Reportajes
El entonces congresista y aspirante presidencial fue víctima de un atentado criminal, en Bogotá.
Este martes, 11 de agosto del 2026, se cumplió un año del fallecimiento del senador y aspirante a la Presidencia de la República Miguel Uribe Turbay, integrante del Centro Democrático, cuya muerte produjo numerosas manifestaciones de rechazo a la violencia y solidaridad en el país.
El congresista falleció en Bogotá el 11 de agosto de 2025, después de permanecer durante más de dos meses bajo atención médica por las graves heridas que sufrió en un atentado.
El ataque contra Uribe Turbay ocurrió el 7 de junio de 2025, mientras participaba en un acto político en el occidente de Bogotá. Durante su intervención ante un grupo de ciudadanos, el senador fue atacado con arma de fuego y sufrió graves heridas, por lo que inicialmente fue trasladado a un centro asistencial de la localidad de Fontibón y posteriormente a la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde permaneció hospitalizado hasta su fallecimiento.
La muerte del congresista, quien para ese momento adelantaba su aspiración presidencial con miras a las elecciones de 2026, generó rechazo entre diferentes sectores políticos y sociales y volvió a poner en el centro del debate nacional la necesidad de proteger la vida, garantizar el ejercicio de la actividad política y evitar que la violencia se convierta nuevamente en un instrumento para silenciar las diferencias democráticas.
Miguel Uribe Turbay nació en Bogotá el 28 de enero de 1986. Abogado de profesión, desarrolló buena parte de su trayectoria pública en la capital del país. Fue concejal de Bogotá, llegó a presidir el Concejo Distrital y posteriormente se desempeñó como secretario de Gobierno de la ciudad. En 2019 aspiró a la Alcaldía de Bogotá y años después dio el salto a la política nacional.
En las elecciones legislativas de 2022 fue elegido Senador de la República por el Partido Centro Democrático, colectividad de la que fue cabeza de lista, y obtuvo la mayor votación individual al Senado en esos comicios.
Durante su paso por el Congreso integró la Comisión Tercera Constitucional Permanente y participó activamente en debates legislativos y de control político relacionados, entre otros asuntos, con la reforma tributaria, el Plan Nacional de Desarrollo y temas económicos y presupuestales.
Su historia personal también estuvo marcada desde muy joven por la violencia que ha golpeado a Colombia. Era hijo de la periodista Diana Turbay, quien murió en 1991 después de haber sido secuestrada por el grupo de narcotraficantes conocido como ‘Los Extraditables’.
Miguel Uribe Turbay tenía cinco años cuando perdió a su madre, un episodio que hizo parte de su historia familiar y que posteriormente evocó durante diferentes momentos de su vida pública.
Tras el fallecimiento del congresista y aspirante presidencial, el Congreso de la República rindió diferentes homenajes a su memoria. En junio de 2026, durante una sesión plenaria del Senado, le fue conferida de manera póstuma la Orden del Congreso de Colombia en el Grado de Gran Cruz con Placa de Oro, la máxima distinción otorgada por el Poder Legislativo. La condecoración fue recibida por su esposa, María Claudia Tarazona, como reconocimiento a su trayectoria pública, su compromiso con la democracia y su servicio al país.
Y en el Congreso en pleno en el que Abelardo de la Espriella se posesionó como nuevo mandatario de los colombianos, el Presidente del Congreso, Senador Honorio Henríquez, hizo una mención de su nombre que provocó una cerrada ovación de los presentes en el acto.
Familia y amigos se reunieron en una Eucaristía, en la Catedral Primada de Colombia, para evocar su memoria, ceremonia a la que asistió el Presidente del Congreso, Senador Honorio Henríquez, y varios dirigentes del Partido Centro Democrático.
Un año después de su muerte, el Senado de la República recuerda a quien ocupó una curul en esta corporación y cuya trayectoria transitó desde la política distrital hasta el escenario nacional.
Bogotá, D. C, agosto 11 de 2026
Fuente: Oficina de Información y Prensa de Senado de la República.
Con un 40% de caras nuevas, el Senado de la República inicia una transformación histórica. La nueva legislatura, que se instalará el 20 de julio, estará marcada por la pluralidad, un mayor liderazgo femenino y el ingreso de perfiles diversos provenientes de la veeduría ciudadana y el activismo.
Por: Catalina Silva. - El próximo 20 de julio, el Senado de la República vivirá una jornada de renovación sin precedentes. Tras los resultados de los comicios del pasado 8 de marzo, el recinto abrirá sus puertas a 42 senadores nuevos, quienes asumen el reto de legislar para el periodo 2026-2030 en un Congreso caracterizado por una marcada diversidad y la ausencia de mayorías absolutas.
Pluralidad y equilibrio de fuerzas
La composición del nuevo Senado refleja un escenario político fragmentado que demandará una intensa capacidad de diálogo y concertación. Las 103 curules quedaron distribuidas de la siguiente manera:
▪ Pacto Histórico: 25 curules
▪ Centro Democrático: 17 curules
▪ Partido Liberal Colombiano: 13 curules
▪ Alianza por Colombia: 10 curules
▪ Partido Conservador Colombiano: 10 curules
▪ Partido de la Unión por la Gente (La U): 9 curules
▪ Coalición Cambio Radical – ALMA: 7 curules
▪ ¡Ahora Colombia!: 5 curules
▪ Movimiento Salvación Nacional: 4 curules
▪ Curules especiales indígenas (MAIS y AICO): 2 curules
▪ Estatuto de Oposición: 1 curul
Este mapa político garantiza que ningún bloque tenga el control absoluto, convirtiendo la negociación y los acuerdos programáticos en el eje fundamental para el trámite de las reformas venideras.
Protagonismo femenino y representación regional
Uno de los hitos de esta legislatura es el avance en la participación política de las mujeres, que alcanza cerca del 30 % del total de las curules. En particular, el Pacto Histórico ha sido referente en este aspecto, integrando a 13 senadoras en sus filas mediante la aplicación de listas cremallera, lo que reafirma su compromiso con la paridad.
