Opinión
Se trata de garantizar que los liderazgos locales, esenciales para la democracia de base, puedan competir en condiciones justas.
Por: Humberto Méndez Rojas*. -En una democracia sólida, la equidad en la competencia electoral no es un lujo, sino un requisito esencial. Sin embargo, los candidatos a las Juntas Administradoras Locales (JAL) aún enfrentan, en Colombia, barreras injustificadas en el acceso a los recursos estatales que garantizan su participación política efectiva. El derecho a la reposición de gastos de campaña —expresamente consagrado en el artículo 21 de la Ley 1475 de 2011— ha venido siendo desconocido de manera sistemática por el Consejo Nacional Electoral (CNE), vulnerando principios constitucionales y normas estatutarias que rigen la financiación política.
Es por ello, que el pasado 25 de abril de 2025, radicamos formalmente ante el CNE[1] una solicitud exigiendo el cumplimiento integral del citado artículo, en favor de los partidos, movimientos y grupos de ciudadanos que inscribieron candidatos a ediles en las elecciones territoriales del 29 de octubre de 2023. La petición busca que se reconozca su derecho a la reposición de gastos por votos válidos obtenidos, se fije el valor correspondiente, y se proceda a su pago con cargo al Fondo Nacional de Financiación Política, administrado por el CNE.
Esta solicitud no es un capricho. Es un acto de exigencia legal basado en el inciso segundo del artículo 8 de la Ley 393 de 1997, como requisito previo para instaurar una eventual acción de cumplimiento, en caso de persistir la renuencia administrativa por parte del CNE.
El marco jurídico es claro: la Ley 1475 de 2011, en su artículo 21, amplió la financiación estatal a todas las corporaciones públicas, incluyendo a las JAL, eliminando la exclusión injusta que antes existía en el artículo 13 de la Ley 130 de 1994. Así lo confirma no solo el texto expreso de la norma, sino los debates legislativos consignados en la Gaceta del Congreso N.º 1135 de 2010[2], en los cuales se reafirmó la voluntad política de incluir a los candidatos a ediles en el régimen de reposición de gastos.
Ignorar este mandato legal equivale a mantener una discriminación histórica, contraria al principio de igualdad en la participación política. Más grave aún, constituye una falta disciplinaria conforme al Código General Disciplinario[3], además de desconocer el derecho fundamental de los ciudadanos a ejercer control sobre la legalidad de la administración pública.
No se trata solo de un tema económico. Se trata de garantizar que los liderazgos locales, esenciales para la democracia de base, puedan competir en condiciones justas, sin quedar relegados frente a quienes sí reciben apoyo estatal en otros niveles de representación.
Exhortamos respetuosamente al Consejo Nacional Electoral a corregir esta omisión histórica y a actuar en cumplimiento estricto de la ley. Pues, en caso contrario, nos veremos precisados a emprender las acciones judiciales correspondientes para que la reposición de gastos de campaña sea una realidad para los candidatos a ediles, como lo ordena el marco constitucional y estatutario vigente.
Cumplir la ley no es una opción: es una obligación.
[1] PQRS CNE-E-DG-2025-007806-25 abril 2025.
[2] Páginas 85 y 86.
[3] Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021.
Bogotá, D. C, 29 de abril 2025
*Abogado especialista en Derecho Público. Magíster (c) en Administración Pública. Consultor y litigante en Derecho Electoral
Paz en la morada de Vargas Llosa, pero no olvido sus agravios, contra el pueblo progresista de América Latina.
Por Giovanni Décola*.- EL BECERRO DE ORO de toda la derecha neoliberal y corrupta del mundo, amigo y moso ideológico de la basura "intelectual" de América Latina encabezada por Alvaro Uribe y toda suerte de sátrapas y vende patrias como Somoza, Pinochet y su compatriota Fujimori a quien quiso derrotar fallidamente por el trono presidencial del Perú.
Después de ser un izquierdista radical, apoyador de la revolución cubana, terminó por codearse con la alta aristocracia Europea, pero para lograr eso, llegó a la indignidad de pagarle a su concubina Isabel Preysler 80.000 euros mensuales para compartir su mansión. También se codeó con las hienas del exilio cubano en Miami, los jefes de la contra nicaragüense y sus amos mayores. Fue una porquería que vivió de la calumnia, la mentira y vomitando odio por doquier, contra todo pensamiento progresista.
En Colombia se acomodó con la derecha más corrupta y sanguinaria y vomitando hiel contra Petro.
