Horacio Serpa

Por Horacio Serpa.- Por fin se señaló el lunes venidero para que la plenaria del Senado de la República decida sobre las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz. Ya lo hizo la Cámara de Representantes con una mayoría abrumadora a favor de rechazar las mencionadas objeciones. Se espera, como se ha anunciado, que lo mismo ocurra en el Senado. Pero……

Hay muchos rumores  de que el gobierno nacional está presionando de todas las formas a las bancadas para que las observaciones presidenciales sean aceptadas. Incluso se dice que el Centro Democrático bajo la orientación de su  recursivo jefe natural, se transaría porque al menos fueran aceptadas dos objeciones, incluso una en último caso. ¿Será posible? ¡Averígüelo Vargas!

Lo cierto es que el Centro Democrático, en los últimos días, está bastante conciliador. Por ejemplo, la distinguida senadora  Paloma Valencia ha dispensado inéditos elogios a los jefes del Partido Liberal y de Cambio Radical, doctores Cesar Gaviria y Germán Vargas Lleras. Esa es una señal que coincide con el llamado del doctor Uribe Vélez a lograr acuerdos en el Senado con las diferentes colectividades políticas para que se salve la legislatura. ¿Por qué será?

Los comentarios en los mentideros políticos han llegado hasta a decir que el gobierno está haciendo señales de luces a los Partidos en el sentido de su disposición a lograr entendimientos en la conformación de un nuevo gabinete ministerial, lo que se relaciona con la renuncia del doctor Jorge Mario Eastman a la secretaría general de la presidencia. Sería lo que en política se llama “un golpe de timón”. Simples especulaciones, hasta ahora.

Lo único cierto es que la seguridad de ayer sobre la votación en el Senado empezó a generar inquietudes. Sería deplorable que una manifiesta mayoría se modifique en un dos por tres, lo que dejaría sombras en el proceso y el convencimiento de que la mermelada, tan denostada por el Centro Democrático cuando no es para sus militantes, intervino sin pudor. Ojalá que el Senado no se vaya a rajar, en el sentido de la canción mejicana. ¿Qué pensaría el país de la seriedad de los Partido Políticos y de la política?

Los liberales nos sentiríamos muy avergonzados si nuestro Partido en el Senado llegare a cambiar de posición, después de la orden del Director único doctor Gaviria y del pronunciamiento de la Junta de Congresistas. Francamente no puedo creer que llegáramos a ese repudiable extremo.

No hay que estar en contra sistemáticamente con los acuerdos entre las bancadas partidistas en las Corporaciones Públicas, ni en que se alcancen convenios programáticos con los gobiernos, incluida la representación política de los Partidos en el gabinete y en cargos de responsabilidad gubernamental, lo que no es ilegal ni pecaminoso. Pero en el caso de marras sería deplorable para el gobierno, los partidos y la política. ¿Acuerdos? Por qué no, si son de beneficio para el país, pero definitivamente después de que los Partidos derroten las objeciones presidenciales, como en la Cámara de Representantes.

Bogotá, D. C, 26 de abril de 2019

*Exsenador de la República. Fue Director del Partido Liberal, Candidato presidencial, Representante a la Cámara, Gobernador de Santander, Embajador ante la OEA, Procurador General de la Nación y Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente.

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Gabriel Ortiz

Por Gabriel Ortiz*.- Cuando se conoció la renuncia de Darío Arizmendi, muchos creyeron que se había retirado de su profesión, y en las redes, en las que no confía, aparecieron odiosos comentarios de amantes de ese periodismo del chisme, la mentira y la frivolidad. Darío renunció, no se retiró, porque los periodistas nunca pueden retirarse. Nacieron y se hicieron periodistas para servir a la sociedad que les dio el oficio de fiscales de la comunidad.

Este es uno de los nuestros que tiene aún, mucho por hacer. Recuerdo esas épocas a quien manejó con brillantez El Colombiano y El Mundo de Medellín, ese al que Javier Ayala y quien esto escribe, trasteaban por los seminarios de la Asociación Latinoamericana de Periodistas para el Desarrollo, Alacode, en los que se daba bases firmes a los colegas del continente para ejercer una profesión al servicio de la gente. Ese Darío que hace cuarenta y tantos años reclamaba nuevos rumbos a las nacientes escuelas de periodismo o de comunicación social, como ahora se les conoce.

La renuncia de Arizmendi a Caracol, es un triunfo del periodismo de farándula, escándalo y superficialidad. El gran filósofo del periodismo, Tarzie Vittachi, decía: “no he visto a nadie derramar lágrimas por el cierre o venta de un medio de comunicación…” Porque en estos prima ahora la superficialidad. Por ello la gente desconfía y difícilmente cree en la prensa. La utiliza para recrearse y darse un baño de morbo.

Arizmendi, en una de sus sesudas conferencias expresaba que la prensa no solo debe ser libre… debe tener una audaz proyección social y humana. “Que denuncie los abusos, las irregularidades, las injusticias, provinieren de donde provinieren. Que  descubra los nuevos valores y consolide los existentes. Que se “case” con la verdad, con la causa de los necesitados y los más pobres. Que se comprometa con el país, con el continente, con la humanidad. Que sea fiel y consecuente a su filosofía y a sus predicamentos. Que respete los derechos de los demás y garantice la libertad de información de los receptores. Que sirva de medio liberación del hombre, para que éste encuentre la solución a sus problemas y a sus inquietudes”.

Y así como renunció Darío, habrá otras dimisiones en aquellos medios que prefieren el “rating” al periodismo al servicio de la gente, de la comunidad de la verdad y de la libertad.

Quienes escogimos esta profesión, vemos con preocupación el deterioro de una actividad en la que primaba el servicio a la sociedad, a la gente, al país y a la patria. Hoy se utiliza, peligrosamente para mentir, para torcer voluntades, para escapar a la justicia, para elegir mal y para institucionalizar la corrupción.

Aún es tiempo de salvar a un país, a una sociedad, porque quedan colegas que pueden salvar el periodismo serio y armado contra las noticias falsas.

BLANCO: La procuraduría salva la carrera séptima.

NEGRO: La dramática situación de los cafeteros.

Bogotá, 26 de abril de 2019

*Exdirector del Noticiero Nacional y de Notisuper: La Noticia Viva.

 

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Víctor G Ricardo

Por Víctor G*.- La muerte del expresidente del Perú, el doctor Alan García, quien se suicidó como consecuencia de un proceso judicial que él consideraba era una persecución política de sus enemigos o contendores de su vida, es una pena grande para el país hermano no sólo porque ha dejado este mundo un hombre que fue Presidente de su país en dos periodos, sino también porque deja un proceso judicial que no podrá culminar y que ha afectado tanto a la comunidad peruana como a la comunidad internacional, quienes estaban esperando el resultado de esta investigación y el fallo judicial.

Incluso el expresidente fue velado y enterrado con los honores de exjefe de Estado ya que no había sentencia alguna contra él.

Ahora a Odebrecht no solo la tenemos que ver como una firma que entregaba aportes a campañas políticas y compraba conciencias detrás de conseguir contratos y mayores márgenes de ganancia, sino que ahora ya tiene a su cuenta una lista de muertes de personas que, por escándalos relacionados con dicha corrupción, se han quitado la vida. Entre ellos, además del expresidente del Perú, se encuentran colombianos como el doctor Pizano, quien agobiado por las investigaciones que estaban llevándose a cabo en Colombia murió en circunstancias muy extrañas, al igual que su propio hijo.

Mientras eso sucede, en distintos países ya son varias las personalidades que han caído de sus cargos por el escándalo de las coimas de Odebrecht. Aquí no hemos visto resultados mayores ni sentencias en muchas cosas definitivas. La justicia debe acelerar todas las investigaciones que se están dando por corrupción porque la corrupción es la verdadera enfermedad que estamos padeciendo en nuestro país y en el mundo en general. Todos los días amanece uno sorprendido por un escándalo más, que como se dice en el lenguaje popular, el último tapa los otros.

Ni siquiera ha sido posible que el Congreso apruebe robustas leyes anticorrupción. Una gran alianza contra la corrupción tiene que darse paso. No solamente es necesaria sino fundamental. La polarización política que estamos viviendo no puede ser tan ciega para que no actuemos a la mayor brevedad con medidas drásticas y adecuadas para castigar a los corruptos. Porque la corrupción y los corruptos en busca de tapar sus acciones, muchas veces buscan chivos expiatorios para que contra ellos se tomen acciones y los verdaderos responsables salgan avante.

