Opinión

“No muestra propósito de enmienda un grupo ilegal que dice defender a los más vulnerables, mientras persiste en hostigarlos, extorsionarlos, asesinarlos, desplazarlos, empujarlos a la ilegalidad del narcotráfico y reclutar a sus hijos.”

Por José Félix Lafaurie Rivera*. -El 20 de julio, en remedios, Antioquia, el Eln devolvió a dos líderes sociales secuestrados un mes antes, lo que no fue precisamente un gesto de paz, pues nunca debieron haber sido “retenidos”.

El 21 de julio, en medio de enfrentamientos con disidencias de las Farc, fueron secuestradas 16 personas en puerto rondón y Tame, en Arauca, presuntamente por el ELN, según las comunidades. Si no son los responsables deberían pronunciarse, porque “el silencio otorga”.

Definitivamente, el ELN no tiene “propósito de enmienda”, una condición de la confesión que varias generaciones aprendimos en el viejo catecismo del padre Astete, relacionada con el compromiso de “no volverlo a hacer”; es la “no repetición” de las negociaciones con grupos ilegales; compromiso que no existe si falta voluntad, de abandonar el pecado para el padre Astete y, para nuestro caso, voluntad de paz.

El propósito de enmienda no le duró al ELN cuando, en febrero, se comprometió a suspender las “retenciones con fines económicos” -secuestro extorsivo-, pero dos meses después las reanudó arguyendo incumplimiento del gobierno al no implementar el fondo multidonante y negociar con el frente comuneros del sur en Nariño. Desde entonces los diálogos están congelados.

Propósito de la enmienda le faltó cuando, desde octubre de 2023 empezó a torpedear el mecanismo de monitoreo y verificación (mmv), después de firmar el acuerdo de cese al fuego que lo creó y su protocolo de funcionamiento. Como he sostenido, sin verificación, el cese al fuego es una burla y, sin cese al fuego, no habrá participación de la sociedad, ni transformaciones en los territorios, ni habrá más diálogos. La participación de la sociedad no puede darse bajo el sometimiento y la lógica del terror.

No muestra propósito de enmienda un grupo ilegal que dice defender a los más vulnerables, mientras persiste en hostigarlos, extorsionarlos, asesinarlos, desplazarlos, empujarlos a la ilegalidad del narcotráfico y reclutar a sus hijos.

El cese al fuego vence el 3 de agosto y, frente a la intención de arrodillar al gobierno de cara a una segunda prórroga, que no es otra la razón de congelar los diálogos, bloquear el mmv y seguir hostigando a la población, valoro la posición del comisionado de paz, otty patiño, quien declaró a los medios que considera “viable y necesario” extender el cese al fuego, pero conminó al eln a mostrar voluntad de paz y le dejó claro que “de nuestra parte no hay una actitud de ruego”.

El consejo de seguridad de la ONU, por su parte, con una misión de verificación que conoce la violencia del eln y las negociaciones, se limita a solicitar a las partes “firmar la extensión del cese al fuego”, así nomás, sin condiciones ni compromisos, lo cual, además, representaría aceptar la culpabilidad que el ELN pretende endilgarle al gobierno.

Propósito de enmienda, el propósito de no seguir destruyendo a Colombia… ¿será mucho pedir?

Bogotá, D. C, 30 de julio 2024

*Presidente de FEDEGAN

“Para estimular la economía y ayudar a los más pobres, el Gobierno tiene instrumentos más eficaces que el disparate populista de los días sin IVA”.

Por Mauricio Cabrera Galvis*. -La derecha populista debería tener por lo menos coherencia en sus propuestas económicas. Se rasgan las vestiduras con el déficit fiscal y exigen que el Gobierno recorte más su gasto, pero al mismo tiempo insisten en el disparate populista de revivir una de las grandes equivocaciones fiscales del gobierno Duque, los días sin IVA,

Como prefieren repetir sus errores para defender los intereses económicos de algunos gremios, congresistas del Centro Democrático presentaron en 2022 un proyecto de ley para revivir y hacer permanentes tres días sin IVA cada año, con una motivación muy bonita: “Proteger el poder adquisitivo de los hogares y estimular la economía colombiana”.

