José Felix Lafaurie Rivera

Sí, un Acuerdo Nacional no puede ser el resultado de “concilio” a puerta cerrada entre políticos…

Por: José Félix Lafaurie Rivera*. - Como lo he repetido muchas veces quizás, este tema me devuelve sin falta a Álvaro Gómez Hurtado, un gran colombiano que le planteó al país un gran “Acuerdo sobre lo fundamental” y, como la coherencia era uno de los rasgos de su talante, no dudó en sentarse en triunvirato a presidir la Asamblea Constituyente que derivó en la Carta del 91, con su adversario histórico, el Partido Liberal, y con un miembro del grupo guerrillero que apenas tres años atrás lo había secuestrado.

Han pasado tres décadas y, hoy, otro miembro de esa guerrilla, reinsertada con indulto en 1990, ocupa el solio de Bolívar y pone sobre la mesa, nuevamente, el tema del Acuerdo Nacional; lo había hecho en campaña, pero entonces era inevitable desligarlo de los cálculos electorales, como hoy se podría pensar que, simplemente, se trate de ganar gobernabilidad.

Como sea, si me preguntan, creo que el país necesita, hoy más que nunca, de un Gran Acuerdo Nacional, algo de lo que no solamente se está hablando en la Casa de Nariño.

¿Por qué se necesita ese gran acuerdo entre los colombianos?

Primero, porque llevamos más de ¡dos siglos! en una vorágine de violencia en medio de la cual se han aplazado, no tanto unas reformas u otras, sino la consolidación misma de la nación próspera para todos que debería ser Colombia. En guerra todo el siglo XIX; con una “gran guerra” comenzó el XX, marcado luego por la violencia política, la guerrillera, la marimbera, la paramilitar, la cocalera; todas hoy, en pleno siglo XXI, condensadas en la violencia narcoterrorista.

Segundo, porque el país, hoy como nunca, está amenazado, desde sus cimientos -su democracia-, por la violencia y el poder corruptor del narcotráfico.

Tercero, porque el país ha estado siempre fragmentado -por eso las guerras y la violencia- y hoy lo sigue estando, entre izquierdas y derechas; entre la falsa narrativa de amigos y enemigos de la paz; entre pobres y ricos, entre la Colombia rural y la urbana.

Y finalmente, porque este escenario, que no es de coyuntura, sino estructural, histórico, ha hecho que el país pierda la fe, que no crea en las instituciones: en el gobierno, en el Congreso, los partidos y la clase política; en ¡la justicia! -gravísimo-; en los órganos de control…, en nada. Y con la fe, el país ha perdido -dicen- lo último que se pierde: la esperanza.

El para qué de un Acuerdo Nacional es solamente una conclusión de Perogrullo: Para recuperar la esperanza; ¿en qué?: en la paz, que no es solamente el silencio de los fusiles y el final de la violencia, sino lo que viene después: el progreso y el bienestar para todos, algo en lo que bien vale la pena estar “esperanzado”.

¿Cómo alcanzar un Acuerdo Nacional? Si es verdaderamente nacional, con una gran participación; y… ¿cómo concitarla? Aquí es donde los grandes líderes políticos, en el Gobierno y su coalición, en la oposición o en la neutralidad, todos los líderes políticos, o “pelarán el cobre”, o podrán sacar a la luz los kilates de su grandeza y el tamaño de su liderazgo.

Sí, un Acuerdo Nacional no puede ser el resultado de “concilio” a puerta cerrada entre políticos, pero esa necesaria “paz política”, que obliga a dejar a un lado el agravio, la diatriba y la estigmatización, es sustrato y condición de un acuerdo al que puedan sumarse los empresarios, los sindicatos, los políticos, las iglesias, la Academia, los jóvenes, el país entero… Un acuerdo deseable… Ojalá así fuera.

Bogotá, D. C, 7 de octubre de 2023

*Presidente FEDEGAN

@jflafaurie

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Amylkar  D Acosta M

“El único caso en el que se pudo establecer por parte de la Contraloría General de la República que una empresa no aplicaba el subsidio a sus destinatarios sino que se quedaba con el mismo es el de la abominable y abominada ELECTRICARIBE”.

Por Amylkar D. Acosta M *. - A propósito de los subsidios conviene dejar establecido que los mismos quedaron reglamentados en el artículo 99.3 de la Ley 142 de 1994 de servicios públicos, como “un descuento en el valor de la factura” de los más vulnerables, en este caso de los estratos 1, 2 y 3. Ello dio lugar a la creación del Fondo de Solidaridad para Subsidios y redistribución del ingreso (FSSRI) mediante la Ley 286 de 1996. Ello responde a uno de los principios que rigen la prestación del servicio de energía: eficiencia, calidad, continuidad y solidaridad. Este último tiene que ver con su acceso por parte de la población más vulnerable, contemplado en el 7º de los 17 Objetivos del desarrollo sostenible (ODS).

