Mario Vargas Llosa
Por Mario Vargas Llosa*.- Algún día se escribirá un gran libro sobre la heroica lucha del pueblo venezolano contra la dictadura de Chávez y Maduro, que recuerde los sufrimientos que ha padecido todos estos años sin cesar de resistir, pese a los torturados y a los asesinados, a la catástrofe económica —probablemente la más atroz que recuerde la historia moderna— que ha llevado a un país potencialmente muy rico a la hambruna colectiva y ha obligado a cerca de tres millones de ciudadanos a huir, a pie, a los países vecinos para no perecer por la falta de trabajo, de comida, de medicinas y de esperanza. Menos mal que el martirio de Venezuela parece llegar a su fin, gracias al nuevo ímpetu que han inoculado Juan Guaidó y otros jóvenes dirigentes a la resistencia.
 
Parece imposible, ¿no es cierto?, que una dictadura rechazada por todo el mundo democrático, la OEA, la Unión Europea, el Grupo de Lima, las Naciones Unidas y, cuando menos, por tres cuartas partes de su población, pueda sobrevivir a esta última arremetida de la libertad con la proclamación, por la Asamblea Nacional de Venezuela (el único organismo más o menos representativo del país), de Juan Guaidó como presidente encargado de convocar nuevas elecciones que devuelvan a la nación la legalidad perdida. Y, sin embargo, el tirano sigue todavía allí. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas aún lo protegen y han tendido un escudo protector en torno suyo. Los hemos visto, allí en la televisión, a esos generales y almirantes empastelados de medallas, mientras el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino, juraba lealtad al régimen espurio. Lo que explica esta supuesta lealtad no son afinidades ideológicas. Es el miedo. El recurso del que se valió Chávez, y que continuó Maduro con esta cúpula militar para asegurar su complicidad, fue comprarla, entregándole prácticamente el negocio del narcotráfico, de tal manera que buen número de estos oficiales se han hecho ricos y tienen sus fortunas en paraísos fiscales. Pero casi todos ellos están fichados internacionalmente y saben que, cuando caiga el régimen, irán a la cárcel. Las promesas de amnistía que les ha hecho llegar Guaidó no los tranquilizan, porque sospechan que no valen fuera del territorio venezolano, y sus sucias operaciones están perseguidas y serán penadas por tribunales internacionales a lo largo y ancho del planeta.
 
Es indispensable que los países e instituciones internacionales multipliquen la presión contra Maduro
 
¿Pero por qué no se rebelan, entonces, contra la tiranía de Maduro esos jóvenes oficiales —tenientes, capitanes— y soldados a los que golpea la atroz crisis económica igual que al resto de la población venezolana? Por una razón también muy simple. Por la vigilancia estricta e implacable que ejercen sobre las Fuerzas Armadas de Venezuela los técnicos y profesionales de Cuba, a quienes el comandante Chávez entregó prácticamente el control de la seguridad militar y civil del régimen que implantó. Se trata de algo sin precedentes; un país renuncia a su soberanía y entrega a otro el control total de sus Fuerzas Armadas y policiales. Y los comunistas, como ha sido comprobado hasta la saciedad, arruinan la economía, destruyen las instituciones representativas, regimentan y aplastan la cultura, pero han llevado la censura y la represión de toda forma de insumisión y rebeldía a poco menos que la perfección artística. No olvidemos que todas las instituciones militares venezolanas han sido sometidas a purgas sistemáticas y que hay varios cientos de oficiales expulsados o encarcelados por no ser considerados “seguros” para la dictadura.
 
Sin embargo, la URSS se desplomó como un castillo de naipes, y también sus satélites centroeuropeos se desmoronaron y hoy día son verdaderos baluartes contra aquel régimen que había prometido bajar el paraíso a la tierra y más bien creó las peores satrapías que conoce la historia. El régimen de Maduro se ufana de la protección que le prestan dictaduras como la rusa, la china, la turca, y la solidaridad de otras tiranías latinoamericanas como Cuba, Nicaragua o Bolivia. Vaya compañeros de viaje, para quienes vale el famoso refrán: “Mira con quién andas y te diré quien eres”. En el caso de Rusia y de China, ambos países han hecho préstamos tan extravagantes a la dictadura de Maduro —que sólo sirvieron para agravar la corruptela reinante— que temen, con muchísima razón, que jamás podrán cobrarlos. Lo tienen bien merecido: querían asegurarse fuentes de materias primas fortaleciendo económicamente a una tiranía corrupta y lo más probable es que terminen siendo también parte de sus víctimas. La fiera que va a morir se defiende con uñas y dientes y no hay duda que el régimen, ahora que se siente acorralado y presiente su fin, puede causar mucho dolor y derramar todavía más sangre inocente. Por eso es indispensable que los países e instituciones democráticas internacionales multipliquen la presión contra el Gobierno de Maduro, extendiendo los reconocimientos a la presidencia de Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional, y logrando el aislamiento y la orfandad del régimen a fin de precipitar su caída antes de que haga más daño del que ha causado a la desdichada Venezuela.
 
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, lo ha dicho con claridad: “No hay nada que negociar con Maduro”. Todos los intentos de diálogo se han visto frustrados porque la dictadura pretendía utilizar las negociaciones sólo para ganar tiempo, sin hacer la menor concesión, y conspirando sin tregua, gracias a la ayuda que le prestaban gentes ingenuas o maquiavélicas, para sembrar la discordia entre las fuerzas de oposición. Las cosas han ido ya demasiado lejos y la primera prioridad es ahora acabar cuanto antes con la dictadura de Maduro a fin de que se convoquen elecciones libres y los venezolanos puedan por fin dedicarse a la reconstrucción de su país.
 
Los intentos de diálogo se han visto frustrados porque la dictadura pretendía utilizar la negociación para ganar tiempo
 
La movilización del mundo democrático, empezando por los países occidentales, ha sido algo sin precedentes. Yo no recuerdo haber visto nada parecido en los muchos años que tengo. Al mismo tiempo que diversos gobiernos, empezando por los Estados Unidos y Canadá y los principales países europeos, reconocían a Guaidó como presidente, la Unión Europea, la OEA, las Naciones Unidas y todos los países democráticos latinoamericanos, con excepción de Uruguay y México (algo previsible), rompían con la dictadura y se movilizaban a fin de apresurar la caída del régimen sanguinario de Maduro. No hay que olvidar, en estos momentos en que por fin se ve una luz al final de este largo camino, que nada de esto hubiera sido posible sin el sacrificio del pueblo de Venezuela, que, si en un primer momento se rindió a los cantos de sirena de Chávez, luego reaccionó con ejemplar valentía y ha mantenido todos estos años su resistencia, sin dejarse amilanar por la ferocidad de la represión.
 
Gracias Julio Borges, María Corina Machado, Leopoldo López, Lilian Tintori, Henrique Capriles, Antonio Ledezma, Juan Guaidó y los miles de miles de mujeres y hombres que los siguieron todos estos años demostrando en las calles, y en los calabozos y en el exilio, que América Latina ya no es, como en el pasado, tierra de sátrapas y de ladrones, y que un pueblo que ama la libertad no puede ser indefinidamente encadenado. Algún día, no lejano, un retoño de uno de esos grandes escritores que ha dado ya Venezuela a nuestra lengua escribirá esa gran novela tolstoyana sobre lo que ocurrió y está ocurriendo allá. Y el final será, por supuesto, un final feliz.
 
Febrero 3 de 2019
 
*Premio Nobel de Literatura 2010
 
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Mauricio Cabrera Galvis

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Hay de todo en el Hay. En el festival de literatura también se presentan los autores de libros de ciencia, historia, política, economía, o ecología. Uno de los conversatorios más impactantes fue el que sostuvieron Patricia Lara y el sacerdote jesuita Francisco de Roux sobre el conflicto colombiano. Aunque los dos han escrito libros sobre los orígenes y el desarrollo del conflicto, lo que hubo no fue una discusión académica sino un compartir los relatos de las víctimas y lo que está haciendo la Comisión de la Verdad, que preside el padre Francisco para escucharlos y tratar de evitar que se repitan.

Muchas de las historias de las víctimas son desgarradoras. Mujeres violadas, soldados mutilados, familias destrozadas por el secuestro, madres que vieron masacrar a sus hijos o que no los vieron morir porque los desaparecieron y fueron un falso positivo. Son las heridas abiertas de una guerra demasiado larga y que deben ser reparadas.

Dos conclusiones preocupantes quedan después de oírlos. La primera es la magnitud del conflicto manifestada en la cantidad de víctimas, y la insensibilidad de la sociedad frente a esta tragedia. Más de 8 millones de víctimas registradas; más de 400.000 muertos; más 60.000 desaparecidos hacen del conflicto interno colombiano uno de los más sangrientos en relación al tamaño de su población. El mandato de la Comisión incluye tratar de entender el impacto de esta tragedia.

Contrasta el dolor de esos 8 millones de colombianos con la insensibilidad de gran parte de la sociedad, sobre todo la urbana, que no siente que el problema sea con ellos. Por eso insiste el padre Francisco en que una de las tareas fundamentales de la Comisión es escuchar esas historias y hacerlas visibles para que todos comprendamos que el asesinato de una sola persona es una herida para todo el país.

En contra del “Elogio al olvido” que propone David Rieff en el libro del mismo título, la Comisión reivindica la importancia de rescatar para la memoria lo sucedido para que no se repita. La segunda es constatar que el conflicto, si bien ha disminuido, no ha terminado porque sus causas y raíces siguen vivas y coleando en las mismas regiones que los han padecido por décadas.