En términos de distribución geográfica, el Caribe reafirma su peso político al concentrar 35 de los 103 senadores (34 %). Le siguen, con una representación equilibrada, Antioquia y el Eje Cafetero (16), el interior del país (16), la región del Pacífico y Bogotá (12 cada uno), y el departamento de Santander (11).
Voces frescas para una nueva agenda
El ingreso de estos 42 legisladores primerizos no solo responde a una renovación numérica, sino también a un cambio en los perfiles. La ciudadanía verá llegar al Capitolio a activistas, veedores de contratación pública y comunicadores digitales, como Carolina Corcho y Enrique Gómez Martínez, quienes han construido una trayectoria pública basada en la conexión directa con las problemáticas sociales y el escrutinio ciudadano.
Con esta nueva generación de legisladores, el Congreso se prepara para iniciar funciones el 20 de julio, con el propósito de fortalecer la representatividad institucional y responder a las expectativas de un país que ha demandado un relevo generacional y mayores estándares de transparencia en la gestión pública.
Bogotá, D. C, 2 de julio 2026
Fuentes: Registraduría Nacional del Estado Civil y Consejo Nacional Electoral (resultados oficiales consolidados).
Oficina de Información y Prensa Senado de Colombia.
Por Luis Fernando García Forero. - Más de 41 millones de ciudadanos están habilitados para acudir a las urnas este 31 de mayo en una de las elecciones más polarizadas de las últimas décadas. La continuidad o el cambio del rumbo político del país, la estabilidad institucional y la confianza en la democracia estarán en juego en una jornada para la cual la organización electoral ya tiene dispuesto un amplio operativo logístico, de seguridad y vigilancia.
Colombia llegó a la cuenta regresiva final. Este 31 de mayo los ciudadanos elegirán al presidente y vicepresidente de la República para el periodo constitucional 2026-2030, en una jornada electoral que no solo definirá el próximo gobierno, sino que marcará el rumbo político, económico y social de la Nación durante los próximos cuatro años.
La organización electoral tiene listo un robusto dispositivo para garantizar el desarrollo de las elecciones. De acuerdo con la Registraduría Nacional, más de 41 millones de colombianos están habilitados para ejercer su derecho al voto, mientras que fueron instaladas cerca de 122.000 mesas de votación distribuidas en más de 13.700 puestos electorales en todo el territorio nacional y en el exterior. Asimismo, más de 850.000 jurados de votación fueron designados para atender el proceso electoral y asegurar la transparencia de los comicios.
A ello se suma la presencia de testigos electorales acreditados por los diferentes partidos y movimientos políticos, así como el acompañamiento de organismos nacionales e internacionales de observación electoral, encargados de verificar las garantías democráticas durante toda la jornada. Desde el Gobierno Nacional también se anunciaron medidas especiales para garantizar el orden público y la seguridad de los votantes. Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional desplegarán operativos en los principales centros urbanos y zonas estratégicas del país con el propósito de proteger el proceso electoral y asegurar que los ciudadanos puedan acudir libremente a las urnas.
Elección marcada por la polarización
La campaña presidencial llega a su desenlace en medio de una profunda polarización ideológica que divide al electorado entre quienes respaldan la continuidad de las transformaciones impulsadas por el actual gobierno y quienes reclaman un viraje en el modelo político y económico del país.
Las encuestas y los análisis políticos coinciden en señalar como principales protagonistas de la contienda a Iván Cepeda, figura del progresismo y representante de la continuidad de las reformas promovidas desde la izquierda; Paloma Valencia, principal carta del uribismo y de los sectores conservadores; y Abelardo de la Espriella, quien ha capitalizado un discurso de mano dura y confrontación frente al establecimiento político tradicional.
La expectativa se concentra ahora en determinar si alguno de los candidatos logra obtener más del 50 % de los votos válidos para ganar en primera vuelta o si el país deberá acudir a una segunda ronda electoral para definir al sucesor del presidente Gustavo Petro.
La democracia colombiana frente a una nueva prueba
Más allá de los nombres y las campañas, estas elecciones representan una nueva prueba para la institucionalidad democrática colombiana.
En una región donde varios países han enfrentado crisis institucionales, cuestionamientos a los procesos electorales y debilitamiento de los contrapesos democráticos, Colombia continúa consolidando una tradición electoral que ha permitido la alternancia política, el respeto por las reglas constitucionales y la participación ciudadana.
Precisamente por ello, analistas consideran que la elección presidencial de este 31 de mayo será observada con atención dentro y fuera del país. Lo que está en juego no es únicamente la definición del próximo jefe de Estado, sino la capacidad de la democracia colombiana para canalizar las diferencias políticas mediante el voto y no mediante la confrontación.
Fortalecer legitimidad del Estado
La alta participación ciudadana que se espera para esta jornada será determinante para fortalecer la legitimidad del resultado electoral y enviar un mensaje de confianza en las instituciones.
Mientras el país entra en las últimas horas de campaña, Colombia se prepara para escribir un nuevo capítulo de su historia republicana. Las urnas hablarán y será la voluntad popular la que defina el rumbo de una de las democracias más sólidas y resilientes de América Latina.
La suerte está echada
Los siguientes son los candidatos con sus respectivas fórmulas a la vicepresidencia:
El senador Iván Cepeda, una de las figuras más reconocidas de la izquierda colombiana, compite acompañado por la lideresa indígena Aída Quilcué. Cepeda ha construido su carrera política alrededor de la defensa de los derechos humanos, el proceso de paz y la memoria histórica.
Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo. La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, encabeza una de las candidaturas más visibles del sector de derecha. Su fórmula vicepresidencial es el economista Juan Daniel Oviedo, exdirector del Dane y exconcejal de Bogotá.