Para su financiación se estableció un esquema de subsidios “cruzados”, consistente en que los estratos 5 y 6, así como los usuarios no regulados (léase industria y comercio) pagaran una contribución del 20%. El estrato 4 es neutro, no recibe subsidio pero tampoco paga dicha contribución. Así se dispuso en el artículo 47 de la Ley 143 de 1994, previendo que “el faltante de los dineros para pagar la totalidad de los subsidios será cubierto con recursos del Presupuesto nacional”.

No obstante, en el año 2010, a través del artículo 2º de la Ley 1430 se eximió del pago de la contribución a los usuarios industriales y desde entonces el valor de los subsidios corre por cuenta de los estratos 4, 5 y 6, así como del Presupuesto general de la Nación (PGN). Según Sentencia C – 086 de la Corte Constitucional dicha contribución constituye un “impuesto nacional con destinación específica”.

Ya para el año 2018 el monto de los subsidios de energía ascendía a los $3.1 billones, de los cuales $1.8 billones se cargaron al PGN. Actualmente lo que se recauda por la sobretasa sólo alcanza a cubrir el 36% de los subsidios, de tal modo que el déficit que debe cubrirse a través del FSSRI supera los $5 billones, con cargo al PGN.

En desarrollo de una Asamblea de usuarios del servicio de energía en Santa Marta el pasado 17 de septiembre, convocada por el Ministro de Minas y Energía Andrés Camacho, este levantó una polvareda al espetar, sin pestañear, que “los subsidios por ley se asignan a los estratos 1,2 y 3. Y no se les entrega a la gente directamente, se les entrega a través de las empresas. Como la mayoría de las empresas son privadas, entonces se quedan con los subsidios y los administran. La transición debe garantizar que los subsidios lleguen a la gente”.

La respuesta de los gremios del sector (ANDEG, ANDESCO, ACOLGEN, ASOCODIS, NATURGAS y SER Colombia), todos a una, no se hizo esperar, le respondieron en el acto a su ligereza en los siguientes términos: “los subsidios aplican directamente a los usuarios mediante sus facturas y luego el Gobierno realiza los reembolsos mediante procedimientos que aseguran la validez de dicho proceso”. Además, revelaron que en la mayoría de los casos, los pagos se han demorado más de lo esperado, llegando al punto de acumular deudas pendientes desde el segundo trimestre del año.

Entre otras cosas, esta morosidad por parte de los distintos gobiernos en hacer efectivo el giro de los subsidios a las empresas prestadoras de los servicios, cuyo monto tiende a subvalorarse a la hora de aprobar el Presupuesto general de la Nación, sumados a los $4.9 billones de la cartera de los usuarios por cuenta de la aplicación desde la pandemia en 2020 de la opción tarifaria y la deuda de usuarios oficiales y constitucionalmente protegidos, que para abril de este año ascendía a $800 mil las puso en aprietos, al punto que se llegó a hablar de un inminente apagón financiero de las mismas.

Que se sepa, el único caso en el que se pudo establecer por parte de la Contraloría General de la República que una empresa no aplicaba el subsidio a sus destinatarios sino que se quedaba con el mismo es el de la abominable y abominada ELECTRICARIBE. Y ello dio lugar a un juicio de responsabilidad fiscal, que terminó con un hallazgo administrativo con alcance fiscal por valor de $78.517,59 millones para las vigencias 2015 y 2016”, obligando a la empresa a su reintegro.

Ahora bien, como lo afirman los gremios en su comunicación al Ministro, “si hay evidencias de malos comportamientos por parte de ellas, invitamos a interponer las denuncias que correspondan ante las autoridades pertinentes y a que estas, en derecho, ejerzan sus funciones en tal materia”. El Ministro tiene la palabra!

Cota, septiembre 30 de 2023

Economista. Expresidente del Congreso, Exministro de Minas y Energía.

www.amylkaracosta.net

 

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Fernando Cepeda Ulloa

Estamos ante una justicia independiente. Y estamos expuestos a sus aciertos y errores.

Por Fernando Cepeda Ulloa *. - Me pareció terrible la expresión que tanto el presidente Petro como su hijo mayor utilizaron para referirse a la persona que ejercerá la tarea de Fiscal y la de juez en el caso que se tramita sobre enriquecimiento ilícito y corrupción, en la Fiscalía General.

Elucubré sobre el tema y, finamente, resolví acudir al Diccionario de la Real Academia. Me pareció que era el método más sencillo sobre el significado de esta expresión que jamás había oído que se utilizara con respecto a un juez o Fiscal de la República. Es más. Jamás escuché entre mis compañeros de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, por allá a finales de los años cincuenta, que su aspiración fuera la de llegar a ser verdugos. Podría afirmar que jamás escuché esa palabra en nuestras conversaciones estudiantiles. Y tampoco recuerdo que ninguno de nuestros profesores la utilizara.

