos de ellos pagados con supuestos contratos cuyo respaldo no aparece, conciliaciones judiciales dudosas y créditos del carrusel de contratos del Idesan. ¿Quiénes están detrás?

Tomado de Vanguardia. La Unidad Investigativa del diario Vanguardia publicó un artículo que establece la situación de Ferticol, empresa fundada en el siglo pasado y que actualmente se encuentra en ruinas y peor aún, con deudas principalmente a sus 135 pensionados cuyas mesadas ascienden a $3.300 millones y $5.000 millones de salario a cerca de 100 trabajadores, desde el 2016.

Por la importancia y lo grave que pasa en dicha empresa y la situación que viven pensionados y trabajadores de Fertilizantes colombianos en www.ecospoliticos.com destacamos el trabajo periodístico de la Unidad Investigativa de Vanguardia, el periódico más importante de Santander y del oriente de Colombia:

Ante los ojos de todos Ferticol, una empresa creada para generar fertilizantes y energía, terminó desmantelada, no solo en su planta física, sino en su patrimonio. Sus lotes fueron vendidos y algunos de ellos pagados con supuestos contratos cuyo respaldo no aparece, conciliaciones judiciales dudosas y créditos del carrusel de contratos del Idesan. ¿Quiénes están detrás?

El 3 de marzo de 1966, bajo el liderazgo de Ecopetrol, se fundó en Santander la Empresa Fertilizantes Colombianos, Ferticol, una compañía dedicada a la producción de abono nitrogenado y producción de energías, única en la industria petroquímica del país.

Sin embargo, a finales de la década de los noventa los problemas de tipo técnico, económico y financiero de la compañía llevaron a la suspensión de operaciones en agosto de 1999 por un periodo de 18 meses. Esta situación aumentó el endeudamiento de la compañía, lo que representó un impacto negativo en su patrimonio. Finalmente, en agosto del 2003, Ecopetrol tramitó ante la Superintendencia de Sociedades el proceso para que Ferticol se acogiera a la Ley 550 (reestructuración empresarial), trámite que solo concluyó hasta el 30 de septiembre del 2012.

De acuerdo con los hallazgos de la Contraloría, que aún no son públicos, en la revisión de una de las conciliaciones entre Fabián Rolando Méndez y los 70 trabajadores de Ferticol aprobadas por el Mintrabajo, los valores están inflados y no corresponden a la realidad financiera de la empresa.

En el mismo año que Ecopetrol inició el trámite de reestructuración empresarial (2003), cedió parte de su participación accionaria a la Universidad de la Paz (Unipaz) y, en 2006, cedió el total de sus acciones en Ferticol a la Gobernación de Santander, como una estrategia para apalancar recursos y reactivar la compañía.

A pesar de los recursos invertidos por el Gobierno Nacional y departamental, Ferticol nunca logró su supervivencia financiera, tanto así que en abril del 2019 la Superintendencia de Sociedades aprobó la liquidación solicitada por la junta de accionistas, ante el reiterado incumplimiento en el pago de las obligaciones.

Juan Carlos Reyes, exgerente de la compañía de fertilizantes y hoy director de la Cdmb, ha sido señalado de haber recibido 10 veces más del valor que le correspondía por la liquidación de sus 10 meses de trabajo en Ferticol.

Pero mientras esta liquidación se dilata, los rumores de que fueron los malos manejos y los pagos irregulares los que llevaron a esta crisis crecen. Hoy esta empresa, lejos de ser el orgullo regional que pretendía, se convirtió en una caja de pandora de irregularidades, que espera su liquidación, en medio del desmantelamiento no solo de sus instalaciones físicas, sino de lo poco que queda de su patrimonio.

Vanguardia investigó y encontró que en esta compañía hay dineros que no aparecen, lotes que se vendieron sin respaldo financiero, conciliaciones judiciales que no se explican y pagos parciales a trabajadores que fueron cobrados a Ferticol por su monto total.Todo ante la inexplicable inacción de las entidades de control.

  1. Dineros perdidos

Ante la crisis financiera que atravesaba Ferticol, en 2012 su junta directiva, encabezada por el gobernador Richard Aguilar, aprobó la enajenación de la mayoría de los bienes inmuebles como mecanismo de salvamento financiero.

$3.000 Millones es el pasivo pensional de Ferticol, dinero que se le adeuda a 135 pensionados.

Una vez se inició el proceso de enajenación, Ferticol puso a la venta cinco de seis predios de su propiedad. El lote 1, de 7,7 hectáreas, fue vendido al consorcio Obcivil SA y Kivu SAS; los lotes 2 y 3, de 10,9 y 6,5 hectáreas respectivamente, pasaron a manos de Fabián Rolando Méndez. El lote 4, de menos de una hectárea, fue adquirido por el cuerpo de Bomberos de Barrancabermeja y el quinto lote, de 2,6 hectáreas, les fue vendido a los empresarios Odilo Marín, Héctor Tiberio Valencia y Néstor Quintero.

Por la venta de los lotes Ferticol aspiraba a recibir $69.146 millones, que se destinarían al pago del pasivo laboral y la modernización de la empresa. Sin embargo, lejos de sacar adelante la empresa, los dineros por esta venta se “esfumaron” y las deudas aumentaron, hasta llevar a la empresa a la quiebra. Tan solo en pasivo pensional, Ferticol adeuda más de $3.000 millones a 135 pensionados.

Según, Juan Carlos Sierra, gerente de Ferticol, de los cerca de $70 mil millones que tenía proyectado recaudar la compañía por la venta de los cinco lotes solo ingresaron a las arcas de la entidad $28 mil millones.

“De esos $70 mil millones, recibí $28 mil millones, que se invirtieron en la empresa y en la fiducia, dejando unos ingresos cercanos a los $40 mil millones. Pero hoy en la fiducia no hay nada, incluso se le debe una plata”, Juan Carlos Sierra, gerente de Ferticol

  1. ‘Carrusel de créditos’: la pista

La dificultad para entender lo que pasó con los dineros de la venta de los lotes inicia con la ausencia de estados financieros, pues no hay información clara sobre las cuentas de Ferticol para las vigencias 2017, 2018, 2019 y 2020. No obstante hay dos negociaciones que están bajo la lupa: la venta de los lotes 2 y 3 a Fabián Rolando Méndez Cáceres, esposo de la diputada de Cambio Radical, Marggy Carolina Rangel, y conocido en los círculos políticos por su cercanía a Luis Alberto Gil, fundador del extinto partido Covergencia Ciudadana (luego llamado Opción Ciudadana) y condenado por parapolítica. La duda se dio desde el inicio, por cuanto Méndez Cáceres hizo la millonaria compra como persona natural sin demostrar ni capital ni respaldo financiero pese al alto monto de la compraventa.

Una investigación de la Contraloría General de Santander señaló a Fabián Rolando Méndez como uno de los beneficiarios del ‘Carrusel de créditos’ por más de $12 mil millones en el Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander, Idesan. Según el ente de control, desde el 2016 empresas y personas naturales recibieron millonarios préstamos de esta entidad sin garantías reales que le permitieran hacer cobros coactivos en caso del no pago de las acreencias. Uno de estos beneficiados fue precisamente Fabián Rolando Méndez.

$12.000 millones en créditos irregulares se habrían otorgado en el Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander, Idesan

Gracias a este ‘carrusel de créditos’, Méndez pudo acceder, en agosto del 2016, a un crédito con el Idesan por $1.800 millones, para pagar uno de los lotes que había adquirido a Ferticol. Pero a pesar de que durante dos años no cumplió con el pago de las cuotas, tres años después, en marzo del 2019, Fabián Rolando fue beneficiado por otro crédito con el Idesán con el cual pagó la totalidad de la deuda con la misma entidad. Según la Contraloría, dicho crédito fue desembolsado a nombre de la empresa Global Project.

