Opinión

En Colombia, la polarización ha llevado a posiciones intolerantes…

Por José G. Hernández*. -El fenómeno de la polarización política, que fue evidente durante la campaña presidencial en los Estados Unidos y que afecta a varios países -entre ellos, Colombia- ha causado y seguirá causando mucho daño. Se caracteriza, ante todo, por la condena a las posiciones moderadas, calificadas como débiles, de modo que muchos ciudadanos -conducidos por los dirigentes políticos, por los medios de comunicación y en la actualidad por las redes sociales- terminan en los extremos, en la más absoluta intolerancia, en la irracional y cerrada oposición a toda idea, criterio, opinión o propuesta que provenga del lado contrario, que se salga de las “verdades” de la teoría acogida, o que no encaje en la estrechez del extremo en el cual cada uno se ubica. Una ceguera ideológica que, precisamente por serlo, impide toda consideración sobre el bien común y acerca de lo que más podría convenir al interés general.

En estos días, esa polarización se hizo patente en España, con motivo de la denominada DANA -fenómeno meteorológico así llamado, definido como “depresión aislada en niveles altos”-, que acaba de generar muerte y destrucción en Valencia y otras ciudades. En vez de actuar de inmediato y de suscitar la solidaridad, la integración, la coordinación y la actividad estatal orientada a la protección, el alivio y las soluciones que necesitaban con extrema urgencia los habitantes de las zonas afectadas, los gobernantes entraron en cálculos sobre los efectos políticos de cualquier decisión.

Como el gobierno de la Comunidad Valenciana está en manos del  Partido Popular, contrario al del gobierno nacional -en cabeza del PSOE-, los unos culparon a los otros; no se declaró la emergencia, ni fueron oportunamente enviados los bomberos, ni el Ejército, ni las ayudas que requería la población, y fueron los particulares -no el Estado, como ha debido ocurrir- los que, conmovidos por la situación, se trasladaron a pie a las áreas afectadas y, con sus escasos medios, procuraron dar apoyo a miles de personas y familias.

En Colombia, la polarización ha llevado a posiciones intolerantes, de tal modo que, para un extremo, todo lo que haga, diga o proponga el presidente en ejercicio y sus ministros es malo, perjudicial, y debe ser rechazado y obstaculizado, mientras, en el otro extremo, se proclama la bondad y el acierto gubernamental, sin crítica, ni análisis. Medios de comunicación han perdido su independencia, no entregan a la audiencia información veraz e imparcial -como lo exige la Constitución- sino que se inclinan y representan una u otra opción política extrema. Lo propio acontece en las redes sociales y en los medios alternativos, de uno u otro lado. No hay lugar a posiciones intermedias, ni al moderado análisis de hechos y situaciones.

Así, en el campo legislativo, se ha desfigurado por completo la función de las cámaras, en cuyo interior no se ejerce la representación del pueblo, ni se considera la prevalencia del interés general, ni el bien común, ni lo más conveniente para el país. Lo que se busca, por unos y otros, es lo extremo: aprobar como vienen -sin cambios- los proyectos de origen gubernamental, u obstruirlos, sin debate, diálogo, concertación ni discusión razonable.

Bogotá, D. C, 6 de noviembre de 2024

*Expresidente de la Corte Constitucional

“En Colombia, a pesar de tener controles que se suponen son muy estrictos, todas las campañas electorales han tenido escándalos por los ingresos de dineros cuestionados, -por ejemplo de Odebrecht- o por superar los topes de gastos permitidos”.

En Colombia, a pesar de tener controles que se suponen son muy estrictos, todas las campañas electorales han tenido escándalos por los ingresos de dineros cuestionados, -por ejemplo de Odebrecht- o por superar los topes de gastos permitidos.

El sistema democrático contemporáneo se sostiene sobre la premisa de la igualdad de participación ciudadana: una persona, un voto es la frase que sintetiza el principio del sufragio igual, que cada vez se ven más debilitado por la entrada de multimillonarias cifras de dineros privado a las campañas electorales.

Cuando las donaciones de grandes magnates y corporaciones definen el rumbo de la política, y los candidatos priorizan los intereses de sus donantes más ricos se pierde la confianza pública: el ciudadano común percibe que su voz se diluye frente al eco de las contribuciones millonarias.

En Colombia, a pesar de tener controles que se suponen son muy estrictos, todas las campañas electorales han tenido escándalos por los ingresos de dineros cuestionados, -por ejemplo de Odebrecht- o por superar los topes de gastos permitidos. Sin embargo estos casos son minúsculos frente a lo que pasa en Estados Unidos (EUA), donde se puede gastar y recibir sin límite.

Mientras en Colombia los topes de gasto en las dos vueltas de la última campaña presidencial fueron de unos 11 millones de dólares por candidato, en la actual campaña en EUA se estima que Kamala y Trump se van a gastar USD 6.000 millones, más del doble de lo que se gastó en la campaña de 2016 (USD 2.390 millones).

Pero esta astronómica cifra es menos de la mitad de lo que se está gastando en todo el proceso electoral incluyendo las campañas para el congreso, que a mediados del mes de octubre ya reportaban gastos por USD 15.900 millones. El problema es ¿de dónde viene esa inmensa cantidad de dinero?.

Todo es de donantes privados. Aunque en teoría las personas naturales y las empresas están muy limitadas para hacer aportes directos a los candidatos, pues no pueden donar más USD 6.600, en la práctica esos límites no funcionan pues también pueden aportar a través de los Comités de Acción Política (PAC) que respaldan a un partido o un candidato.

Lo que es peor es que en 2010 una sentencia de la Corte Suprema determinó que cualquier restricción al financiamiento de campañas electorales es una forma de censura y, por lo tanto, inconstitucional. A partir de allí se crearon los Super PAC a través de los cuales las personas y las empresas pueden hacer aportes ilimitados para gastos de campaña.