El presidente Petro objetó la Ley recién aprobada. Si no la hubiera objetado, con toda seguridad la Corte Constitucional la hubiera declarado inexequible por un vicio de procedimiento insubsanable, pues no se llevó a cabo el análisis de impacto fiscal de la medida. Por esta misma razón la Corte ya ha tumbado varias leyes, la más reciente la ley que creó el Ministerio de Igualdad y Equidad.

Hoy no se conoce con exactitud el costo fiscal que tuvieron los días sin IVA en 2021 y 2022. Para los tres días de 2021, el Minhacienda de la época dijo que las ventas habían sido de $31,4 billones, y que el costo fiscal solo fue de $471.000 millones. La cifra es tan baja que ha sido muy cuestionada, pues implicaría que solo el 7 % de las ventas se beneficiaron del incentivo. Nunca ha sido aclarada, ni tampoco hay datos oficiales del impacto fiscal en 2022.

Cualquiera que sea el costo fiscal, es evidente que cualquier gasto público o reducción de impuestos es un estímulo para el crecimiento económico. El problema con los días sin IVA es que se trata de un estímulo ineficiente y regresivo.

Es ineficiente por dos razones. Primero, porque ante los anuncios de tres días sin IVA en el año la gente aplaza muchas de sus compras para hacerlas esos días, de manera que es mucho menor el incremento total de las ventas en un año.

Segundo, y más importante, porque la mayor parte de las compras fueron de electrodomésticos, computadores y teléfonos, todos importados, y muy pocos productos nacionales. En esos años las cifras del Dane mostraban las ventas del comercio creciendo mucho más que la industria manufacturera, porque se venden muchos productos importados.

Es un estímulo fiscal regresivo porque favorece a los estratos medios y altos, que son los que tienen la capacidad para adquirir electrodomésticos y computadores que han sido los productos más vendidos. No favorece a los más pobres y vulnerables que no tienen capacidad adquisitiva y, al no estar bancarizados, no cuentan con tarjetas de crédito o débito que son el medio de pago exigido para las compras sin IVA.

Para estimular la economía y ayudar a los más pobres, el Gobierno tiene instrumentos más eficaces que el disparate populista de los días sin IVA.

Bogotá, D. C, 29 de julio 2024 

*Filósofo y Economista. Consultor

“Para aliviar el bolsillo de los usuarios reduciendo el valor de la factura del servicio de energía son varias las acciones que se pueden acometer ya y pasan por la superación del impasse de la CREG, convertida en el nudo gordiano de la actual crisis”.

Por Amylkar D. Acosta M*. - Desde el año 2022, no solo en Colombia sino en el resto del mundo se dispararon los precios y las tarifas de energía, debido a un brote inflacionario global en el que el servicio de energía llevó la peor parte. No obstante, el alza afecta más a los usuarios de la región Caribe porque sus tarifas son más altas. Mientras en el resto del país las tarifas oscilan alrededor de $850 el KWH en la región Caribe superan los $1.200 el KWH.

La tarifa de energía (Costo unitario) tiene 6 componentes, a saber CU = G + T + C + D + PR + R. Lo que hace la diferencia entre la tarifa en la región Caribe, Mercado servido por Air-e y AFINIA, con respecto a los del resto del país es el cargo correspondiente a las pérdidas reconocidas (PR). Mientras en el resto del país dicho cargo es en promedio del 8.5% en la región Caribe es del 24%, dado que no solo se reconocen las pérdidas técnicas sino las no técnicas o sea la energía que se roban, de tal suerte qué terminamos pagando los justos por los pecadores. Ello solo se explica por el “régimen especial” para el Caribe previsto en la Ley 1955 de 2019 del PND de la administración Duque. Este cobro aunque es legal, porque se sustenta en la Resolución 010 de 2020 de la CREG, no por ello deja de ser injusto. 

