Monseñor Ricardo Tobón Restrepo

Por: Mons. Ricardo Tobón Restrepo - Ha sido noticia en estos días el encuentro del Papa Francisco con los Presidentes de las Conferencias Episcopales de todo el mundo para afrontar el tema de los abusos a menores. Decía, en efecto, el Papa “la carga de la responsabilidad pastoral y eclesial nos pesa, obligándonos a discutir juntos, de manera sinodal, sincera y profunda sobre cómo enfrentar este mal que aflige a la Iglesia y a la humanidad”. Esta reunión no es el punto inicial sino un paso más en un camino doloroso de prevenir y combatir este drama mundial de los abusos a menores, que la Iglesia viene recorriendo desde hace varios años. El encuentro apunta a que siendo un problema global tenga también una respuesta global.

Enfrentar seriamente este problema es muy complejo, pues exige actuar en múltiples campos: la formación de los candidatos al sacerdocio, la recta y eficaz aplicación de las disposiciones legislativas ya dadas por el Magisterio para las denuncias, investigaciones y procedimientos frente a este crimen de acuerdo también con las disposiciones dadas en cada país, la cuidadosa atención a las víctimas, la colaboración con diversas entidades para la prevención y corrección con decisión y justicia de los delitos, la adecuada pastoral sacerdotal, el permanente acompañamiento de la comunidad cristiana.

Si se quiere superar radicalmente este mal es preciso entrar en un espíritu de purificación y conversión. Hemos aceptado un contexto de materialismo, hedonismo y relativismo que borra los criterios y normas del comportamiento moral, que anula la dimensión trascendente de la vida y que impide una auténtica espiritualidad. Hemos perdido la fe; hemos pecado mucho. Por tanto, necesitamos una conversión profunda que vaya a las raíces; no basta con poner controles jurídicos. Nos tenemos que comprometer a asumir la transformación total que ofrece el Evangelio y que lleva a la madurez humana y a la santidad que brillan en Cristo.

Es necesario de otra parte, como ha señalado el Papa, transformar este mal en una oportunidad para la limpieza y acrisolamiento de la Iglesia. Nos encontramos en un momento de transición. Es verdad que toda transformación entraña aspectos inquietantes, pero esta evolución marcará la llegada de una nueva era y esto nos debe llenar de esperanza. Para ello, debemos comenzar por sanar las graves heridas que ha dejado el escándalo de la pedofilia tanto en los menores como en los creyentes. Urge en todos los católicos una sólida formación humana, una fe a toda prueba, un recio camino espiritual y una inquebrantable decisión de comunión eclesial.

La Iglesia debe fortalecer su credibilidad. Si quiere cumplir su misión de presentarse como maestra para guiar la vida moral y la formación espiritual de la sociedad, no puede empañar su autoridad con las incoherencias y los testimonios perversos de las personas que en su interior cometen estos crímenes gravísimos, que avergüenzan a toda la comunidad, que llevan a los sacerdotes inocentes a cargar el peso de esta plaga y que entorpecen su tarea apostólica. Esto está haciendo realmente mucho daño. Debemos lograr que la comunidad se sienta segura y que las niñas, los niños y los jóvenes puedan participar con confianza en la vida de la Iglesia.

Estos propósitos requieren entre nosotros una verdadera solidaridad. Como ha subrayado el Papa Francisco, siguiendo a san Pablo, somos un solo cuerpo, por eso todos somos responsables. Precisamente, la convocatoria de todos los Presidentes de las Conferencias Episcopales, representantes de todas las comunidades eclesiales de cada país, significa que se trata de un problema global de la Iglesia y que debe afrontarlo todo el pueblo de Dios. Es una movilización de toda la Iglesia para que reaccione solidariamente. Toda la Iglesia junta debe escuchar, afrontar y encontrar los mejores caminos en este momento. Oremos mucho y comprometámonos decididamente con humildad y esperanza.

Bogotá, D. C, 3 de marzo de 2019

*+Arzobispo de Medellín

Fuente Conferencia Episcopal Colombiana.

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Gabriel Ortiz

Por Gabriel Ortíz.- Se apagaron los parlantes, se silenciaron las guitarras, trompetas, clarines y timbales, Juanes, Bosé y demás tomaron sus aviones. El F23 pasó como una ráfaga que supuestamente abriría una ventana de alivio a la opresión en Venezuela.

El F25, llegó con un amanecer dominado por el odio, la inquina, la aversión y enemistad de dos países que olvidaron las penurias que enfrentaron unos patriotas comandados por Bolívar, el Libertador.

¿De dónde habrá salido tanta rabia, ojeriza y tirria entre dos naciones que se decían “hermanas”? Cada una tenía derecho a escoger su propio destino. Cada cual consideraba que iba hacia la democracia. Colombia manejando una guerra de sesenta años que no quería abandonar, Venezuela aplicando un socialismo Siglo XXI con todas sus consecuencias. Dos modelos catastróficos cabalgando sobre la guerra que dirigentes y buena parte de la población escogieron. Así, mientras tolerábamos a los nuestros la saña y la furia a un proceso de paz, transigimos con las cáusticas críticas a Maduro por sus funestas prácticas dictatoriales, tiránicas y abusivas.

Venezuela sirvió al “eterno” y a sus muchachos para sembrar el miedo a los electores en los últimos comicios. Lo peor del planeta era el castrochavismo y si se votaba por alguien diferente, nos convertiríamos en una Venezuela…  y aunque ganaron para allá vamos, si no se aplacan la bilis y el rencor que hoy nos invade.  

La guerra en que nos están montando no se aplaca con amenazas, ni con el Grupo de Lima intimidando, o los Estados Unidos advirtiendo que es el hermano mayor, que nos salvará a la salida del colegio, si el agresivo nos ataca.

La gresca, el jaleo y el alboroto continúan en la frontera, igual que ocurre con la Ley Estatutaria de la Jep, el renacer de los paras con los cooperantes, el rearme de la población y el asesinato de líderes sociales.

El Presidente Duque, cuya popularidad debe haberse encumbrado con su liderazgo en esta contienda puede, ¡pero él solo!, cambiar el rumbo de las cosas. En sus manos está la autoridad para frenar la infamia de conducirnos a una guerra que puede agotarnos, arruinarnos, destruirnos y diezmar nuestra población.

Es el único que puede lograrlo: tiene juventud, inteligencia, talento y autoridad, para regresar las aguas y evitar que la sangre ruede a lo largo de más de 2.000 kilómetros de nuestra permeable frontera. Gran parte de la Comisión de Relaciones Exteriores, lo acompañará y le aportará luces para que la comunidad internacional, logre encontrar el diálogo que localice el camino que afanosamente  busca un Maduro herido para alcanzar la razón y el juicio, que inclusive lo aleje de sus ataques a la Prensa, como ocurrió con el colega Ramos de Univisión.

¡Estamos a tiempo! Duque sin Uribe, puede lograr lo que esperamos de un presidente que es de todos los colombianos. ¡El concierto terminó!

BLANCO: El crecimiento de Ecopetrol. Que no lo sepa el vendedor Carrasquilla.

NEGRO: La mala hora de los periodistas. Despidos a granel y cierre de medios.

Bogotá, D. C, 2 1 de marzo de 2019

*Exdirector del Noticiero Nacional y de Notisuper.

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Juan Fernando Londoño

Por Juan Fernando Londoño.- El debate sobre las posibles objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP se ha centrado mucho en los efectos que ello tiene sobre la JEP, pero existe un punto igual o incluso más relevante y es el desbarajuste que las leyes estatutarias están generando sobre el equilibrio de poderes en Colombia.

Con las leyes estatutarias se ha convertido a la Corte Constitucional en un colegislador y se ha eliminado la posibilidad de objeciones presidenciales por razones de conveniencia, lo cual socava el equilibrio entre las tres ramas del poder que sirve de fundamento a la democracia.

En nuestro ordenamiento, este tipo de leyes deben ser tramitadas en una sola legislatura en el Congreso de la República, luego de lo cual deben ser enviadas para su revisión a la Corte Constitucional. Mientras que el Congreso debe tramitar el proyecto en una sola legislatura, la corte ha tardado hasta dos años en sus decisiones, como sucedió con la Ley 1757 de participación ciudadana, para poner solo un ejemplo. Es curioso que al órgano popular se le exija una aprobación rápida de las que se consideran las leyes más importantes, mientras que la corte, en secreto, puede demorar sus fallos a conveniencia.

Adicionalmente, la Corte Constitucional puede acudir a cualquier argucia argumentativa con el propósito, no solo de señalar la inconstitucionalidad de una ley, sino de crear legislación mediante interpretaciones que no pocas veces trastocan voluntad popular representada por el Congreso. Pero no solo se socava al Congreso como órgano representativo sino también a la ciudadanía como constituyente primario porque las revisiones de la corte cercenan la posibilidad de que los ciudadanos demanden las normas contenidas en las leyes estatutarias, restringiendo así el constitucionalismo popular que ha enriquecido nuestra democracia, pues una vez son analizadas las normas por el tribunal constitucional no caben contra ella ningún tipo de demandas.

