José Manuel Restrepo Abondano

“Mi invitación hoy es a que se “serene”. Que intente por un segundo ejercer como Presidente y busque la unidad, que no desprecie el rigor y lo técnico en el diseño de sus propuestas y que construya más consenso alrededor de ellas.”

Por José Manuel Restrepo*. - Presidente: Nunca ha sido, ni es fácil ejercer su cargo. El ejercicio de lo público siempre está lleno de trabas, controversias, frustraciones y desafíos, donde por más buena fe que se tenga, los resultados no siempre se alcanzan. Uno de los caminos para logarlo con éxito, es mucho de cabeza fría y tenacidad para gobernar, pero también una alta dosis de humildad para identificar lo que se puede y cómo lograrlo.

Inicio recordándole el Artículo 188 de la Constitución Política, que usted juró cumplir fielmente, que establece que usted simboliza la unidad nacional y que se obliga a garantizar los derechos, deberes y libertades de todos los colombianos. Y ese juramento lo hizo después de haber sido elegido por una mayoría exigua, pero al ser presidente, con la misión de gobernar en beneficio de todos los colombianos.

En segundo lugar, reconozco, como definió su mandato, que Colombia tiene muchas necesidades sociales y económicas. Necesidades que tienen que ser enfrentadas en el marco del respeto a las instituciones que tiene nuestra democracia, donde hay tres ramas independientes del poder público: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Esto quiere decir que un Presidente no está por encima de las tres.

Por esto anterior, nadie entiende sus actitudes recientes, en las que tácita o explícitamente desconoce los pesos y contrapesos de la democracia, descalifica instituciones o medios de comunicación, ignora las decisiones del Congreso, o acude a la posverdad para argumentar sus actuaciones.  Esto menos se entiende cuando justamente usted prometió proteger esas instituciones.

Pero tampoco nadie entiende el llamado con odio que usted hace a los ciudadanos, y la forma como nos incita a la división y con ello a la violencia. Recuerde que usted debe ser ejemplo nacional, y sus actuaciones polarizantes, poco o nada construyen un mejor país. No olvide que su mandato termina en dos años y es su responsabilidad que el Estado no siga una senda de deterioro, sino que continúe, independiente de las ideologías que nos gobiernen. Tampoco actúe con “Síndrome de Adán”. Estado ha existido desde antes, y muchas cosas funcionan bien. Usted no está refundando la nación.

Presidente, tampoco suena muy sensato, que usted se victimice. Nadie quiere ni le está haciendo ni un golpe ni duro ni blando. Muchos de los errores, dificultades y escándalos son de su responsabilidad o de las de su equipo de trabajo.

Mi invitación hoy es a que se “serene”. Que intente por un segundo ejercer como Presidente y busque la unidad, que no desprecie el rigor y lo técnico en el diseño de sus propuestas y que construya más consenso alrededor de ellas. Lo invito además a que deje tanto discurso o iniciativa y lo traduzca en acciones. Menos “bla” y más resultados.

De corazón, Presidente, quienes estamos en orillas ideológicas contrarias queremos también lo mejor para Colombia. Pero esto no lo vamos a lograr si usted no actúa con nobleza y grandeza de un líder que reúna.

Pero por favor Presidente, no le quite la esperanza a este país, que siempre hemos tenido, a pesar de los difíciles momentos de nuestra historia.

Bogotá. D. C, 17 de mayo 2024

*Rector Universidad EIA

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Paloma Valencia Laserna

“Si no tomamos decisiones de fondo sobre la educación y hacemos un esfuerzo para estar algo listos ante la automatización y la Inteligencia Artificial (IA), seremos un país con un rezago irremediable”.

Por Paloma Valencia Laserna*. -En medio de tantos proyectos y asuntos pocos han reparado el proyecto de ley estatutaria para la educación. No es nada memorable. Un decálogo de derechos fundamentales sin asideros fiscales ni mecanismos eficaces. Se trata de otro más de la lista larga de los proyectos de gobierno, llenos de buenas e inocuas intenciones y, de cuando en cuando, un asunto de fondo de altísimo contenido ideológico que sino destruye, daña.

Ante la inmensa crisis de la calidad de la educación básica y media que vive el país, uno esperaría una apuesta por cerrar las brechas ahí: en la infancia y el bachillerato que es el origen del problema. Ahí donde se crean las mayores inequidades no hay nada. No aparecen por ninguna parte las competencias básicas de lectoescritura, matemáticas y ciencias en donde tenemos las fallas más protuberantes. Se incluyen conocimientos tradicionales y étnicos que podrían ser un excelente complemento, pero sin las competencias básicas nos deja en el limbo. Para los niños lo único que aparece es la incorporación de aquellos entre 3 y 5 años estarán ahora bajo FECODE. Más que una apuesta por la primera infancia parece el cumplimento de una promesa de campaña a un donante.