Cartagena de Indias, 3 de febrero de 2019

*Filósofo, Economista y Consultor.

 

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Monseñor Luis Fernando Rodríguez Velásquez:

Monseñor Luis Fernando Rodríguez Velásquez*.- Cuando el Papa Francisco se dirigió por primera vez a los jóvenes en Panamá, recordó sus palabras en la última Jornada Mundial de la Juventud de Polonia, en la que dijo que no sabía si podría venir a Panamá, pero que de todos modos aseguraba, que Pedro iría. Así entonces, de forma tajante, como efectivamente pudo venir personalmente, les dijo: “ahora les habla Pedro”. De igual manera, cuando terminó, en el estadio Olímpico de Ciudad de Panamá, a los más de 23.000 voluntarios, les repitió las mismas palabras, asegurándoles que no sabía si iría a Lisboa en el 2022, pero que de todos modos iría Pedro.

La Jornada mundial de la Juventud, como todos y cada uno de los encuentros con el Papa, sea en Roma, como en cada una de sus peregrinaciones a lo largo y ancho del mundo, son un verdadero encuentro con Pedro, que tiene, entre otras cosas, la misión de confirmarnos en la fe.

A eso viene Papa a cada país que visita, esa es su tarea en cada discurso u homilía pronunciada.

Ahora en Panamá, de nuevo nos habló Pedro. Y lo hizo de manera genérica, en nombre de Jesús, para que cada uno logre descubrir lo que el Señor le está diciendo de acuerdo a su situación puntual, pero también habló directamente a personas, a grupos a instituciones. Cómo no destacar su directo y apremiante mensaje al pueblo colombiano y su sentida oración en sufragio por las almas de los cadetes asesinados en Bogotá. Todo indica que esto es un hecho inédito en el protocolo Vaticano, el que un Papa ore públicamente, con nombre y apellidos, por unos jóvenes asesinados en un país. Se destacan varias cosas. El afecto que tiene por nuestro país, que visitó recientemente y al que invitó a apaciguar los corazones y a ser artesanos de la paz, pero también, su sensibilidad ante las víctimas inocentes y sus familias.

Un nuevo llamado a la paz nos hizo, que recuerdo: “jóvenes alumnos de la Escuela de Cadetes de Policía “General Francisco de Paula Santander” en Colombia, asesinados por el odio terrorista. Estos jóvenes fueron ofrenda en la Misa, y como recuerdo de ellos, me permito en este Ángelus nombrarlos, y cada uno en el corazón, en voz alta en el corazón, diga esa palabra que se suele decir en estos institutos cuando se nombra a un muerto: “presente”. Que estén presentes delante de Dios… Te pedimos Señor que les des su paz y al pueblo colombiano que también le des su paz. Amén”. Aquí hubo un renovado llamado para que cese el odio terrorista, y para que juntos podamos lograr la meta de una sociedad que viva en paz, sin odios, sin rencores, si muertes fratricidas.

Nos habló Pedro, como en Colombia, cuando en Villavicencio, ante el Cristo de Bojayá nos dijo. “Colombia, abre tu corazón de Pueblo de Dios, déjate reconciliar… No se resistan a la reconciliación para acercarse, reencontrarse como hermanos y superar las enemistades. Es hora de sanar heridas, de tender puentes, de limar diferencias. Es la hora para desactivar los odios y renunciar a las venganzas y abrirse a la convivencia basada en la justicia, en la verdad y en la creación de una verdadera cultura del encuentro fraterno”. Qué bueno fuera que lo escucháramos todos y pusiéramos en práctica su llamado a la paz.

Finalmente, un dato que pocos medios destacaron. El Papa Francisco, nuevamente estuvo en Colombia. En efecto, puesto que según las normas internacionales y los artículos 17 y 21 de la Convención Internacional sobre Aviación Civil de 1944, los aviones tienen la nacionalidad del país en el que fueron registrados, es decir, hacen parte del territorio del país que representan con su bandera, al viajar el Papa Francisco en una aerolínea que tenía la bandera colombiana, durante su trayecto, y hasta que no descienda de él, estuvo en territorio colombiano. Qué alegría y que honor.

Cali, 3 de febrero de 2019

*Obispo Auxiliar de Cali

Fuente Conferencia Episcopal de Colombia

 

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Jorge Enrique Robledo

Por Jorge Enrique Robledo*.- El Tribunal Superior de Cundinamarca nos otorgó –con José Roberto Acosta y la Procuraduría– una medida cautelar que prohibió la venta de Medimás EPS a la norteamericana DBMS o a cualquier otro, si no se asegura que se cumplan unas condiciones que garanticen la salud de los colombianos y no, simplemente, las ganancias del vendedor y el comprador (https://bit.ly/2SjaeyN). Así se le dio su merecido mentís a la falsedad de que pueden hacer lo que se les dé la gana porque se trata de un negocio “entre privados”, en el que el Estado no puede intervenir, como si la ley no lo autorizara ni estuvieran en juego cuatro billones de pesos anuales de recursos públicos y el derecho a la salud de 4,2 millones de colombianos. 

Lo que se busca con esta acción popular son garantías para la adecuada prestación del servicio de salud a los usuarios de Medimás, el respeto de los derechos laborales de los trabajadores de la EPS y Esimed y el cumplido pago de las deudas a las clínicas y hospitales, públicos y privados, que le sirven a Medimás. Si no fuera en la Colombia de las astucias y corruptelas, estos deberes empresariales básicos no tendrían que reclamarse ante los jueces. 

Confirmando las denuncias que hicimos hace año y medio para que no se consumara dicho negocio, Medimás falló desde el inicio de su operación, fallas que se han empeorado en el trato a sus pacientes y empleados y en su incapacidad administrativa y financiera, hasta el punto de que Esimed (Medimás) tiene once clínicas cerradas con siete mil trabajadores a los que no les paga desde octubre y que el gobierno acaba de quitarle los usuarios de Sucre, Chocó y Cesar. Y sus pésimas cifras económicas están en la base de la mala calidad de los servicios que presta: tiene cuotas incumplidas por 123.260 millones de pesos de la compra de Saludcoop y Cafesalud, acumula pérdidas por 716.147 millones y deudas por 2,2 billones, frente a activos totales de 1,95 billones, luego el comprador también adquirirá no pocos pleitos con el Estado, en el que el país perderá sumas enormes si se dirimen bajo las cláusulas del TLC con Estados Unidos. 

El norteamericano interesado, ¡que le remitió al presidente Duque la copia de una carta de compra por Medimás con falsedades!, tiene además toda la pinta del aventurero inexperto lanzado a capturar el chorro de los 300 mil millones de pesos mensuales de la plata pública de la UPC, al igual que la conocida impunidad de la que gozan las EPS. 

Aunque el pésimo negocio para el país de Medimás lo montó el gobierno de Santos y Duque desea continuarlo –¡otra vez de acuerdo!–, lo cierto es que estas desgracias son causadas por la Ley 100 de 1993, aplicada desde entonces por todos los gobiernos. Medimás es el resultado de la corrupción de Saludcoop, incluida la que practicó el interventor que le nombró el santismo, al que se le toleró, haciendo caso omiso de mis denuncias en el Congreso, que administrara la EPS con las mismas prácticas de Palacino. Y se origina en una ley que supone que no habrá corrupción en el sector porque la elimina la simple competencia entre las EPS, que luchan entre sí –dicen– por actuar con la mayor eficiencia y pulcritud. ¡Qué tal el cuento! 

Y Medimás no es la excepción sino la norma. Hay 21 EPS intervenidas por el Estado, los sufrimientos de los pacientes parecen escapados de la obra del Dante, médicos, enfermeras y demás empleados trabajan muy duro y ganan muy poco y hasta les roban –esa es la palabra– parte de sus sueldos. El ataque a la red pública hospitalaria ha sido bárbaro y a las clínicas privadas las estafan no pagándoles sus cuentas. Todo porque la Ley 100 no es para la salud de los colombianos sino para el negocio financiero con la plata de la salud de los colombianos, por lo que las EPS imponen: “primero yo, segundo yo y tercero yo”.

Colombia necesita un sistema de salud que establezca, de verdad, que su objetivo es el bienestar de las personas, para lo que requiere de las mejores condiciones laborales y óptimas clínicas y hospitales, públicos y privados, y de un Estado que cuide y controle a los unos y a los otros. Sus administradores –llámese EPS o no– tienen que operar con la mayor calidad y a los menores costos, porque deberán actuar al servicio de la gente y no al contrario. Y tendrá que funcionar con cero tolerancias a la corrupción en cada una de sus partes. Que esto es posible lo prueba lo que ocurre en otros países de economía de mercado (https://bit.ly/2HMBK3t). 

Bogotá, 1 de febrero de 2018

*Senador del Polo Democrático Alternativo

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José Felix Lafaurie

Por José Felix Lafaurie*.-  La política se mueve entre el pragmatismo –real politik–, al que solo le importan los resultados y nos remite a Maquiavelo; y el idealismo, al que le importan los resultados, pero mediados por “la ética”, por la convicción ideológica de lo que es bueno y es malo, que nos remite a Platón y Aristóteles.

En el primer político no hay consistencia entre su actuar y su discurso –promete y no cumple– y entre su discurso y sus convicciones, si ellas no sirven a los resultados. El segundo siempre actúa como habla y como piensa. La coherencia, madre de la confiabilidad, es el sello de sus decisiones y ejecutorias.