Las revisiones de constitucionalidad de la Corte Constitucional también mutilan el poder presidencial porque no es cierto que el presidente pueda realizar objeciones de conveniencia política a las leyes estatutarias. Ese tipo de facultad presidencial existe para todas las demás leyes, pero no para estas. Y no solo el presidente ve recortada sus facultades, sino que el Congreso no tiene ninguna opción de estudiar dichas objeciones porque la Constitución es clara al señalar que las leyes estatutarias solo pueden tramitarse en una sola legislatura. Si el Congreso acepta estudiar las objeciones presidenciales estaría viciando dichas actuaciones pues no tiene ninguna facultad para realizar modificaciones al contenido de la ley en una legislatura diferente.

En el caso que tiene el presidente en sus manos, la mejor opción sería firmar la ley estatutaria de la JEP y preparar un proyecto de modificaciones a los aspectos de dicha ley que le preocupan con el fin de que se discutan como una nueva pieza de legislación, paradójicamente, como se trata de una ley estatutaria el Congreso tendría que tramitar dicho proyecto de ley entre el final del mes de marzo y el 20 de junio cuando termina la legislatura.

Por estas razones lo que deberíamos empezar a discutir es si tiene sentido conservar las leyes estatutarias con su diseño actual dado que es evidente que con ellas se distorsiona el equilibrio de poderes al convertir a la Corte Constitucional en un colegislador, al limitar la posibilidad de que el Congreso pueda realizar un estudio juicioso de las que se consideran las leyes más importantes porque su tiempo de aprobación se limita a una legislatura, porque cercena la participación de los ciudadanos para demandar la ley y porque mutila el control del presidente sobre dicha legislación al omitir facultarlo para realizar objeciones de conveniencia política a dichas leyes.

Bogotá, D. C, 27 de febrero de 2019

Ex vice ministro del interior (*)

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José G Hernández

Por José G Hernández*.- El incidente de la imposición de multa a un ciudadano por la inofensiva y totalmente lícita conducta de comprar una empanada en la calle ha dado lugar a los apuntes humorísticos y a no poca burla, lo que se explica por el carácter irrazonable, desproporcionado y absurdo de la medida policial.

Miradas las cosas desde el punto de vista jurídico, debemos anotar que la norma invocada, perteneciente al Código Nacional de Policía, ha sido mal interpretada y mal aplicada. Es verdad que su redacción no es la más precisa, pero entenderla como la entendieron y aplicaron no tiene ningún fundamento.

Cuando se prevén sanciones para quien promueva la invasión del espacio público no se está hablando de quien compre algo en la calle, entre otras cosas porque a los transeúntes no les corresponde la función de verificar si el vendedor ambulante o estacionario tiene o no licencia, y por tanto, posición legítima, para tener su puesto en la calle. Comprar un dulce o una empanada, o lustrarse los zapatos, no equivale a promover la invasión del espacio público.

Ahora bien, los vendedores ambulantes y estacionarios -como lo ha dicho la Corte Constitucional desde 1992- son titulares del derecho fundamental al trabajo, y por tanto, si se los desplaza como forma de descongestión del espacio público, tienen derecho a ser reubicados, y ello corresponde a la autoridad municipal o distrital. Y en todo caso, según el principio constitucional de la buena fe y el postulado de la confianza legítima, si fueron previamente autorizados para comercializar sus productos en determinado sitio, esa autorización debe ser respetada.

Se dice que el incidente de la empanada tuvo origen en una sentencia judicial de tutela. No creemos que el juez haya ordenado sancionar a los compradores de empanadas. Y si asumió competencia, por tutela, para los efectos de protección de un derecho colectivo y difuso como el del espacio público, se equivocó, pues para tal efecto la indicada es la acción popular (art. 88 C.P.), no la de tutela (art. 86 C.P.).

En todo esto lo que hay es una indebida aplicación del Derecho. Y normas mal redactadas y peor interpretadas.

Buena parte de lo que ocurre proviene del ejercicio apresurado y un tanto irresponsable de quienes preparan los proyectos de ley -y hasta de reformas constitucionales- y de quienes, en el Congreso, votan con base en decisiones políticas, sin mirar ni discutir los contenidos; sin considerar la redacción de las normas y sin medir los efectos de las mismas.

Y otra buena parte proviene del no menos apresurado e irresponsable entendimiento de los preceptos por parte de los llamados a su aplicación.

Bogotá, D. C, 27 de febrero de 2019

*Expresidente de la Corte Constitucional

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Clara López Obregón

Por Clara López Obregón*.- La posible objeción por inconveniencia de la ley estatutaria de la JEP por parte del presidente de la república encierra un serio debate constitucional y podría convertirse, de concretarse, en un precedente peligroso para la institucionalidad democrática colombiana.

El debate trae a la memoria el tan mentado aforismo colonial según el cual “la ley se obedece, pero no se cumple.” Esta máxima fue muy socorrida por los encomenderos del Perú y la Nueva Granada para no aplicar las Leyes de Burgos de 1512 y las Nuevas de Indias de 1542 con las cuales el monarca español buscaba proteger a los indígenas americanos de los peores abusos denunciados, entre otros, por Fray Bartolomé de las Casas.

Pero lejos de representar un acto de rebeldía o desacato, ese postulado, como lo explica Alfonso López Michelsen, es el antecedente de la acción de inconstitucionalidad que se incorporó a la Constitución en la reforma de 1910, diez antes de que Hans Kelsen la propusiera en su famosa constitución para Austria. El “no se cumple” era una fórmula del derecho medieval castellano que autorizaba plantear ante el rey inconformidad con una Cédula Real que contenía una injusticia o incumplía algún fuero. En tales casos, la norma se acogía en obediencia al soberano, pero el destinatario quedaba habilitado para solicitar que se suspendiera su aplicación mientras se surtía el trámite de súplica y se impartía la decisión real, la cual tenía carácter definitivo e inapelable.

Han pasado seis siglos desde que esa fórmula, aplicada con anterioridad a la democracia, la república y la división de los poderes, sabiamente acertaba al permitir el cuestionamiento razonado de las órdenes y normas, pero también al consagrar el cierre de la discusión cuando la autoridad suprema investida entonces en el rey -hoy en la Corte Constitucional- definía la cuestión. Ahora, con motivo de la sanción presidencial de la ley estatutaria de la JEP, se está retrotrayendo la discusión sobre el órgano de cierre a etapas anteriores a la existencia del control de constitucionalidad de las leyes.

La ministra del Interior fue la primera en anunciar que el presidente Duque podría objetar la ley por inconveniencia ya que al tratarse de una ley especial tramitada bajo el mecanismo del fast track del acuerdo de paz del Colón, ya fue objeto de control de constitucionalidad automático. Después terció el fiscal general quien quiere hacer valer por la vía de la inconveniencia algunas tesis que la corte no encontró acordes con la Constitución. La polémica arrecia, pues no son pocas las voces cercanas al Gobierno que abogan por la objeción presidencial, fundada en la inconveniencia para el país, de aquello que la Corte Constitucional encontró apegado a derecho.

Y no es una polémica menor. El precedente puede ser funesto para la separación de poderes y para el imperio de la legalidad que tanto defiende en abstracto el presidente Duque pero que en concreto no está dispuesto a “obedecer” en contravía de lo que reza el aforismo castellano. Son varios los casos que se van acumulando: el desconocimiento de los protocolos para el regreso al país de los negociadores del ELN, los principios de Naciones Unidas de no intervención en los asuntos internos de otras naciones en el caso de Venezuela y ahora una posible objeción por inconveniencia de la ley de la JEP.

Cuando se contempla la eventualidad de la objeción de una ley estatutaria que cuenta con sentencia de constitucionalidad, lo que se estaría rechazando es la supremacía de la Constitución y la cosa juzgada constitucional. Por esa vía se le daría un golpe al Estado social y constitucional de derecho y el país se abocaría al espinoso camino del desconocimiento de la Constitución para satisfacer las conveniencias políticas del gobernante. El presidente todavía está a tiempo de evitar una crisis constitucional de impredecibles consecuencias. Presidente, no espere hasta el 12 de marzo para hacer lo constitucional. Sancione la ley estatuaria de la JEP ¡Ya!

Bogotá, D. C, 27 de febrero de 2019

*Precandidata a la Presidencia y Excandidata a la Vicepresidencia de Colombia. Exalcaldesa de Bogotá y Exministra de Trabajo.

