Mauricio Cabrera Galvis

“Hay que descartar la manida fórmula del simple aumento de tarifas a quienes ya pagan”

Por Mauricio Cabrera Galvis*. - Sorprendió la propuesta del presidente Petro de realizar otra reforma tributaria para bajar los impuestos a las empresas, aumentando los de las personas naturales. Luego el Ministro de Hacienda precisó que la reforma debe ser neutra, es decir que no buscaría aumentar los ingresos fiscales sino solo recomponer las cargas entre las empresas y las personas.

¿Se necesita una nueva reforma tributaria y de qué tipo? La respuesta es afirmativa, por dos razones. Primero, para el objetivo planeado por el presidente que es un cambio a la estructura tributaria del país que ha sido recomendado por expertos nacionales e internacionales, pues Colombia tiene una de las tarifas de impuesto corporativo más altas de la región y de la OECD.

Segundo, porque a pesar de lo dicho por el ministro la reforma no debe ser neutra sino que se necesita aumentar el recaudo tributario para compensar los menores ingresos generados por las sentencias judiciales (como aceptar la deducibilidad de las regalías) y el menor crecimiento económico, así como para cubrir el mayor costo del servicio de la deuda en los próximos años.

¿Quiénes deben pagar más impuestos para compensar la rebaja a las empresas y aumentar el recaudo? Ante todo hay que descartar la manida fórmula del al simple aumento de tarifas a quienes ya pagan; en particular los nuevos tributos no deben recaer sobre los asalariados e independientes de altos ingresos, que ya verán un significativo aumento en los impuestos que deben pagar este año.

El ministro ha planteado reducir la elusión con mayores controles a las empresas familiares que asumen los costos y gastos de sus accionistas -hasta el mercado, ha dicho-. Es una medida conveniente y necesaria, pero no se sabe todavía si daría el monto de recursos nuevos necesario.

Se deben plantear propuestas diferentes y retomar algunas que ya han sido negadas en el Congreso por el cabildeo de los afectados. Para suscitar el debate se mencionan algunas:

Hacer progresivo el impuesto de renta a las empresas estableciendo un tope de unos $500 millones a la devolución del IVA a las compras anuales de bienes de capital de todas las empresas. Las pymes que inviertan hasta $2.500 millones anuales recibirían el 100% del IVA, y empresas más grandes con mayores inversiones recibirían un porcentaje menor.

Eliminar la exención del Impuesto de Timbre a las escrituras de compraventa de bienes inmuebles de valor superior a 10.000 UVT, con una escala progresiva de acuerdo al valor del inmueble. Este es un tributo de fácil recaudo que es utilizado en muchos países del mundo con tarifas hasta del 10% o más.

Incluir a todas las iglesias dentro del régimen especial para las entidades sin ánimo de lucro. Establecer regalías variables para minerales como el carbón o el oro que aumenten de acuerdo a las variaciones de sus precios internacionales.

¿Es posible que una reforma de este tipo sea aprobada en el Congreso? Muy difícil, pero en algún momento habrá que intentarlo.

Cali, 14 de enero de 2024

*Filósofo y Economista. Consultor

Mauricio Cabrera

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Juan Camilo Restrepo Salazar

“Hay subsidios otorgados con precipitud, cuyo costo resulta enorme para el fisco”. 

Por Juan Camilo Restrepo*.- Los subsidios son uno de los principales renglones de gasto en el presupuesto colombiano. Por ello se deben revisar periódicamente para asegurar que son útiles y que efectivamente están llegando a quienes lo necesitan. 

Hay muchos subsidios que se desperdician; su focalización es ineficiente; y a menudo terminan en manos de quienes no los merecen, o que los necesitan menos que otros.

Por eso es interesante lo que se va a emprender con el montaje del registro universal de ingresos (RUI), figura que creó el plan de desarrollo y cuya reglamentación se inicia próximamente bajo la dirección del Departamento Nacional de Planeación. 

El reto es inmenso: se trata de sustituir el viejo e ineficiente sistema de los “estratos socio económicos” que se viene utilizando desde hace décadas como criterio para distribuir los subsidios por otra base de datos que se supone más eficiente pues que en vez de medir las condiciones físicas de las viviendas de los potenciales beneficiarios medirá sus ingresos para repartir mejor los subsidios. Para que así se puedan focalizar los subsidios de manera más técnica privilegiando realmente a quienes de acuerdo con esta nueva medición resulten los más vulnerables o pobres. 

Montar esta nueva base de datos que es bueno decirlo: no está diseñada con propósitos fiscales es un reto no solo técnico sino comunicacional. Quienes hagan el diseño del sistema deben cuidarse mucho de no dar el mensaje de que es para cobrar más impuestos lo que estropearía la confianza ciudadana en el nuevo sistema. 

Su puesta en marcha requerirá tiempo y un enorme instrumental técnico por parte del departamento de planeación y del Dane para que las cosas salgan bien. Para que se logre calibrar los ingresos que perciben todos los colombianos y para que de acuerdo con la nueva metodología se pueda prescindir de la tradicional medición por estratos en la asignación de subsidios. 