No hay ni atisbos de un sistema de calidad que nos permita evaluar docentes, estudiantes, currículos, ni instituciones. Es como si la calidad fuera un asunto secundario. Pareciera que la apuesta es crear y crear cupos, sin importar su calidad.

El proyecto deja por fuera la educación para el trabajo. Cuando le pregunté a la ministra me contestó que hacía parte de la educación superior. No lo dice el proyecto en ninguna parte. Y su ausencia deja ver otra de las protuberantes fallas del proyecto: no crea, no describe, no articula el ecosistema de educación. Uno quisiera un diseño preciso que permita identificar las rutas, las puertas de integración para permitir múltiples entradas y salidas; cómo se pasa de la educación para el trabajo a la educación superior, como transita uno con otro, cuál es la complementariedad. Nada.

Como consecuencia de esa falta de articulación tampoco hay fuentes de financiación. Más aún, el proyecto tampoco tiene estudio de impacto fiscal. ¿Cuánto vale que le entreguen los niños de 3-5 años a FECODE? ¿Qué pasa con las madres comunitarias? ¿Se puede financiar la educación privada con becas o concesión?

En el origen del proyecto hubo una omisión total a la educación privada: un olvido, una ausencia o un deseo de exclusión. En Cámara se incluyeron un par de referencias al sistema mixto. Sin que se desarrollara la necesidad de que los recursos lleguen, que el sistema se asuma realmente como mixto, donde convivan, se nutran y se integren. Esto preocupa sobre manera pues sería un intento más del Gobierno de destruir los sistemas mixtos, educación, pensiones, servicios públicos, para obligarnos a todos a la estatización.

Hay asuntos habilidosos y oscuros: cambian la naturaleza de la educación que pasa de ser servicio público esencial a ser un bien público. Así eliminan la prohibición de huelgas y se abre un nuevo ámbito: ¿Qué significa ser un bien público para el caso de las universidades privadas? ¿El Estado o los gobiernos podrán tener injerencia?

Y llegando a la autonomía universitaria enfrentamos lo más grave. Pretenden que la elección de los rectores y directivos de las universidades se haga con democracia directa: esto es que los estudiantes escojan el rector. Estamos viendo lo que pasa en la Universidad Nacional donde pretenden desconocer la decisión del Consejo Directivo en una clara violación de la autonomía universitaria. Es impresentable lo que el Presidente y la ministra le están haciendo a la Nacional. La universidad es un patrimonio de todos los colombianos. Hay que defenderla para los futuros estudiantes, para el progreso de Colombia.

La mediocridad de la norma se explica, según dicen, porque fue dictada por algunos colectivos de estudiantes que están pensando en hacer política desde las universidades y el gobierno cree que aquello lo fortalecerá políticamente. Por eso las ideas de expertos y rectores fueron abiertamente ignoradas.

Si no tomamos decisiones de fondo sobre la educación y hacemos un esfuerzo para estar algo listos ante la automatización y la Inteligencia Artificial (IA), seremos un país con un rezago irremediable.

Bogotá, D. C, 17 de mayo 2024

*Senadora Centro Democrático

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José G Hernández

“Los colegios tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral”.

Po José G. Hernández*. -Con base en las experiencias de otros países, veintisiete establecimientos educativos de Bogotá -que integran la Unión de Colegios Internacionales de Bogotá- han resuelto prohibir a sus alumnos el uso de teléfonos celulares durante la jornada escolar. Los directivos aluden al "impacto significativo que los dispositivos móviles, incluidos celulares, relojes inteligentes y otros aparatos de uso personal, está teniendo en los estudiantes".

En criterio de la asociación educativa en referencia, son graves los daños que genera en los menores el uso permanente de tales instrumentos de comunicación -inclusive mientras se desarrollan las clases y demás actividades estudiantiles-, y, por tanto, es necesario que las instituciones escolares adopten medidas, con miras a la protección de aquéllos.

En efecto -dicen- “las investigaciones disponibles son contundentes y muestran que la presencia de estos dispositivos durante la jornada escolar tiene efectos adversos sobre la salud mental, contribuye al desarrollo de comportamientos adictivos, se reduce la calidad de las interacciones sociales, disminuye el interés por la actividad física, se incrementa el bullying y cyberbullying, además de generar una disminución importante en el rendimiento académico”.

Los aludidos motivos de la medida anunciada encuentran sustento en estudios sicológicos y de pedagogía adelantados en organizaciones públicas y privadas. La Unesco, por ejemplo, ha manifestado que la constante dependencia de los aludidos aparatos “ocasiona la distracción de los alumnos en el aula, lo que a su vez provoca un peor rendimiento de los estudiantes”.

Las razones son claras: al revisar las políticas educativas en más de doscientos países y los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA), la Unesco encuentra una relación negativa entre el uso excesivo de las TIC y el rendimiento de los estudiantes.

Por eso, tras la iniciativa francesa, en 2018, países como Finlandia, Grecia, Suecia, Italia y Países Bajos, han entrado a prohibir los celulares durante las jornadas docentes o a facultar a los profesores para adoptar la medida en concreto, según el comportamiento de los alumnos.