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Victor G Ricardo

Por Victor G Ricardo*.- Me había abstenido de escribir mi columna sobre lo que viene sucediendo en nuestra política internacional. He sido Embajador ante el Reino Unido, Argentina, Sudáfrica y Embajador no residente ante las Naciones Unidas y sé lo delicado que son estos temas. Sin embargo, me ha sido imposible después de haber visto lo que ha ocurrido últimamente y las decisiones que se han venido tomando con motivo de la grave situación que están viviendo nuestros hermanos venezolanos no hacerlo.
El gobierno de Maduro ha demostrado al mundo las terribles consecuencias que puede sufrir un pueblo sujeto a una dictadura de una persona autoritaria que deja de lado los intereses de su pueblo y sobrepone el orgullo de su mandato, con la errónea convicción de que con sus decisiones está protegiendo a su país.
Son muchos los destinos a los que han llegado los venezolanos, escapando de las lamentables e inhumanas circunstancias en las que éstos tienen que vivir, en búsqueda de nuevas oportunidades. Particularmente en el caso de Colombia, donde en algunas regiones la asistencia que se presta a la población carece de los niveles mínimos necesarios, tanto en el ámbito de salud, educación, alimentación, vivienda, entre otros, la llegada de un mayor número de personas con necesidad de atención ha generado un mayor déficit social y un cierto conflicto entre la prevalencia de proteger a la población colombiana frente al apoyo que debemos brindar a aquellos provenientes del país vecino.
Pero esta situación ha traído consigo otro tipo de problemas. En algunas regiones se han presentado muestras de epidemias o enfermedades que ya se encontraban controladas y erradicadas. Además, ha incrementado la inseguridad en el país, con aún más grupos delictivos que se dedican a hurtar y robar en las calles de nuestras ciudades.
Por lo anterior, esta es una situación que tiene que ser atendida de manera inmediata y prioritaria.
El gobierno colombiano ha decidido tomar un liderazgo y protagonismo para lograr que en Venezuela caiga el actual gobierno y se convoquen a nuevas elecciones, trasparentes y democráticas, que permitan a los venezolanos elegir un gobierno que los rescate de la gran crisis en que los tiene el régimen actual.
Sin embargo, no podemos olvidar que el problema no es solo Maduro. Detrás de él están los mandos militares y las milicias bolivarianas que desde el gobierno del presidente Chávez se han instaurado en distintos barrios y regiones de Venezuela, organizados, apoyados y asesorados por otro gobierno. Tampoco debemos dejar de lado que detrás de toda esta situación está Rusia, China y Turquía que hicieron grandes inversiones, aportaron créditos y además compraron mercados de futuros en petróleo.
Por tanto, también hay que hacer un análisis geopolítico de los temas en juego que vinculan varios países. Todo lo anterior nos lleva a que tengamos mucha prudencia por ser, entre otras cosas, un país limítrofe y con grandes fronteras vivas. Colombia ha diseñado para el manejo de sus relaciones internacionales distintas instancias como son las de la Cancillería, unas comisiones especializadas en el Congreso y la Comisión de Relaciones Exteriores, compuesta por expresidentes, exministros de Relaciones Exteriores y expertos, que sería muy importante también escuchar.

Colombia no debe prestarse por ningún motivo para acciones militares y en cambio sí debe profundizar las diplomáticas, con el fin de lograr nuevas elecciones, siempre enmarcada en su acción en los organismos multilaterales.

Bogotá, D. C, 267 de febrero de 2019

*Excomisionado de Paz

 
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Guillermo García Realpe

Por Guillermo García Realpe*.- Llueven por estos días una serie de andanadas desde diversas orillas y algunos sectores políticos que quieren hacer trizas la Jurisdicción Especial de Paz, la columna vertebral del acuerdo final alcanzado entre el Gobierno del entonces Presidente Juan Manuel Santos y la ex FARC, que permitió firmar la Paz con la guerrilla más vieja del continente. 

Pero ahora, en Colombia, desde la propia bancada de Gobierno, trinos van y vienen exigiéndole al Presidente Iván Duque, que objete la Ley Estatutaria que reglamenta la JEP. Objetarla, sería un golpe mortal a la Paz y la bienvenida a nuevas formas de violencia, sobre todo en las regiones más apartadas donde se enquistó el conflicto con las FARC por más de cinco décadas. 

Quienes somos defensores de la Paz y la reconciliación nacional creemos que nuestro país debe seguirle apostando a la Paz, a lograr un entendimiento colectivo, donde los odios, sean superados por el perdón y donde se logre que las víctimas tengan derecho a verdad, justicia, reparación y sobre todo a garantías de no repetición, esa sería una Paz duradera y definitiva. 

Sin embargo a medida que crece la presión de quienes quieren hacer trizas la JEP y por ahí derecho la Paz, por otro lado también crece la presión de quienes anhelamos la esperanza de Colombia y una verdadera transformación social en nuestro país. 

Pero no solo hay múltiples voces en Colombia que aclamamos la firma de la Ley que reglamenta la JEP, el mundo también está expectante y así lo ha hecho saber el propio vice fiscal de la Corte Penal Internacional, James Steward, quien sostuvo que no reglamentar la Ley sería un “revés”. 

Desde el liberalismo, ya se ha dicho contundentemente al Gobierno que no cuente con nuestro Partido para acabar la Paz, por el contrario, estamos listos a apoyar todas las iniciativas encaminadas a fortalecer nuestros territorios social y económicamente, donde sus gentes vean con esperanza el futuro del país y donde renazca el optimismo para juntos avanzar. 

Es necesario entonces fortalecer y apoyar el frente común en defensa de la Paz, para exigirle a éste Gobierno que NO puede hacer trizas la Paz, que NO es hora de volver al pasado, que los colombianos ya no queremos más violencia, más muertes, más guerra, lo que queremos es visionar un país fortalecido institucionalmente, donde todos nos respetemos y convivamos de forma civilizada, donde cada quien aporte al engrandecimiento de su Nación desde el espacio donde se encuentre y donde los territorios, esos que hacen parte de la Colombia olvidada y profunda, de la otra Colombia puedan alcanzar su propio desarrollo y progreso, esas regiones tienen todo el potencial humano para hacerlo, pero se necesita inversión social y voluntad política para lograrlo. 

Hacer trizas la JEP y por ahí derecho La Paz, es un mal mensaje para nosotros como colombianos y también para el mundo, pues nadie entenderá que después de lograr la Paz, somos el único país que anhela volver a la guerra, solo para privilegiar a unas minorías poderosas que se lucran con la muerte de sus compatriotas y con el dolor de humildes familias connacionales. 

Presidente Duque, firme la Ley de la JEP. 

¡Sí a la Paz, NO a la guerra! 

Pasto 25 de febrero de 2019

*Senador Liberal

@GGarciaRealpe

 

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Amylkar D Acosta M

Por Amylkar D. Acosta M*.- Las autoridades de Medellín y Bogotá se han visto precisados este mes a decretar la alerta por los niveles críticos de contaminación del medioambiente, que ponen en riesgo la salud de sus moradores, disponiendo el pico y placa ambiental. Y no es para menos, pues la Resolución 2254 de 2017, que regula la calidad del aire, establece que cuando la concentración de material particulado 2.5 sobrepase los 55 microgramos por metro cuadrado (ug/M3) se debe decretar la alerta amarilla. Y ambas capitales, una vez más, se han pasado de la raya.

El Alcalde de Medellín Federico Gutiérrez dijo que los medidas que restringen el tránsito automotor se propone “evitar una contingencia en la calidad del aire que llegue a niveles críticos”. Por su parte el Alcalde Enrique Peñalosa adujo una contaminación “anormal” del medio ambiente, debido a la “concentración atípica de material particulado”. Esto está pasando de castaño a oscuro. Al fin y al cabo, Medellín y Bogotá son la 1ª y la 2ª más contaminadas del país, 9ª y 10ª de Latinoamérica. 

La contaminación del medioambiente en Colombia es grave y tiene sus consecuencias. Según reciente estudio publicado por el Instituto Nacional de Salud 17.549 personas mueren al año por factores de riesgo ambiental como el aire. Estamos hablando del 5% del total de defunciones en Colombia. Esto es una barbaridad, como lo son las escalofriantes cifras que arrojó para Medellín un estudio reciente del médico Elkin Martínez. Allí fallecen 3.000 personas en promedio cada año por enfermedades relacionadas con la polución ambienta. Dicho de otra manera, 8 personas mueren diariamente y 3 de ellas cada hora por esta causa.  Y ello ocurre en un país en el que la salud, según la Ley 1751 de 2015 es un derecho fundamental (¡!).                                                                                                                                                                        

Se sabe y se reconoce  que, por lo menos en Bogotá, el 57% del material particulado provienen de las fuentes móviles. No obstante, el Alcalde Peñalosa practica el acto de contrición tomando medidas como esta para mitigar la contaminación, pero no asume el propósito de enmienda, porque no de otra manera se puede interpretar la reciente licitación para renovar la flota de Transmilenio.