Decía amar al pueblo de América y luchar por su progreso y libertad, y a sus espaldas, intrigaba para que EEUU endureciera sanciones contra los pueblos de América Latina cuando su gobernante no le gustaba, teniendo el descaro hasta de pedir el control y embargo de todos los productos para que sus habitantes sufrieran y se revelaran contra sus gobernantes, así padecieran hambre.
De su obra literaria, destaco "El Sueño del Celtic", en el cual denunció los horrores del colonialismo europeo en África y concretamente el Belga en el Congo, donde su población fue víctima de torturas, amputaciones, ejecuciones extrajudiciales y otros vejámenes. Pero fue incapaz a lo largo de su longeva vida, de denunciar el neocolonialismo de los Estados Unidos en las naciones americanas.
Este era el amor de Vargas Llosa, que en su sectarismo, recibe el abrazo de los neoliberales colombianos, quienes prefieren encumbrarlo, por encima de nuestro Premio Nóbel García Márquez.
Paz en la morada de Vargas Llosa, pero no olvido sus agravios, contra el pueblo progresista de América Latina.
Bogotá, D. C, 18 de abril 2025
*Abogado. Especializado en Derechio Administrativo y Electoral.
Se suele acudir a la tutela para todo propósito, aprovechando la inmediatez de su trámite, y “a la suerte”, como en el naipe.
Por José G. Hernández*. - La acción de tutela, uno de los más importantes instrumentos judiciales plasmados en la Constitución de 1991, con miras a la efectiva e inmediata defensa de los derechos fundamentales cuando están vulnerados o amenazados por acción u omisión de autoridades públicas o por particulares, debe ser ejercida con ese exclusivo objeto, no con propósitos políticos o para eludir procesos, decisiones de la justicia ordinaria o trámites administrativos.
Se trata de un medio de protección de carácter extraordinario y urgente, lo que explica el corto término -diez días- que ha sido previsto para su resolución. Debe ser ejercida cuando de verdad se requiera; cuando ello esté justificado por los hechos que dan lugar a una situación real de daño actual o de peligro para los derechos fundamentales, no respecto a otros derechos, que el sistema jurídico preserva mediante acciones diferentes.
La naturaleza excepcional de esta acción -que no está llamada a sustituir los demás procesos judiciales- resulta del mismo texto del artículo 86 de la Carta Política. Se busca “la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados”. Y la demanda de tutela “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.
La jurisprudencia constitucional ha sostenido que la legitimación en la causa por activa es un presupuesto esencial para que proceda la acción de tutela, es decir, debe ser incoada por quien está siendo afectado directamente en un caso concreto, o a su nombre, puesto que el juez debe verificar de manera cierta y precisa quién es el titular del derecho fundamental que está siendo vulnerado.
Por otra parte, según dispone el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela no procede cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto, los cuales no están orientados de manera directa y específica contra los derechos fundamentales de la persona accionante. Tampoco cabe la acción de tutela contra actos administrativos de carácter general o particular, respecto a los cuales están previstas las acciones ordinarias ante la jurisdicción correspondiente.
Sin esas condiciones, la tutela no procede. Tampoco procede contra decisiones o actos generales, que conciernen a muchas personas y que no recaen de manera directa en el actor, ni para fines ostensiblemente indebidos, como la injerencia del juez de tutela en las decisiones de otros jueces, o para suspender procesos judiciales en curso.
Infortunadamente, las aludidas exigencias -que la jurisprudencia constitucional ha venido sosteniendo- se olvidan con frecuencia. Se suele acudir a la tutela para todo propósito, aprovechando la inmediatez de su trámite, y “a la suerte”, como en el naipe. A veces, la jugada resulta y algunos jueces -incluidos altos tribunales- conceden tutelas manifiestamente improcedentes.
Con ello se causa un daño enorme. Cuando se extiende el uso abusivo del amparo judicial, ya porque los requisitos mínimos se incumplen o porque las demandas se convierten en modalidades procesales de fácil acceso, no para la genuina preservación de los derechos, sino para otros fines, la tutela resulta desvirtuada y pierde su razón de ser y su sentido.
Bogotá, D. C, 17 de abril de 2025
*Expresidente de la Corte Constitucional
Preocupa que un gobierno cuyo líder no ha demostrado la mínima entereza democrática logre sumar tres nuevas voces y votos a un tribunal clave para la defensa de la Constitución.
Por Horacio José Serpa Moncada*. - Hoy Petro ya cuenta con un magistrado afín: Vladimir Fernández, su exsecretario jurídico y autor del paquete legislativo del estado de emergencia en La Guajira, declarado inconstitucional en su mayoría por la misma Corte que hoy integra. Un hecho que debería sonrojarnos como país.