Coherente ha sido la política exterior de Iván Duque. El Eln no podía llamarse a engaño si no renunciaba al secuestro, al terrorismo y sus actividades criminales como condición para una negociación. No era una condición advenediza, sino clara desde la campaña y desde su posición política en el Congreso.

Duque habría negociado con terroristas con voluntad efectiva de dejar de serlo, pero nunca con terroristas “en ejercicio”. Por eso Cuba y los países garantes tampoco podían llamarse a engaño, y por eso es coherente la solicitud al gobierno cubano, del cual también se espera coherencia con sus enfáticas declaraciones de rechazo al terrorismo. Si no entrega a los cabecillas del Eln, quedará en tela de juicio su confiabilidad, que necesita para no volver a las listas negras de los países que promueven el terrorismo.

Tampoco el régimen de Maduro se podía llamar a engaño con “un nuevo mejor amigo”, pues Iván Duque lo había denunciado ante la Corte Penal Internacional en 2017. Eso es coherencia, como también su liderazgo en Latinoamérica y el mundo: en el Grupo de los 13, en la OEA, la ONU y la Unión Europea, para cerrarle el círculo al dictador. Las recientes decisiones de Estados Unidos y del Parlamento Europeo le dan la razón.

Y aunque la izquierda y algunos sectores, como era de esperarse, pusieron el grito en el cielo con el discurso de la libre determinación de los pueblos, mientras hacen oídos sordos al pueblo venezolano que, el sí, pide a gritos el apoyo del mundo, fueron también coherentes el oportuno reconocimiento de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela al día siguiente de su proclamación; y del embajador Humberto Calderón el mismo día de su nombramiento; y la lista de 200 colaboradores de la dictadura con prohibición de ingreso a nuestro país, encabezada por Maduro y Cabello.

Bogotá, D. C, 3 de febrero de 2019

*Presidente de Fedegan

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Gabriel Ortiz

Por Gabriel Ortiz*.- Este año va acelerado. Entramos a febrero mes que el 9, celebra el día del periodista, y se hace entrega de premios. Pero será un 9 triste y empañado, por hechos que malogran y ponen en serio peligro las libertades de prensa y expresión, baluartes de la democracia.

El nuevo gobierno ha permitido actuaciones de funcionarios que pueden atentar contra la tradicional independencia. Hay certeza de que esa no es la voluntad del Presidente y que ello nace de los halagos que buscan subalternos ávidos de lisonjas.

La persecución a los periodistas es explicita. Se aprecia el odio y la rabia contra ellos. La Fundación para Libertad de Prensa, FLIP, ha sido el único gremio en pronunciarse sobre estos atropellos. El CPB, que se creó hace más de 60 años para proteger, defender, abrigar y custodiar la libertad de prensa, se ha hecho el de la vista gorda. Seguramente teme que el Presidente Duque y altos funcionarios del Estado no participen en las celebraciones del 9 de febrero, cuando hace entrega de premios a los mejores periodistas del año.

Curioso que un gremio que no vigila las libertades, ni defiende a los periodistas se arrogue el derecho a galardonar a los profesionales de las comunicaciones, a los fiscales de la sociedad. Esos premios pueden carecer del honor y la pureza que exige un trofeo de esas calidades.

El último episodio que se conoce, fue el que se registró en RTVC, entidad que censuró la serie “Los Puros Criollos”, del colega Santiago Rivas, porque se atrevió a criticar el proyecto de Ley de las Tic, ante las tenebrosas disposiciones que incluía para amordazar la libertad de expresión. Y también están los ultrajes a Vicky Dávila por parte del CD, a Daniel Coronell por la Fiscalía, a Samper Ospina por el “presidente eterno”, la mordaza a los periodistas de la Radio Nacional y tantas afrentas más.

El único gremio en protestar fue la FLIP. Hay que destacar el coraje de la FLIP. ¿Qué pensarán don Guillermo Cano y tantos mártires nuestros del cómplice silencio de un CPB, que ahora actúa como fábrica de premios, coronas y medallas?

Es impensable que Duque actúe mordaza en mano. Él tiene otra manera de actuar. Por ejemplo, no ha acudido al famoso: “pasemos a la siguiente pregunta”.

Este 9 de febrero, el Presidente tiene la oportunidad de fijar la posición de su gobierno frente a las libertades de prensa y expresión. Y aclarar de una vez por todas, si los medios estatales, como RTVC, los canales de los departamentos y ciudades seguirán siendo “varas de premio”  para compensar a los colegas que se hayan prestado para encumbrar a los funcionarios encargados de otorgar jugosos contratos. Estos medios deben tener otra filosofía y otro destino diferente al de atajar la crítica y adular al funcionario de turno.

Esa es la única manera de garantizarle a Colombia libertad de prensa y democracia. 

BLANCO: La revista Semana se refinancia, pero conserva su independencia.

NEGRO: Los atropellos de Maduro a los periodistas colombianos.   

Bogotá, D. C, 1 de febrero de 2019

*Periodista, Exdirector del Noticiero Nacional y de Notisuper.

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Clara López Obregón

Por Clara López Obregón*.- Con motivo de la reunión anual de las élites mundiales en Davos, Suiza, Oxfam Intermón publicó su informe anual sobre desigualdad económica. Los resultados son alarmantes.

Mientras la riqueza de los “milmillonarios” aumentó el 12 por ciento durante el año 2018, a razón de $2.500 millones de dólares diarios (900 mil millones al año), el poder adquisitivo de los más pobres se redujo en 11 por ciento. Las 26 personas más ricas de la tierra poseen la misma riqueza que casi la mitad de la humanidad compuesta por 3.400 millones de personas que viven con menos de $5.5 dólares o 15 mil pesos al día. En resumen, los ricos son cada vez más ricos y los pobres más pobres.

¿Por qué debe preocuparnos esa situación, si en América Latina y en Colombia se han hecho avances contra la pobreza extrema? La desigualdad no es solamente objetable desde un punto de vista ético sino también político y económico. Ello tal vez explique el éxito del libro El Capital en el Siglo XXI de Thomas Piketty, una obra académica bastante densa que se ha vendido como un “bestseller,” con ventas de 2.2 millones de ejemplares en treinta idiomas.  

El trabajo de Piketty ha dejado sin piso la teoría de Simon Kuznets, una de las más asentados de las ciencias económicas. Según esta tesis, todas las economías pasarían por una etapa de desarrollo industrial en la cual las desigualdades se acentuarían, para después pasar a una etapa de democracia social y ampliación del consumo masivo que frenaría la desigualdad, la cual se estabilizaría posteriormente en niveles aceptables. Solo habría que ser pacientes mientras el crecimiento se derramaba hacia abajo para finalmente beneficiar a todos.

Piketty reconoce que esta teoría respondió a un primer y ambicioso esfuerzo estadístico presentado en 1953 cuando arreciaba la guerra fría, pero también lo glosa por cuanto, a pesar de estar consciente del carácter especulativo de su formulación, Kuznets se cuidó de subrayar que estas predicciones tan optimistas también estaban orientadas a mantener a los países en desarrollo “dentro de la órbita del mundo libre.”

Con la obra de Piketty, que los datos anuales de Oxfam Intermon evidencian, ha llegado la hora de colocar a la desigualdad en el centro de las preocupaciones de las ciencias sociales y económicas y de las políticas públicas, pues los extremos de desigualdad que se están registrando -  y Colombia es un caso emblemático al ser uno de los países más desiguales sobre la tierra - no solamente atentan contra la equidad y la eficiencia económica sino contra la democracia.

“El 60 por ciento de la reducción de la desigualdad y la pobreza se explica por la inversión pública en esas áreas (salud, educación y protección social),” explica Rosa Cañete Alonso, coordinadora del Programa de Lucha contra la Desigualdad de Oxfam para Latinoamérica y el Caribe” (ET 27/01/2019).  Pero ese gasto público social se hace imposible en los volúmenes necesarios en ausencia de un sistema tributario progresivo que ponga a los excesivamente ricos a pagar su parte. En muchos países del mundo, esos intereses especiales han logrado no solo reducir los gravámenes que deberían pagar, sino eliminar el impuesto a las herencias. Muy pronto empezaremos a ver estudios que muestran que la riqueza en pleno siglo XXI no corresponde al saber sino al linaje, convirtiendo la meritocracia en una “heredocracia.” Mal augurio para la democracia y para los estímulos al crecimiento económico. 

Entre más se concentra el poder económico, más se concentra el poder político y la influencia de los intereses del capital en la toma de decisiones sobre la política tributaria, la reforma pensional, la flexibilización laboral, el gasto público, la reforma rural integral, la protección ambiental, entre tantos otros temas de gran incidencia social. Así se cumple la máxima lapidaria de Lampedusa: ¡Que todo cambie para todo siga igual! O peor.

Bogotá, D. C, 30 de enero de 2019

*Precandidata a la Presidencia y Excandidata a la Vicepresidencia de Colombia. Exalcaldesa de Bogotá y Exministra de Trabajo.

 

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Victor G Ricardo

Por Victor G Ricardo*.- Nuevamente los colombianos empezamos a sentir que vienen ocurriendo en diferentes regiones del país, tanto en zonas urbanas como en zonas rurales, mayores hechos de delincuencia e inseguridad.


No sólo nos enteramos a diario de atracos en carreteras, para lo cual los delincuentes primero simulan un choque de vehículos o en otros casos simplemente le chocan el carro a las víctimas para atracarlos, también hemos visto que, en las ciudades, cada día son mayores los casos de robos y atracos e incluso masivos a plena luz del sol en restaurantes altamente concurridos.