Y en el caso de Medellín, el propio Alcalde Gutiérrez da cuenta de que el 80% del smog  que nubla al valle de Aburrá se origina  en la combustión de los motores. Por esta razón demandó de ECOPETROL una mejor calidad del combustible y lo ha logrado. En efecto, ECOPETROL, viene de hacer un gran esfuerzo para mejorar la calidad de los combustibles que refina, suministrándole diesel hasta de 15 ppm. Esta medida era necesaria pero no suficiente.

De no haber sido por la mezcla de los biocombustibles, 10% de etanol con la gasolina y 10% de aceite con el diesel, la emergencia ambiental en estas dos capitales y en las demás sería más dramática, pues gracias a la misma al oxigenar el combustible se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero y de material particulado que envenenan la atmósfera. Gracias a los biocombustibles se están reduciendo 2.5 millones de toneladas anuales de GEI, valiosa contribución esta para el cumplimiento del compromiso de Colombia con los Objetivos del Desarrollo Sostenible de reducir sus emisiones en un 20% hacia el 2030. Por ello no se entiende la reticencia del Gobierno Nacional para aumentar el porcentaje de la mezcla sabiendo que si lo hace se reducen en la misma proporción tales emisiones.

No obstante, se cuestionan medidas como estas con falacias que no consultan para nada la realidad. Se compara, por ejemplo el precio del etanol y el aceite, que hay que cultivarlo, cosecharlo y procesarlo, con el precio de la gasolina y el diesel, que son derivados del petróleo, que sólo hay que extraerlo, para concluir que es demasiado alto su precio relativo, sin considerar además el beneficio que reporta al fisco al reducir las emisiones y, en consecuencia, el costoso número de enfermos y defunciones por cuenta de la contaminación ambiental.

Se compara, también, el precio interno del etanol y el aceite con un supuesto precio “internacional” que no existe. Es más, si se compara, en gracia de discusión el precio interno con el precio del etanol importado desde EEUU, que ha venido invadiendo el mercado nacional, se pasa por alto el hecho de que este último es objeto de 31 subsidios, valorados en US $6.409 millones. Dichos subsidios entre 2010 y 2015 se cifraron en US $50.000 millones (¡!). Y, como si lo anterior fuera poco, se ha podido establecer que el precio de exportación de etanol producido en EEUU se subvalora entre un 20% y el 31%. Hemos estado expuestos, entonces, a prácticas de dumpìng por parte de los productores de etanol de EEUU, perjudicando la producción nacional del mismo.   

Bien dijo Einstein, que tenía por qué saberlo, que “el mundo no será destruido por los que hacen el mal sino por aquellos que lo miran sin hacer nada” y, lo que es peor, añadiríamos nosotros, será destruido también por aquellos que no hacen ni dejan hacer, o, mejor dicho, ni rajan ni prestan el hacha! 

Bogotá, febrero, 24 de 2019

*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net

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Mauricio Cabrera Galvis

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- “Si el hombre está vivo, el agua es la vida (...) Cuídala como cuida ella de ti”, cantaba Serrat para decir en estos versos una verdad fundamental: sin agua no hay vida. Por eso uno de los aspectos centrales que debe dilucidarse en el debate sobre el desarrollo de yacimientos no convencionales de hidrocarburos con la técnica del fracturamiento hidráulico (Fracking) es su impacto sobre el agua, en particular sobre los acuíferos para consumo humano en las áreas donde se realice.

Un principio esencial que debería imperar en toda sociedad es que, a pesar de los eventuales beneficios económicos que genere, ninguna actividad productiva –sea Fracking, ganadería, agricultura, industria o minería- debe desarrollarse si su impacto sobre el agua y los riesgos que conlleva no son controlables.

Sin embargo, una premisa indiscutible para aplicar este principio es reconocer que toda actividad productiva tiene impactos ambientales y conlleva riesgos. El debate debe ser sobre la magnitud de esos riesgos y la posibilidad de controlarlos.

Por esa razón es muy acertada la recomendación que le hizo al Gobierno la comisión de expertos independientes que analizó la posibilidad de hacer Fracking en Colombia: como no hay información suficiente sobre los riesgos de esta actividad en el país hay que adelantar Proyectos Pilotos Investigativos (PPI) que los determinen y demuestren si se cuenta con la capacidad institucional, técnica y operativa para “manejar niveles de riesgo satisfactorio para las comunidades”

Una tarea adicional que se debe realizar es disipar la cantidad de mitos y fake news que circulan en las redes sociales alrededor del Fracking. Por ejemplo, muchos dan por verdad demostrada que la perforación de pozos con esta técnica va a usar enormes cantidades de agua, y la que no use la va a contaminar.

La realidad es otra. Colombia tiene hoy unos 15.000 pozos petroleros activos y según el Estudio Nacional de Aguas del Ideam, toda la industria petrolera solo usa el 1,6% (no es un error de mecanografía, es menos del 2%) de agua que se consume en el país. Contrasta con el 46,6% que usa la agricultura, el 8,5% de la ganadería o el 8,2% que va para el consumo humano.

Cali, 24 de febrero de 2019

*Folósofo, Economista y Consultor.

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Juan Camilo Restrepo Salazar

Por Juan Camilo Restrepo Salazar*.- El proyecto de ley sobre el Plan de Desarrollo ha puesto sobre la mesa una interesante discusión: ¿Debe haber en Colombia una autoridad presupuestal única (el Ministerio de Hacienda), o debe continuarse con la distribución actual, según la cual todo lo atinente a inversión lo prepara el Departamento Nacional de Planeación y el resto de asuntos como gastos de funcionamiento y servicio de la deuda es responsabilidad de Hacienda?

Hay que comenzar por decir que entre nosotros tenemos un sistema peculiar, es decir, dos autoridades encargadas de preparar áreas diferentes del presupuesto nacional. En la mayoría de los países no sucede así. Todo lo atinente a la programación presupuestal está centralizado en una sola entidad.

Pero dicho lo anterior es necesario agregar que no es en los Ministerios de Hacienda donde usualmente se centraliza la programación presupuestal. Por ejemplo, en Estados Unidos existe la oficina del presupuesto (distinta del tesoro que sería el equivalente al Ministerio de Hacienda, y adscrita a la Casa Blanca) donde se centraliza todo lo presupuestal. En otros países existen Ministerios especializados diferentes del de Hacienda, como es el caso de Francia y de Inglaterra, donde se unifica el manejo presupuestal. De manera que lo primero que habría que decir es que si resolviéramos eliminar la bifurcación que actualmente existe, ello no significaría necesariamente que haya que centralizar todo en Hacienda.

Es conveniente recordar también que si bien actualmente Planeación prepara el componente de inversión de presupuesto nacional, y Hacienda lo referente a gastos de funcionamiento y a servicio de la deuda, es el Conpes, con la presencia del Presidente de la República y los demás Ministros el que en una reunión anual refunde lo que han preparado Planeación y Hacienda, unifica los tres componentes del presupuesto y establece los balances macroeconómicos del presupuesto nacional, de tal manera que éste llega unificado en un solo documento a consideración de las cámaras en los primeros 10 días de cada legislatura como ordena la Constitución.

Personalmente pienso que este es un debate en cierta manera superfluo. Y que no se ganaría gran cosa, o mejor nada, quitándole a Planeación la preparación del gasto de inversión. En primer lugar, porque el Ministerio de Hacienda no cuenta con el aparataje técnico ni con la tradición en cuanto a la evaluación de proyectos de inversión que sí tiene Planeación Nacional. Y en segundo lugar, porque dejarle al Ministerio de Hacienda la definición de cuales proyectos de inversión van en el presupuesto y cuales no es el equivalente a abrir una peligrosa compuerta de clientelismo. Recuérdese que fue precisamente en los pasillos del Ministerio de Hacienda donde en los últimos años se gestó el repudiable sistema de los cupos indicativos.

Si de mejorar la calidad de la inversión pública es de lo que se trata, habría que comenzar por denunciar en voz alta, cosa que aún no ha hecho el gobierno, el esperpento de la reforma política que sigue andando en el Congreso por virtud de la cual se le entrega a los congresistas la facultad de disponer del 20% de la inversión pública. Una supermermelada, iniciativa sobre la cual el gobierno hasta la fecha ha pasado de agache.

Se aduce también que la unificación de la autoridad presupuestal facilitaría avanzar hacia la práctica de la presupuestación por programas. Pero para lograr este loable propósito no se necesita desplumar a Planeación Nacional de su función actual de preparar el presupuesto de inversión. Sino mas bien que ella cumpla con ahínco la tarea que le encomienda la Constitución Nacional de ser la evaluadora permanente de la calidad del gasto público.

En síntesis: bastantes problemas tenemos en Colombia como para que ahora le agreguemos la puja entre Hacienda y Planeación a ver quién se queda, o quien conserva, la función de preparar el componente de inversión del presupuesto nacional.

Bogotá, D. C, 24 de febrero de 2019

*Abogado y Economista. Exministro de Estado.

