Amylkar D Acosta M

Por Amylkar D. Acosta M*.- Como es bien sabido, a Colombia la ronda el fantasma de la pérdida del autoabastecimiento de crudos para cargar sus refinerías, lo cual la obligaría a tener que importarlo, en razón de las precarias reservas probadas con las que cuenta (1.782 millones en diciembre de 2017), que sólo garantizan el suministro para 5.7 años. Para conjurar este peligro, se plantea en el proyecto de Plán Nacional de Desarrollo 2018 -2022 que se tramita en el Congreso de la República la necesidad de reactivar “la actividad de exploración y producción de yacimientos no convencionales”, para lo cual se busca fortalecer “un régimen fiscal competitivo” y el robustecimiento por parte de la ANH de “los términos contractuales, que permitan ubicar al país entre los más atractivos de Latinoamérica para la inversión en el sector de hidrocarburos”.

Consciente de las falencias que acusa la institucionalidad del sector se dice que, a partir de los resultados de los distintos estudios, “se mejorará, de ser necesario, la institucionalidad, el marco contractual y la normatividad (Pacto por la Sostenibilidad), que deberá cumplirse y fiscalizarse para la exploración y producción de estos hidrocarburos”, al igual que para “los proyectos de exploración y producción de hidrocarburos costa afuera...con las mejores prácticas internacionales”. Con ello se le estaría dando respuesta al Informe presentado por la Comisión de Expertos, que contiene sus conclusiones y recomendaciones presentado el pasado 14 de febrero, el cual concluyó: “cumpliendo unos requisitos, se puede avanzar con proyectos pilotos integrales de investigación con técnica de fracturación hidráulica propuestos en los programas exploratorios” por parte de ECOPETROL.

Por mi parte propondría que, si el gobierno acoge las recomendaciones de la Comisión de expertos, se integre un Panel de expertos con la finalidad de que el mismo monitoré y le haga seguimiento a la implementación de los pilotos y al término de este ensayo evalúe y valide sus resultados, para que, dependiendo de estos, decidir si de el paso subsiguiente de la comercialidad del procedimiento.

En nuestro concepto las condiciones están dadas y la industria lo que demanda es, fundamentalmente, seguridad jurídica, que no les cambien las reglas de juego en la mitad del juego y que la coordinación entre las autoridades nacionales y las territoriales en la toma de decisiones con respecto al desarrollo de la actividad extractiva, como lo mandó la Corte Constitucional en recientes fallos, se materialice, amén del diálogo informado con las comunidades, para que de esta manera se viabilicen los proyectos.

Extrañamente, en las Bases del Plan no se espera incrementar las reservas y la producción ni de petróleo ni de gas natural sino mantenerlas al mismo nivel del año 2018; en el caso de la producción de petróleo dicha meta (854 mil barriles/día) está incluso por debajo del volúmen de producción que sirvio de base para la aprobación del Presupuesto para la vigencia de 2019 (872 mil barriles/día). Ello no se corresponde con las metas que se esta imponiendo el Plan de aumentar el número de pozos exploratorios, pasando de 46 en 2018  a 207 y en cuanto a sísmica se propone pasar de correr 1.107 kilómetros a 6.900 kilómetros.

Huelga decir, que asegurar el autoabastecimiento no tiene porque alejarnos de la transformación productiva como estrategia para diversificar la economía y reducir la dependencia con respecto al petróleo. Para nadie es un secreto que, a las modestas reservas de crudo con las que cuenta el país, se viene a sumar el hecho cierto que el petróleo va de retirada por cuenta de la Transición energética global, razones suficientes para que el país tome en serio esta estrategia para evitar sobresaltos hacia el futuro.

Sorprende que se diga en el proyecto que será la Presidencia de la República la que “coordinará las entidades con competencias en materia de viabilidad, permisos y licencias para el desarrollo de proyectos energéticos de transporte, extracción y producción, con el fin de atender los requerimientos con la oportunidad respectiva”. A todas esas cabe preguntarse en qué quedan los ministerios del ramo, acaso no se confía en ellos, para que asuman sus propias responsabilidades y competencias. Por qué, más bien, no se apela al instrumento creado mediante el CONPES 3762 de agosto 20 de 2013, que establece los “lineamientos de políticas para el desarrollo de proyectos de interés nacional y estratégicos – PINES”, que ha mostrado y demostrado su eficacia para hacer más expeditos los procesos de licenciamiento y permisos para la ejecución de los proyectos. 

Bopgotá, marzo 30 de 2019

*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net

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Jorge Enrique Robledo

Por Jorge Enrique Robledo*.- Muchísimos fueron los votos que Iván Duque sacó por autoproclamarse como el Presidente “de los textileros y los confeccionistas” y por prometerles que “a esas importaciones de textiles de los países donde pagan una miseria de sueldos, que son sueldos de esclavitud, les vamos a aplicar el máximo arancel posible, para que no les quiten los puestos de trabajo a las operarias de las confecciones en Colombia” (http://bit.ly/2FAfJRc1). Y lo de los sueldos bajísimos no eran exageraciones electorales. Por ejemplo, el salario mínimo textil de China comparable (PPA) es 2,49 veces menos que el colombiano y el de Bangladesh, 3,42 veces menor.

Pero a ocho meses de posesionado, y después de numerosas reuniones con el ministro de Comercio conocidas por Iván Duque, confeccionistas y textileros, empresarios y trabajadores, concluyeron que el Presidente les había puesto conejo. Imitando a sus antecesores: “Prometer para conseguir y una vez conseguido olvidar lo prometido”. Poco le importó a Duque que hubiera empeñado su palabra y que, de acuerdo con la Cámara Colombiana de las Confecciones y Afines (CCCyA), organización que representa a los productores de prendas, telas, hilos, estampados y accesorios, en los últimos años las confecciones extranjeras hayan destruido más de seiscientos mil empleos. Cuánta pobreza y miseria hay detrás de una tragedia que los importadores y sus propagandistas más conspicuos pretenden despachar con toda frialdad, como si no significara nada.

La historia de este conejazo –de los mayores que se recuerden– se empeora porque Duque pudo cumplir sus promesas de campaña -*con toda facilidad, dado que esas importaciones asiáticas y africanas ni siquiera obedecen a las cláusulas leoninas de los TLC –pues con esos países Colombia no tiene ninguno–, sino que son una concesión gratuita de los gobiernos de Santos y Duque, al literalmente regalarles el mercado interno a quienes ni siquiera compran manufacturas nacionales. En esto también, los gobernantes colombianos actúan de la peor manera, según lo prueban las cifras: los aranceles de Colombia a esa ropa son de apenas el 15 por ciento, aunque la OMC la autoriza para imponerles hasta el 40, mientras que Brasil, por ejemplo, protege a sus confeccionistas con el 35 por ciento.

Para empeorar las cosas, esta política contra la producción y el trabajo nacionales también favorece a los grandes contrabandistas, contrabando facilitado por un TLC entre Colombia y Panamá que, además de servirle a esta y a otras actividades ilícitas, no tiene explicación, porque ese país no produce manufacturas pero sí sirve de puente para que a las confecciones extranjeras se les facilite llegar a hacerles daños a los colombianos, incluida la industria del calzado. Todo indica que Duque, como Santos, tampoco pondrá en cintura a esa guarida fiscal –que no paraíso– en que un puñado ha convertido a Panamá.

Quienes defienden que Colombia se inunde de prendas extranjeras, que en grandes proporciones venden las grandes superficies, andan con la falacia de que lo que los mueve no son sus ganancias sino su gran amor a los colombianos que así pueden –dicen– comprar más barato. Paja. Cuento manido de treinta años utilizado para justificar el daño que le hacen al país. Porque la verdad es que sí importan a costos menores para desplazar o arruinar a la industria nacional y destruir empleo, pero esos precios más bajos no se le trasladan a la gente, a la que esquilman sin consideraciones. Y se sabe además que los desempleados y los pobres y paupérrimos no tienen con qué comprar, ni siquiera lo de menor precio, porque para poder consumir, primero, hay que percibir ingresos. Otro caso en el que lo supuestamente barato sale caro.

Ante semejante engaño de Duque a sus electores, los empresarios y los trabajadores de las confecciones, respaldados por las centrales obreras, CUT, CGT y CTC, y una mayoría de congresistas de distintos sectores políticos, en una coincidencia ejemplar, logramos que en el Plan de Desarrollo, en su primera votación, se protegiera a este sector contra importadores y contrabandistas con un arancel del 37,5 por ciento. Pero como es notorio que a Duque y a Carrasquilla no les gusta la idea, hay que elevar la vigilancia para asegurar que en la votación definitiva no se favorezca a las trasnacionales.

Coletilla: el gobierno tiene decidido montar, con grandes costos oficiales y subsidios a poderosos particulares, otra regasificadora, decisión que implica traer de Estados Unidos el gas que puede producirse en Colombia, y eso que el de allá sale bastante más costoso que el de aquí. Si los gobiernos de este país hicieran por la producción nacional siquiera el cinco por ciento de lo que hacen por la foránea, seríamos una potencia industrial y agropecuaria.