En los casos de robos de objetos de valor, como celulares y relojes, es impresionante que difícilmente alguien se salva de vivir una de estas malas experiencias. Ni la mayor precaución nos exime del peligro en nuestras calles, casas, y prácticamente cualquier lugar. En conclusión, el ambiente de inseguridad que estamos viviendo hace que las autoridades con urgencia tomen medidas adecuadas para controlar esta situación.


No podemos dejar que esta situación continúe. La Policía Nacional debe coordinar con las autoridades de cada región un plan de acción rápido y eficaz que pueda controlar estos casos y que vuelva la tranquilidad que la ciudadanía espera.


Si bien es cierto que en estos casos son muchos los ciudadanos venezolanos que se han visto involucrados y que la desesperación y desempleo que ellos viven pueden llevarlos a esto, este tema no es nuevo en nuestro país y no podemos simplemente escudarnos bajo ese argumento y esa excusa que hace que las autoridades no reaccionen como deberían hacerlo.


No solo se requiere acción policial sino también políticas de Estado que controlen la situación de los inmigrantes venezolanos.


A propósito de Venezuela, ha sido muy importante la declaración del Ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes Trujillo, después de la divulgación en distintos medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, del apunte en su libreta de trabajo del asesor de seguridad de los Estados Unidos el señor John Bolton de enviar 5.000 soldados americanos a territorio colombiano en el sentido que Colombia no ha pactado ninguna intervención militar en Venezuela y que sólo continuará su tarea desde el punto de vista diplomático para restablecer la democracia en el vecino país y lograr que los venezolanos que se han ido y de los cuales han ya más de un millón en Colombia puedan lograr regresar a su país, porque Colombia no puede permitir que se nos coloque como una base militar, pues entraríamos en un alto riesgo de ser el centro de ataque.

Finalmente, no podemos dejar pasar sin mirar y repudiar el ya muy elevado número de dirigentes sociales y defensores de derechos humanos que han sido asesinados en diferentes regiones de nuestro país. Porque lo que se observa es que hay una verdadera estrategia de muerte contra estos dirigentes que el Estado tiene que parar y descubrir quiénes son sus responsables. En Colombia son tan dinámicas las noticias que una tapa la otra y no podemos dejar que eso suceda.

Estamos hoy en día lamentando lo sucedido con el ataque del Eln a la escuela de formación de la Policía Nacional donde ya van más de 22 los muertos como producto de ese atentado atroz, pero también van cerca de 400 muertos de dirigentes sociales que no podemos olvidar. Y qué decir de la acción también con maquinarias de muerte que han venido presentando los grupos y bandas del narcotráfico. O actuamos con rapidez e inteligencia en acciones que permitan contener la inseguridad, o la intranquilidad generalizada va a colmar las esperanzas de un mejor futuro.

Bogotá, D. C, 30 de enero de 2019.

*Excomisionado de Paz

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José G Hernández

Por José G Hernández.- Nicolás Maduro abusó del poder, vulneró derechos humanos, transgredió la Constitución, cayó en la ilegitimidad desde hace mucho tiempo, creó una asamblea constituyente por mecanismos inconstitucionales; se hizo reelegir en un remedo de proceso electoral -con las autoridades electorales parcializadas a su favor-, y ha venido siendo sostenido por medio de las armas y el poder militar.

Eso está muy claro. Como lo está que el manejo de la economía venezolana ha sido pésimo;  que el nivel de inflación es inverosímil; que  el pueblo padece hambre y enfermedades no atendidas; que los venezolanos -como lo hemos visto en Colombia- están saliendo de su territorio completamente desesperados, en busca de oportunidades para llevar una vida digna.

Además, las libertades de expresión, de información, política, de empresa y de trabajo han sido conculcadas. La censura es evidente y la conducción de las relaciones internacionales no arroja sino enfrentamientos estériles que llevan a mayores sacrificios para los gobernados por causa de sanciones económicas adoptadas contra el país.

Ahora bien. El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó se ha proclamado presidente de la República encargado, y se lo ha reconocido como tal  por el Grupo de Lima, la mayoría de los países americanos y  la OEA, a la vez que la Unión Europea  da un plazo a Maduro para que convoque a elecciones.

Guaidó invoca el artículo 233 de la Constitución, en cuyo texto -si nos salimos de lo político y vamos a lo jurídico-  no encaja la situación concreta, ya que, al tenor de la norma, la asunción al poder transitorio por parte del presidente de la Asamblea sólo tiene lugar  “cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa antes de tomar posesión”,  lo que no ha ocurrido porque la elección de Maduro, con todo y lo irregular -ya subrayado-, no ha sido declarada nula por la administración de justicia, y no se ha configurado ninguna de las causales de falta absoluta -la muerte, su renuncia, la destitución decretada por sentencia, la incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica, el abandono del cargo, o la revocatoria popular del mandato-. Sólo en uno de tales casos “se procederá a una nueva elección universal, directa y secreto dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional”.  

Así que, en estricto sentido constitucional, no es muy católica la forma en que se asume el encargo. Es una solución netamente política, no jurídica, dado el carácter insostenible de la situación.

Lo que preocupa hacia el futuro es el antecedente. La intervención de otros países en decisiones internas. La práctica abolición del principio internacional de autodeterminación de los pueblos y el precedente según el cual una interpretación -aun deleznable- de las reglas sirve para desalojar , o -digámoslo con claridad- para tumbar un gobierno.

El poder embriaga y, junto con la ambición, a veces crea circunstancias inconcebibles. Las soluciones políticas –ante ellas- no siempre coinciden con las normas. Esta fue una hipótesis singular, muy difícil, pero ojalá no se repita.

Bootá, D. C, 30 de enero de 2019

*Expresidente de la Corte Constitucional

 

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Jairo Gómez

Jairo Gómez*.- Estados Unidos, desde tiempos inmemoriales, siempre ha echado mano de la invasión militar para “solucionar” los desmanes que en América Latina, según Washington, se cometan contra la democracia. La última vez fue hace 30 años -1989- para sacar a su aliado, el general Manuel Antonio Noriega, del poder en Panamá.

Hoy contempla de nuevo esa alternativa para Venezuela; a una pregunta de un periodista sobre si buscaría una solución militar a la crisis del vecino país, el presidente Trump, con la arrogancia natural que le brota de sus labios, dijo que “esa es una de las posibilidades que están sobre la mesa”. Y parece que la cosa va en serio, pero más grave aún; al parecer, Estados Unidos contaría con el territorio colombiano para hacerlo; nuestro país convertido en una especie de portaviones. Las alarmas se prendieron cuando, no se sabe aún si fue por descuido o deliberadamente, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, mostró un texto que decía: “5.000 tropas a Colombia”.

No hay que tener cinco dedos de frente para entender que este halcón consentido del Tea Party, está hablando de cinco mil mariners estadounidenses en tierras colombianas, es decir, cinco mil hombres armados hasta los dientes y con la tecnología de punta a cuestas. ¿Qué se propone este adalid de la guerra? ¿Son para usarlos contra Venezuela y el régimen chavista?, es decir, ¿para derrocar a Maduro? No me atrevo a afirmarlo, pero todo parecería indicar que sí.

Como están las cosas, sin duda esto suena a una estrategia sistemática y pensada desde Washington para ponerle la estocada final al régimen de Maduro, si este busca atornillarse en el poder.

¿Sabe de estos propósitos el presidente Duque? ¿Washington le consultó a Bogotá sobre la estrategia militar? Creo que el joven mandatario nos debe explicar esta preocupante noticia que nos pone en la mira de Caracas.

Si el gobierno del presidente Duque está dispuesto a propiciar un pacto de esa naturaleza nos está poniendo a los colombianos y colombianas en un riesgo infinito, de incalculables proporciones: se saben cómo comienzan las guerras, pero no cuándo terminan, con la subsiguiente consecuencia de destrucción y muerte de inocentes ciudadanos en ambos países. Esto no es Macondo, es una posibilidad real.

El presidente Duque debe estar en la tarea de propiciar un escenario de diálogo antes de aventurarse a respaldar una acción que pone a los colombianos en la mira de los cañones.  Colombia tiene más de dos mil kilómetros de frontera con Venezuela y nuestros vínculos culturales y ancestrales son indivisibles; por ello el mandatario debe abogar por que la salida a la crisis venezolana sea pacífica y no propugnar por una solución militar. Sería un desastre. Lo dijo el papa Francisco este domingo en Panamá, a donde asistió el propio Duque a escuchar las oraciones del sumo pontífice por cada uno de los cadetes muertos en el horrendo atentado de la guerrilla.

Ahora, en el evento de aceptar la propuesta, el presidente Duque tendría que acudir al Senado de la República a pedir la autorización de presencia de tropas extranjeras en nuestro territorio, instancia que seguramente no propiciaría semejante locura; o ¿será que, para evitar el Congreso, se escudarían en la lucha contra el narcotráfico para meternos ejércitos foráneos como lo hicieron con las siete bases militares que Estados Unidos tiene a lo largo y ancho del país?

Por supuesto, la militar no es la salida a la crisis venezolana. Pretender desde Washington apelar a los misiles es garantizar una confrontación a gran escala y la masacre sería imperdonable cuando la diplomacia, la vía del diálogo y la negociación, la pueden evitar.

Es importante que el presidente Duque nos diga a los colombianos qué tan posible es la idea del señor Bolton y si es factible que ello ocurra. Si es así, que nos cojan confesados.

Bogotá, D. C, 29 de enero de 2019

*Periodista y Analista Político.