El abogado penalista Abelardo de la Espriella aspira a la Presidencia acompañado por el economista José Manuel Restrepo, quien fue ministro de Hacienda y también ministro de Comercio en el gobierno de Iván Duque.
El exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín Sergio Fajardo vuelve a aspirar a la Presidencia con una candidatura que busca consolidar el espacio político de centro. Su fórmula vicepresidencial es Edna Bonilla, exsecretaria de Educación de Bogotá y académica con amplia experiencia en políticas educativas.
La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, decidió presentarse a la contienda presidencial con una candidatura que busca consolidarse en el centro político. Como fórmula vicepresidencial eligió al académico y consultor en políticas públicas Leonardo Huerta, quien ha trabajado en temas de gobernanza, desarrollo territorial y gestión pública.
La campaña plantea una agenda enfocada en transparencia institucional, lucha contra la corrupción y fortalecimiento de las instituciones democráticas.
El exministro TIC y excongresista Mauricio Lizcano lo acompaña como fórmula vicepresidencial Luis Carlos Reyes, quien se desempeñó como director de la Dian. Reyes adquirió notoriedad por su papel en la reforma tributaria y por su trabajo en temas de fiscalización y política tributaria.
Miguel Uribe Londoño, acompañado por Luisa Fernanda Villegas como fórmula vicepresidencial. Su campaña se ha enfocado en temas como seguridad, crecimiento económico y fortalecimiento institucional. La presencia de Villegas en la fórmula busca reforzar la proyección política de la candidatura y ampliar su alcance dentro de distintos sectores del electorado.
El exsenador Roy Barreras participa en la contienda presidencial acompañado por la jurista Martha Lucía Zamora. Barreras ha sido una figura influyente en la política colombiana durante más de dos décadas, ocupando cargos en el Congreso y participando activamente en debates legislativos clave. Fue un gran protagonista y colaborador en el proceso de paz del Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos donde se logró la firma del fin del conflicto del estado colombiano con las extintas Farc.
La abogada Sondra Macollins participa en la contienda presidencial con una candidatura que se presenta como alternativa independiente dentro del panorama electoral colombiano. Macollins ha construido su discurso alrededor de la necesidad de renovación institucional, lucha contra la corrupción y reformas al sistema político.
Su fórmula vicepresidencial es Leonardo Karam Helo, empresario y dirigente con experiencia en el sector privado y en iniciativas sociales. La dupla busca proyectar una imagen de cambio frente a los partidos tradicionales y atraer votantes inconformes con el establecimiento político.
Amable lector usted tiene la palabra y la oportunidad de votar eligiendo bien y libremente. ¡Colombia se lo merece!
¡Que viva la democracia!
Mientras el presidente del Senado Lidio García Turbay ‘insiste’ a la bancada del Pacto Histórico no retirarse de la plenaria y votar, de una u otra manera, el proyecto del bono escolar, el Gobierno, a través de un mensaje, ‘insiste’ incluir como primer punto del orden del día el proyecto de jurisdicción agraria.
Por Luis Fernando García Forero. - La palabra “insistencia” se convirtió en protagonista de la agenda legislativa en la plenaria de Senado. Desde distintos frentes políticos, tanto el Gobierno Nacional como sectores del Congreso, han acudido al verbo ‘insistir’ para tratar de destrabar iniciativas que, avanzan en el debate público, pero no en su trámite en el Congreso.
Dos proyectos concentran a la fecha esa tensión política y procedimental: el denominado bono escolar, impulsado por congresistas de la oposición y sectores independientes, entre ellos la senadora Paloma Valencia, quien es autora de la iniciativa entre otros, y el proyecto de jurisdicción agraria, presentada por el Gobierno Nacional que ya está incluida en el orden del día como primer punto, en la próxima sesión plenaria.
En ambos casos, la palabra ‘insistencia’ adquiere dimensiones distintas, pero con un mismo efecto: mantener vivos proyectos que no logran avanzar en el escenario legislativo.
Bono escolar y la insistencia de Senado
El proyecto del bono escolar busca establecer mecanismos para ampliar alternativas educativas mediante subsidios o bonos dirigidos a estudiantes y familias. Sin embargo, la iniciativa no ha logrado superar el punto de discusión y votación, ya en tres plenarias de la corporación.
La razón principal: falta de quorum decisorio. Según lo expuesto durante varias sesiones, la bancada del Pacto Histórico anunció no votarlo porque consideran que “se sigue privatizando la educación”, como lo afirmó la senadora María José Pizarro. En ese sentido insisten en que siempre se retirarán del recinto cuando se abra la votación de dicha iniciativa. Eso ha impedido que se configure el número necesario de congresistas para tomar decisiones, respecto a dicha propuesta.
La situación ha llevado al presidente del Senado, Lidio García Turbay, a ‘insistir’ públicamente en la necesidad que los senadores permanezcan en el recinto y participen de la votación. El llamado se ha repetido por parte de la mesa directiva de la corporación, en al menos tres sesiones plenarias, pero hasta el momento no se concreta su discusión y votación definitiva.
Desde distintos sectores del Congreso se ha advertido que el estancamiento del proyecto del bono escolar refleja las profundas diferencias ideológicas sobre el modelo educativo y sobre el uso de recursos públicos en alternativas distintas a la educación estatal tradicional.
Insistencia gubernamental con jurisdicción agraria
Mientras tanto, el Gobierno Nacional también apeló a la figura constitucional y legal de ‘insistencia’, para acelerar el trámite del proyecto de jurisdicción agraria, es decir, debe estar como prioridad en el orden del día de la plenaria para segundo debate, ya que fue aprobado por las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara, en primera instancia, porque también cuenta con mensaje de urgencia.
El mensaje de insistencia del Gobierno fue acatado por el Congreso, toda vez que ya se inició la discusión y votación en la plenaria de Cámara y en el Senado ya la mesa directiva lo incluyó como primer punto del orden del día en la agenda de discusión y votación de proyectos en segundo debate en la plenaria convocada para el próximo martes 12 de mayo.
