Opinión

¿Con cuál ELN está negociando el Gobierno, con el que se sienta a la Mesa a hablar de paz, o con el que persiste en la guerra en los territorios?

Por: José Félix Lafaurie Rivera*.-El Chocó, que debería ser un emporio de turismo ecológico internacional, es una esquina de convergencia de todas las ilegalidades, desde la minería ilegal, el narcotráfico y el lavado de activos, hasta el tráfico de migrantes, en medio de la corrupción galopante de su clase dirigente, si es que la hay.

El departamento ocupa el primer lugar en explotación de oro en aluvión con 37.841 hectáreas, lo cual no sería negativo, de no ser porque 33.938 de ellas, ¡el 90%!, son explotaciones ilícitas en zonas de Reserva Forestal.

Según la UNODC (2023), Chocó pasó de tener pocos cultivos de coca a convertirse en “zona de expansión” (entre 5.000 y 20.000 ha). Adicionalmente, su línea costera es ruta diaria de grupos narcotraficantes, todo lo cual configura un entorno de ilegalidad que explica las luchas por el control territorial, principalmente entre las Autodefensas Gaitanistas y el ELN.

Hay más primeros lugares: Colombia es el país más lluvioso del mundo y su región más lluviosa es… Chocó, por lo que es el más perjudicado por la ola invernal, con inundaciones en 22 de sus 31 municipios y 33 mil familias afectadas, 72% de la afectación del país, en un departamento que también encabeza la lista de pobreza monetaria, con el 67,7% de su población en esa condición.

En ese duro contexto, con la tinta aún fresca del comunicado expedido en Caracas para tratar de encontrarle salidas a un proceso suspendido por cuenta del atentado terrorista contra una base militar en Arauca, que costó la vida a tres soldados y dejó gravemente heridos a 27, el ELN decreta un paro armado en la zona más vulnerable del Chocó en donde confluyen tres grandes ríos, dejando confinadas bajo amenaza a más de 45.000 personas.

Por eso el paro armado no solo es un “acto de perfidia”, sino una infamia que el ELN, cínicamente, pretende legitimar con un “corredor humanitario”, como una suerte de graciosa concesión a la violencia inmisericorde. ¿Qué hay detrás de lo que es la antítesis de una manifestación INEQUÍVOCA de voluntad de paz?

Del VI Congreso del ELN (junio 2024) se esperaban lineamientos de compromiso con los diálogos, pero no se conoce el documento final, sino apenas un comunicado con más de lo mismo: proclamas antiimperialistas, una reafirmación gaseosa de “su voluntad de paz y su compromiso para cumplir lo acordado en la Mesa de diálogos con el Gobierno”, que se contradice abiertamente con su violencia indiscriminada en los territorios.

No faltaron las alusiones camufladas legitimando la lucha armada, como la solidaridad con “los luchadores revolucionarios del mundo” y la “reafirmación que sólo (sic) la lucha y movilización creciente de las masas” logrará la transformación de Colombia, ¿hacia qué?, ¿hacia dónde?; ¿acaso hacia una sociedad poscapitalista, es decir, socialista, como expresaron en el primer punto de su declaración de principios de Caracas para la reanudación de los diálogos?

El país conoció el documento final del V Congreso del ELN de 2016. ¿Cuándo conoceremos el del VI Congreso de 2024? ¿Acaso la unidad de mando no es tan monolítica como lo proclama el comunicado? ¿Con cuál ELN está negociando el Gobierno, con el que se sienta a la Mesa a hablar de paz, o con el que persiste en la guerra en los territorios? ¿Acaso hay una agenda oculta orientada a seguir “dorándole la píldora” al Gobierno y al país, para lograr “sus transformaciones” en la Mesa, pero bajo la presión extorsiva de las armas en los territorios?

A las Farc les funcionó esa especie de “paz a las malas”, que no es la paz que Colombia anhela y merece.

Bogotá, D. C, 17 de noviembre de 2024

*Presidente FEDEGAN

Si esa financiación se recibió y la adquisición se hizo sin el conocimiento del presidente de la República de la época, es aún más grave.

Por José G. Hernández*. -La Constitución, uno de cuyos fundamentos reside en el respeto a la dignidad de la persona humana, garantiza derechos fundamentales cuya efectiva vigencia no depende ni puede depender de la mayor o menor capacidad tecnológica de los instrumentos que faciliten su violación, ni de la mayor o menor capacidad financiera de los interesados en vulnerarlos, sean ellos nacionales o extranjeros.

Según el artículo 15 de la Carta Política, es fundamental el derecho de toda persona a su intimidad y la de su familia. En consecuencia, su correspondencia y comunicaciones son inviolables y no pueden ser invadidas, interceptadas o examinadas por nadie, salvo por la administración de justicia, previa orden judicial específica y determinada, y no según designios caprichosos sino por los motivos y en los casos legalmente previstos y siguiendo los trámites y formalidades que la legislación vigente haya contemplado.

Dice la norma: “Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar”. Y, en concreto, sobre la preservación de la reserva de cada uno sobre sus comunicaciones, estipula: “La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Sólo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley”.