El caso más alarmante de incidencia de los multimillonarios en la campañas es el de Elon Musk, quien ha aportado USD 140 millones a la campaña de Trump, está comprando votos descaradamente y ha puesto la red social X de su propiedad a difundir las mentiras y los mensajes de odio de este candidato. Pero no es el único, solo los 150 mayores donantes han aportado USD 3.650 millones, de los cuales el 75% ha sido para candidatos republicanos. Su expectativa es que les retribuyan eliminado regulaciones a sus monopolios y bajándoles los impuestos. Poderoso caballero es don dinero.

Cali, 3 de noviembre 2024

*Filósofo y Economista. Consultor.

“Esta reforma del SGP que se tramita en este momento en el Congreso, además de consultar el espíritu del Constituyente de 1991, busca hacerle justicia a las regiones, se propone re-equilibrar las cargas”. 

Por Amylkar D. Acosta M*. -Después de haberse aprobado por parte del Senado de la República el Proyecto de acto legislativo No. 18 Senado y 437 Cámara de 2024, por medio del cual se modifican los artículos 356 y 357 de la Constitución Política, atinentes al Sistema General de Participaciones (SGP), se suscitó una encendida controversia en la que ha habido más calor que luz!

Como se recordará la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 reforzó el Situado fiscal que había creado el ex presidente Carlos Lleras Restrepo en su reforma a la Constitución en 1968, consistente en una bolsa de recursos a transferir por parte de la Nación a las entidades territoriales, con destinación específica al financiamiento de la educación, la salud, el agua potable y el saneamiento básico.

Conscientes de que las necesidades en las regiones son crecientes y de las enormes brechas interregionales e intrarregionales existentes, decidieron establecer una senda de crecimiento de sus recursos hasta alcanzar el 46.5% de los ingresos corrientes de la Nación (ICN). Pero ello se vio frustrado porque se le interpusieron en el camino dos actos legislativos (el 01 de 2001 y el 04 de 2007) que reformaron la Carta, sustrayéndole a las regiones una suma cifrada en los $387.953.907 millones entre los años 2002 y el 2023.

Pero la situación se tornó más difícil para las regiones, en la medida que durante los 33 años de vigencia de la Constitución de 1991, no sólo no se ha reconocido y respetado el principio de la Autonomía territorial consagrado en la Carta (artículo 287), que va más allá de la descentralización, sino que esta se ha revertido y lo que ha vivido el país durante este intervalo de tiempo  ha sido una descentralización disfuncional, consistente en trasladarle funciones y competencias a las entidades territoriales, pero sin recursos, contrariando lo establecido en el artículo 356 de la misma que a la letra dice que no se pueden delegar funciones y competencias, si al mismo tiempo no se le transfieren los recursos necesarios y suficientes para asumirlos.

Y lo que es peor, durante el período 1990 al 2022, 32 años y 8 períodos presidenciales, se aprobaron por parte del Congreso de la República, por iniciativa del ejecutivo, 18 reformas tributarias, 1 cada 18 meses, todas ellas para arbitrarle recursos a la Nación, ninguna de ellas para fortalecer los fiscos municipales y departamentales. Ello explica que en Colombia de cada $100 que se recaudan por concepto de impuestos la Nación se queda con $89 y los restantes $11 se reparten $7 a las de los 1.103 municipios y distritos y sólo $4 para los 32 departamentos del país.

De manera que esta reforma del SGP que se tramita en este momento en el Congreso, además de consultar el espíritu del Constituyente de 1991, busca hacerle justicia a las regiones, se propone re-equilibrar las cargas. Muchas de las críticas y de la oposición a este proyecto que han tenido un efecto mediático en los últimos días son infundadas. El Proyecto se propone lograr que en el transcurso de 10 años, contados a partir de 2027 hasta el 2036, las transferencias pasen desde el 23.8% de los ICN en 2023 hasta arribar al 39.5%.

Muchos han sido los reparos que se le han hecho a este proyecto, desde distintos flancos. La primera en reaccionar fue el Presidente de ANIF José Ignacio López, para quien, “la propuesta actual podría comprometer la sostenibilidad fiscal y afectar el crecimiento económico del país". Para el Presidente de FEDESARROLLO Luis Fernando Mejía, “esto implica que, incluso eliminado por completo la inversión del Gobierno Nacional, no sería posible financiar un aumento de esta magnitud”.

Y hasta la Presidenta del Comité autónomo de la Regla Fiscal (CARF) Astrid Martínez le salió al paso con el argumento de que “generaría una presión de gasto insostenible para el Gobierno Nacional Central…La reforma pondría en riesgo el cumplimiento de la Regla fiscal, que es un instrumento central para la generación de confianza y estabilidad macroeconómica”.

Tales aseveraciones son tremendistas e inexactas, pues la aprobación de este proyecto per sé no tiene por qué, como lo afirma ANIF, “comprometer la sostenibilidad fiscal” ni “afectar el crecimiento económico del país”, que hoy por hoy, es anémico, sin que se pueda atribuir como un efecto anticipado de la recomposición del gasto público al que se aspira, la cual está llamada a dinamizar la economía regional y por consiguiente de la economía nacional, porque Colombia jamás podrá ser competitiva hasta tanto sus regiones no lo sean.

Tampoco es cierto que de aprobarse este proyecto “no sería posible financiar un aumento de esta magnitud” como lo sostiene FEDESARROLLO, como tampoco se puede asegurar que el mismo “generaría una presión de gasto insostenible para el Gobierno Central”, como lo advierte la CARF, pues parte de la premisa de que el gasto público se estaría duplicando como si con la aprobación de este proyecto la Nación siguiera asumiendo las competencias que asumirían las entidades territoriales, tal como lo prevé el texto final aprobado en su sexto debate de ocho.

Le asiste la razón al ex director del DNP, nuestro colega Jorge Iván González cuando afirma contundentemente que se debe “aclarar que las nuevas competencias que asumirán municipios, distritos y departamentos se reflejarán en una disminución sustantiva de las responsabilidades fiscales de la Nación. La definición de las nuevas competencias no se discute en el proyecto, sino que se deja para que…” sea la Ley de competencias la que las defina y, tal y como quedó establecido en el texto aprobado, el Acto legislativo no entra a regir hasta tanto no sea expedida esta Ley!

