Opinión

Doctores y psicólogos tienen las universidades gringas que podrán intentar respuestas científicas a estas preguntas, pero en el terreno de las novelas puede uno imaginar explicaciones posibles por aquello de que, no solo en Macondo, la ficción supera a la realidad.

¿Por qué la animadversión de Trump contra Canadá? ¿Por qué se le iluminan los ojos cuando afirma que va aconvertirlo en el Estado 51?,¿Por qué la cara de satisfacción al referirse al primer ministro Trudeau como “gobernador”?, ¿Por qué el empeño de agredirla económicamente con aranceles, así cause más daño en su propio país?

Doctores y psicólogos tienen las universidades gringas que podrán intentar respuestas científicas a estas preguntas, pero en el terreno de las novelas puede uno imaginar explicaciones posibles por aquello de que, no solo en Macondo, la ficción supera a la realidad.

La República de Gilead es el país distópico creado por Margaret Atwood en sus novelas “El cuento de la criada” y “Los Testamentos”. En estos relatos, paramilitares de extrema derecha han convertido a Estados Unidos en un estado totalitario, después de derrocar al gobierno democrático, tomándose a la fuerza el Congreso y la Casa Blanca.

En el régimen de Gilead, controlado por fundamentalistas religiosos, machistas y patriarcales, las mujeres, no pueden trabajar, ni tener ninguna propiedad, ni dinero; no pueden leer so pena de que les amputen las manos; no tienen ningún derecho y deben estar sometidas a sus maridos porque así lo dice San Pablo en su epístola a los Corintios. Las mujeres fértiles son convertidas en esclavas sexuales de los poderosos comandantes que tienen el poder y los homosexuales son ejecutados o mandados a campos de concentración.

En Gilead no hay derechos humanos ni libertades individuales; el control sobre la población, la vigilancia y la represión es total. las universidades han sido clausuradas, lo mismo que los medios de comunicación independientes; la única fuente de información es la propaganda oficial.

Todo esto no es imaginación de la escritora, quien dice que todas las atrocidades que describe han ocurrido alguna vez en la historia. En el prólogo de la edición de 2017 confiesa su temor de que con la elección de Trump puedan empezar a darse estos excesos totalitarios en EUA. Y era solo el primer período de Trump.

Y Canadá? es la antítesis de Gilead y su enemigo: una sociedad democrática y abierta que se convierte en el refugio de los miles que quieren escapar del totalitarismo, y en la base para los que luchan contra el régimen totalitario. Por eso los comandantes de Gilead la odian.

No se si Trump haya leído la novela, o se la contaron, pero es claro que para su MAGA oligárquica, machista, racista y sexista, Canadá ofrece un contraste radical con su apertura democrática, y su estado de bienestar. Además su sistema de salud es parecido al Obamacare que tanto detestan los republicanos.

No hay mal que por bien no venga: las amenazas de Trump han resucitado las esperanzas de los liberales de ganar las próximas elecciones con el nuevo primer ministro Mark Carney, cuando hace un mes el favorito era el candidato conservador admirador de Trump. En la novela Gilead desaparece y resurge la democracia.

Cali, 16 de marzo 2025

*Folósofo y Economista. Consultor

“Suministrar a precios costo-eficientes la energía y la transmisión de energía” es una obligación legal por parte de las generadoras, no una “colaboración” dizque “para garantizar la continuidad del servicio y reducir las tarifas para los usuarios de la región”, que es como lo plantea la Superintendencia. 

Por Amylkar D. Acosta M*. -La Superintendencia de servicios públicos viene dando palos de ciego, tomando decisiones que lejos de disipar y conjurar los riesgos que afronta la prestación de los servicios públicos, en particular el de energía eléctrica, más bien los está exacerbando. Y lo que es más grave está extralimitándose en sus funciones. Como se recordará, el pasado 13 de diciembre emitió una ircular mediante la cual se “prohíbe dar inicio o continuar con el procedimiento de limitación de suministro cuando la Superintendencia de Servicios Públicos haya tomado posesión de la empresa morosa”. Dicha disposición tiene nombre propio, la empresa Air – e, que le presta el servicio de energía a los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira, pero tiene dos problemas, uno legal y otro de inconveniencia.

En cuanto a su legalidad, a diferencia de las otras superintendencias, la de industria y comercio, la financiera, la de sociedades, la de puertos y la de economía solidaria, cuyas actuaciones se pueden dar a través de circulares, a la de servicios públicos no le es dable hacerlo. Además, con esta Circular se ha dado por parte de la Superintendencia de servicios públicos una pésima señal, ya que al prohibir poner en práctica la limitación de suministro, que está reglada por la Resolución de la CREG 116 de 1998 y se aplica cuando un agente, en este caso la empresa intervenida deja de cumplir con sus obligaciones de pago, particularmente la energía contratada con los generadores. Ello es una flagrante violación a la misma.

El mensaje de la Superintendencia es que así no pague Air – e la energía contratada con los generadores, estos se obligan a seguir despachándosela, poniéndolas en aprietos, pues ellas a su vez tienen sus obligaciones que cumplir con sus proveedores, lo cual puede llevar al temido efecto dominó, comprometiendo de paso la continuidad de la prestación del servicio de energía. Y, de paso, esta medida tan atrabiliaria como desaforrada puede llegar a inducir a un riesgo moral, ya que la intervención de las empresas se torna en el expediente para que las empresas dejen de honrar sus compromisos con sus propios proveedores.