Dos ‘insistencias’ en un mismo escenario político
Aunque nacen de intereses distintos, los dos proyectos reflejan el pulso político que actualmente está presente en la agenda legislativa de Senado: de un lado, la oposición insistiendo en que se vote una iniciativa que considera clave para la libertad de la educación, por el otro, el Gobierno reclamando prioridad para una reforma estructural en materia agraria y que forma parte de temas acordados en el fin del conflicto con las extintas Farc.
En ambos casos, la discusión supera el simple trámite legislativo y se convierte en una señal del momento político que vive el Congreso, es decir: debates polarizados, dificultades para consolidar mayorías, así como estrategias que terminan retardando decisiones esperadas por distintos sectores del país.
Así, la ‘insistencia’ dejó de ser únicamente una figura constitucional y legalmente procedimental, para convertirse en el verbo que mejor describe la relación actual entre el Gobierno y el Senado, mientras dos proyectos de alto contenido político continúan atrapados en la agenda de la plenaria de la corporación bajo la mirada y atención de la opinión pública nacional.
Bogotá, D. C, 10 de mayo 2026.
Fuente Oficina de Prensa Senado de Colombia.
Legisladores y víctimas se unieron en el Salón Elíptico para conmemorar el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado.
Por: Catalina Silva. Con el encendido de la llama del recuerdo y un minuto de silencio, el Pleno del Congreso de la República celebró este 9 de abril la sesión especial para conmemorar el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, en cumplimiento de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011).
El acto, cargado de simbolismo, buscó poner en el centro de la agenda nacional a quienes han sufrido las consecuencias directas de la violencia.
El presidente del Congreso, Lidio Arturo García Turbay, dio apertura a la jornada con un mensaje contundente: “Hablar hoy no es un acto protocolario, es un acto moral; porque este día no le pertenece al Estado, le pertenece a quienes han cargado el peso más duro de nuestra historia”, señaló.
El llamado de las regiones: Más que fuerza pública
Durante la sesión, los coordinadores de las Comisiones Accidentales de Seguimiento a la Ley de Víctimas de Senado y Cámara, coincidieron que la reparación integral debe ir más allá de la presencia militar.
Las víctimas enfatizaron la necesidad urgente de: Presencia institucional integral, Proyectos productivos y Cumplimiento de acuerdos.
Por su parte, el senador Antonio Correa, en representación de la Comisión de Paz, destacó el papel de esta célula legislativa en el control político sobre la crisis humanitaria y la seguridad en las regiones rurales.
Uno de los momentos más emotivos fue la proyección del video “Memoria que Une”, que resumió los 19 años de trayectoria de la Comisión de Paz en su tránsito hacia convertirse en Comisión Legal.
Este año el Senado conmemoró esta fecha como una víctima más tras el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, quien fue asesinado en medio de un ataque armado. Durante la sesión su familia y su viuda, María Claudia Tarazona acompañaron este día nacional de las víctimas.
La nostalgia se apoderó del recinto con los testimonios de las víctimas presentes, quienes recordaron los vacíos dejados por la violencia y alzaron su voz por quienes ya no están y por quienes aún están en la búsqueda de la verdad, justicia y reparación.
En un momento de profunda sensibilidad, la senadora Aída Avella (Pacto Histórico), con la voz quebrada, reivindicó su condición de víctima y honró la memoria de sus compañeros de la Unión Patriótica (UP), reviviendo capítulos dolorosos de la historia nacional.
Mensaje de unidad
El cierre de la sesión dejó un mensaje unánime que resonó entre congresistas y ciudadanos: Colombia merece vivir sin miedo. Con esta jornada, el Congreso de la República reafirma su compromiso de legislar no solo para la reparación, sino para la construcción de una paz estable que dignifique la memoria de millones de familias colombianas.
Bogotá D. C, 9 de abril de 2026
Por: Luis Fernando García Forero. - El gerente de la imponente e importante planta de refinación de hidrocarburos en el puerto petrolero, Milton Manuel Lara Torres, destacó la historia de los 104 años de creación de esa infraestructura industrial y petrolera del Magdalena Medio Santandereano y fue vehemente en señalar que la refinería, no solo ha estado a la altura de las necesidades y la seguridad energética de Colombia, sino también agradecidos con la ciudad de Barrancabermeja.
“No solamente es la ciudad con nosotros, sino nosotros con la ciudad. Ese es el significado real de la ‘Refinería de Puertas Abiertas’ que hemos implementado porque hoy la refinería se consolida como la más grande y con más generación de valor en el país”, le dijo Lara Torres a los periodistas a quienes recibió en este complejo arquitectónico industrial en sus 104 años de existencia.
Enfatizó el Gerente que en todo ese tiempo se refleja una “historia que nace pequeña, pero que ha venido creciendo en la medida que el país nos ha necesitado”.
Según las cifras, la refinería tiene capacidad para 250 mil barriles de crudo, 205 mil barriles de gasolina, 95 mil barriles en diésel, 23 mil barriles de GET 1A (combustible para aviones) y 12 mil barriles de asfalto.
El gerente Lara Torres anunció que la refinería tendrá larga vida porque “estamos avanzando y progresando adecuadamente con el proyecto de línea base de calidad de los combustibles, no solo cumpliendo una norma ambiental, sino que con este proyecto se impulsará la región, será una nueva infraestructura transicional de combustibles limpios que beneficiará a la región. Ya lo estamos haciendo de esa manera”.
Dijo que adicionalmente se tiene un programa de reducción de emisiones de CO2 en toda la refinería, dando resultados extraordinarios. “Nuestra fortaleza la estamos concentrando también en la petroquímica. Ese CO2 que normalmente va al ambiente está siendo capturado en un sólido y ese sólido es el plástico petroquímico que estamos produciendo”.