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Monseñor Ricardo Tobón Restrepo

Por: Mons. Ricardo Tobón Restrepo - Ha sido noticia en estos días el encuentro del Papa Francisco con los Presidentes de las Conferencias Episcopales de todo el mundo para afrontar el tema de los abusos a menores. Decía, en efecto, el Papa “la carga de la responsabilidad pastoral y eclesial nos pesa, obligándonos a discutir juntos, de manera sinodal, sincera y profunda sobre cómo enfrentar este mal que aflige a la Iglesia y a la humanidad”. Esta reunión no es el punto inicial sino un paso más en un camino doloroso de prevenir y combatir este drama mundial de los abusos a menores, que la Iglesia viene recorriendo desde hace varios años. El encuentro apunta a que siendo un problema global tenga también una respuesta global.

Enfrentar seriamente este problema es muy complejo, pues exige actuar en múltiples campos: la formación de los candidatos al sacerdocio, la recta y eficaz aplicación de las disposiciones legislativas ya dadas por el Magisterio para las denuncias, investigaciones y procedimientos frente a este crimen de acuerdo también con las disposiciones dadas en cada país, la cuidadosa atención a las víctimas, la colaboración con diversas entidades para la prevención y corrección con decisión y justicia de los delitos, la adecuada pastoral sacerdotal, el permanente acompañamiento de la comunidad cristiana.

Si se quiere superar radicalmente este mal es preciso entrar en un espíritu de purificación y conversión. Hemos aceptado un contexto de materialismo, hedonismo y relativismo que borra los criterios y normas del comportamiento moral, que anula la dimensión trascendente de la vida y que impide una auténtica espiritualidad. Hemos perdido la fe; hemos pecado mucho. Por tanto, necesitamos una conversión profunda que vaya a las raíces; no basta con poner controles jurídicos. Nos tenemos que comprometer a asumir la transformación total que ofrece el Evangelio y que lleva a la madurez humana y a la santidad que brillan en Cristo.

Es necesario de otra parte, como ha señalado el Papa, transformar este mal en una oportunidad para la limpieza y acrisolamiento de la Iglesia. Nos encontramos en un momento de transición. Es verdad que toda transformación entraña aspectos inquietantes, pero esta evolución marcará la llegada de una nueva era y esto nos debe llenar de esperanza. Para ello, debemos comenzar por sanar las graves heridas que ha dejado el escándalo de la pedofilia tanto en los menores como en los creyentes. Urge en todos los católicos una sólida formación humana, una fe a toda prueba, un recio camino espiritual y una inquebrantable decisión de comunión eclesial.

La Iglesia debe fortalecer su credibilidad. Si quiere cumplir su misión de presentarse como maestra para guiar la vida moral y la formación espiritual de la sociedad, no puede empañar su autoridad con las incoherencias y los testimonios perversos de las personas que en su interior cometen estos crímenes gravísimos, que avergüenzan a toda la comunidad, que llevan a los sacerdotes inocentes a cargar el peso de esta plaga y que entorpecen su tarea apostólica. Esto está haciendo realmente mucho daño. Debemos lograr que la comunidad se sienta segura y que las niñas, los niños y los jóvenes puedan participar con confianza en la vida de la Iglesia.

Estos propósitos requieren entre nosotros una verdadera solidaridad. Como ha subrayado el Papa Francisco, siguiendo a san Pablo, somos un solo cuerpo, por eso todos somos responsables. Precisamente, la convocatoria de todos los Presidentes de las Conferencias Episcopales, representantes de todas las comunidades eclesiales de cada país, significa que se trata de un problema global de la Iglesia y que debe afrontarlo todo el pueblo de Dios. Es una movilización de toda la Iglesia para que reaccione solidariamente. Toda la Iglesia junta debe escuchar, afrontar y encontrar los mejores caminos en este momento. Oremos mucho y comprometámonos decididamente con humildad y esperanza.

Bogotá, D. C, 3 de marzo de 2019

*+Arzobispo de Medellín

Fuente Conferencia Episcopal Colombiana.

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Gabriel Ortiz

Por Gabriel Ortíz.- Se apagaron los parlantes, se silenciaron las guitarras, trompetas, clarines y timbales, Juanes, Bosé y demás tomaron sus aviones. El F23 pasó como una ráfaga que supuestamente abriría una ventana de alivio a la opresión en Venezuela.

El F25, llegó con un amanecer dominado por el odio, la inquina, la aversión y enemistad de dos países que olvidaron las penurias que enfrentaron unos patriotas comandados por Bolívar, el Libertador.

¿De dónde habrá salido tanta rabia, ojeriza y tirria entre dos naciones que se decían “hermanas”? Cada una tenía derecho a escoger su propio destino. Cada cual consideraba que iba hacia la democracia. Colombia manejando una guerra de sesenta años que no quería abandonar, Venezuela aplicando un socialismo Siglo XXI con todas sus consecuencias. Dos modelos catastróficos cabalgando sobre la guerra que dirigentes y buena parte de la población escogieron. Así, mientras tolerábamos a los nuestros la saña y la furia a un proceso de paz, transigimos con las cáusticas críticas a Maduro por sus funestas prácticas dictatoriales, tiránicas y abusivas.

Venezuela sirvió al “eterno” y a sus muchachos para sembrar el miedo a los electores en los últimos comicios. Lo peor del planeta era el castrochavismo y si se votaba por alguien diferente, nos convertiríamos en una Venezuela…  y aunque ganaron para allá vamos, si no se aplacan la bilis y el rencor que hoy nos invade.  

La guerra en que nos están montando no se aplaca con amenazas, ni con el Grupo de Lima intimidando, o los Estados Unidos advirtiendo que es el hermano mayor, que nos salvará a la salida del colegio, si el agresivo nos ataca.

La gresca, el jaleo y el alboroto continúan en la frontera, igual que ocurre con la Ley Estatutaria de la Jep, el renacer de los paras con los cooperantes, el rearme de la población y el asesinato de líderes sociales.

El Presidente Duque, cuya popularidad debe haberse encumbrado con su liderazgo en esta contienda puede, ¡pero él solo!, cambiar el rumbo de las cosas. En sus manos está la autoridad para frenar la infamia de conducirnos a una guerra que puede agotarnos, arruinarnos, destruirnos y diezmar nuestra población.

Es el único que puede lograrlo: tiene juventud, inteligencia, talento y autoridad, para regresar las aguas y evitar que la sangre ruede a lo largo de más de 2.000 kilómetros de nuestra permeable frontera. Gran parte de la Comisión de Relaciones Exteriores, lo acompañará y le aportará luces para que la comunidad internacional, logre encontrar el diálogo que localice el camino que afanosamente  busca un Maduro herido para alcanzar la razón y el juicio, que inclusive lo aleje de sus ataques a la Prensa, como ocurrió con el colega Ramos de Univisión.

¡Estamos a tiempo! Duque sin Uribe, puede lograr lo que esperamos de un presidente que es de todos los colombianos. ¡El concierto terminó!

BLANCO: El crecimiento de Ecopetrol. Que no lo sepa el vendedor Carrasquilla.

NEGRO: La mala hora de los periodistas. Despidos a granel y cierre de medios.

Bogotá, D. C, 2 1 de marzo de 2019

*Exdirector del Noticiero Nacional y de Notisuper.

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Juan Fernando Londoño

Por Juan Fernando Londoño.- El debate sobre las posibles objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP se ha centrado mucho en los efectos que ello tiene sobre la JEP, pero existe un punto igual o incluso más relevante y es el desbarajuste que las leyes estatutarias están generando sobre el equilibrio de poderes en Colombia.

Con las leyes estatutarias se ha convertido a la Corte Constitucional en un colegislador y se ha eliminado la posibilidad de objeciones presidenciales por razones de conveniencia, lo cual socava el equilibrio entre las tres ramas del poder que sirve de fundamento a la democracia.

En nuestro ordenamiento, este tipo de leyes deben ser tramitadas en una sola legislatura en el Congreso de la República, luego de lo cual deben ser enviadas para su revisión a la Corte Constitucional. Mientras que el Congreso debe tramitar el proyecto en una sola legislatura, la corte ha tardado hasta dos años en sus decisiones, como sucedió con la Ley 1757 de participación ciudadana, para poner solo un ejemplo. Es curioso que al órgano popular se le exija una aprobación rápida de las que se consideran las leyes más importantes, mientras que la corte, en secreto, puede demorar sus fallos a conveniencia.

Adicionalmente, la Corte Constitucional puede acudir a cualquier argucia argumentativa con el propósito, no solo de señalar la inconstitucionalidad de una ley, sino de crear legislación mediante interpretaciones que no pocas veces trastocan voluntad popular representada por el Congreso. Pero no solo se socava al Congreso como órgano representativo sino también a la ciudadanía como constituyente primario porque las revisiones de la corte cercenan la posibilidad de que los ciudadanos demanden las normas contenidas en las leyes estatutarias, restringiendo así el constitucionalismo popular que ha enriquecido nuestra democracia, pues una vez son analizadas las normas por el tribunal constitucional no caben contra ella ningún tipo de demandas.