Bogotá, 29 de marzo de 2019.

Senador del Polo Democrático Alternativo

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José Félix Lafaurie Rivera
Por José Félix Lafaurie Rivera*.- "El mensaje que el presidente mandó es que no vendría mientras la vía permanezca cerrada, pero los que estamos movilizados hemos planteado que no se puede despejar la vía hasta que el presidente venga". Si esto no es un chantaje violento al Gobierno, entonces ¿qué es? Y como si fuera poco el caos generado en el suroccidente del país, el arrogante líder de la minga amplía su amenaza: "Frente a lo dicho por el Presidente, que no viene, se fortalece la minga a nivel nacional (…) para que todas las regiones se levanten…”.
 
Por supuesto que, para el presidente, está condición extorsiva no constituye dilema alguno, como se lo dijo sin titubeos a los mingueros y al país, a pesar de las presiones de sectores de izquierda y de quienes acompañan la peregrina posición de que, en aras de la normalidad, de evitar la violencia a cualquier costo, el Estado de Derecho y las instituciones deben ceder ante los extorsionistas. 

Es la antesala de la anarquía, pero es, de hecho, la posición que estuvo sobre la mesa de negociaciones con las Farc, y la que hoy se atraviesa para no cambiarle una coma a la JEP, un sistema de justicia diseñado para la impunidad. Para quienes así piensan, acabar con el bloqueo y sus desastrosas consecuencias, bien vale que Duque entregue la dignidad presidencial, la autoridad del Gobierno y la gobernabilidad hacia delante. Qué más quisieran, sino “arrodillar” al presidente Duque ante estas “organizaciones sociales”, desde siempre permeadas ideológicamente y utilizadas políticamente por la izquierda. 

No en vano invitaron a sus aliados naturales de la oposición. Por allá apareció el impune senador Catatumbo, reuniendo indígenas y acompañado por chalecos azules de la ONU; y el representante Pachón, el de las Dignidades, experto en extorsionar con paros violentos, como el de 2013; y el senador López del Polo y sus compadres, Bolívar y el infaltable Petro, quien lanzó otra de sus propuestas populistas tipo aguacate: “simple: compre las tierras del Norte del Cauca para que el pueblo caucano se pueda alimentar", lo cual, traducido a realidades económicas, quiere decir: acabe con la industria cañera y tale los bosques de pinos; así el departamento quebrará y alcanzaremos la equidad igualando por debajo: todos pobres. 

A ese populismo de galería súmenle, para comenzar, las exigencias desmedidas, ¡más de 49.000 hectáreas y 3,6 billones!, y las de añadidura: no al fracking, no a las objeciones, consultas previas sin limitación, derecho a la protesta sin limitación, negociación con los elenos y hasta las relaciones con Venezuela. Si todo esto no es politizar la minga, entonces ¿qué es? 

Los líderes insisten en que la protesta no es extorsiva ni politizada y tampoco violenta. Uno de ellos afirmó que “no hemos generado violencia contra servidores públicos, ni realizado ningún otro tipo de hecho vandálico, solamente la reclamación de los derechos”. 

Entonces qué son las papas bomba, la obstrucción de las vías, los encapuchados y el asesinato de un soldado. La explosión que cobró otra vida no fue precisamente un accidente doméstico. Ni qué decir del caos en Popayán y Pasto, como resultado del sabotaje en las carreteras. No estamos frente a los indígenas del imaginario, los que no usan armas sino bastones; estamos ante un colectivo ideologizado, apoyado por la oposición y con gran poder extorsivo por su capacidad de generar caos. 

Es obligación del Gobierno respetar los derechos de los indígenas caucanos, pero también los de 45 millones de colombianos. Apoyar a Iván Duque en este trance es apoyar el Estado de Derecho y la democracia.

Bogotá, D. C, 30 de marzo de 2019

*Presidente de Fedegan

 

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Lorena Rubiano

Por Lorena Rubiano.-  La verdad se corrompe tanto, con la mentira, como con el silencio. Cicerón.

Tarde o temprano la verdad se impone. Ya que la justicia no ha podido encontrar la verdad y llegar al  fondo de la realidad del origen de nuestro conflicto armado con sus  masacres, asesinatos y violaciones, son los protagonistas de esos desafueros, los que van a contar la verdad.

Y bienvenida esa verdad, para que los colombianos, y el mundo entero que tenga interés sobre nuestra realidad, la conozcan, y sepan quiénes y por qué se han sacrificado tantas vidas humanas sin razón alguna. Por qué y qué razón han tenido los que han desplazado campesinos y comunidades indígenas de territorios que  después aparecen como dueños grandes empresas nacionales y multinacionales.

Es hora de que el país conozca esa verdad, duélale a quien le duela y cause los escándalos que sean, pero a la verdad nadie, ni nada la puede seguir escondiendo y teniéndola sumergida, para que no aflore al conocimiento de los colombianos.  

Y se va a descubrir que después de cada homicidio, matanza o desplazamiento, sus autores tenían listas las noticias falsas para desviar las investigaciones y confundir a la opinión pública y para lo cual lamentablemente se prestaban varios medios de información. Por eso los medios de comunicación tienen que estar alerta para no servir de idiotas útiles ayudando a publicar falsas informaciones.

Lo que se va a saber es que detrás de cada magnicidio, atentado, o desplazamientos había grandes intereses económicos, que financiaban estas actividades delincuenciales buscando beneficios propios o para terceras personas.

Por eso es bienvenido el anuncio de los autores y partícipes del conflicto armado en nuestro país que desde las cárceles advierten que concurrirán ante la JEP, ante la Comisión de la verdad y ante las instancias internacionales como la Corte Penal Internacional, para decir la verdad de lo ocurrido en el país entre 1984 y el 2016. Ellos, exmiembros de las bacrim, Farc-Ep, Autodefensas, Paramilitares, narcotraficantes financiadores del conflicto,  están dispuesto a entregar sus versiones a estos organismos.

Expresan los firmantes en el comunicado que: “estamos dispuestos a aportar verdad plena, es decir, de exponerla de manera exhaustiva y detallada, verdad y relatos de las actividades o conductas cometidas en desarrollo del conflicto  y las circunstancias de su comisión y también a brindar informaciones necesarias y suficientes para atribuir responsabilidades “.

De manera que a la gran sacrificada del conflicto armado, la verdad, que durante años y años ha estado escondida, en los más recónditos lugares del alma para que no salpicara a los verdaderos autores intelectuales o materiales de los ilícitos, le ha llegado su hora, su momento de salir a contarle al pueblo colombiano  todo lo que sepa de las causales y protagonistas del conflicto armado en nuestro país. Y eso puede tener incómodos a muchos de  los participantes, pero eso es irreversible, la verdad aflorará por encima de intereses mezquinos y personalistas que la tenían sepultada y tal vez llegaron a pensar que jamás saldría a flote.

Bogotá, D. C, 29 de marzo de 2019

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Gabriel Ortiz

Por Gabriel Ortiz*.- El proceso de paz ha enfrentado más agresiones que Colombia en la época de Pablo Escobar. Montoneras de enemigos han querido manejar la voluntad de la población colombiana, a la que jalonan con mensajes falsos y engaños. Con igual patraña quisieron urdir a la comunidad internacional. Pero nada han logrado porque el conjunto de naciones y entidades guardianas de la paz actúan con sabiduría, madurez, inteligencia y equilibrio. Ellas defienden la paz y piden garantías para la JEP.

Por ello vale la pena analizar lo que expresa el Premio Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, en su libro “La Batalla por la Paz”:

“Se recomendó a Álvaro Uribe, principal enemigo de la paz, ir al Vaticano a “torpedear” la entrega de un galardón -La lámpara de la Paz- amparado por la Iglesia para los constructores de paz en el mundo. Si Uribe lograba un pronunciamiento de ellos en contra del proceso, sería un gran golpe para su credibilidad entre los millones de católicos colombianos. Así lo hicieron y aprovechando una visita que realizó Uribe a Italia, en julio de 2016, en la que no desaprovechó micrófono para acusar a mi gobierno de entregar el país a las Farc, fueron al convento donde el expresidente les habló largamente a los hermanos franciscanos”.

“Los frailes quedaron alarmados ante la diatriba que les soltó Uribe en contra del proceso de paz y, para lograr una opinión más equilibrada, llamaron al embajador Escobar y le pidieron que fuera a Asís y les expusiera la realidad del proceso desde el punto de vista del gobierno. Luego de escuchar sus explicaciones, con las dos posturas que habían escuchado sobre la mesa, los religiosos deliberaron y tomaron una decisión: otorgarme la Lámpara de la Paz. ¡Dios sabe cómo hace sus cosas!