Y claro, en tales condiciones, ninguna empresa generadora se anima a contratar la venta de energía a Air – e a sabiendas de que no le van a pagar. Ahora, en su más reciente pronunciamiento, el 14 de los corrientes, la Superintendencia conmina a las empresas generadoras a suministrar la energía a la empresa intervenida aduciendo que según el artículo  6 de la Ley 143 de 1994 establece que “el servicio se deberá prestar aún en casos de quiebra, liquidación, intervención, sustitución o terminación de contratos de las empresas responsables del mismo”.

Pero se equivoca, porque “el servicio se deberá prestar” por parte de “las empresas responsables del mismo”, que no son las generadoras sino las operadoras de red, en este caso Air – e y la responsable por su cumplimiento es la Superintendencia que tomó posesión de la misma en septiembre del año anterior y la administra a través de su agente interventora. Para ello dispone de un Fondo empresarial, del cual debe echar mano para solventarla, darle liquidez y así superar las causales de su intervención. En este contexto, tan requerimiento a las empresas generadoras es un exabrupto que no tiene ni pies ni cabeza.

Adicionalmente, refiriéndose a las empresas generadoras y transportadoras de la energía, apela al principio de la solidaridad “estipulado en la Ley 142 de 1994, la que regula los servicios públicos domiciliarios”, para manifestar que “se espera que estas empresas cobren sus servicios de generación y transporte a un precio máximo que no supere la condición de costo-eficiencia”. Y, de esta manera “garantizar la continuidad del servicio y reducir las tarifas para los usuarios de la región”.

Pero, resulta que la Superintendencia está trayendo este principio de los cabellos, porque lo que estipula textualmente dicha Ley en su artículo 87.3 es que “por solidaridad y redistribución  se entiende que al poner en práctica el régimen tarifario se adoptarán medidas para asignar recursos a ´fondos de solidaridad y redistribución´ para que los usuarios de los estratos altos y los usuarios comerciales e industriales, ayuden a los usuarios de estratos bajos a pagar las tarifas de los servicios que cubran sus necesidades básicas”. Este es el fundamento de los subsidios a los estratos 1, 2 y 3 que le adeuda la Nación a las empresas que prestan el servicio, que frisan los $3 billones, sin que la Superintendencia, que fue creada para proteger y defender a los usuarios, sobre todo a los más vulnerables, se inmute.

La Superintendencia, además, le hace un llamado a las empresas generadoras AES Colombia, Celsia Colombia, Enel Colombia, EPM, ISAGEN e ISA INTERCOLOMBIA, “a suministrar a precios costo-eficientes la energía y la transmisión de energía que requiere Air-e para reemplazar el suministro de alto costo, hasta tanto la compañía sea estabilizada y pueda desarrollar su objeto social de manera adecuada”. Lo que dice la Ley de servicios públicos al respecto en sus artículo 73 es que es la CREG, no la Superintendencia, la que debe velar y propender porque las operaciones de las empresas sean “económicamente eficientes, ni impliquen abusos de posición dominante y produzcan servicios de calidad”. Así de clara es la norma. Y también advierte en su artículo 87.7 que “las tarifas económicamente eficientes se definirán tomando en cuenta la suficiencia financiera” por parte de las empresas.

De modo que “suministrar a precios costo-eficientes la energía y la transmisión de energía” es una obligación legal por parte de las generadoras, no una “colaboración” dizque “para garantizar la continuidad del servicio y reducir las tarifas para los usuarios de la región”, que es como lo plantea la Superintendencia. Y si no cumplen con el mandato de la Ley, para eso están tanto la Superintendencia de Industria y comercio como la de servicios públicos, para que en ejercicio de su función de vigilancia y control, que les caiga todo el peso de la Ley y el condigno castigo.

Lo que más preocupa del Comunicado de la Superintendencia es que cuando afirma que con esta medida “busca mitigar el riesgo de una posible interrupción del servicio, mientras Air-e trabaja en su estabilización y en el restablecimiento de su capacidad operativa”, muestra su impotencia ante una realidad que se le sale de sus manos. Esta, entonces, es una especie de S.O.S, con el que se trata de descargar la responsabilidad de evitar el temido apagón en la región Caribe en las empresas generadoras, cuando su responsabilidad al intervenirla del “restablecimiento de su capacidad operativa” es suya, de nadie más.

Cota, marzo 15 de 2025

*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.

www.amylkaracosta.net

La consulta popular corre el riesgo de contribuir a la polarización, ahondar la desconfianza en el Gobierno y ratificar la voracidad política del presidente

Por Hubert Ariza*. -La democracia en el mundo vive tiempos de crisis. El regreso al poder del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha aupado los discursos de extremismo en lo económico, lo político y lo social, arrinconando a las minorías, persiguiendo a sus socios históricos, queriendo imponer nuevas fronteras y determinando el futuro de la humanidad bajo la lámpara del oscurantismo.

La democracia es el último bastión que le queda a la humanidad para defenderse del caos. Trump, sin embargo, ha llegado a la Casa Blanca para desmoronar la democracia por dentro, como hacen Milei en Argentina con su motosierra depredadora de derechos, o Bukele, en El Salvador, con sus megas cárceles y recortes de derechos y espacios democráticos.

En Colombia la democracia no es más fuerte hoy que hace solo unos meses. Por el contrario, la percepción es que bajo la Administración de Gustavo Petro se ha retrocedido en el apoyo ciudadano a la democracia y hay una tendencia creciente de aceptación a regímenes autoritarios. Más allá de las apelaciones a la narrativa de democracia popular y llamado a la movilización ciudadana, lo que se percibe es el aumento de la desconfianza en la institucionalidad, la Justicia, la división de poderes, la transparencia en los manejos del Estado. Los escándalos de corrupción protagonizados por funcionarios cercanos al Gobierno del cambio no cesan, y lo que se evidencia no es una revolución transformadora de la sociedad, sino un revolcón de funcionarios estatales en el lodazal de la corrupción.