El diccionario, ya bastante deteriorado, trae doce acepciones de la palabra verdugo. Tan sólo la quinta me proporcionó una respuesta que me tranquilizó porque, de alguna manera, como que ayudaba a justificar su utilización. Veamos: “5. Ministro de Justicia que ejecuta las penas de muerte y en lo antiguo ejecutaba otras corporales; como la de azotes, tormentos, etc.” Recuerdo que hay doce acepciones de esta palabra Verdugo y tan sólo la quinta, como acabamos de leer, se refiere a la administración de justicia, pero en cabeza del Ministro y no de un fiscal o de un juez. Pero bueno, ya se acerca al tema.

No creo ni que el Presidente ni su hijo hablaran de verdugo en relación con el Ministro Osuna que todos percibimos como de muy buenas maneras y ni siquiera en una pesadilla podríamos imaginarlo realizando las tareas que esta quinta acepción nos indica. No conozco el o la Fiscal del caso, ni sé quién sería el juez o la juez que tendría que asumirlo. Es bien claro, no es el Fiscal General, Francisco Barbosa, quien debería ejercer las funciones que el diccionario señala, pero en ningún caso la ley, le asignan al verdugo.

Siempre he considerado que la tarea de investigación criminal y la del juzgamiento son de las más difíciles para un profesional del Derecho. Inclusive he creído que deberían recibir una formación especial, muy diferente de la que reciben hoy, por las implicaciones que tienen en el proceso decisorio y en la manera como ello afecta personalmente la vida del investigador y del juzgador. Atribuyo buena parte de la impunidad, y de los casos de prescripción tan numerosos, a la incapacidad que muchos profesionales del Derecho tienen para tomar decisiones de tanta envergadura. Fue una de las razones por las cuales no aspiré a ser un especialista en el Derecho Penal.

No quiero imaginarme la situación personal del investigador en el caso del hijo del Presidente y, mucho menos, la situación del juez que tenga que dictar la sentencia. Es que se trata de un tema de interés nacional, que no va a pasar desapercibido y con respecto al cual, ahí sí que es cierto, la opinión pública va a operar como un verdugo, sin tener todos los elementos de juicio y, en muchos casos, alimentada por prejuicios de muy diverso orden.

La opinión pública parece no darse cuenta de que el fiscal Barbosa no tiene a su cargo todos los miles de casos que se tramitan en esa institución. Tampoco parece entender que no puede interferir en la actividad de los investigadores y de los jueces. Estamos ante una justicia independiente. Y estamos expuestos a sus aciertos y errores. Para ello hay recursos que buscan remediar decisiones que son producto de la acción de seres humanos, falibles, y no de seres infalibles que no existen.

Bogotá, D. C, 1 de octubre de 2023

*Analista Político, Catedrático. Exministro de Estado

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Juan Camilo Restrepo Salazar

Estamos al borde de rescatar la autoridad en las vías nacionales, o de entregarla presenciando impasibles un estallido social tan grave o peor que el anterior.

Por Juan Camilo Restrepo Salazar *. - Las cifras comienzan a decir que sí: que el estallido social ya comenzó; y que apenas estamos empezando a darnos cuenta.

Veamos primero las cifras agregadas: según Confecar mientras en 2019 hubo 185 bloqueos de carreteras; en 2020, 184; en 2022, 125; en lo que va corrido del 2023 llegamos a 501 bloqueos viales. Es decir, durante los ocho primeros meses del año en curso se registra un aumento del 301% frente a los bloqueos registrados en todo el año pasado.

Según la ANDI, los 501 bloqueos que se han presentado este año, hasta agosto, representan 7.029 horas para el transporte de carga, o sea 229 días perdidos.

Los datos que entrega la ACP (Asociación Nacional del Petróleo) no son menos inquietantes: en rutas que interesan el transporte de combustibles se han identificado este año 180 bloqueos con una duración agregada de hasta nueve días, que han afectado seriamente los despachos desde las plantas de distribución de Mansilla en Facatativá, Sebastopol en Santander y Apiay en el Meta. En total se ha hecho imposible el envío oportuno de 20 millones de galones equivalentes al 1% del consumo nacional.

Las pérdidas económicas son también enormes. Según la ANDI llegan a $1,73 billones debido a las movilizaciones sociales, $ 6.400 millones por piratería y $ 1,9 billones atribuibles a destrozos de la infraestructura.

Sumémosle a esto los primeros fogonazos de desórdenes urbanos como el que tuvo lugar en Suba con la reciente vandalización de un CAI y los disturbios en el barrio Patio Bonito, lo mismo que en Medellín y Cali donde hubo igualmente destrozos del mobiliario urbano y en sus sistemas de transporte comunitario.

Las autoridades (militares y de policía) tendrán que responder pronto, de manera rotunda, si este tipo de desmanes son tolerados impasiblemente o si se evitan contundentemente.

Si la respuesta es la primera, es evidente que estaremos asomándonos de manera indolente a presenciar un nuevo estallido social; si la respuesta es la segunda quizás ello signifique que las medidas se están tomando aún a tiempo: estamos en el filo de la navaja.