Muchas han sido las advertencias sobre amenazas a la democracia desde el inicio del mandato de Gustavo Petro. La oposición, sectores independientes, la academia, la empresa privada y los gremios han alertado, una y otra vez, sobre los riesgos que ponen en peligro el orden institucional, mientras millones de colombianos permanecemos expectantes ante el eventual momento en que el presidente rompa definitivamente el orden constitucional y busque perpetuarse en el poder.
Y razones no faltan para desconfiar del talante democrático del presidente. Ahí están sus ataques sistemáticos a la prensa que lo cuestiona, los señalamientos injuriosos y calumniosos contra líderes de oposición, los constantes ataques a la administración de justicia cada vez que un fallo no le resulta favorable, sus intentos de gobernar mediante estados de emergencia para imponer a la fuerza sus reformas, el uso abusivo del sistema de medios públicos —convertido hoy en un aparato de propaganda que recuerda peligrosamente al modelo nazi— y, por supuesto, la convocatoria, justo en vísperas de la campaña de 2026, de una consulta popular multimillonaria para “refrendar” una iniciativa legislativa ya archivada por el Congreso de la República.
Todo esto, sumado a los escándalos de corrupción y al caos administrativo, resulta menor frente a un riesgo aún más delicado: este año saldrán de la Corte Constitucional tres magistrados —Cristina Pardo, Diana Fajardo y José Fernando Reyes—, lo que le abre al presidente una oportunidad de oro para influir en la conformación del máximo tribunal constitucional del país.
Hoy Petro ya cuenta con un magistrado afín: Vladimir Fernández, su exsecretario jurídico y autor del paquete legislativo del estado de emergencia en La Guajira, declarado inconstitucional en su mayoría por la misma Corte que hoy integra. Un hecho que debería sonrojarnos como país.
Petro tiene la facultad de ternar a quien reemplace a la magistrada Pardo, cuyo periodo termina en mayo. Las otras dos vacantes —la de Fajardo, en junio, y la de Reyes, en septiembre— serán ternadas por la Honorable Corte Suprema de Justicia.
Hasta ahora, la Corte Constitucional ha sido tajante, ha actuado con firmeza y apego a la ley, garantizando la integridad del orden jurídico frente a los excesos del Ejecutivo. Por eso preocupa que un gobierno cuyo líder no ha demostrado la mínima entereza democrática logre sumar tres nuevas voces y votos a un tribunal clave para la defensa de la Constitución.
La elección final será responsabilidad del Senado. Ojalá sus miembros estén a la altura del momento histórico, piensen en el futuro de Colombia y no se dejen seducir por las migajas burocráticas con las que seguramente el gobierno buscará asegurar los votos para sus candidatos.
Bogotá, D. C, 13 de abril 2025
*Administrador de Empresas, especializado en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos con experiencia en el área financiera y relaciones públicas. Exconcejal de Bogotá, exsenador.
Atender lo urgente: la crisis arancelaria, sin desatender lo importante: la certificación antidrogas, y recomponer el diálogo con el Gobierno, aprovechando la actitud asertiva de la canciller.
Por José Félix Lafaurie Rivera*. -Dijo un medio que le dijeron que hubo “momentos de alta tensión” en la reunión con el empresariado convocada por la canciller Laura Sarabia para discutir una hoja de ruta de cara a los retos derivados de la actual guerra arancelaria mundial, reunión a la que asistieron también las ministras de Agricultura, Martha Viviana Carvajalino, y de Comercio encargada, Cielo Rusinque.
Dijo otro medio que le dijeron que la reunión solo buscaba tener un titular de apoyo de los gremios a una estrategia de reacción contra la crisis arancelaria, pero en la CELAC, que es una especie de OEA de la izquierda continental, cuya presidencia pro tempore acaba de asumir el presidente Petro durante el periodo 2025 – 2026. Dice el medio que le dijeron que los gremios fueron utilizados y que no hay interés del Gobierno en mejorar las relaciones con Estados Unidos.
Esa sesión de dimes y diretes a dos importantes medios se produjo terminada la reunión y tras las declaraciones del presidente del Consejo Gremial Nacional, Camilo Sánchez, y de la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana, María Claudia Lacouture, quienes, curiosamente, dijeron todo lo contrario.
