Opinión

Lo que ocurrió con el caso de cinco embajadores que el nuevo gobierno tuvo que destituir es algo no sólo innecesario, sino que no debió tener lugar.

Por: Fernando Cepeda Ulloa*. - Éste es un tema que debería dar lugar a alguna reflexión seria por tratarse de asuntos de gran importancia y que en las últimas semanas han estado en la mesa de discusión.

El primero de ellos tiene que ver con el de las renuncias que cuando se acerca un nuevo gobierno, ciertos altos funcionarios están en la obligación de presentar por razones protocolarias y para facilitar la tarea de la administración entrante.

Lo que ocurrió con el caso de cinco embajadores que el nuevo gobierno tuvo que destituir es algo no sólo innecesario, sino que no debió tener lugar. Me explico. En mis recuerdos, la Cancillería tres meses antes de la inauguración de un nuevo presidente le recuerda por medio de una circular a los embajadores que deben presentar su renuncia, protocolaria o definitiva, para que el gobierno disponga de esos cargos que son de representación, no sólo del gobierno, sino del propio presidente. Y es su tarea obtenerlas.

Sorprendió que al parecer eso no ocurrió en esta ocasión, o que la Cancillería no hizo bien la tarea, y por eso se supo de algunas renuncias que aparecieron por una decisión individual y no colectiva y, al final, pues el nuevo gobierno se vio enfrentado a una situación muy incómoda, como es la de tomar la decisión de destituir cinco embajadores. Algo desagradable para todos.

El gobierno de Petro fue abiertamente sectario en esta materia y abusó del poder notoriamente al hacer designaciones los últimos días de su mandato, en cargos en los cuales, si ello fuera indispensable, era de rigor consultar con el nuevo gobierno. Eso es lo que aconsejan las buenas maneras. Los cambios de gobierno en países con un servicio civil, es decir, con una burocracia profesional escogida sobre la base del concurso y el mérito, la casi totalidad de los funcionarios, igual prestan su servicio a un gobierno laborista o a uno conservador en el Reino Unido, por ejemplo. Ello garantiza seriedad, rigor y, en muchos casos, la continuidad de políticas de Estado que son muy necesarias.

Creo que la vieja época del sectarismo partidista en Colombia quedó superada con el Frente Nacional y con las prácticas que caracterizaron el comportamiento de los gobiernos que siguieron. Aún en el caso del esquema gobierno -oposición que se implantó durante el gobierno del presidente Virgilio Barco, varias instituciones continuaron siendo regidas por conservadores, no obstante, la orden que ese partido dio para que todos se retiraran del gobierno y, sobra decirlo, el gobierno de Barco no tenía ningún interés de naturaleza partidista para prescindir de esas personalidades entre las que recuerdo, por ejemplo, a Pedro Javier Soto o a Mariano Ospina. Y, por ejemplo, en el servicio diplomático, se consideró que era muy aconsejable continuar con la tradición de participación de ambos partidos políticos, hoy diría de todas las fuerzas políticas existentes, como una expresión del consenso que debe existir en torno de la política internacional, y así en otros casos.

De manera que está bien que un gobierno en algunos institutos o agencias, por supuesto en su gabinete, busque mantener una línea de la orientación gubernamental, pero no se aprecia que ocurra así en otras agencias. Es que no solamente se gobierna para todos sino, también, con todos. Precisamente uno de los factores muy positivos de la elección popular de alcaldes y gobernadores, es precisamente la de que fuerzas políticas que no han logrado el control del gobierno central puedan participar en alguna forma en el gobierno de la nación. Es lo más civilizado. Es lo que contribuye a la convivencia y a la paz pública. La exclusión en la vida política no lleva a buenos resultados.

Sé que eso es difícil de entender y como ministro de gobierno del presidente Barco fracasé en tratar de implementar una forma de gobierno con esas características. Recibimos con mucha complacencia que el alcalde elegido de Bogotá, en 1988, fuera Andrés Pastrana Arango. Es que esa es la esencia de un gobierno democrático y con frecuencia así no se entiende.

Bogotá, D. C, 30 de agosto 2026

*Analista político, catedrático, exministro de Estado.

La crisis fiscal no es un asunto abstracto reservado a los economistas. Se refleja en carreteras que no se construyen, hospitales que no se terminan, escuelas que no se mejoran y proyectos estratégicos que quedan aplazados indefinidamente.

Por Amylkar D. Acosta M*. - La nueva administración del presidente Abelardo de la Espriella no recibe simplemente unas finanzas públicas deterioradas sino desbarajustadas. Recibe una verdadera bomba fiscal de tiempo, cebada durante los cuatro años del gobierno Petro por el crecimiento excesivo del gasto, la caída del recaudo, la acumulación de obligaciones sin financiación y el recurso cada vez más frecuente al endeudamiento.

Esa es la herencia maldita que le deja el gobierno saliente al país: un déficit fiscal desbordado, una deuda creciente, un presupuesto cada vez más inflexible y un margen de maniobra prácticamente inexistente. Lo que se gastó irresponsablemente ayer tendrá que pagarse mañana, y la factura recaerá sobre la nueva administración y, en últimas, sobre todos los colombianos.

El llamado “Presupuesto de la Verdad”, presentado por el nuevo Gobierno para la vigencia de 2027, asciende a $634,9 billones, equivalente al 29.9% del PIB, $59 billones más que el proyecto devuelto por las Comisiones Económicas del Congreso ($575.6 billones), alegando que estaba desfinanciado en $30 billones. Ello se explica, según el Ministro de Hacienda Miguel Gómez Martínez, porque el proyecto presentado por el ex ministro Germán Ávila “dejó desfinanciados sectores clave como la salud ($2 billones), las pensiones ($6.5 billones), la educación superior (($0.7 billones), los subsidios de energía ($5.8 billones) y el Fondo de estabilización de los precios de los combustibles (9.6 billones)”.