Sin que ello represente una represión indebida o ilegal, el gobierno debe decidir si va a aplicar o no las normas vigentes que prohíben el bloqueo de vías nacionales por donde transcurre el comercio de mercancías esenciales, combustibles y alimentos.

El gobierno debe decir si a las manifestaciones de descontento ciudadano va a exigirles que se ubiquen en las bermas de las carreteras o si va a permitir impasible el bloqueo de vías.

El gobierno debe decir -y actuar en consecuencia- si considera que el derecho que asiste a quienes ejercen su protesta a la vera de una carretera prevalece sobre el derecho superior de la ciudadanía a que no se entorpezca el tránsito de los víveres y medicamentos del que depende la vida de muchos más.

Es evidente que la conflictividad social está en aumento. La polarización que vive el país, la vecindad de las elecciones regionales a finales de octubre, y la envestida de los grupos narcotraficantes envalentonados con las conversaciones de cese al fuego blandengues que estamos presenciando, son el caldo de cultivo ideal para que reaparezca un estallido social tan grave o peor que el que hubo en 2019-2020.

Estamos al borde de rescatar la autoridad en las vías nacionales, o de entregarla presenciando impasibles un estallido social tan grave o peor que el anterior.

 El gobierno Petro tiene la palabra.

Bogotá, D. C, 1 de octubre de 2023

Abogado y Economista. Exministro de Estado.

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José Manuel Restrepo

"El proyecto hoy no está maduro para ser aprobado".

Por José Manuel Restrepo*. - Uno de los logros del gobierno es que ha puesto en el debate reformas y temas calientes en los que urge avanzar. La reforma laboral, de salud, justicia, pensional, política, entre otras, han sido históricamente debates difíciles de dar, con costo político, pero con falencias y deudas históricas. El problema es que el debate en algunos casos se ha dado entre amigos y sin consensuar, sabiendo que la gobernabilidad es limitada, y en otros casos, con eventuales herencias indeseadas.

El turno estas semanas fue para la reforma pensional. Del debate y audiencias realizadas, quedan algunas conclusiones. La primera, es que el proyecto hoy no está maduro para ser aprobado. Aprobarlo como está, supone una carga fiscal de tal dimensión que sería casi un robo intergeneracional, donde las generaciones jóvenes de hoy tendrán un problema imposible de administrar más adelante y dificultades para su pensión desde el 2070. En adición a lo anterior, habremos aprobado una reforma que destruye el ahorro e inversión de largo plazo, promueve la politiquería y no soluciona la nueva realidad demográfica, conduciéndonos seguramente a otra reforma pensional.

Pensando en el Congreso, porque creo en la necesidad de una reforma, algunas sugerencias. Los pilares solidarios y semi-contributivos (los más importantes porque atenderían al segmento más amplio y vulnerable de la sociedad), hoy prácticamente no existen en el proyecto o porque no tienen financiación en el marco fiscal de gasto a 10 años (más o menos una “casita en el aire”) o porque se cambió el modelo (semi-contributivo) desincentivando el ahorro pensional y reduciendo injustamente el valor monetario que recibirá esta población. Tristemente, estos que eran los avances claves del proyecto por su impacto social, pueden ser ineficaces o inadecuados.

En el pilar contributivo, desaparece el componente de ahorro individual y con ello las AFPs y el ahorro de más del 90% de los colombianos que habremos de hacer, transitará a una bolsa incapaz para administrar y con sesgos politiqueros. Eso sí fortalece el régimen de prima media, que sabemos es insostenible dada la nueva realidad demográfica y más cuando se tienen inamovibles en el proyecto, que debiesen cambiar, como edad de jubilación, tasa de aporte, tiempos de cotización, tasas de reemplazo, entre otros.

Desde lo fiscal y como el CARF y Fedesarrollo lo señalan, se necesitarían mínimo 10 billones más por año para lo subsidiario y generaría un aumento en el pasivo Pensional de más de 900 billones. ¡Herencia mortal a nuestros hijos y nietos!

Y desde la gestión del fondo público que se llevará nuestros ahorros (con la duda de si esto es o no una cuasi-expropiación a futuro y claramente una restricción a la libertad económica para que cada uno decida dónde y con quien manejar su ahorro), preocupa que así sea 1 peso, se termine gastando o abriendo más espacio fiscal en el presupuesto anual del gobierno para el derroche, y preocupa también la ausencia de independencia y de capacidad profesional de Colpensiones para administrar el dinero.

Así las cosas, como el Congreso actuarán con seriedad, el debate es largo y profundo y los ajustes igual. Y lo anterior en especial por el futuro de nuestra juventud.

Bogotá, D. C, 29 de septiembre de 2023

*Rector Universidad EIA

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Gabriel Ortiz

“El tiempo es corto, pero justo para reflexionar y tomar acertadas decisiones, para defender la democracia”.