Algunos se preguntan si, a la luz de la Constitución colombiana, la adopción de esta medida implica una vulneración de la libertad y los derechos de los estudiantes.

No. Ningún derecho es absoluto. Su ejercicio implica deberes, límites y cargas. En especial, si con el pretexto de un derecho o de su libertad, una persona hace algo que se sabe dañino para otras personas o para sí misma, restringirlo o impedirlo es indispensable en beneficio de la comunidad y la convivencia. Así, como lo hemos expresado en otra columna, impedir que personas llevadas por el vicio de drogas y sustancias alucinógenas, so pretexto de un mal entendido desarrollo de su personalidad, las consuman en cualquier parte -inclusive ante los niños o adolescentes- es una obligación del Estado.

Lo propio ocurre en el asunto que tratamos. Los niños no pueden ser autómatas, esclavizados, dependientes del celular, completamente ajenos a cuanto los rodea. Tienen derecho liberarse de esa dependencia. Entre sus derechos están la salud física y mental, la educación, el cuidado, la protección. Y nadie duda de que los colegios tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral.

Bogotá, D. C, 15 de 2024

*Expresidente de la Corte Constitucional

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Juana Yolanda Bazán Achury

“La modernidad y la tecnología han hecho al mundo más cercano, pero más frio, nos preguntamos cómo será la sociedad del futuro, ¿cuándo gran parte de las actividades sean sustituidas por la Inteligencia Artificial?”

Por Juana Yolanda Bazán Achury*. - Hoy no escribiré sobre política, corrupción o asuntos jurídicos, cambiaré el tema, hablemos de las cosas buenas que hemos perdido, época en que no había odios, ni rencillas, ni hermanos separados, se hablaba el mismo idioma pese a ser contrarios en las ideas, pero comprometidos con la vida; recordé la época epistolar, estando de visita en la Feria del Libro, tuve muchas emociones al ver tanta gente que todavía se interesa por los libros.

La lectura en el papel es insustituible, es un verdadero deleite disfrutarla, en tanta variedad de títulos de libros, me llamó la atención el del escritor de apellido Galarza, titulado “Mi época epistolar”, al ojearlo encontré el esbozo de muchas cartas y pensé: La costumbre epistolar desapareció con la época moderna.

Que emocionante era cuando esperábamos el correo con ansias, para recibir noticias de los ausentes o también esperábamos un telegrama, cuando llegaba una carta nos emocionábamos y hasta la olíamos, con la esperanza que trajera las noticias de un ser querido, nos generaban grandes emociones, incluso cosas que pudieran parecer cursis, pero tenía valor sentimental y cuando se despedían ponían la famosa frase, tuyo o tuya firmando la misiva.

La época epistolar es tan antigua que, en la biblia, siendo el libro más viejo contiene las epístolas escritas por los apóstoles (Las Cartas), muchas veces escuchamos en las iglesias la epístola de San Juan, la epístola de San Lucas, la epístola de Pablo, y las epístolas también están en los evangelios; a través de ellas precisamente de este género se ha comunicado por siglos la Iglesia Católica con los creyentes.

Con la llegada de la modernidad, internet, teléfonos inteligentes, el email, whatsApp y toda forma de inteligencia artificial, no se ha vuelto a escribir una sola carta, se acabó la época epistolar  ya no podemos desahogarnos en cartas y letras, con ella se perdió la confianza y  la comunicación a través de las letras, todo es absolutamente impersonal, las letras son todas iguales, no se diferencia quien escribe, con una carta manuscrita, se sabía quién escribía  por su caligrafía,  su ortografía y redacción. La letra demostraba la personalidad del remitente.

Quienes pertenecemos a la época en la que se caminaba tranquilamente por la calle, jugando en el vecindario, vivimos la juventud, sin acceso a los medios digitales, ni redes sociales, ni cámaras de vigilancia, por lo que el trato con los vecinos era familiar, vivimos alejados de la robótica y éramos felices.

En esa época se respetaba a los mayores, se recibían consejos de los tíos, de los abuelos, había acatamiento hacia los profesores a quienes se admiraba, más no eran objeto de burlas como hoy. Los consejos y ayudas no eran impersonales, a través de las redes sociales como sucede ahora, donde es mejor buscar las soluciones a través de Internet, que socializar los problemas con quiénes están en disposición de ayudar.

Se escuchaban serenatas y los chiflidos de los muchachos, cada persona tenía una forma de silbar que la identificada, para llamar o convocar a la reunión de amigos de colegiales.

Los piropos eran discretos y elegantes, para cortejar una mujer, nunca para irrespetarla. La sexualidad estaba rodeada de respecto, recato y dignidad, hoy, a través de las redes sociales todo se hace público, hasta los más íntimos detalles.