A este respecto yo he venido sosteniendo que antes de cuantificar cuáles funciones asumirían estos con los mayores recursos que percibirán, es absolutamente indispensable hacer un ejercicio consistente en cuantificar el costo para las entidades territoriales que ya le han sido trasladadas, pero como lo señalé anteriormente, sin recursos, para que sea tenido en cuenta a la hora de hacer las sumas y las restas.

Barranquilla, noviembre 1 de 2024

*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía

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Cuántos gobernadores y alcaldes agradecerán a Juan Fernando Cristo en las urnas este milagro de soñar con más recursos y nuevas competencias, nadie lo sabe

Por Hubert Ariza*. -Los gobernadores y alcaldes del país han logrado más en un Gobierno de izquierda que en los gobiernos de derecha. Mientras el país permanece inmerso en el debate sobre la existencia del software espía Pegasus, la guerra no cede y la fuerza pública contraataca a las disidencias de las FARC y al Clan del Golfo, y en Cali se realiza con éxito la COP16, en el Senado de la República se aprobó, en sexto debate, el proyecto de acto legislativo que reforma el Sistema General de Participaciones (SGP).

No se trata de una noticia al margen, sino de una de hondo calado económico, político y social, porque implica cambios en la relación del Estado central con las autoridades territoriales, el futuro de la financiación de la salud, la educación, el agua potable, el saneamiento básico, la estabilidad del presupuesto nacional y la consolidación de la democracia.

Se busca, en esencia, cumplir el mandato de la Constitución de 1991 de que Colombia sea una república unitaria, descentralizada y con autonomía territorial, y avanzar hacia la meta de reorganizar la nación para que las entidades territoriales tengan un verdadero control sobre el destino de sus regiones, estén en capacidad de brindar una solución a los graves problemas sociales que las afectan y apalancar el desarrollo, el bienestar y, en esencia, contribuir a la superación de la guerra y la consolidación de la paz total.

La reforma aprobada por mayoría, el pasado 29 de octubre, fue iniciativa del senador caldense Guido Echeverry, y tuvo como ponente a su homólogo Ariel Ávila, de la Alianza Verde. En la Cámara de Representantes el ponente es el congresista liberal del Putumayo, Carlos Ardila.

Llegar al texto aprobado significó un fuerte pulso en el interior del Gobierno nacional entre el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y sus colegas de Hacienda y Planeación Nacional. Finalmente, el presidente Gustavo Petro avaló la propuesta cuando entendió que esta tenía mayorías y que era mejor pasar a la historia como el gran impulsor de la descentralización, y no como un anticristo que desautorizaba a su ministro del Interior. En la pelea se escucharon las voces de los fundamentalistas de la regla fiscal, que defienden el statu quo, rechazan el cambio y ven en cada espacio ganado por los territorios una amenaza al bogotacentrismo que ha imperado en los últimos cien años.

La reforma al SGP, que modifica los artículos 356 y 357 de la Constitución, cambiará la fórmula de asignación de transferencias a las regiones, que pasarán del 27% de los Ingresos Corrientes de la Nación, ICN, al 39,5%, lo que estará ligado a la expedición de una nueva Ley de Competencias.

El gran debate que se abre es cuáles competencias estarán dispuestos a aceptar los gobernadores y alcaldes, cuando ya están de por sí recargados de las responsabilidades que les han venido colgando a lo largo de los años, muchas imposibles de cumplir.

Esa Ley de Competencias implicará, entonces, una enorme transformación en la relación centro-periferia, agotada por las dinámicas sociales, y una reorganización del Estado, lo que desde ya anuncia un gran pulso político para garantizar el equilibrio fiscal sin caer en las trampas del inmovilismo del Estado que promueven los ortodoxos de la regla fiscal. También demandará un enorme proceso de fortalecimiento de las capacidades de ejecución de las autoridades territoriales, de por sí satanizadas por el Estado central, para que no se vean sobrepasadas por los ingresos sin posibilidad de ejecutar. Y, además, significará un esfuerzo adicional de las autoridades de control.

La reforma al SGP está a dos debates en la Cámara de Representantes de ser mandato constitucional, y comenzaría a aplicarse en 2027. Los actuales gobernadores no se beneficiarían de la nueva norma. Están sembrando para sus sucesores, quienes llegarán a gobernar con otras funciones, más recursos y mayor responsabilidad en su manejo, pero, sobre todo, con menos excusas para obtener resultados.

Se espera que al terminar 2024 el presidente Petro promulgue la nueva fórmula del SGP, lo que significará, también, un fortalecimiento de su relación de confianza con las autoridades regionales, muchas de las cuales votaron en su contra en 2022 y se encuentran en campaña de cara a 2026, por candidatos de derecha.

Lo trascendental de lo que está ocurriendo es que esta decisión significa un enorme pulso a favor de las autoridades territoriales ―gobernadores y alcaldes― que, de cara al proceso electoral en ciernes, han logrado mostrar su capacidad de convocatoria, poder negociador y voluntad de incidir en las grandes decisiones del Congreso, moviendo a sus congresistas, imponiéndose al ministro de Hacienda y alineando a su favor al Gobierno nacional.

Colombia históricamente ha ido a paso de tortuga en el tema de la descentralización. Las cuentas de los técnicos sobre el monto que el Estado central ha dejado de transferirle a las regiones, desde la promulgación de la Constitución, con los recortes y contrarreformas de 2001 y 2007, alcanza la exorbitante suma de 380 billones de pesos. Con la fórmula vigente de transferencias, existe una desfinanciación de 24 billones de pesos.

No hay duda de que una vez se apruebe y promulgue la reforma del SGP, la descentralización dará un gran salto. Ello, sin embargo, no va en contravía de la iniciativa del referendo que impulsa el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón ―declarado opositor del presidente Petro―, que busca reformar el artículo 298 de la Constitución, para que los gobernadores tengan mayor autonomía e injerencia en el manejo de los impuestos que recaudan.