@jairotevi

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Mario Vargas Llosa
Por Mario Vargas Llosa*.- Algún día se escribirá un gran libro sobre la heroica lucha del pueblo venezolano contra la dictadura de Chávez y Maduro, que recuerde los sufrimientos que ha padecido todos estos años sin cesar de resistir, pese a los torturados y a los asesinados, a la catástrofe económica —probablemente la más atroz que recuerde la historia moderna— que ha llevado a un país potencialmente muy rico a la hambruna colectiva y ha obligado a cerca de tres millones de ciudadanos a huir, a pie, a los países vecinos para no perecer por la falta de trabajo, de comida, de medicinas y de esperanza. Menos mal que el martirio de Venezuela parece llegar a su fin, gracias al nuevo ímpetu que han inoculado Juan Guaidó y otros jóvenes dirigentes a la resistencia.
 
Parece imposible, ¿no es cierto?, que una dictadura rechazada por todo el mundo democrático, la OEA, la Unión Europea, el Grupo de Lima, las Naciones Unidas y, cuando menos, por tres cuartas partes de su población, pueda sobrevivir a esta última arremetida de la libertad con la proclamación, por la Asamblea Nacional de Venezuela (el único organismo más o menos representativo del país), de Juan Guaidó como presidente encargado de convocar nuevas elecciones que devuelvan a la nación la legalidad perdida. Y, sin embargo, el tirano sigue todavía allí. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas aún lo protegen y han tendido un escudo protector en torno suyo. Los hemos visto, allí en la televisión, a esos generales y almirantes empastelados de medallas, mientras el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino, juraba lealtad al régimen espurio. Lo que explica esta supuesta lealtad no son afinidades ideológicas. Es el miedo. El recurso del que se valió Chávez, y que continuó Maduro con esta cúpula militar para asegurar su complicidad, fue comprarla, entregándole prácticamente el negocio del narcotráfico, de tal manera que buen número de estos oficiales se han hecho ricos y tienen sus fortunas en paraísos fiscales. Pero casi todos ellos están fichados internacionalmente y saben que, cuando caiga el régimen, irán a la cárcel. Las promesas de amnistía que les ha hecho llegar Guaidó no los tranquilizan, porque sospechan que no valen fuera del territorio venezolano, y sus sucias operaciones están perseguidas y serán penadas por tribunales internacionales a lo largo y ancho del planeta.
 
Es indispensable que los países e instituciones internacionales multipliquen la presión contra Maduro
 
¿Pero por qué no se rebelan, entonces, contra la tiranía de Maduro esos jóvenes oficiales —tenientes, capitanes— y soldados a los que golpea la atroz crisis económica igual que al resto de la población venezolana? Por una razón también muy simple. Por la vigilancia estricta e implacable que ejercen sobre las Fuerzas Armadas de Venezuela los técnicos y profesionales de Cuba, a quienes el comandante Chávez entregó prácticamente el control de la seguridad militar y civil del régimen que implantó. Se trata de algo sin precedentes; un país renuncia a su soberanía y entrega a otro el control total de sus Fuerzas Armadas y policiales. Y los comunistas, como ha sido comprobado hasta la saciedad, arruinan la economía, destruyen las instituciones representativas, regimentan y aplastan la cultura, pero han llevado la censura y la represión de toda forma de insumisión y rebeldía a poco menos que la perfección artística. No olvidemos que todas las instituciones militares venezolanas han sido sometidas a purgas sistemáticas y que hay varios cientos de oficiales expulsados o encarcelados por no ser considerados “seguros” para la dictadura.
 
Sin embargo, la URSS se desplomó como un castillo de naipes, y también sus satélites centroeuropeos se desmoronaron y hoy día son verdaderos baluartes contra aquel régimen que había prometido bajar el paraíso a la tierra y más bien creó las peores satrapías que conoce la historia. El régimen de Maduro se ufana de la protección que le prestan dictaduras como la rusa, la china, la turca, y la solidaridad de otras tiranías latinoamericanas como Cuba, Nicaragua o Bolivia. Vaya compañeros de viaje, para quienes vale el famoso refrán: “Mira con quién andas y te diré quien eres”. En el caso de Rusia y de China, ambos países han hecho préstamos tan extravagantes a la dictadura de Maduro —que sólo sirvieron para agravar la corruptela reinante— que temen, con muchísima razón, que jamás podrán cobrarlos. Lo tienen bien merecido: querían asegurarse fuentes de materias primas fortaleciendo económicamente a una tiranía corrupta y lo más probable es que terminen siendo también parte de sus víctimas. La fiera que va a morir se defiende con uñas y dientes y no hay duda que el régimen, ahora que se siente acorralado y presiente su fin, puede causar mucho dolor y derramar todavía más sangre inocente. Por eso es indispensable que los países e instituciones democráticas internacionales multipliquen la presión contra el Gobierno de Maduro, extendiendo los reconocimientos a la presidencia de Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional, y logrando el aislamiento y la orfandad del régimen a fin de precipitar su caída antes de que haga más daño del que ha causado a la desdichada Venezuela.
 
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, lo ha dicho con claridad: “No hay nada que negociar con Maduro”. Todos los intentos de diálogo se han visto frustrados porque la dictadura pretendía utilizar las negociaciones sólo para ganar tiempo, sin hacer la menor concesión, y conspirando sin tregua, gracias a la ayuda que le prestaban gentes ingenuas o maquiavélicas, para sembrar la discordia entre las fuerzas de oposición. Las cosas han ido ya demasiado lejos y la primera prioridad es ahora acabar cuanto antes con la dictadura de Maduro a fin de que se convoquen elecciones libres y los venezolanos puedan por fin dedicarse a la reconstrucción de su país.
 
Los intentos de diálogo se han visto frustrados porque la dictadura pretendía utilizar la negociación para ganar tiempo
 
La movilización del mundo democrático, empezando por los países occidentales, ha sido algo sin precedentes. Yo no recuerdo haber visto nada parecido en los muchos años que tengo. Al mismo tiempo que diversos gobiernos, empezando por los Estados Unidos y Canadá y los principales países europeos, reconocían a Guaidó como presidente, la Unión Europea, la OEA, las Naciones Unidas y todos los países democráticos latinoamericanos, con excepción de Uruguay y México (algo previsible), rompían con la dictadura y se movilizaban a fin de apresurar la caída del régimen sanguinario de Maduro. No hay que olvidar, en estos momentos en que por fin se ve una luz al final de este largo camino, que nada de esto hubiera sido posible sin el sacrificio del pueblo de Venezuela, que, si en un primer momento se rindió a los cantos de sirena de Chávez, luego reaccionó con ejemplar valentía y ha mantenido todos estos años su resistencia, sin dejarse amilanar por la ferocidad de la represión.
 
Gracias Julio Borges, María Corina Machado, Leopoldo López, Lilian Tintori, Henrique Capriles, Antonio Ledezma, Juan Guaidó y los miles de miles de mujeres y hombres que los siguieron todos estos años demostrando en las calles, y en los calabozos y en el exilio, que América Latina ya no es, como en el pasado, tierra de sátrapas y de ladrones, y que un pueblo que ama la libertad no puede ser indefinidamente encadenado. Algún día, no lejano, un retoño de uno de esos grandes escritores que ha dado ya Venezuela a nuestra lengua escribirá esa gran novela tolstoyana sobre lo que ocurrió y está ocurriendo allá. Y el final será, por supuesto, un final feliz.
 
Febrero 3 de 2019
 
*Premio Nobel de Literatura 2010
 
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Mauricio Cabrera Galvis

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Hay de todo en el Hay. En el festival de literatura también se presentan los autores de libros de ciencia, historia, política, economía, o ecología. Uno de los conversatorios más impactantes fue el que sostuvieron Patricia Lara y el sacerdote jesuita Francisco de Roux sobre el conflicto colombiano. Aunque los dos han escrito libros sobre los orígenes y el desarrollo del conflicto, lo que hubo no fue una discusión académica sino un compartir los relatos de las víctimas y lo que está haciendo la Comisión de la Verdad, que preside el padre Francisco para escucharlos y tratar de evitar que se repitan.

Muchas de las historias de las víctimas son desgarradoras. Mujeres violadas, soldados mutilados, familias destrozadas por el secuestro, madres que vieron masacrar a sus hijos o que no los vieron morir porque los desaparecieron y fueron un falso positivo. Son las heridas abiertas de una guerra demasiado larga y que deben ser reparadas.

Dos conclusiones preocupantes quedan después de oírlos. La primera es la magnitud del conflicto manifestada en la cantidad de víctimas, y la insensibilidad de la sociedad frente a esta tragedia. Más de 8 millones de víctimas registradas; más de 400.000 muertos; más 60.000 desaparecidos hacen del conflicto interno colombiano uno de los más sangrientos en relación al tamaño de su población. El mandato de la Comisión incluye tratar de entender el impacto de esta tragedia.

Contrasta el dolor de esos 8 millones de colombianos con la insensibilidad de gran parte de la sociedad, sobre todo la urbana, que no siente que el problema sea con ellos. Por eso insiste el padre Francisco en que una de las tareas fundamentales de la Comisión es escuchar esas historias y hacerlas visibles para que todos comprendamos que el asesinato de una sola persona es una herida para todo el país.

En contra del “Elogio al olvido” que propone David Rieff en el libro del mismo título, la Comisión reivindica la importancia de rescatar para la memoria lo sucedido para que no se repita. La segunda es constatar que el conflicto, si bien ha disminuido, no ha terminado porque sus causas y raíces siguen vivas y coleando en las mismas regiones que los han padecido por décadas.