“Dentro de los soportes de desembolso efectuado a Zambrano Cabrera & CIA S. en C.S, por autorización de Global Project Business SAS, se evidenció la comunicación de fecha 13 de marzo de 2019 (fecha anterior al desembolso del crédito a Global Project Business SAS) en la cual Zambrano Cabrera & CIA S. en C.S solicitó que de los $2.260.000.000 que le pagarían fueran abonados $1.924.496.492 a la deuda No.38-16-014-00-03 con Idesán del señor Fabián Rolando Méndez Cáceres... y que $335.503.508 fueran consignados a la cuenta a nombre de Zambrano Cabrera”, se lee en el informe de la Contraloría.

Zambrano Cabrera & CIA S. en C.S, firma que da la orden a Global Project Business SAS de girarle los recursos del crédito del Idesan a Fabián Rolando Méndez es representada por el exgerente de la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga y exdirectivo de Opción Ciudadana, Rodrigo Zambrano Pinto, también del círculo político de Luis Alberto Gil.

De hecho, en 2016, Fabián Rolando Méndez, su esposa Marggy Rangel y el exconcejal de Bucaramanga Arturo Zambrano (sobrino de Rodrigo Zambrano) fueron parte de la junta directiva de Auser, una de las firmas vinculada al grupo Solsalud, de quien Luis Alberto Gil fue fundador.

En 2016 Marggy Rangel llegó a la Asamblea por Opción Ciudadana. Al perder este partido la personería jurídica, Rangel se hizo reelegir pero ahora bajo las banderas de Cambio Radical.

  1. Maratón de conciliaciones

Pero la estrategia de Fabián Rolando Méndez para “pagar” los lotes adquiridos en Ferticol no solo se basó en el cruce de cuentas con créditos propios y de terceros en el Idesan. Fabián Méndez, a través del abogado Iván Lorenzo Quintero, se convirtió en un gestor crediticio ante Ferticol. Esta figura permitió que Méndez y Quintero compraran las acreencias prestacionales y salariales que tenía Ferticol con el compromiso de un pago oportuno a los trabajadores, pero por un precio menor al realmente adeudado.

“La venta de los lotes tenía como finalidad el pago de los pasivos laborales que tenía la empresa con sus trabajadores y en ese sentido, Fabián Rolando se ha dedicado en los últimos años a negociar esas deudas que tiene la compañía ofreciéndole un pago menor de la obligación, pero a corto plazo. El señor Méndez se quedaba con dichas acreencias, las cuales hacía efectivas por el valor real de la obligación, valor que le era descontado de la deuda del lote 2. Así el lote le salía aún más económico”, indicó uno de los exdirectivos que prefirió mantenerse en el anonimato.

Este actuar quedó en evidencia el 20 de diciembre del 2019, cuando en el Ministerio de Trabajo seccional Barrancabermeja se aprobaron 70 conciliaciones laborales entre Ferticol e igual número de trabajadores, en las que se les reconocía el pago de bonos de recreación y vacaciones; mora de cesantías; prima de vacaciones, de servicios y Navidad, entre otros.

Vanguardia tuvo acceso a las maratónicas conciliaciones que le costaron a Ferticol cerca de $15 mil millones. Dichos recursos fueron descontados de la deuda que Méndez tenía por la compra de los lotes.

Pero al tiempo que se firmaban las conciliaciones con el Ministerio de Trabajo, Fabián Rolando Méndez e Iván Lorenzo Quintero acordaban con los mismos empleados de Ferticol pagos mucho más bajos que los valores conciliados ante el Ministerio. De esta forma Méndez y Quintero se quedaban con la diferencia entre lo pagado por Ferticol como gestores crediticios y lo realmente desembolsado a los trabajadores.

“El señor Fabián Rolando junto con el abogado Iván Lorenzo se aprovecharon de la necesidad de los trabajadores de la empresa que llevaban varios años esperando el pago de sus sueldos y en pleno diciembre, cuando los trabajadores estaban más afanados de plata, Fabián Rolando se dedicó a negociar esas deudas que tenía la compañía ofreciéndoles un pago menor de la obligación, pero a corto plazo”, manifestó el directivo de Ferticol.

Como resultado del no ingreso de los recursos del lote 2, que debía darse el 30 de diciembre de 2018, el comité de vigilancia de Ferticol realizó una reunión el 14 de febrero de 2019 para poner de presente tal situación. Vanguardia tuvo acceso al acta del encuentro, en el que también participó Fabián Rolando Méndez, como gestor de las acreencias de los trabajadores de Ferticol.

“El Dr. Fabián comenta que ha estado realizando las gestiones necesarias con los acreedores de seguridad social, que es la mayor acreencia que tiene la compañía, y espera finiquitar esta gestión con la firma de un acuerdo de pago con los mismos, en la cual les está proponiendo dación en pago de bienes inmuebles”, dicta el documento.

La negociación de las acreencias por parte de Méndez Cáceres fue tan fructífera, que incluso en el cruce de cuentas con la fiducia, Fabián Rolando terminó con un saldo a favor de $370 millones que hoy le debe Ferticol tras descontar el “pago” de los dos lotes.

A pesar de que aún no se ha hecho público, la Contraloría avanzó en las investigaciones por estas conciliaciones y encontró varios hallazgos.

“Ferticol recibió recursos, los cuales utilizó en pago de conciliaciones laborales suscritas ante el Ministerio de Trabajo de fecha 20 de diciembre de 2019, conciliaciones por procesos y demandas civiles correspondientes a cuatro procesos, pago de comisiones fiduciarias y suministro de bienes y servicios por cuenta de Ferticol realizados por la Sociedad Inversora Santamaría S.A.S; por lo cual se configura un hallazgo de tipo Administrativo, Disciplinario por el incumplimiento de sus funciones; hallazgo sancionatorio por no entregar toda la información y soportes de cada egreso realizado; (hallazgo) fiscal por valor de $30.116.852.349, por el presunto daño patrimonial al Estado y penal por presunto peculado por apropiación”, se consigna en el informe de la Contraloría.

  1. Conciliaciones infladas

De acuerdo con los hallazgos de la Contraloría, que aún no son públicos, en la revisión de una de las conciliaciones entre Fabián Rolando Méndez y los 70 trabajadores de Ferticol aprobadas por el Mintrabajo, los valores están inflados y no corresponden a la realidad financiera de la empresa.

“Revisada la certificación salarial allegada por los exgerentes al trabajador con contrato vigente salario mensual 2020 de $2.028.900, comparado con los datos liquidación por concepto de Salario Jul- 2017-2019 por valor de $69.358.385 millones, el valor promedio por los 20 meses adeudados es $2.311.946 pesos, cifra notoriamente superior al salario vigente para el año 2020; así mismo sobre unas cesantías adeudadas de $8.213.616, le reconocen por concepto de mora en cesantías $59.817.453”, dicta el reporte.

Así mismo, el ente de control advierte que con el visto bueno a esta conciliación por parte del exgerente Carmelo Reyes, se dio pie a una ‘avalancha’ de conciliaciones por parte de trabajadores de la compañía de fertilizantes que también pedían igualdad en el pago de sus acreencias.