Hay subsidios protuberantemente ineficientes y regresivos como los que entrañan los precios subsidiados de los combustibles, puesto que la mayoría de los usuarios de vehículos (sobre todo tratándose de aquellos a motor de gasolina) los poseen personas con alta capacidad de pago. 

Haber eliminado el subsidio a la gasolina durante este gobierno -lo que sin duda requirió coraje político- y para que partir de ahora que el precio doméstico empiece a fluctuar con las cotizaciones de paridad internacionales- es un gran logro. 

Montar el registro universal de ingresos (RUI) si lo logra hacer bien el gobierno Petro en los próximos dos años, tiempo que toma su montaje, y haber eliminado el subsidio a los precios de la gasolina hasta llevarlo al punto en que pueda flotar de manera acorde con las cotizaciones internacionales, al alza o a la baja serán sin duda dos logros inobjetables de la actual administración. 

Hay por el contrario subsidios otorgados con precipitud cuyo costo resulta enorme para el fisco y que no terminaron cumpliendo ningún propósito redistributivo o de equidad. El más reciente caso lo podemos ver en la congelación de los peajes que se decretó a comienzos del 2023. Su costo resultó enorme: cerca de un billón de pesos. No logró hacerle ni cosquillas a la inflación del último año. Y lo que es más grave: como no se pueden dejar congelados indefinidamente pues comprometerían el equilibrio financiero de los concesionarios que debe respetarse, ahora se vienen dos alzas en tanda: una del 13,12% correspondiente al ajuste que no se hizo oportunamente en 2023, y otra en el primer trimestre del 2024 que cubrirá el ajuste debido para el año en curso por un monto que rondará el 10%. 

O sea, en las próximas semanas los peajes se reajustarán en cerca del 23%.  Cosa que nadie agradecerá, sino que por el contrario será rechazada estruendosamente. Es un buen ejemplo de un subsidio mal definido y peor manejado. 

Bogotá, D. C, 15 de enero de 2024 

*Abogado y Economista. Exministro de Estado.

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Amylkar D Acosta M

“Esta alza en la tarifa de energía se vendría a añadir a la que se derivará del cobro a partir de la factura de enero de este año”.

Por Amylkar D. Acosta M*.- La Comisión de regulación de energía y gas (CREG) levantó una polvareda con la expedición el 18 de diciembre pasado, para comentarios hasta el 15 de este mes, de la Resolución 701 028, mediante la cual “se adoptan reglas transitorias en el precio de bolsa del Mercado de energía mayorista durante el período del Fenómeno de El Niño”, asumiendo que este se prolongará hasta el mes de abril, cuando según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) se podría prolongar hasta el mes de junio.

Según el Ministro Camacho, “ninguna de las medidas tomadas va a afectar negativamente las tarifas de energía. Nosotros venimos, desde que arrancó el Gobierno, con el propósito de bajar las tarifas de energía y todas las medidas que estamos tomando buscan cumplir ese propósito”. Y añadió, “la medida que se está adoptando tiene unas condiciones que buscan aplicar en uno de los segmentos de la cadena que es la generación”. Él está pensando con el deseo. El quid del asunto está en que la adopción de tales condiciones “que busca aplicar en uno de los segmentos de la cadena”, terminan por afectar a los otros segmentos de la misma cadena y al final no sólo puede hacer nugatorio lo que se propone sino que lo puede tornar contraproducente. Y este es el caso.

De aplicarse la disposición prevista en esta Resolución que le establece un techo al precio en Bolsa, este sólo impacta, en promedio, al 20% de la energía transada, lo cual limita su efecto, traduciéndose en una reducción en uno de los cargos de la fórmula tarifaria, el de la generación (G), que podría representar una baja entre $60 y $100 el KWH. Pero, concomitantemente, como lo afirma el Director ejecutivo de Óptima consultores Alejandro Lucio, “la resolución de intervención pone a cargo de la demanda, a través del componente de restricciones, el diferencial entre el costo de la generación térmica y el nuevo precio de bolsa intervenido”. Ello se traducirá en un incremento en la tarifa al usuario final de $350 por KWH, aproximadamente, a través del cargo por restricciones (R) de la fórmula tarifaria. Si descontamos de este la disminución en el cargo por generación (G), el saldo neto en contra del usuario un incremento entre el 25% y el 30% en su factura de electricidad.

Por lo demás, como lo acota el experto Alejandro Lucio, la cifra de $530 por KWH, que sale del magín de la CREG, es “un valor completamente arbitrario. En esencia, se les limita su margen (a las hídricas), pero no se les acaba. Percibir ese valor puede ser un costo de oportunidad, pero no dejan de percibir rentas interesantes cuando venden su energía”. Y para rematar “además, y acá está la paradoja, se les está techando el precio que deben pagar por aquella generación que no puedan producir, justo cuando no la van a producir. Al final se les hace un favor” al generador hídrico a expensas de los usuarios, que es al que, según el Ministro Camacho, se busca proteger de los abusos de posición dominante en que incurran los generadores.