Si no actuamos hoy, el futuro para nuestra Nación no será muy fácil. El narcotráfico seguirá creciendo ya que el mayor mal que ha hecho es acabar en ciertos sectores y muchas de nuestras gentes en Colombia con los valores de la ética y la moral. Los corruptos, en aras a conseguir dinero mal trabajado o mejor sucio, han  enfermado las mentes, la inteligencia, las dignidades y la formación ética y moral.

Bogotá, D. C, 25 de abril de 2019

Excomisionado de Paz

 

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José G. Hernández

Por José G Hernández.- Los días de la Semana Santa, que deben servir para la reflexión y el análisis, nos han servido en efecto para considerar lo que viene ocurriendo con el funcionamiento –o estancamiento- de nuestras instituciones.

Varias veces nos hemos preguntado si, hablando con sinceridad, opera en Colombia un Estado de Derecho, y la realidad nos ha mostrado que no. La conclusión es todavía peor si el interrogante recae sobre el Estado Social de Derecho. Este último quedó maltrecho e indefinidamente aplazado cuando se expidió el Acto Legislativo 3 de 2011 –inexplicablemente declarado exequible por la Corte Constitucional-, a cuyo tenor los objetivos del Estado Social de Derecho, el pleno empleo de los recursos humanos, la finalidad –a aquél inherente- de que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos,  únicamente se pueden lograr “de manera progresiva”, supeditados al principio “orientador” de la sostenibilidad fiscal. Contrariando su propia jurisprudencia sentada en la Sentencia C-551 de 2003, la Corte pasó por alto esa inocultable sustitución de la Constitución.

En cuanto al Estado de Derecho, caracterizado por el efectivo imperio de la Constitución y de la ley por encima de apetitos e intereses, es evidente que no está funcionando. Las normas en vigor se acomodan por la administración y otros órganos del modo que mejor  convenga a propósitos de coyuntura, al paso que las disposiciones nuevas se introducen en las leyes  con miras a alcanzar objetivos políticos de corto plazo, sin mayor discusión y sin observancia de los requisitos constitucionales. A sabiendas de que nada ocurrirá en la Corte Constitucional, porque, si las normas que se aprueban son impugnadas por cualquier ciudadano  en ejercicio de la acción pública, es casi segura la inadmisión de la demanda porque así lo indicará el arbitrio del sustanciador, o se proferirá una sentencia inhibitoria por “ineptitud sustancial de la demanda”, y así los jueces constitucionales se habrán lavado las manos ante las violaciones de la Constitución, evitando la pesada carga de tener que leer a fondo las demandas, verificar la conformidad entre lo aprobado por el Congreso y la Carta Política, y redactar ponencias sobre temas controvertidos. No tienen tiempo. Todo lo cual conduce al absurdo según el cual, a juicio de los actuales magistrados, debe ser más fácil y expedito violar la Constitución que reivindicar ante ellos los valores, principios y reglas constitucionales para garantizar su imperio. Se sacrifica el objetivo de defensa de la Constitución por rendir culto a tecnicismos que han inventado los magistrados para disminuir tanto trabajo.

Hemos concluido, entonces, que buena parte del caótico estado que acusa el funcionamiento de nuestras instituciones se debe a la debilidad e incoherencia que se viene observando en  la actividad de la actual Corte Constitucional. Está mal. Hacemos votos por su pronta recuperación.

Bogotá, D. C,  25 de abril de 2019

*Expresidente de la Corte Constitucional

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Jairo Gómez

Por Jairo Gómez*.- Muchos delincuentes en este país creyeron que la JEP era un paracaídas de oro que les permitiría en el inmediato futuro acceder a los beneficios de la Justicia Transicional para garantizar impunidad. Por supuesto, contando una supuesta verdad plagada de mentiras.

Y tacaron burro: La Jurisdicción Especial para la Paz no es ni será un símbolo de impunidad como pretenden hacerlo ver el fiscal y los enemigos de la verdad. Quien se acoja a la justicia transicional tendrá que contar verdad plena so pena de perder los beneficios.

La justicia transicional diseñada en el acuerdo final está blindada y no será el vehículo para que se evada la extradición. Se equivoca el fiscal general cuando pretende enlodar el acuerdo de paz. Ahora, como último cartucho, se inventa suspicacias sobre el artículo 153 de la ley estatutaria tras asegurar que “metieron un articulejo por la puerta de atrás para acabar con la extradición”.

Esgrime el jefe del ente acusador el peregrino argumento de que cualquier narcotraficante ofrecerá verdad para evitar ser extraditado a los Estados Unidos, dado que  “Un tercero, que es un narco, va a evitar la extradición con el prurito de contar verdad”.

Eso que dice el fiscal es una falacia más grande que una catedral; queda fuera de foco si recordamos que la propia Corte Suprema de Justicia ha negado la extradición de exjefes paramilitares tras valorar el derecho de las víctimas a conocer la verdad. “Esa fue la jurisprudencia de la Corte Suprema que ha sido reafirmada por la Corte Constitucional en la sentencia de la ley estatutaria, luego de que con la extradición de los paras se extraditara la verdad”, atinó en aclarar, justamente en la revista SEMANA, la representante Juanita Goebertus.

Recuerdo, como si fuera ayer, que el mismo fiscal Martínez, en compañía de los parlamentarios de su partido Cambio Radical, se opuso a que los terceros civiles y los agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública fueran llamados por la JEP a comparecer y pidió, con insistencia, que fueran sacados de la Justicia Transicional y lo dejaran como una opción. Qué incoherencia, por favor.

Traigo a cuento ese episodio del fiscal durante el debate sobre el proyecto de ley estatutaria en el Congreso en el año 2017, para destacar cómo se ha pretendido obstaculizar la justicia transicional cuyo único objetivo es esclarecer lo ocurrido en los sesenta años de conflicto armado y que la verdad prevalezca, no solo a través de los combatientes sino de quienes financiaron la guerra, la prohijaron y sacaron provecho de ella.

A manera de ejemplo, es pertinente recordar que recientemente en una sentencia de primera instancia, revela el portal Verdad Abierta, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue las versiones sobre posibles aportes económicos voluntarios al Bloque Héroes de Granada por parte de las empresas del Grupo Nutresa: Compañía Nacional de Chocolates y Galletas Noel; de Gaseosas Postobón de la Organización Ardila Lulle y de una planta de producción de cerveza del conglomerado Bavaria.

Esos terceros deberían ir ante la JEP, pero el fiscal se opuso. Pregunto: ¿estará el fiscal investigando la decisión de ese alto tribunal de la justicia para que estas empresas aclaren estas graves acusaciones? Esa es la verdad que también los colombianos y las víctimas queremos conocer: saber qué grado de responsabilidad tienen los grandes empresarios en esta guerra que dejó más de 220.000 muertos.

Más allá de objeciones o no objeciones, la certidumbre sobre lo ocurrido en el conflicto interno armado debe prevalecer y hace mal el fiscal si insiste en vender la idea de que la extradición está por encima del derecho de las víctimas a conocer la verdad.

Bogotá, D. C, 23 de abril de 2019

*Periodista y Analista Político.

@jairotevi    

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Guillermo García Realpe

Por Guillermo García Realpe*.- La semana que concluyó, al igual que todos los años, es una temporada de reflexión, de recogimiento, de nuevos propósitos, de fijar nuevas tareas sobre todo en el campo espiritual, sin embargo, se presentaron actos despiadados en muchas regiones del país que van en contravía de nuestro Medio Ambiente y de los derechos de nuestros animales. 

Por un lado, el ELN atento de manera grave, nuevamente contra el oleoducto Caño Limón Coveñas, afectando uno de los paraísos naturales más lindos del oriente colombiano, Pozo Azul, en el Catatumbo, quedó convertido en un escenario completamente devastado por cuenta del derramamiento de petróleo generado por este acto vandálico. 

Nadie se explica en el país, tampoco en el mundo, cómo una guerrilla que dice querer la Paz arremete contra lo más preciado: el agua, la naturaleza, el medio ambiente, la fauna, la flora y por supuesto con la vida de sus mismos connacionales. 

Por otro lado, tenemos el grave avance de la deforestación en extensas regiones colombianas que están acabando con nuestros bosques y nuestro Medio Ambiente, 220 mil hectáreas devastadas en el último año y lo más lamentable en departamentos que hacen parte de nuestra Amazonia y Orinoquía. 