Las revisiones de constitucionalidad de la Corte Constitucional también mutilan el poder presidencial porque no es cierto que el presidente pueda realizar objeciones de conveniencia política a las leyes estatutarias. Ese tipo de facultad presidencial existe para todas las demás leyes, pero no para estas. Y no solo el presidente ve recortada sus facultades, sino que el Congreso no tiene ninguna opción de estudiar dichas objeciones porque la Constitución es clara al señalar que las leyes estatutarias solo pueden tramitarse en una sola legislatura. Si el Congreso acepta estudiar las objeciones presidenciales estaría viciando dichas actuaciones pues no tiene ninguna facultad para realizar modificaciones al contenido de la ley en una legislatura diferente.

En el caso que tiene el presidente en sus manos, la mejor opción sería firmar la ley estatutaria de la JEP y preparar un proyecto de modificaciones a los aspectos de dicha ley que le preocupan con el fin de que se discutan como una nueva pieza de legislación, paradójicamente, como se trata de una ley estatutaria el Congreso tendría que tramitar dicho proyecto de ley entre el final del mes de marzo y el 20 de junio cuando termina la legislatura.

Por estas razones lo que deberíamos empezar a discutir es si tiene sentido conservar las leyes estatutarias con su diseño actual dado que es evidente que con ellas se distorsiona el equilibrio de poderes al convertir a la Corte Constitucional en un colegislador, al limitar la posibilidad de que el Congreso pueda realizar un estudio juicioso de las que se consideran las leyes más importantes porque su tiempo de aprobación se limita a una legislatura, porque cercena la participación de los ciudadanos para demandar la ley y porque mutila el control del presidente sobre dicha legislación al omitir facultarlo para realizar objeciones de conveniencia política a dichas leyes.

Bogotá, D. C, 27 de febrero de 2019

Ex vice ministro del interior (*)

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José G Hernández

Por José G Hernández*.- El incidente de la imposición de multa a un ciudadano por la inofensiva y totalmente lícita conducta de comprar una empanada en la calle ha dado lugar a los apuntes humorísticos y a no poca burla, lo que se explica por el carácter irrazonable, desproporcionado y absurdo de la medida policial.

Miradas las cosas desde el punto de vista jurídico, debemos anotar que la norma invocada, perteneciente al Código Nacional de Policía, ha sido mal interpretada y mal aplicada. Es verdad que su redacción no es la más precisa, pero entenderla como la entendieron y aplicaron no tiene ningún fundamento.

Cuando se prevén sanciones para quien promueva la invasión del espacio público no se está hablando de quien compre algo en la calle, entre otras cosas porque a los transeúntes no les corresponde la función de verificar si el vendedor ambulante o estacionario tiene o no licencia, y por tanto, posición legítima, para tener su puesto en la calle. Comprar un dulce o una empanada, o lustrarse los zapatos, no equivale a promover la invasión del espacio público.

Ahora bien, los vendedores ambulantes y estacionarios -como lo ha dicho la Corte Constitucional desde 1992- son titulares del derecho fundamental al trabajo, y por tanto, si se los desplaza como forma de descongestión del espacio público, tienen derecho a ser reubicados, y ello corresponde a la autoridad municipal o distrital. Y en todo caso, según el principio constitucional de la buena fe y el postulado de la confianza legítima, si fueron previamente autorizados para comercializar sus productos en determinado sitio, esa autorización debe ser respetada.

Se dice que el incidente de la empanada tuvo origen en una sentencia judicial de tutela. No creemos que el juez haya ordenado sancionar a los compradores de empanadas. Y si asumió competencia, por tutela, para los efectos de protección de un derecho colectivo y difuso como el del espacio público, se equivocó, pues para tal efecto la indicada es la acción popular (art. 88 C.P.), no la de tutela (art. 86 C.P.).

En todo esto lo que hay es una indebida aplicación del Derecho. Y normas mal redactadas y peor interpretadas.

Buena parte de lo que ocurre proviene del ejercicio apresurado y un tanto irresponsable de quienes preparan los proyectos de ley -y hasta de reformas constitucionales- y de quienes, en el Congreso, votan con base en decisiones políticas, sin mirar ni discutir los contenidos; sin considerar la redacción de las normas y sin medir los efectos de las mismas.

Y otra buena parte proviene del no menos apresurado e irresponsable entendimiento de los preceptos por parte de los llamados a su aplicación.

Bogotá, D. C, 27 de febrero de 2019

*Expresidente de la Corte Constitucional

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Clara López Obregón

Por Clara López Obregón*.- La posible objeción por inconveniencia de la ley estatutaria de la JEP por parte del presidente de la república encierra un serio debate constitucional y podría convertirse, de concretarse, en un precedente peligroso para la institucionalidad democrática colombiana.

El debate trae a la memoria el tan mentado aforismo colonial según el cual “la ley se obedece, pero no se cumple.” Esta máxima fue muy socorrida por los encomenderos del Perú y la Nueva Granada para no aplicar las Leyes de Burgos de 1512 y las Nuevas de Indias de 1542 con las cuales el monarca español buscaba proteger a los indígenas americanos de los peores abusos denunciados, entre otros, por Fray Bartolomé de las Casas.

Pero lejos de representar un acto de rebeldía o desacato, ese postulado, como lo explica Alfonso López Michelsen, es el antecedente de la acción de inconstitucionalidad que se incorporó a la Constitución en la reforma de 1910, diez antes de que Hans Kelsen la propusiera en su famosa constitución para Austria. El “no se cumple” era una fórmula del derecho medieval castellano que autorizaba plantear ante el rey inconformidad con una Cédula Real que contenía una injusticia o incumplía algún fuero. En tales casos, la norma se acogía en obediencia al soberano, pero el destinatario quedaba habilitado para solicitar que se suspendiera su aplicación mientras se surtía el trámite de súplica y se impartía la decisión real, la cual tenía carácter definitivo e inapelable.

Han pasado seis siglos desde que esa fórmula, aplicada con anterioridad a la democracia, la república y la división de los poderes, sabiamente acertaba al permitir el cuestionamiento razonado de las órdenes y normas, pero también al consagrar el cierre de la discusión cuando la autoridad suprema investida entonces en el rey -hoy en la Corte Constitucional- definía la cuestión. Ahora, con motivo de la sanción presidencial de la ley estatutaria de la JEP, se está retrotrayendo la discusión sobre el órgano de cierre a etapas anteriores a la existencia del control de constitucionalidad de las leyes.

La ministra del Interior fue la primera en anunciar que el presidente Duque podría objetar la ley por inconveniencia ya que al tratarse de una ley especial tramitada bajo el mecanismo del fast track del acuerdo de paz del Colón, ya fue objeto de control de constitucionalidad automático. Después terció el fiscal general quien quiere hacer valer por la vía de la inconveniencia algunas tesis que la corte no encontró acordes con la Constitución. La polémica arrecia, pues no son pocas las voces cercanas al Gobierno que abogan por la objeción presidencial, fundada en la inconveniencia para el país, de aquello que la Corte Constitucional encontró apegado a derecho.

Y no es una polémica menor. El precedente puede ser funesto para la separación de poderes y para el imperio de la legalidad que tanto defiende en abstracto el presidente Duque pero que en concreto no está dispuesto a “obedecer” en contravía de lo que reza el aforismo castellano. Son varios los casos que se van acumulando: el desconocimiento de los protocolos para el regreso al país de los negociadores del ELN, los principios de Naciones Unidas de no intervención en los asuntos internos de otras naciones en el caso de Venezuela y ahora una posible objeción por inconveniencia de la ley de la JEP.

Cuando se contempla la eventualidad de la objeción de una ley estatutaria que cuenta con sentencia de constitucionalidad, lo que se estaría rechazando es la supremacía de la Constitución y la cosa juzgada constitucional. Por esa vía se le daría un golpe al Estado social y constitucional de derecho y el país se abocaría al espinoso camino del desconocimiento de la Constitución para satisfacer las conveniencias políticas del gobernante. El presidente todavía está a tiempo de evitar una crisis constitucional de impredecibles consecuencias. Presidente, no espere hasta el 12 de marzo para hacer lo constitucional. Sancione la ley estatuaria de la JEP ¡Ya!

Bogotá, D. C, 27 de febrero de 2019

*Precandidata a la Presidencia y Excandidata a la Vicepresidencia de Colombia. Exalcaldesa de Bogotá y Exministra de Trabajo.