Colombia vive la toma del poder por una alianza de un sector de la clase política tradicional y líderes de la izquierda democrática, con el apoyo explícito de cientos de organizaciones sociales, que han fracaso en las reformas profundas al Estado, y se han estrellado contra la oposición de un Congreso de la República en el que los partidos políticos históricos disfrutan de la burocracia y el presupuesto estatal, al tiempo que ejercen oposición abierta o soterrada a la agenda de reformas gubernamentales, sobre todo en el Senado.

Todo ello en un país sumido en el caos: grandes reformas aplazadas, la paz total fracasada, la lucha contra la corrupción convertida en una falacia, la defensa de la naturaleza es un discurso polarizante, la protección de los territorios es una narrativa no creíble. Colombia cada día toma la forma de un Macondo sometido por la peste del oportunismo y gobernado por el último Aureliano, como se autodenomina el presidente Petro.

En la recta final de su Gobierno, el primero de la izquierda democrática en 200 años, el presidente Petro ha decidido arriesgar su capital político y convocar al país a una consulta popular con la pretensión de que el voto de las mayorías apruebe dos de las reformas negadas por el Congreso, que son vitales en la agenda gubernamental para consolidar su propuesta del cambio: a la salud y laboral.

La iniciativa presidencial solo puede entenderse como un salto hacia adelante de un mandatario acorralado por la incapacidad de su equipo de gobierno de impulsar la agenda oficial, a pesar de los excesos de mermelada y la bondad presidencial a la hora de repartir la nómina oficial a una clase política insaciable. Tras el último recambio de gabinete y el ingreso al mismo de una mezcla de lobos políticos experimentados y anónimos aprendices, se hace más evidente la falta de gobernabilidad del presidente, lo que hace más visible el incumplimiento de las metas trazadas en el Plan Nacional de Desarrollo, que en su momento generó altísimas expectativas de modernización institucional, cierre de las brechas sociales y afianzamiento de la democracia y la convivencia.

La consulta popular convocada por el jefe de Estado es, ante todo, una oportunidad y un riesgo para el Gobierno.

Una oportunidad para declararse abiertamente en campaña presidencial y poner al país a girar alrededor de la agenda gubernamental. De lo que se trata, en últimas, es de ambientar la reelección de la agenda petrista en 2026, teniendo al presidente como jefe de debate, usando todo el andamiaje institucional y el presupuesto nacional para tratar de obtener un resultado favorable.

Pero nada garantiza que esté asegurado el éxito de esa estrategia de toma del escenario político para imponer resultados saltándose el Congreso. Los colombianos han demostrado que son elocuentes para hablar de participación ciudadana, pero tímidos a la hora de profundizar la democracia y consolidar el espíritu de la Constitución Política de 1991.

Hay que mirar atrás y recordar el referendo constitucional de 2003 que impulsó el entonces presidente Álvaro Uribe, cuando estaba en lo más alto de su popularidad y fracasó. Debido a la poca participación ciudadana, solo se aprobó uno de los 15 puntos presentados a consideración del pueblo, específicamente el que decretó la muerte política a los condenados por corrupción.

Otro ejemplo de poca participación ciudadana en ese tipo de iniciativas fue la consulta anticorrupción de agosto de 2018, que impulsó la entonces senadora Claudia López, que sirvió para visibilizarla y allanarle el camino a la Alcaldía de Bogotá.

No hay en el horizonte ningún elemento que permita vislumbrar que esta vez sí pueda el Gobierno pasar el referendo, que corre el riesgo de contribuir a profundizar la polarización política, ahondar la desconfianza en el Gobierno, ratificar la voracidad política del presidente, su desmedido voluntarismo y su desafío permanente al status quo.

En efecto, la propuesta podría ahondar, como en el fracasado plebiscito por la paz del presidente Santos, de octubre de 2016, la división de los colombianos. De hecho, Colombia no ha podido superar la fragmentación que generó esa votación y contaminó gravemente la euforia por la paz y el cumplimiento de los acuerdos suscritos.

Debido al triunfo del no, se desvaneció, en el período 2018-2022, el rigor estatal en el cumplimiento de lo pactado. El rechazo de la mitad del país a su implementación, y el recrudecimiento del conflicto armado interno, que se ha reciclado y reconvertido en un monstruo de mil cabezas, son saldos palpables del fracaso del plebiscito por la paz. Por el fracaso de la política pública de paz total, además, Colombia, por desgracia, vive nuevamente en un permanente estado de violencia en las regiones, donde se constata la incapacidad estatal de copar grandes extensiones del territorio en poder la ilegalidad, como El Catatumbo, en la frontera con Venezuela, o El Plateado, en el departamento del Cauca, por solo citar dos ejemplos.

Hoy, con la propuesta de la consulta popular, el presidente Petro le está entregando a la derecha las banderas para organizarse e intentar repetir la dosis del plebiscito por la paz, quizá con una campaña sin linderos éticos, inspirada en el odio y la mentira —como en 2016— y recrear las doctrinas de extremismo, garrote y autoritarismo que irradian desde Washington el presidente Trump y su equipo.

Más allá del debate constitucional sobre si es posible o no la convocatoria de la consulta popular petrista, lo real es que la campaña presidencial tomará forma con esta consulta que, por primera vez, lidera un presidente de izquierda con escasa gobernabilidad.