Es un tema que debe ser del interés de todos, no solo de unos pocos ambientalistas que hacen ingentes esfuerzos de sensibilización y pro cuidado ambiental, sino de todos los colombianos. 

Mientras miramos la tragedia sucedida con la incinerada catedral de Notre Dame en París, en un episodio triste que lamentamos por todo lo que representa para la humanidad y la historia, y nos conmovemos por este triste episodio, pero también tenemos que solidarizarnos con lo grave que sucede en materia ambiental en nuestro país. Tenemos que valorar lo que tenemos. Necesitamos también despertar la sensibilidad del mundo entero para preservar este recurso esencial de la humanidad, como lo es nuestra Amazonia. 

Es por esto que en próximos días citaremos un debate en el Congreso de la República sobre la deforestación en Colombia, esperamos que a este control político acudan los ministros del ramo, Fiscalía, Procuraduría, directores de Corporaciones Autónomas Regionales, Parques Nacionales y otros protagonistas que tienen incidencia directa con esta problemática y busquemos alternativas de fondo que permitan frenar este flagelo en nuestro país. 

De otro lado, en la reciente Semana Santa, el país fue testigo de despiadados casos de maltrato animal, uno de los más conocidos, el protagonizado en la ciudad de Pasto, por un funcionario de la ONU en Colombia, de nombre Juan Vásquez, fue sorprendido al interior de un ascensor maltratanto de forma brutal a su mascota. 

Esperamos que la Misión de la ONU en Colombia, en un mensaje claro de respeto por los animales retire de su cargo a éste funcionario que a todas luces traspaso los límites de tolerancia y de buen trato hacia estos seres indefensos. 

No podemos permitir que en Colombia se repitan este tipo de hechos que afectan la sana convivencia, que vulnera los Derechos de los animales y que va en detrimento de la Paz con la Naturaleza. 

Por eso, desde el Senado de la República seguiremos alzando la voz, defendiendo nuestro Medio Ambiente, los derechos de nuestros animales como seres sintientes que son, hablando por nuestros campesinos, defendiendo la Paz, y buscando que el país avance por la ruta de la reconciliación nacional. 

Pasto, 22 de abril de 2019  

Senador de la República

@GGarciaRealpe

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Juan Carlos Bocanegra Chacón

Por Juan Carlos Bocanegra Chacón*.- “De qué sirve una casa si no se cuenta con un planeta tolerable donde situarla.” Henry David Thoreau. 

El cuidado de nuestra casa es una de las cosas que más empeño le colocamos. Sin importar si es propia o arrendada, grande o pequeña, procuramos tenerla aseada, sus pisos brillantes, sus paredes impecables y hacemos todo lo posible por adecuarla para sentirnos a gusto en ella. 

No en vano las paredes y el techo donde vivimos le dedicamos un cuidado significativo, es el espacio donde existimos plenamente con nuestra familia, compartimos con nuestros seres queridos y es donde nos sentimos seguros y protegidos. Sin embargo, existe una casa aún más importante que hemos maltratado y, equivocados al pensar que es ajena, la hemos descuidado por completo: nuestro planeta tierra. 

Hoy, 22 de abril, celebramos el día internacional de la tierra gracias a las manifestaciones en defensa del medio ambiente realizadas por el político estadounidense Gaylord Nelson en los años 70. Internacionalmente esta fecha es reconocida por rendirle homenaje al hogar de todos, tomar conciencia sobre el daño que le hemos hecho y los cuidados que debemos tener con el entorno que día a día interactuamos. 

Entendiendo que la Tierra y sus ecosistemas nos proporcionan la vida y el sustento a lo largo de nuestras vidas, también hemos de reconocer que sus recursos son limitados si no sabemos darle un uso adecuado. No necesitamos ser científicos o expertos para que desde nuestro actuar diario podamos aportar al cuidado del medio ambiente. 

Ahorrar agua en las actividades de aseo, usar medios de transporte no contaminantes como la bicicleta, utilizar la energía eléctrica estrictamente para lo necesario, reciclar y no contaminar con basura nuestros ríos y bosques, son entre otras acciones, medidas de gran impacto que el planeta y su biodiversidad nos agradecerán. 

En el plano local debemos cambiar nuestra cultura urgentemente. Según el último informe de Calidad Ambiental Urbana realizado por el Ministerio de Ambiente, Cúcuta tiene el índice de calidad ambiental más bajo del país. No es sorpresa lo anterior al ver como el rio Pamplonita es una víctima diaria de los atropellos contaminantes ocasionados por algunas personas. También, la explotación minera en la zona rural ha secado varios nacientes de agua y nuestra ciudad a pesar de ser reconocida como “la ciudad verde”, no supera el metro cuadrado de zona verde por habitante. 

La solución para proteger el medio ambiente la pueden direccionar los gobernantes por medio de políticas públicas efectivas en esta materia. Pero sobre todo eso, el mejor remedio lo damos cada uno de nosotros, y cuando aceptemos que nuestra casa es aquel mundo que estamos tomando prestado de nuestros hijos, vamos a valorarla mejor. El suelo que pisamos, el aire que respiramos y todo lo que comemos y bebemos pertenece a esa herencia que le dejaremos a las futuras generaciones, así que está en nuestras manos cuidarla mejor.

Cúcuta, 22 de abril de 2019

* Administrador de Empresas de la Universidad de los Andes, especialista en Gestión Regional del Desarrollo de la misma universidad. Orgullosamente cucuteño, convencido en el potencial de nuestra región e interesado en temas de emprendimiento y políticas públicas sobre desarrollo territorial.

 

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Juan Camilo Restrepo Salazar

Por Juan Camilo Restrepo Salazar*.- Cuando se negoció el acuerdo de paz con las Farc, para poner fin a la guerra, se reconoció como una de las causas principales del conflicto armado, la disputa por las tierras rurales en el país. El despojo violento, la usurpación, la informalidad en las transacciones sobre la tierra, el acaparamiento, la apropiación de baldíos, el desecamiento de ciénagas y humedales para correr las cercas y ganarle tierra al agua, la tala indiscriminada de bosques para ampliar la frontera agrícola, la adjudicación de tierras de manera ilegal a quienes no tenían derecho a recibirlas, son situaciones que históricamente han ocurrido en nuestro país. Durante un siglo el Estado colombiano ha intentado crear marcos legales, entidades y procesos que permitan prevenir y reversar estas situaciones.

Es indudable que la construcción de paz en Colombia pasa por el cumplimiento del punto agrario del acuerdo, que incluye un reparto de tres millones de hectáreas para población campesina, a partir de las tierras que alimentan el fondo de tierras. Las cuales en su mayoría corresponden a baldíos que el Estado debe recuperar a través de actuaciones administrativas de la entidad agraria, de procesos para identificar, deslindar y recuperar materialmente terrenos de la Nación, en cumplimiento de la ley 160 de 1994. Básicamente, la construcción de paz implica cumplir la finalidad del Estado Social de Derecho de avanzar en el cumplimiento de la reforma agraria.

Dándole la espalda a este compromiso histórico, el Plan Nacional de Desarrollo omite dar cumplimiento al elemento de reforma agraria del acuerdo de paz, y ahora, mediante injertos a dicho Plan de Desarrollo, se intenta reformar de manera subrepticia la legislación agraria, introduciendo “micos” para sanear la apropiación ilegal e ilegítima de baldíos por parte de particulares que aprovechándose del desorden del Estado en la administración de sus territorios se hicieron a tierras de mala manera. Estamos ante una contra reforma disfrazada.

Legalizar el despojo de baldíos de la Nación, vía prescripción judicial, burla la línea jurisprudencial de las altas cortes sobre imprescriptibilidad de baldíos, en especial de la Corte Constitucional que ha vuelto a desempolvar la discusión sobre la necesidad de que el Estado cense e identifique todas sus tierras para prevenir la apropiación ilegal por particulares y el consecuente detrimento patrimonial del Estado (recordar sentencia T-488 de 2014). Además, cambia la destinación de estos bienes públicos que pasan de ser la base para una reforma agraria, a una privatización de tierras en pocas manos.

La reforma agraria de último minuto que se está cocinando en el Congreso, busca derogar la prohibición de la concentración de tierras, avalándola para casos de utilidad pública e interés social, sin las salvaguardas y limitaciones que había fijado la Corte Constitucional a propósito de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social- Zidres, tales como: dar prioridad a la dotación de tierras a la población campesina y étnica, respetar normas ambientales, hacer alianzas en condiciones de equidad y respeto entre grandes, pequeños y medianos.