Para los más optimistas, Colombia está dando pasos seguros hacia el fin del hipercentralismo y madurando para asumir con seriedad el debate sobre la viabilidad del establecimiento de un sistema federal, como lo han impulsado de tiempo atrás importantes líderes nacionales y regionales, entre quienes se cuenta el exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo. También consideran que hay espacio para pensar en la adopción de un sistema de regiones, como lo ha impulsado el exconstituyente y gobernador del Atlántico, Eduardo Verano. Para los más escépticos, lo logrado es apenas un gran paso, porque aún queda mucho camino para recorrer en un país en el que el centralismo bogotano siempre ha sabido recuperar los espacios y burlar los reclamos de autonomía de las regiones. 

Lo logrado hasta ahora deja varias lecciones. Una importante es que el acuerdo nacional se abre paso y los partidos políticos pueden zanjar diferencias y trabajar unidos con el Gobierno nacional por una agenda común de profundas reformas.

Es evidente que los gobernadores y alcaldes han ganado una importante batalla en el Congreso y se sienten listos para exigir más. Ellos quieren milagros. El próximo campo de medición de fuerzas y demostración de poder es el proyecto de ley de competencias que elaborará el ministro Cristo unos meses antes de que se cumpla la profecía de su renuncia para lanzarse a una nueva aventura presidencial. Cuántos gobernadores y alcaldes agradecerán a Cristo en las urnas este milagro de soñar con más recursos y nuevas competencias, nadie lo sabe.

Lo que sí es cierto es que ahora se hace mucho más necesario el fortalecimiento de la agenda de lucha contra la corrupción, en el que se consoliden las veedurías ciudadanas y la fiscalización de los medios, y el fortalecimiento de las ías, para impedir que los nuevos recursos asignados se conviertan en una trampa para las autoridades regionales, muchas de las cuales no terminan sus períodos por caer en la tentación de la contratación indebida y las malas influencias.

La mayor competencia de estas autoridades será impedir que la corrupción mate la descentralización, y un nuevo gobierno regrese el péndulo a la recentralización.

Bogotá, D. C., 2 de noviembre de 2024

*Periodista, internacionalista y analista político.

Tomado de EL País.

“COP16 se posicionará como la puerta de entrada a un progreso y un objetivo que perdurará por años y se incrementará para la salvación del planeta”.

Por Gabriel Ortiz*. -Terminó con todo éxito la COP16 en Cali y Colombia, con un único mensaje: la paz con la naturaleza es la tarea del siglo XXI. Los líderes del mundo, el secretario general de la ONU, el papa Francisco, la casi generalidad de los presidentes, las comunidades raizales y las actuales, coincidieron con el Papa: “un pueblo realizado canta victoria, siempre marcha adelante.

Ese clamor que cubrió desde Cali a todo el planeta estuvo torpedeado por un Putin destructor de Ucrania y por los pueblos y terroristas del oriente cobrando vidas, ideales, progreso y futuro. Eso en las lejanas tierras de quienes destruyen la humanidad con poderosas armas, y por quienes lo hacen malogrando la biodiversidad con aserríos, minerías ilegales, producción de estupefacientes, desplazamientos y sometimientos de poblaciones inermes. Aquí, a pocos kilómetros de la sede de la COP16, los fanáticos extremistas, agazapados bajo la paz total de Petro, se mostraron ante el mundo con sus bélicas y miserables acciones destructoras de nuestra biodiversidad y nuestra sociedad.

La COP16 expuso ante el mundo el salvajismo con el que se maneja lo poco que van dejando los demoledores y devastadores del medio ambiente, de las especies tan apetecidas por los laboratorios, la tenebrosa ciencia depredadora y las chimeneas que nos llenan de humo y se bogan nuestra agua.

Entre toda esa diversidad de fauna, flora y ambiente que aún se pueden conocer, uno de los pocos ausentes fue el cóndor, ese guardián de nuestro escudo, del que solo queda a lo sumo un centenar de ejemplares que han sobrevivido gracias a la tenaz labor del biólogo Roberto Tobar, quien se impuso la labor con el apoyo del Noticiero Nacional.

Los participantes en este importante foro tuvieron oportunidad de adentrarse en lo profundo que aún nos queda y se fijaron metas y propósitos para inculcar a las generaciones actuales y futuras una misión que nos conduzca al impostergable designio de esta humanidad: “hacer la paz con la naturaleza, como tarea del siglo XXI”.

Aún resuena y en adelante resonará este designio del Secretario General de las Naciones Unidas António Guterres. Igualmente dejará en los dueños de la riqueza, el poder y el progreso, propósitos claros, pródigos y generosos para apoyar financieramente la encomienda del siglo XXI.

La salsa, las danzas, todos los espectáculos culturales y la hospitalidad de Cali, han promocionado a la capital del Valle y a Colombia ante el mundo, para que un turismo biodiverso llegue a disfrutar de una región tan envidiable, amena y hospitalaria.

COP16 se posicionará como la puerta de entrada a un progreso y un objetivo que perdurará por años y se incrementará para la salvación del planeta.

No faltaron los desaguisados y malos ratos, que por fortuna fueron aplastados. La presencia del canciller de Venezuela, invitado por Petro y el ministro Murillo, dejó el sabor amargo de un gobierno que asaltó las elecciones de nuestros vecinos.

BLANCO: La lengua de un cómico de la campaña de Trump, que injurió a Puerto Rico llamándola “isla flotante de basura” le asestó duro golpe esa campaña e impulsó Kamala Harris al triunfo este martes 5. 

NEGRO: Las fiestas y reuniones privadas de ciertos funcionarios son el origen de los acosos sexuales.

Bogotá, D. C, 1 de noviembre 2024

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper

-Toda vez que se presume la inocencia -no la culpabilidad-, es incorrecto hablar de “presunto delincuente”, como lo hacen a veces algunos medios de comunicación.-

Por José G. Hernández*. -El derecho fundamental al debido proceso -garantizado en nuestra Constitución y en tratados, convenios y declaraciones internacionales- es también una garantía democrática en el Estado de Derecho y cobija a todas las personas, tanto en materia judicial como en el campo administrativo.

Así lo expresa el artículo 29 de la Carta Política colombiana: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”.

Uno de sus componentes esenciales del derecho al debido proceso radica en la presunción de inocencia, a la cual alude la misma disposición constitucional: “Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable”.