Del total presupuestado, el 62 % se destinará a funcionamiento ($392.5 billones), el 24 % al servicio de la deuda ($155.4 billones) y apenas el 14 % a inversión ($86.9 billones). Aunque el funcionamiento continúa siendo el componente de mayor tamaño, el servicio de la deuda alcanza su nivel histórico más elevado. Mientras que la contrapartida de sus ingresos se reparte de la siguiente manera: ingresos corrientes $315.1 billones (49.6%), recursos de capital (préstamos) $287.7 billones (45.3%), fondos especiales $20.7 billones (3.3%) y contribuciones parafiscales (11.4 billones (1.8%).

Estas cifras muestran la magnitud del problema. Casi una cuarta parte del presupuesto nacional tendrá que utilizarse para atender las obligaciones financieras del Estado, por aquello de que no hay plazo que no se venza ni deuda que no se pague. Son recursos que no podrán destinarse a construir carreteras, acueductos, escuelas y hospitales; tampoco a impulsar la vivienda, la seguridad, la transición energética, el desarrollo rural o la reactivación económica.

El presupuesto ha dejado de ser principalmente un instrumento para promover el desarrollo y se convirtió, en buena medida, en una caja destinada a pagar las obligaciones acumuladas en el pasado. La deuda contraída ayer desplaza la inversión de hoy y compromete los ingresos del mañana. Así de claro! Lo más preocupante es que el país tendrá que contratar nueva deuda para atender la deuda existente. Una parte de los recursos obtenidos mediante la colocación de títulos y la contratación de créditos no financiará nuevas obras ni proyectos productivos. Se destinará a refinanciar vencimientos, pagar altos intereses y sustituir obligaciones anteriores. En términos coloquiales, habrá que abrir un hueco para tapar otro, recurriendo a la figura del “jineteo” bancario cebando la bomba.

Esta práctica no es excepcional dentro del manejo financiero de un Estado. Los gobiernos refinancian normalmente una parte de sus obligaciones. Lo peligroso aparece cuando el endeudamiento deja de ser un mecanismo para financiar inversión y se convierte en una práctica consuetudinaria para cubrir déficits estructurales y pagar deudas anteriores.

Entonces se configura un círculo vicioso: el déficit obliga a contratar más deuda; la nueva deuda incrementa el pago de intereses; los mayores intereses agravan el déficit y este, a su vez, exige más endeudamiento. Es la temida bola de nieve de la deuda pública.

Cuanto mayor sea la percepción de riesgo, más alta será la tasa que deberá pagar Colombia para conseguir recursos. Y cuanto más costoso resulte el financiamiento, mayor será la proporción del presupuesto que deberá destinarse al servicio de la deuda. La pérdida de confianza termina traduciéndose en mayores intereses, los que ya superan el 15%, menor inversión, menor crecimiento y menos oportunidades para los colombianos.

El endeudamiento no es gratuito. Toda deuda pública de hoy se paga mañana mediante impuestos, reducción del gasto, venta de activos o contratación de nuevas obligaciones. En cualquiera de estos casos, alguien termina pagando la cuenta.

La nueva administración no solo recibe un presupuesto desfinanciado, sino también altamente inflexible. Buena parte del gasto está amarrado estructuralmente por disposiciones constitucionales y legales, compromisos pensionales, transferencias territoriales, aseguramiento en salud, subsidios, gastos de personal y obligaciones previamente adquiridas. Sumadas estas partidas del presupuesto representan alrededor del 90% del total de su aforo, convirtiéndose en una camisa de fuerza para cuerdos.

Esto significa que el Gobierno dispone de muy poco espacio fiscal para efectuar recortes sin afectar programas esenciales o provocar fuertes resistencias sociales y políticas. Por eso, cuando las cuentas no cuadran, la inversión pública suele convertirse en la principal variable de ajuste.

Y allí reside otra de las grandes paradojas fiscales: para pagar el gasto acumulado y el servicio de la deuda se termina sacrificando la inversión que permitiría crecer más, elevar la productividad y generar los ingresos necesarios para sanear las finanzas públicas. Es el equivalente a vender las herramientas de trabajo para pagar las cuentas de la casa. Puede aliviar temporalmente la caja, pero reduce la capacidad futura para generar ingresos.

La baja inversión pública afecta especialmente a los territorios más rezagados. Los departamentos y municipios que padecen déficits históricos de infraestructura, agua potable, conectividad, educación, salud y energía son los primeros damnificados cuando el Gobierno nacional tiene que recortar sus programas de inversión.

Por eso, la crisis fiscal no es un asunto abstracto reservado a los economistas. Se refleja en carreteras que no se construyen, hospitales que no se terminan, escuelas que no se mejoran y proyectos estratégicos que quedan aplazados indefinidamente.

El primer deber de la nueva administración es sincerarse y decir la verdad. Durante demasiado tiempo las cuentas públicas se presentaron bajo supuestos excesivamente optimistas de crecimiento, recaudo y eficiencia tributaria. Se presupuestaron ingresos inciertos para financiar gastos ciertos y permanentes.

Cota, agosto 29 de 2026

*Economista. Ex-presidente del Congreso, ex-ministro de Minas y Energía.

www.amylkaracosta.net 

Después de catorce años de TLC, nunca las circunstancias habían coincidido de manera tan favorable: Estados Unidos necesita carne, Colombia puede producirla y estamos negociando con ellos. Es ahora… o nunca.