Como buen jugador, Petro sabe que esta es una apuesta dura: la consulta podría convertirse en un voto de castigo al Gobierno y en una derrota anticipada a un candidato de izquierda en 2026. Y esa posibilidad será, precisamente, la que inspirará a la derecha para penetrar capas de opinión e intentar dejar al último Aureliano, en lo que quede de mandato, atado a un castaño, lamentando su arrojo. Hay que recordar que el expresidente Santos aún hoy se lamenta haber convocado el plebiscito por la paz.

Bogotá, D. C, 16 de marzo 2025

*Periodista, internacionalista y analista político.

Tomado de EL País.

Colombia necesita recuperar su soberanía energética.

Por Paloma Valencia Laserna*. - Colombia empezó a importar el 30% de la demanda de gas residencial. Por primera vez en 17 años, en la Invamer POLL el 69% de los colombianos considera que la calidad y cubrimiento de los servicios públicos va por mal camino. La decisión del gobierno de no firmar nuevos contratos de exploración y explotación, la falta de seguridad en zonas de inversión y la reforma tributaria del 2022 acabaron con nuestra soberanía energética.

Un hogar de estrato 3, que consume 15 metros cúbicos al mes, el año pasado pagaba 37.500 pesos; ahora va a pasar a pagar 51.000 pesos. Colombia tenía suficiencia energética para abastecer el gas residencial hasta el año pasado. El sector venía alertando que la política de no exploración de nuevos contratos acabaría con la producción nacional. Hoy tenemos 40 pozos en exploración, pero llegaremos a 0 en el 2030. Aunque el nuevo gobierno del 2026 inicie nuevos contratos de exploración se requieren seis años entre la firma de un contrato y la producción de un barril.

El gas producido nacional nos cuesta 6 dólares. Con el importado nos costará 25 dólares. La razón es que la compra de gas en el exterior nos vale 13 dólares, a esto se le suma 1 dólar que vale traerlo, 5 dólares que nos cuesta regasificarlo en Cartagena, y 6 dólares que cuesta transportarlo al centro del país. Además, la regasificadora de Cartagena está en su límite por lo que no podrá regasificar todo el gas importado.

Según la UPME, el país llegará a un déficit de gas del 50% en el 2027. En 2013, las reservas de gas eran de 5.508 GPC, generando 12,1 años de reservas, mientras que en 2023 contamos con 2.373 GPC, equivalente a 6,1 años de reservas. Una caída del 57% en 10 años.

La reforma tributaria del 2022 estuvo enfocada en asfixiar al sector hidrocarburos. La tasa efectiva de tributación de Ecopetrol pasó del 33% en 2022 al 52% en 2024. El costo de producir un barril de petróleo pasó de 9,1 dólares a 12,1 dólares. Ahora, el gobierno busca con la conmoción interior seguir aumentando más impuestos a un sector que está asfixiado y que toca la vida de todos los colombianos.

A este tema hay que sumarle que la inseguridad en las regiones está alejando a los inversionistas. Este es el caso de Emerald Energy que tuvo que irse del país. Según Corficolombiana, el aumento de la inseguridad en el país ha resultado en una caída del 4% en la inversión en exploración y en una disminución del 45% en la perforación de pozos exploratorios.

La falta de pagos de los subsidios al sector también está deteriorando a las empresas privadas. En el caso del sector del gas, por ejemplo, hay más de 700 mil hogares beneficiarios de estratos 1 y 2 en siete departamentos del subsidio de gas GLP, el de las pipetas. Este subsidio ayuda a personas de bajos recursos para un consumo de subsistencia de 14,6 kg al mes para el consumo de gas en cilindros. El gobierno ha venido incumpliendo los pagos de estos subsidios. Los privados han intentado seguir facturando con los subsidios a pesar de que el gobierno no los pague. No obstante, ya están asfixiados y esto no podrá durar mucho tiempo. Como lo advertí en una columna de finales del año pasado la situación es más grave en el sector eléctrico.

12,5 millones de hogares les aumentará las tarifas en sus facturas de gas. El gobierno, en su incompetencia, amenaza a las empresas comercializadoras de hacerles inspección. Colombia necesita recuperar su soberanía energética.

Bogotá, D. C, 14 de marzo 2025

*Senadora del Partido Centro Democrático

El miedo a las matemáticas no solo es emocional, sino que tiene un impacto neurológico real.

Por: Humberto Méndez Rojas*. - Comúnmente suelo escribir sobre temas jurídicos y de derecho electoral, campos en los que me he formado y en los que desarrollo mi ejercicio profesional. Sin embargo, hoy quiero hacer una pausa para abordar un tema que trasciende disciplinas y afecta profundamente el desarrollo de nuestra sociedad: la relación con las matemáticas.

Hoy, 14 de marzo, se celebra el Día Internacional de las Matemáticas, proclamado así por la UNESCO en el año 2019. Es el momento ideal para reflexionar sobre el papel fundamental de esta disciplina, considerada por Galileo Galilei, como el lenguaje universal que rige nuestro mundo. Como él mismo expresó: "Las matemáticas son el alfabeto con el cual Dios ha escrito el universo".

Las matemáticas no solo han sido la base del desarrollo científico, sino que en esta era digital son el motor de la innovación. Gracias a ellas, hoy contamos con tecnologías que han transformado nuestra forma de vivir, trabajar y comunicarnos. Desde la inteligencia artificial hasta la ciberseguridad, desde el análisis de datos hasta las finanzas digitales, todo se sustenta en principios matemáticos.

Sin embargo, más allá de los indicadores de desempeño académico, es importante hablar de un fenómeno que afecta profundamente el aprendizaje en nuestra sociedad: el miedo a las matemáticas. Desde la infancia, muchas personas desarrollan una ansiedad matemática que se transmite de generación en generación, es decir, de padres a hijos, afectando la confianza y el rendimiento en este campo del saber, desde temprana edad.