La tecnología ha transformado nuestra vida cotidiana. Hoy en día, no es posible imaginar un mundo sin smartphones, computadoras y acceso a Internet. Los avances tecnológicos nos han brindado una gran cantidad de herramientas y servicios que nos hacen la vida más cómoda y eficiente. Desde la posibilidad de comunicarnos instantáneamente con personas de todo el mundo hasta la facilidad de acceder a información y servicios en línea, la tecnología se ha convertido en una parte integral de nuestra rutina diaria.

Con estas grandes trasformaciones tecnológicas, como sociedad nos debemos interrogar por los aspectos éticos y de privacidad. La recopilación masiva de datos personales nos lleva a preguntarnos, ¿quién tiene acceso y control sobre nuestra información personal? Además, el uso de tecnologías como la inteligencia artificial y el reconocimiento facial plantea preocupaciones en términos de discriminación y violación de la privacidad.

La tecnología es de una gran utilidad y ha permitido en muchos aspectos el avance de la sociedad, como el acceso a los programas educativos con su amplia cobertura, la telemedicina, la ciencia y la cultura; por ello se hace cada día necesaria e indispensable.

Qué bueno sería que pudiéramos aprovechar los beneficios de los avances tecnológicos, preservando las cosas buenas que siempre nos han caracterizado como el respeto hacia los demás, la tolerancia, el cuidado de la familia y los amigos, la originalidad, el  aprender a escucharnos en la diferencia y que podamos entre todos construir una sociedad en el que se interactúe con las herramientas tecnológicas, sin dejar de lado el verdadero valor de las relaciones sociales y familiares, que son las que nos permiten construir la espiritualidad para ser verdaderamente felices.

La modernidad y la tecnología han hecho al mundo más cercano, pero más frio, nos preguntamos cómo será la sociedad del futuro, ¿cuándo gran parte de las actividades sean sustituidas por la inteligencia Artificial?

Bucaramanga, 14 de mayo 2024

*Abogada. Ex representante a la Cámara.

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José Felix Lafaurie Rivera

“En la mesa de negociaciones o fuera de ella, seguiré alzando mi voz: ¡NO AL SECUESTRO!, ¡NI UNO MÁS!”

Por José Félix Lafaurie Rivera*. -A estas alturas ya no entiendo al ELN, no entiendo su lógica ni su sordera; pero eso no importa, lo grave es que el ELN no entiende al país, no lo escucha cuando le grita no más violencia, no más secuestro. ¡Ni uno más!

El discutible comunicado en que anuncian la reanudación de las “retenciones económicas”, indignó al país y generó el rechazo inmediato y unánime de la delegación gubernamental, de los países acompañantes, posibles donantes, y de la Conferencia Episcopal y el enviado especial de la ONU.

Dentro de las violaciones al cese al fuego no están expresamente las retenciones, pero no es menos cierto, y hay que repetirlo, que el Acuerdo adopta como marco de referencia el DIH, que prohíbe la toma de rehenes, entendidos como la “Persona retenida contra su voluntad por alguien -secuestrador o atracador- que supedita su liberación al cumplimiento de determinada condición…”, todo ello sin contar que el secuestro es considerado en el Estatuto de Roma como delito de lesa humanidad y crimen de guerra.

De otra parte, el cese al fuego no se limita a los enfrentamientos con la Fuerza Pública, sino a cesar el hostigamiento a la población, como condición para su libre participación, punto central de las negociaciones.

Ahora bien, en el acuerdo de Puerta del Cielo (1998), el ELN se comprometió a suspender las retenciones económicas “siempre que no se incurra en su debilitamiento estratégico”, pero es falso que en el quinto ciclo el ELN haya ratificado el Acuerdo de 1998. En las rondas se dicen muchas cosas, pero solo es oficial lo consignado en los acuerdos.

En el sexto ciclo el ELN se comprometió a suspender las retenciones económicas, pero es falso que dicho compromiso estuviera condicionado al funcionamiento del Fondo Multidonante, pues era claro que ni un peso se entregaría al ELN para su sostenimiento. Mientras tenga las armas en sus manos y no se firme un acuerdo final, es un insulto a la inteligencia pretender que el Presupuesto Nacional o un país donante financiaran a un grupo armado ilegal incluido en las listas del terrorismo internacional.

Finalmente, es inaceptable que, después del anuncio de reanudación del secuestro extorsivo, el ELN afirme sin empacho que continuará cumpliendo el Acuerdo de cese al fuego, pues semejante anuncio es una carga de profundidad a las negociaciones y a la credibilidad del proceso, que difícilmente podrá continuar con ese piano a sus espaldas, porque el cese al fuego y el secuestro son las dos caras de la misma moneda: permitir la participación de la sociedad con el pleno ejercicio de sus derechos y libertades.

Entretanto, Néstor Julio, un ganadero de 72 años, el 8 de mayo fue sacado por hombres armados de su finca en Paz de Ariporo, Casanare, y lo mismo le sucedió el 5 de mayo, a Uriel Libardo en Cravo Norte, Arauca. Ambos ganaderos no están “retenidos”…, están secuestrados.