Y como lo señala Santos en “La Batalla por la Paz”, el expresidente “centrodemocratiano” solo tenía en su mente recorrer el mundo, ir a los foros para desviar la verdad, con miras a evitar que en Colombia triunfe una paz con verdad, justicia, reparación y no repetición, no como la que él buscó con los narcoparamilitares, que sin decir la verdad vacacionaron en USA y regresaron a sus andanzas. Por ello, la documentación de las negociaciones con los paras desaparecieron. Si algo llega a emerger, se esfumará en Centro de Memoria Histórica. Para eso hay nuevo director.

Cuántas muertes, cuántas violaciones de menores y mujeres, cuántos muertos, cuántos militares y policías asesinados, cuántas tomas de poblaciones, secuestros, extorsiones, falsos positivos, despojos y demás desastres se hubieran evitado en Colombia, si el senador Uribe y sus áulicos, hubieran atenuado su afán destructivo de la paz firmada en La Habana.

Entre tanto y para más rabia, el senador, seguirá siendo expresidente, mientras Santos será “Premio Nobel de Paz” y punto. Ello exaspera, irrita y atiza el odio.

BLANCO: La JEP reprime la impunidad, dice la Canciller noruega.

NEGRO: Dos reformas tributarias en siete meses. Ley de financiamiento y Plan Nacional de Desarrollo.

Bogotá, 28 de marzo de 2019

*Exdirector del Noticiero Nacional y de Notisuper, la Noticia Viva.

 

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Andrés Cristo Bustos

Por Andrés Cristo Bustos*. - Entiendo al Gobierno y al presidente al querer dejar plasmado “todo” en un PND. Entiendo al Gobierno y al Presidente al querer tener las herramientas y facultades para sus proyectos, evitando de la mayor forma posible al Congreso. Pero me preocupa que al cerrarle todas las posibilidades de gestión al ente colegiado, pretenda también auto legislar dejando un Plan plurianual de inversiones, léase  “Plan de buenas intenciones” (que lo han dejado todos los presidentes), al lado de un articulado que no es coherente con el mismo.

Por eso, me parece irresponsable que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, no haya definido de manera específica temas macro, que exigen políticas y hechos concretos del ejecutivo.

¿Por qué en vez de utilizar la famosa frase “transversalizar el gasto”, no hubo asignaciones específicas para la implementación del proceso de paz? Es decir, tierras y seguridad para las comunidades del Cauca, sustitución de cultivos para las comunidades del Catatumbo o un plan de contingencia económica para la frontera con Venezuela, así como varios temas que pondrían al presidente de la República en un contacto más directo con la base que lo eligió.

Por el contrario, de manera irresponsable mostrando su vanidad y arrogancia, el ministro de Hacienda, el doctor Carrasquilla sin haber tomado parte directa en las discusiones, radicó su proyecto, el miércoles 20 de marzo ya en horas de la tarde, con una serie de artículos nuevos que no fueron socializados- exactamente 128- donde se reformaban leyes orgánicas, derogaban otras y se tomaban decisiones donde el Congreso de la República simplemente terminaría asintiendo sin mayores objeciones.

No hay duda, el PND se terminó debatiendo en 5 horas y se votaron artículos nuevos sin proposiciones. Me pregunto: ¿Cómo iban a tener proposiciones si se radicaron el día anterior?, es decir, aparecieron una serie de artículos a última hora que traían aval del gobierno y que no tenían siquiera un numeral en el proyecto, ¡nadie los conoce! En conclusión, no había forma de estudiarlo ni siquiera de revisarlo.

PD: Entre otras cosas, para Norte de Santander, dejó regulada la internación de vehículos, al igual que la situación de las zonas francas y hasta ahí, llegó la “hojas de ruta” del gobierno con un departamento que fue generoso electoralmente con el presidente. Al final no quedó nada que haga sentir a la ciudad de Cúcuta medianamente tranquila ante la crisis que quedamos sumidos después de enero.

Bogotá, D. C, 27 de marzo de 2019

*Senador Liberal

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Giovanni Décola

*Por Giovanni Décola.- El Cesar, es el segundo departamento de Colombia que registra mayor volumen de exportaciones después de Antioquia, pero es uno de los menos desarrollados del país. 

Digno de una clase política en donde sobresalen abolengos de la más rancia aristocracia criolla, en donde los Araújos, son uno de sus más preclaros referentes. Varios de ellos han sido Gobernadores, Congresistas, Embajadores y hasta Ministros de Estado; lo que les ha permitido ser muy cercanos al poder, y pese a que son de extracción liberal, no se les ha dificultado adaptarse ideológicamente, cuando otras banderas gobiernan la Casa de Nariño. Pero esto último, tiene una excepción: Jaime Araújo Rentería. 

Sin duda, el más intelectual de todos ellos. Lo conocí en 1995, cuando me visitó a mi despacho de la Dirección Nacional Liberal, en donde ocupaba un escaño en representación de los jóvenes liberales del país, queriendo ser ternado para ser Magistrado del Consejo Nacional Electoral. Su verbo ágil, sapiencia jurídica y defensa de los ideales liberales, me convencieron, para que obtuviera mi voto de confianza en dicha magistratura. En esa oportunidad, los votos no le alcanzaron en el Consejo de Estado, siendo derrotado por Camilo Velásquez Turbay, candidato del entonces Contralor David Turbay. 

Su persistencia, tendría su recompensa, cuando logró  en 1998 su asiento en el organismo rector de la democracia en Colombia. Desde ese alto cargo electoral, y pese haber logrado la magistratura de mano del Partido Liberal, se opuso valerosamente a la elección de Iván Duque Escobar, padre del actual Presidente, como Registrador Nacional del Estado Civil. Lo acusaba de estar inhabilitado y ser un hombre de derechas, aunque liberal. 

Sus esfuerzos por lograr una mayor transparencia en las elecciones en Colombia, casi siempre fueron en vano, al ser parte de un organismo colegiado altamente politizado. 

Su independencia y vocación jurídica, le valió para ser elegido en la Honorable Corte Constitucional, en donde llegó, incluso a presidirla. 

En dicha Corte, fue un Magistrado que no se volvió amanuense del poder, sino de los derechos de los más débiles. Defendió a los trabajadores, a los pensionados, a las madres cabeza de hogar, a los discapacitados, a los desempleados, a los informales y a los más humildes. De ahí, que se haya ganado la animadversión de los más poderosos, quienes llegaron a calificarlo como un hombre de izquierdas. 

Yo diría que no es un hombre de izquierdas, dada  su ideología, ni de derechas, por sus ancestros: Sencillamente es un hombre de ideas y de sueños. Filosóficamente hablando es un liberal a secas, pero no de Partido. Es un liberal, porque defiende el progreso y desarrollo de la sociedad capitalista, pero no a costa de los derechos de los más desprotegidos, sino de la creación de riqueza con sentido social. 

Para Araújo Rentería, la propiedad privada, no es el problema; en cambio, sí lo es, la injusticia de la pobreza. Para este jurista, el crecimiento económico, no solo debe apuntar al aumento del patrimonio de los más fuertes, sino también a la ampliación del conocimiento, que debiera ser, según él, el mayor tesoro de todos los colombianos. Con una buena educación, mejora la salud, la esperanza de vida, las oportunidades de una mejor subsistencia, y se le hace el quite a las grandes desigualdades que galopan en nuestra sociedad, afirma el jurista sin ambages. 

Su reconocimiento y selecta clientela como abogado, lo podrían dejar vivir una vida tranquila y sin angustias en la capital de la República, pero Araújo Rentería, ha decidido devolverle a su terruño, los grandes honores recibidos: Ha decidido proponer su nombre a la Gobernación del Cesar!!! 

Este Departamento, muy rico en recursos, pero lamentablemente, con una población muy pobre, que supera la media nacional. Saber administrar lo público, no es suficiente, con buenas intenciones. Si bien, es cierto, es necesario tener una armadura moral, que aleje al gobernante de los vicios que aquejan a la Administración Pública, es muy importante, que al momento de elegir a un mandatario, se tenga en cuenta principalmente, su catadura intelectual, donde el conocimiento de la cosa pública, sea una fuente de inspiración para la conquista de las metas y fines de su conglomerado y no una barrera para el logro de sus objetivos. 

El Cesar tiene en Jaime Araújo Rentería una oportunidad de lujo, no solo para hacerse sentir en el concierto nacional, teniendo como Gobernador a uno de sus mejores hijos, sino para empezar a cortar esa gran brecha, que existe entre los departamentos mal administrados y los que son bien gobernados. Dejará el Cesar, pasar esta oportunidad? Los electores tienen la palabra. 

Bogotá, D. C, 27 de marzo de 2019

*Abogado Administrativista.

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Horacio Serpa Uribe

Por Horacio Serpa Uribe.- Hay que leer a fondo y con cuidado el libro “La Batalla por la Paz”, escrito por el expresidente Juan Manuel Santos. Por lo que se ha podido conocer en los medios escritos de comunicación, será muy interesante. Sin duda,  un gran aporte a la necesidad de claridad que necesitan algunos sectores ciudadanos y políticos sobre lo que realmente fueron las gestiones realizadas por el anterior presidente en busca de la paz.