Un factor que venía contribuyendo a las elevadas tarifas en todo el país era la aplicación de un Índice del precio al productor (IPP), que no consultaba para nada los costos en los que incurren los agentes de la cadena, a varios de los cargos de la tarifa, por fortuna se replanteó su cálculo y la CREG deberá modificarlo y establecer un deflactor más apropiado. 

Otra clavija que incluye la fórmula tarifaria es el cargo por restricciones (R), atribuidas especialmente al atraso en la ejecución de los proyectos de generación y transmisión, el cual desde el año 2000 se le viene cargando el 100% a los usuarios, cuando, en su lugar, quienes deberían asumirlas son los responsables de las mismas. Pero así lo dispuso la CREG mediante la Resolución 063.

Mención aparte merece la opción tarifaria (OT). A finales de 2022, en el Pacto por la “Justicia tarifaria” anunciado por la ex ministra de Minas y Energía Irene Vélez se acordó suspender temporalmente el cobro y pago de la OT. Al reanudarse su cobro en enero de 2024, la OT se convirtió en el cargo 7 de la fórmula tarifaria (CU = G + T + C + D + PR + R + OT), exacerbando las alzas tarifarias.

Después de tres cumbres infructuosas (en el Palacio de Nariño, la primera, en Sincelejo la segunda y en Cartagena la tercera), sin que se alcanzaran acuerdos para bajar las tarifas, el Presidente Petro anunció desde Barranquilla que el Gobierno Nacional asumiría el pago de la Opción tarifaria, lo cual se traduciría en una baja entre el 4% y el 20%, según el caso, en la factura. A poco andar el Ministro de Minas y Energía Andrés Camacho aclaró que solo se asumiría la deuda por concepto de la OT de los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 ($2.8 billones). Y, para rematar, adujo que la Nación solo podía asumir dicha deuda si el Congreso de la República faculta al Gobierno para hacerlo mediante una Ley, la que se tramitará en esta legislatura que apenas empieza.

Entre tanto el Ministro de Minas y Energía Andrés Camacho expidió el 2 de julio la Resolución 40225, ordenándole a la Comisión de regulación de energía y gas (CREG) la adopción de las “medidas para reducción de tarifas a los usuarios regulados del servicio de energía eléctrica”. No obstante la CREG, por falta de quorum, no está en capacidad de tomar decisiones. Ya han transcurrido 25 de los 30 días calendarios que le dio el Ministro para bajar las tarifas y hasta ahora nada de nada!

Y hablando de soluciones, a propósito de las cuales hemos presentado propuestas concretas y razonables, además de la revisión del cargo por pérdidas reconocidas (PR) y del indexador (IPP) y de la supresión del cargo por restricciones (R), amén del pago de la Opción tarifaria por parte del Gobierno Nacional a las empresas, las empresas generadoras deberían hacer un esfuerzo en esta coyuntura crítica para los usuarios, disponiendo un descuento temporal en el precio de la energía pactado en los contratos bilaterales entre ellas y las empresas distribuidoras, disminuyendo de esta manera el cargo por generación (G). Por su parte las distribuidoras deben hacer un mayor esfuerzo para disminuir su exposición en Bolsa, con el fin de amainar el impacto del precio spot en el componente G de la tarifa (CU) y reducir el cargo por comercialización (C).