Como ha sostenido la Corte Constitucional, “toda persona dispone, por su misma naturaleza, de una esfera íntima dentro de la cual puede refugiarse, impidiendo que los demás tengan acceso a ella pues corresponde de manera exclusiva e inalienable a su individualidad. El derecho a ese ámbito propio es uno de los fundamentales en cuanto inherente a la persona humana y goza de expresa protección constitucional”.

En su criterio, “el secreto de las comunicaciones, garantizado por el precepto constitucional en cita, es considerado por la doctrina como un derecho individual resultado del status libertatis de la persona (…). La inviolabilidad de la correspondencia es apreciada en cuanto preserva el derecho de la persona al dominio de sus propios asuntos e intereses, aún los intranscendentes, libre de la injerencia de los demás miembros de la colectividad y, especialmente, de quienes ejercen el poder público”.  (Sentencia T-349 de 1993).

Añade la jurisprudencia: “La interceptación ilegal de comunicaciones es entonces una práctica contraria a los principios democráticos que protegen a los individuos de la arbitrariedad de los agentes estatales. Por ello, la interceptación de comunicaciones, sólo puede ser realizada bajo las condiciones y procedimientos expresamente señalados en la Carta y en la ley, como garantía de los derechos fundamentales, en especial del derecho a la intimidad”. (Sentencia C-594 de 2014).

Se ha establecido que el instrumento tecnológico denominado “Pegasus” sí fue adquirido por el Estado colombiano y utilizado para interceptar comunicaciones de personas e instituciones, sin orden judicial, que, si hubiera existido, ya se sabría.

La inconstitucionalidad e ilegalidad de tales interceptaciones no desaparecen, como algunos piensan, porque la financiación del aparato en mención haya provenido de los Estados Unidos. Y, si esa financiación se recibió y la adquisición se hizo sin el conocimiento del presidente de la República de la época, es aún más grave.

¿Quién tiene hoy ese aparato?

Bogotá, D. C, 13 de noviembre de 2024

*Expresidente de la Corte Constitucional

¿Por qué, aún con estas cifras, se puede decir que no fue un triunfo arrollador? Porque Trump consiguió en esta ocasión un poco menos de votos que los 74.2 millones obtenidos en 2020.

Por Mauricio Cabrera Galvis*. -La pregunta puede parecer inútil ante la amplia victoria de Trump, quien no solo ganó el la presidencia sino que, por primera vez en este siglo, logró que el partido republicano le ganara a los demócratas el voto popular. Sin embargo, el análisis detallado de las cifras electorales, si permite concluir que más que un triunfo arrollador de Trump, lo que sucedió fue una gran derrota de Kamala y el partido demócrata.

Las cifras de la victoria de Trump son contundentes. En el colegio electoral obtuvo 301 delegados frente a solo 226 de Kamala; y en el voto popular fueron 74,0 millones sus votos frente a 70,2 millones de los demócratas. No hay ninguna duda; los votantes norteamericanos eligieron como presidente a un delincuente condenado en las cortes, a un redomado mentiroso, un estafador y acosador sexual y que promovió un violento ataque al Congreso para quedarse en el poder.

¿Por qué, aún con estas cifras, se puede decir que no fue un triunfo arrollador? Porque Trump consiguió en esta ocasión un poco menos de votos que los 74.2 millones obtenidos en 2020. Más aún, si se tiene en cuenta que en estos cuatro años el número de votantes aumentó en 8 millones, de los cuales la mitad han debido votar republicano, se concluye que Trump vuelve a la Casa Blanca con un poco menos de apoyo popular que cuando derrotó a Hillary Clinton.

La misma comparación para los demócratas, muestra la gran derrota que sufrieron. En 2020 Biden logró 81.3 millones de votos y ahora Harris solo 70.2 millones. Esto significa que más de 11 millones de personas (más los 4 millones que le corresponderían del aumento del censo electoral) decidieron no salir a votar. Por eso lo abstención subió del 38,2% al 44,8%, de manera que la victoria de Trump no se explica porque hubiera conquistado más votos sino porque Harris perdió millones de votantes.

¿Cómo explicar esa enorme pérdida -casi el 20%- del voto popular? Se han planteado varias razones. Una, es el descontento de la gente con el gobierno Biden por la inflación que ha afectado sus bolsillos. Otra, que los hombres latinos por primera vez votaron más por los republicanos como rechazo al fracaso en el control de inmigrantes, y los votantes árabes por el apoyo de Biden al genocida Netanyahu.

Bernie Sanders ha dicho que “No debería sorprendernos demasiado que un Partido Demócrata que ha abandonado a la clase trabajadora descubra que la clase trabajadora lo ha abandonado a él”. Finalmente están los factores de género y raza: gente que no apoya a Trump, pero que no aceptan una presidenta mujer y negra.

Con un poco de optimismo todas estas razones muestran una luz al final de túnel, porque es probable que dentro de 4 años, o en 2 años cuando se vuelva a elegir la Cámara de Representantes, todos estos votantes descontentos decidan volver a las urnas y derroten al trumpismo.