A todas las críticas que desde distintos flancos le han llovido a la Resolución de marras, el Ministro Camacho se ha limitado a afirmar, pero sin ningún sustento técnico, que “los impactos que esto pueda tener en otros segmentos, como en las restricciones o en la comercialización y distribución, los estamos evaluando y tomando medidas para cumplir el propósito de bajar tarifas”. Y repite la cantinela de que “todas las medidas están orientadas a bajar las tarifas y tener costos eficientes y justos para la gente”. Pero los hechos son tozudos, como lo sostiene la Directora ejecutiva de ASOENERGÍA Sandra Fonseca, “la gran mayoría de los colombianos podrían estar pagando alrededor de 2,4 billones de pesos más en sus facturas de energía entre enero y abril del 2024 en caso de materializarse el proyecto de resolución”.

Esta medida, de aplicarse tal cual como está proyectada, agudizaría la tendencia inercial al alza de la tarifa de energía y de paso acarreará, como lo sostiene el experto Alejandro Lucio, “mayores costos por confiabilidad, asumiendo que esos requerimientos de firmeza se consigan completar en la próxima subasta de cargo por confiabilidad (si es que ante esta intervención algún inversionista de un proyecto térmico se anima a participar en la misma) o en el peor de los casos, un no muy lejano déficit de energía firme que en el próxima sequía, y por qué no en la que estamos viviendo, nos lleve al apagón”.

Esta alza en la tarifa de energía se vendría a añadir a la que se derivará del cobro a partir de la factura de enero de este año, como lo dispuso la Resolución 101 029 del 24 de noviembre de 2023 expedida por la CREG, de la deuda, con sus intereses causados, que por concepto de la opción tarifaria tienen todos los usuarios con las empresas prestadoras del servicio de energía que, como es bien sabido sobrepasa la suma de los $5 billones, cuyo impago las había puesto en calzas prietas, al punto que el Gobierno tuvo que abrirles un crédito en FINDETER para solventarlas y evitar así un apagón financiero de las mismas. Esta es la cereza del pastel envenenado de la espiral alcista de las tarifas de energía, la cual tiene su principal catalizador en el déficit en la oferta de energía, debido al atraso y al aplazamiento de importantes proyectos, tanto de generación como de transmisión, con un margen de maniobra que no supera el 5%, manteniendo al Sistema interconectado nacional (SIN) en el máximo grado de stress!

Santa Marta, enero 14 de 2024

Economista. Expresidente del Congreso, exministro de minas y energía.

www.amylkaracosta.net

 

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José Felix Lafaurie Rivera

“Podemos estar a un paso de la desestabilización que hoy sufre Ecuador”.

Por José Félix Lafaurie Rivera*.  - Entre Ipiales y Tulcán en Ecuador solo hay 11 kilómetros que se recorren en 19 minutos por la Panamericana, pero no es a esa cercanía a la que me refiero, sino a la cercanía a la desestabilización que hoy vive ese país y de la cual no estamos lejos, pues padecemos los mismos síntomas producto de las mismas enfermedades.

Al problema de una justicia con altos niveles de impunidad y el auge de doctrinas que la promueven, como la justicia restaurativa y la despenalización, se suma el de las cárceles bajo el dominio de grupos criminales y convertidas en centros de operaciones de la delincuencia, lo que no es sino el síntoma de una enfermedad también crónica en Colombia: un sistema penitenciario sobrepoblado y permeado por la corrupción, en el que la resocialización y la “alta seguridad” son un chiste. El detonante del caos en Ecuador fue la fuga, en apenas tres días, de dos peligrosos criminales, uno de los cuales no duró 24 horas arrestado.

Los problemas no surgen por generación espontánea. En 2017, Rafael Correa, antes de dejar la presidencia de Ecuador “hizo el mandado” e indultó a 3.000 personas convictas por narcotráfico. En 2018, Santos nos dejó un Acuerdo espurio con las Farc, garantizándoles impunidad por todo tipo de delitos, y… lo más grave: nos dejó 300.000 hectáreas de coca.

Así llegamos al mal de males, al cáncer que ha hecho metástasis en ambos países: EL NARCOTRÁFICO, su poder corruptor y su capacidad para suplantar al Estado, generar violencia y desestabilizar un país al amaño de sus intereses.

La fumigación con glifosato, que llevó los cultivos a niveles mínimos al final del gobierno Uribe, se movió en la frontera con Venezuela al ritmo de las fricciones con Chávez. Sin embargo, en 2007, Correa llega al poder y los dos socialistas del Siglo XXI hacen causa común contra Colombia por la fumigación, incluidas la demanda ecuatoriana ante la Corte de La Haya y la amenaza de Correa de derribar aviones de fumigación. Por esas dos fronteras resucitó el narcotráfico, que hoy es poder efectivo, tanto en la frontera nororiental en el Catatumbo, y en la suroccidental en Putumayo, Nariño y Cauca, a un paso de Ecuador; una peste que se expandió a otros territorios con la suspensión total de fumigaciones en 2015, bajo la presión de las Farc en la mesa de negociaciones.