Todas las conciliaciones realizadas el 20 de diciembre del 2019 fueron firmadas por el entonces gerente de Ferticol, Carmelo Reyes; el trabajador citante; el abogado Iván Lorenzo Quintero y el inspector de Trabajo y Seguridad Jorge Enrique Cubides, quien se estrenaba ese día en el cargo luego de su traslado desde Sabana de Torres. Como dato curioso, el abogado Quintero se desempeñó también como Secretario de Gobierno del mismo municipio en 2012.

Mientras algunas personas insisten en la búsqueda de una salida para rescatar la empresa, otros advierten que lo más saludable es liquidarla.

Pero las conciliaciones infladas no solo fueron para los trabajadores de Ferticol. Directivos como Juan Carlos Reyes, exgerente de la compañía de fertilizantes y hoy director de la Cdmb, ha sido señalado de haber recibido 10 veces más del valor que le correspondía por la liquidación de sus 10 meses de trabajo en Ferticol.

Según el actual gerente de la empresa de fertilizantes, a Reyes Nova la compañía le adeudaba $33 millones de liquidación, sin embargo, a través de una demanda administrativa que terminó nuevamente con una conciliación laboral en el Ministerio de Trabajo de Barrancabermeja, el exgerente recibió $346 millones. El abogado de Juan Carlos Reyes en este proceso fue también Iván Lorenzo Quintero. Así mismo, la conciliación también fue aprobada por el exgerente Carmelo Reyes.

$15.000 descontó Fabián Rolando Méndez de la deuda que tenía con Ferticol por la compra del lote 2.

Aunque reconoció que sí interpuso una demanda exigiendo sus acreencias salariales como exgerente de Ferticol, Juan Carlos Reyes insiste en que no recibió los $346 millones que asegura el actual gerente Sierra Ayala. Incluso, Reyes Nova afirma que demandó al abogado Quintero por abuso de confianza. “Yo no recibí ni un solo peso de esos $346 millones que dicen me fueron desembolsados por Ferticol. Yo efectivamente le di un poder al abogado Iván Lorenzo Quintero para que me representara en este proceso en el que exigía lo que me correspondía por mis 10 meses al frente de la empresa. No hay ningún soporte o transacción en la que yo, Juan Carlos Reyes, recibí esos $346 millones por parte de la empresa o por parte del abogado. A mí no me ha llegado el documento en donde supuestamente el abogado fue el que recibió esa liquidación y la de otras tantas personas. Yo no he recibido ni dineros, ni propiedades, ni en especie por parte de Ferticol ni del abogado. En diferentes ocasiones del 2020 y lo que va del 2021 le he escrito al abogado para que me presente la liquidación final o me informe sobre la evolución del proceso, pero hasta ahora no ha habido una respuesta efectiva por parte del señor Quintero”, indicó Reyes Nova.

Desde su creación a mediados del siglo XX, Ferticol venía teniendo problemas financieros. Esto, sumado a unos daños graves en la planta de amoniaco llevaron a que en los años 60 se suspendieran las actividades.

Fuentes al interior de la Cdmb, entidad que actualmente preside Juan Carlos Reyes, le confirmaron a esta redacción que días después de que el director de la Corporación interpuso un recurso en contra del abogado Iván Lorenzo Quintero, Fabián Rolando Méndez estuvo en la Cdmb tratando de hablar con Reyes Nova para que desistiera de dicho recurso. Sin embargo, el gerente de la Corporación aseguró que no sostuvo conversación alguna con Méndez Cáceres. “Si estuvo en la Corporación no supe. Yo no tuve ninguna conversación con el señor Fabián Rolando en estos días”, puntualizó Reyes Nova.

  1. Cables como forma de pago

Tres días después de la maratón de conciliaciones, ya se habían expedido las escrituras del lote 2 a nombre de Fabián Rolando Méndez e Inversora Santamaría, quienes terminaron asociados en la compra del predio. Para finiquitar esta compra, aportaron a la deuda del lote $5.667 millones pagados a través de un supuesto contrato de suministro de bienes y servicios a Ferticol, que se justificó a través del acta No. 001 de ejecución del contrato de cuentas en participación entre Ferticol e Inversora Santamaría SAS. No obstante, según los hallazgos de la Contraloría, no se encontró soporte jurídico de dicho contrato ni de los precios que de allí se derivan. Este contrato suscrito por Santamaría consistía en la reinstalación de las líneas de alta tensión que unen las diferentes subestaciones que alimentan los consumos de las diferentes plantas de producción de Ferticol.

Ferticol nunca llegó a ser una empresa rentable en sus más de 50 años de historia y siempre estuvo acompañada de crisis financieras y problemas en los suministros.

“Como no pagaron el gas, la planta se quedó sin generación de energía eléctrica. Varios días la empresa estuvo sin energía y en ese periodo se metieron los ladrones y se robaron todo el cable, el cable de hace 50 años, que ya no se consiguen en el mercado. La empresa entró en una crisis profunda, por lo que le dijeron a Santamaría que pusiera la plata para volver a interconectar todas las plantas. Santamaría puso el cable e hizo la interconexión, pero interconectar la planta no garantizaba arrancar las plantas, porque los ladrones o quienes hicieron ese acto de vandalismo afectaron lo que se denomina los lazos de control, que son las conexiones que van dentro de los dispositivos de control de la planta y elementos del proceso. Y esos equipos no se pueden volver a interconectar, porque muchos de esos equipos son de hace 50 años y ni los ingenieros saben cómo volverlos a conectar”, explicó Juan Carlos Sierra, gerente de Ferticol.

Los $5.667 millones que habría aportado Inversiones Santamaría a través de este contrato fueron descontados de la Alianza Fiduciaria para el pago efectivo de la promesa de compraventa sobre el lote 2 de Ferticol, tras la autorización del gerente de la época, Elkin Doria.

A pesar de la orden de pago de los $5.667 millones, al cierre de esta investigación no se conocían documentos que sustentaran la necesidad, estudios previos, soporte jurídico, contrato o informe de ejecución de esta contratación.

“El referido Acuerdo es relacionado dentro de esta “acta de ejecución No. 1” sin que esté debidamente motivado y soportado jurídicamente este pacto, es decir sin que Ferticol haya justificado contractualmente la existencia previa de este, ni los precios que de allí se derivan, acuerdo con el contratista del contrato de cuentas en participación, aplicar lo presuntamente invertido por este en obras (Inversora Santamaría), para el pago efectivo del contrato de promesa de compraventa suscrito el 2 de junio de 2015 sobre el lote de terreno con matrícula inmobiliaria No. 303-8647 de la oficina de Instrumentos públicos del Círculo de Barrancabermeja...”, dicta un aparte de la auditoría de la Contraloría bajo reserva.

  1. Traslados de cuenta sin sustento

Otro de los hallazgos reseñados en el informe auditor que sigue en reserva revela la existencia de irregularidades en el manejo de las cuentas bancarias de Ferticol.

“Ferticol posee una cuenta de Ahorros No. 488.17859-8, en el Banco Itaú y registra saldo a diciembre 31 de 2017 por valor de $11.357.754,60, y en el mes de enero del 1 a 31 de 2018, registró depósitos por valor de $22.000.000 y retiros por traslados y notas débito por valor de $33.224.856, que la entidad no soportó por qué concepto fueron retirados estos recursos. Además, en el mes de mayo de 2018 reflejó consignación por valor $1.280.000 y retiros por valor de $1.292.828, sin soportar estos egresos. Dineros que sumados dan un total de $34.517.684, sin autorizaciones, ni soportes de ningún tipo”, dicta el informe.

En 2018, Ferticol era gerenciada por Elkin Doria.

Hoy más de 90 trabajadores siguen vinculados a Ferticol, a pesar de que la empresa no tiene producción. Las acreencias laborales crecen día a día.