Por Gabriel Ortiz*. -En esta campaña electoral regional, los candidatos han abundado, y toda suerte de ofertas, proyectos e ideas para recuperar, sacar adelante y reconstruir pueblos y ciudades.

El deterioro en que dejarán municipios, ciudades, capitales y departamentos los actuales mandatarios, dan pie a los aspirantes para ofrecer programas, esquemas de recuperación y todo cuanto han perdido y reclamado por años, los habitantes.

Nada se diga de los despilfarros, la inmoralidad y la corrupción, que gamonales, dirigentes políticos y contratistas han aprovechado, amparados por la vista gorda de fiscales, jueces y procuradores.

Se ven propuestas de candidatos que abarcan lo divino y lo humano, si llegan a conquistar los votos el 29 de octubre.

Detrás de algunos candidatos están los verdugos, que con sus látigos buscarán conducirlos hacia la deshonestidad, a partir del 1 de enero de 2024.

En Bogotá, todo parece haber quedado inconcluso. En cuatro años que está por cumplir la alcaldesa, solo se incrementó la inseguridad, el desbarajuste administrativo, la congestión vial, el arbitrario pico y placa -del que nunca se ocupó, sino para exprimir conductores con el tal solidario-, la multiplicidad de mini contratos que “a trancas y a mochas” se han firmado y avanzan a paso de tortuga. Y hay más: el cierre de comercios, freno a la producción y al empleo, los semáforos congestionados de vendedores ambulantes, el brutal incremento de los mini contratos para cumplir a medias, el aumento de la informalidad. Eso mismo pasa en el país entero.

Los candidatos Galán, Oviedo, Lara, Bolívar, Robledo y demás, repletan sus campañas con ofertas de todo lo que deja por hacer una alcaldesa que olvidó para qué se hizo elegir.

Bogotá requiere un burgomaestre eficiente, claro, con ímpetu, sin compromisos, sin políticos corruptos, ni con un concejo que de poco o nada sirve, que destierre a los acostumbrados contratistas y que ejecute programas que saquen de la postración, la parálisis y el mal gobierno de 4 años.

Con una salida del ostracismo, Bogotá podrá recuperarse y convertirse en un polo de desarrollo que genere riqueza, empleo, confianza, inversión nacional e internacional, que vuelva por los fueros que le imprimieron algunos -muy pocos- mandatarios que han llegado al palacio Lievano.

La alcaldesa perdió la gran oportunidad de demostrar que podría llegar a la casa de Nariño.  

Es corto el tiempo y largo el camino que deben recorrer, entre hoy y el 29 de octubre todos los candidatos, porque la generalidad de los mandatarios municipales actuales, dejan mucho que desear. Se han dejado seducir por políticos y contratistas, mientras sus pueblos soportan los peores destinos.

Los electores y los medios, deben pensar seriamente en manos de quiénes van a dejar sus terruños. El tiempo es corto, pero justo para reflexionar y tomar acertadas decisiones, para defender la democracia.

BLANCO: Los tres inmejorables ministros: Ocampo, Cárdenas y Carrasquilla, han dejado sus enseñanzas al Emisor: bajar las tasas de interés, o el país se derrumba.

NEGRO: El magno maestro Botero nos deja, tras colocarnos en la cúspide del mundo.

Bogotá, D. C, 29 de septiembre de 2023

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.

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José G Hernández

Hagamos uso serio y responsable de las redes.

Por José G. Hernández*. - Debo comenzar reiterando que las redes sociales, con las facilidades que ofrece la tecnología, constituyen importantes modalidades de comunicación entre las personas -de las cuales no disfrutábamos hace unos años-, y que resulta muy valioso su aporte al ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a la información, además de facilitar el control ciudadano sobre quienes ejercen el poder en sus distintas manifestaciones.

Además, la confluencia de muchas personas a esos canales de comunicación facilita la denuncia y el escrutinio público sobre múltiples actividades, lo cual favorece la transparencia y contribuye a la prevalencia del interés general.

Véase, por ejemplo, la inmensa ayuda que muchas veces se brinda en las redes en casos de personas desaparecidas -muchas han sido encontradas gracias a la circulación de sus fotografías y datos-, o en situaciones de extrema necesidad, en materia de salud, trabajo o educación. O en la formulación de reclamos a entidades financieras o a empresas de servicios públicos.

No menos importante es la circulación de ideas y propuestas de beneficio colectivo, en el campo académico, social, cultural o artístico. 

Desde luego, que las redes sean verdaderamente benéficas y útiles para la sociedad depende también del uso que de ellas se haga, porque si es inadecuado o abusivo, se puede causar mucho daño, tanto al interés público como a los derechos de personas en concreto.