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Victor G Ricardo

Por Victor G Ricardo*.- Me había abstenido de escribir mi columna sobre lo que viene sucediendo en nuestra política internacional. He sido Embajador ante el Reino Unido, Argentina, Sudáfrica y Embajador no residente ante las Naciones Unidas y sé lo delicado que son estos temas. Sin embargo, me ha sido imposible después de haber visto lo que ha ocurrido últimamente y las decisiones que se han venido tomando con motivo de la grave situación que están viviendo nuestros hermanos venezolanos no hacerlo.
El gobierno de Maduro ha demostrado al mundo las terribles consecuencias que puede sufrir un pueblo sujeto a una dictadura de una persona autoritaria que deja de lado los intereses de su pueblo y sobrepone el orgullo de su mandato, con la errónea convicción de que con sus decisiones está protegiendo a su país.
Son muchos los destinos a los que han llegado los venezolanos, escapando de las lamentables e inhumanas circunstancias en las que éstos tienen que vivir, en búsqueda de nuevas oportunidades. Particularmente en el caso de Colombia, donde en algunas regiones la asistencia que se presta a la población carece de los niveles mínimos necesarios, tanto en el ámbito de salud, educación, alimentación, vivienda, entre otros, la llegada de un mayor número de personas con necesidad de atención ha generado un mayor déficit social y un cierto conflicto entre la prevalencia de proteger a la población colombiana frente al apoyo que debemos brindar a aquellos provenientes del país vecino.
Pero esta situación ha traído consigo otro tipo de problemas. En algunas regiones se han presentado muestras de epidemias o enfermedades que ya se encontraban controladas y erradicadas. Además, ha incrementado la inseguridad en el país, con aún más grupos delictivos que se dedican a hurtar y robar en las calles de nuestras ciudades.
Por lo anterior, esta es una situación que tiene que ser atendida de manera inmediata y prioritaria.
El gobierno colombiano ha decidido tomar un liderazgo y protagonismo para lograr que en Venezuela caiga el actual gobierno y se convoquen a nuevas elecciones, trasparentes y democráticas, que permitan a los venezolanos elegir un gobierno que los rescate de la gran crisis en que los tiene el régimen actual.
Sin embargo, no podemos olvidar que el problema no es solo Maduro. Detrás de él están los mandos militares y las milicias bolivarianas que desde el gobierno del presidente Chávez se han instaurado en distintos barrios y regiones de Venezuela, organizados, apoyados y asesorados por otro gobierno. Tampoco debemos dejar de lado que detrás de toda esta situación está Rusia, China y Turquía que hicieron grandes inversiones, aportaron créditos y además compraron mercados de futuros en petróleo.
Por tanto, también hay que hacer un análisis geopolítico de los temas en juego que vinculan varios países. Todo lo anterior nos lleva a que tengamos mucha prudencia por ser, entre otras cosas, un país limítrofe y con grandes fronteras vivas. Colombia ha diseñado para el manejo de sus relaciones internacionales distintas instancias como son las de la Cancillería, unas comisiones especializadas en el Congreso y la Comisión de Relaciones Exteriores, compuesta por expresidentes, exministros de Relaciones Exteriores y expertos, que sería muy importante también escuchar.

Colombia no debe prestarse por ningún motivo para acciones militares y en cambio sí debe profundizar las diplomáticas, con el fin de lograr nuevas elecciones, siempre enmarcada en su acción en los organismos multilaterales.

Bogotá, D. C, 267 de febrero de 2019

*Excomisionado de Paz

 
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Guillermo García Realpe

Por Guillermo García Realpe*.- Llueven por estos días una serie de andanadas desde diversas orillas y algunos sectores políticos que quieren hacer trizas la Jurisdicción Especial de Paz, la columna vertebral del acuerdo final alcanzado entre el Gobierno del entonces Presidente Juan Manuel Santos y la ex FARC, que permitió firmar la Paz con la guerrilla más vieja del continente. 

Pero ahora, en Colombia, desde la propia bancada de Gobierno, trinos van y vienen exigiéndole al Presidente Iván Duque, que objete la Ley Estatutaria que reglamenta la JEP. Objetarla, sería un golpe mortal a la Paz y la bienvenida a nuevas formas de violencia, sobre todo en las regiones más apartadas donde se enquistó el conflicto con las FARC por más de cinco décadas. 

Quienes somos defensores de la Paz y la reconciliación nacional creemos que nuestro país debe seguirle apostando a la Paz, a lograr un entendimiento colectivo, donde los odios, sean superados por el perdón y donde se logre que las víctimas tengan derecho a verdad, justicia, reparación y sobre todo a garantías de no repetición, esa sería una Paz duradera y definitiva. 

Sin embargo a medida que crece la presión de quienes quieren hacer trizas la JEP y por ahí derecho la Paz, por otro lado también crece la presión de quienes anhelamos la esperanza de Colombia y una verdadera transformación social en nuestro país. 

Pero no solo hay múltiples voces en Colombia que aclamamos la firma de la Ley que reglamenta la JEP, el mundo también está expectante y así lo ha hecho saber el propio vice fiscal de la Corte Penal Internacional, James Steward, quien sostuvo que no reglamentar la Ley sería un “revés”. 

Desde el liberalismo, ya se ha dicho contundentemente al Gobierno que no cuente con nuestro Partido para acabar la Paz, por el contrario, estamos listos a apoyar todas las iniciativas encaminadas a fortalecer nuestros territorios social y económicamente, donde sus gentes vean con esperanza el futuro del país y donde renazca el optimismo para juntos avanzar. 

Es necesario entonces fortalecer y apoyar el frente común en defensa de la Paz, para exigirle a éste Gobierno que NO puede hacer trizas la Paz, que NO es hora de volver al pasado, que los colombianos ya no queremos más violencia, más muertes, más guerra, lo que queremos es visionar un país fortalecido institucionalmente, donde todos nos respetemos y convivamos de forma civilizada, donde cada quien aporte al engrandecimiento de su Nación desde el espacio donde se encuentre y donde los territorios, esos que hacen parte de la Colombia olvidada y profunda, de la otra Colombia puedan alcanzar su propio desarrollo y progreso, esas regiones tienen todo el potencial humano para hacerlo, pero se necesita inversión social y voluntad política para lograrlo. 

Hacer trizas la JEP y por ahí derecho La Paz, es un mal mensaje para nosotros como colombianos y también para el mundo, pues nadie entenderá que después de lograr la Paz, somos el único país que anhela volver a la guerra, solo para privilegiar a unas minorías poderosas que se lucran con la muerte de sus compatriotas y con el dolor de humildes familias connacionales. 

Presidente Duque, firme la Ley de la JEP. 

¡Sí a la Paz, NO a la guerra! 

Pasto 25 de febrero de 2019

*Senador Liberal

@GGarciaRealpe

 

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Amylkar D Acosta M

Por Amylkar D. Acosta M*.- Las autoridades de Medellín y Bogotá se han visto precisados este mes a decretar la alerta por los niveles críticos de contaminación del medioambiente, que ponen en riesgo la salud de sus moradores, disponiendo el pico y placa ambiental. Y no es para menos, pues la Resolución 2254 de 2017, que regula la calidad del aire, establece que cuando la concentración de material particulado 2.5 sobrepase los 55 microgramos por metro cuadrado (ug/M3) se debe decretar la alerta amarilla. Y ambas capitales, una vez más, se han pasado de la raya.

El Alcalde de Medellín Federico Gutiérrez dijo que los medidas que restringen el tránsito automotor se propone “evitar una contingencia en la calidad del aire que llegue a niveles críticos”. Por su parte el Alcalde Enrique Peñalosa adujo una contaminación “anormal” del medio ambiente, debido a la “concentración atípica de material particulado”. Esto está pasando de castaño a oscuro. Al fin y al cabo, Medellín y Bogotá son la 1ª y la 2ª más contaminadas del país, 9ª y 10ª de Latinoamérica. 

La contaminación del medioambiente en Colombia es grave y tiene sus consecuencias. Según reciente estudio publicado por el Instituto Nacional de Salud 17.549 personas mueren al año por factores de riesgo ambiental como el aire. Estamos hablando del 5% del total de defunciones en Colombia. Esto es una barbaridad, como lo son las escalofriantes cifras que arrojó para Medellín un estudio reciente del médico Elkin Martínez. Allí fallecen 3.000 personas en promedio cada año por enfermedades relacionadas con la polución ambienta. Dicho de otra manera, 8 personas mueren diariamente y 3 de ellas cada hora por esta causa.  Y ello ocurre en un país en el que la salud, según la Ley 1751 de 2015 es un derecho fundamental (¡!).                                                                                                                                                                        

Se sabe y se reconoce  que, por lo menos en Bogotá, el 57% del material particulado provienen de las fuentes móviles. No obstante, el Alcalde Peñalosa practica el acto de contrición tomando medidas como esta para mitigar la contaminación, pero no asume el propósito de enmienda, porque no de otra manera se puede interpretar la reciente licitación para renovar la flota de Transmilenio.