Por: José Félix Lafaurie Rivera*. - Estados Unidos, uno de los grandes consumidores de carne bovina, atraviesa una escasez de ganado sin precedentes en su historia reciente, con un inventario que cayó a 86,2 millones de cabezas, el nivel más bajo en 75 años.

Y como el mercado no perdona, la reducción del hato disparó los precios de la carne y de su expresión más popular: la hamburguesa, el “lunch” de la inmensa clase media de Estados Unidos, ante lo cual el olfato político de Trump, con los precios de la carne subiendo y las elecciones de noviembre a la vista, lo llevó a autorizar la importación adicional de 300.000 toneladas de carne bovina en 90 días.

No parece, sin embargo, una necesidad pasajera, pues Estados Unidos puede recomponer rápidamente su economía ganadera, pero el crecimiento de la población mundial viene generando una escasez permanente que podría extender las importaciones adicionales más allá de los 90 días.

Estados Unidos necesita carne y Colombia tiene ganado, lo cual representa una oportunidad para nuestra ganadería. Con cerca de 30 millones de bovinos y un gran componente de razas cebuinas alimentadas a pasto, tenemos lo que necesita el mercado estadounidense: carne magra para mezclar con sus cortes grasos y abastecer su gigantesco mercado de carne molida; necesidad que no es de poca monta en un país que consume 150 hamburguesas/habitante/año, para un total que ronda los ¡50 mil millones! Lo dicho: Trump parece estar resuelto a ganar las legislativas de noviembre.

En este momento, cuando los dos gobiernos negocian un Acuerdo de Comercio Recíproco y muestran interés en avanzar en medio de una coyuntura política también favorable, nuestro ministro de Comercio llevó nuestra carne a esa mesa de negociación para que pueda llegar luego a la mesa de los estadounidenses, pues durante catorce años de vigencia del TLC con ese país, su carne ingresa a Colombia sin que la nuestra logre acceso a ese mercado.

Y mientras esperamos, nuestros competidores siguen vendiéndole carne a Estados Unidos y aprovecharán el cupo adicional. Después de grandes logros sanitarios, no podemos perder esta oportunidad, que coincide con mi carta muy reciente a los ministros de Comercio y Agricultura, insistiendo precisamente en la necesidad de abrir ese mercado.

En esta ocasión, el tema del acceso al mercado estadounidense no puede seguir patinando entre trámites y estudios mientras otros países ocupan el espacio que hoy se abre; una oportunidad a la que, además, se suma la creciente demanda de China, configurando una oferta insuficiente de carne en los principales mercados.

El tema trasciende las exportaciones y es un factor impulsor de la ganadería con implicaciones sociales, pues una demanda sostenida de carne enviaría una señal económica a toda la cadena, hasta llegar al pequeño criador del Caribe y el trópico bajo para acelerar la reconversión de miles de productores que sobreviven ordeñando vacas de cuatro o cinco litros y destetando terneros de apenas 160 kilos. Con un mercado atractivo para la carne, producir a toda leche terneros de 200 kilos o más en menos tiempo, sería un mejor negocio.

No pretendemos preferencias ni desconocer exigencias sanitarias. De ahí que los ministerios de Comercio y Agricultura, la Cancillería, el ICA y el INVIMA, de la mano con el gremio ganadero, deben sentarse a evaluar pendientes, con la trazabilidad regionalizada como prioridad inaplazable, como parte de una hoja de ruta con metas y responsables, para ser presentada en la negociación que se adelanta en Washington.

Después de catorce años de TLC, nunca las circunstancias habían coincidido de manera tan favorable: Estados Unidos necesita carne, Colombia puede producirla y estamos negociando con ellos. Es ahora… o nunca.

Bogotá, D, C, agosto 28 de 2026

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie

La “Patria Milagro” dice poco en términos normativos, pero produce mucho en términos de identificación, movilización y narrativa de salvación nacional.

Por Roberto Córdoba Triviño*. - La expresión “Patria Milagro”, usada por Abelardo de la Espriella, no es un concepto jurídico ni una categoría técnica del derecho público, sino un lema retórico que condensa una promesa de transformación nacional extraordinaria. Su fuerza no está en su precisión conceptual, sino en su capacidad para movilizar emociones colectivas (identidad, esperanza, orden, lealtad) y presentar un programa electoral como una “misión de salvación” más que como un conjunto de políticas verificables.

En términos prácticos, funciona como un cartel político: dice poco en contenido normativo, pero produce mucho en efecto simbólico y electoral. Me atrevo por razones de metodología, de manera condensada, explicar mi tesis en cuatro puntos definidos así:

1. Qué significa (y qué no significa) “Patria Milagro”
2. No es una institución jurídica.No define competencias, derechos, obligaciones, fuentes de financiación ni mecanismos de ejecución. 
3. “Patria”es una noción afectiva y simbólica: tierra natal/adopción + comunidad organizada + vínculos históricos, culturales y emocional. 
4. “Milagro”sugiere un cambio rápido, excepcional y casi providencial frente a un país percibido como deteriorado (inseguridad, pobreza, corrupción, desconfianza institucional).
5. La combinación es retórica, no normativa: crea una imagen de renacimiento nacional, pero no una nueva categoría constitucional ni administrativa. 

Por eso, desde el derecho constitucional y administrativo, la fórmula carece de precisión técnica, pero eso no la hace políticamente inocua: al contrario, su vaguedad es parte de su eficacia.