La contra reforma es tal que además de permitir la prescripción y apropiación del patrimonio público, y avalar sin términos la concentración de tierras, también reconoce una nueva categoría de “expectativas de propiedad” que prácticamente pretende constituir un nuevo derecho real de privados sobre tierras públicas, esto último sin aplicación siquiera de los límites de la Unidad Agrícola Familiar.

Algunos miembros del partido Centro Democrático están, pues, interesados en borrar de un plumazo la política agraria progresista que se dio Colombia a partir de los acuerdos de paz. Y muy especialmente del punto número 1 dedicado a la transformación rural integral. Estamos, pues, frente a un intento de contra reforma que busca entrar de puntillas, sin dar la cara, aprovechándose de ese desorden monumental en que se ha convertido el Plan de Desarrollo.

Y mientras tanto, el gobierno -que dice respaldar los acuerdos de paz- callado.

Bogotá, D. C, 21 de abril de 2019

*Abogado, Economista y Exministro de Estado.

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Mauricio Cabrera Galvis

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- El título de esta columna no se refiere a las consecuencias del reciente bloqueo de la carretera Cali-Popayán, ni al desencuentro del presidente Duque con la minga indígena después de levantado el bloqueo. La gran vergüenza de la Vía Pana-mericana en el suroccidente del país es que, a pesar de su gran importancia estratégica para el país, es todavía una carreterita de muy bajas especificaciones. Lo peor de todo es que no hay ni siquiera planes para construir una verdadera autopista de doble calzada.

La Vía Panamericana es la única conexión terrestre de Colombia con el sur del continente, con un alto volumen de tránsito tanto de pasajeros como de carga pues es el paso obligado de buena parte de las mercancías que vendemos a países como Ecuador y Perú. Desde el norte y centro del país hasta Cali se cuenta ya, o están en proceso de construcción con buena parte de los tramos en doble calzada; pero desde allí hacia el sur es una vía con especificaciones del siglo pasado.

Para recorrer hoy los 490 km del trayecto Cali-Rumichaca (en la frontera con el Ecuador) un carro puede demorar más de 10 horas (si no encuentra derrumbes) y un vehículo de transporte de carga el doble o más. Solo los primeros 50 km hasta Santander de Quilichao son de doble calzada, mientras que el resto es una vía de calzada sencilla donde la velocidad promedio no llega a los 50 km/hora.

Dentro del programa de concesiones de carreteras 4G están incluidos solo dos tramos de esta vía: 76 km, de Santander de Quilichao a Popayán y 82 km de Pasto a Rumichaca. Para el trayecto más largo, los 250 km de Popayán a Pasto no hay ningún proyecto de concesión en marcha y continuará siendo el cuello de botella de la vía, con el descenso al cañón del río Patía. Para colmo de males, de los dos tramos concesionados desde hace casi 4 años, el primero no ha podido comenzar y el segundo tiene un avance de menos del 8% de las obras.

Es totalmente desproporcionada la poca participación que tiene este trayecto de la Panamericana dentro del programa de concesiones 4G. En efecto, este contempla la construcción de 8.500 Km de carreteras con una inversión cercana a los $45 billones, lo que significa que las nuevas vías en la ruta Cali-Rumichaca serán solo el 2% del total construido. Como referencia cabe recordar que en las Autopistas de la Prosperidad en Antioquia se están construyendo 1.200 km, es decir el 15% del total, y en la región Caribe 1.500 km, el 18% del total.

La vergüenza de los colombianos es pasar el puente internacional de Rumichaca y entrar al sistema de carreteras del Ecuador, frente a las cuales las vía Panamericana del antaño “coloso del norte” parece casi una trocha.

Cali, 21 de abril de 2019

*Folósofo y Economista. Consultor.

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Amylkar D. Acota M.

Por Amylkar D. Acosta M*.-Es una realidad que el mundo entero transita por la senda de la transición energética, migrando desde las energías de orígen fósil hacia aquellas fuentes no convencionales de energías renovables y limpias, pero también es cierto que en aquellos países en donde históricamente se ha dependido de aquellas, tienen en los recursos que genera su explotación la fuente de financiación de dicha transición.

Así lo han entendido los Emiratos árabes, que cuentan con las mayores reservas de petróleo del mundo y otros países, como es el caso de Chile, que paulatinamente ha venido diversificando su economía y reduciendo su dependencia con respecto al cobre. Y no hay que olvidar, la transición energética es tecnológica y la manera de avanzar por esta vía es conectando la materia prima con la materia gris, mediante la inversión en ciencia, tecnología e innovación.

Según la OCDE “la economía de Colombia continúa dependiendo de los recursos naturales y cada vez lo hace en mayor medida...Hace dos años, la producción primaria y la minería representaron un 80% de las exportaciones, diez puntos porcentuales más que en 1991”. De allí que, como lo acota la Presidenta del Consejo Privado de Competitividad Rosario Córdoba, “la recomendación central de la OCDE es categórica, Colombia debe priorizar la agenda de transformación productiva y asignarle recursos a la altura del reto”.

Como es apenas obvio, la transición energética es un proceso gradual, no es dable pensar que se pueda dar como si fuera un salto de garrocha. Conscientes de ello, el mundo y Colombia no es la excepción, han venido tendiendo puentes que sirven de rampa para llegar al objetivo propuesto. En este sentido, Colombia se hizo parte del Acuerdo de París, ratificado por el Congreso de la República mediante la Ley 1844 del 14 de julio de 2017 y se comprometió con los Objetivos del Desarrollo Sostenible, del cual fue además su promotor y propulsor, suscritos en 2015.

El proyecto de Plan Nacional de Desarrollo (PND) deja claramente establecidos dos pactos con el sector energético, el primero “por la calidad y eficiencia de servicios públicos para promover la competitividad y el bienestar de todos” y el segundo “por los recursos minero-energéticos para el crecimiento sostenible y la expansión de oportunidades”. A ello habrá de contribuir el “fortalecimiento de la Comisión para el uso Racional y Eficiente de Energía (URE) y fuentes no convencionales y la inclusión de metas obligatorias de eficiencia energética en el Programa de uso racional y eficiente de energía” incluido en las Bases del Plan.

Al considerar el PND la “energía que transforma: hacia un sector energético más innovador, competitivo, limpio y equitativo”, la Red Nacional de Tecnoparques del SENA que trae el Plan incluye a los biocombustibles entre los sectores a apoyar, junto con las energías verdes, con “proyectos de investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación”. La emergencia que afrontan en este momento, especialmente, Bogotá y Medellín, que obligó a sus alcaldes a extremar medidas para paliar la contaminación de estas urbes, hacen imperativo reducir las emisiones de GEI de su parque automotor. Y para lograrlo, como se dice en el proyecto del PND, hay que “utilizar eficientemente los recursos, incorporar teconologías vehiculares de cero o bajas emisiones” y, entre estas últimas está la mezcla de los biocombustibles como parte de la solución. Lástima que nada se dice en el proyecto sobre la necesidad de incrementar el porcentaje de las mezclas, toda vez que a mayor porcentaje de mezclas la reducción de las emisiones de GEI es mayor.

La “consolidación de la integración de las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER) a la matriz energética” que plantea las Bases del Plan va en la dirección correcta. Como se recordará en el año 2014 fué expedida la Ley 1715 mediante la cual “se regula la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional”. Recientemente se adjudicaron los primeros 1.160 MW de potencia, entre eólicos y solares, dándose así el primer paso en firme para integrar las fuentes no convencionales de generación a la matríz energética.

Es de destacar también la modificación que se propone del artículo 11 de la Ley 1715 de 2014, ya que a través de este proyecto se está extendiendo el incentivo de la deducción anual de su renta al ejecutor de los proyectos de generación a partir de FNCER el “50% del  valor de la inversión realizada” de 5 años que contempla la Ley a 30 años, “como fomento a la investigación, desarrollo e inversión en el ámbito de la producción y utilización de energía a partir de FNCER, la gestión eficiente de la energía”. Este es un gran apoyo e impulso a las energías renovables y limpias en este país.