El gerente de la refinería, Milton Lara Torres, no dejó por fuera el río Magdalena, afluente que ha sido testigo toda una vida del desarrollo de esa importante infraestructura industrial de hidrocarburos y corazón del desarrollo económico de Colombia: “Si bien es cierto estamos en una operación donde generamos combustible, también es cierto que nuestro compromiso con el medio ambiente es muy claro: la defensa del ecosistema y de la naturaleza, aún más con nuestro río Magdalena”.
Barrancabermeja, distrito especial, portuario, industrial, turístico y biodiverso; 20 de febrero 2026.
Por Luis Fernando García Forero. - Se trata de establecer un nuevo modelo presupuestal a través de un proyecto de ley que aprobó el Senado para “mejorar el acceso, la calidad y la equidad” en las universidades públicas, a través de más recursos que suplan necesidades antiguas del sistema y abriendo la puerta a un financiamiento acorde a las demandas sociales y el crecimiento de la educación superior en Colombia.
Es verdaderamente una reforma a la educación superior con un nuevo modelo presupuestal cuyos máximos ganadores serán los miles de jóvenes bachilleres que están ávidos de verla sancionada como ley, para lograr sus sueños: ser profesionales.
Si aprueba la iniciativa la Cámara, las universidades, instituciones técnicas profesionales, tecnológicas y universitarias estatales, comenzarán a recibir recursos calculados en función del Índice de Costos de la Educación Superior (IES), con asignaciones adicionales que buscan fortalecer su funcionamiento.
Se destaca que los recursos para las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas, ya no crecerán solo en proporción a la inflación, como lo establecía el modelo anterior, sino que se ajustarán según los costos reales reportados por cada institución. Así, se asegurará una financiación estable, mayores niveles de calidad académica y mejores condiciones laborales y formativas para estudiantes, docentes y administrativos.
Se beneficiarán no solo las 34 universidades estatales, sino que, por primera vez, incluirá de forma estructural a instituciones técnicas y tecnológicas, históricamente sub atendidas por la financiación nacional. Las asignaciones presupuestales se fijarán tomando como base los presupuestos históricos institucionales, ajustados cada año según el Ices calculado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).
Establece el proyecto que en caso de que el incremento anual del Ices sea inferior a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el presupuesto crecerá conforme al IPC para evitar una reducción real de los fondos.
Se destinarían recursos equivalentes al 0,05% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, orientados a fortalecer la base presupuestal de las instituciones profesionales, técnicas y tecnológicas estatales, así como los establecimientos públicos de orden territorial, en el primer año de la ley.
La iniciativa incluye fondos especiales para infraestructura y planes de fortalecimiento de la calidad educativa superior del país.
Lupa a recursos
Se incorporan medidas para fortalecer la transparencia en el uso de los recursos públicos. Las comunidades educativas tendrán la facultad de conformar veedurías ciudadanas encargadas de vigilar el destino y uso de estos fondos, con el respaldo y acompañamiento de la Contraloría General de la República. El presupuesto crecerá según el Ices o el IPC, garantizando fondos estables - crédito Ministerio de Educación
“La aprobación de este proyecto de ley representa un avance importante hacia la promesa de poner a la educación en el centro del desarrollo del país y garantizar el derecho fundamental a la educación superior”, afirmó el ministro de educación Daniel Rojas.
Con la reforma aprobada, el Gobierno Nacional asume el reto de responder a la expansión del sistema de educación superior pública, atendiendo también el mejoramiento de la infraestructura y la actualización del sistema salarial de los docentes, así como la dotación de recursos que permitan planes de bienestar institucional y fortalecimiento administrativo.
Bogotá, D. C, 25 de septiembre de 2025
Por Luis Fernando García Forero. - Al presidente Gustavo Petro le llegó la hora de su último turno como jefe de Estado, para pronunciarse ante la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas en New york, cuando este 24 de septiembre le corresponda dirigirse ante ese organismo multilateral, en medio de una circunstancia adversa para el país: la descertificación de los Estados Unidos a Colombia en la lucha contra el narcotráfico.
Su disertación se centrará en criticar y rechazar la descertificación asumida por el gobierno Trump a Colombia, destacando ante los líderes del mundo que su gestión ha tenido resultados favorables en interdicciones e incautaciones de cocaína. También dará a conocer, con cifras, los resultados de la política antidrogas y la erradicación del uso del glifosato para cultivos ilícitos.
El jefe de Estado, Gustavo Petro, aprovechará esa magna asamblea mundial para buscar unidad ideológica con los presidentes de países latinoamericanos y caribeños de izquierda, con el propósito de neutralizar decisiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que de alguna manera han tensionado las relaciones en el continente, principalmente con el tema de Venezuela.
En el 80º periodo de sesiones de la ONU entre el 23 y 27 de septiembre, el presidente Gustavo Petro estará acompañado por la canciller Yolanda Villavicencio, ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, y otros integrantes de su gabinete, mientras queda con funciones presidenciales el ministro de hacienda Germán Ávila.
El jefe de Estado colombiano también se referirá al consumo del fentanilo y otras sustancias en el territorio estadounidense y Europa. Según fuentes de casa de Nariño, en su alocución será contundente en señalar que es una prueba del crecimiento de ese mercado ilícito, es decir, “la política antidrogas fracasó”, según ha manifestado el presidente Petro en varios foros en Colombia y otros escenarios internacionales.
“La única manera de reducir el mercado de la cocaína en el mundo es que ellos, Estados Unidos y Europeos, dejen de consumir. Antes murieron por sobredosis de cocaína en Estados Unidos 3.000 personas, pero ahora, se pusieron a consumir fentanilo y han muerto 100.000. En estos 50 años han muerto un millón de latinoamericanos y está por morir otro millón de norteamericanos”, ha señalado el presidente en varios foros a nivel nacional e internacional.
El mandatario colombiano también confirmó que aprovechará el escenario multilateral para fijar postura sobre otros asuntos que han marcado la agenda en su gobierno.