Hoy asistimos a dos agravantes en ambos países: el desdoblamiento de las mafias en cientos de bandas criminales de enorme impacto desestabilizador en las ciudades a partir del microtráfico, y la presencia comprobada de las violentas mafias mexicanas.

El panorama en Colombia no es halagüeño: 400 municipios están bajo control territorial de grupos criminales para la protección de sus rentas ilícitas. De 48.000 hectáreas de coca pasamos a 300.000 y, de contera, en ese mayor hectareaje aumentó la productividad, de dos a cinco cosechas anuales. La mayor producción, sumada a la competencia del fentanilo y demás drogas sintéticas, generó una caída pronunciada de las exportaciones.

Estamos inundados de coca en los campos y de cocaína en las ciudades y pequeñas y medianas poblaciones, lo que ha multiplicado los “emprendimientos criminales” y la competencia mortal entre ellos, disparando una violencia anárquica y diferenciada a nivel regional, según sean los actores violentos en cada territorio.

Podemos estar a un paso de la desestabilización que hoy sufre Ecuador. La respuesta del presidente Noboa es la correcta: la restauración del orden a partir de la seguridad y el imperio de la ley… Ese es el camino: primero el orden, como condición para la verdadera libertad; lemas de nuestro escudo.

Bogotá, D. C, 14 de enero de 2024

Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie

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Hubert Ariza

“Barranquilla no se merece este vía crucis para tener sus Juegos Panamericanos, que, de recuperarse, impulsarán su imagen como polo de desarrollo del Caribe”.

Por Hubert Ariza*. - Comenzó 2024 con un escándalo olímpico que despertó del letargo navideño a los colombianos y zarandeó al Gobierno nacional, ante la dura reacción de la opinión pública y la oposición por la decisión de Panam Sports de retirar a Barranquilla la organización de los próximos XX Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de 2027, por el incumplimiento del Estado de un contrato suscrito desde 2021, y, en especial, el no pago de cuatro millones de dólares antes de finalizar 2023. El 30 de enero de 2024 debería cancelar una cifra igual.

Se trató de una bofetada a Colombia, que evidencia la improvisación de dos administraciones nacionales que no dimensionaron lo que estaba en juego y las graves consecuencias de su parsimonia. También, de un duro golpe al Caribe colombiano, que le ha cumplido al deporte y ha honrado su palabra. Tan solo en julio del año pasado Santa Marta, gracias a la gestión del entonces gobernador, Carlos Caicedo, y la alcaldesa, Virna Johnson, recibió la visita de Neven Ilic, presidente de Panam Sports, en el proceso de validación de su aspiración de ser sede de los Juegos Panamericanos de la Juventud 2025. Y lo logró en el marco de la exitosa realización de los V Juegos Suramericanos de Playa, liderados por la Organización Deportiva Suramericana (Odesur), en los que participaron 14 países y cerca de 1.000 atletas.

Ante la gravedad de lo acontecido con Barranquilla, el presidente Petro ha reaccionado y ha mostrado un liderazgo y celeridad que era necesaria unos meses atrás, quizá unos días antes, en noviembre o diciembre, cuando se debía presionar al Ministerio de Hacienda o sacudir al ineficiente Ministerio del Deporte ―cuya existencia se cuestiona con fuerza― para girar los dineros acordados y evitar este desastre político, diplomático y deportivo que nos avergüenza ante el mundo.

En este momento ya no se trata de quién tiene la culpa, sino cómo y con quiénes se encuentra una solución al problema y se le devuelve la esperanza a Barranquilla de que recuperará lo que perdió en los vericuetos de la burocracia nacional, con funcionarios hiperpolitizados que esgrimen argumentos pueriles sin hacer un mea culpa, que viven de espalda a las regiones y no entienden que su ineficiencia condena a Colombia en el escenario internacional y priva al Caribe de una posibilidad de bienestar y desarrollo.

Como no se trataba del incumplimiento del pago de un recibo de servicios públicos, y de un trámite de reconexión, el escándalo lo ha tenido que asumir el presidente Gustavo Petro, pagando un alto costo político que se medirá en los próximos estudios de opinión. Este escándalo demuestra, una vez más, que el primer mandatario no tiene fusibles y las descargas de altísimo voltaje, ocasionadas por sus subalternos, las soporta con el autoconvencimiento de que no puede darle cabezas de su equipo a la oposición, que él siempre sale ganando, y que aún tiene el suficiente teflón para resistir la crisis permanente, porque en algún momento encontrará la veta política, la lámpara mágica, que le permitirá superar todos los errores y salir victorioso, imponiendo su sucesor.

Diez días después de conocerse la decisión de Panam Sports, la ministra de Deporte, Astrid Rodríguez, sigue muy deportiva en su puesto, y si el presidente no la cambia en la tan anunciada crisis ministerial, podría estrenar la moción de censura en el Congreso de la República, donde 32 senadores ya firmaron una petición en ese sentido, acusándola de negligente, incapaz e ignorante. Mientras tanto, el ministro de Hacienda dice que Colombia está lista para pagar de manera inmediata los ocho millones de dólares acordados, que hace apenas 10 días no aparecieron.