Finalmente, nos parece muy atinada la iniciativa que trae las Bases del Plan de integrar una “Misión para la modernización de los mercados actuales y la promoción de la innovación”. Este es un paso primordial para la consolidación del proceso de transición energética, para que esta se asuma como política de Estado y no como política de gobierno

El Peñol, abril 19 de 2019

*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net

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Horacio Serpa

Por Horacio Serpa.- Por fin se señaló el lunes venidero para que la plenaria del Senado de la República decida sobre las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz. Ya lo hizo la Cámara de Representantes con una mayoría abrumadora a favor de rechazar las mencionadas objeciones. Se espera, como se ha anunciado, que lo mismo ocurra en el Senado. Pero……

Hay muchos rumores  de que el gobierno nacional está presionando de todas las formas a las bancadas para que las observaciones presidenciales sean aceptadas. Incluso se dice que el Centro Democrático bajo la orientación de su  recursivo jefe natural, se transaría porque al menos fueran aceptadas dos objeciones, incluso una en último caso. ¿Será posible? ¡Averígüelo Vargas!

Lo cierto es que el Centro Democrático, en los últimos días, está bastante conciliador. Por ejemplo, la distinguida senadora  Paloma Valencia ha dispensado inéditos elogios a los jefes del Partido Liberal y de Cambio Radical, doctores Cesar Gaviria y Germán Vargas Lleras. Esa es una señal que coincide con el llamado del doctor Uribe Vélez a lograr acuerdos en el Senado con las diferentes colectividades políticas para que se salve la legislatura. ¿Por qué será?

Los comentarios en los mentideros políticos han llegado hasta a decir que el gobierno está haciendo señales de luces a los Partidos en el sentido de su disposición a lograr entendimientos en la conformación de un nuevo gabinete ministerial, lo que se relaciona con la renuncia del doctor Jorge Mario Eastman a la secretaría general de la presidencia. Sería lo que en política se llama “un golpe de timón”. Simples especulaciones, hasta ahora.

Lo único cierto es que la seguridad de ayer sobre la votación en el Senado empezó a generar inquietudes. Sería deplorable que una manifiesta mayoría se modifique en un dos por tres, lo que dejaría sombras en el proceso y el convencimiento de que la mermelada, tan denostada por el Centro Democrático cuando no es para sus militantes, intervino sin pudor. Ojalá que el Senado no se vaya a rajar, en el sentido de la canción mejicana. ¿Qué pensaría el país de la seriedad de los Partido Políticos y de la política?

Los liberales nos sentiríamos muy avergonzados si nuestro Partido en el Senado llegare a cambiar de posición, después de la orden del Director único doctor Gaviria y del pronunciamiento de la Junta de Congresistas. Francamente no puedo creer que llegáramos a ese repudiable extremo.

No hay que estar en contra sistemáticamente con los acuerdos entre las bancadas partidistas en las Corporaciones Públicas, ni en que se alcancen convenios programáticos con los gobiernos, incluida la representación política de los Partidos en el gabinete y en cargos de responsabilidad gubernamental, lo que no es ilegal ni pecaminoso. Pero en el caso de marras sería deplorable para el gobierno, los partidos y la política. ¿Acuerdos? Por qué no, si son de beneficio para el país, pero definitivamente después de que los Partidos derroten las objeciones presidenciales, como en la Cámara de Representantes.

Bogotá, D. C, 26 de abril de 2019

*Exsenador de la República. Fue Director del Partido Liberal, Candidato presidencial, Representante a la Cámara, Gobernador de Santander, Embajador ante la OEA, Procurador General de la Nación y Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente.

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Gabriel Ortiz

Por Gabriel Ortiz*.- Cuando se conoció la renuncia de Darío Arizmendi, muchos creyeron que se había retirado de su profesión, y en las redes, en las que no confía, aparecieron odiosos comentarios de amantes de ese periodismo del chisme, la mentira y la frivolidad. Darío renunció, no se retiró, porque los periodistas nunca pueden retirarse. Nacieron y se hicieron periodistas para servir a la sociedad que les dio el oficio de fiscales de la comunidad.

Este es uno de los nuestros que tiene aún, mucho por hacer. Recuerdo esas épocas a quien manejó con brillantez El Colombiano y El Mundo de Medellín, ese al que Javier Ayala y quien esto escribe, trasteaban por los seminarios de la Asociación Latinoamericana de Periodistas para el Desarrollo, Alacode, en los que se daba bases firmes a los colegas del continente para ejercer una profesión al servicio de la gente. Ese Darío que hace cuarenta y tantos años reclamaba nuevos rumbos a las nacientes escuelas de periodismo o de comunicación social, como ahora se les conoce.

La renuncia de Arizmendi a Caracol, es un triunfo del periodismo de farándula, escándalo y superficialidad. El gran filósofo del periodismo, Tarzie Vittachi, decía: “no he visto a nadie derramar lágrimas por el cierre o venta de un medio de comunicación…” Porque en estos prima ahora la superficialidad. Por ello la gente desconfía y difícilmente cree en la prensa. La utiliza para recrearse y darse un baño de morbo.

Arizmendi, en una de sus sesudas conferencias expresaba que la prensa no solo debe ser libre… debe tener una audaz proyección social y humana. “Que denuncie los abusos, las irregularidades, las injusticias, provinieren de donde provinieren. Que  descubra los nuevos valores y consolide los existentes. Que se “case” con la verdad, con la causa de los necesitados y los más pobres. Que se comprometa con el país, con el continente, con la humanidad. Que sea fiel y consecuente a su filosofía y a sus predicamentos. Que respete los derechos de los demás y garantice la libertad de información de los receptores. Que sirva de medio liberación del hombre, para que éste encuentre la solución a sus problemas y a sus inquietudes”.

Y así como renunció Darío, habrá otras dimisiones en aquellos medios que prefieren el “rating” al periodismo al servicio de la gente, de la comunidad de la verdad y de la libertad.

Quienes escogimos esta profesión, vemos con preocupación el deterioro de una actividad en la que primaba el servicio a la sociedad, a la gente, al país y a la patria. Hoy se utiliza, peligrosamente para mentir, para torcer voluntades, para escapar a la justicia, para elegir mal y para institucionalizar la corrupción.

Aún es tiempo de salvar a un país, a una sociedad, porque quedan colegas que pueden salvar el periodismo serio y armado contra las noticias falsas.

BLANCO: La procuraduría salva la carrera séptima.

NEGRO: La dramática situación de los cafeteros.

Bogotá, 26 de abril de 2019

*Exdirector del Noticiero Nacional y de Notisuper: La Noticia Viva.

 

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Víctor G Ricardo

Por Víctor G*.- La muerte del expresidente del Perú, el doctor Alan García, quien se suicidó como consecuencia de un proceso judicial que él consideraba era una persecución política de sus enemigos o contendores de su vida, es una pena grande para el país hermano no sólo porque ha dejado este mundo un hombre que fue Presidente de su país en dos periodos, sino también porque deja un proceso judicial que no podrá culminar y que ha afectado tanto a la comunidad peruana como a la comunidad internacional, quienes estaban esperando el resultado de esta investigación y el fallo judicial.

Incluso el expresidente fue velado y enterrado con los honores de exjefe de Estado ya que no había sentencia alguna contra él.

Ahora a Odebrecht no solo la tenemos que ver como una firma que entregaba aportes a campañas políticas y compraba conciencias detrás de conseguir contratos y mayores márgenes de ganancia, sino que ahora ya tiene a su cuenta una lista de muertes de personas que, por escándalos relacionados con dicha corrupción, se han quitado la vida. Entre ellos, además del expresidente del Perú, se encuentran colombianos como el doctor Pizano, quien agobiado por las investigaciones que estaban llevándose a cabo en Colombia murió en circunstancias muy extrañas, al igual que su propio hijo.

Mientras eso sucede, en distintos países ya son varias las personalidades que han caído de sus cargos por el escándalo de las coimas de Odebrecht. Aquí no hemos visto resultados mayores ni sentencias en muchas cosas definitivas. La justicia debe acelerar todas las investigaciones que se están dando por corrupción porque la corrupción es la verdadera enfermedad que estamos padeciendo en nuestro país y en el mundo en general. Todos los días amanece uno sorprendido por un escándalo más, que como se dice en el lenguaje popular, el último tapa los otros.

Ni siquiera ha sido posible que el Congreso apruebe robustas leyes anticorrupción. Una gran alianza contra la corrupción tiene que darse paso. No solamente es necesaria sino fundamental. La polarización política que estamos viviendo no puede ser tan ciega para que no actuemos a la mayor brevedad con medidas drásticas y adecuadas para castigar a los corruptos. Porque la corrupción y los corruptos en busca de tapar sus acciones, muchas veces buscan chivos expiatorios para que contra ellos se tomen acciones y los verdaderos responsables salgan avante.