Como lo ha expresado la Corte Constitucional, el aludido principio superior “significa que cualquier persona es inicial y esencialmente inocente, partiendo del supuesto de que sólo se puede declarar responsable al acusado al término de un proceso en el que deba estar rodeado de las plenas garantías procesales y se le haya demostrado su culpabilidad”. (Sentencia C-289 de 2012)

En virtud de la presunción se traslada la carga de la prueba. Ninguna persona puede ser llevada a demostrar que es inocente. Como dice la Corte, “la actividad probatoria que despliegue el organismo investigador debe entonces encaminarse a destruir la presunción de inocencia”.

Según lo dicho, toda vez que se presume la inocencia -no la culpabilidad-, es incorrecto hablar de “presunto delincuente”, como lo hacen a veces algunos medios de comunicación.

Al derecho esencial en mención se une la garantía que brinda el orden jurídico a otros, también esenciales: los derechos al buen nombre y a la honra, contemplados en los artículos 15 y 21 de la Constitución.

Como acontece con otros derechos básicos -inherentes a la democracia-, los que mencionamos se han venido desconociendo, cada vez con mayor frecuencia. Como dice el lenguaje común, se ha “normalizado” su reiterada vulneración.

En especial, a partir del auge de las redes sociales y de la errónea y extendida convicción de que la libertad de expresión y el derecho a la información no implican responsabilidades, basta que se divulgue como noticia en los medios o que alguien escriba y propague en su cuenta virtual uno o varios mensajes en que se afirme que una persona comete o ha cometido delitos...para que, sin pasar por un proceso ante los jueces -como lo exigen la Constitución y los tratados internacionales-, se la tenga por delincuente y desaparezcan sus derechos a la presunción de inocencia, al debido proceso, a la defensa, a la honra y al buen nombre.

El afectado queda “condenado” ante la sociedad, no por los únicos competentes -que deberían ser los jueces- sino por sus acusadores. Aunque caben las solicitudes de rectificación, la conciliación y los procesos por calumnia e injuria, no es fácil que se pueda recoger toda el agua derramada y pueden pasar años mientras se adelantan los procesos judiciales. El reconocimiento de la inocencia será tardío.

¿Dónde queda, en tales casos, la garantía constitucional?

Bogotá, D. C, 31 de octubre 2024

*Expresidente de la Corte Constitucional

“Las decisiones dejarán de tomarse desde los territorios para tomarse en los escritorios por parte de la burocracia enquistada en la paquidérmica estructura del andamiaje centralista, ninguneando a las autoridades territoriales”.

Por Amylkar D. Acosta M*. - Al anunciar su demanda contra el Decreto 934 de 2013, expedido por el ex ministro de Minas y Energía Federico Rengifo, el Alcalde de la Capital por aquellas calendas Gustavo Petro manifestó que “según el Distrito la norma en cuestión es regresiva, desborda el régimen constitucional, legal y jurisprudencial existente en el país en materia de autonomía territorial, protección ambiental y de planificación y ordenamiento territorial, por lo que se procederá a su demanda ante el Consejo de Estado, con la correspondiente solicitud de suspensión provisional”, como efecto lo hizo.

Y en su decisión de segunda instancia la Sección tercera del Consejo de Estado anulando esta norma trajo a colación la Sentencia de la Corte Constitucional (C – 123 de 2014), “la cual definió que la toma de decisiones sobre el desarrollo de proyectos mineros debe responder a la participación de la Nación y los municipios mediante acuerdos sobre la protección de cuencas hídricas, la salubridad de la población y el desarrollo económico, social y cultural de sus comunidades”. Es decir que la Nación no podía desconocer la autonomía territorial consagrada en el artículo 287 de la Constitución política, avasallando con sus determinaciones a las entidades territoriales. Y fue más lejos el Consejo de Estado al dejar establecido que la Nación “deberá acordar con las entidades territoriales todo lo atinente al Plan de manejo ambiental (PMA), bajo los principios de concurrencia, complementariedad y subsidiariedad, previstos en el artículo 288 de la Carta”. Así de claro!

Y qué dice la Sentencia de la Corte Constitucional. Esta dirimió el conflicto de competencias planteado a partir de la interpretación del artículo 37 de la Ley 685 de 2001 del Código de Minas, que había dado lugar a un enfrentamiento entre los municipios, que se habían arrogado la facultad de impedir la actividad minera en sus territorios, ya fuera a través de consultas populares, la primera de ellas en el Municipio de Piedras, celebrada el 28 de julio de 2013, secundada por otra aupada por el entonces Alcalde de Ibagué y hoy Ministro de Salud  Guillermo Alfonso Jaramillo, mientras el Ministerio de Minas y Energía mediante el Decreto objeto de la demanda lo prohibió.

Después de varios bandazos por parte de la Corte Constitucional en los que falló ora dándoles la razón a las entidades territoriales ora dándole un espaldarazo a la Nación, finalmente emitió una providencia unificadora en el sentido que “al igual que no puede concluirse que el Constituyente estableció un principio de autonomía territorial sin límite alguno, tampoco es válido afirmar que el principio de Estado unitario avala cualquier regulación legal que, en pos de distribuir competencias, establezca límites a contenidos esenciales del principio de autonomía territorial”, reivindicando de esta manera los principios de la descentralización y la autonomía territorial, tan venidos a menos en los tiempos que corren como producto de la avalancha re-centralizadora que siguió a la expedición de la Constitución de 1991.  

Traigo a colación estos antecedentes a propósito de la expedición el 30 de enero del Decreto 044 de 2024 por parte de la Ministra de ambiente y desarrollo sostenible (MADS) Susana Muhamad, según ella para “evitar que se otorguen nuevos títulos y licencias en aquellos ecosistemas sensibles donde nunca ha debido haber minería”. Además de contrariar lo dispuesto en el artículo 34 del Código de Minas, que es Ley de la República, de rango superior a dicho Decreto, al darle un gran poder de discrecionalidad para determinar las “reservas temporales” al MADS se lleva de calle el principio de la autonomía territorial, así como la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la del Consejo de Estado que obliga a la concertación entre la Nación y las entidades territoriales.