Cartagena de Indias, 3 de febrero de 2019

*Filósofo, Economista y Consultor.

 

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Monseñor Luis Fernando Rodríguez Velásquez:

Monseñor Luis Fernando Rodríguez Velásquez*.- Cuando el Papa Francisco se dirigió por primera vez a los jóvenes en Panamá, recordó sus palabras en la última Jornada Mundial de la Juventud de Polonia, en la que dijo que no sabía si podría venir a Panamá, pero que de todos modos aseguraba, que Pedro iría. Así entonces, de forma tajante, como efectivamente pudo venir personalmente, les dijo: “ahora les habla Pedro”. De igual manera, cuando terminó, en el estadio Olímpico de Ciudad de Panamá, a los más de 23.000 voluntarios, les repitió las mismas palabras, asegurándoles que no sabía si iría a Lisboa en el 2022, pero que de todos modos iría Pedro.

La Jornada mundial de la Juventud, como todos y cada uno de los encuentros con el Papa, sea en Roma, como en cada una de sus peregrinaciones a lo largo y ancho del mundo, son un verdadero encuentro con Pedro, que tiene, entre otras cosas, la misión de confirmarnos en la fe.

A eso viene Papa a cada país que visita, esa es su tarea en cada discurso u homilía pronunciada.

Ahora en Panamá, de nuevo nos habló Pedro. Y lo hizo de manera genérica, en nombre de Jesús, para que cada uno logre descubrir lo que el Señor le está diciendo de acuerdo a su situación puntual, pero también habló directamente a personas, a grupos a instituciones. Cómo no destacar su directo y apremiante mensaje al pueblo colombiano y su sentida oración en sufragio por las almas de los cadetes asesinados en Bogotá. Todo indica que esto es un hecho inédito en el protocolo Vaticano, el que un Papa ore públicamente, con nombre y apellidos, por unos jóvenes asesinados en un país. Se destacan varias cosas. El afecto que tiene por nuestro país, que visitó recientemente y al que invitó a apaciguar los corazones y a ser artesanos de la paz, pero también, su sensibilidad ante las víctimas inocentes y sus familias.

Un nuevo llamado a la paz nos hizo, que recuerdo: “jóvenes alumnos de la Escuela de Cadetes de Policía “General Francisco de Paula Santander” en Colombia, asesinados por el odio terrorista. Estos jóvenes fueron ofrenda en la Misa, y como recuerdo de ellos, me permito en este Ángelus nombrarlos, y cada uno en el corazón, en voz alta en el corazón, diga esa palabra que se suele decir en estos institutos cuando se nombra a un muerto: “presente”. Que estén presentes delante de Dios… Te pedimos Señor que les des su paz y al pueblo colombiano que también le des su paz. Amén”. Aquí hubo un renovado llamado para que cese el odio terrorista, y para que juntos podamos lograr la meta de una sociedad que viva en paz, sin odios, sin rencores, si muertes fratricidas.

Nos habló Pedro, como en Colombia, cuando en Villavicencio, ante el Cristo de Bojayá nos dijo. “Colombia, abre tu corazón de Pueblo de Dios, déjate reconciliar… No se resistan a la reconciliación para acercarse, reencontrarse como hermanos y superar las enemistades. Es hora de sanar heridas, de tender puentes, de limar diferencias. Es la hora para desactivar los odios y renunciar a las venganzas y abrirse a la convivencia basada en la justicia, en la verdad y en la creación de una verdadera cultura del encuentro fraterno”. Qué bueno fuera que lo escucháramos todos y pusiéramos en práctica su llamado a la paz.

Finalmente, un dato que pocos medios destacaron. El Papa Francisco, nuevamente estuvo en Colombia. En efecto, puesto que según las normas internacionales y los artículos 17 y 21 de la Convención Internacional sobre Aviación Civil de 1944, los aviones tienen la nacionalidad del país en el que fueron registrados, es decir, hacen parte del territorio del país que representan con su bandera, al viajar el Papa Francisco en una aerolínea que tenía la bandera colombiana, durante su trayecto, y hasta que no descienda de él, estuvo en territorio colombiano. Qué alegría y que honor.

Cali, 3 de febrero de 2019

*Obispo Auxiliar de Cali

Fuente Conferencia Episcopal de Colombia

 

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Jorge Enrique Robledo

Por Jorge Enrique Robledo*.- El Tribunal Superior de Cundinamarca nos otorgó –con José Roberto Acosta y la Procuraduría– una medida cautelar que prohibió la venta de Medimás EPS a la norteamericana DBMS o a cualquier otro, si no se asegura que se cumplan unas condiciones que garanticen la salud de los colombianos y no, simplemente, las ganancias del vendedor y el comprador (https://bit.ly/2SjaeyN). Así se le dio su merecido mentís a la falsedad de que pueden hacer lo que se les dé la gana porque se trata de un negocio “entre privados”, en el que el Estado no puede intervenir, como si la ley no lo autorizara ni estuvieran en juego cuatro billones de pesos anuales de recursos públicos y el derecho a la salud de 4,2 millones de colombianos. 

Lo que se busca con esta acción popular son garantías para la adecuada prestación del servicio de salud a los usuarios de Medimás, el respeto de los derechos laborales de los trabajadores de la EPS y Esimed y el cumplido pago de las deudas a las clínicas y hospitales, públicos y privados, que le sirven a Medimás. Si no fuera en la Colombia de las astucias y corruptelas, estos deberes empresariales básicos no tendrían que reclamarse ante los jueces. 

Confirmando las denuncias que hicimos hace año y medio para que no se consumara dicho negocio, Medimás falló desde el inicio de su operación, fallas que se han empeorado en el trato a sus pacientes y empleados y en su incapacidad administrativa y financiera, hasta el punto de que Esimed (Medimás) tiene once clínicas cerradas con siete mil trabajadores a los que no les paga desde octubre y que el gobierno acaba de quitarle los usuarios de Sucre, Chocó y Cesar. Y sus pésimas cifras económicas están en la base de la mala calidad de los servicios que presta: tiene cuotas incumplidas por 123.260 millones de pesos de la compra de Saludcoop y Cafesalud, acumula pérdidas por 716.147 millones y deudas por 2,2 billones, frente a activos totales de 1,95 billones, luego el comprador también adquirirá no pocos pleitos con el Estado, en el que el país perderá sumas enormes si se dirimen bajo las cláusulas del TLC con Estados Unidos. 

El norteamericano interesado, ¡que le remitió al presidente Duque la copia de una carta de compra por Medimás con falsedades!, tiene además toda la pinta del aventurero inexperto lanzado a capturar el chorro de los 300 mil millones de pesos mensuales de la plata pública de la UPC, al igual que la conocida impunidad de la que gozan las EPS. 

Aunque el pésimo negocio para el país de Medimás lo montó el gobierno de Santos y Duque desea continuarlo –¡otra vez de acuerdo!–, lo cierto es que estas desgracias son causadas por la Ley 100 de 1993, aplicada desde entonces por todos los gobiernos. Medimás es el resultado de la corrupción de Saludcoop, incluida la que practicó el interventor que le nombró el santismo, al que se le toleró, haciendo caso omiso de mis denuncias en el Congreso, que administrara la EPS con las mismas prácticas de Palacino. Y se origina en una ley que supone que no habrá corrupción en el sector porque la elimina la simple competencia entre las EPS, que luchan entre sí –dicen– por actuar con la mayor eficiencia y pulcritud. ¡Qué tal el cuento! 

Y Medimás no es la excepción sino la norma. Hay 21 EPS intervenidas por el Estado, los sufrimientos de los pacientes parecen escapados de la obra del Dante, médicos, enfermeras y demás empleados trabajan muy duro y ganan muy poco y hasta les roban –esa es la palabra– parte de sus sueldos. El ataque a la red pública hospitalaria ha sido bárbaro y a las clínicas privadas las estafan no pagándoles sus cuentas. Todo porque la Ley 100 no es para la salud de los colombianos sino para el negocio financiero con la plata de la salud de los colombianos, por lo que las EPS imponen: “primero yo, segundo yo y tercero yo”.

Colombia necesita un sistema de salud que establezca, de verdad, que su objetivo es el bienestar de las personas, para lo que requiere de las mejores condiciones laborales y óptimas clínicas y hospitales, públicos y privados, y de un Estado que cuide y controle a los unos y a los otros. Sus administradores –llámese EPS o no– tienen que operar con la mayor calidad y a los menores costos, porque deberán actuar al servicio de la gente y no al contrario. Y tendrá que funcionar con cero tolerancias a la corrupción en cada una de sus partes. Que esto es posible lo prueba lo que ocurre en otros países de economía de mercado (https://bit.ly/2HMBK3t). 

Bogotá, 1 de febrero de 2018

*Senador del Polo Democrático Alternativo

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José Felix Lafaurie

Por José Felix Lafaurie*.-  La política se mueve entre el pragmatismo –real politik–, al que solo le importan los resultados y nos remite a Maquiavelo; y el idealismo, al que le importan los resultados, pero mediados por “la ética”, por la convicción ideológica de lo que es bueno y es malo, que nos remite a Platón y Aristóteles.

En el primer político no hay consistencia entre su actuar y su discurso –promete y no cumple– y entre su discurso y sus convicciones, si ellas no sirven a los resultados. El segundo siempre actúa como habla y como piensa. La coherencia, madre de la confiabilidad, es el sello de sus decisiones y ejecutorias.