Si no actuamos hoy, el futuro para nuestra Nación no será muy fácil. El narcotráfico seguirá creciendo ya que el mayor mal que ha hecho es acabar en ciertos sectores y muchas de nuestras gentes en Colombia con los valores de la ética y la moral. Los corruptos, en aras a conseguir dinero mal trabajado o mejor sucio, han  enfermado las mentes, la inteligencia, las dignidades y la formación ética y moral.

Bogotá, D. C, 25 de abril de 2019

Excomisionado de Paz

 

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José G. Hernández

Por José G Hernández.- Los días de la Semana Santa, que deben servir para la reflexión y el análisis, nos han servido en efecto para considerar lo que viene ocurriendo con el funcionamiento –o estancamiento- de nuestras instituciones.

Varias veces nos hemos preguntado si, hablando con sinceridad, opera en Colombia un Estado de Derecho, y la realidad nos ha mostrado que no. La conclusión es todavía peor si el interrogante recae sobre el Estado Social de Derecho. Este último quedó maltrecho e indefinidamente aplazado cuando se expidió el Acto Legislativo 3 de 2011 –inexplicablemente declarado exequible por la Corte Constitucional-, a cuyo tenor los objetivos del Estado Social de Derecho, el pleno empleo de los recursos humanos, la finalidad –a aquél inherente- de que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos,  únicamente se pueden lograr “de manera progresiva”, supeditados al principio “orientador” de la sostenibilidad fiscal. Contrariando su propia jurisprudencia sentada en la Sentencia C-551 de 2003, la Corte pasó por alto esa inocultable sustitución de la Constitución.

En cuanto al Estado de Derecho, caracterizado por el efectivo imperio de la Constitución y de la ley por encima de apetitos e intereses, es evidente que no está funcionando. Las normas en vigor se acomodan por la administración y otros órganos del modo que mejor  convenga a propósitos de coyuntura, al paso que las disposiciones nuevas se introducen en las leyes  con miras a alcanzar objetivos políticos de corto plazo, sin mayor discusión y sin observancia de los requisitos constitucionales. A sabiendas de que nada ocurrirá en la Corte Constitucional, porque, si las normas que se aprueban son impugnadas por cualquier ciudadano  en ejercicio de la acción pública, es casi segura la inadmisión de la demanda porque así lo indicará el arbitrio del sustanciador, o se proferirá una sentencia inhibitoria por “ineptitud sustancial de la demanda”, y así los jueces constitucionales se habrán lavado las manos ante las violaciones de la Constitución, evitando la pesada carga de tener que leer a fondo las demandas, verificar la conformidad entre lo aprobado por el Congreso y la Carta Política, y redactar ponencias sobre temas controvertidos. No tienen tiempo. Todo lo cual conduce al absurdo según el cual, a juicio de los actuales magistrados, debe ser más fácil y expedito violar la Constitución que reivindicar ante ellos los valores, principios y reglas constitucionales para garantizar su imperio. Se sacrifica el objetivo de defensa de la Constitución por rendir culto a tecnicismos que han inventado los magistrados para disminuir tanto trabajo.

Hemos concluido, entonces, que buena parte del caótico estado que acusa el funcionamiento de nuestras instituciones se debe a la debilidad e incoherencia que se viene observando en  la actividad de la actual Corte Constitucional. Está mal. Hacemos votos por su pronta recuperación.

Bogotá, D. C,  25 de abril de 2019

*Expresidente de la Corte Constitucional

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Jairo Gómez

Por Jairo Gómez*.- Muchos delincuentes en este país creyeron que la JEP era un paracaídas de oro que les permitiría en el inmediato futuro acceder a los beneficios de la Justicia Transicional para garantizar impunidad. Por supuesto, contando una supuesta verdad plagada de mentiras.

Y tacaron burro: La Jurisdicción Especial para la Paz no es ni será un símbolo de impunidad como pretenden hacerlo ver el fiscal y los enemigos de la verdad. Quien se acoja a la justicia transicional tendrá que contar verdad plena so pena de perder los beneficios.

La justicia transicional diseñada en el acuerdo final está blindada y no será el vehículo para que se evada la extradición. Se equivoca el fiscal general cuando pretende enlodar el acuerdo de paz. Ahora, como último cartucho, se inventa suspicacias sobre el artículo 153 de la ley estatutaria tras asegurar que “metieron un articulejo por la puerta de atrás para acabar con la extradición”.

Esgrime el jefe del ente acusador el peregrino argumento de que cualquier narcotraficante ofrecerá verdad para evitar ser extraditado a los Estados Unidos, dado que  “Un tercero, que es un narco, va a evitar la extradición con el prurito de contar verdad”.

Eso que dice el fiscal es una falacia más grande que una catedral; queda fuera de foco si recordamos que la propia Corte Suprema de Justicia ha negado la extradición de exjefes paramilitares tras valorar el derecho de las víctimas a conocer la verdad. “Esa fue la jurisprudencia de la Corte Suprema que ha sido reafirmada por la Corte Constitucional en la sentencia de la ley estatutaria, luego de que con la extradición de los paras se extraditara la verdad”, atinó en aclarar, justamente en la revista SEMANA, la representante Juanita Goebertus.

Recuerdo, como si fuera ayer, que el mismo fiscal Martínez, en compañía de los parlamentarios de su partido Cambio Radical, se opuso a que los terceros civiles y los agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública fueran llamados por la JEP a comparecer y pidió, con insistencia, que fueran sacados de la Justicia Transicional y lo dejaran como una opción. Qué incoherencia, por favor.

Traigo a cuento ese episodio del fiscal durante el debate sobre el proyecto de ley estatutaria en el Congreso en el año 2017, para destacar cómo se ha pretendido obstaculizar la justicia transicional cuyo único objetivo es esclarecer lo ocurrido en los sesenta años de conflicto armado y que la verdad prevalezca, no solo a través de los combatientes sino de quienes financiaron la guerra, la prohijaron y sacaron provecho de ella.

A manera de ejemplo, es pertinente recordar que recientemente en una sentencia de primera instancia, revela el portal Verdad Abierta, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue las versiones sobre posibles aportes económicos voluntarios al Bloque Héroes de Granada por parte de las empresas del Grupo Nutresa: Compañía Nacional de Chocolates y Galletas Noel; de Gaseosas Postobón de la Organización Ardila Lulle y de una planta de producción de cerveza del conglomerado Bavaria.

Esos terceros deberían ir ante la JEP, pero el fiscal se opuso. Pregunto: ¿estará el fiscal investigando la decisión de ese alto tribunal de la justicia para que estas empresas aclaren estas graves acusaciones? Esa es la verdad que también los colombianos y las víctimas queremos conocer: saber qué grado de responsabilidad tienen los grandes empresarios en esta guerra que dejó más de 220.000 muertos.

Más allá de objeciones o no objeciones, la certidumbre sobre lo ocurrido en el conflicto interno armado debe prevalecer y hace mal el fiscal si insiste en vender la idea de que la extradición está por encima del derecho de las víctimas a conocer la verdad.

Bogotá, D. C, 23 de abril de 2019

*Periodista y Analista Político.

@jairotevi    

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Guillermo García Realpe

Por Guillermo García Realpe*.- La semana que concluyó, al igual que todos los años, es una temporada de reflexión, de recogimiento, de nuevos propósitos, de fijar nuevas tareas sobre todo en el campo espiritual, sin embargo, se presentaron actos despiadados en muchas regiones del país que van en contravía de nuestro Medio Ambiente y de los derechos de nuestros animales. 

Por un lado, el ELN atento de manera grave, nuevamente contra el oleoducto Caño Limón Coveñas, afectando uno de los paraísos naturales más lindos del oriente colombiano, Pozo Azul, en el Catatumbo, quedó convertido en un escenario completamente devastado por cuenta del derramamiento de petróleo generado por este acto vandálico. 

Nadie se explica en el país, tampoco en el mundo, cómo una guerrilla que dice querer la Paz arremete contra lo más preciado: el agua, la naturaleza, el medio ambiente, la fauna, la flora y por supuesto con la vida de sus mismos connacionales. 

Por otro lado, tenemos el grave avance de la deforestación en extensas regiones colombianas que están acabando con nuestros bosques y nuestro Medio Ambiente, 220 mil hectáreas devastadas en el último año y lo más lamentable en departamentos que hacen parte de nuestra Amazonia y Orinoquía. 