Fue una auténtica batalla, de inteligencia, de sagacidad, de patriotismo, de buen gobierno, anhelando unir a los colombianos para asentar una convivencia nacional que nos ha sido esquiva desde los comienzos de la independencia, y ya vamos en 200 años. No es cierto que Santos se haya desvivido por lograr el Acuerdo con las Farc solo para favorecer solo a unos sectores de la nación. Su idea siempre fue Colombia, precisamente para alcanzar las realizaciones económicas y sociales que no se han podido lograr en dos siglos de despiadada violencia. Si la guerra únicamente nos dejó ruinas, el exmandatario pensaría, con acierto, que la paz nos ofrecería bienestar.

Ya se está viendo. Es evidente la confianza que hoy se tiene al país por parte de los inversionistas nacionales y extranjeros; existe en la conciencia ciudadana una mayor consideración por los Derechos Humanos; con énfasis se tiene ahora una especial consideración por las víctimas del conflicto; la violencia ha disminuido en forma notable; las Fuerzas Armadas tienen más espacio y recursos para contener a la delincuencia; la gran mayoría de los guerrilleros de las Farc entregaron las armas y están en la institucionalidad; los resultados están a la vista. Solo lo enceguecidos por el sectarismo político no lo han querido ver.

A veces parece que el Centro Democrático sigue en la oposición. Hay mucho radicalismo en algunas de sus apreciaciones políticas; a los contradictores se les trata más como enemigos que como adversarios; niegan absolutamente cualquier acierto en el gobierno anterior y no reconocen ningún asomo de buena fe en las gestiones del Presidente Santos. Así es imposible establecer puentes de gobernanza, tan necesarios para lograr éxito en algunas de las políticas prioritarias en materia económica o social. Las vallas según las cuales los buenos colombianos son los que votaron por el NO en el Plebiscito y los malos quienes votamos por el SI, es el extremo de los extremos. Hay que recordar que el Presidente de la República, cualquiera que sea, representa a todos los colombianos, sin que ello signifique renunciar a principios políticos o a compromisos electorales. Por ejemplo, hay que mejorar la salud para todos los habitantes y no solo para los gobiernistas.

Ya comenzó el oficialismo a despotricar contra el Libro del doctor Santos. Me propongo leerlo de inmediato y lo recomiendo a todos los colombianos de las diferentes banderías políticas. Y que venga la controversia, sin groserías, sin mentiras, con objetividad, reconociendo que no solo uno tiene la razón. Bástame con pedir que recordemos a Voltaire.

Bogotá, D. C, 27 de marzo de 2019

*Abogado, Periodista, Excongresista, Exministro del Interior, Excandidato Presidencial, Exdiplomático, Exgobernador de Santander.

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José G Hernández

Por José G Hernández*.- Estamos de acuerdo en que la Corte Constitucional se haya declarado inhibida para pronunciarse, como quería el Presidente de la Cámara de Representantes, sobre las objeciones presidenciales por inconveniencia formuladas respecto al proyecto de ley estatutaria para la Jurisdicción Especial de Paz. Su falta de competencia al respecto era ostensible, pues, al tenor de los artículos 167 y 168 de la Constitución, las únicas facultadas para decidir sobre las objeciones por inconveniencia de cualquier proyecto de ley son las cámaras legislativas.

Ni el congresista ha debido consultarle a la Corte Constitucional algo que, si no conocía -pese a su cargo-  podía encontrar en las aludidas normas, ni la Corte Constitucional tenía que abrir una especie de proceso, como si se tratara de una demanda, para responderle. La respuesta era sencilla, y ha debido ser  comunicada, no por auto de Sala Plena, sino mediante oficio de la Presidenta de la Corporación: como la Corte no es competente, se rechaza el escrito presentado. Ya sobre los aspectos estrictamente constitucionales hay una sentencia dictada, relativa tanto a la forma como al fondo del proyecto.

En el auto inhibitorio, sin embargo, la Corte -aludiendo al  procedimiento legislativo abreviado (“fast track”), que ya no está vigente y no es aplicable al trámite de unas objeciones  formuladas mucho después de su expiración-, ordenó al Presidente del Congreso que le remita el expediente legislativo, cuando concluya el trámite en las cámaras, sea cual sea su resultado, inclusive si el mismo es archivado.

En ese punto sí  se equivocó la Corte, porque ella carece de competencia para pronunciarse sobre los resultados del trámite en el Congreso, salvo que éste, aceptando las objeciones, apruebe nuevas disposiciones que la Corte no pudo conocer en su fallo inicial.

Se contradice la Corte cuando se declare inhibida para resolver sobre una carta, pero a la vez resuelve disponer la remisión del expediente en cualquiera de las hipótesis. Las otras dos, además de la mencionada son: 1) Que ambas cámaras, con la mayoría de la mitad más uno de sus miembros, declare infundadas las objeciones. Debe regresar el proyecto al Presidente de la República para que sancione, sin poder presentar nuevas objeciones. ¿Para qué iría a la Corte Constitucional en ese caso?; 2) Que una de las cámaras declare fundadas las objeciones y la otra infundadas. Se archiva el proyecto, al tenor del artículo 200 de la Ley 5 de 1992. ¿Podría la Corte declarar que el archivo es inexequible? ¿Podría ordenar el desarchivo? ¿O declarar que las objeciones por inconveniencia fueron inexequibles? ¿En qué norma de la Constitución o de la ley está ello previsto? ¿Hace parte del control de constitucionalidad a cargo de la Corte?  No, porque ninguna de las enunciadas posibilidades encaja en la competencia prevista en el artículo 241 de la Constitución, según el cual la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, confiada a la Corte Constitucional, se ejercerá “en los estrictos y precisos términos” de la norma.

Así que, aunque la Corte acertó al no resolver sobre la carta del Presidente de la Cámara, no debe reservarse la facultad de resolver sobre asuntos que no le corresponden.

Bogotá, D. C, 27 de marzo de 2019

*Expresidente de la Corte Constitucional. 

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Victor G Ricardo

Por Víctor G Ricardo*.- Algunos importantes analistas económicos del país en sus comentarios en distintos medios de comunicación sobre la perspectiva del comportamiento del futuro de nuestra economía, difieren de la sensación que se vive en las ciudades y el campo. Según ellos, la economía colombiana crecerá en este año por encima de los niveles de los años anteriores. Otros son menos optimistas, ya que no solo hacen un balance del comportamiento económico, sino que tiienen en cuenta aspectos diferentes como las reformas que se requieren en el ámbito tributario, en el orden público, la reforma migratoria necesaria por la llegada masiva de ciudadanos venezolanos o la impunidad y normas más severas de anticorrupción y el manejo adecuado de los recursos públicos por citar algunos. Así también la brecha que tenemos de desarrollo tecnológico, un elemento clave en el desarrollo empresarial y en el manejo de la cosa pública permitiendo alcanzar niveles de competitividad.

Importante también resulta una reforma que permita resultados pragmáticos en los fallos de justicia y que reafirme la acción y presencia del Estado en todo el territorio nacional, especialmente en aquellas zonas donde se han establecido los grupos al margen de la Ley, como es el caso de las zonas antes controladas por la guerrilla de las Farc que requieren además de presencia policial y militar, inversión social para que no las veamos como ahora ocurre que estan nuevamente ocupada o quede bajo el dominio de fuerzas contrarias al Estado de derecho como lo son las disidencias de las Farc, la guerrilla del Eln o los antiguos grupos paramilitares que ahora llaman bacrim, narcotráfico, etc.

Porque hay que decir que a propósito del aumento del narcotráfico, éste ha alcanzado una cifra espeluznante en cultivos ilícitos, llegando a 240.000 hectáreas que lleva al tan nombrado debate de eliminación de cultivos a base de glifosato, lo que algunos señalan que de ser asi se causaria un daño ambiental importante. Pero lo cierto es que no podemos seguir así.

Y comentando de otros aspectos como el de la JEP, hoy tiene un déficit fiscal de $5.991 millones. Erogaciones como 2.528 millones en gastos de representación y primas especies por 8.674 millones de pesos más bonificaciones por $16.682 millones  son cifras que hay que revisar ya que son  bastante grandes. Es cierto que, por la paz, el país debe jugársela, pero estos gastos no se justifican en un país con tantas necesidades y tanto por hacer.

Es muy importante que la gente entienda cuál es la importancia de una justicia transicional para el logro del interés supremo de la Paz y que se requiere de tiempo para poder ver los resultados. Pero ya ha trascurrido un periodo adecuado para que empecemos a conocerlos.  Si solamente lo que se conocen son cifras como las mencionadas y pocos resultados, el rechazo de la opinión al sistema de JEP crecerá.