En su reciente visita a Bucaramanga el presidente Petro dijo que en Nueva York cuestionará la posición de Estados Unidos frente al conflicto en Gaza y advertirá sobre lo que considera un intento en su contra desde el exterior.
“Una persona norteamericana ha llegado a hacer una reunión con Cabal, Cuenca, Leyva y Uribe para ver cómo se arma un proceso judicial mío en Estados Unidos, yo que ni siquiera voy a ese país, sobre la base de conspiración”, afirmó el presidente Petro, anticipando que llevará el tema ante la ONU.
Se espera que el presidente Petro también defienda la política de paz total, un proyecto que se encuentra en crisis y obstáculos en su aplicación porque las mesas de negociación en la mayoría de los diálogos con los grupos armados están suspendidas. La única excepción es la que mantiene el gobierno con el Clan del Golfo en Qatar, pero es un avance muy lento para lograr los objetivos de paz.
Bogotá, D. C, 19 de septiembre 2025
Días después de que disidentes intentaran quemar vivos a dos militares, el ministro de Defensa viaja hasta la zona a impulsar la sustitución de cultivos ilícitos en la región Amazónica
Por Hubert Ariza. Villa Garzón (Putumayo) Cuándo el avión de la Fuerza Aeroespacial de Colombia, FAC, aterrizó, el pasado viernes 5 de septiembre a las 12.15 de la tarde, en el aeropuerto del municipio de Villa Garzón, en el departamento del Putumayo, el ministro de Defensa, el general retirado Pedro Sánchez, tenía el corazón adolorido por el atentado criminal del que habían sido víctimas, en la vereda Siloé de ese municipio, un oficial y un soldado profesional del Batallón de Infantería No 25, que adelantaban actividades para desmantelar un laboratorio de procesamiento de pasta base de coca.
Los uniformados fueron atacados, en medio de una asonada, rociados con gasolina e incinerados vivos. El Gobierno nacional ofrece 200 millones de pesos de recompensa a quien permita capturar a los responsables.
Bajo un fuerte sopor y una humedad selvática, ante la tropa que lo esperaba, el ministro Sánchez, rodeado de la cúpula militar, envió un mensaje a los grupos armados ilegales que dominan las economías ilícitas asociadas al narcotráfico, instrumentalizan a la población civil, violan los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, y se han convertido en la principal amenaza a la democracia y la vigencia de la Constitución y la ley.
Anunció que la decisión del Gobierno nacional es “neutralizar la amenaza de los grupos armados ilegales que operan en la zona. Para ello vienen cuatro pelotones más, para la Fuerza de Despliegue Rápido que está acá, la número 6, y 10 vehículos blindados para brindar mejor seguridad en las vías. Tendremos mejores sistemas de acción y más capacidades tecnológicas. Vamos a demostrar que sí es posible transformar el territorio”.
El ministro llegó a Villa Garzón con la misión de reunirse con la comunidad de la vereda Santa Teresa, de ese municipio, y junto con la cúpula militar y de policía, la directora del Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos, Gloria Miranda, el Gobernador del Putumayo, John Gabriel Molina, y otros altos funcionarios y dirigentes políticos locales, ratificar el compromiso del Gobierno nacional con 580 familias, que están dispuestas a suscribir un acuerdo para acogerse al programa y erradicar 1.500 hectáreas de hoja de coca.
Tan solo a un kilómetro del sitio de la reunión, donde estaban los líderes comunales de las 19 veredas de Villa Garzón, como la de Siloé, donde quemaron vivos a los dos militares, los cultivos de hoja de coca reverdecen en medio de la selva. Putumayo es el tercer departamento productor de coca de Colombia. En ese encuentro, las caras de los campesinos e indígenas eran de ilusión, a pesar de que cuando llegaron los enormes helicópteros artillados de la Policía Antinarcóticos, al centro del caserío, la turbulencia tumbó el tejado de la casa del líder indígena Ángel Torres, el dueño de la única tienda de la zona.
El subdirector de la Policía, Rosemberg Novoa, y el propio ministro de Defensa se comprometieron con el afectado a reparar lo más pronto posible los daños. Pero Ángel Torres no estaba ni molesto ni preocupado por su casa. Más bien se veía muy emocionado de ver reunidos, por primera vez, en el salón comunal de la vereda, a tanta gente que antes solo veía por televisión, como el ministro de Defensa, la cúpula militar y la directora Miranda. Ellos llegaron, en cumplimiento de las directrices del presidente Gustavo Petro, a hacer compromisos concretos, realizables, para sacar a las poblaciones de la economía de la coca, avanzar en la lucha contra las economías ilícitas y liberarlas del dominio de los ejércitos ilegales que ocupan los territorios.
Cuando el ministro Sánchez tomó la palabra, pidió excusas por los daños ocasionados. En el salón se respiraba optimismo y expectativa. El acuerdo que firmarán el próximo 15 de septiembre lo llevan trabajando desde hace varios meses. Han sido jornadas interminables de negociaciones para cambiar el futuro y concretar nuevas oportunidades. Por eso, una de las asistentes era Paula Ortiz, de la vereda Sinaí, que mantiene con tesón un emprendimiento ecoturístico a la orilla del río. Sus ojos verdes resplandecían con los anuncios de la directora Miranda de recursos para el ecoturismo.
Todos aplaudieron a Wilson Daza, líder de la comunidad de Santa Teresa, cuando dijo con ilusión: “Estamos dispuestos a cambiar de vida. Llevamos negociaciones y más negociaciones. Vamos a salir adelante”. Y después habló la vocera del comité de negociación de esa vereda, María Urbano, de 33 años, contadora pública, quien dijo con fuerza, como para que la escuchara todo el Putumayo: “más cacao, menos coca”, y señaló los puntos esenciales de ese acuerdo, que incluyen proyectos productivos, maquinaria amarilla, salud y educación.