Es un tema que debe ser del interés de todos, no solo de unos pocos ambientalistas que hacen ingentes esfuerzos de sensibilización y pro cuidado ambiental, sino de todos los colombianos. 

Mientras miramos la tragedia sucedida con la incinerada catedral de Notre Dame en París, en un episodio triste que lamentamos por todo lo que representa para la humanidad y la historia, y nos conmovemos por este triste episodio, pero también tenemos que solidarizarnos con lo grave que sucede en materia ambiental en nuestro país. Tenemos que valorar lo que tenemos. Necesitamos también despertar la sensibilidad del mundo entero para preservar este recurso esencial de la humanidad, como lo es nuestra Amazonia. 

Es por esto que en próximos días citaremos un debate en el Congreso de la República sobre la deforestación en Colombia, esperamos que a este control político acudan los ministros del ramo, Fiscalía, Procuraduría, directores de Corporaciones Autónomas Regionales, Parques Nacionales y otros protagonistas que tienen incidencia directa con esta problemática y busquemos alternativas de fondo que permitan frenar este flagelo en nuestro país. 

De otro lado, en la reciente Semana Santa, el país fue testigo de despiadados casos de maltrato animal, uno de los más conocidos, el protagonizado en la ciudad de Pasto, por un funcionario de la ONU en Colombia, de nombre Juan Vásquez, fue sorprendido al interior de un ascensor maltratanto de forma brutal a su mascota. 

Esperamos que la Misión de la ONU en Colombia, en un mensaje claro de respeto por los animales retire de su cargo a éste funcionario que a todas luces traspaso los límites de tolerancia y de buen trato hacia estos seres indefensos. 

No podemos permitir que en Colombia se repitan este tipo de hechos que afectan la sana convivencia, que vulnera los Derechos de los animales y que va en detrimento de la Paz con la Naturaleza. 

Por eso, desde el Senado de la República seguiremos alzando la voz, defendiendo nuestro Medio Ambiente, los derechos de nuestros animales como seres sintientes que son, hablando por nuestros campesinos, defendiendo la Paz, y buscando que el país avance por la ruta de la reconciliación nacional. 

Pasto, 22 de abril de 2019  

Senador de la República

@GGarciaRealpe

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Juan Carlos Bocanegra Chacón

Por Juan Carlos Bocanegra Chacón*.- “De qué sirve una casa si no se cuenta con un planeta tolerable donde situarla.” Henry David Thoreau. 

El cuidado de nuestra casa es una de las cosas que más empeño le colocamos. Sin importar si es propia o arrendada, grande o pequeña, procuramos tenerla aseada, sus pisos brillantes, sus paredes impecables y hacemos todo lo posible por adecuarla para sentirnos a gusto en ella. 

No en vano las paredes y el techo donde vivimos le dedicamos un cuidado significativo, es el espacio donde existimos plenamente con nuestra familia, compartimos con nuestros seres queridos y es donde nos sentimos seguros y protegidos. Sin embargo, existe una casa aún más importante que hemos maltratado y, equivocados al pensar que es ajena, la hemos descuidado por completo: nuestro planeta tierra. 

Hoy, 22 de abril, celebramos el día internacional de la tierra gracias a las manifestaciones en defensa del medio ambiente realizadas por el político estadounidense Gaylord Nelson en los años 70. Internacionalmente esta fecha es reconocida por rendirle homenaje al hogar de todos, tomar conciencia sobre el daño que le hemos hecho y los cuidados que debemos tener con el entorno que día a día interactuamos. 

Entendiendo que la Tierra y sus ecosistemas nos proporcionan la vida y el sustento a lo largo de nuestras vidas, también hemos de reconocer que sus recursos son limitados si no sabemos darle un uso adecuado. No necesitamos ser científicos o expertos para que desde nuestro actuar diario podamos aportar al cuidado del medio ambiente. 

Ahorrar agua en las actividades de aseo, usar medios de transporte no contaminantes como la bicicleta, utilizar la energía eléctrica estrictamente para lo necesario, reciclar y no contaminar con basura nuestros ríos y bosques, son entre otras acciones, medidas de gran impacto que el planeta y su biodiversidad nos agradecerán. 

En el plano local debemos cambiar nuestra cultura urgentemente. Según el último informe de Calidad Ambiental Urbana realizado por el Ministerio de Ambiente, Cúcuta tiene el índice de calidad ambiental más bajo del país. No es sorpresa lo anterior al ver como el rio Pamplonita es una víctima diaria de los atropellos contaminantes ocasionados por algunas personas. También, la explotación minera en la zona rural ha secado varios nacientes de agua y nuestra ciudad a pesar de ser reconocida como “la ciudad verde”, no supera el metro cuadrado de zona verde por habitante. 

La solución para proteger el medio ambiente la pueden direccionar los gobernantes por medio de políticas públicas efectivas en esta materia. Pero sobre todo eso, el mejor remedio lo damos cada uno de nosotros, y cuando aceptemos que nuestra casa es aquel mundo que estamos tomando prestado de nuestros hijos, vamos a valorarla mejor. El suelo que pisamos, el aire que respiramos y todo lo que comemos y bebemos pertenece a esa herencia que le dejaremos a las futuras generaciones, así que está en nuestras manos cuidarla mejor.

Cúcuta, 22 de abril de 2019

* Administrador de Empresas de la Universidad de los Andes, especialista en Gestión Regional del Desarrollo de la misma universidad. Orgullosamente cucuteño, convencido en el potencial de nuestra región e interesado en temas de emprendimiento y políticas públicas sobre desarrollo territorial.

 

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Juan Camilo Restrepo Salazar

Por Juan Camilo Restrepo Salazar*.- Cuando se negoció el acuerdo de paz con las Farc, para poner fin a la guerra, se reconoció como una de las causas principales del conflicto armado, la disputa por las tierras rurales en el país. El despojo violento, la usurpación, la informalidad en las transacciones sobre la tierra, el acaparamiento, la apropiación de baldíos, el desecamiento de ciénagas y humedales para correr las cercas y ganarle tierra al agua, la tala indiscriminada de bosques para ampliar la frontera agrícola, la adjudicación de tierras de manera ilegal a quienes no tenían derecho a recibirlas, son situaciones que históricamente han ocurrido en nuestro país. Durante un siglo el Estado colombiano ha intentado crear marcos legales, entidades y procesos que permitan prevenir y reversar estas situaciones.

Es indudable que la construcción de paz en Colombia pasa por el cumplimiento del punto agrario del acuerdo, que incluye un reparto de tres millones de hectáreas para población campesina, a partir de las tierras que alimentan el fondo de tierras. Las cuales en su mayoría corresponden a baldíos que el Estado debe recuperar a través de actuaciones administrativas de la entidad agraria, de procesos para identificar, deslindar y recuperar materialmente terrenos de la Nación, en cumplimiento de la ley 160 de 1994. Básicamente, la construcción de paz implica cumplir la finalidad del Estado Social de Derecho de avanzar en el cumplimiento de la reforma agraria.

Dándole la espalda a este compromiso histórico, el Plan Nacional de Desarrollo omite dar cumplimiento al elemento de reforma agraria del acuerdo de paz, y ahora, mediante injertos a dicho Plan de Desarrollo, se intenta reformar de manera subrepticia la legislación agraria, introduciendo “micos” para sanear la apropiación ilegal e ilegítima de baldíos por parte de particulares que aprovechándose del desorden del Estado en la administración de sus territorios se hicieron a tierras de mala manera. Estamos ante una contra reforma disfrazada.

Legalizar el despojo de baldíos de la Nación, vía prescripción judicial, burla la línea jurisprudencial de las altas cortes sobre imprescriptibilidad de baldíos, en especial de la Corte Constitucional que ha vuelto a desempolvar la discusión sobre la necesidad de que el Estado cense e identifique todas sus tierras para prevenir la apropiación ilegal por particulares y el consecuente detrimento patrimonial del Estado (recordar sentencia T-488 de 2014). Además, cambia la destinación de estos bienes públicos que pasan de ser la base para una reforma agraria, a una privatización de tierras en pocas manos.

La reforma agraria de último minuto que se está cocinando en el Congreso, busca derogar la prohibición de la concentración de tierras, avalándola para casos de utilidad pública e interés social, sin las salvaguardas y limitaciones que había fijado la Corte Constitucional a propósito de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social- Zidres, tales como: dar prioridad a la dotación de tierras a la población campesina y étnica, respetar normas ambientales, hacer alianzas en condiciones de equidad y respeto entre grandes, pequeños y medianos.