En efecto, los dos dirigentes gremiales coincidieron en que la reunión fue productiva, como un primer paso para diseñar una hoja de ruta en busca de soluciones de corto plazo y una estrategia de seguimiento. Se habló de productos que podrían afectarse, como el aguacate Hass, pero también de los no afectados y hasta de oportunidades. Se habló de abrir nuevos mercados sin abandonar una posible negociación con Estados Unidos. Ninguno de los dos mencionó roces, ni respuestas airadas ni momentos de alta tensión.
¿Qué pasó? ¿Acaso los responsables de la filtración estuvieron en una reunión diferente a la que yo mismo asistí? Es sumamente grave la filtración de una mentira con evidente mala intención, que dejó a Camilo Sánchez y a María Claudia Lacouture como los mentirosos o los manipulados por el Gobierno.
Ahora mi percepción: adhiero totalmente a las declaraciones de Camilo y María Claudia. Percibí en la canciller una actitud positiva en busca de soluciones; no me sentí utilizado, aunque sí se manifestaron preocupaciones por eventuales declaraciones del presidente en la reunión de la CELAC en Tegucigalpa, con una presencia muy activa de China. Hubo diferencias, por supuesto, argumentos, contraargumentos y propuestas, pero en un entorno de cordialidad y respeto.
¿Qué nos deja este desapacible episodio? Primero: Quien lo generó quería hacer daño a la credibilidad, no solo de las personas, sino de las entidades que representan.
Segundo: La crisis de los aranceles es global y en ese contexto no nos fue mal, pero es importante evitar confrontaciones y, más bien, acudir a la instancia de la negociación con Estados Unidos, a la que muchos países están apelando.
Tercero: Hay, sin embargo, otros factores “irritantes”, de los cuales también se habló en la reunión, principalmente la migración, el terrorismo y el narcotráfico, que pesarán a la hora de una negociación país por país.
Cuarto: La crisis arancelaria ha desviado la atención sobre un riesgo mayor: La descertificación en la lucha antidrogas, con graves consecuencias en el flujo de ingresos para erradicación, lucha contra el narcoterrorismo y todo tipo de cooperación, a lo cual no ayuda el crecimiento esbordado de los cultivos, ni las contradicciones en el Gobierno entre glifosato otra vez y glifosato nunca.
Mi recomendación: Atender lo urgente: la crisis arancelaria, sin desatender lo importante: la certificación antidrogas, y recomponer el diálogo con el Gobierno, aprovechando la actitud asertiva de la canciller.
Y a quienes quisieron hacer daño: No es hora de mezquindades, sino de altura.
Bogotá, D. C, 13 de abril de 2025
*Presidente FEDEGAN
@jflafaurie
La figura del transfuguismo pasará en el congreso hasta el punto del desespero por lograrlo que gobierno y oposición se unieron para sacar adelante la iniciativa.
Por Carlos Ibáñez Muñoz*. - Figura apetecida por los políticos de hoy pertenecientes a distintos partidos políticos quiénes a través de esta figura convertida en norma jurídica, que actualmente se tramita en el congreso, pueden trastearse a otro partido.
En primer lugar, debo señalar que el transfuguismo en la actualidad, sin que exista norma que lo permita, Ya se está haciendo desde las bases o militancia de los partidos; es asombroso observar como en cada certamen electoral como si fuese una registradora de un supermercado entran y salen militantes del respectivo partido a engrosar otros. Es más, con la mirada complaciente de los dirigentes de los partidos entregan avales a diestra y siniestra a quien lo desee o los “pague”, así tradicionalmente provengan de otras colectividades políticas.
Eso tiene una explicación: Las ideologías partidistas las enterró el frente nacional cuando liberales (cachiporros) y conservadores (godos) quienes tenían sus principios e ideologías propias terminaron amancebados ejerciendo el poder político, eligiendo presidente de la república de manera alterna cada 4 años. Hasta ahí llegó la ideología y hoy LA MEZCOLANZA predomina en el ejercicio político tanto de la dirigencia como de sus bases que solo se mueven por intereses personales.
Otra de las razones , es que los partidos políticos no practican la democracia al interior de los mismos y se apartaron de sus ideologías primigenias y quienes son fieles a sus postulados observan atónitos como se asumen posiciones en el congreso contrarias a sus principios filosóficos avaladas por sus directores que se convirtieron en DESPOTAS Y AUTÓCRATAS seguidos por un pequeño rebaño de obsecuentes y serviles dirigentes regionales quienes excluyen a los demás y exclusivamente reciben las prebendas del ejercicio político que les prodiga ser parte de la CAMARILLA .