Y el presidente alista una próxima visita a Chile ―un viaje más en su larga lista de países recorridos― para pedirle al presidente Boric y a Panam Sports que reconsidere su posición, luego de enviarle una carta ratificando la voluntad de Colombia de realizar las justas deportivas. Pero que los Juegos vuelvan a Barranquilla no depende de la decisión de un solo hombre, ni una sola nación, sino de una asamblea de 41 miembros, que se reunirá en febrero próximo, luego de que el 30 de enero se cierren las postulaciones de los países que quieran ocupar el lugar de Barranquilla. Entre estos están México, Paraguay y Brasil.

La estrategia de salvamento incluye al canciller Álvaro Leyva, a quien muchos analistas daban como seguro recambio en el esperado remezón ministerial de fin de año. Es arduo el camino trazado. Embajadores gestionando para que países amigos retiren sus aspiraciones. Lobistas internacionales gestionando ante Panam Sports para que dé reversa. Diplomacia directa del presidente Petro ante sus pares de Chile, Brasil, México, para superar el error de un burócrata ineficiente que no tramitó un desembolso pactado.

En política todo es posible. Milagros se han visto. Ojalá la estrategia funcione y esta novela macondiana tenga un final feliz. Pero no hay mucho espacio para el optimismo. Hasta el momento lo que hay es especulación y bastante escepticismo. Barranquilla no se merece este vía crucis para tener sus Juegos, que, de recuperarse, impulsarán su imagen como polo de desarrollo del Caribe, potencia deportiva y un lugar deseado para vivir sabroso.

El escándalo ha servido para que los colombianos vuelvan a preguntarse si el modelo político administrativo que tenemos es el que nos merecemos. El Gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, y el alcalde de Barranquilla, Alex Char, fueron invitados a la Casa de Nariño a ser parte de la estrategia de solución a la crisis. Su asistencia ratificó su disposición de trabajar en las malas y en las buenas con el presidente Petro, con espíritu conciliador, compromiso patrio y pensando en intereses colectivos y no individuales.

Este episodio ratifica, además, la urgencia de superar la hipercentralización que agobia a las regiones. Hay que dejar atrás episodios como estos, en los que unos pocos funcionarios del Gobierno central afectan con su negligencia al futuro de toda una región. ¿Qué hubiera pasado si la responsabilidad de los Juegos Panamericanos 2027 hubiera dependido exclusivamente de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico? Quizá estaríamos celebrando un ambicioso programa de inversiones millonarias que transformarían, aún más, a una de las ciudades más pujante del Caribe y de Colombia, y no suplicando, con el presidente de la República a la cabeza, que nos perdonen la improvisación y nos devuelvan la organización de los Panamericanos que teníamos ganada.

Bogotá, D. C, 14 de enero de 2024

*Periodista, internacionalista y analista político.

Tomado de El País.

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Paloma Valencia Laserna

"Será un año difícil. Debe servirnos para madurar políticamente".

Por Paloma Valencia Laserna*. - Empezamos un año lleno de preocupaciones, la gran mayoría afincadas en las decisiones erráticas y equivocadas del Gobierno. Será, sin duda, un año difícil.

La perspectiva de crecimiento económico no es alentadora. Malos crecimientos generan pobreza y desempleo. Tiene que ver con la excesiva reforma tributaria del Gobierno que colocó a Colombia como uno de los países con mayor impuesto a las empresas. Ahora, hablan de poner más impuestos a las personas naturales que tampoco dan más. Es cierto que en Colombia muy pocos pagan impuestos, pero los que ya pagan no dan para aumentos.  Ampliar la base tributaria, como lo propuso el exministro Carrasquilla, sería ridículo para este Gobierno, pues esa medida llevó a la convocatoria del paro nacional por el entonces senador Petro.

Muchos sectores económicos afectados. Empezamos por la modificación del programa ‘’Mi casa ya’’, que ha generado un gran impacto en la construcción. Pasamos a los problemas del sector energético que van desde la prohibición de nuevas exploraciones -para concentrarnos en sacar el petróleo y gas venezolano- y que sirve para altruistas discursos a Petro en el escenario internacional. Seguimos por los cobros excesivos impuestos a las energías alternativas y a las hidroeléctricas, y también a las petroleras -aunque este a último lo tumbó la Corte Constitucional. Pero sobretodo un sector amenazado por la inseguridad jurídica que causan las extrañas decisiones.

Ponen en jaque la soberanía energética del país en un momento donde las naciones están preocupadas por mantenerla. Hablan de intervenir las facturas de servicios públicos desconociendo el esfuerzo nacional por mantener el asunto fuera de la política, y los pésimos resultados que dejaron la politiquera intervención sobre el SOAT.

El problema del bajo crecimiento irá acompañado, como es previsible, de mayor desempleo e informalidad y, seguramente, un aumento de la pobreza. Vale la pena señalar la contracción que han causado los impuestos saludables en los estratos más pobres, es un motivo de preocupación. No es claro cuáles serán los productos sustitutivos y tampoco si estos serán más saludables.