Este temor no es un simple mito. Diversos estudios han demostrado que la ansiedad matemática puede bloquear el aprendizaje y afectar el rendimiento académico. Investigaciones como las del psicólogo Daniel Ansari, de la Universidad de Western Ontario, y de la doctora Sian Beilock, de la Universidad de Columbia, han demostrado que la ansiedad matemática activa regiones del cerebro asociadas al dolor y el miedo, lo que puede limitar la capacidad de resolver problemas de forma efectiva. Es decir, el miedo a las matemáticas no solo es emocional, sino que tiene un impacto neurológico real.

Pero, ¿por qué ocurre esto? Muchas veces, el problema no es la matemática en sí, sino la forma en que se nos ha enseñado. Métodos rígidos, falta de conexión con la vida cotidiana y una cultura que refuerza la idea de que “las matemáticas son solo para genios” han contribuido a esta fobia. Jo Boaler, profesora de la Universidad de Stanford, comprobó en una investigación que este miedo no es innato, sino que se construye culturalmente, limitando el aprendizaje.

A nivel nacional, Colombia enfrenta grandes desafíos en esta área. Según el Informe PISA 2022, nuestro país obtuvo un puntaje promedio de 383 en matemáticas, muy por debajo del promedio de los países de la OCDE (473 puntos). Estos resultados reflejan la urgencia de reforzar la enseñanza de las matemáticas en todos los niveles educativos.

Si no rompemos con este ciclo, continuaremos formando generaciones con miedo a los números y limitando sus oportunidades en una sociedad cada vez más tecnológica y basada en datos.

Por ello, es fundamental que desde el Ministerio de Educación Nacional (MEN) se implementen acciones concretas para transformar esta realidad, tales como:

Capacitación docente en metodologías innovadoras que reduzcan la ansiedad matemática.

Estrategias pedagógicas que vinculen las matemáticas con situaciones de la vida real y el desarrollo profesional.

Mayor inversión en recursos tecnológicos y didácticos que dinamicen el aprendizaje.

Campañas para cambiar la percepción cultural de que las matemáticas son difíciles y exclusivas para unos pocos.

Programas de acompañamiento y refuerzo escolar para estudiantes con dificultades en la materia.

El Día Internacional de las Matemáticas no debe ser solo una conmemoración, sino una oportunidad para transformar la relación que nuestra sociedad tiene con esta disciplina. No se trata de memorizar fórmulas, sino de desarrollar el pensamiento lógico, la creatividad y la resolución de problemas.

Romper el miedo a las matemáticas es el primer paso para construir una ciudad más innovadora y competitiva, como la demandan los tiempos modernos.

Bogotá, D. C, 14 de marzo 2025

*Abogado especialista en Derecho Público. Magíster (c) en Administración Pública. Consultor y litigante en Derecho Electoral.

Colombia entera está a tiempo de unir a todo su pueblo para salvar la democracia

Por Gabriel Ortiz*. - Se le ha rebotado y con todo ímpetu la fiebre parlamentaria a quien hoy trata de imponer, abusar, excederse y aprovechar el régimen ejecutivo, junto con conserjes y alguaciles que lo siguen a ciegas, sin respeto por nuestra democracia.

El gobernante, mucho antes de posesionarse, abrió las puertas a lo que iba a ser su mandato, para acomodar fichas claves que permitieran manejar las más productivas posiciones.

Según lo denunció quien iba a encargarse de impuestos y aduanas y posteriormente la cartera de Desarrollo, el economista Luis Carles Reyes, le cayeron, nada menos y nada más que el prominente Armando Benedetti y la influyente Adelina Cobo, acompañados por el hijo del nuevo presidente Nicolás Petro. Querían manejar impuestos y aduanas, que según se ha descubierto, estarían en poder del contrabando, incluido el “papa pitufo”.

Había otros conserjes rondando a quienes se había o estaban escogiendo para los más altos y productivos cargos.

Tomadas las fuerzas del poder, empezaron a conocerse designaciones en entidades que terminaron en manos de la corrupción. Los escándalos rodearon a cuanta jefatura existiera en los hilos del poder. Se incluyó en esa horda de tramitadores y gestores a fieles y cercanos funcionarios, muchos de los cuales dejó al descubierto el doctor Reyes: uno de ellos, quién lo creyera, estaba el ministro Bonilla.

Pero la estrella de todo el embrollo era Benedetti, estrecha mano derecha del gobernante. El del engorroso e incómodo dialogo con la hoy canciller, donde se dieron a conocer los 15 mil millones de pesos que ingresaron a la campaña y docto en alcahuetear temas políticos ocultos para beneficios futuros. Fue piedra angular durante la campaña, parece que conoció a Pitufo, desempeño sin éxito la embajada en Caracas, luego fue enviado a la FAO en Roma, en España enfrentó líos y finalmente aterrizó en Bogotá, para asumir importante cargo al lado del mandamás, cosa que lo frenó, cuando el consejo de ministro en pleno lo repudió.

Imposible darse por vencido con semejante sabiduría y poder que conlleva la cercanía al mandamás. Con sus manos llenas de mermelada doblegó al congreso que aprobó a medias la reforma a la salud, pero que tiembla en el Senado.

El todo poderoso, quiere más y sabe que requiere de todo el botín presupuestal para imponer su propia democracia. Quiere revivir sus destrezas parlamentarias y ejercer así los poderes ejecutivo y legislativo. Sus consejos de ministros los ha convertido en foros resucitar sus hábiles debates.