Esa circunstancia produjo malestar en los parlamentarios que ven en el TRANSFUGUISMO una válvula de escape a la imposición y preferencias de quienes regentan los partidos.
Todo ello para concluir que la figura del transfuguismo pasará en el congreso hasta el punto del desespero por lograrlo que gobierno y oposición se unieron para sacar adelante la iniciativa.
Bucaramanga, 11 de abril 2025
*Doctor en Derecho y Ciencias Políticas, especialista en derecho Constitucional y Laboral. Exalcalde de Bucaramanga.
Empresas comercializadoras están a punto de un apagón financiero, debido al impago de los subsidios, a la deuda de la Opción tarifaria y la cartera oficial en mora, que sumados superan los $7 billones.
Por Amylkar D. Acosta M*. - Varios han sido los anuncios y los intentos fallidos del Gobierno para bajar o por lo menos detener la espiral alcista de los precios en Bolsa y las tarifas de energía que agobian a los usuarios finales de este servicio. Finalizando el año anterior la CREG expidió la Resolución 101 066 de 2024 fechada el 18 de noviembre, estableciendo dos precios de escasez del cargo por confiabilidad. Ello, con el fementido propósito de bajar las tarifas de energía.
El ex ministro Andrés Camacho prometió y se comprometió con que esta medida tendría “efecto inmediato en las tarifas de energía de los colombianos”, cuando la realidad era y es que es opcional para las empresas acogerse a la misma y sólo se torna obligatoria hacia el año 2027 - 2028. No obstante, alegando que “ante la falta de voluntad de las empresas generadoras de energía de aceptarla expediré por decreto, el porcentaje máximo de venta de energía en bolsa, solo a un 5 por ciento del total de la generación”, manifestó el Presidente Petro.
Según manifestó “el Decreto se expide, van a demandarlo y vuelve al Consejo de Estado. He pedido que sea resolución y decreto al mismo tiempo y la resolución debe ser rápida en la CREG”. Seguramente dicho Decreto será objeto de demandas por transgredir la norma legal, toda vez que él no está investido de la facultad para regular las tarifas de la energía, esa es una facultad exclusiva de la CREG. Lo dice la Ley 142 de 1994 de servicios públicos y lo ha reiterado la Corte Constitucional y fue la razón que llevó al Consejo de Estado a tumbar el Decreto 227 del 16 de febrero de 2023 a través del cual intentó “reasumirlas”.
Lo que se propone el Gobierno es establecer por Decreto un máximo de exposición en Bolsa por parte de generadores y comercializadores en Bolsa del 5%. Ello, en teoría, es bueno pues garantizaría precios más razonables y estables.
Pero, en la práctica qué pasa? Del lado del generador, si llega a presentarse un fenómeno de El Niño y no dispone de energía hídrica, de bajo costo, debido a que la hidrología crítica lo impide, para honrar su compromiso contractual, se ve precisado a comprar energía térmica, mucho más costosa y venderla al más bajo precio contratado, comprometiendo su estabilidad financiera, lo que contraviene el principio de la suficiencia financiera contemplado en la Ley de servicios públicos.
Si lo miramos desde el lado del comercializador, este al firmar un contrato de largo plazo debe constituir unas garantías, para lo cual debe contar con el músculo financiero necesario y suficiente. Y es bien sabido que las empresas comercializadoras están a punto de un apagón financiero, debido al impago de los subsidios, a la deuda de la Opción tarifaria y la cartera oficial en mora, que sumados superan los $7 billones.
Finalmente, es de advertir que con medidas como esta no se está atacando la causa de las altas tarifas sino sus consecuencias. La fiebre no está en las sábanas. Lo que viene presionando al alza tanto de los precios en Bolsa como de las tarifas de energía es el alto grado de stress al cual está sometido el Sistema SIN debido a la estrechez de la Oferta de energía, a consecuencia del atraso y el freno de la ejecución de los proyectos de expansión tanto de generación como de transmisión.
Santa Marta, abril 12 de 2025
*Economista. Expresidente del Congreso y exministro de minas y energía.
www.amylkaracosta.net
Lo componen 3 personas que tenían más de USD 200 millardos.
Por Mauricio Cabrera Galvis*. - La revista Forbes acaba de publicar su lista anual del club de “billonarios”, que son aquellas personas que tienen un fortuna superior a mil millones de dólares (un billón en la terminología gringa, o un millardo para nosotros), y tiene información muy interesante sobre los superricos del mundo.