La pobreza en Colombia sigue siendo demasiado alta. No deberíamos tener ningún pobre extremo. Los subsidios han sufrido modificaciones que ni los usuarios entienden y los problemas inician desde el giro.

Preocupa, sobretodo, el efecto de la reforma a la salud sobre la calidad de vida de los colombianos. Puede que logremos hundir el pésimo proyecto en el Congreso, pero el Gobierno está llevando el sistema a una “crisis explícita”. El sector salud es otro en cuidados intensivos. Representa algo cercano al 10% del PIB; ha sido un sector importante para que los ciudadanos pobres tengan acceso a la salud, y los primeros afectados serán ellos.

La informalidad constituye como uno de los retos más difíciles. La sostenibilidad del sistema pensional depende de que avancemos en esta materia. El Gobierno parece ignorar de tajo el problema. Sigue en un discurso para favorecer los pocos trabajadores de grandes empresas que son una pequeña minoría. Quiere usar el ahorro pensional para pagar pensiones actuales y en 2070 tendríamos los fondos completamente vacíos. Las nuevas generaciones nacerían con una deuda impagable.

Será un año difícil. Debe servirnos para madurar políticamente. Rechazar el populismo que consiste en proponer soluciones fáciles a problemas difíciles. Ojalá este tránsito doloroso nos dé el conocimiento para apostar por el trabajo, el esfuerzo colectivo y a rechazar el populismo en todas sus formas, para preservar lo que hemos logrado y a elevar los ajustes necesarios para mejorar la vida de los colombianos.

Bogotá, D. C, 13 de enero de 2024

*Senadora del Centro Democrático

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Gabriel Ortiz

“El país está a merced de toda clase de delincuencia que maneja a su antojo el crimen en todas sus manifestaciones”.

Por Gabriel Ortiz*.- Antes del rosario de reformas que pretende sacar el gobierno con estímulos al legislativo, se impone un consenso que nos lleve a una justicia rápida, eficaz y con funcionarios que actúen con rectitud.

El ministro Néstor Osuna, al afirmar que “al país le quedó pequeña la administración de justicia” está alistando un estatuto acrisolado en el que participen personajes respetuosos de la rama, incluyendo expertos internacionales.

El país está a merced de toda clase de delincuencia que maneja a su antojo el crimen en todas sus manifestaciones. Las guerrillas no entregarán armas, y mantendrán su accionar delictivo, pero recibirán dinero para acrecentar sus ingresos y mantener su participación en el narcotráfico. La delincuencia común incrementará el asesinato, la extorsión y demás manifestaciones criminales. La corrupción seguirá saqueando la administración pública. Es decir: continuaremos a merced de la creciente red criminal que nos mantiene en Ascuas y en vilo.

La pretendida Comisión Asesora para la Reforma a la Justicia, podría constituirse en el antídoto que Colombia requiere para convertirse en un país digno dentro del ámbito mundial.

El gobierno, que no sabe dónde está, ni para dónde va, olvidar reformas y legislaturas inmodificables en la salud, que más o menos funciona, pensiones, laborales, tributarias y demás embelecos distractores, para salvar una patria que vive en injusticia total.

Hemos asistido a la violación de todas las normas y exhibición alarmante de corrupción, durante 4 días de finales y principios de año. Se aprovechó la vacancia judicial y cierre de estamentos judiciales por fiestas y carnavales, para “fabricar” expedientes liberatorios del exsenador Arturo Char. Ya de por sí, había logrado una cárcel 5 estrellas a su medida en Santa Marta. Ya se había jugado con el vencimiento de términos. Ya una magistrada -doctora Cristina Lombana- había establecido un supuesto empate entre magistrados de la Corte para preparar el camino hacia la libertad y la absolución de quien, nada más y nada menos está acusado de comprar votos -corrupción al sufragante- y concierto para delinquir.

En día festivo, el juez Coy Domínguez, abrió su despacho en Santa Marta para conocer un concepto de la Corte, con un empate entre los magistrados en torno al vencimiento de términos del caso del exsenador Char, que por dilaciones atribuibles a la defensa, solo se cumple el 8 de febrero de 2024. Así se violó olímpicamente la justicia.

A las decisiones del Juez Coy y la magistrada Lombana, se sumaron los conceptos de la Procuradora Cabello Blanco, muy allegada al círculo de la familia Char y su poderoso clan político.

El exsenador ya está gozando de libertad, gracias a los argumentos del juez Coy y la magistrada Lombana. Sus faltas a la justicia ya son harina de otro costal. El vencimiento de términos, el habeas corpus y la ruana de la justicia, bien manipulados, dejarán desocupadas las cárceles, mientras la exparlamentaria Merlano, quien hizo la denuncia, está en prisión.

BLANCO: La inflación sigue bajando. Cayó a 9.28%, pero el emisor vacaciona.

NEGRO: Barranquilla: la damnificada por las fallas del gobierno. Pero Petro viajó a Chile a recuperar la sede de los juegos panamericanos.

Bogotá, D. C, 11 de enero de 2023

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper

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José G Hernández

“Secuestrar, extorsionar, amenazar son graves crímenes que el Estado debe perseguir”.