No se conocen responsabilidades y espero que no recaigan sobre el ELN, pero si marco la diferencia entre retención y secuestro es porque el ELN insiste en ese eufemismo para maquillar un delito: el secuestro extorsivo, y ante el anuncio de reanudar tan horrenda práctica, conviene dejarnos de complacencias y llamar las cosas por su nombre.

En cuanto a mi posición como representante de los ganaderos, si se estableciera responsabilidad del ELN en el secuestro de siquiera uno de ellos, sería complicada mi permanencia en la Delegación. Es un asunto de ética personal e institucional, de talante moral.

Pero en la mesa de negociaciones o fuera de ella, seguiré alzando mi voz: ¡NO AL SECUESTRO!, ¡NI UNO MÁS!

Bogotá, D, C, 12 de mayo de 2024

*Presidente de FEDEGAN

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Mauricio Cabrera Galvis

“Es un capitalismo enfermo cuando la minoría del 1% puede desperdiciar su riqueza en bienes suntuarios, mientras que miles de millones de personas padecen física hambre”.

Por Mauricio Cabrera Galvis*. -¿Quién es la persona más rica del mundo? Si su respuesta fue Jeff Bezos, fundador de Amazon, Elon Musk, de Tesla, o Bill Gates, de Microsoft, coincide con mucha gente que piensa que esas gigantes tecnológicas son los mejores negocios del mundo, pero está equivocado.

El hombre más rico del mundo, según la revista Forbes, se llama Bernard Arnault, quien es el mayor accionista del gigante de los bienes de lujo LVMH, propietaria de marcas exclusivas como Louis Vuitton, Givenchy, Dior, Tiffany o los relojes Bulgari y Tag Heuer. Su riqueza se estima en 226.200 millones de dólares. Esa fortuna equivale al 65% del PIB de Colombia, es decir, de todo lo que produce el país en un año.

¿Qué nos dice esta noticia sobre el funcionamiento del sistema económico mundial? Junto con muchas otras noticias sobre los más ricos y los pobres de este planeta, nos confirma que es un capitalismo enfermo, decadente y éticamente injustificable.

Un artículo del NYT de la semana pasada ilustra esta conclusión. En Wall Street los reportes de utilidades de las empresas de bienes de consumo muestran una realidad segmentada. Firmas del mercado masivo como las compañías de comida rápida o cadenas de almacenes populares reportan que sus ventas están siendo afectadas por un menor gasto de consumo de los hogares de bajos ingresos.

Por el contrario, ha aumentado el gasto en bienes menos sensibles al alza de precios como restaurantes, hoteles exclusivos y bienes de lujo.

En 2023, el grupo LVHM registró un aumento del 13% en sus ingresos, llegando a 86.200 millones de euros. Ahora más que nunca es un mercado segmentado entre los que tienen y los que no tienen.

Arnault afirma que estos buenos resultados “muestran el atractivo excepcional de nuestras marcas y su habilidad para generar deseo”.

Lo que más aumenta en el mundo no es la compra de bienes necesarios para la subsistencia, sino la compra de bienes suntuarios. Estos son bienes cuya demanda aumenta a pesar de que suban los precios, o mejor dicho, se venden más porque suben los precios.

Los economistas los llaman “bienes de Veblen”, pues en su libro de 1899, “Teoría de la clase ociosa”, el sociólogo Theodor Veblen fue el primero en analizar esos bienes cuyo consumo es propio de una clase social dedicada al ocio y al consumo de bienes que se usan para demostrar estatus y riqueza, lo que incentiva su consuno por otras clases sociales que buscan emularlas y por lo menos mostrar el mismo estatus.

Si bien este tipo de comportamiento ha existido desde hace siglos, lo impresionante es que hoy sea más lucrativo el negocio de producir artículos de lujo para una minoría de ricos, que producir bienes de consumo masivo, indispensables para la supervivencia. La razón es clara: los compradores de estos bienes básicos no tienen los ingresos suficientes para comprarlos.

Es un capitalismo enfermo cuando la minoría del 1% puede desperdiciar su riqueza en bienes suntuarios, mientras que miles de millones de personas padecen física hambre.

Cali, 12 de mayo de 2024

*Filósofo y Economista. Consultor.

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Amylkar D Acosta M

(Una década después) ”Mediante la Ley 1715 de 2014, adelantándose a la firma del Acuerdo de París y a la aprobación de los ODS, se dispuso “regular la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema energético nacional”.

Por Amylkar D. Acosta*. -Arribamos a los primeros diez años de vigencia de la Ley 1715 de 2014, radicado por el Senador José David Name y tramitada por el Congreso de la República con nuestro apoyo desde el Ministerio de Minas y Energía. Esta Ley estuvo antecedida de unos desarrollos legislativos y normativos de la mayor importancia, inspirados todos en el buen propósito de contribuir a la lucha contra el Cambio climático, mediante la reducción de la huella de carbono, así como el uso racional y eficiente de la energía. Un primer paso que se dio, tendiente a la diversificación de la matriz energética del país, fue el de la integración del gas natural a la misma.