Cali 10 de noviembre de 2024

Filósofo y Economista. Consultor.

Hoy estamos enfrentados a un riesgo de racionamiento, pero por razones diferentes a las de antaño: la crisis financiera de las empresas comercializadoras de la energía, a causa de lo que le debe la Nación...

Por Amylkar D. Acosta M*.- Ecuador padece diariamente hasta 10 horas de racionamiento del servicio de energía. Esa película ya la vimos, se rodó en Colombia hace 32 años, cuando sufrimos los rigores de un racionamiento similar, que se extendió por espacio de 14 meses entre los años 1992 y 1993 (343 días, entre 9 y 10 horas de racionamiento, 15% de la demanda). Allá se está reeditando.

 La causa raíz de cuanto acontece en Ecuador es muy similar al caso colombiano: 1) dependencia en un 79% de la generación hídrica (Colombia 80%). 2) atraso en la ejecución de los proyectos de generación y transmisión debido a la estatización del sector y a la falta de espacio fiscal (en Colombia absorbía el 45% de la deuda pública) para las inversiones requeridas. 3) de 3.000 MW capacidad instalada de generación térmica, solo 700 MW están operativos por obsolescencia y falta de mantenimiento por falta de recursos.  4) las tarifas las fija el ejecutivo, sujeta a consideraciones políticas y no técnicas. 5) entonces, como ahora, la sequía sirvió de detonante del apagón ya que, parodiando a  Warren Buffet, podemos decir que cuando el nivel del agua en los embalses baja es que se sabe quién venía nadando desnudo!

Como antecedente de la calamidad, que significó para el país el apagón, es importante destacar que entre los años 1990 y 1991 se adelantaron varios congresos internacionales sobre la energía, en los cuales se empezó a ventilar la necesidad de una reforma del Sistema, constituyéndose el apagón en el catalizador que la hizo posible. De allí que la expedición de las leyes de servicio público (142 de 1994) y eléctrica (143 de 1994), que son hermanas siameses y no se puede entender la una sin la otra, fueran su respuesta, asimilando las lecciones aprendidas del mismo.

El paso más importante ya lo había dado la Constituyente de 1991, al establecer en el artículo 365 de la nueva Constitución Política que, aunque es el Estado quien debe garantizar la prestación de los servicios públicos, que son esenciales y en consecuencia, como lo ha reiterado la Corte es un derecho fundamental para los ciudadanos, también lo pueden prestar las “comunidades organizadas o los particulares”. Ello se tradujo en una inversión por parte de los privados de $140 billones, aproximadamente, en los últimos 30 años, aupada especialmente por los contratos de Oferta de energía en firme (OEF) correspondiente al Cargo por confiabilidad. La capacidad instalada de generación pasó de 8 GW en 1995 a 21.3 GW en 2024, para un incremento del 266%. La cobertura pasó del 70.9% en 1990 a 98.72% en 2023. Y el número de usuarios pasó 4.4 millones 1990 a 17.7 millones en 2023.

El Estado se reservó su función reguladora, prevista en el mismo artículo 365 de la Carta y la vigilancia a través de la Superintendencia de servicios públicos, la única de rango constitucional, llamada a proteger al usuario de los servicios públicos. La Ley de servicios públicos le dio vida a las comisiones de regulación, entre ellas la Comisión de regulación de energía y gas (CREG).

Ello le ha valido al Sistema energético colombiano una buena calificación por parte del Foro económico mundial (FEM) y del Consejo Mundial de energía (WEC, por sus siglas en inglés). Para el primero, según su reporte, Colombia ocupa el 10º lugar entre 126 países considerados por el desempeño de su arquitectura energética y de acuerdo con el Trilema de la WEC (seguridad, sostenibilidad y equidad) Colombia se sitúa en el puesto 35 entre 130 países evaluados!

De allí que podamos afirmar con contundencia que se equivoca el Ministro de Minas y Energía Andrés Camacho cuando afirma que “este gobierno ha venido a enfrentar problemas estructurales de un modelo económico neoliberal. 30 años después de este modelo de servicios públicos las empresas no le han garantizado los derechos a la gente”. Y menos con que dizque “las empresas de servicios públicos están prácticamente expropiando los bolsillos de los colombianos”, cuando en materia tarifaria, contrariamente a los sostenido por el Presidente Gustavo Petro, en el sentido de que “Colombia es el único país en América Latina que no tiene su sistema de tarifas regulado por el Estado”, es la CREG quien fija las tarifas del servicio de energía, partiendo de dos principios fundamentales: el de la suficiencia financiera de las empresas y los costos eficientes de estas (artículo 87 de la Ley 142 de 1994), es decir las empresas no le pueden trasladar sus ineficiencias al usuario.

De modo que está fuera de lugar la declaración del Ministro Camacho en el sentido de declararse “un Ministro del lado de los usuarios”, al tiempo que manifestó enfáticamente que “no vamos a permitir que las tarifas sigan subiendo” sin decir cómo ni cuándo, al tiempo que amenazó con tomar “medidas regulatorias y económicas para que no se cargue el costo del mercado a los usuarios, que es lo que viene pasando históricamente”. Se equivoca de medio a medio!