2. Por qué funciona como “cartel” emocional en política
3. Un cartel político no necesita ser técnicamente riguroso; necesita ser memorable, movilizadora y moralizante. “Patria Milagro” logra esto al:
4. Simplificar problemas complejosen una narrativa de “salvación nacional”.
5. Convertir la propuesta en deber moral: quien apoya “la patria” aparece como patriota; quien critica, como desleal o fuera de la comunidad, 
6. Generar esperanza rápidafrente a fatiga institucional, usando la idea de “milagro” como respuesta emocional a crisis estructurales.
7. Anclar la marca del candidatoen un eslogan que se repite como eje del discurso (en el discurso de posesión, por ejemplo, se menciona repetidamente).

El resultado es un efecto de identificación fuerte con un proyecto presentado como causa nacional, más que como alternativa programática detallada.

3. El complemento: “Firmes por la Patria” y el saludo militar

La campaña no solo promete un futuro (“Patria Milagro”), sino que exige una disposición presente: “Firmes por la Patria”. 

1. “Patria Milagro”= promesa de transformación excepcional.
2. “Firmes por la Patria”= llamado a disciplina, unidad y lealtad para alcanzarla.
3. Saludo con la mano en la sien= gesto que corporiza esa disposición, con estética castrense. 

Este trío construye una secuencia simbólica potente:

1. La patria está en crisis.
2. El líder ofrece convertirla en “Patria Milagro”.
3. Los seguidores deben mantenerse “firmes”, con gesto de disciplina, para lograrlo. El gesto, descrito en medios como saludo militar o “con visera”, transmite: disciplina, autoridad, orden e identificación con las Fuerzas Militares, sin que eso implique, jurídicamente, convertir a civiles en miembros de la Fuerza Pública. 
4. Límites jurídicos vs. eficacia política

Ha habido controversias judiciales sobre el uso de símbolos patrios, imágenes alusivas a instituciones militares y el lema “Firmes por la Patria” en propaganda. 

1. Un tribunal llegó a prohibir el uso de ciertos símbolos y frases en la campaña, argumentando que los emblemas nacionales no deben usarse para obtener ventajas electorales. 
2. La Corte Suprema luego suspendió esa prohibición, señalando que el saludo castrense no equivale a símbolo patrio y que no hay prohibición legal expresa para que particulares lo usen en política. 

Lo brevemente expuesto demuestra que:

1. El debate jurídico se centra en conductas concretas de propaganda(uso de bandera, escudo, imágenes militares), no en convertir “Patria Milagro” o “Firmes por la Patria” en conceptos jurídicos. 
2. La eficacia política del lemaes independiente de su estatus jurídico: puede ser muy exitoso como herramienta de comunicación, aunque no tenga definición técnica. 
3. Corolario: “Patria Milagro” como cartel de alto rendimiento emocional
4. Significado técnico:bajo o nulo. No es una categoría de Estado, régimen, entidad territorial ni política pública delimitada. 
5. Significado político-emocional:muy alto. Opera como un cartel que:
6. Condensa una promesa de renacimiento nacional.
7. Moviliza identidad, esperanza y sentido de misión.
8. Facilita la personalización del liderazgo y la simplificación del conflicto político (“firmes” vs. “débiles/traidores”). 
9. Resultado práctico:una fórmula que “sacude lo más profundo del sentimiento” y genera emociones positivas masivas hacia la campaña, incluso si su contenido programático requiere traducción posterior a leyes, presupuestos, indicadores y controles. 

Terminamos concluyendo que: “Patria Milagro” es un cartel político más que un concepto jurídico: dice poco en términos normativos, pero produce mucho en términos de identificación, movilización y narrativa de salvación nacional.

Bogotá, D. C, 27 de agosto 2026

*Egresado de la facultad de derecho de la Universidad Libre, especializado en informática jurídica. 

El Tratado de Roma fue ratificado porque hicimos parte del consenso internacional que se perfeccionó con la entrada en vigor del Estatuto de la Corte Penal Internacional

Por: José G. Hernández*.  - En la capital italiana, el 17 de julio de 1998 -con la participación y firma de Colombia-, se pactó el Estatuto de Roma, mediante el cual fue creada la Corte Penal Internacional. El Congreso colombiano lo aprobó mediante la Ley 742 del 5 de junio de 2002.

En cumplimiento de lo previsto por el artículo 241, numeral 10, de la Constitución, la Corte Constitucional adelantó el correspondiente proceso oficioso de revisión y declaró exequible la Ley 742, según Sentencia C-578 del 30 de julio de 2002.

El presidente de la República, Andrés Pastrana Arango, sancionó la ley aprobatoria y procedió a ratificar el Tratado, con base en la expresa autorización impartida por el Acto Legislativo 2 de 2001, que dispuso: “El Estado Colombiano puede reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en los términos previstos en el Estatuto de Roma adoptado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas y, consecuentemente, ratificar este tratado de conformidad con el procedimiento establecido en esta Constitución”.

Según puede verse, fue un proceso complejo y muy especial, pues -a diferencia de otros tratados internacionales- fue ratificado por disposición directa y singular de una reforma de la Constitución Política. Así que la reciente propuesta gubernamental de sacar a Colombia de la Corte Penal Internacional, para apoyar a Estados y dirigentes que se han dedicado a vulnerar los derechos humanos y a desconocer el Derecho Internacional Humanitario, no puede cristalizarse mediante un plumazo, ni por el capricho del Canciller o del presidente de la República, quien ejerce la jefatura del Estado y maneja las relaciones internacionales de Colombia, pero tiene que hacerlo según la Constitución colombiana.