Ya, en los albores del siglo XXI, gracias a mi Ley 693 de 2001 y la 939 de 2004, posterior, se integraron a la matriz energética los biocombustibles, obligando la mezcla del etanol con la gasolina y el biodiesel desde el 1 de noviembre de 2005. Tal como lo ha dicho la Agencia internacional de energía (AIE), “los biocombustibles son una medida determinante en la mitigación de la emergencia climática”.

La Ley 697 de 2001, constituyó otro hito en la estrategia de minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), causantes del Cambio climático, así como la promoción del uso de las energías provenientes de fuentes no convencionales, renovables (FNCER) y limpias. Los antecedentes que nos hemos permitido relacionar ponen de manifiesto que Colombia se anticipó a la Transición energética tan en boga en los tiempos que corren, consistente en la integración de las FNCER a la matriz eléctrica del país.

Mediante la Ley 1715 de 2014, adelantándose a la firma del Acuerdo de París y a la aprobación de los ODS, se dispuso “regular la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema energético nacional”. Con el objetivo de desarrollar dicho potencial se establecieron una serie de estímulos e incentivos, mediante beneficios tributarios y arancelarios. Es de anotar que esta Ley se vio reforzada y potenciada con la expedición posteriormente de la Ley 2099 de 2021, que amplía el espectro de las energías que se promueven y sus beneficios.

Si bien el sector energético no es el que más contribuye en Colombia a las emisiones de GEI, la mayor participación de las FNCER en la matriz eléctrica las neutraliza. En nuestro concepto su mayor mérito estriba en el robustecimiento de la base de generación, habida cuenta de que de acuerdo con un estudio de FEDESARROLLO hacia el año 2028 Colombia requerirá contar con 30 GW de capacidad instalada, la expansión de esta, de preferencia, debe abrirle espacio a las FNCER, diversificando aún más la matriz y con ello dándole mayor confiabilidad y firmeza al Sistema.

Pero en nuestro concepto el mayor mérito que le cabe a las FNCER es que le imprime una mayor resiliencia a la matriz eléctrica frente a fenómenos extremos como el Niño, dado su carácter contracíclico, pues cuando el verano es más intenso y es mayor la sequía es justamente cuando los vientos son más fuertes y se cuenta con más horas de sol y mayor radiación solar.

La ex ministra de Minas y Energía Irene Vélez anunció en noviembre de 2022, en el marco de la XXVII Conferencia de las partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio climático (COP 27), que para mayo del 2023 su Despacho daría a conocer la Hoja de ruta de la Transición energética justa, contemplada en la Ley 2294 de 2023 del Plan Nacional de Desarrollo (2022-2026). Un año después no se tiene noticias de ella.

Debido a la paquidermia de la Comisión de regulación de energía y gas (CREG) sólo 5 años después de expedida la Ley, en el 2019 se abrió la primera subasta de cargo por confiabilidad en el que participaron proyectos para instalar parques para generar energía eólica en La Guajira. Luego tuvo lugar otra subasta sólo para tecnologías de renovables en 2021. Estos avances le valieron al país un gran posicionamiento en el desempeño de la Transición energética, a tal punto que en el ranking del Foro económico mundial (FEM) del índice de Transición energética en 2021 Colombia se ubicó en el puesto 29, con 66 puntos sobre 100 a nivel global y de tercero en Latinoamérica.

Los primeros parques eólicos han debido entrar en operación en 2022 y hasta la fecha no ha entrado ninguno. Ello explica que, en su más reciente Informe del FEM en 2023 Colombia perdió 10 puestos en dicho índice, pasando del puesto 29 al 39 a nivel global y en Latinoamérica pasó del tercero al sexto lugar.

Además de destrabar y acelerar la ejecución de los proyectos en curso para la instalación de los parques eólicos en La Guajira, la expansión de la capacidad de generación eólica y solar – fotovoltaica, que hasta el momento dispone de 1.8 GW, se impone la necesidad de reconfigurar la Red de transmisión nacional, respondiendo a la desconcentración y descentralización del Sistema e impulsar la autogeneración y las comunidades energéticas. Huelga decir que el éxito de estas últimas depende de su estructuración con criterio gerencial, asegurando así la administración (A), la operación (O) y el mantenimiento, para asegurar de esta manera la sostenibilidad de las soluciones.

Cota, mayo 11 de 2024

*Economista. Expresidente del Congreso y exministro de minas y energía

www.amylkaracosta.net

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José Manuel Restrepo Abondano

“Los territorios, debidamente organizados y articulados, pueden ser hoy, incluso para el gobierno nacional, la mejor palanca de crecimiento y reactivación económica de Colombia”.

Por José Manuel Restrepo*. -Pretendía analizar el denominado “Plan de Reactivación”, del cual se empezó a hablar este 1 de mayo, pero francamente no vale la pena. Lo que hasta ahora hemos oído no pasa más allá de un “Plan de Desaceleración” del crecimiento y del empleo, y viendo los más recientes escándalos políticos siento que ni chance tiene de transitar en el Congreso de la República en este momento.