Con los precios de las acciones registrados el pasado mes de marzo, 3.023 personas clasificaron para este exclusivo club , y su riqueza total alcanzó el valor récord de USD 16.100 millardos, con un crecimiento de 14% respecto del año anterior. Para dimensionar qué significa esta cifra con tantos ceros, puede decirse que equivale a 50 veces el PIB de Colombia, y todo en manos de solo 3.000 personas, que tienen más riqueza que el 60% de la población mundial.
Por Colombia, 6 personas clasificaron para el club: Jaime Gilinski (Nutresa) y David Vélez (Banco NU) empatados en el puesto 236 con USD 10.7 millardos cada uno. Los sigue en el puesto 369 Luis Carlos Sarmiento con U$ 8. millardos, y más lejos la viuda y los dos hijos de Julio Mario Santodomingo, con fortunas de USD 4.4, 3.3 y 1.8 millardos respectivamente.
El top del ranking del club lo componen 3 personas que tenían más de USD 200 millardos. Son los propietarios de 3 empresas tecnológicas cuyas acciones se han valorizado enormemente después de la elección de Trump: Elon Musk de Tesla (342 millardos), Mark Zuckerberg de Facebook (216 millardos) y Jeff Bezos de Amazon (215 millardos). De nuevo para comparar, la riqueza de Musk era similar al PIB de Colombia.
A estos 3 personajes se les reconoce que empezaron desde cero sus empresas, y por lo tanto sus fortunas. Pero esta no es la regla general. Según la información del banco UBS, de 137 personas que ingresaron al club el último año, y cuya riqueza es de USD 229 millardos, 53 recibieron herencias por valor de USD 151 millardos. Se destruye el mito de la meritocracia y el esfuerzo personal para amasar fortunas.
En esta misma dirección, según los datos de la ONG OXFAM, el 60% de las mayores fortunas del mundo provienen de herencias (36%), de monopolios (18%), o de conexiones políticas y corrupción (6%). La frase de Balzac “detrás de cada gran fortuna hay un delito” es una generalización exagerada, pero algo tiene de cierto.
El impacto de las conexiones políticas para el crecimiento de la riqueza de unos cuantos es mucho mayor del estimado de OXFAM. La fortuna de Donald Trump, por ejemplo, creció 121% en el último año, pasando de USD 2.3 a 5.1 millardos. La de Elon Musk creció 149% llegando a un máximo de USD 486. millardos en diciembre pasado. Pero, con el colapso de los precios de las acciones en Wall Street provocado por la subida de aranceles de Trump, su riqueza ha caído a menos de USD 300 millardos. Lo que sube como palma cae como coco.
Cali 6 de abril de 2025
*Filósofo y Economista. Consultor.
Tras su apariencia pacífica esconden organizaciones uniformadas, entrenadas, ideologizadas y, de hecho, responsables de bloqueos, invasiones, violencia urbana y secuestro de miembros de la Fuerza Pública.
Por José Félix Lafaurie Rivera*. - Como si fueran poco para el país la violencia desatada por el ELN en el Catatumbo y la de todos los grupos armados ilegales que siguen dorándole la píldora al Gobierno con su falso compromiso con la paz, mientras persisten en la guerra entre ellos y contra el país, un nuevo factor de violencia coge cada día más fuerza, con el apoyo del Gobierno, no reconocido, pero evidente: las guardias campesinas e indígenas.
El país está agobiado por la violencia. El secuestro regresó para quedarse. El viernes pasado visité al ganadero Cristian Serrano, secuestrado por el ELN en Río de Oro, Cesar, en noviembre de 2024 y canjeado miserablemente en marzo por su hermana Clara, “retenida” por la fuerza. Antier nomás, cinco ganaderos también fueron “retenidos” en Casanare, investigados y procesados “acorde a la normatividad del ELN”, por tener presuntos tratos con las disidencias de las FARC.
La extorsión, ese impuesto oculto que aterroriza y enmudece a sus víctimas, hoy afecta por parejo a productores rurales y emprendedores urbanos, en tanto que el abigeato es pan de cada día y, de un tiempo para acá, la invasión de fincas amenaza a los ganaderos, hoy unidos en las Brigadas Solidarias y los Frentes Solidarios de Seguridad creados por FEDEGÁN, cuyo apoyo presencial a los afectados y su colaboración con las autoridades ha evitado invasiones o logrado el desalojo pacífico.