En ese aspecto, puede ocurrir -y ha ocurrido en varios países- que una publicación en las redes genere en la comunidad injustificada alarma, alteración de la pacífica convivencia, perturbación de servicios públicos o pánico económico, con los graves efectos que tienen semejantes situaciones. O es posible -también ha ocurrido, y con frecuencia, que por una publicación, fotografía, audio, video u otras modalidades de comunicación pública en redes sociales, se cause injustificado agravio a la presunción de inocencia, la honra, el buen nombre, el prestigio personal o profesional, la intimidad de una persona o de su familia.

Es claro que cada caso tiene sus propias características y que en la materia no caben afirmaciones generales, pues no todas las situaciones son iguales. Cada caso tiene sus propias características y debe ser examinado con cuidado y ponderación.

Obviamente, si se causan daños como los aludidos, o si se incurre en conductas de orden penal, como cuando se calumnia o se injuria, la responsabilidad no es de quien maneja o facilita la red mediante el internet. El responsable es el usuario, por el mal manejo de esos formidables instrumentos que se le brindan.

Ha advertido la Corte Constitucional (Sentencia SU-420 de 2029): “…los intermediarios de Internet no son responsables por el contenido que publican sus usuarios, ya que establecer esta responsabilidad llevaría a limitar la difusión de ideas y les daría el poder para regular el flujo de información en la red, en consecuencia, la responsabilidad es de quien directamente usa las expresiones ofensivas o calumniadoras”. No obstante, “…en caso de que una autoridad judicial encuentre que un contenido atenta contra los derechos fundamentales de una persona, puede ordenar su remoción directamente a los intermediarios de Internet”.

Hagamos uso serio y responsable de las redes.

Bogotá, D. C, 27 de septiembre de 2023

*Expresidente de la Corte Constitucional

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Huber Ariza

“Pese a la especulación de alguna caída del gobierno de Gustavo Petro, no hay que alarmarse”.

Por Hubert Ariza*. - Ríos de información han corrido sobre las permanentes crisis del gobierno nacional, lo que ha incentivado la especulación de una abrupta caída del gobierno del presidente Gustavo Petro. Él mismo ha hablado de un golpe blando y ha llamado “brutos” a los supuestos empresarios que conspiran en su contra. La prensa extranjera, a su vez, se mantiene a la expectativa ante los bulos de que Colombia podría correr la misma suerte de Perú, Bolivia o Ecuador, donde tumbar presidentes es un deporte nacional. No hay que alarmarse. Petro terminará en paz su mandato.

a pesar de la polarización, las profundas convulsiones políticas, económicas y sociales, y de las graves amenazas de los violentos, los magnicidios y los escándalos por corrupción, somos un país con una democracia a prueba de balas. En Colombia, en los últimos 70 años, ningún presidente ha renunciado, lo han destituido, vía judicial o política, o lo han derrocado los militares; a lo sumo, la oposición y los medios les han amargado el período, y les han condenado a gobernar defendiéndose y aislados con su círculo íntimo.

Desde el Frente Nacional, todos los jefes de estado han terminado sus períodos constitucionales. El último golpe de estado que sufrió Colombia se dio en 1953 y el gobierno que surgió, de Gustavo Rojas Pinilla, apenas duró cuatro años. Y fueron los mismos partidos políticos que alentaron ese quiebre institucional y quienes le pusieron punto final a través de un acuerdo político bipartidista que dio inicio al Frente Nacional. Además, el mismo dictador ha sido el único exmandatario juzgado y condenado por el Congreso de la República. Luego fundó un partido político de corte populista –La Anapo– que también ha sido el único al que le han robado abiertamente las elecciones presidenciales, lo que dio inicio a la guerrilla del M-19, la misma organización en que militó el presidente Petro.

Solo una mente delirante puede creer que los militares se atreverían a dar un golpe de Estado. Esto no sucederá porque la Fuerza Pública acata el ordenamiento constitucional y acepta al presidente Petro como su comandante en jefe. Que haya sido guerrillero no es excusa para insubordinarse. Por el contrario, es una razón de peso para respetarlo. Porque el mayor crédito de Petro es, precisamente, haber cumplido la palabra empeñada cuando se firmaron los acuerdos de paz del M-19 con el gobierno Barco.

La era de los golpes militares, además, pasó hace rato en América Latina. Y por más que la extrema derecha grite a los cuatro vientos que Petro está desmoronando la moral de la tropa, lo que se evidencia es una fuerza pública que acata la paz total, respeta los ceses al fuego decretados por el ejecutivo con varias organizaciones armadas ilegales, se esfuerza por garantizar el orden público en los territorios, está comprometida con el respeto de los derechos humanos y con romper la impunidad de alianzas corruptas con la delincuencia organizada. Lo que está sucediendo en la JEP, con el reconocimiento de los falsos positivos, es una lección demasiado fuerte para un ejército que rectifica el camino y abandona los tiempos en los que, con la excusa de vencer al enemigo interno, eludía la verdad y cubría con impunidad muchos de los delitos de lesa humanidad de sus integrantes.