  1. No coincide la cantidad de personal

La Contraloría también prendió las alarmas por la falta de información concreta sobre la cantidad de trabajadores que actualmente están vinculados a Ferticol.

“A folio 9 del referido informe de gestión rendido por los exgerentes reposa la certificación en donde certifican (sic) que a junio de 2020 la planta de personal de Ferticol S.A está conformada por 93 funcionarios según anexo. En otra parte del informe vuelven a relacionar 96 trabajadores. “A julio de 2020 la empresa cuenta con 96 trabajadores de una nómina de años anteriores de 236 trabajadores, lo que representa una disminución de personal del 56,7% equivalente a $6 mil millones anuales... “, indica el informe.

Además, la Contraloría advierte que mientras la información sobre el número de trabajadores es incierta, las acreencias laborales aumentan exponencialmente por la falta de producción de la empresa.

“El grupo auditor no tiene certeza, en principio, si la empresa no se encuentra en producción cómo pretenden sostenerla indefinidamente, aún a costa del reconocimiento de salarios sin recibir contraprestación alguna, lo anterior en tratándose de una empresa industrial y comercial del Estado”, agrega la Contraloría.

  1. El último lote, en riesgo de embargo

Pero los problemas financieros para Ferticol no terminan con los recursos extraviados de la venta de los lotes. Ahora, el lote 6, el único que queda en el patrimonio y donde opera la planta de tratamiento de la empresa de fertilizantes, estaría en riesgo de ser embargado, al ser prenda de garantía en otro de los contratos suscritos con la Inversora Santamaría.

El caso se remonta a enero del 2016, cuando Ecopetrol y Ferticol firmaron el contrato de suministro GAS-003-2016, mediante el cual Ecopetrol se comprometía, por un término de 10 años, a suministrar gas con una tarifa de costo fijo, recurso fundamental para el funcionamiento de las plantas del proceso petroquímico y su producción de abono nitrogenado, así como la autogeneración de energía eléctrica de Ferticol.

Para tal fin, en mayo del 2017, bajo la gerencia de Elkin Doria, Ferticol celebró un contrato en cuentas de participación con la firma bogotana Inversora Santamaría, como aliado estratégico para la producción de energía y la renovación tecnológica, a través del aprovechamiento de los bajos costos del gas subsidiado que Ecopetrol le suministraría a Ferticol.

En este contrato, la empresa de fertilizantes se comprometía a disponer del espacio físico en el que se desarrollaría el proyecto, además de aportar la materia prima para la generación de energía representada en el suministro del gas con precios subsidiados por Ecopetrol. Por su parte, Inversora Santamaría aportaría el apalancamiento financiero para renovar la capacidad instalada en la empresa para la generación de energía, así como su experiencia técnica y administrativa.

Para que el negocio fuera rentable, Santamaría se comprometía a que, con el suministro de gas subsidiado por parte de Ecopetrol, generaría 4 Megawatts de potencia para el funcionamiento de Ferticol y el restante sería comercializado por la firma bogotana de manera independiente.

Como respaldo del acuerdo, Elkin Doria, gerente de Ferticol para la época, dispuso que Santamaría tomara en comodato el lote 6 de manera gratuita y con opción de compra, por el término de duración del contrato.

“A los pocos meses de firmado el contrato, el gerente de la época dejó de pagar el gas. El comienzo de la catástrofe de Ferticol fue por errores administrativos predecibles de las personas de la gerencia, que dejaron de pagar el gas y al dejar de pagar el gas, obviamente se apaga el turbogenerador y al no haber energía se apaga todo el complejo. En un año dejaron de pagar cinco veces el gas. Además, hubo una mala política comercial, donde no se vendían algunos productos como el ácido nítrico, por lo que a pesar de la producción de Ferticol, sus plantas de almacenamiento se fueron copando hasta que llegó un momento que tuvieron que apagar la planta, porque se derramaban los tanques por sobreproducción”, advirtió Juan Carlos Sierra, gerente de Ferticol.

Por su parte, el senador de Cambio Radical Richard Aguilar señaló a Ecopetrol como uno de los responsables de la actual crisis financiera de Ferticol, ya que, según él, la petrolera incumplió el contrato mediante el cual se comprometía a suministrarle gas con precios subsidiados.

“De manera unilateral Ecopetrol interrumpió el contrato de suministro contrato GAS-003-2016, mediante el cual suministraba gas subsidiado a Ferticol para sus procesos petroquímicos y su propia generación eléctrica. Ahora Santamaría quiere demandar a la Gobernación de Santander por incumplimiento, situación que es aún más grave, teniendo en cuenta que en una de las cláusulas del contrato entre Ferticol y Santamaría, firmado en la administración de Didier Tavera, está comprometido el lote 6 de la compañía, el único bien activo que le queda a Ferticol para operar y responderles a sus trabajadores”, indicó Aguilar.

A su turno, el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, señaló que el contrato de suministro de gas subsidiado a Ferticol se tuvo que interrumpir, pues dichos beneficios se dan para que las empresas del Estado apalanquen su propio funcionamiento, requisito que rompió con la llegada de Santamaría como particular, que también iba a recibir un beneficio al poder vender en el mercado el excedente de la energía eléctrica generada para Ferticol.

“El contrato del 2016 permitía que el gas fuera utilizado en el proceso petroquímico como materia prima para la producción de fertilizantes, pero también permitía que el gas fuera utilizado para generar energía para sus propias operaciones y que los equipos pudieran funcionar. Con el nuevo esquema que Ferticol implementó para estos equipos de generación y unos acuerdos con esos terceros, pues esa energía era para terceros, para venderla por fuera de Ferticol, y esa es una de las mayores limitaciones para el contrato del 2016”, señaló Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol.

Inversiones Santamaría es una empresa bogotana creada en el 2010 y representada legalmente por Deissy Paola Rodriguez. La firma cuenta con un amplio objeto social, que cubre desde la generación, distribución y comercialización de energía eléctrica, hasta crear y administrar medios de comunicación que difundan el deporte y el espectáculo.

Doria se defiende

Para el exgerente de Ferticol Elkin Doria, la crisis financiera de la empresa es un problema heredado desde hace dos décadas y que se ha evidenciado en los últimos años.

Doria, quien estuvo al frente de la empresa de fertilizantes para la vigencia 2017, fecha en la que se firmó el contrato con Santamaría, aseguró que la falta de pago de servicios como el gas se dio por la falta de ingresos y las problemáticas sindicales.

2017 fue el año en que Ferticol cesó sus operaciones completamente, por falta de suministro de energía eléctrica.

“El contrato sí se firmó con Santamaría, pero nunca se empezó a ejecutar en su medida, porque nunca se materializó en ese contexto de que las plantas estuvieran en un punto de arranque. El turbogenerador se dañó en febrero del 2017 y quedó por fuera de línea, debido a unos problemas que tenía la máquina. No se puede salir a decir que la empresa paró porque no se pagó el gas, ¿cómo se paga el gas, que eran en promedio $52 millones diarios, si no hay producción, porque el turbogenerador está averiado? ¿De dónde se saca la plata? ¿Cómo se mantiene encendida una empresa donde el gas hay que pagarlo todos los días a las 3 de la tarde, más de $60 millones diarios? Ahí hay dos circunstancias muy difíciles, cuando hay dos sindicatos que están desde el primer día entorpeciendo un proceso, porque si uno no les da lo que quieren, le paran la empresa. Si usted no tiene flujo de caja, ¿de dónde saca la plata para pagar? Pero cuando se lograba obtener algo de recursos para poder pagar el gas y poder producir, tocaba entonces contar con la suerte de que los sindicatos quisieran trabajar”, indicó el exgerente.