En su fallo, la Corte Constitucional manifestó: “La creación de una Corte Penal Internacional de carácter permanente e independiente es el resultado de un prolongado proceso de construcción de consensos en el seno de la comunidad internacional en torno a la necesidad de garantizar la protección efectiva de la dignidad humana frente a actos de barbarie y de proscribir los más graves crímenes internacionales. Su establecimiento constituye un avance para la protección efectiva de los derechos humanos y el respeto al derecho internacional humanitario”.

Téngase en cuenta que la creación de este tribunal internacional obedeció a los antecedentes de muchos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos a lo largo del siglo XX, toda vez que el mundo entero reclamaba una lucha integral y coordinada contra la impunidad, en búsqueda de la efectividad de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Ello generó un consenso entre muchos Estados sobre la necesidad de establecer una instancia internacional de carácter permanente para juzgar y sancionar a los responsables de crímenes atroces.

El Tratado de Roma fue ratificado porque hicimos parte del consenso internacional que se perfeccionó con la entrada en vigor del Estatuto de la Corte Penal Internacional en el año 2002, después de haber sido ratificado por más de ciento veinte Estados.

Colombia no puede respaldar a quienes, en cualquier parte del mundo, cometen genocidio o adelantan la guerra contra los postulados esenciales del Derecho Internacional Humanitario. Abandonar el Estatuto de Roma sería un adefesio.

Bogotá, D. C, 26 de agosto 2026

*Expresidente de la Corte Constitucional.

El proceso de renacer de Colombia después del terremoto tiene que convertirse en una enorme oportunidad para unirnos alrededor de un solo propósito.

Por Hubert Ariza*. Cuando el presidente Abelardo de la Espriella se acostó el pasado 7 de agosto, luego de posesionarse en Cali y celebrar su victoria, estaba convencido de que su anunciado plan de la Patria Milagro tenía una ruta clara para ejecutarse y moldear a Colombia con mano de hierro y la intervención de Estados Unidos.

De acuerdo con su discurso inicial, se trataba de una visión que contaría con un Plan Nacional de Desarrollo apoyado en varios ejes: seguridad, orden, justicia, transparencia, descentralización, lucha contra el comunismo, fumigaciones aéreas, Escudo de las Américas.

Pero la naturaleza, caprichosa y salvaje, se encargó tres días después de despertar todos los miedos, resquebrajar los sueños, aterrizar las vanidades y poner a las comunidades a exigir la reconstrucción de sus municipios, en medio de una guerra interna, el agudo déficit fiscal, un mundo convulsionado y un país sitiado por la polarización, la guerra y el odio.

La tarea es gigantesca. Colombia ha sufrido el peor terremoto de este siglo, que ha dejado más de 300 muertos, igual cifra de desaparecidos, cerca de 5.000 heridos, cientos de construcciones en ruinas. El monto inicial de la reconstrucción se estima en más de 30 billones de pesos, pero la cifra podría aumentar con el paso de los días. Un monto incomprensible para la mayoría de los colombianos, pero dramática en las mentes de los responsables de las finanzas nacionales, que deberán sacar plata de dónde no hay para encausar el rumbo del país luego de la catástrofe natural.

Y lo peor, no ha parado de temblar, ni en Colombia, ni en el vecindario. Las placas tectónicas se siguen moviendo, y el pánico duerme con los colombianos, que con solo sentir el ruido de una ventisca ya creen que los edificios se desplomarán encima de sus cabezas. Mientras las réplicas mantienen a las comunidades aterradas, las autoridades buscan recursos, asistencia técnica, cooperación internacional, créditos blandos y pista para una reforma tributaria.

La pregunta es quién pagará la cuenta, que siempre deja sin capital político a los gobernantes. Comenzando su mandato, imponer gravámenes que disminuyen la clase media y empujan a miles a la pobreza no es buena alternativa para ningún liderazgo. Difícil tarea tiene el equipo económico que aterriza en Hacienda con las arcas vacías, el país resquebrajado y la gente sufriendo la tragedia. El hambre y la desolación son malas amigas del márquetin político.

Decir que son tiempos de unidad es una obviedad, lograrla es una tarea titánica. La polarización no cede. Los fanáticos del Gobierno y el petrismo siguen en campaña política. Hay que mirar la historia y aplicar las lecciones aprendidas de otras catástrofes naturales.

Una de esas tragedias fue la avalancha del volcán Nevado del Ruiz, que borró el municipio de Armero, en el departamento del Tolima, durante el Gobierno de Belisario Betancur. Y el terremoto de Armenia, Quindío, el 25 de enero de 1999, que dejó mil muertos, cientos de heridos y una devastación inconmensurable de esa ciudad del Eje Cafetero. En ambos casos Colombia fue capaz de recuperarse, con un plan de reconstrucción que tuvo un concepto clave de recomposición del tejido social, lucha contra la corrupción y eficiencia en el manejo de los recursos públicos y la cooperación internacional.

Esos dos ejemplos dan espacio para suponer que la gerencia de la reconstrucción del terremoto de agosto de 2026, como decía Mockus, construirá sobre lo construido, con visión de unidad, aplicará las lecciones aprendidas, e impedirá la instrumentalización política de las víctimas.

El país espera que el gerente del Fondo Milagro, Jaime Andrés Uribe, aplique las lecciones de Luis Carlos Villegas, presidente de la junta directiva del Forec, el famoso Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero, cuyas luces son muy valiosas. Hay que mantener alejado el oportunismo de los políticos, cerca de los técnicos, bien cuidados los recursos para que no se pierda un solo centavo, y muy sintonizadas a las víctimas y las comunidades para que sean protagonistas de la reconstrucción de su propio futuro.