Por José G. Hernández*.- Hacemos votos porque, al momento de publicación de esta columna haya recuperado su libertad el delegado departamental de la Registraduría Nacional del Estado Civil en el Chocó, Jefferson Murillo. En un hecho incomprensible, el doctor Murillo fue secuestrado el 6 de enero, por encapuchados armados que lo interceptaron, cuando se trasladaba en la vía entre Quibdó e Istmina.

No es el único. Resulta indudable que, en los últimos años, se ha incrementado en Colombia esta horrenda práctica criminal. En este momento, hay muchas personas privadas de su libertad por delincuentes integrantes de movimientos subversivos o paramilitares armados o por delincuentes comunes. No importa por quiénes. Nada justifica el secuestro. Y esas personas y sus familias tienen derechos inalienables que el Estado debe proteger.

Tan ostensible ha sido este recrudecimiento de los plagios en nuestro país que el propio Papa Francisco, en su mensaje de Epifanía, durante el Ángelus en la plaza de San Pedro, ha pedido al mundo orar por “la liberación, sin condiciones, de todas las personas secuestradas actualmente en Colombia”. Agregó el Santo Padre: “Este gesto, que es un deber ante Dios, favorecerá también un clima de reconciliación y de paz en el país", en lo cual tiene razón, toda vez que es precisamente el secuestro uno de los obstáculos de mayor gravedad frente al objetivo gubernamental de lograr la paz total en que está empeñado el presidente Gustavo Petro.

El secuestro es un delito abominable. Es un crimen atroz. No solamente se priva a las víctimas de su libertad -lo que, de suyo es gravísimo-, sino que, por sus mismas características, el secuestro cercena otros derechos: la salud, el trabajo, el digno transcurso de la actividad personal y familiar y hasta la vida misma, de la cual han sido privados no pocos secuestrados, como lo acredita la dolorosa historia de Colombia. No solamente sufre la persona secuestrada, sino en especial su familia, que, con toda legitimidad, reclama a las autoridades cumplir su función y buscar la liberación de las personas plagiadas, sanas y salvas.

Dejar en libertad a todos los secuestrados no es una gracia, ni un favor para las familias, la sociedad y el gobierno, como quisieron hacerlo ver en el caso del padre del jugador Luis Díaz. Es una obligación. Nadie debe ser secuestrado, y -digámoslo una vez más con claridad- no es ni puede admitirse como una modalidad de financiación de la actividad subversiva.

Para continuar con los diálogos que adelanta el Gobierno Nacional con unas organizaciones delictivas, con miras a lograr acuerdos de paz, debe exigir, además de la inmediata liberación de todas las personas plagiadas sino el compromiso expreso -y sin ambages- de no volver a secuestrar. Y -claro está-, de ninguna manera puede aceptarse el secuestro como fuente de financiación para el sostenimiento de la organización criminal correspondiente.

Como dice la Constitución, las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades. Secuestrar, extorsionar, amenazar, no son derechos de los delincuentes, sino graves crímenes que el Estado tiene la obligación de perseguir y sancionar, sin contemplaciones.

Bogotá, D. C, 10 de enero de 2024

*Expresidente de la Corte Constitucional

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José Manuel Restrepo Abondano

“La palabra clave es el consenso. Con ella enfrentaremos los desafíos del 2024 con éxito. Sin ella las dificultades aumentarán y el 2024 será un mal año”.

Por José Manuel Restrepo Abondano*.- El 2023 fue un año extraño: Un año de transiciones y acomodamiento a una nueva realidad económica, política y social. Un año de cambio en liderazgos locales. Un año de anuncios de muchas reformas estructurales y pocos avances. Un año de mala ejecución presupuestal en el gobierno central. Un año de transición económica del crecimiento acelerado a la desaceleración y de acuerdos políticos a dificultades en gobernabilidad. Un año de recoger buenos vientos en lo económico de 2021 y 2022, que dieron resultados en empleo, ajuste fiscal, recaudo tributario e inversión extranjera. Un año de disminución en la inflación y tasas de interés altas. Un año de iniciativas y discursos y pocas “acabativas”. Un año con buena dosis de populismo, polarización y posverdades. Viene el 2024, que a diferencia de lo que muchos piensan, puede ser más retador.

Tendremos un desafío fiscal importante, dada la inexequibilidad de buena parte de la última reforma tributaria, partidas de ingresos de dudosa probabilidad de éxito (arbitramiento de litigios) y gastos adicionales no presupuestados derivados de las reformas que sean exitosas en el congreso. En positivo podríamos dar el debate a la propuesta nueva que plantea el gobierno para ampliar la base de personas naturales a ser gravadas y el aumento de impuestos personales, la reducción de impuestos corporativos, el apoyo a sectores claves de la economía y ¿por qué no? eliminar exenciones regresivas en el IVA. ¡Un motivo de consenso!