Coherente ha sido la política exterior de Iván Duque. El Eln no podía llamarse a engaño si no renunciaba al secuestro, al terrorismo y sus actividades criminales como condición para una negociación. No era una condición advenediza, sino clara desde la campaña y desde su posición política en el Congreso.

Duque habría negociado con terroristas con voluntad efectiva de dejar de serlo, pero nunca con terroristas “en ejercicio”. Por eso Cuba y los países garantes tampoco podían llamarse a engaño, y por eso es coherente la solicitud al gobierno cubano, del cual también se espera coherencia con sus enfáticas declaraciones de rechazo al terrorismo. Si no entrega a los cabecillas del Eln, quedará en tela de juicio su confiabilidad, que necesita para no volver a las listas negras de los países que promueven el terrorismo.

Tampoco el régimen de Maduro se podía llamar a engaño con “un nuevo mejor amigo”, pues Iván Duque lo había denunciado ante la Corte Penal Internacional en 2017. Eso es coherencia, como también su liderazgo en Latinoamérica y el mundo: en el Grupo de los 13, en la OEA, la ONU y la Unión Europea, para cerrarle el círculo al dictador. Las recientes decisiones de Estados Unidos y del Parlamento Europeo le dan la razón.

Y aunque la izquierda y algunos sectores, como era de esperarse, pusieron el grito en el cielo con el discurso de la libre determinación de los pueblos, mientras hacen oídos sordos al pueblo venezolano que, el sí, pide a gritos el apoyo del mundo, fueron también coherentes el oportuno reconocimiento de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela al día siguiente de su proclamación; y del embajador Humberto Calderón el mismo día de su nombramiento; y la lista de 200 colaboradores de la dictadura con prohibición de ingreso a nuestro país, encabezada por Maduro y Cabello.

Bogotá, D. C, 3 de febrero de 2019

*Presidente de Fedegan

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Gabriel Ortiz

Por Gabriel Ortiz*.- Este año va acelerado. Entramos a febrero mes que el 9, celebra el día del periodista, y se hace entrega de premios. Pero será un 9 triste y empañado, por hechos que malogran y ponen en serio peligro las libertades de prensa y expresión, baluartes de la democracia.

El nuevo gobierno ha permitido actuaciones de funcionarios que pueden atentar contra la tradicional independencia. Hay certeza de que esa no es la voluntad del Presidente y que ello nace de los halagos que buscan subalternos ávidos de lisonjas.

La persecución a los periodistas es explicita. Se aprecia el odio y la rabia contra ellos. La Fundación para Libertad de Prensa, FLIP, ha sido el único gremio en pronunciarse sobre estos atropellos. El CPB, que se creó hace más de 60 años para proteger, defender, abrigar y custodiar la libertad de prensa, se ha hecho el de la vista gorda. Seguramente teme que el Presidente Duque y altos funcionarios del Estado no participen en las celebraciones del 9 de febrero, cuando hace entrega de premios a los mejores periodistas del año.

Curioso que un gremio que no vigila las libertades, ni defiende a los periodistas se arrogue el derecho a galardonar a los profesionales de las comunicaciones, a los fiscales de la sociedad. Esos premios pueden carecer del honor y la pureza que exige un trofeo de esas calidades.

El último episodio que se conoce, fue el que se registró en RTVC, entidad que censuró la serie “Los Puros Criollos”, del colega Santiago Rivas, porque se atrevió a criticar el proyecto de Ley de las Tic, ante las tenebrosas disposiciones que incluía para amordazar la libertad de expresión. Y también están los ultrajes a Vicky Dávila por parte del CD, a Daniel Coronell por la Fiscalía, a Samper Ospina por el “presidente eterno”, la mordaza a los periodistas de la Radio Nacional y tantas afrentas más.

El único gremio en protestar fue la FLIP. Hay que destacar el coraje de la FLIP. ¿Qué pensarán don Guillermo Cano y tantos mártires nuestros del cómplice silencio de un CPB, que ahora actúa como fábrica de premios, coronas y medallas?

Es impensable que Duque actúe mordaza en mano. Él tiene otra manera de actuar. Por ejemplo, no ha acudido al famoso: “pasemos a la siguiente pregunta”.

Este 9 de febrero, el Presidente tiene la oportunidad de fijar la posición de su gobierno frente a las libertades de prensa y expresión. Y aclarar de una vez por todas, si los medios estatales, como RTVC, los canales de los departamentos y ciudades seguirán siendo “varas de premio”  para compensar a los colegas que se hayan prestado para encumbrar a los funcionarios encargados de otorgar jugosos contratos. Estos medios deben tener otra filosofía y otro destino diferente al de atajar la crítica y adular al funcionario de turno.

Esa es la única manera de garantizarle a Colombia libertad de prensa y democracia. 

BLANCO: La revista Semana se refinancia, pero conserva su independencia.

NEGRO: Los atropellos de Maduro a los periodistas colombianos.   

Bogotá, D. C, 1 de febrero de 2019

*Periodista, Exdirector del Noticiero Nacional y de Notisuper.

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Clara López Obregón

Por Clara López Obregón*.- Con motivo de la reunión anual de las élites mundiales en Davos, Suiza, Oxfam Intermón publicó su informe anual sobre desigualdad económica. Los resultados son alarmantes.

Mientras la riqueza de los “milmillonarios” aumentó el 12 por ciento durante el año 2018, a razón de $2.500 millones de dólares diarios (900 mil millones al año), el poder adquisitivo de los más pobres se redujo en 11 por ciento. Las 26 personas más ricas de la tierra poseen la misma riqueza que casi la mitad de la humanidad compuesta por 3.400 millones de personas que viven con menos de $5.5 dólares o 15 mil pesos al día. En resumen, los ricos son cada vez más ricos y los pobres más pobres.

¿Por qué debe preocuparnos esa situación, si en América Latina y en Colombia se han hecho avances contra la pobreza extrema? La desigualdad no es solamente objetable desde un punto de vista ético sino también político y económico. Ello tal vez explique el éxito del libro El Capital en el Siglo XXI de Thomas Piketty, una obra académica bastante densa que se ha vendido como un “bestseller,” con ventas de 2.2 millones de ejemplares en treinta idiomas.  

El trabajo de Piketty ha dejado sin piso la teoría de Simon Kuznets, una de las más asentados de las ciencias económicas. Según esta tesis, todas las economías pasarían por una etapa de desarrollo industrial en la cual las desigualdades se acentuarían, para después pasar a una etapa de democracia social y ampliación del consumo masivo que frenaría la desigualdad, la cual se estabilizaría posteriormente en niveles aceptables. Solo habría que ser pacientes mientras el crecimiento se derramaba hacia abajo para finalmente beneficiar a todos.

Piketty reconoce que esta teoría respondió a un primer y ambicioso esfuerzo estadístico presentado en 1953 cuando arreciaba la guerra fría, pero también lo glosa por cuanto, a pesar de estar consciente del carácter especulativo de su formulación, Kuznets se cuidó de subrayar que estas predicciones tan optimistas también estaban orientadas a mantener a los países en desarrollo “dentro de la órbita del mundo libre.”

Con la obra de Piketty, que los datos anuales de Oxfam Intermon evidencian, ha llegado la hora de colocar a la desigualdad en el centro de las preocupaciones de las ciencias sociales y económicas y de las políticas públicas, pues los extremos de desigualdad que se están registrando -  y Colombia es un caso emblemático al ser uno de los países más desiguales sobre la tierra - no solamente atentan contra la equidad y la eficiencia económica sino contra la democracia.

“El 60 por ciento de la reducción de la desigualdad y la pobreza se explica por la inversión pública en esas áreas (salud, educación y protección social),” explica Rosa Cañete Alonso, coordinadora del Programa de Lucha contra la Desigualdad de Oxfam para Latinoamérica y el Caribe” (ET 27/01/2019).  Pero ese gasto público social se hace imposible en los volúmenes necesarios en ausencia de un sistema tributario progresivo que ponga a los excesivamente ricos a pagar su parte. En muchos países del mundo, esos intereses especiales han logrado no solo reducir los gravámenes que deberían pagar, sino eliminar el impuesto a las herencias. Muy pronto empezaremos a ver estudios que muestran que la riqueza en pleno siglo XXI no corresponde al saber sino al linaje, convirtiendo la meritocracia en una “heredocracia.” Mal augurio para la democracia y para los estímulos al crecimiento económico. 

Entre más se concentra el poder económico, más se concentra el poder político y la influencia de los intereses del capital en la toma de decisiones sobre la política tributaria, la reforma pensional, la flexibilización laboral, el gasto público, la reforma rural integral, la protección ambiental, entre tantos otros temas de gran incidencia social. Así se cumple la máxima lapidaria de Lampedusa: ¡Que todo cambie para todo siga igual! O peor.

Bogotá, D. C, 30 de enero de 2019

*Precandidata a la Presidencia y Excandidata a la Vicepresidencia de Colombia. Exalcaldesa de Bogotá y Exministra de Trabajo.

 

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Victor G Ricardo

Por Victor G Ricardo*.- Nuevamente los colombianos empezamos a sentir que vienen ocurriendo en diferentes regiones del país, tanto en zonas urbanas como en zonas rurales, mayores hechos de delincuencia e inseguridad.


No sólo nos enteramos a diario de atracos en carreteras, para lo cual los delincuentes primero simulan un choque de vehículos o en otros casos simplemente le chocan el carro a las víctimas para atracarlos, también hemos visto que, en las ciudades, cada día son mayores los casos de robos y atracos e incluso masivos a plena luz del sol en restaurantes altamente concurridos.