Gracias a esta institucionalidad, Colombia ha podido soportar y resistir los embates del fenómeno de El Niño y se muestra como el único país en Latinoamérica que no ha tenido racionamiento en los últimos 30 años. No obstante, hoy estamos enfrentados a un riesgo de racionamiento, pero por razones diferentes a las de antaño: la crisis financiera de las empresas comercializadoras de la energía, a causa de lo que le debe la Nación por concepto de los subsidios de energía ($2.5 billones) y por cuenta de opción tarifaria ($5 billones),  la escasez de gas natural, pero sobre todo la estrechez de la oferta de energía que le resta margen de maniobra al Sistema (no supera el 10%), en momentos en los que los embalses de las hidroeléctricas siguen sin recuperarse satisfactoriamente, situación ésta que puede llegar a ser el detonante de un posible racionamiento del servicio de energía. 

Bogotá, noviembre 9 de 2024

*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.

www.amylkarcosta.net

Hemos elaborado y presentado al Congreso un proyecto de ley que pretende reivindicar los atributos históricos, culturales, científicos, turísticos y educativos de Armero y toda la zona de desastre.

Por Guido Echeverri Piedrahita*. -En noviembre de 1985 como que se abatieron contra Colombia todos los demonios de la ira. El 6, la guerrilla del M-19 se tomó el Palacio de Justicia; el 13 hizo erupción el volcán Arenas del Nevado del Ruiz. Ambos hechos fueron tragedias colosales, y todavía sus consecuencias no terminan de medirse en muertos y desaparecidos y en menoscabo institucional. No son casos cerrados, ni para la justicia, ni para la historia, ni para la memoria.

La erupción afectó principalmente a Tolima y Caldas. Y más particularmente a los municipios de Armero, Villamaría y Chinchiná. Se calcula que murieron unas 30.000 personas y es catalogada como uno de los desastres naturales más grande de la historia reciente de la humanidad. Armero desapareció arrasada por el lodo y pequeños asentamientos humanos como Rioclaro en Villamaría se los llevó el Río Chinchiná, agigantado por vertientes cargadas de pantano y escombros que bajaban por las laderas del páramo del Ruiz. Era presidente de la República Belisario Betancur y gobernador de Caldas, Jaime Hoyos Arango. A ellos les correspondió lidiar con esa inmensa tragedia, y a tropezones administrar unos acontecimientos inéditos en el país hasta entonces. La catástrofe, en opinión de muchos, pudo haberse evitado entre otras cosas porque existían evidencias científicas e históricas sobre la evolución de la actividad del volcán y prevenciones como las que hizo en la Cámara de Representantes el Dr. Hernando Arango Monedero, miembro de esa corporación, que no fueron ponderadas y tenidas en cuenta.

Lo cierto es que por esos años no se tenía en Colombia ninguna cultura sobre la gestión y el manejo de desastres; tuvimos que aprender con sangre de esa experiencia y hoy somos, mal que bien, uno de los territorios con mayor preparación educativa, humana, tecnológica y científica en estas materias. Los programas de gobierno y los planes de desarrollo en todos sus niveles ya incorporan las variables riesgo y desastres; contamos además con un robusto programa de monitoreo de nuestro sistema volcánico, a cargo del Servicio Geológico Colombiano.

Como es natural, la historia de los acontecimientos va desapareciendo con los años; en estos casos trágicos menos que en otros, no debería ocurrir. Aquí sí que es válido el aserto según el cual quien olvida la historia está condenado a repetirla (y padecerla). No hay que olvidar que los volcanes están ahí, que siguen vivos, aunque estén dormidos y que estos territorios están catalogados como altamente sensibles a los desastres naturales y al cambio climático.

Por eso es tan triste ver lo poco que hemos hecho por conservar la memoria de una tragedia cuyas consecuencias se extienden con los años. Todavía hay niños de entonces desaparecidos, familias desintegradas que nunca pudieron reconstruir su unidad, huérfanos de padres vivos transitando por el mundo, patrimonios disueltos e irrecuperados por la ineficacia e indolencia del Estado, y unas tierras yertas y sombrías que se pudieran recuperar para celebrar la vida y la memoria. Sí hay que reconocer la tarea que ha venido ejerciendo la comunidad de armeritas para combatir el olvido. Han hecho esfuerzos ingentes y obtenidos logros importantes, pero su voz no ha sido suficientemente escuchada.

Con algunos docentes de la Universidad Nacional y parte de la bancada tolimense hemos elaborado y presentado al Congreso de la República un proyecto de ley que pretende reivindicar los atributos históricos, culturales, científicos, turísticos y educativos de Armero y toda la zona de desastre. Este espacio geográfico y humano tiene identidades únicas que deben ser reconocidas y valoradas por el país y el mundo. Es lo que se propone. Esperemos que esté aprobada cuando se cumplan los 40 años de esta tragedia.

Manizales, 9 de noviembre 2024

*Abogado. Exdirector de la ESAP, Exgobernador de Caldas. Senador.

Tomado de La Patria.

Para el ELN, la paz empieza con ellos y con ellos termina el conflicto.