Quiere apoderarse del Congreso y prepararse para asumir el poder judicial, al que desconoce y se burla, como ha ocurrió, con la orden de entregar los fondos a la salud.

Su objetivo es agrupar en sus manos los tres poderes para, junto con el presupuesto que tiene desparramado y oculto imponer su fracasado y ruinoso “cambio” que no supo construir. Ya amenazó al congreso, con amenazante advertencia “madurista”, en caso de negarse las reformas: “habrá ruptura”. ¿Será que lo cierra?

Colombia entera está a tiempo de unir a todo su pueblo para salvar la democracia y establecer con fortaleza un estado que nos lleve al progreso, la estabilidad, la paz y los anhelos que lo liberen del despotismo y la indiferencia.

BLANCO: Es imposible que solo el presidente y dos o tres ministros, sean quienes encuentren algo bueno para el pueblo en las reformas laboral y de salud.    

NEGRO: El abuso y el secuestro de nuestras fuerzas del orden por los grupos que, apoyados por los narcos, siembran el pánico en todo el país. 

Bogotá, D. C, 14 de marzo 20225

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.

Para convertir esta región en el nuevo eje del desarrollo nacional hay que resolver dos barreras clave. La primera es la seguridad jurídica de la propiedad de la tierra la cual se ve afectada por la UAF.

Por José Manuel Restrepo Abondano*. - La Orinoquía es futuro!!. Esta vasta extensión de tierras fértiles, biodiversidad y cultura tienen el potencial de transformar nuestra economía, impulsar el crecimiento del PIB y garantizar soberanía alimentaria.

En 2023, el país gastó 13,4 billones de pesos en importación de soya y maíz, dos productos esenciales para la producción de huevo, pollo, cerdo y pescado. Para ponerlo en perspectiva, las exportaciones de café de 2023 generaron 11.9 billones de pesos. Es decir, Colombia está enviando al exterior más dinero del que recibe por uno de sus productos estrella, solo para cubrir una necesidad que podríamos suplir localmente.

Brasil ya lo hizo. Mato Grosso, hace décadas una región poco explotada, es hoy el corazón agrícola del país. Con inversión, infraestructura y reglas claras sobre la propiedad de la tierra, pasó de ser una zona marginal a convertirse en el mayor productor de soya y maíz de Brasil, generando 175 billones de reales anuales. No fue magia, sino visión. Mato Grosso no esperó, no dudó ¿Por qué Colombia no hace lo mismo?

Para convertir esta región en el nuevo eje del desarrollo nacional hay que resolver dos barreras clave. La primera es la seguridad jurídica de la propiedad de la tierra la cual se ve afectada por la UAF. Sin reglas claras, no hay inversión, y sin inversión, no hay desarrollo.

La segunda es la infraestructura. No se puede pretender que una región despegue cuando sus vías se convierten en lodazales durante ocho meses al año. Sin carreteras adecuadas, no hay agricultura posible y no hay manera de llevar insumos ni sacar productos al mercado.

Pero el tema no es sólo agroindustria. Hoy la Orinoquía, tiene además el potencial de ser destino de turismo biodiverso, de aventura y cultural de dimensiones extraordinarias. Sus paisajes, la cercana puerta de entrada a la Amazonía, sus expresiones de música y arte, la hospitalidad del llanero, el patrimonio histórico de nuestros primeros habitantes, los potenciales vínculos de la agroindustria y el turismo, entre otros asuntos, hacen de esta tierra una oportunidad para este nuevo petróleo. Oportunidad en marcha, porque Casanare lo ha logrado con sus Safaris llaneros, Guaviare arranca a mostrarse al mundo y Meta o Vichada tiene muchos destinos y experiencias extraordinarias (v.g. Rio Guejar o Tuparro). Pero al igual que en agroindustria, necesita conectividad, formalización, inversión en infraestructura, incentivos tributarios y mucha seguridad en la zona (v.g Arauca).

Este desarrollo tendría un impacto significativo en la economía nacional. Se estima que, en el mediano plazo, el impulso de la Orinoquía podría contribuir con hasta un 2% adicional al PIB total del país, un crecimiento generable con rapidez y sostenibilidad.

Lo que falta es decisión política. El próximo presidente tiene en sus manos una oportunidad histórica: seguir administrando la escasez o apostar por un proyecto de país que marque la diferencia. Esta no es una propuesta utópica, es una estrategia realista y urgente.

La Orinoquía está esperando. Si Colombia quiere crecer, si quiere ser autosuficiente, si quiere ser destino único de turismo sostenible, debe mirar hacia su propio “ombligo”. Apostar por la Orinoquía no es una opción, es la decisión que cambiará la historia del país.

Bogotá, D. C, 12 de marzo 2025

*Exministro de Hacienda; Comercio, Industria y Turismo. Rector de la EIA

El Estado no puede claudicar ante la delincuencia.

Por José Gregorio Hernández Galindo*. - Colombia es un Estado de Derecho, en el que, a lo largo y ancho del territorio, deben imperar las reglas establecidas en la Constitución y las leyes. Pero se está volviendo corriente que, en ciertas zonas, eso no se cumpla.

La semana pasada, en El Plateado y otros municipios del Cauca, veintinueve uniformados -veintiocho de la Policía Nacional y uno del Ejército-, fueron secuestrados y -como pudo verlo todo el país en medios y redes- permanecieron, durante más de cuarenta horas, indefensos, dominados, exhibidos y rodeados de cientos de personas civiles, desde luego manipuladas por la delincuencia, pero coautoras del delito.