Así mismo, Doria asegura que no es cierto que en su administración no existieran estados financieros.

“Eso no es cierto, en la medida que Juan Carlos solicita una documentación y yo entrego la que tengo, porque es que la empresa está paralizada y todos sus trabajadores fueron de Juan Carlos Sierra, entonces con los sindicatos en su contra y la gente no le entregaba a usted la respectiva información. Ahí están las certificaciones del Ministerio de Trabajo sobre sus ceses de actividades, además, los ceses de actividades comenzaron desde el 27 de febrero, tengo 10 amenazas de muerte de los sindicatos. Él como gerente podrá decir muchas cosas, pero al final yo le entrego la información a la Contraloría y Procuraduría... El señor Julio Flórez nunca fue a trabajar en la compañía en el 2017 y 2018, porque era miembro del sindicato y hoy como era de su cuota política, Juan Carlos Sierra lo nombró director financiero de la compañía”, agregó Elkin Doria.

Además, negó que Inversiones Santamaría hubiera llegado a Ferticol por intermediación de Fabián Rolando Méndez.

 “Santamaría presentó su oferta junto con otras 10 empresas que querían ejecutar el contrato, Santamaría llega a Ferticol porque Metalúrgica de Santander en su momento había comenzado a trabajar una serie de actividades de un proyecto piloto para el mejoramiento de la producción de la compañía, en el 2015. Posteriormente Juan Carlos Reyes comenzó a traer un programa que beneficiara el desarrollo de la empresa, entonces Santamaría ya venía ejecutando labores desde el 2015. Todos hablarán del doctor Fabián Rolando Méndez, pero indudablemente Santamaría llega por unos temas de ingeniería... Cuando hablamos de Santamaría no es una empresa que apareció de la noche a la mañana, sino una empresa fuerte en varios sectores”, acotó Doria Sánchez.

Elkin Doria no se quiso referir a la cláusula que pone en riesgo la propiedad del lote 6 de Ferticol, argumentando que no recuerda los pormenores. “No tengo a la mano los documentos. Desde el 2018 estoy retirado de Ferticol y estoy dedicado a otro sector”, puntualizó.

El exgerente de Ferticol para la vigencia 2018 y 2019, Carmelo Reyes, no contestó las llamadas de esta redacción. Tampoco lo hizo Fabián Rolando Méndez Cáceres.

Liquidación a la vista

Fuentes al interior de la Gobernación de Santander le confirmaron a esta redacción que el gobernador Mauricio Aguilar ya dio la orden para que en esta vigencia se presente ante la Asamblea el proyecto de ordenanza solicitando la autorización para la liquidar a Ferticol, como está aprobado por la junta de acreedores desde abril del 2019.

Sin embargo, diputados como Leonidas Gómez y Elmer Harnache han anunciado que se interpondrán a dicha iniciativa, pues consideran que aún existen otros procedimientos para salvar a la empresa de fertilizantes.

En el 2019 el gobierno de Didier Tavera presentó dos proyectos de ordenanza para liquidar Ferticol. Ambos proyectos fueron hundidos en la Asamblea.

Lo único cierto hoy es que Ferticol es una empresa cuyos pasivos crecen, su planta no opera y sus instalaciones se ahogan en la maleza, los malos manejos y la absoluta indeferencia de los entes de control.

Bucaramanga 7 de marzo de 2021

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El Comité Internacional de Bioética* (CIB) de la UNESCO y la Comisión Mundial de Ética del Conocimiento Científico y la Tecnología* (COMEST) piden un cambio de rumbo en las actuales estrategias de vacunación contra la COVID-19, instando a que las vacunas se traten como un "Bien Público Mundial" para garantizar que estén disponibles de forma equitativa en todos los países, y no sólo para aquellos que hacen las ofertas más altas por ellas.

El Comité Internacional de Bioética* (CIB) de la UNESCO y la Comisión Mundial de Ética del Conocimiento Científico y la Tecnología* (COMEST) piden un cambio de rumbo en las actuales estrategias de vacunación contra la COVID-19, instando a que las vacunas se traten como un "Bien Público Mundial" para garantizar que estén disponibles de forma equitativa en todos los países, y no sólo para aquellos que hacen las ofertas más altas por ellas.

Esta petición se presentó durante un evento que reunió a ambos órganos de ética de la UNESCO junto con Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la Organización Mundial de la Salud y el Profesor Jeffrey Sachs, de la Universidad de Columbia (EEUU).

“Cuando se anunciaron las campañas de vacunación en todo el planeta, el mundo respiró aliviado”, declaró la Directora General de la UNESCO, Audrey Azoulay. “Pero sin la solidaridad, estamos lejos de lograr el objetivo, y más de 130 países aún no han recibido una sola dosis y, hasta ahora, los más vulnerables no están protegidos”.

“No terminaremos con la pandemia en ningún lugar si no acabamos con ella en todas partes”, señaló en forma contundente el director de la OMS dijo el Tedros, quien destacó que los últimos anuncios del G-7 son bienvenidos, pero tienen que traducirse en un suministro efectivo de vacunas en los países en desarrollo.

Mientras que algunas naciones avanzadas han conseguido vacunas suficientes para proteger a toda su población, dos, tres o cinco veces, el Sur del planeta, se está quedando atrás. Tal como están las cosas hoy, los habitantes de muchos países en desarrollo no tendrán acceso a las vacunas hasta bien entrado el año 2022.

“En última instancia, la equidad en las vacunas no es sólo lo correcto, sino la mejor manera de controlar la pandemia, restablecer la confianza y reiniciar la economía mundial. Por ello, acojo con satisfacción la declaración de las comisiones de ética de la UNESCO sobre la equidad y la solidaridad en materia de vacunas. Es muy oportuna. (...) Juntos, podemos acabar con la pandemia”, añadió.

Por su parte, el Profesor Sachs pidió al Fondo Monetario Internacional que permita a los países en desarrollo recurrir a los Derechos especiales de giro para financiar el avance de vacunas, y añadió que los países desarrollados deberían ser más solidarios y contribuir a la financiación del mecanismo COVAX, la iniciativa de la ONU para la distribución equitativa de las vacunas en todo el mundo.

“Es una pequeña fracción de los billones que se han gastado para hacer frente a la pandemia. Pero es la recta final que falta recorrer para asegurar que la COVID-19 desaparezca de forma efectiva”, dijo el Profesor Sachs.

Mensajes clave

En primer lugar, la industria farmacéutica tiene la responsabilidad de compartir la propiedad intelectual obtenida con apoyo de los gobiernos para permitir a los fabricantes de todos los países el acceso a las vacunas para todos, que deberían considerarse un "bien público mundial".

El Comité y la Comisión también subrayan la responsabilidad de la industria farmacéutica de invertir en fábricas capaces de producir vacunas de la mayor eficacia posible y facilitar su rápida distribución allí donde sea necesario.

En segundo lugar, ambas entidades afirman que el beneficio de la vacuna para el mayor número de personas no puede considerarse el único criterio ético. También debe tenerse en cuenta la igualdad, la equidad, la protección de la vulnerabilidad, la reciprocidad y el interés superior de los niños.

Además, las decisiones sobre la distribución justa y la priorización deben basarse en el asesoramiento de un grupo multidisciplinar de expertos en bioética, derecho, economía y sociología, junto con científicos.