Por José Félix Lafaurie Rivera*. -¿Hasta cuándo Catilina, abusarás de nuestra paciencia?, famosa frase con la que Cicerón inició la primera de sus “catilinarias”, como se conocen sus discursos en el Senado de Roma contra un mañoso conspirador.

Cuando me enteré, con más indignación que sorpresa, del anuncio del ELN de otro paro armado en Chocó desde el 9 de noviembre, llegó la frase a mi memoria y la parafraseé para mis adentros: ¿Hasta cuándo ELN, abusarás de la paciencia del pueblo colombiano?

De cumplirse el paro, sería un acto de “perfidia”, expresamente proscrita en los acuerdos firmados, no solo por el hecho mismo de un hostigamiento injustificado a poblaciones vulnerables, sino porque se anuncia justo después de la reunión de Caracas para evaluar la crisis de las negociaciones y acordar nuevos términos. ¿Por qué? ¿No será porque no cumplieron ninguno de los anteriores?

Esos nuevos términos, declarados por el ELN ante los delegados del Gobierno Nacional, de los países garantes y acompañantes, del enviado especial del secretario general de la ONU y ante la Conferencia Episcopal, incluyen los “principios básicos”, entre otros la buena fe, cumplir lo acordado, no firmar lo que no se puede cumplir, asumir responsabilidades y decir la verdad al país.

¿No se sonrojaron siquiera?, me pregunto, pues mientras declaraban buena fe y pretendían borrar dos años de incumplimientos, su Frente de Guerra Occidental anunciaba amenazante el paro armado.

Si de asumir responsabilidades se trata, como presidente de FEDEGÁN, no como miembro de la delegación, exijo que se aclare si ellos perpetraron el secuestro del ganadero Cristian Serrano en Rio de Oro, Cesar, el 7 de noviembre, mientras negociaban. De ser así, que lo devuelvan de inmediato.

Si de buena fe se trata, ¿por qué el paro armado y los hostigamientos a la población? ¿Por qué persistir en el secuestro extorsivo?, ¿por qué dejar vencer el cese al fuego con argumentos espurios de incumplimiento del Gobierno? ¿Por qué 16 ataques contra la Fuerza Pública desde del vencimiento del cese? ¿Por qué los atentados a la infraestructura petrolera?, 27 entre agosto y septiembre, la mayoría presuntamente de su autoría, pues son los de mayor presencia en la zona y expertos en esa modalidad terrorista.

Si, como afirman los analistas, de lo que se trata es de presionar al Gobierno y sentarse a la Mesa desde una posición de fuerza… ¿es esa una demostración de buena fe, de la voluntad inequívoca de paz que debe inspirar unos diálogos que pretenden alcanzarla?

Finalmente, cuando leo los 13 principios planteados, me queda el sinsabor de la posición edénica del ELN y, también, más preguntas que esperanzas.

Para el ELN, la paz empieza con ellos y con ellos termina el conflicto. Lo mismo pensaban las Farc y hoy estamos hasta el cuello de narcotráfico y violencia. Si ya refundamos el Estado al amaño de las Farc en 2016…, ¿qué exigirán los elenos en un eventual Acuerdo Final que, además, van a estirar hasta 2026?

Personalmente, no puedo suscribir, como condición, que el horizonte del proceso sea una “sociedad Post capitalista” (sic), pues se infiere el fin de la libre empresa y la economía de mercado, esencia de nuestro ordenamiento democrático. ¿Qué vendría después?, ¿acaso el socialismo puro, la economía centralizada y la pérdida de libertades? No es en vano la estrambótica exigencia de que “EE. UU. no objete la solución política del conflicto”.

No me parece el resultado de un “examen franco y profundo” del proceso, como reza el comunicado conjunto. Más me parece la continuidad de un abuso del ELN contra la paciencia del pueblo colombiano. Por eso repito con Cicerón… ¿Hasta cuándo?

Bogotá, D. C, 8 de noviembre de 2024

*Presidente de FEDEGAN

Cuánto le hubiera servido a Colombia la negociación sobre “fraking” que tenía lista Ecopetrol con los petroleros norteamericanos.

Por Gabriel Ortiz*. - Sin reclamo alguno, sin demandas electorales, con un respeto absoluto a las autoridades electorales, se produjo la victoria de Donald Trump, sobre Kamala Harris. No hubo ni habrá asalto al Capitolio, porque se aceptó la voluntad del pueblo norteamericano, que esta vez prefirió las filas republicanas.

Se esperaba una reñidísima contienda que podría tardar una semana en arrojar los resultados definitivos. El voto de los latinos residentes o provenientes de países, gobernados por las izquierdas, influyó notoriamente en la victoria de Trump. Esperan que ponga fin a ciertas dictaduras.

Conocida la designación del nuevo mandatario norteamericano, surgen incógnitas, enigmas y rompecabezas, sobre lo que caerá encima de norteamericanos, y habitantes de países que tanto dependen del gigante del norte.