La preocupación es mayor en la medida que se podría llegar al extremo, según lo establece la norma cuestionada, que las áreas delimitadas como tales pueden “culminar con la restricción o exclusión definitiva de la minería”. Olvida la Ministra que su Despacho es del Medioambiente y el desarrollo sostenible, conceptos estos inseparables y compatibles. En su lugar, el Gobierno debería apoyar y avalar el trámite en el Congreso de la República del proyecto de ley de coordinación y concurrencia entre las autoridades nacionales y territoriales y de participación ciudadana para la exploración y explotación de recursos naturales no renovables, tal como se lo han solicitado reiteradamente las altas cortes. Este es el camino para superar conflictos como el paro minero en contra de este esperpento jurídico: la concertación entre la Nación y los territorios!

Es irónico que esto ocurra en un Gobierno presidido por el Presidente Petro, quien siendo Alcalde Mayor del Distrito de Bogotá le plantó cara al Gobierno Nacional en defensa de la autonomía territorial que ahora se transgrede con este Decreto, que va en la misma dirección de la decisión de la Agencia Nacional Minera, retomando las facultades y competencias delegadas al Departamento de Antioquia. Es la recentralización en marcha, en menoscabo de la autonomía territorial, la misma que el Presidente y el Ministro Jaramillo defendieron a capa y espada como alcaldes. Las decisiones dejarán de tomarse desde los territorios para tomarse en los escritorios por parte de la burocracia enquistada en la paquidérmica estructura del andamiaje centralista, ninguneando a las autoridades territoriales. Esta es la ironía como arte de gobierno.

Cota, octubre 26 de 2024

*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.

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“Hace mucha falta la voz de Horacio Serpa en la Colombia de hoy para generar consensos, aplacar los ánimos y buscar caminos que conduzcan a un acuerdo nacional”.

Por Hubert Ariza*. - El próximo 31 de octubre, coincidiendo con la Convención del Partido Liberal, se cumplen cuatro años del fallecimiento de Horacio Serpa Uribe (Bucaramanga 1943-2020), uno de los grandes líderes de esa colectividad en el siglo XX y quien dedicó su vida a la defensa de la democracia, la búsqueda de la paz, la justicia social, la descentralización y la vigencia del Estado de Derecho. Fue, además, artífice de la Constitución de 1991 y víctima del odio de las FARC, los paramilitares y la extrema derecha que le truncaron, a sangre y fuego, y con una campaña de estigmatización y falsas noticias, el arribo a la Presidencia de la República.

Para muchos Serpa es hoy, simplemente, “Mamola”, una palabra que soltó con furia, siendo ministro del Interior, en medio de un debate de control político en los años más vertiginosos de su ascendente carrera política. Aquella vez, en el Congreso de la República, se jugó su futuro y hasta su vida en defensa del presidente Ernesto Samper, cuya campaña de 1994 fue acusada de recibir dineros del Cartel de Cali, en un suceso histórico que se conoce como el Proceso 8.000, que marcó un quiebre insuperable en la historia del liberalismo.

Ante los ojos del país vive la imagen de lealtad absoluta de Serpa a Samper, pero ante todo a la democracia, amenazada entonces por una conspiración de políticos, empresarios, periodistas y militares para tumbar al jefe de Estado y meter a Colombia en un camino incierto de ruido de sables, golpes blandos y lawfare.

Una historia que hoy se repite con la investigación a la campaña presidencial de Gustavo Petro, sin que él tenga a su lado un hombre de la talla política y apoyo popular como Serpa ―Mamola― que lo defienda. A Petro le ha tocado defenderse él mismo, con su verbo contestario, manejo de redes sociales, jugadas de alta política, decisiones gubernamentales y jurídicas. Cada acción ha puesto contra las cuerdas a sus enemigos y le ha dado oxígeno para mantenerse en el poder, culminar su periodo y soñar con la reelección de su proyecto político del cambio.

Son graves las denuncias de Petro de que en su contra hay en marcha un ataque planeado y sistemático liderado por una extrema derecha conspirativa, con medios de comunicación, instituciones politizadas y partidos ansiosos de regreso al poder, que aplican los protocolos del lawfare ya ensayados con éxito en otras latitudes, en una guerra jurídica que busca deponer presidentes, en lo que se conoce como un golpe blando. Las maromas del Consejo Nacional Electoral (CNE) forman parte, según el mandatario, de ese entramado para acelerar decisiones jurídicas y llevarlo a un juicio político en el Congreso, en la antesala de las elecciones presidenciales de 2026.

Todo ello sumado a amenazas de muerte alertadas por la embajada de Estados Unidos en Bogotá y el revoleteo del escándalo de Pegasus, un software espía de origen israelí que se ha convertido en una amenaza a la democracia y que el Gobierno busca para castigar a los responsables de su ilegal adquisición por más de 11 millones de dólares.

Como el país recuerda, gracias a la férrea defensa de su leal ministro del Interior, Samper fue absuelto por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y terminó su mandato constitucional, aunque sin haber desarrollado a plenitud su ambicioso Plan Nacional de Desarrollo, llamado El Salto Social, ni poder exhibir su visa a Estados Unidos, que le fue cancelada.

Samper ganó la partida que le plantearon los llamados “conspiretas” y pudo entregar, pacíficamente, el poder. Pero a Serpa la lealtad al presidente se le convirtió en un talón de Aquiles y un factor esencial para su derrota en su primera campaña presidencial de 1998, que adelantó en nombre del Partido Liberal, la única colectividad a la que perteneció, a pesar de los desaires y maltratos de Alfonso López Michelsen y César Gaviria Trujillo, quien lo pensionó del Congreso al impedirle encabezar la lista al Senado cuando pretendió reelegirse en 2018.