Como colofón queremos decir que, como lo hemos señalado, para aliviar el bolsillo de los usuarios reduciendo el valor de la factura del servicio de energía son varias las acciones que se pueden acometer ya y pasan por la superación del impasse de la CREG, convertida en el nudo gordiano de la actual crisis. No hay que esperar la reforma de la Ley de servicios públicos para lograrlo, como se ha planteado sutilmente. Quienes como el Ministro de Minas y Energía y el Superintendente de servicios Dagoberto Quiroga sostienen esta tesis con ella tratan de tender una cortina de humo, al tiempo que tratan con ello de impulsar el anunciado proyecto de reforma. ¡Ello no pasa de ser una falacia y un espejismo, a la vez!

Bogotá, julio 29 de 2024

*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.

www.amylkaracosta.net

“Muy grave que el escándalo de corrupción vincule a Karen Manrique, parlamentaria de Arauca por una de las curules de paz, por el presunto desvío de recursos hacia el Eln, a partir de la gestión interesada de millonarios recursos de la Ungrd…”

Por José Felix Lafaurie Riviera*. -El país, que parece acostumbrado a la violencia y la corrupción, recibió un verdadero cimbronazo con los escándalos multimillonarios de corrupción en la Ungrd, de los cuales el de los carrotanques de la Guajira es apenas la punta del iceberg, para comprar apoyos o satisfacer intereses regionales de algunos parlamentarios.

Hasta ahí, las cosas ya son de una gravedad suprema, pues entre los presuntos implicados no solo hay parlamentarios de Senado y Cámara, sino ministros y otros funcionarios de alto nivel que se han declarado inocentes.  Sin embargo, el iceberg de corrupción parece aún mayor y capaz de hundir un Titanic, pues ese ventilador ya le sumó a esa secuela de escándalos la también presunta desviación de recursos en Arauca con destino al Eln.

¡En Arauca!, uno de los nichos de control territorial de ese grupo ilegal, con campamentos y actividad criminal a lado y lado de la frontera. En Arauca, un departamento con un largo historial de gobernantes cooptados por el frente Domingo Laín, que es autoridad en la región, donde pone alcaldes y donde todo peso de la contratación local, de las regalías petroleras o de las “partidas gestionadas”, como las de la Ungrd, es mermado por la tajada al Eln, según fallos judiciales. En Arauca, donde una sociedad victimizada no deja de sufrir la extorsión, el secuestro, el asesinato, el reclutamiento infantil…

La delegación gubernamental ya emitió un comunicado oficial en el cual reitera los principios de legalidad y transparencia que rigen su actuación, sometida, además, a la observación de los países garantes y acompañantes, de la ONU, la Iglesia Católica y observadores de la Fuerza Pública. Sobra decir que, como miembro de la delegación y a partir de mi experiencia personal a lo largo del proceso, comparto plenamente los términos de la declaración, pues, de no poder hacerlo, sencillamente estaría siendo cómplice de un delito.

Es más, debo recordar que, frente al anuncio del Eln de reanudar el secuestro extorsivo por la no activación del Fondo Multidonante, la posición de la delegación fue tajante en cuanto a que esos recursos serían destinados exclusivamente a financiar acciones transformadoras en los territorios y, de ninguna manera, a sostener a un grupo ilegal en proceso de negociación y con cese al fuego decretado, pero renuente a abandonar sus actividades ilícitas y las hostilidades contra la población.

Grave sí, muy grave que el escándalo de corrupción vincule a Karen Manrique, parlamentaria de Arauca por una de las curules de paz, por el presunto desvío de recursos hacia el Eln, a partir de la gestión interesada de millonarios recursos de la Ungrd, destinación oculta que ha sido denunciada por Olmedo López, el confeso exdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo. Gravísimo sí, pues se trata de la representante ¡de las víctimas! en una región todavía victimizada por el Eln, y se trata de recursos para un municipio, Saravena, sometido al control territorial de ese grupo armado ilegal.

Hoy el asunto está en los terrenos de la justicia y, por ello, como todos los colombianos, espero la investigación rigurosa de la Fiscalía y, en su momento, el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia con la oportunidad que el país reclama.