Colombia espera que las pretensiones del nuevo gobernante, no lleguen con tanta vehemencia como las anunciaba en su campaña: deportaciones masivas de nuestros compatriotas indocumentados, que entregan su fuerza laboral, su inteligencia y su creatividad para fortalecer la industria, el comercio y la riqueza de USA. Los anunciados gravámenes arancelarios para nuestras exportaciones hacia ese país, que es nuestro primer comprador. Igual derrotero se pronostica para las demás naciones de este y otros continentes, porque ni la China escapará. Méjico ya está notificado.

La economía norteamericana, que venía en ascenso y progreso con el Presidente Biden, también la llevará, por el encarecimiento que tendrán los productos importados, que deberán sufragar internamente los sus súbditos de Trump.

Cuánto le hubiera servido a Colombia la negociación sobre “fraking” que tenía lista Ecopetrol con los petroleros norteamericanos. La infantil, errada y desacertada orden de Petro para echar por tierra semejante contrato, nos hubiera abierto las puertas al nuevo mundo de los negocios, que lleva Trump en sus agendas. Y nada se diga de los que sucederá a las nuevas variedades de café que estamos produciendo, las flores, agricultura, manufacturas y la inventiva de nuestros emprendedores.

A lo anterior se debe sumar la “genialidad” que anunció el Presidente Petro durante la Cop16, de prohibir la exploración y explotación de petróleo, gas y toda la minería. Los verdaderos dirigentes de este mundo que buscan las energías límpias, se han fijado metas programáticas de aquí al 2030 en un principio y proyectarlas durante los siguientes 20 años, para que, en el 2050 se logre sustituir la contaminación que envenena el planeta.

La tarea que se deben imponer nuestros empresarios, industriales, comerciantes, capitalistas, dirigentes y fuerzas laborales, debe buscar por todos los medios el aprovechamiento de las proyecciones que anunció durante su campaña el nuevo presidente, para fortalecer nuestras relaciones. En esto nos puede dar una mano el nuevo senador colombo-norteamericano Moreno, quien será clave en las relaciones de USA con los países del tercer mundo.

BLANCO: Gran triunfo ha logrado la extraordinaria periodista y presentadora de televisión, Ilia Calderón, quien en adelante será la líder del set del Noticiero Univisión, tras el retiro de Jorge Ramos. Su trayectoria y su triunfal carrera, la mantendrán en el estrellato. Felicitaciones Ilia.

NEGRO: Increíble lo que nos acontece: una fiscal se disfraza de guerrillera del ELN, ¿o será militante? Y para completar el presidente Petro condecora a 8 ex terroristas del M19, que parapetó en la casa de Nariño, para su seguridad. ¿Qué dirán las familias de las víctimas del asalto al Palacio de Justicia?

Bogotá, D. C, 8 de noviembre de 2024

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.

En Colombia, la polarización ha llevado a posiciones intolerantes…

Por José G. Hernández*. -El fenómeno de la polarización política, que fue evidente durante la campaña presidencial en los Estados Unidos y que afecta a varios países -entre ellos, Colombia- ha causado y seguirá causando mucho daño. Se caracteriza, ante todo, por la condena a las posiciones moderadas, calificadas como débiles, de modo que muchos ciudadanos -conducidos por los dirigentes políticos, por los medios de comunicación y en la actualidad por las redes sociales- terminan en los extremos, en la más absoluta intolerancia, en la irracional y cerrada oposición a toda idea, criterio, opinión o propuesta que provenga del lado contrario, que se salga de las “verdades” de la teoría acogida, o que no encaje en la estrechez del extremo en el cual cada uno se ubica. Una ceguera ideológica que, precisamente por serlo, impide toda consideración sobre el bien común y acerca de lo que más podría convenir al interés general.

En estos días, esa polarización se hizo patente en España, con motivo de la denominada DANA -fenómeno meteorológico así llamado, definido como “depresión aislada en niveles altos”-, que acaba de generar muerte y destrucción en Valencia y otras ciudades. En vez de actuar de inmediato y de suscitar la solidaridad, la integración, la coordinación y la actividad estatal orientada a la protección, el alivio y las soluciones que necesitaban con extrema urgencia los habitantes de las zonas afectadas, los gobernantes entraron en cálculos sobre los efectos políticos de cualquier decisión.

Como el gobierno de la Comunidad Valenciana está en manos del  Partido Popular, contrario al del gobierno nacional -en cabeza del PSOE-, los unos culparon a los otros; no se declaró la emergencia, ni fueron oportunamente enviados los bomberos, ni el Ejército, ni las ayudas que requería la población, y fueron los particulares -no el Estado, como ha debido ocurrir- los que, conmovidos por la situación, se trasladaron a pie a las áreas afectadas y, con sus escasos medios, procuraron dar apoyo a miles de personas y familias.

En Colombia, la polarización ha llevado a posiciones intolerantes, de tal modo que, para un extremo, todo lo que haga, diga o proponga el presidente en ejercicio y sus ministros es malo, perjudicial, y debe ser rechazado y obstaculizado, mientras, en el otro extremo, se proclama la bondad y el acierto gubernamental, sin crítica, ni análisis. Medios de comunicación han perdido su independencia, no entregan a la audiencia información veraz e imparcial -como lo exige la Constitución- sino que se inclinan y representan una u otra opción política extrema. Lo propio acontece en las redes sociales y en los medios alternativos, de uno u otro lado. No hay lugar a posiciones intermedias, ni al moderado análisis de hechos y situaciones.