Tan grave hecho dio lugar a la integración de una comisión humanitaria integrada por la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos y el Ministerio del Interior, que entró en diálogo y negociación con la comunidad, logrando finalmente la liberación de los plagiados.

Las cosas por su nombre: lo ocurrido no fue una “retención” sino un delito. Fue un secuestro, y la administración de justicia debe investigar y sancionar a quienes lo cometieron.

Horas después, hubo nuevos delitos. Se informó que las comunidades, por orden de las organizaciones delictivas que dominan la zona, quemaron una casa adaptada como estación de Policía. Además, según medios de comunicación, estarían cerca de 1.000 personas concentradas en El Plateado con el propósito de perpetrar una gran asonada, para expulsar a la fuerza pública.

Según el Ministerio de Defensa, el delito proviene de la organización terrorista ‘Carlos Patiño’, que lleva a cabo prácticas de reclutamiento forzado de menores y coacción sobre la población civil.

La Corte Constitucional ha subrayado que “es deber del Estado mantener la convivencia pacífica e instaurar un sistema jurídico-político estable, para constituir la protección a la vida como una de las obligaciones del gobernante sin las cuales no es posible la continuidad de la comunidad”. (Sentencia C-038 de 1995).

Al Estado compete mantener a la población civil fuera del conflicto armado- y evitar la abierta vulneración de los artículos 22, 22 A y 214 de la Constitución, entre otros.

No obstante -como lo hemos expresado-, los hechos descritos muestran una vez más que, cuando las normas son puramente teóricas y son superadas por los hechos, claudica el Estado en el ejercicio de sus funciones, entre las cuales está la garantía de un orden jurídico real y eficaz.

A la luz de la Constitución, carece de todo sentido que haya en Colombia zonas del territorio vedadas para los integrantes de la fuerza pública. Según el artículo 217 de la Carta Política, las fuerzas militares tienen como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional. A la Policía Nacional corresponde, según el 218, “el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”.

El artículo 95 subraya que toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes.

El Estado no puede claudicar ante la delincuencia.

Bogotá, D. C, 12 de marzo 2025

*Expresidente de la Corte Constitucional.

Estados Unidos practica con los migrantes una especie de esclavitud moderna, que ha sido ampliamente aceptada y en la que los latinos hacen parte de una ecuación perversa, donde sólo ganan los empresarios y la productividad nacional.

Por Humberto Tobón*. - Los empresarios que con tanto entusiasmo votaron por Donald Trump para Presidente de Estados Unidos, están sintiendo el efecto de sus decisiones en materia migratoria, pues los ha dejado sin la posibilidad de contar con suficiente mano de obra barata, que normalmente ha sido usada en trabajos con una alta exigencia física y con horarios de esclavitud.

Los que se han enriquecido explotando a hombres y mujeres venidos de países pobres, están teniendo que contratar nativos norteamericanos, bastante inexpertos en la mayoría de trabajos rudos, a quienes deben pagar hasta tres veces lo que normalmente le cancelan a aquellos.

El trato inhumano que reciben los trabajadores migrantes e indocumentados por parte, especialmente, de los empresarios del sector agrícola, ha quedado registrado en las estadísticas oficiales en varios estados norteamericanos, donde el número de muertes por exceso de trabajo, malnutrición y deshidratación, crece exponencialmente, sin que haya efectos judiciales.

A los problemas de los empresarios del campo se suma la crisis del sector de la construcción, que es altamente intensiva en mano de obra y donde un porcentaje bastante alto de los operarios son migrantes, la mayoría de ellos indocumentados, que se han venido escondiendo de las autoridades para evitar ser deportados. Esos constructores también se han unido a las voces del empresariado pidiéndole al Gobierno Federal que morigere sus políticas migratorias.

Pero más allá de los problemas que viven las economías agrícola, industrial y comercial, está el drama de las familias que requieren los servicios de personal de cuidado y servicios de aseo.

Este ejemplo basta para entender la dimensión del problema que viven millones de hogares. Una familia residente en Chicago, integrada por un ejecutivo nortemaericano, una profesora colombiana nacionalizada, dos niños menores de seis años y una abuela con alzheimer (83 años) y problemas de movilidad, no han podido encontrar cuidadores permanentes en las últimas seis semanas. Quienes prestaban el servicio eran mexicanas y dominicanas, que no volvieron, por temor a ser arrestadas. Los pocos trabajadores que han atendido su requerimientos, lo hacen cobrando tarifas demasiado altas.

Estados Unidos practica con los migrantes una especie de esclavitud moderna, que ha sido ampliamente aceptada y en la que los latinos hacen parte de una ecuación perversa, donde sólo ganan los empresarios y la productividad nacional, dejándoles las migajas a esos ejércitos de trabajadores que apenas sí logran sobrevivir en residencias baratas y barrios peligrosos, tratando de conservar unos ahorros que son enviados como remesas a sus países de origen, buscando aliviar las necesidades de sus familiares.

Aunque el presidente Trump ha dado marcha atrás en algunas medidas arbitrarias que ha tomado, especialmente con los aranceles sobre los automóviles y otros sectores de la economía, su posición de desterrar a los migrantes indocumentados, e incluso a migrantes legales, se ha vuelto mucho más radical e impetuosa.

Pereira, 12 de marzo 2025

Economista, comunicador social y experto en finanzas. Consultor y coordinador del proyecto Objetivo de Desarrollo del Milenio del Programa de Naciones Unidas en Colombia. Actual gerente de la RAP Eje cafetero.

Este es uno de los mayores retos que debe asumir el novel Ministro Edwin Palma, con la seriedad y el compromiso que no tuvo su antecesor en el cargo.