Bogotá, D. C, 26 de marzo de 2019

*Excomisionado de Paz

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Amylkar D Acosta M

Por Amylkar D. Acosta M*.- Como es bien sabido, a Colombia la ronda el fantasma de la pérdida del autoabastecimiento de crudos para cargar sus refinerías, lo cual la obligaría a tener que importarlo, en razón de las precarias reservas probadas con las que cuenta (1.782 millones en diciembre de 2017), que sólo garantizan el suministro para 5.7 años. Para conjurar este peligro, se plantea en el proyecto de Plán Nacional de Desarrollo 2018 -2022 que se tramita en el Congreso de la República la necesidad de reactivar “la actividad de exploración y producción de yacimientos no convencionales”, para lo cual se busca fortalecer “un régimen fiscal competitivo” y el robustecimiento por parte de la ANH de “los términos contractuales, que permitan ubicar al país entre los más atractivos de Latinoamérica para la inversión en el sector de hidrocarburos”.

Consciente de las falencias que acusa la institucionalidad del sector se dice que, a partir de los resultados de los distintos estudios, “se mejorará, de ser necesario, la institucionalidad, el marco contractual y la normatividad (Pacto por la Sostenibilidad), que deberá cumplirse y fiscalizarse para la exploración y producción de estos hidrocarburos”, al igual que para “los proyectos de exploración y producción de hidrocarburos costa afuera...con las mejores prácticas internacionales”. Con ello se le estaría dando respuesta al Informe presentado por la Comisión de Expertos, que contiene sus conclusiones y recomendaciones presentado el pasado 14 de febrero, el cual concluyó: “cumpliendo unos requisitos, se puede avanzar con proyectos pilotos integrales de investigación con técnica de fracturación hidráulica propuestos en los programas exploratorios” por parte de ECOPETROL.

Por mi parte propondría que, si el gobierno acoge las recomendaciones de la Comisión de expertos, se integre un Panel de expertos con la finalidad de que el mismo monitoré y le haga seguimiento a la implementación de los pilotos y al término de este ensayo evalúe y valide sus resultados, para que, dependiendo de estos, decidir si de el paso subsiguiente de la comercialidad del procedimiento.

En nuestro concepto las condiciones están dadas y la industria lo que demanda es, fundamentalmente, seguridad jurídica, que no les cambien las reglas de juego en la mitad del juego y que la coordinación entre las autoridades nacionales y las territoriales en la toma de decisiones con respecto al desarrollo de la actividad extractiva, como lo mandó la Corte Constitucional en recientes fallos, se materialice, amén del diálogo informado con las comunidades, para que de esta manera se viabilicen los proyectos.

Extrañamente, en las Bases del Plan no se espera incrementar las reservas y la producción ni de petróleo ni de gas natural sino mantenerlas al mismo nivel del año 2018; en el caso de la producción de petróleo dicha meta (854 mil barriles/día) está incluso por debajo del volúmen de producción que sirvio de base para la aprobación del Presupuesto para la vigencia de 2019 (872 mil barriles/día). Ello no se corresponde con las metas que se esta imponiendo el Plan de aumentar el número de pozos exploratorios, pasando de 46 en 2018  a 207 y en cuanto a sísmica se propone pasar de correr 1.107 kilómetros a 6.900 kilómetros.

Huelga decir, que asegurar el autoabastecimiento no tiene porque alejarnos de la transformación productiva como estrategia para diversificar la economía y reducir la dependencia con respecto al petróleo. Para nadie es un secreto que, a las modestas reservas de crudo con las que cuenta el país, se viene a sumar el hecho cierto que el petróleo va de retirada por cuenta de la Transición energética global, razones suficientes para que el país tome en serio esta estrategia para evitar sobresaltos hacia el futuro.

Sorprende que se diga en el proyecto que será la Presidencia de la República la que “coordinará las entidades con competencias en materia de viabilidad, permisos y licencias para el desarrollo de proyectos energéticos de transporte, extracción y producción, con el fin de atender los requerimientos con la oportunidad respectiva”. A todas esas cabe preguntarse en qué quedan los ministerios del ramo, acaso no se confía en ellos, para que asuman sus propias responsabilidades y competencias. Por qué, más bien, no se apela al instrumento creado mediante el CONPES 3762 de agosto 20 de 2013, que establece los “lineamientos de políticas para el desarrollo de proyectos de interés nacional y estratégicos – PINES”, que ha mostrado y demostrado su eficacia para hacer más expeditos los procesos de licenciamiento y permisos para la ejecución de los proyectos. 

Bopgotá, marzo 30 de 2019

*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net

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Jorge Enrique Robledo

Por Jorge Enrique Robledo*.- Muchísimos fueron los votos que Iván Duque sacó por autoproclamarse como el Presidente “de los textileros y los confeccionistas” y por prometerles que “a esas importaciones de textiles de los países donde pagan una miseria de sueldos, que son sueldos de esclavitud, les vamos a aplicar el máximo arancel posible, para que no les quiten los puestos de trabajo a las operarias de las confecciones en Colombia” (http://bit.ly/2FAfJRc1). Y lo de los sueldos bajísimos no eran exageraciones electorales. Por ejemplo, el salario mínimo textil de China comparable (PPA) es 2,49 veces menos que el colombiano y el de Bangladesh, 3,42 veces menor.

Pero a ocho meses de posesionado, y después de numerosas reuniones con el ministro de Comercio conocidas por Iván Duque, confeccionistas y textileros, empresarios y trabajadores, concluyeron que el Presidente les había puesto conejo. Imitando a sus antecesores: “Prometer para conseguir y una vez conseguido olvidar lo prometido”. Poco le importó a Duque que hubiera empeñado su palabra y que, de acuerdo con la Cámara Colombiana de las Confecciones y Afines (CCCyA), organización que representa a los productores de prendas, telas, hilos, estampados y accesorios, en los últimos años las confecciones extranjeras hayan destruido más de seiscientos mil empleos. Cuánta pobreza y miseria hay detrás de una tragedia que los importadores y sus propagandistas más conspicuos pretenden despachar con toda frialdad, como si no significara nada.

La historia de este conejazo –de los mayores que se recuerden– se empeora porque Duque pudo cumplir sus promesas de campaña -*con toda facilidad, dado que esas importaciones asiáticas y africanas ni siquiera obedecen a las cláusulas leoninas de los TLC –pues con esos países Colombia no tiene ninguno–, sino que son una concesión gratuita de los gobiernos de Santos y Duque, al literalmente regalarles el mercado interno a quienes ni siquiera compran manufacturas nacionales. En esto también, los gobernantes colombianos actúan de la peor manera, según lo prueban las cifras: los aranceles de Colombia a esa ropa son de apenas el 15 por ciento, aunque la OMC la autoriza para imponerles hasta el 40, mientras que Brasil, por ejemplo, protege a sus confeccionistas con el 35 por ciento.

Para empeorar las cosas, esta política contra la producción y el trabajo nacionales también favorece a los grandes contrabandistas, contrabando facilitado por un TLC entre Colombia y Panamá que, además de servirle a esta y a otras actividades ilícitas, no tiene explicación, porque ese país no produce manufacturas pero sí sirve de puente para que a las confecciones extranjeras se les facilite llegar a hacerles daños a los colombianos, incluida la industria del calzado. Todo indica que Duque, como Santos, tampoco pondrá en cintura a esa guarida fiscal –que no paraíso– en que un puñado ha convertido a Panamá.

Quienes defienden que Colombia se inunde de prendas extranjeras, que en grandes proporciones venden las grandes superficies, andan con la falacia de que lo que los mueve no son sus ganancias sino su gran amor a los colombianos que así pueden –dicen– comprar más barato. Paja. Cuento manido de treinta años utilizado para justificar el daño que le hacen al país. Porque la verdad es que sí importan a costos menores para desplazar o arruinar a la industria nacional y destruir empleo, pero esos precios más bajos no se le trasladan a la gente, a la que esquilman sin consideraciones. Y se sabe además que los desempleados y los pobres y paupérrimos no tienen con qué comprar, ni siquiera lo de menor precio, porque para poder consumir, primero, hay que percibir ingresos. Otro caso en el que lo supuestamente barato sale caro.

Ante semejante engaño de Duque a sus electores, los empresarios y los trabajadores de las confecciones, respaldados por las centrales obreras, CUT, CGT y CTC, y una mayoría de congresistas de distintos sectores políticos, en una coincidencia ejemplar, logramos que en el Plan de Desarrollo, en su primera votación, se protegiera a este sector contra importadores y contrabandistas con un arancel del 37,5 por ciento. Pero como es notorio que a Duque y a Carrasquilla no les gusta la idea, hay que elevar la vigilancia para asegurar que en la votación definitiva no se favorezca a las trasnacionales.

Coletilla: el gobierno tiene decidido montar, con grandes costos oficiales y subsidios a poderosos particulares, otra regasificadora, decisión que implica traer de Estados Unidos el gas que puede producirse en Colombia, y eso que el de allá sale bastante más costoso que el de aquí. Si los gobiernos de este país hicieran por la producción nacional siquiera el cinco por ciento de lo que hacen por la foránea, seríamos una potencia industrial y agropecuaria.