Así, en el campo legislativo, se ha desfigurado por completo la función de las cámaras, en cuyo interior no se ejerce la representación del pueblo, ni se considera la prevalencia del interés general, ni el bien común, ni lo más conveniente para el país. Lo que se busca, por unos y otros, es lo extremo: aprobar como vienen -sin cambios- los proyectos de origen gubernamental, u obstruirlos, sin debate, diálogo, concertación ni discusión razonable.

Bogotá, D. C, 6 de noviembre de 2024

*Expresidente de la Corte Constitucional

“En Colombia, a pesar de tener controles que se suponen son muy estrictos, todas las campañas electorales han tenido escándalos por los ingresos de dineros cuestionados, -por ejemplo de Odebrecht- o por superar los topes de gastos permitidos”.

En Colombia, a pesar de tener controles que se suponen son muy estrictos, todas las campañas electorales han tenido escándalos por los ingresos de dineros cuestionados, -por ejemplo de Odebrecht- o por superar los topes de gastos permitidos.

El sistema democrático contemporáneo se sostiene sobre la premisa de la igualdad de participación ciudadana: una persona, un voto es la frase que sintetiza el principio del sufragio igual, que cada vez se ven más debilitado por la entrada de multimillonarias cifras de dineros privado a las campañas electorales.

Cuando las donaciones de grandes magnates y corporaciones definen el rumbo de la política, y los candidatos priorizan los intereses de sus donantes más ricos se pierde la confianza pública: el ciudadano común percibe que su voz se diluye frente al eco de las contribuciones millonarias.

En Colombia, a pesar de tener controles que se suponen son muy estrictos, todas las campañas electorales han tenido escándalos por los ingresos de dineros cuestionados, -por ejemplo de Odebrecht- o por superar los topes de gastos permitidos. Sin embargo estos casos son minúsculos frente a lo que pasa en Estados Unidos (EUA), donde se puede gastar y recibir sin límite.

Mientras en Colombia los topes de gasto en las dos vueltas de la última campaña presidencial fueron de unos 11 millones de dólares por candidato, en la actual campaña en EUA se estima que Kamala y Trump se van a gastar USD 6.000 millones, más del doble de lo que se gastó en la campaña de 2016 (USD 2.390 millones).

Pero esta astronómica cifra es menos de la mitad de lo que se está gastando en todo el proceso electoral incluyendo las campañas para el congreso, que a mediados del mes de octubre ya reportaban gastos por USD 15.900 millones. El problema es ¿de dónde viene esa inmensa cantidad de dinero?.

Todo es de donantes privados. Aunque en teoría las personas naturales y las empresas están muy limitadas para hacer aportes directos a los candidatos, pues no pueden donar más USD 6.600, en la práctica esos límites no funcionan pues también pueden aportar a través de los Comités de Acción Política (PAC) que respaldan a un partido o un candidato.

Lo que es peor es que en 2010 una sentencia de la Corte Suprema determinó que cualquier restricción al financiamiento de campañas electorales es una forma de censura y, por lo tanto, inconstitucional. A partir de allí se crearon los Super PAC a través de los cuales las personas y las empresas pueden hacer aportes ilimitados para gastos de campaña.

El caso más alarmante de incidencia de los multimillonarios en la campañas es el de Elon Musk, quien ha aportado USD 140 millones a la campaña de Trump, está comprando votos descaradamente y ha puesto la red social X de su propiedad a difundir las mentiras y los mensajes de odio de este candidato. Pero no es el único, solo los 150 mayores donantes han aportado USD 3.650 millones, de los cuales el 75% ha sido para candidatos republicanos. Su expectativa es que les retribuyan eliminado regulaciones a sus monopolios y bajándoles los impuestos. Poderoso caballero es don dinero.

Cali, 3 de noviembre 2024

*Filósofo y Economista. Consultor.

“Esta reforma del SGP que se tramita en este momento en el Congreso, además de consultar el espíritu del Constituyente de 1991, busca hacerle justicia a las regiones, se propone re-equilibrar las cargas”. 

Por Amylkar D. Acosta M*. -Después de haberse aprobado por parte del Senado de la República el Proyecto de acto legislativo No. 18 Senado y 437 Cámara de 2024, por medio del cual se modifican los artículos 356 y 357 de la Constitución Política, atinentes al Sistema General de Participaciones (SGP), se suscitó una encendida controversia en la que ha habido más calor que luz!

Como se recordará la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 reforzó el Situado fiscal que había creado el ex presidente Carlos Lleras Restrepo en su reforma a la Constitución en 1968, consistente en una bolsa de recursos a transferir por parte de la Nación a las entidades territoriales, con destinación específica al financiamiento de la educación, la salud, el agua potable y el saneamiento básico.