Y digo que parece un plan de “desactivación o desaceleración”, porque dos grandes medidas propuestas son inversiones forzosas en el sistema financiero para apoyar ciertos sectores productivos y flexibilizar la regla fiscal para gastar y endeudarse más, luego de tres años exitosos de ajuste fiscal ordenado. Las inversiones forzosas, que nos recuerdan su origen en los 60s, demostraron ser el camino perfecto para elevar costos, y desincentivar la asignación del crédito, mientras que cambiar la regla fiscal es encarecer aún más el crédito público y privado en dólares, elevar los costos de insumos productivos vía más tasa de cambio, poner en riesgo la inflación, aumentar el riesgo país y elevar el nivel de incertidumbre local que ya sabemos tiene postrada la inversión privada en Colombia (siendo hoy el peor dato en más de diez años).

Por eso ante la ausencia de ideas efectivas en el frente nacional, y pensando con color de esperanza, siento que la salida a la recuperación económica debe arrancar desde los territorios del país. Veo hoy más fácil crecer, lograr desarrollo productivo, generación de empleo, aún mejoras en seguridad, desde los municipios o departamentos del país. Y lo digo pues ellos conocen de primera mano las estrategias productivas emergentes que están sucediéndose en sus entornos, articulan mejor a las distintas instituciones (sector privado, sector público local y departamental, academia y actores sociales), pueden más fácilmente atraer nueva inversión privada, generan más confianza de acuerdos nacionales, y pudiesen aprovechar mejor los altos recursos del Plan de Desarrollo en agroindustria. Hoy además son más efectivos, pues en los territorios no hay ánimo ni de polarizar, ni de dividir, y han demostrado por contraste con lo nacional, una muy buena capacidad de ejecución pública.

Lograr lo anterior supone fortalecer el desarrollo de algunas capacidades de planificación, contratación y seguimiento en algunos territorios. También articularse más para pensar por ejemplo en una plataforma para la región Caribe o los Santanderes donde se sumen capacidades de manera asociativa y se haga un uso más eficiente de los recursos. Supone también insistir con el gobierno en profundizar la descentralización territorial, equidad en el reparto y fortalecer capacidades de acceso a deuda en territorios fiscalmente más fuertes.  Igualmente tener claridad de competencias en los distintos niveles de gobierno y diseñar procesos territoriales que reconozcan su heterogeneidad (91% de los municipios son hoy categoría 5 y 6). Y lleva finalmente a valorar y utilizar figuras como las áreas metropolitanas, regiones administrativas de planificación o avanzar en un modelo de regiones federadas, donde se puedan sumar recursos y fortalecer cadenas productivas, por ejemplo.

Los territorios, debidamente organizados y articulados, pueden ser hoy, incluso para el gobierno nacional, la mejor palanca de crecimiento y reactivación económica de Colombia.

Bogotá, D. C, 10 de mayo de 2024

¿Será posible que lo aprovechen?

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*Rector Universidad EIA

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Gabriel Ortiz

“La justicia no opera, toma cursos dudosos y permite que en esta nación imperen los perversos”.

Por Gabriel Ortiz*. -Afloró el mayor crecimiento de la corrupción en Colombia, esa que todos conocen, sufren, aprovechan, se lucran y toleran desde tiempos inmemoriales.

El presidente Petro, quien de paso algunas veces denunció durante sus debates en el Congreso para fustigar a sus contrarios, salió con cara entre airosa, atribulada o compungida a la televisión para delatar ante los colombianos la existencia de la más profunda perversión en este país.

Habló de su entereza y rectitud cuando fueron acusados dos miembros de su familia -hijo y hermano- pidiendo a la justicia actuar si se comprobaban sus delitos, entre ellos haber gestionado dineros sucios en la campaña.

Más adelante se fue contra los horrores encontrados en Ecopetrol, la “joya de la corona”, que arroja enormes pérdidas -millones de millones-. Y dedicó su discurso a la podredumbre que existe en nuestro país por cuenta de la depravación y perversión en el manejo de la cosa pública.

El jefe de Estado que pasa de la cachucha al tuiter para defender sus actuaciones, no midió lo que pueden significar sus acusaciones sobre Ecopetrol, empresa que puede afectarse enormemente en la Bolsa de Nueva York.

Tal vez se ha dado cuenta de la ausencia de justicia en este país, en donde esa rama del poder deambula sin horizonte y permite los más funestos desafueros.

El presidente, gran investigador cuando era parlamentario opositor, parece desconocer en esta nueva etapa de su vida los horrores que se ven a diario como resultado de su gobierno.