En la campaña de 1998, su rival, el conservador Andrés Pastrana, obtuvo el apoyo de liberales disidentes como Néstor Humberto Martínez, Alfonso Valdivieso y Rafael Pardo, y, sobre todo, de las FARC de Tirofijo y el Mono Jojoy, gracias a la gestión de Álvaro Leyva, quien después se arrepentiría de su jugada maestra. Así me lo indicó el veterano político conservador mientras coincidimos en una mesa de una cafetería al norte de Bogotá, a finales de junio de 2022, cuando esperaba ser atendido por Alfonso Prada, luego de ser designado como el primer canciller del Gobierno de Petro. “Me arrepiento mucho de haber ayudado a Pastrana a ser elegido. Tengo ese sentimiento de culpa con Horacio”, me reveló Leyva frente a varios contertulios.

En las elecciones de 1998, la derecha prefirió que cogobernaran las FARC con Pastrana a que llegara Serpa a fortalecer la institucionalidad, consolidar la democracia e intentar un proceso de paz sin doblegar la ley a los fusiles de la insurgencia. Lo que siguió fue una de las páginas más lamentables de la política en Colombia cuando Pastrana les entregó a las extintas FARC el dominio de una extensa zona del país, equivalente al territorio de Suiza, en el marco de un proceso de paz que nació muerto y solo contribuyó a consolidar militarmente a esa organización que, con sus excesos y perversiones, con su desafío armado y desprecio de la política de paz, dio vida y fortaleció el proyecto político de Álvaro Uribe Vélez, el máximo líder de la extrema derecha en Colombia hasta hoy. Sin las FARC, Uribe nunca hubiera ganado tanto ímpetu en una época en la que gran parte del país se sumió en una sed colectiva de venganza contra esa guerrilla.

Durante los cuatro años en el poder de Pastrana, Serpa ejerció lo que llamó “la oposición patriótica”, que vista en retrospectiva es una lección de alta política y lealtad a un ideario de un líder que creyó hasta el final de su vida en la garantía de los derechos humanos, la solución negociada del conflicto armado y la democracia.

Su apoyo incondicional al proceso de paz le significó, finalmente, su derrota en su segunda campaña electoral ante Uribe, quien prometía corazón grande y mano dura, y contó en su ascenso al poder con el apoyo de los paramilitares, que como se conoció años después incidieron en su triunfo en la primera vuelta en 2002.

Serpa denunció en la Fiscalía ese apoyo de la ilegalidad a Uribe, pero el fiscal Luis Camilo Osorio engavetó la demanda. La historia le daría la razón a Serpa, el único político colombiano que fue derrotado primero en nombre de la paz y, luego, en nombre de la guerra.

Serpa participó, después, en 2006, en una tercera campaña presidencial, más con la convicción de que era necesario que el Partido Liberal mantuviera vivo su deseo de poder, que con la certeza de que tuviera alguna opción y pudiera evitar la reelección de Uribe, quien logró comprar los votos en el Congreso para cambiar un articulito de la Constitución. Si no hubiera sido por la Corte Constitucional, se habría reelegido para un tercer periodo, en 2010, en nombre de su fracasada guerra total contra las FARC.

Pero Serpa fue mucho más que un candidato presidencial. Fue un estadista y aguerrido dirigente popular, que ocupó las más altas dignidades del Estado, excepto la Presidencia, y que como senador de la República fue aliado esencial del presidente Juan Manuel Santos en la concreción de los acuerdos de paz con las FARC y la consolidación de la JEP. Como gobernador de Santander saneó, asimismo, las finanzas del departamento y recuperó la confianza regional con políticas públicas efectivas de transformación social.

Su radicalidad en la defensa de su ideario le impidió jugar a ser un camaleón político o un pragmático sin principios al que solo le importaba el resultado. Mucha falta hace Serpa en la política y, en especial, en defensa de la JEP y del ideario socialdemócrata que promovió en el mundo como directivo de la Internacional Socialista. Su voz es necesaria, además, en momentos en que el Partido Liberal permanece reducido a la voluntad de César Gaviria, y el mandato de la Constituyente Liberal, del año 2000, fue enterrado en los jardines de la Casa Liberal de la 36, eludiendo la democracia interna

La voz de Serpa, del mismo modo, ahora se oiría sin miedo, con su inconfundible vibrato santandereano, en repudio de cualquier amenaza a la estabilidad democrática, contra el virus del populismo autoritario, de izquierda o derecha, y todo intento de reforma a la brava de la Constitución de 1991, que él firmó con tinta indeleble en su condición de copresidente de la Constituyente.

Serpa, no hay duda, seguiría fiel a su lucha vital por la paz de Colombia, siendo auténtico y único, cercano al pueblo, del que fue fiel representante, como hijo de una maestra de escuela y un tinterillo ―como él jocosamente le decía a su padre―, quienes eran su más grande orgullo, junto a su esposa y sus tres hijos.

Hace mucha falta la voz de Serpa en la Colombia de hoy para generar consensos, aplacar los ánimos y buscar caminos que conduzcan a un acuerdo nacional que facilite las grandes reformas aplazadas y la consolidación de la paz total. Es grande su ausencia, como su legado que está ahí para que los jóvenes liberales se lo apropien. En la anunciada Convención Liberal de los próximos días, aplazada por varios años, ojalá se escuche el eco de quienes lo aplaudieron, apoyaron su ideario y lucharon con el trapo rojo por llevarlo a la presidencia, gritando: ¿que olvidemos a Serpa? ¡Mamola!

Bogotá, D. C, 20 de octubre 2024

*Periodista, internacionalista y analista político.

Tomado de EL País.

“En Colombia, se han planteado soluciones para generar ingresos sostenibles, como los pagos por servicios ambientales y los programas de desarrollo alternativo, pero han sido insuficientes”.

Por Mauricio Cabrera Galvis*.  - ¿Qué pasa cuando la protección de biodiversidad entra en conflicto con derechos o necesidades de particulares? No es una pregunta retórica sino que es la cuestión que está detrás de los paros de campesinos y mineros en Caldas, Antioquia y en el páramo de Santurbán.

No es una pregunta fácil de responder. Todos estos campesinos viven de actividades que afectan ecosistemas frágiles o que son indispensables para la conservación de fuentes de agua. El mismo dilema se enfrenta cuando colonos talan bosques en la Amazonía para sembrar coca porque es la única fuente de ingresos que tienen para alimentarse.