Bogotá, 29 de marzo de 2019.

Senador del Polo Democrático Alternativo

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José Félix Lafaurie Rivera
Por José Félix Lafaurie Rivera*.- "El mensaje que el presidente mandó es que no vendría mientras la vía permanezca cerrada, pero los que estamos movilizados hemos planteado que no se puede despejar la vía hasta que el presidente venga". Si esto no es un chantaje violento al Gobierno, entonces ¿qué es? Y como si fuera poco el caos generado en el suroccidente del país, el arrogante líder de la minga amplía su amenaza: "Frente a lo dicho por el Presidente, que no viene, se fortalece la minga a nivel nacional (…) para que todas las regiones se levanten…”.
 
Por supuesto que, para el presidente, está condición extorsiva no constituye dilema alguno, como se lo dijo sin titubeos a los mingueros y al país, a pesar de las presiones de sectores de izquierda y de quienes acompañan la peregrina posición de que, en aras de la normalidad, de evitar la violencia a cualquier costo, el Estado de Derecho y las instituciones deben ceder ante los extorsionistas. 

Es la antesala de la anarquía, pero es, de hecho, la posición que estuvo sobre la mesa de negociaciones con las Farc, y la que hoy se atraviesa para no cambiarle una coma a la JEP, un sistema de justicia diseñado para la impunidad. Para quienes así piensan, acabar con el bloqueo y sus desastrosas consecuencias, bien vale que Duque entregue la dignidad presidencial, la autoridad del Gobierno y la gobernabilidad hacia delante. Qué más quisieran, sino “arrodillar” al presidente Duque ante estas “organizaciones sociales”, desde siempre permeadas ideológicamente y utilizadas políticamente por la izquierda. 

No en vano invitaron a sus aliados naturales de la oposición. Por allá apareció el impune senador Catatumbo, reuniendo indígenas y acompañado por chalecos azules de la ONU; y el representante Pachón, el de las Dignidades, experto en extorsionar con paros violentos, como el de 2013; y el senador López del Polo y sus compadres, Bolívar y el infaltable Petro, quien lanzó otra de sus propuestas populistas tipo aguacate: “simple: compre las tierras del Norte del Cauca para que el pueblo caucano se pueda alimentar", lo cual, traducido a realidades económicas, quiere decir: acabe con la industria cañera y tale los bosques de pinos; así el departamento quebrará y alcanzaremos la equidad igualando por debajo: todos pobres. 

A ese populismo de galería súmenle, para comenzar, las exigencias desmedidas, ¡más de 49.000 hectáreas y 3,6 billones!, y las de añadidura: no al fracking, no a las objeciones, consultas previas sin limitación, derecho a la protesta sin limitación, negociación con los elenos y hasta las relaciones con Venezuela. Si todo esto no es politizar la minga, entonces ¿qué es? 

Los líderes insisten en que la protesta no es extorsiva ni politizada y tampoco violenta. Uno de ellos afirmó que “no hemos generado violencia contra servidores públicos, ni realizado ningún otro tipo de hecho vandálico, solamente la reclamación de los derechos”. 

Entonces qué son las papas bomba, la obstrucción de las vías, los encapuchados y el asesinato de un soldado. La explosión que cobró otra vida no fue precisamente un accidente doméstico. Ni qué decir del caos en Popayán y Pasto, como resultado del sabotaje en las carreteras. No estamos frente a los indígenas del imaginario, los que no usan armas sino bastones; estamos ante un colectivo ideologizado, apoyado por la oposición y con gran poder extorsivo por su capacidad de generar caos. 

Es obligación del Gobierno respetar los derechos de los indígenas caucanos, pero también los de 45 millones de colombianos. Apoyar a Iván Duque en este trance es apoyar el Estado de Derecho y la democracia.

Bogotá, D. C, 30 de marzo de 2019

*Presidente de Fedegan

 

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Lorena Rubiano

Por Lorena Rubiano.-  La verdad se corrompe tanto, con la mentira, como con el silencio. Cicerón.

Tarde o temprano la verdad se impone. Ya que la justicia no ha podido encontrar la verdad y llegar al  fondo de la realidad del origen de nuestro conflicto armado con sus  masacres, asesinatos y violaciones, son los protagonistas de esos desafueros, los que van a contar la verdad.

Y bienvenida esa verdad, para que los colombianos, y el mundo entero que tenga interés sobre nuestra realidad, la conozcan, y sepan quiénes y por qué se han sacrificado tantas vidas humanas sin razón alguna. Por qué y qué razón han tenido los que han desplazado campesinos y comunidades indígenas de territorios que  después aparecen como dueños grandes empresas nacionales y multinacionales.

Es hora de que el país conozca esa verdad, duélale a quien le duela y cause los escándalos que sean, pero a la verdad nadie, ni nada la puede seguir escondiendo y teniéndola sumergida, para que no aflore al conocimiento de los colombianos.  

Y se va a descubrir que después de cada homicidio, matanza o desplazamiento, sus autores tenían listas las noticias falsas para desviar las investigaciones y confundir a la opinión pública y para lo cual lamentablemente se prestaban varios medios de información. Por eso los medios de comunicación tienen que estar alerta para no servir de idiotas útiles ayudando a publicar falsas informaciones.

Lo que se va a saber es que detrás de cada magnicidio, atentado, o desplazamientos había grandes intereses económicos, que financiaban estas actividades delincuenciales buscando beneficios propios o para terceras personas.

Por eso es bienvenido el anuncio de los autores y partícipes del conflicto armado en nuestro país que desde las cárceles advierten que concurrirán ante la JEP, ante la Comisión de la verdad y ante las instancias internacionales como la Corte Penal Internacional, para decir la verdad de lo ocurrido en el país entre 1984 y el 2016. Ellos, exmiembros de las bacrim, Farc-Ep, Autodefensas, Paramilitares, narcotraficantes financiadores del conflicto,  están dispuesto a entregar sus versiones a estos organismos.

Expresan los firmantes en el comunicado que: “estamos dispuestos a aportar verdad plena, es decir, de exponerla de manera exhaustiva y detallada, verdad y relatos de las actividades o conductas cometidas en desarrollo del conflicto  y las circunstancias de su comisión y también a brindar informaciones necesarias y suficientes para atribuir responsabilidades “.

De manera que a la gran sacrificada del conflicto armado, la verdad, que durante años y años ha estado escondida, en los más recónditos lugares del alma para que no salpicara a los verdaderos autores intelectuales o materiales de los ilícitos, le ha llegado su hora, su momento de salir a contarle al pueblo colombiano  todo lo que sepa de las causales y protagonistas del conflicto armado en nuestro país. Y eso puede tener incómodos a muchos de  los participantes, pero eso es irreversible, la verdad aflorará por encima de intereses mezquinos y personalistas que la tenían sepultada y tal vez llegaron a pensar que jamás saldría a flote.

Bogotá, D. C, 29 de marzo de 2019

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Gabriel Ortiz

Por Gabriel Ortiz*.- El proceso de paz ha enfrentado más agresiones que Colombia en la época de Pablo Escobar. Montoneras de enemigos han querido manejar la voluntad de la población colombiana, a la que jalonan con mensajes falsos y engaños. Con igual patraña quisieron urdir a la comunidad internacional. Pero nada han logrado porque el conjunto de naciones y entidades guardianas de la paz actúan con sabiduría, madurez, inteligencia y equilibrio. Ellas defienden la paz y piden garantías para la JEP.

Por ello vale la pena analizar lo que expresa el Premio Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, en su libro “La Batalla por la Paz”:

“Se recomendó a Álvaro Uribe, principal enemigo de la paz, ir al Vaticano a “torpedear” la entrega de un galardón -La lámpara de la Paz- amparado por la Iglesia para los constructores de paz en el mundo. Si Uribe lograba un pronunciamiento de ellos en contra del proceso, sería un gran golpe para su credibilidad entre los millones de católicos colombianos. Así lo hicieron y aprovechando una visita que realizó Uribe a Italia, en julio de 2016, en la que no desaprovechó micrófono para acusar a mi gobierno de entregar el país a las Farc, fueron al convento donde el expresidente les habló largamente a los hermanos franciscanos”.

“Los frailes quedaron alarmados ante la diatriba que les soltó Uribe en contra del proceso de paz y, para lograr una opinión más equilibrada, llamaron al embajador Escobar y le pidieron que fuera a Asís y les expusiera la realidad del proceso desde el punto de vista del gobierno. Luego de escuchar sus explicaciones, con las dos posturas que habían escuchado sobre la mesa, los religiosos deliberaron y tomaron una decisión: otorgarme la Lámpara de la Paz. ¡Dios sabe cómo hace sus cosas!