La manera como el ejército ha enfrentado el escándalo de la brigada XI en Tierralta, Córdoba, demuestra qué tan profundo es el cambio que están viviendo las fuerzas armadas, que abandonan la doctrina de unidad de cuerpo, destituyen a quienes violan los derechos humanos y enfrentan con la constitución en la mano los desafíos de los violentos. Un ejército que destituye a quienes deshonran el uniforme no se deshonrará siguiendo los delirantes llamados de quienes preferirían una dictadura a una democracia.

En el congreso no hay cómo destituir a Petro. No hay argumentos, ni expediente, ni razones de peso. Tampoco ambiente político ni una opinión pública favorable a una ruptura institucional. Insistir en ese camino sería seguir enlodando a la institución más desprestigiada de Colombia, según la última encuesta de cifras y conceptos.

Sí, es cierto, tenemos un presidente que a veces pareciera perder el rumbo de su gobierno, debilitado por sus permanentes crisis internas, atacado por la extrema derecha, cuestionado por un sector de los medios de comunicación, debilitado por los comportamientos erráticos de su círculo familiar, solitario y con comportamientos personales que contribuyen a sembrar dudas, pero las cifras muestran que tienen éxitos sus políticas en las áreas económica, ambiental y de política social, aunque falla en el tema de la seguridad, que es el eje hoy de las elecciones regionales.

En conclusión, hay que bajarse de la nube de que Petro no terminará su mandato. Lo que hay que apostar es a que se consolide la democracia, haya una oposición creativa que luche por el poder sin atajos innecesarios y un gobierno que rectifique, acierte y entregue pacíficamente el poder el próximo 7 de agosto de 2026.

Bogotá, D, C, 25 de septiembre de 2023.

*Periodista, internacionalista y analista político.

Tomado de El País. 

 

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Mauricio Cabrera Galvis

“La subida de las tasas de interés es poco efectiva frente a los incrementos de las utilidades empresariales. Por eso, frente a la persistencia de la inflación, empieza a hablarse de alternativas de políticas que hasta hace poco eran herejías”

Por Mauricio Cabrera Galvis*. - Un estudio de economistas del FMI, que trata de explicar por qué la inflación mundial continúa alta a pesar de la generalizada aplicación de la receta ortodoxa de subir las tasas de interés, llega a una conclusión inesperada: “Las crecientes ganancias empresariales explican casi la mitad del incremento de la inflación en Europa, en la medida en que las empresas aumentaron sus precios mucho más que el incremento del costo de la energía importada”.

No se trata de un estudio aislado. En los análisis económicos empieza a aparecer una nueva terminología: “inflación de vendedores”, “inflación por exceso de ganancias”, “inflación por avaricia” (“greedflation”). Son términos que eran impensables hace unos años, pero que surgen de la evidencia empírica de la coyuntura actual.

La inflación reciente tuvo un origen muy distinto a la tradicional espiral de precios y salarios: la pandemia y la invasión rusa a Ucrania. En ambos casos se trata de una inflación causada por factores de oferta.

Cuando empezaron a tener efecto las medidas de estímulo adoptadas para contrarrestar los efectos de la pandemia, la recuperación de los salarios fue débil, mientras que el aumento de los márgenes de utilidad de las empresas si fue significativo.

Un estimativo del Economic Policy Institute muestra que estos márgenes pasaron del 12% al 17% después del COVID, y atribuye tal incremento al poder de mercado de las grandes corporaciones. Como consecuencia, mientras en el pasado la contribución de las ganancias empresariales a explicar el alza de los precios había sido tan baja como del 11%, en el actual ciclo inflacionario llegó hasta el 53% el año pasado. Por eso se habla de una “inflación de vendedores”.

En la medida en que las utilidades crecen más que los salarios se está produciendo un deterioro en la distribución del ingreso, lo cual por supuesto genera descontento social y político. En Inglaterra el desprestigio del gobierno conservador se atribuye en buena parte a esta “greedflation”, o inflación de la avaricia.

La subida de las tasas de interés es poco efectiva frente a los incrementos de las utilidades empresariales. Por eso, frente a la persistencia de la inflación, empieza a hablarse de alternativas de políticas que hasta hace poco eran herejías.

Reporta el periódico The Guardian que el ministro de finanzas de Inglaterra está analizando medidas para impedir que las compañías hagan exagerados aumentos de precios. En Estados Unidos se discute si resucitar viejas leyes contra los monopolios y la manipulación de precios, o establecer impuestos a ganancias extraordinarias. Inclusive la herejía mayor, el control de precios, vuelve a mencionarse.

Coletilla: Los datos y los estudios mencionados se refieren a la situación de otros países, pero en Colombia también la inflación ha demostrados ser dura de bajar. Sería muy conveniente que las autoridades investigaran si acá también existe inflación de vendedores y tomaran las medidas adecuadas para controlarla.

Cali, 24 de septiembre de 2023

*Filósofo y Economista. Consultor.

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Amylkar  D Acosta M

“Estas alzas de los precios en Bolsa terminarán por impactar las tarifas, dependiendo del grado de exposición en Bolsa de cada una de las empresas distribuidoras de la energía”.