Bogotá, D. C, 1 de marzo de 2021

Fuente: OPS/OMS, Unesco y Universidad de Columbia

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Colombia lidera el puntaje más alto en el Índice de Datos Abiertos en América Latina y el Caribe, convirtiéndose en la nación que más practica alianzas estratégicas y decisiones colectivas para administrar y permitir el acceso a los datos estratégicos y de gestión reales, recursos gubernamentales, destinados a enfrentar crisis como el ocasionado por la pandemia del coronavirus.

Por Luis Fernando García Forero.- Colombia lidera el puntaje más alto en el Índice de Datos Abiertos en América Latina y el Caribe, convirtiéndose en la nación que más practica alianzas estratégicas y decisiones colectivas para administrar y permitir el acceso a los datos estratégicos y de gestión reales, recursos gubernamentales, destinados a enfrentar crisis como el ocasionado por la pandemia del coronavirus.

Así lo destaca el Banco Mundial luego que el gobierno colombiano diera a conocer los datos y gestión, donde reside la transparencia, alcanzando un puntaje de (0.88), México (0.71) y Brasil (0.63), que lideran con puntajes más altos que el promedio de la OCDE y la labor de Guatemala (0.54), Argentina (0.53), Paraguay (0.52), República Dominicana (0.46) y Panamá (0.46) que obtuvieron un puntaje mayor al promedio de ALC.

De acuerdo al análisis de desempeño de ALC sobre datos abiertos públicos, el 81% de los países en la región cuentan con una estrategia de mediano plazo y el 75%  tiene un plan de acción nacional que incluye implantación de portales.

El análisis muestra que ALC tiene la mayor cantidad de países—11 en total— que han adoptado la Carta Internacional de Datos Abiertos, que aglomera un conjunto de principios y buenas prácticas para la liberación de datos abiertos gubernamentales.

Para analizar el desempeño de cada país con respecto al tema, se miden los esfuerzos de cada gobierno en permitir y estimular su  utilización. El objetivo del índice es medir el nivel de disponibilidad, accesibilidad  y apoyo gubernamental para la reutilización de datos basados en los principios de la Carta Internacional de Datos Abiertos. El índice varía de 0 a 1, siendo 0 el puntaje más bajo y 1 el más alto y se compone por tres indicadores con 3 subindicadores:

En promedio, la región obtuvo un puntaje de 0.43 en el Índice de OURdata, en comparación con países de la OCDE que recibieron un puntaje de 0.60.

Mayor participación y más accesibilidad, las cuentas pendientes

Aunque la Agenda de Datos Abiertos  se ha despegado en nuestra región, aún hay margen de mejora en lo que respecta al involucramiento de los ciudadanos en el desarrollo de planes de Datos Abiertos y en la divulgación de los datos en formatos que los usuarios puedan analizar fácilmente.

En el indicador disponibilidad de datos ALC obtuvo un puntaje promedio de 0.41, en comparación con 0.59 en los países de la OCDE. México (0.79), Colombia (0.78), Brasil (0.69) y Argentina (0.51) tienen los puntajes más altos como resultado de sus agendas progresivas de DA.

En cuanto a los resultados de los subindicadores, los países de la región se desempeñan mejor en contenido de la política de “abiertos por defecto” (0.17) que en participación de los actores interesados (0.14) y en implementación (0.10), una tendencia similar a la OCDE.

Los países latinoamericanos podrían compartir más conjuntos de datos de alto valor y mejorar su accesibilidad. En el indicador accesibilidad de datos ALC recibe un puntaje de 0.55, en comparación con 0.70 de la OCDE. Las cifras muestran que los países de la región deben hacer mayores esfuerzos por mejorar la participación de actores interesados en la calidad e integridad de los datos, es decir se debe compartir más conjuntos de datos de alto valor y mejorar su accesibilidad.

El apoyo del gobierno a la reutilización de datos también es otra de las cuentas pendientes.

En particular, los países podrían hacer más esfuerzos para monitorear el impacto de DAG. Si bien Colombia (0.33), Argentina (0.30), Guatemala (0.28) y República Dominicana (0.28) se desempeñan relativamente bien en la promoción de la “alfabetización’ de datos, la gran mayoría de países de la región tiene significativo margen de mejora en monitorear del impacto.

En cuanto a participación ciudadana, la mitad de los países de ALC tienen programas gubernamentales para apoyar el conocimiento sobre DAG entre las organizaciones de la sociedad civil. No obstante, esta proporción es inferior a los países de la OCDE, donde el 75 por ciento de los gobiernos los tienen.

Conclusión

El uso de las tecnologías digitales tiene el potencial de mejorar la capacidad de detectar irregularidades y de incrementar la transparencia para que los ciudadanos tomen mejores decisiones y puedan ejercer actividades de control social.

Si bien la evolución de los Datos Abiertos en ALC está en la buena senda, es aún incipiente. La comunidad de organizaciones de la sociedad civil que promueven la apertura de datos debe continuar con sus esfuerzos para demandar más apertura.

Los organismos públicos deben invertir en mejorar sus bancos de datos y sus sistemas estadísticos para aumentar la disponibilidad y accesibilidad de sus datasets en las distintas áreas económicas y sociales.

Con ello, confiamos que a la larga los gobiernos promuevan  el desarrollo de nuevas apps y visualizaciones de los datos abiertos para mejorar  las políticas públicas en la región.

Bogotá, D. C, 16 de febrero de 2021

Fuente: Banco Mundial. Gobernarte.

Investigadores: Nicolás Dassen - Evelyn Molina.

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Así como la Pandemia Mundial ha puesto de manifiesto las vulnerabilidades de nuestros sistemas sanitarios, económicos y educativos, saca también a la luz las deficiencias, los errores y las debilidades en la gestión de las finanzas públicas.

Por Luis Fernando García Forero.- Además de provocar una crisis mundial en la salud, la economía y la educación, es posible que la Pandemia de Coronavirus esté alimentando una cuarta crisis que, hasta ahora, no ha recibido la atención que merece.

Así como la Pandemia Mundial ha puesto de manifiesto las vulnerabilidades de nuestros sistemas sanitarios, económicos y educativos, saca también a la luz las deficiencias, los errores y las debilidades en la gestión de las finanzas públicas.

En todo el mundo, los titulares muestran cada vez con mayor claridad que los Gobiernos tienen dificultades para lograr el equilibrio entre dos necesidades encontradas: la rapidez y la integridad.

Diversos informes mencionan contratos secretos para la adquisición de vacunas contra la COVID-19, precios exagerados en los suministros y Corrupción en el gasto de los fondos de asistencia.

Ciertamente, las deficiencias de la gobernanza, la mala gestión de las finanzas públicas y el uso indebido de los fondos y los bienes públicos no son problemas nuevos.

Pero la Pandemia les ha conferido nueva urgencia. Esto se debe a que las fallas en la gobernanza, lo que incluye el uso indebido y la mala gestión de los fondos destinados a la lucha contra la COVID-19, pueden socavar los esfuerzos de respuesta a la Pandemia de tres formas clave, ninguna de las cuales se deben permitir en estos momentos tan difíciles para a humanidad:

1) Los precios exagerados y el uso indebido de fondos, o los fondos que simplemente desaparecen, reducen los escasos recursos disponibles para gastos urgentes y legítimos, como los paquetes de asistencia.

2) Los equipos de baja calidad o las fallas en la prestación de servicios constituyen una amenaza para la seguridad pública, y 3) más importante aún, la mala gestión de los fondos públicos socava la confianza de la población en un momento en que los Gobiernos no pueden darse el lujo de que se erosione.

Si los ciudadanos desconfían del Gobierno, por ejemplo, es más probable que un gran número de personas rechace la vacuna, lo que pondría en peligro su eficacia. Y ya se ven indicios de que esto está ocurriendo en algunas naciones.