El proceso de renacer de Colombia después del terremoto tiene que convertirse en una enorme oportunidad para unir al país alrededor de un solo propósito. Por eso, ninguna estrategia puede estar ligada a la simbología de la campaña electoral, que quedó atrás el 7 de agosto, y fue superada por la magnitud del terremoto. Lo que sigue es una estrategia de demolición del odio, extinción del fuego electoral y recuperación del tejido social. La reconstrucción bien vale un proceso de diálogo nacional entre las fuerzas políticas en el Congreso, para trazar una hoja de ruta que dignifique a las víctimas, reconstruya el tejido social y saque a Colombia adelante.

A la par de la reconstrucción está la cultura de prevención y la respuesta a nuevos sismos en Colombia. También la educación alrededor del cambio climático, que es una agenda que no se puede echar a la basura cuando el planeta da señales permanentes de la magnitud de la crisis ambiental. El negacionismo es mala consejera en este campo.

En medio de la situación de desastre nacional, el presidente De La Espriella ha continuado armando su equipo de Gobierno, en un mundo paralelo donde la política ha pasado a un segundo plano, a pesar de que cada día se toman decisiones trascendentales que ratifican el giro radical de Colombia a la derecha, como el ingreso al Escudo de las Américas o el reconocimiento a Israel de los Altos del Golán, por citar solo dos casos. La guerra cultural es otro campo de batalla que el Gobierno estimula en todos los escenarios posibles, especialmente el educativo.

Hablar del proceso político suena extraño en estos momentos, cuando el dolor colectivo no disminuye y las redes sociales están inundadas de imágenes de tragedia y heroísmo.

El polvo del terremoto nubla hoy la mirada sobre la política, cuyo desarrollo no se detiene. La oposición que lidera el expresidente Gustavo Petro está obligada a sintonizarse, también, con la nueva realidad que vive Colombia. Quizá sea momento para bajarle el volumen al Twitter, decretar una tregua política, un alto al fuego de la palabra, para no atizar la polarización y la revancha mientras se lloran los muertos y se levantan de nuevo las casas. En estos días de tragedia todas las energías deben estar enfocadas en salvar vidas y afianzar la democracia.

La réplica de la oposición al primer discurso del presidente demostró qué tan extraña se ve la puesta en escena que hace dos meses despertaba emociones. La furia de la naturaleza ha demolido las imágenes y los estereotipos de la derecha y la izquierda. Es momento de escuchar la razón y darle espacio a la vida. La política bien puede esperar.

Bogotá, D. C, agosto 22 de 2026

*Periodista, internacionalista y analista político.

Tomado de El País.

Frente a un Estado sin chequera suficiente, aplazar la recuperación decidida del campo es poco menos que… “despreciar la gallina de los huevos de oro”.

Por: José Félix Lafaurie Rivera* - Un terremoto no pregunta quién gobernaba cuando se deterioraron las finanzas públicas o quién se robó los recursos para gestionar esos riesgos imprevisibles de la naturaleza. Simplemente llega, destruye y obliga al Estado a responder.

¿Qué será de los recursos para reconstruir? Más allá de loque investiguen los organismos de control, el Libro de la Verdad, resultado de un inédito empalme unilateral, tiene respuestas preocupantes sobre dos asuntos que considero estratégicos: las finanzas públicas y el campo.

Primero las finanzas. A mayo de 2026, la caja del Gobiernoera de $16 billones de pesos, frente a niveles históricos de entre $30 y $40 billones, con una proyección para fin de año de apenas $7,1 billones.

El “déficit primario”, que arroja la diferencia entre lo que el gobierno recibe y lo que gasta sin el servicio de la deuda,pasó del 0,3% en 2023 al 3,4% en 2025, es decir, semultiplicó por diez y significa que Petro gastó 63 billones más de lo que recibió. El déficit total fue del 6,4 % del PIB en 2025, el más alto en décadas, con excepción de 2020, del 7,8% por efectos de la pandemia, el mismo nivel que se estima para 2026. Sin duda, Petro resultó peor que la pandemia.

La deuda pública creció más de 360 billones, pero como el problema no es solo cuánto se debe, sino cuánto cuesta deber, esa deuda, concentrada en pesos con tasas entre 13 % y 15%, más del doble de las tasas de la deuda externa, solo en 2025 costó 105 billones.

Y ahora vayamos al campo, estratégico por varias razones: Porque su recuperación es condición necesaria para acabar con el narcotráfico y su violencia, más allá del esfuerzo del Estado por perseguir el delito. Porque, ante la situación de las finanzas públicas, no podría ser que la recuperación del campo siga en la lista de las cosas por hacer. Y, finalmente, por el enorme potencial de la producción agropecuaria como factor de recuperación económica.

Sin embargo, durante cuatro años se habló de reforma agraria y de millones de hectáreas, un contexto en el que FEDEGÁN firmó con el gobierno un Acuerdo de Tierras para la compra de predios ganaderos. Sin embargo, ese proceso de compra y redistribución con proyectos productivos quedó enredado en la burocracia y hasta en sospechas de corrupción.

El Libro de la Verdad registra un caso ilustrativo: La Agencia Nacional de Tierras le anticipó un billón de pesos a la SAE por 537 predios, pero a diciembre de 2025 apenas tres tenían títulos y no podían ser adjudicados formalmente. Al finalizar el gobierno, el 56,2 % de las hectáreas reportadas como entregadas tampoco tenían titularidad.

Muy grave, porque una cosa es entregar tierra y otra crear propietarios y productores. Sin título no hay seguridad jurídica; sin ella no hay crédito y, sin crédito, vías, servicios, asistencia técnica y mercados; una parcela entregada modifica una estadística, pero no saca a nadie de la pobreza.