El Gobernador del departamento, a su vez, hizo un largo listado de oferta institucional, y subrayó la oportunidad para que los jóvenes ingresen a la educación superior. “La comunidad debe saber que no están solos en la tarea de erradicar los cultivos ilícitos. No podemos rendirnos, tenemos que estar unidos y salir adelante”, dijo.
Otro campesino que estaba con los ojos llenos de esperanza era Carlos Benavides, de más de sesenta años, quien tiene cinco hectáreas sembradas de chontaduro, una fruta tropical amazónica, en la vereda La Castellana. “Somos los mayores productores de chontaduro, pero necesitamos vías para sacar la fruta y comercializarla. Estamos rodeados de coca, hay que cambiar”, indicó.
Cuando habló Gloria Miranda, sus palabras fueron aplaudidas. “Por orden del presidente Petro vamos a comprar el cacao al 80% del precio internacional. Cuenten con la maquinaria amarilla. Vamos a traer educación y salud”. Con esa maquinaria se espera reparar más de 150 kilómetros de vías terciarias, vitales para el campesinado.
Y añadió: “Esto no es solo el inicio de un proyecto productivo en sí mismo, sino es el inicio de la paz de Villa Garzón, porque la gente acá ya se cansó de la guerra, de vivir con intranquilidad y le quiere apostar a una economía legal, como el cacao”. En el departamento del Putumayo el Gobierno nacional invertirá 160.000 millones de pesos en el programa de sustitución.
Al final, habló de nuevo el ministro de Defensa. “La coca nos ha arrebatado la paz”, dijo, mientras la comunidad lo escuchaba con atención, afuera los niños indígenas jugaban fútbol en un pastal, y los soldados permanecían vigilantes. En la zona opera una disidencia de las Farc, Comandos de Frontera, que en este momento están en un proceso de paz. Es una estructura que pertenece a la Segunda Marquetalia.
Al terminar el evento, el ministro de Defensa, la directora Gloria Miranda y la comitiva se subieron a unas camionetas y se dirigieron a un kilómetro de distancia, a un sembrado de matas de coca. Ante líderes de la comunidad desenterraron varias matas y en su lugar sembraron una de plátano, como símbolo de la liberación de las comunidades del yugo de la coca.
Andrés López, líder campesino, dijo que estaba muy optimista de la reunión y habló de los beneficios de las negociaciones de paz en la zona. “Gracias a esos procesos hoy podemos tener reuniones con las entidades y podemos hablar de turismo y desarrollo social”, agregó.
Al caer la tarde, los helicópteros salieron de Santa Rosa, esta vez sin hacer daños. La comunidad quedó a la espera del próximo encuentro con el Gobierno nacional.
En el avión de la FAC, el ministro se refirió al tema de la posible descertificación de Colombia, por su lucha contra los cultivos ilícitos: “Cuando se fragmenta y se fractura la cooperación internacional y el apoyo entre las naciones, ganan los ilegales y pierden las naciones, pierden sus fuerzas. No hay ningún país en el mundo, creo yo, que luche con tanta contundencia, pero también de una manera integrada el problema del narcotráfico. 1.600 millones de dosis han dejado llegar a los mercados, a los 316 millones de consumidores. Cada día destruimos 17 laboratorios, afectamos a los grupos criminales y transformamos el territorio para que sea sostenible. La erradicación libera a los campesinos. Las instituciones transforman las economías a los legales”.
Bogotá, D. C, 8 de septiembre 8 2025
Tomado de El País.
Otra vez, como en 2002, en la antesala de las elecciones de 2026, contener y derrotar a las disidencias de las FARC y al Clan del Golfo se convierte en el mayor reto del Estado
Por Hubert Ariza*. - Colombia no había dejado de percibir el olor a rosas blancas y gladiolos que quedó del sepelio del senador Miguel Uribe Turbay, supuestamente asesinado por la Segunda Marquetalia que orienta alias Iván Márquez —jefe de una de las disidencias de las extintas FARC— cuando la estructura Jaime Martínez, perteneciente al EMC de alias Iván Mordisco ―otro grupo disidente de los acuerdos de paz de 2017—, hizo estallar, el pasado 21 de agosto, un camión bomba cerca a la Escuela de Aviación Marco Fidel Suárez, en el nororiente de Cali.
Fue un jueves teñido de sangre y dolor para un país bajo fuego permanente del terrorismo. Hoy el país no solo llora a los ocho militares asesinados y más de 40 civiles heridos en Cali, y a los 12 policías muertos que tripulaban un helicóptero derribado con un dron por el Estado Mayor Central en Amalfi (Antioquia), sino que reclama acción contundente del Estado contra esas organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, que extraviaron su ideología revolucionaria y se convirtieron, junto al ELN, en jefes de debate de la extrema derecha para su regreso al poder en 2026.
De la mano tendida, el presidente Gustavo Petro ha pasado al brazo en alto con el puño cerrado en defensa de la democracia. En consecuencia, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central y el Clan del Golfo serán declaradas como organizaciones terroristas. Así lo anunció el mandatario, en un evento de entrega de tierras en Valledupar, luego de conocer los mencionados atentados. “He tomado una decisión: nuestras investigaciones muestran que el mal llamado Clan del Golfo, la Segunda Marquetalia y las disidencias de alias Iván Mordisco (conocidas como EMC) son la junta del narcotráfico y deben ser consideradas organizaciones terroristas perseguibles en cualquier lugar del planeta, incluida Bogotá”, dijo.
Esa declaratoria significa la aceptación tácita de que la paz total fracasó, que esas organizaciones traicionaron al Gobierno en su oferta de negociación y cese al fuego, y que están desafiando al Estado, debilitando la democracia y alentando narrativas de extrema derecha de intervención militar extranjera para resolver nuestros problemas internos. Lo que sigue para el Gobierno es fortalecer la estrategia de recuperación del territorio y eliminación de la amenaza terrorista, con un mayor robustecimiento de la Fuerza Pública y protección de la población civil. Las operaciones en marcha tendrán que recortarle mucho mayor espacio al terrorismo y Venezuela deberá expulsar a los cabecillas de la guerrilla, como lo pidió Petro. “Lo que acontece en Cali es un acto que irradia pánico en la población civil. Es la segunda vez que ocurre en mi Gobierno. Es terrorismo”, agregó el presidente. Para él, esos atentados deben ser calificados como “actos de guerra”, que deben ser investigados como crímenes de lesa humanidad por la Corte Penal Internacional (CPI).