Hay que tomar medidas para mejorar la gobernanza y contrarrestar la creciente desconfianza en los Gobiernos, no solo porque es fundamental para que nuestra respuesta a la Pandemia tenga éxito,  sino también porque la confianza pública es la barrera entre la cohesión social y la fragmentación.

Afortunadamente, hay herramientas basadas en las evidencias que las instituciones internacionales, los organismos gubernamentales, la sociedad civil y las entidades de beneficencia, pueden utilizar para ayudar a los Gobiernos a incrementar la confianza, mejorar la gestión de los fondos públicos y, de ese modo, mejorar su respuesta a la crisis actual.

  1. Mejorar la transparencia

Muchos Gobiernos aún no han implementado las reformas que dicta el sentido común para incrementar la transparencia, como publicar en Internet todos los presupuestos y contratos. Esta es una medida sencilla que se debería haber aplicado hace tiempo. Los Gobiernos ya producen datos significativos que utilizan para fines internos o para elaborar informes a sus donantes, pero no los hacen públicos. Este es un problema político, no técnico.

La Open Contracting Partnership, Alianza para la Contratación Abierta, ha trabajado con decenas de países, entre ellos Paraguay y Ucrania, en reformas que exigen a los Gobiernos publicar los contratos y las adquisiciones. Otros países deben seguir su ejemplo.

  1. Rendición de cuentas a través de la sociedad civil

Como se ha mostrado en una investigación reciente de Transparencia Internacional, esta solo resulta una herramienta eficaz si va acompañada de medidas enérgicas de rendición de cuentas. Debemos respaldar los esfuerzos de la sociedad civil y de los medios de comunicación por supervisar el gasto público y la prestación de servicios gubernamentales.

Las organizaciones de la sociedad civil tienen los modelos y las herramientas que se necesitan para llegar a los ciudadanos y exigir que los Gobiernos rindan cuentas. Por ejemplo, en 200 asentamientos informales de toda Sudáfrica, la entidad International Budget Partnership  y sus asociados actualmente ayudan a los residentes a informar sobre la prestación de servicios públicos esenciales durante la pandemia a través de un cuestionario que se envía regularmente por teléfono celular.

  1. Sacar provecho de la tecnología

La tecnología puede ayudar a reducir las posibilidades de que se cometan actos de corrupción. Más allá de la contratación electrónica y los presupuestos digitalizados, mediante el uso de la tecnología para administrar las transferencias condicionadas de efectivo, se pueden hacer llegar fondos vitales a los grupos más vulnerables de manera segura y eficiente durante la crisis actual. En India, un sistema de pago con autenticación biométrica permitió reducir la corrupción  y mejorar significativamente los servicios de los programas de asistencia social del Gobierno.

  1. Accionar las palancas adecuadas en el Gobierno

Las entidades fiscalizadoras superiores son los organismos que, por mandato constitucional, tienen a su cargo la rendición de cuentas de las finanzas públicas. Sin embargo, estas entidades a menudo tienen dificultades en relación con su independencia, sus mandatos y sus recursos. Debemos buscar oportunidades para fortalecer estas instituciones clave.

  1. Instituciones internacionales

El Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y otras instituciones internacionales pueden ayudar.

El director del Departamento de Prácticas Mundiales de Buen Gobierno del Banco Mundial, Ed Olowo-Okere, subrayó: "Es probable que la respuesta a la pandemia aumente los riesgos de corrupción...". Para ayudar a los países a protegerse contra estos riesgos, el Banco elaboró un informe titulado Ensuring Integrity in Governments' Response to COVID-19, Garantizar la integridad en la respuesta de los Gobiernos a la COVID-19.

Por su parte, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, aconsejó a los Gobiernos: "En este momento de crisis, por favor gasten todo lo que sea necesario. Pero gasten con sensatez y guarden los recibos”.

Sin embargo, sabemos que no basta con guardar los recibos. Es importante que el público y los entes encargados de la supervisión tengan acceso a ellos, porque eso es lo que genera la rendición de cuentas necesaria.

Ojo, debemos tener en cuenta que la corrupción también mata.

Bogotá, D. C, 15 de febrero de 2021

Fuente: Banco Mundial.

Investigadores: Warren Krafchik es Director Ejecutivo de International Budget Partnership.   @OpenBudgets.

Leslie Lang Tsai, Directora de Impactó Social de la Chandler Foundation. @ChandlerFdn.

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A unos 300 damnificados entre pensionados y ahorradores no se les permite conocer ni estados financieros ni cuentas claras de su dinero durante la oferta de vinculación y el Proyecto.
  • A unos 300 damnificados entre pensionados y ahorradores no se les permite conocer ni estados financieros ni cuentas claras de su dinero durante la oferta de vinculación y el Proyecto.
  • Les prometieron rentabilidad anual del 12 por ciento y en años no lo han recibido.
  • No es claro por qué Acción Fiduciaria permitió que Entreparques se quedara con 350 derechos fiduciarios por los cuales no pagó.

Las víctimas de una maniobra financiera elevaron una Acción de Grupo ante la justicia para que  determine la responsabilidad de Entreparques Constructora S.A.S. y Acción Fiduciaria en el paradero de más de 12.000 millones de pesos que les depositaron centenares de familias con destino al Four Point by Sheraton, un hotel de más de 120 habitaciones hoy con la marca Marriot, ubicado en los alrededores del parque de la 93 en Bogotá, el cual prometía rentar el 12 por ciento anual vitalicio para cerca de medio millar de pensionados y ahorradores que ahora no saben a quién reclamar por la promesa que luego de varios años no llega.

Uno de los hechos más graves es que no entienden bajo qué fórmula Acción Fiduciaria permitió que la promotora Entreparques Constructora S.A.S. se quedara con 350 de los 1.400 derechos fiduciarios sin haber pagado por ellos y recibiera los excedentes como una supuesta utilidad cuando ese proyecto no tenía por qué generar utilidades ya que no se vendió nada, solo se recogió el dinero de los aportantes de este fideicomiso A Hotels creado el 19 de mayo de 2.009.

“Con folletos elegantes nos prometieron que con cada derecho se rentaba de 800 mil a 1`600.000 pesos mensuales, casi el 10 por ciento anual. El hotel empezó a funcionar hace unos años y la rentabilidad ha sido cero. El año pasado no lo contamos por la pandemia, pero hemos estado afectados”, manifestó María Gabriela Perdomo de Angulo, pensionada, quien, a través del abogado Carlos Páez Martín en represenrtación de los afectados, interpusieron la Acción de Grupo ante un juez del circuito.

Agregaron que buscaron sin éxito hablar con el representante legal de Entreparques, Jaime Felipe Silva, que entregaron su dinero a Acción Fiduciaria “que es la que nos protege y lo que hizo fue pasársela a la Constructora. Somos personas mayores y necesitamos tener inversiones para poder vivir, parte del ahorro nuestro era ese para nuestro sustento mensual”.

El juez del circuito de Bogotá deberá esclarecer el negocio fiduciario que ofreció la fiduciaia y la constructora a pensionados y ahorradores como "democratización de la Inversión", enfocados en inversionistas con bajos montos, sin capacidad de agruparse y según los abogados en volumen terminaron cobrando hasta dos veces el valor del proyecto.

Ahora la fiduciaria y el constructor afrontan una Acción de Grupo multimillonaria a la que este año se podrían unir más de 300 víctimas.  Acción Sociedad Fiduciaria ni en su nombre ni como vocera del Fideicomiso A Hotels contestó la demanda, lo cual según los abogados, para la ley colombiana se prevé como que acepta ciertos los hechos.