En los casos de robos de objetos de valor, como celulares y relojes, es impresionante que difícilmente alguien se salva de vivir una de estas malas experiencias. Ni la mayor precaución nos exime del peligro en nuestras calles, casas, y prácticamente cualquier lugar. En conclusión, el ambiente de inseguridad que estamos viviendo hace que las autoridades con urgencia tomen medidas adecuadas para controlar esta situación.


No podemos dejar que esta situación continúe. La Policía Nacional debe coordinar con las autoridades de cada región un plan de acción rápido y eficaz que pueda controlar estos casos y que vuelva la tranquilidad que la ciudadanía espera.


Si bien es cierto que en estos casos son muchos los ciudadanos venezolanos que se han visto involucrados y que la desesperación y desempleo que ellos viven pueden llevarlos a esto, este tema no es nuevo en nuestro país y no podemos simplemente escudarnos bajo ese argumento y esa excusa que hace que las autoridades no reaccionen como deberían hacerlo.


No solo se requiere acción policial sino también políticas de Estado que controlen la situación de los inmigrantes venezolanos.


A propósito de Venezuela, ha sido muy importante la declaración del Ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes Trujillo, después de la divulgación en distintos medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, del apunte en su libreta de trabajo del asesor de seguridad de los Estados Unidos el señor John Bolton de enviar 5.000 soldados americanos a territorio colombiano en el sentido que Colombia no ha pactado ninguna intervención militar en Venezuela y que sólo continuará su tarea desde el punto de vista diplomático para restablecer la democracia en el vecino país y lograr que los venezolanos que se han ido y de los cuales han ya más de un millón en Colombia puedan lograr regresar a su país, porque Colombia no puede permitir que se nos coloque como una base militar, pues entraríamos en un alto riesgo de ser el centro de ataque.

Finalmente, no podemos dejar pasar sin mirar y repudiar el ya muy elevado número de dirigentes sociales y defensores de derechos humanos que han sido asesinados en diferentes regiones de nuestro país. Porque lo que se observa es que hay una verdadera estrategia de muerte contra estos dirigentes que el Estado tiene que parar y descubrir quiénes son sus responsables. En Colombia son tan dinámicas las noticias que una tapa la otra y no podemos dejar que eso suceda.

Estamos hoy en día lamentando lo sucedido con el ataque del Eln a la escuela de formación de la Policía Nacional donde ya van más de 22 los muertos como producto de ese atentado atroz, pero también van cerca de 400 muertos de dirigentes sociales que no podemos olvidar. Y qué decir de la acción también con maquinarias de muerte que han venido presentando los grupos y bandas del narcotráfico. O actuamos con rapidez e inteligencia en acciones que permitan contener la inseguridad, o la intranquilidad generalizada va a colmar las esperanzas de un mejor futuro.

Bogotá, D. C, 30 de enero de 2019.

*Excomisionado de Paz

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José G Hernández

Por José G Hernández.- Nicolás Maduro abusó del poder, vulneró derechos humanos, transgredió la Constitución, cayó en la ilegitimidad desde hace mucho tiempo, creó una asamblea constituyente por mecanismos inconstitucionales; se hizo reelegir en un remedo de proceso electoral -con las autoridades electorales parcializadas a su favor-, y ha venido siendo sostenido por medio de las armas y el poder militar.

Eso está muy claro. Como lo está que el manejo de la economía venezolana ha sido pésimo;  que el nivel de inflación es inverosímil; que  el pueblo padece hambre y enfermedades no atendidas; que los venezolanos -como lo hemos visto en Colombia- están saliendo de su territorio completamente desesperados, en busca de oportunidades para llevar una vida digna.

Además, las libertades de expresión, de información, política, de empresa y de trabajo han sido conculcadas. La censura es evidente y la conducción de las relaciones internacionales no arroja sino enfrentamientos estériles que llevan a mayores sacrificios para los gobernados por causa de sanciones económicas adoptadas contra el país.

Ahora bien. El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó se ha proclamado presidente de la República encargado, y se lo ha reconocido como tal  por el Grupo de Lima, la mayoría de los países americanos y  la OEA, a la vez que la Unión Europea  da un plazo a Maduro para que convoque a elecciones.

Guaidó invoca el artículo 233 de la Constitución, en cuyo texto -si nos salimos de lo político y vamos a lo jurídico-  no encaja la situación concreta, ya que, al tenor de la norma, la asunción al poder transitorio por parte del presidente de la Asamblea sólo tiene lugar  “cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa antes de tomar posesión”,  lo que no ha ocurrido porque la elección de Maduro, con todo y lo irregular -ya subrayado-, no ha sido declarada nula por la administración de justicia, y no se ha configurado ninguna de las causales de falta absoluta -la muerte, su renuncia, la destitución decretada por sentencia, la incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica, el abandono del cargo, o la revocatoria popular del mandato-. Sólo en uno de tales casos “se procederá a una nueva elección universal, directa y secreto dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional”.  

Así que, en estricto sentido constitucional, no es muy católica la forma en que se asume el encargo. Es una solución netamente política, no jurídica, dado el carácter insostenible de la situación.

Lo que preocupa hacia el futuro es el antecedente. La intervención de otros países en decisiones internas. La práctica abolición del principio internacional de autodeterminación de los pueblos y el precedente según el cual una interpretación -aun deleznable- de las reglas sirve para desalojar , o -digámoslo con claridad- para tumbar un gobierno.

El poder embriaga y, junto con la ambición, a veces crea circunstancias inconcebibles. Las soluciones políticas –ante ellas- no siempre coinciden con las normas. Esta fue una hipótesis singular, muy difícil, pero ojalá no se repita.

Bootá, D. C, 30 de enero de 2019

*Expresidente de la Corte Constitucional

 

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Jairo Gómez

Jairo Gómez*.- Estados Unidos, desde tiempos inmemoriales, siempre ha echado mano de la invasión militar para “solucionar” los desmanes que en América Latina, según Washington, se cometan contra la democracia. La última vez fue hace 30 años -1989- para sacar a su aliado, el general Manuel Antonio Noriega, del poder en Panamá.

Hoy contempla de nuevo esa alternativa para Venezuela; a una pregunta de un periodista sobre si buscaría una solución militar a la crisis del vecino país, el presidente Trump, con la arrogancia natural que le brota de sus labios, dijo que “esa es una de las posibilidades que están sobre la mesa”. Y parece que la cosa va en serio, pero más grave aún; al parecer, Estados Unidos contaría con el territorio colombiano para hacerlo; nuestro país convertido en una especie de portaviones. Las alarmas se prendieron cuando, no se sabe aún si fue por descuido o deliberadamente, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, mostró un texto que decía: “5.000 tropas a Colombia”.

No hay que tener cinco dedos de frente para entender que este halcón consentido del Tea Party, está hablando de cinco mil mariners estadounidenses en tierras colombianas, es decir, cinco mil hombres armados hasta los dientes y con la tecnología de punta a cuestas. ¿Qué se propone este adalid de la guerra? ¿Son para usarlos contra Venezuela y el régimen chavista?, es decir, ¿para derrocar a Maduro? No me atrevo a afirmarlo, pero todo parecería indicar que sí.

Como están las cosas, sin duda esto suena a una estrategia sistemática y pensada desde Washington para ponerle la estocada final al régimen de Maduro, si este busca atornillarse en el poder.

¿Sabe de estos propósitos el presidente Duque? ¿Washington le consultó a Bogotá sobre la estrategia militar? Creo que el joven mandatario nos debe explicar esta preocupante noticia que nos pone en la mira de Caracas.

Si el gobierno del presidente Duque está dispuesto a propiciar un pacto de esa naturaleza nos está poniendo a los colombianos y colombianas en un riesgo infinito, de incalculables proporciones: se saben cómo comienzan las guerras, pero no cuándo terminan, con la subsiguiente consecuencia de destrucción y muerte de inocentes ciudadanos en ambos países. Esto no es Macondo, es una posibilidad real.

El presidente Duque debe estar en la tarea de propiciar un escenario de diálogo antes de aventurarse a respaldar una acción que pone a los colombianos en la mira de los cañones.  Colombia tiene más de dos mil kilómetros de frontera con Venezuela y nuestros vínculos culturales y ancestrales son indivisibles; por ello el mandatario debe abogar por que la salida a la crisis venezolana sea pacífica y no propugnar por una solución militar. Sería un desastre. Lo dijo el papa Francisco este domingo en Panamá, a donde asistió el propio Duque a escuchar las oraciones del sumo pontífice por cada uno de los cadetes muertos en el horrendo atentado de la guerrilla.

Ahora, en el evento de aceptar la propuesta, el presidente Duque tendría que acudir al Senado de la República a pedir la autorización de presencia de tropas extranjeras en nuestro territorio, instancia que seguramente no propiciaría semejante locura; o ¿será que, para evitar el Congreso, se escudarían en la lucha contra el narcotráfico para meternos ejércitos foráneos como lo hicieron con las siete bases militares que Estados Unidos tiene a lo largo y ancho del país?

Por supuesto, la militar no es la salida a la crisis venezolana. Pretender desde Washington apelar a los misiles es garantizar una confrontación a gran escala y la masacre sería imperdonable cuando la diplomacia, la vía del diálogo y la negociación, la pueden evitar.

Es importante que el presidente Duque nos diga a los colombianos qué tan posible es la idea del señor Bolton y si es factible que ello ocurra. Si es así, que nos cojan confesados.

Bogotá, D. C, 29 de enero de 2019

*Periodista y Analista Político.

@jairotevi

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