Otra vez, como en 2002, en la antesala de las elecciones de 2026, contener y derrotar a las disidencias de las FARC y al Clan del Golfo se convierte en el mayor reto del Estado. Con la declaratoria como organizaciones terroristas, el primer Gobierno de izquierda en 200 años les da el mismo estatus que les ha dado el Gobierno de Estados Unidos. El desafío a la democracia y la institucionalidad llega, precisamente, cuando la guerra mundial contra el terrorismo se reedita en manos del presidente Trump, quien ha desplegado frente a las costas de Venezuela un gran poder militar en un abierto desafío a Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, a quienes califica como jefes del Cartel de los Soles, es decir, mafiosos dedicados al narcotráfico, pero también a proteger a la delincuencia colombiana que viste el desteñido uniforme revolucionario con las banderas del ELN, las disidencias de las FARC, y otras organizaciones afines. Maduro y Cabello deberían romper cualquier vínculo con Márquez y Mordisco y entregar sus cabezas a Colombia, no a Estados Unidos. Sería una demostración de sensatez y hermandad con la democracia vecina.
Colombia vive en una reedición permanente de su historia. Los atentados terroristas y los magnicidios ratifican que la violencia es su sello, la democracia un bien poco valorado y la paz una utopía. En 2002 las elecciones presidenciales se definieron el 11 de septiembre de 2001, cuando el mundo vio derrumbarse las Torres Gemelas de Nueva York, por la acción suicida de los talibanes y la lucha contra el terrorismo se convirtió en el eje de la estrategia mundial de la derecha. Ahí se disparó la candidatura de Álvaro Uribe, que apenas tenía el 2% en las encuestas, y se fracturó la de Horacio Serpa, favorito hasta entonces, quien apoyaba las negociaciones de paz del Caguán con las FARC, que lideraba el conservador Andrés Pastrana, a quien esa guerrilla había elegido en 1998.
Uribe, en esos años, proponía como hoy lo hace la ultraderechista Vicky Dávila, la intervención militar extranjera para derrotar a las FARC. Una propuesta que rechazó la comunidad internacional. Pensar en que una fuerza de ocupación venga a resolver nuestros problemas es una ofensa a la institucionalidad y una traición a la democracia. Querer que Colombia se convierta en un Vietnam, arrasado por la conflagración y los bombardeos de una potencia exterior, es una enorme torpeza.
Personalmente, hablé en Washington, en enero de 2002, con un alto cargo del entonces subsecretario de Defensa para el hemisferio occidental, en el Pentágono, sobre ese tema. Fui seleccionado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos al programa de invitados internacionales, por mi condición de asesor político de Horacio Serpa. Y lo que más me impactó fue cuando me dijo, en perfecto español, que la clase política colombiana quería que las tropas americanas vinieran a las selvas a enfrentar las guerrillas para resolver el desastre que ellos mismos habían generado. Y me dejó en claro que los Estados Unidos nunca iban a intervenir militarmente en Colombia para enfrentar las guerrillas. Me dijo, además, que el verdadero peligro para la democracia no era la guerrilla, que terminarían en una mesa de negociación, sino los paramilitares que habían cooptado gran parte de la sociedad.
Esas palabras resultaron proféticas. Hoy después del proceso de paz con las FARC, de los intentos por volver trizas lo pactado y de que el Gobierno Petro aplique la más vigorosa reforma agraria en décadas y haya convertido el campo en eje de la política social, los terroristas del ELN, las FARC y el Clan del Golfo, insisten en incendiar a Colombia. Y la ultraderecha reclama la intervención militar norteamericana. El humo de la guerra vuelve a contaminar el ambiente político. El olfato es el más poderoso sentido de los humanos. Y el olor a pólvora evoca los peores años de Colombia, y recuerda que este país es una fábrica de mártires, de señores de la guerra, venganzas, narcotráfico, polarización y conspiraciones. Una fábrica inagotable de víctimas y victimarios, donde los grupos armados ilegales no mueren sino se transforman y multiplican, el Estado resiste, la Constitución se aplica parcialmente en grandes zonas del territorio, la justicia cojea, y a veces llega, para garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición a casi diez millones de víctimas de la violencia, y la lucha por el poder y las elecciones marcan la cotidianidad de la voraz clase política.
Colombia vive en una conspiración permanente. Y la guerra ha sido el determinante de nuestras elecciones durante décadas. Las Farc fueron grandes electores. Movieron la balanza a favor de los militaristas, como Uribe, o de los negociadores como Betancur, Pastrana y Santos. También, sirvieron para elegir a Duque, quien prometió volver trizas lo pactado por Santos. Ahora, nuevamente, Iván Mordisco e Iván Márquez, de las disidencias, y Antonio García del ELN, se convierten en jefes de debate de la extrema derecha. Cada bombazo y cada muerto, civil o militar, se convertirán en fuente de más dolor nacional y votos para la derecha. Un país en guerra es el escenario perfecto de mentes enfermas que piensan en el negocio de la droga y no en el bienestar del pueblo. Un país incendiado es el teatro de operaciones ideal para revivir al fascismo, sediento de poder y venganza. La ultraderecha encuentra en la lucha contra el terror la bandera que veían extraviada. Una campaña marcada por el dolor es hoy el triste panorama de 2026. El presidente Petro tiene en alto la bandera de la soberanía y la defensa del territorio.
Bogotá, D. C, 24 de agosto 2025
Tomado de El País.