Piden que se condene a los demandados al pago de perjuicios causados, “los cuales han sido tasados dado el ocultamiento de información por parte de Acción Fiduciaria S.A., anticipadamente en 12.204`661.518 de pesos”.

“A la fecha ni Acción Fiduciaria ni Entreparques dan razón financiera de lo que realizaron en desarrollo del negocio fiduciario, tampoco sabemos en qué invirtieron los recursos aportados; y, como se trata de un negocio masivo, donde hay cientos de ahorradores que aportaron sumas pequeñas de dinero, mi poderdante, ni los demás ahorradores vinculados al negocio fiduciario, tienen capacidad financiera para mantener este litigio, se solicitó al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos apoyo en los términos del artículo 70 y siguientes de la Ley 472 de 1998”, expresó Páez.

Agregó que “tanto la fiduciaria como la constructora abusaron de su posición dominante y violaron el forma flagrante el Estatuto del Consumidor, el Estatuto del Comsumidor Financiero, además de las disposiciones del Código de Comercio y la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia”.

Páez puso los hechos en conocimiento de la Superintendencia de Sociedades para que investigue una eventual captación masiva de recursos del público por parte de Fiduciaria Acción y Entreparques Constructores S.A.S., así como la falta de razonabilidad financiera en la disminución del patrimonio del Fideicomiso A Hotels.

Páez llamó a los aportantes a unirse, perder el temor de agruparse y exigir sus derechos, ya que “el objetivo de estas estratégias es atraer gente en cocteles, con modelos y vendedores habilidosos que los convencieron, pero a ni a la fiduciaria, ni al promotor, ni a la Superintendencia Financiera de Colombia, parecen preocuparles los ahorradores”.

“La Fiduciaria se ha escudado en la reserva bancaria -que no les cobija a ellos pues solo es para los bancos-, y así evadir los cuestionamientos de quienes tienen derecho a saber la verdad. Su finalidad era justificar más costos y hacer aparentes maniobras fiscales. Lo presentaron como un hotel cinco estrellas que no es, a clientes que no conocían de temas financieros, ni jurídicos, y una rentabilidad que sabían que no podrían cumplir", puntualizó Páez.

Este precedente judicial podría motivar a inversionistas de otros proyectos a unirse y exigir sus derechos, como los del mega proyecto BD BACATÁ, el complejo hotelero más alto de Colombia, otro tema sin definir, en el que el promotor BD PROMOTORES COLOMBIA S.A.S. se encuentra en proceso de reorganización empresarial con un retraso en la entrada en operación del hotel de más de cuatro años.

De otro lado, el pasado 15 de diciembre de 2020 la Superintendencia Financiera, mediante Resoluciòn 1102, impuso una sanción y multa de 500 millones de pesos a Acción Fiduciaria por incumplir sus deberes, al no mantener los bienes objeto de fiducia separados de los que correspondían a otros negocios fiduciarios y no protegerlos.

Bogotá, D. C, 3 de febrero de 2020

 

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Es la realidad que vive el país y las cifras no mienten: además de los fallecimientos diarios por el contagio del coronavirus, cada 41 horas asesinan a un líder político o social y cada 5 días a un exguerrillero de las Farc, ahora partido los Comunes. Todo ello  demuestra que al cierre del mes de enero del 2021, ha sido el más violento desde la firma del fin del conflicto.

Por Luis Fernando García Forero.-Esa es la realidad, las cifras no mienten: además de los fallecimientos diarios por el contagio del coronavirus, cada 41 horas asesinan a un líder político o social y cada 5 días a un exguerrillero de las Farc, ahora partido los Comunes. Todo ello demuestra que al cierre del mes de enero del 2021, ha sido el más violento desde la firma del fin del conflicto.

Así lo revela el Monitoreo de Riesgos y Prevención de Afectaciones a los Derechos Humanos de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuando registró 14 enfrentamientos armados entre estructuras criminales y la Fuerza Pública, 13 eventos de amenazas de muertes a líderes sociales, 6 masacres, 5 asesinatos de excombatientes de las Farc, 14 homicidios de líderes sociales, 3 hostigamientos y 7 enfrentamientos armados entre grupos ilegales.

Revela la JEP que cada cuatro días se reconoce una masacre desde que se inició el 2021 y los señala según la territorialidad: Betania, en el departamento de  Antioquia; Florencia, Caquetá; Cali, Valle del Cauca; Popayán, Cauca; Tarazá, Antioquia; y Buga, Valle del Cauca. También El Catatumbo en Norte de Santander, en la frontera con Venezuela.

En medio de una pandemia que azota fuertemente a la humanidad y de la que Colombia no se escapa por el considerable número de contagios y de fallecimientos, vemos cómo la fuerza bruta de los violentos sigue y quiere seguir ensangrentando el territorio nacional, ante la mirada atónita de las mismas autoridades y del Gobierno Nacional, que destaca con contundencia, y no está lejos de la realidad, que es el narcotráfico, que persiste en generar más violencia.

Ante los hechos no se ve solución. La ausencia de Estado en muchas regiones del país ha sido inferior a la toma de posesión de territorios que dejaron las Farc y que ahora son espacios que han ocupado los narcotraficantes que no piensan dejar de patrocinar los cultivos de coca y laboratorios para seguir con el narcotráfico. A eso se le suma la minería ilegal y los disidentes de las Farc.

Colombia sigue condenada a ese fenómeno y lo peor del caso es que las víctimas siempre son los campesinos y trabajadores rurales vulnerables que están en medio de los enfrentamientos, que lo único que les queda es dejar el campo o estar condenados a las repetidas masacres, que no las perdonan a quienes son colaboradores de la Fuerza Pública.

A pesar de las voces de dirigentes del mundo incluyendo a colombianos como los expresidentes César Gaviria y Juan Manuel Santos para que se revisen, a nivel de organismos multilaterales como la ONU, OEA o la UE, las políticas de la lucha contra el narcotrafico, estas han sido sordas, mientras que Colombia ha puesto y sigue poniendo, de una u otra forma, los muertos.   

Qué decir de las acciones del ELN, grupo subversivo que desde los inicios de la década de los 60 ha estado atacando al Estado, sin que se logre avanzar en diálogos para un fin del conflicto.

El flagelo de la corrupción, no se queda atrás. Colombia es 92 entre países con mayor corrupción según Transparencia Internacional, un tema desesperanzador que frustra el horizonte de una mejor vida para los ciudadanos de bien. Es un exterminio social que conduce a más pobreza e inequidad y subdesarrollo, patrocinado por los ladrones de cuello blanco.  

El panorama del país no es el mejor, cuando además nos preparamos este año para la campaña de elección de un nuevo Congreso en marzo del 2022 y al próximo Presidente de la República en mayo del mismo año.

Como están las cosas en Colombia, no solo por los efectos de la pandemia del coronavirus, sino por el aumento de la violencia,  no hay duda que el futuro es lúgubre y sombrío, peor aún, si continua la polarización que hubiese desaparecido al menos si nos unimos contra el azote del Covid19, pero no, la misma persiste.

Así las cosas, el proceso electoral que se avecina y que prima como fuerza legítima, para el desarrollo de la maltratada democracia, es un camino que está lleno de espinas y esquirlas, que pone en aprietos al Gobierno para garantizar el Estado Social de Derecho consignado en nuestra constitución nacional.

Colombia merece vivir en paz. Ojalá la Democracia nos de la solución.

Bogotá, D. C, 31 de enero de 2021.

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