El Eln, por su parte, congeló unilateralmente los diálogos desde febrero a partir de su rechazo al diálogo regional en Nariño, y hoy es el Gobierno quien debe hacerlo hasta que se aclare el presunto desvío de dineros en Arauca, y puedan proseguir las negociaciones sin prevención alguna, pues la sombra de la corrupción oscurece el camino hacia la paz, que merece iluminarse de credibilidad y confianza.

Bogotá, D. C, 22 de julio 2024

*Presidente FEDEGAN

@jflafaurie

“Ampliar el monto de la deuda no significa recortar el programa de gasto público, que es de lo que se trata”.

Por Juan Camilo Restrepo*. -Como en una buena novela negra el Dr. Oliver Pardo, director del observatorio fiscal de la Universidad Javeriana, se dedicó en un interesante artículo publicado en el periódico El Espectador el pasado martes 2 de junio a escudriñar dónde estaban exactamente los recortes que por $20 billones anunciaron con bombos y platillos por el gobierno.

Para tal efecto el investigador mencionado se sumergió en las complicadas aguas del decreto 0776 del pasado 20 de junio, por el cual se aplazaron varias apropiaciones del presupuesto nacional de la vigencia 2024.

El hallazgo más interesante de esta pesquisa del Doctor Pardo es que $8,2 billones de los $20 billones están representados en una partida que originalmente aparecía como gasto pero que ahora se sustituye por una ampliación del endeudamiento público.

En otras palabras, la cancelación que por $8,2 billón le iba a hacer el gobierno Nacional en esta vigencia a Ecopetrol se sustituye por la entrega de la misma suma a la petrolera, solo que ahora recibirá títulos de deuda del Gobierno Nacional (TES) en vez de un pago en efectivo.

Dicho en otras palabras: una deuda se sustituye por otra deuda, en este caso títulos de deuda pública del Gobierno Nacional llamados (TES).

La alquimia funciona perfectamente: Ecopetrol cambia una creencia por un título de deuda, pero obviamente esto no significa reducción del gasto público como se ha hecho creer. Ampliar el monto de la deuda no significa recortar el programa de gasto público, que es de lo que se trata.

Ampliando su argumentación el observatorio fiscal de la Universidad Javeriana agrega lo siguiente: “la única forma de recortar los gastos relacionados con el FEPC es reducir el subsidio al Acpm, lo cual debe hacerse para mejora la sostenibilidad de las finanzas públicas y mejorar la focalización del gasto.

Pero esto solo se verá reflejado en el PGN de 2025. En otras palabras, los $20,5 billones presupuestados en el presupuesto de 2024 corresponden a gastos ya materializados. Que los pague Ecopetrol, el Gobierno Nacional Central ahora o el Gobierno Nacional después (cuando venza los TES) es otra cosa. Pero en ningún caso constituyen una reducción real del gasto.

El departamento de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá conceptuó hace algunos días que el recorte mínimo para cumplir con la Regla Fiscal no era de $20 billones sino del doble: $40 billones.

Con esta operación cosmética que ha descubierto el observatorio fiscal de la Universidad Javeriana se sortea el escollo de acreditar un recorte por $20 billones que en realidad no es tal, pues el 40% del mismo no es otra cosa que canjear una deuda con otra con Ecopetrol.

Pero queda flotando otra pregunta no menos inquietante: ¿será suficiente para cumplir con la Regla Fiscal este año un recorte de $20 billones, 40% de los cuales no son otra cosa que el resultado de sustituir una deuda por otra?

Bogotá, D. C, 22 de julio de 2024

*Abogado y Economista. Exministro de Estado

“Nuestro equilibrio externo sigue dependiendo del petróleo”.

Por Mauricio Cabrera*.- ¿Por qué el desequilibrio externo que comentaba la semana pasada no se ha reducido más con la acelerada devaluación del peso colombiano? ¿Por qué con el precio del dólar alrededor de $4.000 las exportaciones siguen disminuyendo? A pesar de la mala fama de los economistas para dar explicaciones, en este caso si tienen algunas respuestas.