Para los campesinos y mineros es una cuestión de supervivencia, pero también lo es para los millones de colombianos que dependen del agua de los páramos, como es el caso de Santurbán. En el mediano plazo también está en juego la supervivencia de toda la humanidad que depende de la biodiversidad para subsistir. ¿Cómo resolver el dilema?

El punto de partida es reconocer que la protección de biodiversidad cuesta mucho dinero. Para resolver el dilema es fundamental incluir incentivos económicos efectivos, pues la conservación de la biodiversidad no puede lograrse sin tomar en cuenta las necesidades de los campesinos.

En Colombia, se han planteado soluciones para generar ingresos sostenibles, como los pagos por servicios ambientales y los programas de desarrollo alternativo, pero han sido insuficientes, en parte por mala ejecución, pero sobre todo por falta de recursos. En 2024, el presupuesto asignado a la protección de la biodiversidad en Colombia representa menos del 0,5% del PIB, una inversión insuficiente frente al costo que representa la restauración de ecosistemas degradados y la necesidad de alternativas reales para campesinos y mineros.

En la COP 16 se están buscando compromisos de movilización de recursos internacionales para financiar la conservación de la biodiversidad como los Pagos por servicios ecosistémicos, que según la FAO podrían generar hasta USD 2.000 millones anuales para América Latina, o el Fondo Verde para el Clima que aspira canalizar hasta USD 100.000 millones para apoyar proyectos de mitigación y adaptación. Colombia debe aprovechar esta oportunidad, pero para ello debe presentar proyectos bien estructurados, con resultados medibles en términos de conservación o restauración de ecosistemas.

ADENDA 1: Cualquier solución que se busque para los derechos de campesinos y mineros debe partir del respeto a los derechos del resto de los colombianos, a los que no pueden someter a bloqueos que les impiden trabajar, o cortan el suministro de alimentos a las ciudades.

ADENDA 2: Las víctimas de un cura abusador merecen justicia y reparación. Lo que no es aceptable es que, diez años después de muerto el pederasta, la busquen inculpando a una persona como el jesuita Francisco de Roux -que ha dedicado su vida a defender a todas las víctimas- por no haber denunciado a la fiscalía al victimario, máxime cuando las víctimas y sus familias estaban obligadas a denunciarlo y no lo hicieron.

Cali, 26 de octubre 2024

*Filósofo y Economista. Consultor.

“Solo nos queda solicitar que ciertos líderes, frenen sus impulsos y delirios para perpetuarse, y piensen en su gran responsabilidad frente a quienes los eligieron o respetaron las decisiones de las urnas”.

Por Gabriel Ortiz. - El líder dijo que Bogotá moriría de sed, que todos sus 8 millones de habitantes tendrían que evacuar para salvarse y que se acabarían las tradicionales manifestaciones contra los golpes blandos e investigaciones de topes electorales. Así dejó plasmado el apocalipsis que caerá sobre la capital. Y advirtió ser dueño de toda la información que mostraba en marzo del 25 a una ciudad muriendo de sed.

El solo anuncio del líder dio origen a la proliferación de compraventa de inmuebles, negocios y posibilidades de inversión. Bogotá, tuvo la peor noche y madrugada que se conozca después del 9 de abril del 48. Muchos de sus habitantes entreabrieron sus ventanas para observar a los soldados sacando a toda la población de sus residencias. Pensaban con pánico el lugar al que los llevarían, sin permitirles cargar una mísera botella de agua.

Entre tanto los medios matinales de comunicación trataban de calmar a 8 millones que aún estaban arropados en sus camas esperando la hecatombe que su líder los había amenazado esa noche del martes 22, a través de un encrespado y delirante discurso ante un planeta reunido en Cali para defender la biodiversidad, pero con el propósito de salvar a la humanidad.

El alcalde de la metrópoli Carlos Fernando Galán, intentó apaciguar y evitar el pánico entre sus súbditos, más el líder, y sus entorpecidos seguidores fortalecían la pronosticada amenaza de la peor sequía en la historia de la capital. Veían un desierto extendido por toda la sabana y creían que había llegado el Putín, que destruyó a Ucrania.

El daño ya estuvo hecho: Bogotá agonizará de sed y la polvareda sepultará lo que antes fue la fértil y pujante capital de Colombia y Atenas Suramericana.

Por fortuna el alcalde Galán, con toda tranquilidad y fortaleza, derrumbó las falsas tesis de Petro sobre la catástrofe que sepultará a la capital.

Hoy la humanidad soporta un clima endemoniado que inunda, o limita las lluvias en muchas regiones del mundo. Pero eso cambiará, y sería catastrófico crear pánico con supuestas emergencias, cuando existen cambios climáticos, controles y descubrimientos para obtener el precioso líquido.

Las aguas lluvias se pueden aprovechar, como ocurre en multitud de ciudades, pueblos y regiones. La sabana de Bogotá fue una laguna y en su subsuelo existe agua abundante. Galán, no ha descuidado el tema, trabaja, analiza y cuenta con apoyos técnicos y modernos para evitar la hecatombe, calamidad o infortunio profetizados.

Bogotá, seguirá su progreso, su pujanza y su fortaleza. Quienes pensaron en abandonarla, o colocar en venta sus propiedades, aquellos que se sienten acosados, deben recuperar la confianza, e inclusive salir a las calles y plazas para protestar por el golpe, no blando, que quisieron aplicarle a la capital.

Claro que hay quienes recuerdan a cierto alcalde, que entró en pánico por una crisis con las basuras y se apresuró a comprar camiones usados, viejos y costosos, que inclusive llegaron repletos de desperdicios neoyorkinos.

Solo nos queda solicitar que ciertos líderes, frenen sus impulsos y delirios para perpetuarse, y piensen en su gran responsabilidad frente a quienes los eligieron o respetaron las decisiones de las urnas.

¡Bienvenida querida Bogotá pujante y triunfante!

BLANCO: Valiosa posición de 120 congresistas para evitar que la reforma a la justicia beneficie a los violadores y asesinos de nuestros niños.

NEGRO: Ojo con darle más autonomía y recursos a los departamentos, se puede generar una inatajable politiquería.

Bogotá, D. C, 25 de octubre de 2024

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.