Y en el caso de Medellín, el propio Alcalde Gutiérrez da cuenta de que el 80% del smog  que nubla al valle de Aburrá se origina  en la combustión de los motores. Por esta razón demandó de ECOPETROL una mejor calidad del combustible y lo ha logrado. En efecto, ECOPETROL, viene de hacer un gran esfuerzo para mejorar la calidad de los combustibles que refina, suministrándole diesel hasta de 15 ppm. Esta medida era necesaria pero no suficiente.

De no haber sido por la mezcla de los biocombustibles, 10% de etanol con la gasolina y 10% de aceite con el diesel, la emergencia ambiental en estas dos capitales y en las demás sería más dramática, pues gracias a la misma al oxigenar el combustible se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero y de material particulado que envenenan la atmósfera. Gracias a los biocombustibles se están reduciendo 2.5 millones de toneladas anuales de GEI, valiosa contribución esta para el cumplimiento del compromiso de Colombia con los Objetivos del Desarrollo Sostenible de reducir sus emisiones en un 20% hacia el 2030. Por ello no se entiende la reticencia del Gobierno Nacional para aumentar el porcentaje de la mezcla sabiendo que si lo hace se reducen en la misma proporción tales emisiones.

No obstante, se cuestionan medidas como estas con falacias que no consultan para nada la realidad. Se compara, por ejemplo el precio del etanol y el aceite, que hay que cultivarlo, cosecharlo y procesarlo, con el precio de la gasolina y el diesel, que son derivados del petróleo, que sólo hay que extraerlo, para concluir que es demasiado alto su precio relativo, sin considerar además el beneficio que reporta al fisco al reducir las emisiones y, en consecuencia, el costoso número de enfermos y defunciones por cuenta de la contaminación ambiental.

Se compara, también, el precio interno del etanol y el aceite con un supuesto precio “internacional” que no existe. Es más, si se compara, en gracia de discusión el precio interno con el precio del etanol importado desde EEUU, que ha venido invadiendo el mercado nacional, se pasa por alto el hecho de que este último es objeto de 31 subsidios, valorados en US $6.409 millones. Dichos subsidios entre 2010 y 2015 se cifraron en US $50.000 millones (¡!). Y, como si lo anterior fuera poco, se ha podido establecer que el precio de exportación de etanol producido en EEUU se subvalora entre un 20% y el 31%. Hemos estado expuestos, entonces, a prácticas de dumpìng por parte de los productores de etanol de EEUU, perjudicando la producción nacional del mismo.   

Bien dijo Einstein, que tenía por qué saberlo, que “el mundo no será destruido por los que hacen el mal sino por aquellos que lo miran sin hacer nada” y, lo que es peor, añadiríamos nosotros, será destruido también por aquellos que no hacen ni dejan hacer, o, mejor dicho, ni rajan ni prestan el hacha! 

Bogotá, febrero, 24 de 2019

*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net

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Mauricio Cabrera Galvis

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- “Si el hombre está vivo, el agua es la vida (...) Cuídala como cuida ella de ti”, cantaba Serrat para decir en estos versos una verdad fundamental: sin agua no hay vida. Por eso uno de los aspectos centrales que debe dilucidarse en el debate sobre el desarrollo de yacimientos no convencionales de hidrocarburos con la técnica del fracturamiento hidráulico (Fracking) es su impacto sobre el agua, en particular sobre los acuíferos para consumo humano en las áreas donde se realice.

Un principio esencial que debería imperar en toda sociedad es que, a pesar de los eventuales beneficios económicos que genere, ninguna actividad productiva –sea Fracking, ganadería, agricultura, industria o minería- debe desarrollarse si su impacto sobre el agua y los riesgos que conlleva no son controlables.

Sin embargo, una premisa indiscutible para aplicar este principio es reconocer que toda actividad productiva tiene impactos ambientales y conlleva riesgos. El debate debe ser sobre la magnitud de esos riesgos y la posibilidad de controlarlos.

Por esa razón es muy acertada la recomendación que le hizo al Gobierno la comisión de expertos independientes que analizó la posibilidad de hacer Fracking en Colombia: como no hay información suficiente sobre los riesgos de esta actividad en el país hay que adelantar Proyectos Pilotos Investigativos (PPI) que los determinen y demuestren si se cuenta con la capacidad institucional, técnica y operativa para “manejar niveles de riesgo satisfactorio para las comunidades”

Una tarea adicional que se debe realizar es disipar la cantidad de mitos y fake news que circulan en las redes sociales alrededor del Fracking. Por ejemplo, muchos dan por verdad demostrada que la perforación de pozos con esta técnica va a usar enormes cantidades de agua, y la que no use la va a contaminar.

La realidad es otra. Colombia tiene hoy unos 15.000 pozos petroleros activos y según el Estudio Nacional de Aguas del Ideam, toda la industria petrolera solo usa el 1,6% (no es un error de mecanografía, es menos del 2%) de agua que se consume en el país. Contrasta con el 46,6% que usa la agricultura, el 8,5% de la ganadería o el 8,2% que va para el consumo humano.

Cali, 24 de febrero de 2019

*Folósofo, Economista y Consultor.

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Juan Camilo Restrepo Salazar

Por Juan Camilo Restrepo Salazar*.- El proyecto de ley sobre el Plan de Desarrollo ha puesto sobre la mesa una interesante discusión: ¿Debe haber en Colombia una autoridad presupuestal única (el Ministerio de Hacienda), o debe continuarse con la distribución actual, según la cual todo lo atinente a inversión lo prepara el Departamento Nacional de Planeación y el resto de asuntos como gastos de funcionamiento y servicio de la deuda es responsabilidad de Hacienda?

Hay que comenzar por decir que entre nosotros tenemos un sistema peculiar, es decir, dos autoridades encargadas de preparar áreas diferentes del presupuesto nacional. En la mayoría de los países no sucede así. Todo lo atinente a la programación presupuestal está centralizado en una sola entidad.

Pero dicho lo anterior es necesario agregar que no es en los Ministerios de Hacienda donde usualmente se centraliza la programación presupuestal. Por ejemplo, en Estados Unidos existe la oficina del presupuesto (distinta del tesoro que sería el equivalente al Ministerio de Hacienda, y adscrita a la Casa Blanca) donde se centraliza todo lo presupuestal. En otros países existen Ministerios especializados diferentes del de Hacienda, como es el caso de Francia y de Inglaterra, donde se unifica el manejo presupuestal. De manera que lo primero que habría que decir es que si resolviéramos eliminar la bifurcación que actualmente existe, ello no significaría necesariamente que haya que centralizar todo en Hacienda.

Es conveniente recordar también que si bien actualmente Planeación prepara el componente de inversión de presupuesto nacional, y Hacienda lo referente a gastos de funcionamiento y a servicio de la deuda, es el Conpes, con la presencia del Presidente de la República y los demás Ministros el que en una reunión anual refunde lo que han preparado Planeación y Hacienda, unifica los tres componentes del presupuesto y establece los balances macroeconómicos del presupuesto nacional, de tal manera que éste llega unificado en un solo documento a consideración de las cámaras en los primeros 10 días de cada legislatura como ordena la Constitución.

Personalmente pienso que este es un debate en cierta manera superfluo. Y que no se ganaría gran cosa, o mejor nada, quitándole a Planeación la preparación del gasto de inversión. En primer lugar, porque el Ministerio de Hacienda no cuenta con el aparataje técnico ni con la tradición en cuanto a la evaluación de proyectos de inversión que sí tiene Planeación Nacional. Y en segundo lugar, porque dejarle al Ministerio de Hacienda la definición de cuales proyectos de inversión van en el presupuesto y cuales no es el equivalente a abrir una peligrosa compuerta de clientelismo. Recuérdese que fue precisamente en los pasillos del Ministerio de Hacienda donde en los últimos años se gestó el repudiable sistema de los cupos indicativos.

Si de mejorar la calidad de la inversión pública es de lo que se trata, habría que comenzar por denunciar en voz alta, cosa que aún no ha hecho el gobierno, el esperpento de la reforma política que sigue andando en el Congreso por virtud de la cual se le entrega a los congresistas la facultad de disponer del 20% de la inversión pública. Una supermermelada, iniciativa sobre la cual el gobierno hasta la fecha ha pasado de agache.

Se aduce también que la unificación de la autoridad presupuestal facilitaría avanzar hacia la práctica de la presupuestación por programas. Pero para lograr este loable propósito no se necesita desplumar a Planeación Nacional de su función actual de preparar el presupuesto de inversión. Sino mas bien que ella cumpla con ahínco la tarea que le encomienda la Constitución Nacional de ser la evaluadora permanente de la calidad del gasto público.

En síntesis: bastantes problemas tenemos en Colombia como para que ahora le agreguemos la puja entre Hacienda y Planeación a ver quién se queda, o quien conserva, la función de preparar el componente de inversión del presupuesto nacional.

Bogotá, D. C, 24 de febrero de 2019

*Abogado y Economista. Exministro de Estado.

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