Tres factores se repiten en las últimas invasiones en diferentes lugares, pero especialmente en el Cesar: Primero: el respaldo de algunas ONG que reúnen a comunidades rurales bajo la bandera de la “recuperación de la tierra”, como el llamado “Coordinador Nacional Agrario”, CNA, con sede en Bogotá, que propagó la falsa acusación de agresión por parte de la Brigada Solidaria Ganadera que hizo presencia pacífica en una invasión en Codazzi a finales de marzo, cuando los invasores desarrollaban, según el CNA, “un ejercicio colectivo y democrático de recuperación de tierra”.
Segundo: la presencia de agitadores profesionales enviados para difundir consignas comunistas (lucha de clases, anticapitalismo, la tierra para el que la trabaja, etc.), con el fin de exacerbar el odio contra los propietarios legítimos y, por esa vía, inducir las invasiones.
Tercero: las Guardias Campesinas que, al igual que las indígenas, tras su apariencia pacífica esconden organizaciones uniformadas, entrenadas, ideologizadas y, de hecho, responsables de bloqueos, invasiones, violencia urbana y secuestro de miembros de la Fuerza Pública.
En este país de normas, el Acto Legislativo 01 de 2023 le añadió un retazo más a la colcha de nuestra Constitución, al reconocer al campesinado como sujeto de especial protección, que ya lo era con suficiencia en el artículo 64 original, como también los indígenas, a quienes la Carta del 91 los llenó de garantías para el uso y el abuso.
Los indígenas, apenas el 4,4% de la población (censo 2018), son los mayores propietarios de tierra (39 millones de hectáreas), pero la “recuperación” basada en “derechos ancestrales” sigue siendo su bandera y la ampliación de sus resguardos la principal demanda de los que cometieron desmanes y hoy enfrentan al Gobierno en Bogotá.
Tienen, además, justicia especial y el último regalo les llegó con el gobierno Duque, que abrió la llave de la contratación directa con sus organizaciones, por donde se han escurrido más de ¡537 mil millones de pesos! durante el gobierno Petro, para comprar apoyo callejero a sus reformas cuando y donde se necesite, y para generar ese ambiente de inestabilidad y “estallido” permanente, con el que ya ganó y espera ganar en 2026 para seguir gobernado en cuerpo ajeno.
Indígenas y campesinos… ¿acaso un nuevo poder para sostener la revolución petrista.
Bogotá, D. C, 6 de abril de 2025
*Presidente de FEDEGAN
@jflafaurie
Las encuestas muestran que la derecha tiene opciones, pero aún no tiene la suficiente fuerza para amenazar con un candidato sólido las posibilidades de que Petro reelija su proyecto político.
Por Hubert Ariza*. - Con la llegada de la exministra uribista Alicia Arango como jefe de debate de la campaña presidencial de 2026 de la periodista Victoria Eugenia Dávila Hoyos, más conocida como Vicky Dávila, la derecha radical comienza a alinearse alrededor de una propuesta que busca ser un híbrido entre Milei, Bukele y Trump, tratando de colombianizar las doctrinas que han hecho de Argentina, El Salvador y Estados Unidos tierra de motosierras, megacárceles y aranceles.
Arango es una reconocida dirigente que inició su carrera política al lado del alcalde Enrique Peñalosa y, luego, ascendió a secretaria privada del presidente Álvaro Uribe en su primer mandato. De ahí pasó a la Embajada ante las Naciones Unidas, en Ginebra (Suiza). A pesar de la férrea oposición de Uribe a Juan Manuel Santos, este le garantizó su permanencia en Ginebra, durante su primer mandato. Su carrera política se consolidó cuando actuó como jefe de debate de Iván Duque, entonces senador del Centro Democrático, a quien llevó a la Presidencia de la República. En el Gobierno del Pacto por Colombia, pacto por la equidad, fue primero ministra de Trabajo y, unos meses después, del Interior.
Después de un largo retiro, Alicia Arango ha regresado a la arena políticapara impulsar la candidatura de Vicky Dávila, quien convirtió a la revista Semana en vocera de la extrema derecha, en una especie de Fox colombiana. Allí se posicionó como una radical opositora del presidente Petro, en sincronía con la Fiscalía de Francisco Barbosa, quien la hizo depositaria de exclusivas judiciales tendientes a menoscabar la credibilidad y estabilidad del Gobierno de Petro.