Por Amylkar D. Acosta M*. - El precio de la energía en la Bolsa pasó de $374 en el mes de enero de este año a más de $1.000 el KWH, para un incremento del 300% y lo más preocupante, con tendencia al alza (¡!). Estas alzas de los precios en Bolsa terminarán por impactar las tarifas, dependiendo del grado de exposición en Bolsa de cada una de las empresas distribuidoras de la energía.

Son tres las causas fundamentales que han disparado esta espiral alcista, a saber: en primer término la inflación, que si bien ha venido cediendo en los últimos meses todavía para el mes de agosto, según el DANE, el índice anualizado del IPC se situó en el 11.43% y en lo corrido de este año marcó el 7.43%. Con el agravante de que los servicios públicos junto con el precio al alza de la gasolina son los que más han contribuido a la inflación.

En segundo lugar, tenemos los efectos del fenómeno del Niño, que empieza a hacerse sentir, influyendo en forma determinante al aumento del precio en Bolsa de la energía, toda vez que los generadores hídricos han empezado a “guardar” agua en los embalses para poder afrontar los próximos meses venideros, que se espera sean de hidrología crítica, para poder cumplir con sus contratos de venta de energía a los comercializadores de la misma.

Por último, está el atraso en la ejecución de los proyectos de generación, destacándose entre ellos los parques eólicos en La guajira, que comprometen la entrada en operación de 2.400 MW de potencia y el de HIDROITUANGO, del cual sólo están generando 2 turbinas con 600 MW y continúa aplazada la entrada en operación de las 6 restantes, que representan 1.800 MW. También muestran atraso considerable la ejecución de los proyectos de transmisión y subtransmisión.

En estas circunstancias, resulta muy preocupante que la Unidad de planeación minero – energética (UPME), que es la responsable de la convocatoria de las subastas para la asignación de nuevos proyectos de expansión, el año pasado no abrió ninguna. Y la subasta que abrió en febrero de este año ha sido aplazada dos veces, ahora para febrero del próximo año. Y ello, en momentos en los que mientras la demanda de energía crece a un ritmo del 5%, la oferta sólo lo hace al 2.5%. Ello explica el alto grado de stress al cual está sometido el Sistema interconectado nacional, presionando al alza los precios de la energía.

El caso de la región Caribe es mucho más crítico, dado que, debido a la sobrecarga a la que está expuesta la red de transmisión de energía, a consecuencia del atraso en la ejecución de los proyectos para su robustecimiento, ha obligado a restringir la atención de la demanda. Dicho de otra manera los 2.7 millones de usuarios del Caribe vienen siendo sometidos a un racionamiento programado de energía y las térmicas que operan en la región, que debería servir sólo de respaldo, están en la base y vienen operando a full, para poder suplir la energía que de otra manera vendría desde el interior del país, de origen hídrico menos costosa.

Ello termina impactando el componente G (generación) de la fórmula tarifaria ( CU = G + T + C + D + PR + R) y, en última instancia, al usuario final vía tarifas, en mayor o menor medida, dependiendo del grado de exposición en Bolsa que tenga el respectivo operador de red, que es quien presta el servicio, en Bolsa. A mayor exposición más afectación en el monto a pagar por la factura de consumo de energía que le llega al resignado usuario final.

Peor aún, si tenemos en cuenta que el consumo de energía para el mes de agosto de este año, según la empresa XM que administra el Sistema interconectado nacional (SIN), ha crecido, en promedio, 6.23% con respecto al mismo mes del año pasado, para un acumulado de 7.005.82 GWH/mes; entre tanto, en la región Caribe ha aumentado 11.75%, consumiendo 1.978.18 GWH/mes, atribuible a las altas temperaturas de la temporada del Niño. De modo que si al alza en las tarifas le sumamos el mayor consumo ello se reflejará en un aumento desmesurado en la factura a pagar por parte del usuario, en momentos en los que está viendo afectada su adquisitiva por cuenta de la alta inflación.

Ahora bien, el impacto es mayor para los usuarios de los estratos 1, 2 y 3, que son sujetos de los subsidios, debido a que estos sólo cubren un porcentaje del denominado consumo básico o de subsistencia, del 60% para el estrato 1, hasta 50% para el estrato 2 y 15% para el estrato 3, de 130 KWH/mes para los usuarios que habitan en territorios por encima de los 1.000 metros del nivel del mar y 173 KWH/mes los que se sitúan por debajo de esa cota. El mayor consumo que se viene dando, como excede este límite se debe pagar por parte de estos usuarios con tarifa plena, sin subsidio. Es más, si el mayor consumo excede en un 50% el consumo de subsistencia se pierde el derecho al subsidio, así lo prevé el artículo 114 de la Ley 1873 de 2017 (¡!).

Cota, septiembre 23 de 2023

*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.

www.amylkaracosta.net

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