Tendremos un desafío para prender los motores de crecimiento y particularmente el de exportaciones y la inversión privada. Con ellas habrá más productividad, se detendrá el aumento en el desempleo mensual desestacionalizado, seremos más competitivos y evitaremos entrar en recesión. Buen momento para iniciar la aplicación del “Acuerdo Nacional” que se ha iniciado. ¡Un motivo de consenso!

Tendremos el desafío de alcanzar acuerdos políticos, basados en las necesidades del país y en no destruir lo avanzado en salud, educación, ahorro nacional, justicia, transición energética, acceso a servicios públicos, sostenibilidad fiscal y generación de empleo. Importante construir con el congreso, los distintos partidos políticos, el sector privado y la academia, puentes de diálogo y construcción colectiva. Un motivo de consenso!

Tendremos el desafío de recuperar la seguridad en los territorios de Colombia, que la extorsión y el secuestro no nos devuelvan al pasado. Importante revisar el rumbo de la “paz total” aprovechando los nuevos liderazgos y enviar mensajes claros a la fuerza pública y autoridades locales. ¡Un motivo de consenso!

La palabra clave es el consenso. Con ella enfrentaremos los desafíos del 2024 con éxito. Sin ella las dificultades aumentarán y el 2024 será un mal año.

La cena está servida. ¡A trabajar!

Bogotá, D. C, 8 de enero de 2024

*Rector Universidad EIA

 

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José Felix Lafaurie Rivera

“La realidad es que la extorsión nunca se fue y hoy es practicada por los herederos de unos y otros, convertidos todos en narcotraficantes”.

Por José Félix Lafaurie Rivera*.- Es un lugar común afirmar que no aprender de la historia nos condena a cometer los mismos errores, pero a esa amenaza hoy se enfrenta el país por la crisis de seguridad en campos y ciudades, crisis con un solo nombre: las mafias narcotraficantes disfrazadas de grupos revolucionarios con motivaciones políticas, cuando solo son bandas de hampones con agencias subsidiarias del microtráfico en las ciudades.

El país urbano, sin embargo, no se da por enterado o no dimensiona la gravedad de la amenaza, ya sea porque se acostumbró a la violencia como algo que registran los medios y solo le pasa “a otros”, o por el efecto de distractores como las fiestas de temporada, los escándalos políticos y sus garroteras, y el correo de brujas que va y viene por las redes. 

No obstante, la amenaza es real. Según las cifras del Ministerio de Defensa de diciembre pasado, sin cerrar año todavía, el secuestro había aumentado 72% frente a 2022; y según las de la Policía Nacional, a octubre 30 se habían presentado 8.551 denuncias de extorsión, un delito basado en aterrorizar a las víctimas, desde las cárceles inclusive y, como consecuencia, con altísimo subregistro. 

Baste decir que, según la organización Global Initiative, que le hace seguimiento a la criminalidad en 193 países, Colombia ocupó en 2023 el nada honroso segundo puesto, después de Birmania, en el Índice Mundial de Crimen Organizado, y el primero en América. 

Para la ganadería, víctima desde siempre de estos delitos por parte de las guerrillas y los llamados paramilitares en su momento, la realidad es que la extorsión nunca se fue y hoy es practicada por los herederos de unos y otros, convertidos todos en narcotraficantes. La situación más crítica se da en el Caribe y el Magdalena Medio, paradójicamente las regiones priorizadas por el Gobierno para compra de tierras con destino a Reforma Agraria, pero también en Caquetá y en los Llanos, entre otras. 

Esa es la amenaza efectiva, pero me preocupa más la amenaza latente. Iniciando la década de los 90, ante la incapacidad del Estado para controlar la violencia guerrillera, Gaviria creó las Convivir, luego reglamentadas por Samper (1994), para prestar servicios privados de vigilancia armada en el sector rural, actos administrativos que tuvieron control de constitucionalidad, pero los Gobiernos también fueron incapaces de controlarlas. El resultado: las Autodefensas Unidas de Colombia y el escalamiento de la violencia. 

Para los ganaderos me preocupa que, vulnerables frente a la falta de protección del Estado y la amenaza contra sus bienes o la pérdida de su libertad y hasta de la vida, si no se someten a la extorsión por parte de grupos criminales que hoy ejercen control territorial, el miedo y la necesidad de protección vuelvan al sector rural o resucite la idea de unirse y armarse. 

FEDEGÁN se anticipa a esa amenaza latente con la vinculación del general (r) de la Policía Nacional, Fernando Murillo, exdirector del Gaula y la DIJIN, para diseñar mecanismos de alertas tempranas y de articulación con la Fuerza Pública, que permitan prevenir los delitos de secuestro, extorsión y abigeato, y así evitar una nueva vorágine de violencia rural en la que los ganaderos vuelvan a ser las primeras víctimas. 

El país no puede olvidar que la ganadería está en todo el territorio rural, en 1.105 de los 1.122 municipios, como expresión de soberanía efectiva y listos para colaborar con la Fuerza Pública. Por ello, que no nos dejen otra vez solos frente a la delincuencia es nuestro clamor al Gobierno y al país todo; que aprendamos de la historia… y no la repitamos. 

Bogotá D. C, 7 de enero de 2024

Presidente FEDEGAN

@jflafaurie

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