Conscientes de que las necesidades en las regiones son crecientes y de las enormes brechas interregionales e intrarregionales existentes, decidieron establecer una senda de crecimiento de sus recursos hasta alcanzar el 46.5% de los ingresos corrientes de la Nación (ICN). Pero ello se vio frustrado porque se le interpusieron en el camino dos actos legislativos (el 01 de 2001 y el 04 de 2007) que reformaron la Carta, sustrayéndole a las regiones una suma cifrada en los $387.953.907 millones entre los años 2002 y el 2023.

Pero la situación se tornó más difícil para las regiones, en la medida que durante los 33 años de vigencia de la Constitución de 1991, no sólo no se ha reconocido y respetado el principio de la Autonomía territorial consagrado en la Carta (artículo 287), que va más allá de la descentralización, sino que esta se ha revertido y lo que ha vivido el país durante este intervalo de tiempo  ha sido una descentralización disfuncional, consistente en trasladarle funciones y competencias a las entidades territoriales, pero sin recursos, contrariando lo establecido en el artículo 356 de la misma que a la letra dice que no se pueden delegar funciones y competencias, si al mismo tiempo no se le transfieren los recursos necesarios y suficientes para asumirlos.

Y lo que es peor, durante el período 1990 al 2022, 32 años y 8 períodos presidenciales, se aprobaron por parte del Congreso de la República, por iniciativa del ejecutivo, 18 reformas tributarias, 1 cada 18 meses, todas ellas para arbitrarle recursos a la Nación, ninguna de ellas para fortalecer los fiscos municipales y departamentales. Ello explica que en Colombia de cada $100 que se recaudan por concepto de impuestos la Nación se queda con $89 y los restantes $11 se reparten $7 a las de los 1.103 municipios y distritos y sólo $4 para los 32 departamentos del país.

De manera que esta reforma del SGP que se tramita en este momento en el Congreso, además de consultar el espíritu del Constituyente de 1991, busca hacerle justicia a las regiones, se propone re-equilibrar las cargas. Muchas de las críticas y de la oposición a este proyecto que han tenido un efecto mediático en los últimos días son infundadas. El Proyecto se propone lograr que en el transcurso de 10 años, contados a partir de 2027 hasta el 2036, las transferencias pasen desde el 23.8% de los ICN en 2023 hasta arribar al 39.5%.

Muchos han sido los reparos que se le han hecho a este proyecto, desde distintos flancos. La primera en reaccionar fue el Presidente de ANIF José Ignacio López, para quien, “la propuesta actual podría comprometer la sostenibilidad fiscal y afectar el crecimiento económico del país". Para el Presidente de FEDESARROLLO Luis Fernando Mejía, “esto implica que, incluso eliminado por completo la inversión del Gobierno Nacional, no sería posible financiar un aumento de esta magnitud”.

Y hasta la Presidenta del Comité autónomo de la Regla Fiscal (CARF) Astrid Martínez le salió al paso con el argumento de que “generaría una presión de gasto insostenible para el Gobierno Nacional Central…La reforma pondría en riesgo el cumplimiento de la Regla fiscal, que es un instrumento central para la generación de confianza y estabilidad macroeconómica”.

Tales aseveraciones son tremendistas e inexactas, pues la aprobación de este proyecto per sé no tiene por qué, como lo afirma ANIF, “comprometer la sostenibilidad fiscal” ni “afectar el crecimiento económico del país”, que hoy por hoy, es anémico, sin que se pueda atribuir como un efecto anticipado de la recomposición del gasto público al que se aspira, la cual está llamada a dinamizar la economía regional y por consiguiente de la economía nacional, porque Colombia jamás podrá ser competitiva hasta tanto sus regiones no lo sean.

Tampoco es cierto que de aprobarse este proyecto “no sería posible financiar un aumento de esta magnitud” como lo sostiene FEDESARROLLO, como tampoco se puede asegurar que el mismo “generaría una presión de gasto insostenible para el Gobierno Central”, como lo advierte la CARF, pues parte de la premisa de que el gasto público se estaría duplicando como si con la aprobación de este proyecto la Nación siguiera asumiendo las competencias que asumirían las entidades territoriales, tal como lo prevé el texto final aprobado en su sexto debate de ocho.

Le asiste la razón al ex director del DNP, nuestro colega Jorge Iván González cuando afirma contundentemente que se debe “aclarar que las nuevas competencias que asumirán municipios, distritos y departamentos se reflejarán en una disminución sustantiva de las responsabilidades fiscales de la Nación. La definición de las nuevas competencias no se discute en el proyecto, sino que se deja para que…” sea la Ley de competencias la que las defina y, tal y como quedó establecido en el texto aprobado, el Acto legislativo no entra a regir hasta tanto no sea expedida esta Ley!

A este respecto yo he venido sosteniendo que antes de cuantificar cuáles funciones asumirían estos con los mayores recursos que percibirán, es absolutamente indispensable hacer un ejercicio consistente en cuantificar el costo para las entidades territoriales que ya le han sido trasladadas, pero como lo señalé anteriormente, sin recursos, para que sea tenido en cuenta a la hora de hacer las sumas y las restas.

Barranquilla, noviembre 1 de 2024

*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net