La contra reforma es tal que además de permitir la prescripción y apropiación del patrimonio público, y avalar sin términos la concentración de tierras, también reconoce una nueva categoría de “expectativas de propiedad” que prácticamente pretende constituir un nuevo derecho real de privados sobre tierras públicas, esto último sin aplicación siquiera de los límites de la Unidad Agrícola Familiar.

Algunos miembros del partido Centro Democrático están, pues, interesados en borrar de un plumazo la política agraria progresista que se dio Colombia a partir de los acuerdos de paz. Y muy especialmente del punto número 1 dedicado a la transformación rural integral. Estamos, pues, frente a un intento de contra reforma que busca entrar de puntillas, sin dar la cara, aprovechándose de ese desorden monumental en que se ha convertido el Plan de Desarrollo.

Y mientras tanto, el gobierno -que dice respaldar los acuerdos de paz- callado.

Bogotá, D. C, 21 de abril de 2019

*Abogado, Economista y Exministro de Estado.

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Mauricio Cabrera Galvis

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- El título de esta columna no se refiere a las consecuencias del reciente bloqueo de la carretera Cali-Popayán, ni al desencuentro del presidente Duque con la minga indígena después de levantado el bloqueo. La gran vergüenza de la Vía Pana-mericana en el suroccidente del país es que, a pesar de su gran importancia estratégica para el país, es todavía una carreterita de muy bajas especificaciones. Lo peor de todo es que no hay ni siquiera planes para construir una verdadera autopista de doble calzada.

La Vía Panamericana es la única conexión terrestre de Colombia con el sur del continente, con un alto volumen de tránsito tanto de pasajeros como de carga pues es el paso obligado de buena parte de las mercancías que vendemos a países como Ecuador y Perú. Desde el norte y centro del país hasta Cali se cuenta ya, o están en proceso de construcción con buena parte de los tramos en doble calzada; pero desde allí hacia el sur es una vía con especificaciones del siglo pasado.

Para recorrer hoy los 490 km del trayecto Cali-Rumichaca (en la frontera con el Ecuador) un carro puede demorar más de 10 horas (si no encuentra derrumbes) y un vehículo de transporte de carga el doble o más. Solo los primeros 50 km hasta Santander de Quilichao son de doble calzada, mientras que el resto es una vía de calzada sencilla donde la velocidad promedio no llega a los 50 km/hora.

Dentro del programa de concesiones de carreteras 4G están incluidos solo dos tramos de esta vía: 76 km, de Santander de Quilichao a Popayán y 82 km de Pasto a Rumichaca. Para el trayecto más largo, los 250 km de Popayán a Pasto no hay ningún proyecto de concesión en marcha y continuará siendo el cuello de botella de la vía, con el descenso al cañón del río Patía. Para colmo de males, de los dos tramos concesionados desde hace casi 4 años, el primero no ha podido comenzar y el segundo tiene un avance de menos del 8% de las obras.

Es totalmente desproporcionada la poca participación que tiene este trayecto de la Panamericana dentro del programa de concesiones 4G. En efecto, este contempla la construcción de 8.500 Km de carreteras con una inversión cercana a los $45 billones, lo que significa que las nuevas vías en la ruta Cali-Rumichaca serán solo el 2% del total construido. Como referencia cabe recordar que en las Autopistas de la Prosperidad en Antioquia se están construyendo 1.200 km, es decir el 15% del total, y en la región Caribe 1.500 km, el 18% del total.

La vergüenza de los colombianos es pasar el puente internacional de Rumichaca y entrar al sistema de carreteras del Ecuador, frente a las cuales las vía Panamericana del antaño “coloso del norte” parece casi una trocha.

Cali, 21 de abril de 2019

*Folósofo y Economista. Consultor.

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Amylkar D. Acota M.

Por Amylkar D. Acosta M*.-Es una realidad que el mundo entero transita por la senda de la transición energética, migrando desde las energías de orígen fósil hacia aquellas fuentes no convencionales de energías renovables y limpias, pero también es cierto que en aquellos países en donde históricamente se ha dependido de aquellas, tienen en los recursos que genera su explotación la fuente de financiación de dicha transición.

Así lo han entendido los Emiratos árabes, que cuentan con las mayores reservas de petróleo del mundo y otros países, como es el caso de Chile, que paulatinamente ha venido diversificando su economía y reduciendo su dependencia con respecto al cobre. Y no hay que olvidar, la transición energética es tecnológica y la manera de avanzar por esta vía es conectando la materia prima con la materia gris, mediante la inversión en ciencia, tecnología e innovación.

Según la OCDE “la economía de Colombia continúa dependiendo de los recursos naturales y cada vez lo hace en mayor medida...Hace dos años, la producción primaria y la minería representaron un 80% de las exportaciones, diez puntos porcentuales más que en 1991”. De allí que, como lo acota la Presidenta del Consejo Privado de Competitividad Rosario Córdoba, “la recomendación central de la OCDE es categórica, Colombia debe priorizar la agenda de transformación productiva y asignarle recursos a la altura del reto”.

Como es apenas obvio, la transición energética es un proceso gradual, no es dable pensar que se pueda dar como si fuera un salto de garrocha. Conscientes de ello, el mundo y Colombia no es la excepción, han venido tendiendo puentes que sirven de rampa para llegar al objetivo propuesto. En este sentido, Colombia se hizo parte del Acuerdo de París, ratificado por el Congreso de la República mediante la Ley 1844 del 14 de julio de 2017 y se comprometió con los Objetivos del Desarrollo Sostenible, del cual fue además su promotor y propulsor, suscritos en 2015.

El proyecto de Plan Nacional de Desarrollo (PND) deja claramente establecidos dos pactos con el sector energético, el primero “por la calidad y eficiencia de servicios públicos para promover la competitividad y el bienestar de todos” y el segundo “por los recursos minero-energéticos para el crecimiento sostenible y la expansión de oportunidades”. A ello habrá de contribuir el “fortalecimiento de la Comisión para el uso Racional y Eficiente de Energía (URE) y fuentes no convencionales y la inclusión de metas obligatorias de eficiencia energética en el Programa de uso racional y eficiente de energía” incluido en las Bases del Plan.

Al considerar el PND la “energía que transforma: hacia un sector energético más innovador, competitivo, limpio y equitativo”, la Red Nacional de Tecnoparques del SENA que trae el Plan incluye a los biocombustibles entre los sectores a apoyar, junto con las energías verdes, con “proyectos de investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación”. La emergencia que afrontan en este momento, especialmente, Bogotá y Medellín, que obligó a sus alcaldes a extremar medidas para paliar la contaminación de estas urbes, hacen imperativo reducir las emisiones de GEI de su parque automotor. Y para lograrlo, como se dice en el proyecto del PND, hay que “utilizar eficientemente los recursos, incorporar teconologías vehiculares de cero o bajas emisiones” y, entre estas últimas está la mezcla de los biocombustibles como parte de la solución. Lástima que nada se dice en el proyecto sobre la necesidad de incrementar el porcentaje de las mezclas, toda vez que a mayor porcentaje de mezclas la reducción de las emisiones de GEI es mayor.

La “consolidación de la integración de las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER) a la matriz energética” que plantea las Bases del Plan va en la dirección correcta. Como se recordará en el año 2014 fué expedida la Ley 1715 mediante la cual “se regula la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional”. Recientemente se adjudicaron los primeros 1.160 MW de potencia, entre eólicos y solares, dándose así el primer paso en firme para integrar las fuentes no convencionales de generación a la matríz energética.

Es de destacar también la modificación que se propone del artículo 11 de la Ley 1715 de 2014, ya que a través de este proyecto se está extendiendo el incentivo de la deducción anual de su renta al ejecutor de los proyectos de generación a partir de FNCER el “50% del  valor de la inversión realizada” de 5 años que contempla la Ley a 30 años, “como fomento a la investigación, desarrollo e inversión en el ámbito de la producción y utilización de energía a partir de FNCER, la gestión eficiente de la energía”. Este es un gran apoyo e impulso a las energías renovables y limpias en este país.

Finalmente, nos parece muy atinada la iniciativa que trae las Bases del Plan de integrar una “Misión para la modernización de los mercados actuales y la promoción de la innovación”. Este es un paso primordial para la consolidación del proceso de transición energética, para que esta se asuma como política de Estado y no como política de gobierno

El Peñol, abril 19 de 2019

*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net

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