De esa toma de conciencia deben partir los grandes cambios de la política agropecuaria: menos preocupación por contar hectáreas y más por convertirlas en factor de generación de ingreso y bienestar.

Colombia necesita empresas rurales rentables; aprovechar mejor cada hectárea y producir alimentos para los colombianos, para exportar y generar empleo. Necesita un Estado que facilite la generación de riqueza rural, para que el campo deje de ser parte del problema y recupere su vocación de parte sustancial de las soluciones.

Frente a un Estado sin chequera suficiente, aplazar la recuperación decidida del campo es poco menos que… “despreciar la gallina de los huevos de oro”.

Bogotá, D, C, 22 de agosto 2026

*Presidente de Fedegan

@jflafaurie

Como todo lo que tocaba la administración Petro con lo fiscal estaba claramente desfinanciado.

Por Juan Camilo Restrepo*. - El artículo 56 del estatuto orgánico del presupuesto dispone que “antes del 15 de agosto las comisiones de Senado y Cámara podrán resolver que el proyecto no se ajusta a los preceptos de esta ley, en cuyo caso será devuelto al Ministerio de Hacienda y Crédito público que lo presentará de nuevo al Congreso antes del 30 de agosto con las enmiendas correspondientes”.

Y eso fue lo que resolvieron precisamente las comisiones económicas.

El proyecto de presupuesto para la vigencia 2027 había sido originalmente preparado por la administración Petro. Como todo lo que tocaba aquella administración con lo fiscal estaba claramente desfinanciado. Se ha calculado por parlamentarios tan serios como Oscar Darío Pérez que dicho proyecto entrañaba un desfinanciamiento cercano a los $ 60 billones. Es decir, que los gastos proyectados excedían en dicha suma los estimativos de ingresos seriamente calculados para la vigencia del 2027. Obviamente, la ejecución de dicho proyecto conduciría inexorablemente a profundizar el ya considerable desajuste de las finanzas públicas con el que la administración Petro las entregó el 7 de agosto, con un déficit fiscal cercano al 8% del PIB equivalente a $ 160 billones de pesos y una deuda pública desbordada.

Era por lo tanto indispensable la revisión que en estos momentos está haciendo el nuevo gobierno al proyecto de presupuesto que encontró de la administración anterior. Para efectuar los recortes en el programa de gastos del año entrante a que haya lugar, y, ante todo, para reflejar en el presupuesto de la próxima vigencia las prioridades que el nuevo gobierno quiere imprimirle al gasto público en el futuro inmediato.

Dos ejemplos ilustran lo que acabamos de decir.

El gobierno ADLE ha dicho que lo más urgente en el calamitoso escenario de la salud es inyectarle $ 10 billones para financiar un programa de estabilización inmediata, antes inclusive de proceder a reformas más estructurales del sistema de la salud que el gobierno Petro dejó en ruinas.

Pues bien, para que esta inyección de $ 10 billones de emergencia al sistema de la salud puedan llevarse a cabo en los próximos meses se requiere ineludiblemente que las apropiaciones correspondientes de ese gasto aparezcan el presupuesto de gastos del año entrante, cosa que no sucedía con el proyecto original de presupuesto ahora bajo revisión en el ministerio de Hacienda.

Una segunda ilustración de porqué se hace ahora más indispensable que nunca la revisión del presupuesto del 2027 es por razón del terremoto. Este doloroso episodio requerirá para el año entrante lo que pudiéramos llamar la cuota inicial de los gastos necesarios para arrancar en la vigencia del año entrante la inmensa tarea de la reconstrucción que se desarrollará a lo largo de los próximos tres o cuatro años. Pues bien, en el proyecto de presupuesto para la vigencia del año entrante deben aparecer las apropiaciones (autorizaciones de gastos), con las cuales se empezará esa gran tarea que con toda razón puede llamarse el “plan Marshall criollo”. Con el que se le hará frente a la devastación monumental que el sismo plantea para Colombia en las vigencias venideras.

Pero, claro, no todo serán platas del presupuesto nacional: se necesitará además el concurso de la empresa privada y de la cooperación internacional que también deberán aparecer registradas como ingresos en el presupuesto venidero.

El presupuesto nacional es, pues, el conducto jurídico- instrumental a trasvés del cual se va a ejecutar tan formidable tarea.

Por todas estar razones era ineludible revisar el proyecto de presupuesto para la vigencia 2027. Tarea en la que está concentrado el ministerio de Hacienda en este momento antes de llevar la ley de presupuesto de nuevo a estudio del Congreso, antes de este 30 de agosto.

POSDATA: A medida que siguen saliendo todos los días noticias sobre la desfachatada orgia contractual de la administración Petro en sus últimas semanas, se hacen indispensable las auditorías forenses que según anuncia el nuevo gobierno están en macha. Es apremiante que dichas auditorías concluyan pronto y se puedan llevar ante los jueces a los autores mismos de tales desafueros, y ante los tribunales administrativos los contratos que sea factible rescindir y anular.

Bogotá, D. C, 22 de agosto 2026

Abogado y Economista. Exministro de Estado.

Nos conoció mejor de lo que nosotros nos conocíamos y así ayudo a que nuestra existencia fuera más feliz

Por Fernando Cepeda Ulloa*. - Todos admiramos al ya fallecido y muy distinguido profesor de la Universidad de Oxford, Malcolm Deas, como el gran historiador sobre Colombia. Y la Universidad del Norte, como que ha decidido administrar su legado intelectual y también bibliográfico pues heredó su valiosísima biblioteca.