Vicky ha sufrido en los últimos meses una mutación política considerable, mostrando una enorme capacidad de acomodarse al cambiante escenario electoral. Después de meses de negar que saltaría a la arena política se lanzó e inicialmente pretendió jugar como una outsider, copiando con estridencia el estilo de Milei, aunque sin los títulos académicos, la locura mediática, ni el magnetismo internacional del argentino en los círculos de poder de la derecha. Para ello, presentó con gran orgullo a su equipo económico integrado por libertarios adoctrinados por el jefe de la Casa Rosada. Pero ante el escándalo de las criptomonedas, que afectó la credibilidad de Milei, la candidata dio un giro hacia el Ubérrimo y ha incorporado a Alicia Arango y al duquismo a su estrategia electoral.
Este suceso se da cuando el Centro Democrático, el partido de Uribe, vive una consulta interna para escoger un candidato único que llegue al tarjetón en 2026, y el expresidente atraviesa tierra árida y llena de espinas con una enorme cruz a cuestas, en el juicio que se le sigue por soborno y manipulación de testigos. Cada capítulo de ese proceso, único en la historia política de Colombia, se transmite por redes sociales y en el mismo han desfilado toda clase de personajes del bajo mundo judicial, que como testigos a favor o en contra del exmandatario, muestran el hedor de la política y, al mismo tiempo, el valor de una jueza decidida a hacer justicia.
Pero Uribe, un viejo chalán y domador de caballos de paso fino, confía en la estrategia de sus abogados, pesos pesados del derecho penal y sabedores de todos los laberintos por donde sacar a su cliente sin mayores rasguños. A pesar de las audacias, y más allá de las cábalas sobre si lo condenan o no, Uribe tiene los ojos puestos en 2026 y su obsesión es poner en la Presidencia, como en 2010 o 2018, a uno de los suyos. Esta vez, como en las otras, juega con varios caballos. Mientras sus alfiles del Centro Democrático hacen calistenia electoral en una consulta interna, Alicia Arango se empodera con Vicky, y la fila de quienes desde el centro político buscan pescar en el río de la derecha no deja de crecer.
La derecha radical lleva tres años tratando de encontrar una narrativa que le permita regresar al poder luego del desierto que han significado los tres años del mandato de Petro, quien ha impuesto la agenda y mantenido la iniciativa en busca de la reelección de su proyecto en 2026.
Las encuestas muestran que la derecha tiene opciones, pero aún no tiene la suficiente fuerza para amenazar con un candidato sólido las posibilidades de que Petro reelija su proyecto político. Vicky empezó con ímpetu en los sondeos, pero ha ido descendiendo con el paso de los días. Ya no es novedad. Y no ha propuesto nada. Su discurso tiene como eje el odio a Petro, la evocación a Milei y los ídolos de la extrema derecha y el desprecio por la agenda de la izquierda.
El presidente ha mantenido la iniciativa política y obligado a la derecha a ser reactiva a sus estrategias, sin ninguna iniciativa. La propuesta de la consulta popular, para aprobar las reformas sociales bloqueadas por el Congreso, ha servido para movilizar las bases de la izquierda democrática y conformar grupos de impulsores en las regiones. Pero esa idea no es hoy un tsunami político que movilice a la opinión pública, como no lo ha sido ninguna similar en Gobiernos recientes. Los mecanismos de participación ciudadana siguen siendo un poema democrático que no se traduce en normas constitucionales que transformen la vida de la nación. Bastante imaginación y trabajo en equipo se necesita para hacer el milagro.
La transmisión de los consejos de ministros se ha convertido en un escenario de pedagogía política, económica y social para impulsar la agenda oficial e incentivar la organización territorial de las bases petristas. Pero sobre todo, en un enorme reto para la derecha, que ha acelerado su decisión de rodear a Vicky, como lo hicieron con Duque hace ocho años, o hace cuatro años con Fico Gutiérrez, primero, y con Rodolfo Hernández, después, demostrando un enorme vacío de liderazgo. Ambos candidatos fueron aplastados por la ola del cambio.
El pragmatismo de Uribe lo tiene con un pie en los juzgados y la cabeza en la plaza pública, apostándole a los caballos que galopan en las encuestas por la tierra derecha. El pragmatismo de Petro lo tiene volando en los aviones suecos, fidelizando a su electorado, radicalizado en su programa de reformas y decidido a pasar una consulta que amplifique el poder de la Constitución de 1991 y proyecte al petrismo hacia el poder en 2026. La sociedad sigue polarizada, sin mayor espacio para el centro. Aún es temprano para saber qué candidato hará la V de la victoria en 2026. Las encuestas muestran que, por ahora, ninguno genera pasión y solo hay ilusiones en el corazón de un largo listado de candidatos.
Bogotá, 24 de marzo 2025
*Periodista, internacionalista y analista político.
Tomado de El País.