La primera es que la devaluación del peso es una ilusión monetaria, es decir no es real. Si bien desde finales del 2014 el precio del dólar pasó de $2.350 a más de $4.000, -es decir una devaluación nominal del 73%-, al descontar la variación del IPC en el mismo período se constata que el valor real del dólar se ha mantenido constante.

En otras palabras, en Colombia un dólar vale más pesos hoy pero compra lo mismo que podía comprar hace 10 años.

Alguien podría decir que la comparación solo con el IPC de Colombia no es relevante, porque también ha habido inflación en el resto de países. Es cierto. Para tomar en cuenta la inflación internacional el Banco de la República ha construido el Índice de la Tasa de Cambio Real competitiva (ITCR) que incluye la inflación de nuestros socios comerciales.

En la misma década el resultado no es muy diferente, pero en los últimos años es peor: después de la pandemia el ITCR ha bajado 15%, es decir que la competitividad de los productos colombianos ha caído en esa proporción, lo que dificulta el crecimiento de las exportaciones.

Una segunda explicación es el estancamiento del comercio mundial. Para que nuestras exportaciones crezcan, tienen que crecer los compradores en el exterior y la realidad es que después de la recuperación post-pandemia el comercio mundial de mercancías está frenado.

En 2023 disminuyó un 5% en términos de valor, a pesar del crecimiento del PIB mundial, que fue de 2.7%. En este contexto es difícil que crezcan nuestras exportaciones.

Finalmente, está el factor precio de los hidrocarburos. El año pasado los ingresos de las exportaciones de petróleo bajaron USD 6.250 millones menos, lo que representó el 85% de la disminución del valor total de las exportaciones.

Pero esta caída se explica por los menos precios, pues en volumen las ventas de petróleo subieron 4% y las de carbón solo bajaron 1%.

El exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, me anotaba que el panorama no era tan malo porque las exportaciones no tradicionales (NT) si estaban creciendo.

Es cierto que, sin contar las ventas de oro y esmeraldas, en lo corrido de este año las exportaciones no tradicionales muestran un incremento del 6.5%, pero el año pasado si cayeron 1%.

El problema es que su volumen no alcanza a compensar lo que se deja de recibir por el petróleo y el carbón: el aumento de este año fue de USD 500 millones, mientras que las ventas de hidrocarburos bajaron USD 1.000 millones.

Nuestro equilibrio externo sigue dependiendo del petróleo.

Cali, 21 de2 de julio 2024

*Filósofo y Economista. Consultor

“Lo más aconsejable para evitar un serio traumatismo en la prestación de los servicios públicos con calidad, eficiencia y continuidad, como lo manda la Ley, es construir sobre lo construido, sin demoler sus bases”. 

Por Amylkar D. Acosta M*. - Antes de adentrarnos al análisis de los intríngulis del anteproyecto de ley de reforma de la Ley 142 de 1994 de servicios públicos que el Gobierno ha dado a conocer y que radicará próximamente en el Congreso de la República, el cual reanuda sus sesiones ordinarias de su tercera legislatura, nos permitimos exponer lo que podríamos llamar los prolegómenos a propósito del mismo.

En primer lugar es bueno dejar establecido que la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 le dio un revolcón al régimen de los servicios públicos, al dejar establecido en el artículo 365 de la Constitución Política que su prestación es inherente a la finalidad social del Estado. Que este es el responsable de garantizar “su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional”, no obstante deja abierta la opción de que pueda darse “directa o indirectamente, por comunidades organizadas o por particulares”, alternativa esta que era impensable enantes. Eso sí, La Carta le reserva al Estado “la regulación y la vigilancia de dichos servicios”, para lo cual se creó la Superintendencia de los Servicios públicos domiciliarios, la única de rengo constitucional.