Y como lo señala Santos en “La Batalla por la Paz”, el expresidente “centrodemocratiano” solo tenía en su mente recorrer el mundo, ir a los foros para desviar la verdad, con miras a evitar que en Colombia triunfe una paz con verdad, justicia, reparación y no repetición, no como la que él buscó con los narcoparamilitares, que sin decir la verdad vacacionaron en USA y regresaron a sus andanzas. Por ello, la documentación de las negociaciones con los paras desaparecieron. Si algo llega a emerger, se esfumará en Centro de Memoria Histórica. Para eso hay nuevo director.

Cuántas muertes, cuántas violaciones de menores y mujeres, cuántos muertos, cuántos militares y policías asesinados, cuántas tomas de poblaciones, secuestros, extorsiones, falsos positivos, despojos y demás desastres se hubieran evitado en Colombia, si el senador Uribe y sus áulicos, hubieran atenuado su afán destructivo de la paz firmada en La Habana.

Entre tanto y para más rabia, el senador, seguirá siendo expresidente, mientras Santos será “Premio Nobel de Paz” y punto. Ello exaspera, irrita y atiza el odio.

BLANCO: La JEP reprime la impunidad, dice la Canciller noruega.

NEGRO: Dos reformas tributarias en siete meses. Ley de financiamiento y Plan Nacional de Desarrollo.

Bogotá, 28 de marzo de 2019

*Exdirector del Noticiero Nacional y de Notisuper, la Noticia Viva.

 

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Andrés Cristo Bustos

Por Andrés Cristo Bustos*. - Entiendo al Gobierno y al presidente al querer dejar plasmado “todo” en un PND. Entiendo al Gobierno y al Presidente al querer tener las herramientas y facultades para sus proyectos, evitando de la mayor forma posible al Congreso. Pero me preocupa que al cerrarle todas las posibilidades de gestión al ente colegiado, pretenda también auto legislar dejando un Plan plurianual de inversiones, léase  “Plan de buenas intenciones” (que lo han dejado todos los presidentes), al lado de un articulado que no es coherente con el mismo.

Por eso, me parece irresponsable que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, no haya definido de manera específica temas macro, que exigen políticas y hechos concretos del ejecutivo.

¿Por qué en vez de utilizar la famosa frase “transversalizar el gasto”, no hubo asignaciones específicas para la implementación del proceso de paz? Es decir, tierras y seguridad para las comunidades del Cauca, sustitución de cultivos para las comunidades del Catatumbo o un plan de contingencia económica para la frontera con Venezuela, así como varios temas que pondrían al presidente de la República en un contacto más directo con la base que lo eligió.

Por el contrario, de manera irresponsable mostrando su vanidad y arrogancia, el ministro de Hacienda, el doctor Carrasquilla sin haber tomado parte directa en las discusiones, radicó su proyecto, el miércoles 20 de marzo ya en horas de la tarde, con una serie de artículos nuevos que no fueron socializados- exactamente 128- donde se reformaban leyes orgánicas, derogaban otras y se tomaban decisiones donde el Congreso de la República simplemente terminaría asintiendo sin mayores objeciones.

No hay duda, el PND se terminó debatiendo en 5 horas y se votaron artículos nuevos sin proposiciones. Me pregunto: ¿Cómo iban a tener proposiciones si se radicaron el día anterior?, es decir, aparecieron una serie de artículos a última hora que traían aval del gobierno y que no tenían siquiera un numeral en el proyecto, ¡nadie los conoce! En conclusión, no había forma de estudiarlo ni siquiera de revisarlo.

PD: Entre otras cosas, para Norte de Santander, dejó regulada la internación de vehículos, al igual que la situación de las zonas francas y hasta ahí, llegó la “hojas de ruta” del gobierno con un departamento que fue generoso electoralmente con el presidente. Al final no quedó nada que haga sentir a la ciudad de Cúcuta medianamente tranquila ante la crisis que quedamos sumidos después de enero.

Bogotá, D. C, 27 de marzo de 2019

*Senador Liberal

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Giovanni Décola

*Por Giovanni Décola.- El Cesar, es el segundo departamento de Colombia que registra mayor volumen de exportaciones después de Antioquia, pero es uno de los menos desarrollados del país. 

Digno de una clase política en donde sobresalen abolengos de la más rancia aristocracia criolla, en donde los Araújos, son uno de sus más preclaros referentes. Varios de ellos han sido Gobernadores, Congresistas, Embajadores y hasta Ministros de Estado; lo que les ha permitido ser muy cercanos al poder, y pese a que son de extracción liberal, no se les ha dificultado adaptarse ideológicamente, cuando otras banderas gobiernan la Casa de Nariño. Pero esto último, tiene una excepción: Jaime Araújo Rentería. 

Sin duda, el más intelectual de todos ellos. Lo conocí en 1995, cuando me visitó a mi despacho de la Dirección Nacional Liberal, en donde ocupaba un escaño en representación de los jóvenes liberales del país, queriendo ser ternado para ser Magistrado del Consejo Nacional Electoral. Su verbo ágil, sapiencia jurídica y defensa de los ideales liberales, me convencieron, para que obtuviera mi voto de confianza en dicha magistratura. En esa oportunidad, los votos no le alcanzaron en el Consejo de Estado, siendo derrotado por Camilo Velásquez Turbay, candidato del entonces Contralor David Turbay. 

Su persistencia, tendría su recompensa, cuando logró  en 1998 su asiento en el organismo rector de la democracia en Colombia. Desde ese alto cargo electoral, y pese haber logrado la magistratura de mano del Partido Liberal, se opuso valerosamente a la elección de Iván Duque Escobar, padre del actual Presidente, como Registrador Nacional del Estado Civil. Lo acusaba de estar inhabilitado y ser un hombre de derechas, aunque liberal. 

Sus esfuerzos por lograr una mayor transparencia en las elecciones en Colombia, casi siempre fueron en vano, al ser parte de un organismo colegiado altamente politizado. 

Su independencia y vocación jurídica, le valió para ser elegido en la Honorable Corte Constitucional, en donde llegó, incluso a presidirla. 

En dicha Corte, fue un Magistrado que no se volvió amanuense del poder, sino de los derechos de los más débiles. Defendió a los trabajadores, a los pensionados, a las madres cabeza de hogar, a los discapacitados, a los desempleados, a los informales y a los más humildes. De ahí, que se haya ganado la animadversión de los más poderosos, quienes llegaron a calificarlo como un hombre de izquierdas. 

Yo diría que no es un hombre de izquierdas, dada  su ideología, ni de derechas, por sus ancestros: Sencillamente es un hombre de ideas y de sueños. Filosóficamente hablando es un liberal a secas, pero no de Partido. Es un liberal, porque defiende el progreso y desarrollo de la sociedad capitalista, pero no a costa de los derechos de los más desprotegidos, sino de la creación de riqueza con sentido social. 

Para Araújo Rentería, la propiedad privada, no es el problema; en cambio, sí lo es, la injusticia de la pobreza. Para este jurista, el crecimiento económico, no solo debe apuntar al aumento del patrimonio de los más fuertes, sino también a la ampliación del conocimiento, que debiera ser, según él, el mayor tesoro de todos los colombianos. Con una buena educación, mejora la salud, la esperanza de vida, las oportunidades de una mejor subsistencia, y se le hace el quite a las grandes desigualdades que galopan en nuestra sociedad, afirma el jurista sin ambages. 

Su reconocimiento y selecta clientela como abogado, lo podrían dejar vivir una vida tranquila y sin angustias en la capital de la República, pero Araújo Rentería, ha decidido devolverle a su terruño, los grandes honores recibidos: Ha decidido proponer su nombre a la Gobernación del Cesar!!! 

Este Departamento, muy rico en recursos, pero lamentablemente, con una población muy pobre, que supera la media nacional. Saber administrar lo público, no es suficiente, con buenas intenciones. Si bien, es cierto, es necesario tener una armadura moral, que aleje al gobernante de los vicios que aquejan a la Administración Pública, es muy importante, que al momento de elegir a un mandatario, se tenga en cuenta principalmente, su catadura intelectual, donde el conocimiento de la cosa pública, sea una fuente de inspiración para la conquista de las metas y fines de su conglomerado y no una barrera para el logro de sus objetivos. 

El Cesar tiene en Jaime Araújo Rentería una oportunidad de lujo, no solo para hacerse sentir en el concierto nacional, teniendo como Gobernador a uno de sus mejores hijos, sino para empezar a cortar esa gran brecha, que existe entre los departamentos mal administrados y los que son bien gobernados. Dejará el Cesar, pasar esta oportunidad? Los electores tienen la palabra. 

Bogotá, D. C, 27 de marzo de 2019

*Abogado Administrativista.

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Horacio Serpa Uribe

Por Horacio Serpa Uribe.- Hay que leer a fondo y con cuidado el libro “La Batalla por la Paz”, escrito por el expresidente Juan Manuel Santos. Por lo que se ha podido conocer en los medios escritos de comunicación, será muy interesante. Sin duda,  un gran aporte a la necesidad de claridad que necesitan algunos sectores ciudadanos y políticos sobre lo que realmente fueron las gestiones realizadas por el anterior presidente en busca de la paz.