Y es así, como con frecuencia, realiza seminarios, debates y promueve publicaciones que le permiten a varios historiadores, analizar las contribuciones que Malcolm Deas hizo sobre la historia de Colombia.

Esta semana, la Universidad del Norte y su ilustre rector, el historiador Adolfo Meisel, hizo una doble celebración para discutir la obra literaria de Álvaro Cepeda Samudio y la histórica de Malcolm Deas.

El rector me permite participar en esos seminarios históricos a sabiendas de que no tengo conocimiento de esa materia, y me permite hablar, por ejemplo, del perfil intelectual y humano de Malcolm y en esta ocasión de un intento para presentarlo como un audaz y penetrante analista político.

Es que Malcolm tenía la ventaja de contar con el conocimiento histórico de Colombia y de otros países de América Latina, aparte de su amplia cultura para hacer comentarios casuales o producto de una mayor reflexión sobre la situación política de Colombia. Y es esta dimensión, la que ya presenté alguna vez en el libro que Eduardo Posada-Carbó dirigió un homenaje de la Universidad del Norte a Malcolm, en el cual lo califican como " Historiador de Colombia ". Colegas y discípulos suyos ofrecieron ensayos y trae además una excelente bibliografía.

Hice una reflexión ampliada sobre la misma el jueves pasado en el seminario mencionado.

Recojo una afirmación casual de Malcolm que muestra su oportuna y penetrante capacidad de análisis. Por allá, a finales del siglo XX soltó la siguiente frase, contundente: "el sistema bipartidista colombiano es indestructible, porque no existe". Era un momento en el cual todavía seguíamos hablando de la existencia de dos grandes partidos políticos en Colombia, sin reparar mayormente en el impacto que tenían algunas facciones que los venían caracterizando desde algún tiempo. Ya en el 2003 se pasó una legislación para reducir lo que entonces era un sistema de partidos que podría sobrepasar el número de los 60 para, si no recuerdo mal, lograr reducirlos a 10. Hoy no sabemos si tenemos 32 o 33. El más reciente, el de los Defensores de la Patria, creación del nuevo presidente Abelardo de la Espriella, reconocido por el Consejo Nacional Electoral como tal.

Es que Malcolm se desempeñó como admirable historiador y formador de historiadores y como analista de las coyunturas políticas que vivió desde su llegada a Colombia en 1963. Dijo haber conocido a 15 presidentes colombianos, lo cual indica su interés por la situación política que vivió, eso que algunos llaman everyday history, es decir, la historia del momento actual. Esa la conoció muy bien y en cada momento y le permitió hacer comentarios que en muchas ocasiones iban en contravía del pensamiento convencional. Y para mí es la dimensión en la cual ejerció mayor influencia, la cual se tradujo en ayudar a moderar las opiniones predominantes y, principalmente, a criticar la capacidad de auto flagelamiento que teníamos los colombianos. Es una tarea que debería realizarse por medio de la búsqueda de ese tipo de opiniones que sus innumerables amigos recuerdan y las que aparecieron en entrevistas formales.

Sí, es cierto, nos conoció mejor de lo que nosotros nos conocíamos y así ayudo a que nuestra existencia fuera más feliz al acercarnos al conocimiento de la historia del pasado y del presente, que era como concebía el papel de la historia.

Bogotá, D. C, 21 de agosto 2026

*Analista Político, catedrático, exministro de Estado.

Las metas que se proyecten deben tener una relación directamente proporcional con la magnitud de los recursos disponibles, para no crear falsas expectativas y futuras frustraciones.

Por: Humberto Tobón*- Sin excesos, sin espectáculo y con un gran pragmatismo, el gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño, anunció que su Plan de Desarrollo se volcará esencialmente a cumplir y fortalecer las metas que estén correlacionadas con el propósito de reconstrucción del departamento.

Una decisión oportuna y acertada. Priorizar las metas y redireccionar los recursos que apuntan a la reconstrucción del tejido social y la infraestructura física, es un aporte sustancial, que de todas maneras necesita ayuda externa.

Se requieren muchos más recursos de los que hoy dispone el gobierno departamental en su presupuesto, o de aquellos que provienen de las transferencias del sistema de regalías, el sistema general de participaciones, el desahorro del Fonpec y el aumento de los cupos de crédito. Los nuevos dineros tendrán que llegar provenientes del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, según se desprende del decreto 1171 del 11 de agosto de 2026, donde se declara la situación de desastre en Colombia por un periodo de doce meses.

Este Fondo será el encargado de manejar los recursos para la respuesta y recuperación del desastre y desde allí se girarán las transferencias económicas a los entes territoriales, en cumplimiento de la ley 1523 de 2012.

Es aquí donde se requiere una coordinación adecuada, para que se puedan definir las prioridades de la inversión de los recursos y estos no se dispersen. “No se puede permitir que se cometan errores en los procesos de planeación y ejecución”, le ha dicho el mandatario risaraldense a su equipo de gobierno.

El gobernador Patiño Ochoa ha señalado que la reconstrucción es un desafío de los próximos diez años para Risaralda y su éxito dependerá de la planeación que se realice hoy, enfatizando que las metas que se proyecten deben tener una relación directamente proporcional con la magnitud de los recursos disponibles, para no crear falsas expectativas y futuras frustraciones.

El gobierno de Juan Diego Patiño dará el banderazo de arranque con el modelo de intervención, que ojalá se convierta en una política pública de mediano plazo, que los próximos dos gobiernos territoriales deban acatar y para ello la presencia de las veedurías ciudadanas será fundamental para que no se desvíen las metas ni se dispersen los recursos.

Pereira, 18 de agosto 2026

*Economista y periodista