Lo de Ecopetrol, hace parte de su decisión de cambiar las directivas de una compañía que venía manejándose bien, que estaba dedicada a la exploración y explotación petrolera, pero a la cual ha apartado de su razón de ser, para buscar brillo entre los defensores del medio ambiente. No mira, ni con el rabo del ojo, lo que practica su admirado Eln, que destruye nuestros bosques para arrebatar el combustible que se utiliza para producir coca. Tampoco observa la corrupción que se presenta en las diferentes entidades que ha entregado y sigue depositando a bisoños - ¿o grandes aliados? -. La corruptela, durante su llamado cambio, no procede exclusivamente de Olmedos y Pinillas en la UNGRD. Son muchos los frentes que presentan envilecimiento, cohecho y depravación. Son chorros de dinero los que salen de las entidades del Estado.

Y claro: está de moda el famoso principio de oportunidad, para escapar a la justicia y salir a disfrutar de sus grandes capitales, no sin antes acusar, sin prueba alguna a conocidos personajes. La justicia no opera, toma cursos dudosos y permite que en esta nación imperen los perversos.

Por otro lado, el Estado requiere día a día más impuestos para manejar a su manera la cosa pública y ganar elecciones fraudulentas. Se acude, como ahora a modificar la regla fiscal, porque el dinero no alcanza.

Esa es nuestra triste realidad que aleja la inversión, aumenta la pobreza, el desempleo y obliga a emigrar a la inteligencia.

BLANCO: Los cafeteros alcanzan más productividad y austeridad, pero el gobierno quiere apoderarse de la Federación.

NEGRO: Es hora de que el gobierno olvide las reformas que solo incrementan la corrupción.

Bogotá, D. C, 10 de mayo 2024

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.    

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José G Hernández

“Las investigaciones y confrontaciones sobre los graves hechos no admiten más pausas, ni las informaciones a las que tiene derecho la ciudadanía pueden seguir adelantándose -gota a gota- por medios de comunicación y con criterio políticamente sesgado”.

Por José G. Hernández*. -El imperio de la legalidad y la transparencia son garantías de primer orden para la supervivencia de una sociedad civilizada. Infortunadamente, a lo largo de nuestra historia, particularmente en los últimos años, esos valores -aunque proclamados en la Constitución y las leyes- han sido transgredidos y las transgresiones han quedado impunes en la mayor parte de los casos.

La corrupción, junto con la violencia política, la guerra y el narcotráfico, han sido -durante años, no solamente ahora- los grandes males de Colombia, las causas de la disolución social, de la muerte y la desintegración, en extensas zonas del territorio, y motivo del desprestigio del país ante la comunidad internacional. Si algo se espera del Estado, hoy, al lado de las políticas en los aspectos sociales y económicos, es una genuina actividad orientada a la erradicación de tan antisociales confabulaciones delictivas, con el fin de recobrar elementales valores de nuestra nacionalidad.

En lo que toca con el cáncer de la corrupción, denuncias y delicadas situaciones recientemente acaecidas -no las únicas- nos han llevado a reflexionar sobre el tema:

Es necesario y urgente, por el bien de Colombia, que, al menos en el caso del que ahora se trata -ya que en muchos otros no ha pasado nada- se lleven a cabo las indagaciones, investigaciones y procesos judiciales y administrativos a que haya lugar -por parte de la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia, los jueces competentes, el Gobierno Nacional y la Procuraduría- respecto a las denuncias públicas de dos  exfuncionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo que buscan acogerse al principio de oportunidad, sobre muy graves hechos de corrupción.

Las cosas -hasta ahora- no están nada claras y, por el contrario, hay mucha confusión, no se conocen pruebas y, en cambio, especulaciones y anuncios mediáticos-, lo que obliga al Estado a cumplir oportuna y correctamente su función. Todos exigimos que se sepa la verdad -toda la verdad, no parte de ella- y que los responsables sean sancionados. Que no haya impunidad,

Desde luego, las personas que han venido siendo mencionadas -congresistas y funcionarios gubernamentales- gozan de la presunción de inocencia garantizada en la Constitución. No pueden ser condenadas por los medios y deben gozar del pleno derecho a su defensa. Pero la administración de justicia debe actuar y las responsabilidades -tanto penales como administrativas, disciplinarias, patrimoniales y políticas- deben ser definidas, asumidas y reclamadas.

Reiteramos: las investigaciones y confrontaciones sobre los graves hechos no admiten más pausas, ni las informaciones a las que tiene derecho la ciudadanía pueden seguir adelantándose -gota a gota- por medios de comunicación y con criterio políticamente sesgado. Al contrario, deben ser adelantadas por los organismos competentes, en los correspondientes e imparciales procesos, no en redes sociales, y deben ser inmediatas, exhaustivas y completas, pues están de por medio no solamente la responsabilidad de los sindicados, la idoneidad y credibilidad del Congreso y del Ejecutivo, así como la legitimidad de las leyes aprobadas y en trámite. 

Sea cual sea el resultado de los procesos correspondientes, lo que debe ocurrir es que se haga pronta, real y cumplida justicia. Con pruebas y sin tanta especulación.

Bogotá, D. C, 9 de mayo de 2024

*Expresidente de la Corte Constitucional

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