Por Amylkar D. Acosta M*. - A partir de la Constitución de 1991 la prestación de los servicios públicos dejó de ser una función que le estaba reservada al Estado y se abrió la posibilidad de que también lo pudieran prestar además las empresas privadas y por comunidades organizadas, tal como las tan mentadas como fementidas comunidades energéticas, así quedó prescrito en su artículo 365. No obstante, dejó establecido que “los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado”. De ello se sigue que es el Estado el llamado a garantizar la prestación de los servicios públicos, tal como lo establece la Ley 142 de 1994, con eficiencia, calidad, continuidad y equidad.

Este es el sentido y la razón de los subsidios a los usuarios de los servicios públicos más vulnerables, esto es a los estratos 1, 2 y 3, los cuales quedaron reglamentados en el artículo 99.3 de la Ley 142 de 1994 de servicios públicos, como “un descuento en el valor de la factura”. Ello dio lugar a la creación del Fondo de Solidaridad para Subsidios y redistribución del ingreso (FSSRI) mediante la Ley 286 de 1996. Con el cumplimiento de esta norma Colombia honra su compromiso con el 6º y el 7º de los 17 Objetivos del desarrollo sostenible (ODS), que tiene que ver con el acceso al servicio de agua potable y a las energías renovables.

Y claro, para cumplir con estos dos objetivos se tienen que dar dos premisas, la primera es la disponibilidad, por que nadie puede acceder a lo que no está disponible y la segunda tiene que ver con el poder adquisitivo, que tiene que ver con el ingreso de los usuarios, que dependen a su vez de la tarifa por el disfrute de tales servicios. Como es bien sabido, según la más reciente Encuesta de calidad de vida y el Informe sobre pobreza multidimensional del DANE arrojaron como resultado que el 47% de los hogares (8´460.000 familias) tenían carencias en 5 dimensiones, entre las que se destaca “no tener acceso a fuente de agua tratada”.  Y según el más reciente estudio auspiciado por la empresa PROMIGAS sobre la pobreza energética multidimensional en Colombia se pudo establecer que el 16.1% de la población, 8.4 millones de habitantes están en esa condición. Ello es deplorable!

Ahora bien, los subsidios se aplican directamente a los usuarios mediante sus facturas y luego el Gobierno debe realizar los reembolsos mediante procedimientos que aseguran la validez de dicho proceso. No es como afirmó irresponsablemente el saliente Ministro de Minas y Energía Andrés Camacho en el curso de una Asamblea de usuarios del servicio de energía que tuvo lugar en Santa Marta, convocada por él, al espetar, sin pestañear, que “los subsidios por ley se asignan a los estratos 1,2 y 3 y no se les entrega a la gente directamente, se les entrega a través de las empresas. Como la mayoría de las empresas son privadas, entonces se quedan con los subsidios y los administran. La transición debe garantizar que los subsidios lleguen a la gente” directamente.

La realidad es otra, quien “se queda con los subsidios” es el Estado, que tiene la obligación de reintegrárselo a las empresas prestadoras del servicio, que terminan financiándolos al descontárselo a los usuarios en sus facturas quedando a la espera de que el Ministerio de Hacienda les gire el valor causado de los mismos. Y es lo que no se viene haciendo de manera cumplida y diligente abocando a las empresas a dificultades de liquidez, solvencia y de flujo de caja para garantizar el cumplimiento de sus propias obligaciones con sus proveedores, entre ellos, en el caso de la energía, los generadores de energía, que son los que se la despachan a través de contratos que deben honrar y con la banca.

Entre marzo del año anterior y enero de este año se acumuló una deuda de la Nación con las empresas comercializadoras de energía del orden de los $2.8 billones, de los cuales el Ministerio de Minas y Energía sólo ha realizado la liquidación y conciliación por valor de $1.3 billones. Con el gravante de que esta liquidación y conciliación por parte del Ministerio, mientras el Ministerio de Hacienda no gire, no le dan liquidez a las empresas.

Sólo a comienzos de febrero de este año, ante el fuerte requerimiento que le hicieron conjuntamente la Contraloría General y la Procuraduría, advirtiéndole sobre la inminencia de un apagón financiero que podría derivar en un racionamiento en la prestación del servicio, se comprometió el Ministro de Hacienda Diego Guevara a hacer abonos mensuales, a cuenta gotas, que sumarían para el 30 de abril $1 billón. Pero, como cada mes se causan $300.000, que deben ser asumidos por las empresas, ello quiere decir que para entonces la deuda en lugar de saldarse o por lo menos amortizarse se elevará hasta los $3 billones!

A la deuda contraída por parte de la Nación por concepto de los subsidios con las empresas que prestan el servicio de energía se vienen a sumar lo que les debe a las que prestan el servicio de gas natural domiciliario y de GLP, más conocido como gas propano, del orden de los $628.000 millones y $68.000 millones, respectivamente, con el agravante en estos últimos dos casos que dichas empresas no están obligadas, como si lo están las que prestan el servicio de energía, a descontar en las facturas el valor del subsidio en el evento de que el Ministerio de Hacienda deje de girarlo. Dicho de otra manera, ellas, ante la estrechez de caja podrían dejar de aplicarle dichos subsidios a sus usuarios con lo cual la tarifa prácticamente se les duplicaría, atentándose contra el acceso a un servicio tan esencial como estos. Este es uno de los mayores retos que debe asumir el novel Ministro Edwin Palma, con la seriedad y el compromiso que no tuvo su antecesor en el cargo.

Cota, 11 de marzo 2025

*Economista. Expresidente del Congreso y exministro de minas y energía.

www.amylkaracosta.net