Las leyes 142 y 143 de 1994 desarrollaron este precepto, la primera la de Servicios públicos y la segunda la eléctrica, nacieron el mismo 11 de julio y son siameses. No es dable pensar en una reforma de la primera sin tocar la segunda. Gracias a la vigencia de estas dos leyes se logró ampliar la cobertura en la prestación del servicio de energía, la cual pasó de 70.9% en 1990 a 98.72% enn2023 y el número de usuarios pasó de 4.4 millones en 1990 a 17.7 millones en 2023. Ello fue posible merced a la inmensa inversión en el sector, que alcanzó los $140 billones en el decurso de los 30 años de vigencia de estas leyes, primando, de lejos, la inversión privada sobre la del sector público.

Ello le ha valido a la arquitectura de Sistema energético colombiano y a su desempeño una buena calificación tanto por parte del Foro Económico Mundial (octavo puesto a nivel global en 2016 y el décimo en el reporte de 2020, entre 126 países analizados), como uno de los mejores sistemas energéticos del mundo, como del Consejo Mundial de Energía (WEC, por sus siglas en inglés. Colombia logró escalar 12 puestos en el ranking del Trilema (sostenibilidad, seguridad y equidad),ubicándose en el puesto 35 entre 130 países evaluados. 

No puede decirse lo mismo con respecto a la Transición energética. Colombia ha retrocedido los últimos dos años en su desempeño. Después de ocupar el puesto 29 a nivel global y tercero en Latinoamérica en el Informe del FEM en 2021, gracias a la expedición por parte Congreso de la República de las leyes 1715 de 2014 y la 2099 de 2021, amén de la asignación mediante subastas entre 2019 y 2021 de 2.400 MW de capacidad de energía eólica, la demora en el tendido de la Colectora, para inyectar la energía generada al Sistema Interconectado Nacional (SIN), que solo estará operativa en 2026 y el atraso de la entrada en operación de los parques eólicos en La Guajira (los primeros han debido entrar en 2022 y hasta la fecha no ha entrado ninguno), le valió a Colombia perder 10 posiciones a nivel mundial, pasando del puesto 29 al 39 y en Latinoamérica pasó del tercer puesto al sexto. 

Este retroceso se explica también por el inmovilismo y la procrastinación por parte del Gobierno, pues después de casi año y medio desde que la ex ministra de Minas y Energía se comprometió en noviembre de 2022 en el marco de la 27 Conferencia de las partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio climático (COP 27), a la fecha no se cuenta todavía con la Hoja de ruta de la Transición energética justa, un mandato de la Ley 2294 de 2023 del plan Nacional de Desarrollo (PND 2022 -2026).

Ahora bien, el hecho de que este Gobierno no haya revelado su Hoja de ruta de la Transición energética no quiere decir que no exista, pues en el anterior Gobierno de Duque se expidió el Documento CONPES 4075 de marzo 29 de 2022, contentivo de los lineamientos de la Política de Transición energética, el cual se basó en un Informe y las recomendaciones de 20 expertos para la Transición energética, que por mandato del Congreso de la República (Ley 1955 de 2019 del PND 2018 - 2012) integró el Presidente Duque y rindió su Informe, muy completo, el 28 de enero de 2020. 

Entre las recomendaciones de la Misión, que contó con el apoyo del BID y el Banco Mundial, centradas en 5 focos estructurales del mercado, destacándose el Marco institucional y regulatorio. Se ocupa también de la formación de precios y de la necesidad de mejorarla, la participación de los agentes de la cadena y de las transacciones al por mayor, eso sí, “sin poner en riesgo la confiabilidad y firmeza” del Sistema energético. Con base en este Informe la administración Duque publicó la Hoja de ruta “para modernizar y transformar el sector eléctrico en el corto y mediano plazo, implementando las acciones de los actores en toda la cadena de generación, producción y comercialización de energías”. De manera que el actual Gobierno, mientras no se de su propia Hoja de ruta de la Transición energética justa, por respeto a la institucionalidad, debe cumplir y hacer cumplir lo avanzado en el anterior Gobierno. 