Fue una auténtica batalla, de inteligencia, de sagacidad, de patriotismo, de buen gobierno, anhelando unir a los colombianos para asentar una convivencia nacional que nos ha sido esquiva desde los comienzos de la independencia, y ya vamos en 200 años. No es cierto que Santos se haya desvivido por lograr el Acuerdo con las Farc solo para favorecer solo a unos sectores de la nación. Su idea siempre fue Colombia, precisamente para alcanzar las realizaciones económicas y sociales que no se han podido lograr en dos siglos de despiadada violencia. Si la guerra únicamente nos dejó ruinas, el exmandatario pensaría, con acierto, que la paz nos ofrecería bienestar.

Ya se está viendo. Es evidente la confianza que hoy se tiene al país por parte de los inversionistas nacionales y extranjeros; existe en la conciencia ciudadana una mayor consideración por los Derechos Humanos; con énfasis se tiene ahora una especial consideración por las víctimas del conflicto; la violencia ha disminuido en forma notable; las Fuerzas Armadas tienen más espacio y recursos para contener a la delincuencia; la gran mayoría de los guerrilleros de las Farc entregaron las armas y están en la institucionalidad; los resultados están a la vista. Solo lo enceguecidos por el sectarismo político no lo han querido ver.

A veces parece que el Centro Democrático sigue en la oposición. Hay mucho radicalismo en algunas de sus apreciaciones políticas; a los contradictores se les trata más como enemigos que como adversarios; niegan absolutamente cualquier acierto en el gobierno anterior y no reconocen ningún asomo de buena fe en las gestiones del Presidente Santos. Así es imposible establecer puentes de gobernanza, tan necesarios para lograr éxito en algunas de las políticas prioritarias en materia económica o social. Las vallas según las cuales los buenos colombianos son los que votaron por el NO en el Plebiscito y los malos quienes votamos por el SI, es el extremo de los extremos. Hay que recordar que el Presidente de la República, cualquiera que sea, representa a todos los colombianos, sin que ello signifique renunciar a principios políticos o a compromisos electorales. Por ejemplo, hay que mejorar la salud para todos los habitantes y no solo para los gobiernistas.

Ya comenzó el oficialismo a despotricar contra el Libro del doctor Santos. Me propongo leerlo de inmediato y lo recomiendo a todos los colombianos de las diferentes banderías políticas. Y que venga la controversia, sin groserías, sin mentiras, con objetividad, reconociendo que no solo uno tiene la razón. Bástame con pedir que recordemos a Voltaire.

Bogotá, D. C, 27 de marzo de 2019

*Abogado, Periodista, Excongresista, Exministro del Interior, Excandidato Presidencial, Exdiplomático, Exgobernador de Santander.

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José G Hernández

Por José G Hernández*.- Estamos de acuerdo en que la Corte Constitucional se haya declarado inhibida para pronunciarse, como quería el Presidente de la Cámara de Representantes, sobre las objeciones presidenciales por inconveniencia formuladas respecto al proyecto de ley estatutaria para la Jurisdicción Especial de Paz. Su falta de competencia al respecto era ostensible, pues, al tenor de los artículos 167 y 168 de la Constitución, las únicas facultadas para decidir sobre las objeciones por inconveniencia de cualquier proyecto de ley son las cámaras legislativas.

Ni el congresista ha debido consultarle a la Corte Constitucional algo que, si no conocía -pese a su cargo-  podía encontrar en las aludidas normas, ni la Corte Constitucional tenía que abrir una especie de proceso, como si se tratara de una demanda, para responderle. La respuesta era sencilla, y ha debido ser  comunicada, no por auto de Sala Plena, sino mediante oficio de la Presidenta de la Corporación: como la Corte no es competente, se rechaza el escrito presentado. Ya sobre los aspectos estrictamente constitucionales hay una sentencia dictada, relativa tanto a la forma como al fondo del proyecto.

En el auto inhibitorio, sin embargo, la Corte -aludiendo al  procedimiento legislativo abreviado (“fast track”), que ya no está vigente y no es aplicable al trámite de unas objeciones  formuladas mucho después de su expiración-, ordenó al Presidente del Congreso que le remita el expediente legislativo, cuando concluya el trámite en las cámaras, sea cual sea su resultado, inclusive si el mismo es archivado.

En ese punto sí  se equivocó la Corte, porque ella carece de competencia para pronunciarse sobre los resultados del trámite en el Congreso, salvo que éste, aceptando las objeciones, apruebe nuevas disposiciones que la Corte no pudo conocer en su fallo inicial.

Se contradice la Corte cuando se declare inhibida para resolver sobre una carta, pero a la vez resuelve disponer la remisión del expediente en cualquiera de las hipótesis. Las otras dos, además de la mencionada son: 1) Que ambas cámaras, con la mayoría de la mitad más uno de sus miembros, declare infundadas las objeciones. Debe regresar el proyecto al Presidente de la República para que sancione, sin poder presentar nuevas objeciones. ¿Para qué iría a la Corte Constitucional en ese caso?; 2) Que una de las cámaras declare fundadas las objeciones y la otra infundadas. Se archiva el proyecto, al tenor del artículo 200 de la Ley 5 de 1992. ¿Podría la Corte declarar que el archivo es inexequible? ¿Podría ordenar el desarchivo? ¿O declarar que las objeciones por inconveniencia fueron inexequibles? ¿En qué norma de la Constitución o de la ley está ello previsto? ¿Hace parte del control de constitucionalidad a cargo de la Corte?  No, porque ninguna de las enunciadas posibilidades encaja en la competencia prevista en el artículo 241 de la Constitución, según el cual la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, confiada a la Corte Constitucional, se ejercerá “en los estrictos y precisos términos” de la norma.

Así que, aunque la Corte acertó al no resolver sobre la carta del Presidente de la Cámara, no debe reservarse la facultad de resolver sobre asuntos que no le corresponden.

Bogotá, D. C, 27 de marzo de 2019

*Expresidente de la Corte Constitucional. 

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Victor G Ricardo

Por Víctor G Ricardo*.- Algunos importantes analistas económicos del país en sus comentarios en distintos medios de comunicación sobre la perspectiva del comportamiento del futuro de nuestra economía, difieren de la sensación que se vive en las ciudades y el campo. Según ellos, la economía colombiana crecerá en este año por encima de los niveles de los años anteriores. Otros son menos optimistas, ya que no solo hacen un balance del comportamiento económico, sino que tiienen en cuenta aspectos diferentes como las reformas que se requieren en el ámbito tributario, en el orden público, la reforma migratoria necesaria por la llegada masiva de ciudadanos venezolanos o la impunidad y normas más severas de anticorrupción y el manejo adecuado de los recursos públicos por citar algunos. Así también la brecha que tenemos de desarrollo tecnológico, un elemento clave en el desarrollo empresarial y en el manejo de la cosa pública permitiendo alcanzar niveles de competitividad.

Importante también resulta una reforma que permita resultados pragmáticos en los fallos de justicia y que reafirme la acción y presencia del Estado en todo el territorio nacional, especialmente en aquellas zonas donde se han establecido los grupos al margen de la Ley, como es el caso de las zonas antes controladas por la guerrilla de las Farc que requieren además de presencia policial y militar, inversión social para que no las veamos como ahora ocurre que estan nuevamente ocupada o quede bajo el dominio de fuerzas contrarias al Estado de derecho como lo son las disidencias de las Farc, la guerrilla del Eln o los antiguos grupos paramilitares que ahora llaman bacrim, narcotráfico, etc.

Porque hay que decir que a propósito del aumento del narcotráfico, éste ha alcanzado una cifra espeluznante en cultivos ilícitos, llegando a 240.000 hectáreas que lleva al tan nombrado debate de eliminación de cultivos a base de glifosato, lo que algunos señalan que de ser asi se causaria un daño ambiental importante. Pero lo cierto es que no podemos seguir así.

Y comentando de otros aspectos como el de la JEP, hoy tiene un déficit fiscal de $5.991 millones. Erogaciones como 2.528 millones en gastos de representación y primas especies por 8.674 millones de pesos más bonificaciones por $16.682 millones  son cifras que hay que revisar ya que son  bastante grandes. Es cierto que, por la paz, el país debe jugársela, pero estos gastos no se justifican en un país con tantas necesidades y tanto por hacer.

Es muy importante que la gente entienda cuál es la importancia de una justicia transicional para el logro del interés supremo de la Paz y que se requiere de tiempo para poder ver los resultados. Pero ya ha trascurrido un periodo adecuado para que empecemos a conocerlos.  Si solamente lo que se conocen son cifras como las mencionadas y pocos resultados, el rechazo de la opinión al sistema de JEP crecerá.

Bogotá, D. C, 26 de marzo de 2019

*Excomisionado de Paz

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