Si bien es cierto después de 30 años de vigencia de ambas leyes ameritan hacerles los ajustes y enmiendas que demandan la reconfiguración del mercado energético con la introducción de las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER), no hay que pasar por alto que en ello se avanzó con la expedición de las leyes 1715 de 2014 y 2099 de 2021. Sería un error garrafal pensar que con la reforma propuesta se haría borrón y cuenta nueva, lo más aconsejable para evitar un serio traumatismo en la prestación de los servicios públicos con calidad, eficiencia y continuidad, como lo manda la Ley, es construir sobre lo construido, sin demoler sus bases.

Medellín julio 20 de 2024

*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía

www-amylkaracosta.net

“¿Qué pudo influir en el ánimo de Crooks y llevarlo, inclusive, a arriesgar su vida -que, en efecto perdió- para intentar asesinar a una persona como Donald Trump?”

Por José G. Hernández*. Todavía deben adelantarse las pertinentes investigaciones, pero -según lo visto inicialmente- no parece que el atentado contra el expresidente estadounidense Donald Trump en Pennsylvania haya tenido origen en un plan terrorista preconcebido por algún grupo u organización terrorista internacional, con propósitos políticos. El FBI habla de “terrorismo interno”, pero lo divulgado hasta ahora indica que todo fue concebido y llevado a cabo de manera individual -se desconocen sus razones- por Thomas Crooks, un hombre de apenas veinte años, sin antecedentes delictivos, cuya ideología política no ha sido establecida con certeza, pues su nombre aparece como perteneciente al partido republicano, pero hizo aportes a campañas demócratas.

En este caso -que dista mucho de ser un simple “incidente”, como lo llamaron algunos noticieros internacionales-, el señor Trump -exmandatario y candidato a la reelección- escapó de la muerte por centímetros -uno de los proyectiles dio en su oreja derecha- y, como él lo dijo, Dios lo protegió. Por su parte, el tirador fue abatido por el personal de escoltas, no sin antes causar la muerte a Corey Comperatore -un valiente bombero que recibió los impactos mientras cubría con su cuerpo a su esposa e hijas- y graves heridas a dos personas más.

A nadie se oculta la gravedad de lo acontecido. Buena parte de la población teme el regreso de la violencia política y las amenazas de muerte contra líderes y altos dignatarios, que no se habían vuelto a presentar desde el 30 de marzo de 1981 -cuando fue atacado el entonces presidente Ronald Reagan en Washington.

A no dudarlo, hubo fallas en la inteligencia y la protección del aspirante a la presidencia, como lo han expresado muchos de los asistentes, toda vez que no se dieron cuenta de la presencia del atacante, quien portaba un fusil y subía a una construcción cercana, desde donde hizo los disparos. Sobre los organismos competentes habrá investigación, según se anuncia.

¿Qué pudo influir en el ánimo de Crooks y llevarlo, inclusive, a arriesgar su vida -que, en efecto perdió- para intentar asesinar a una persona como Donald Trump? Es lo que muchos nos preguntamos. Quizá -como también ocurre en Colombia, en medio de la polarización política existente, y acontece en otros países como España, México, Perú o Ecuador - los dirigentes y partidos deberían reflexionar acerca de la manera como orientan a sus posibles seguidores, en sus campañas y procesos, en las redes sociales y en los medios de comunicación. El discurso de odio, la descalificación de la persona del contrario, la ofensa y el insulto contra quien piensa diferente -en vez de la confrontación civilizada de argumentos, la discusión y el diálogo- obran con frecuencia en personas influenciables y primarias, que acuden fácilmente a la violencia.

Hablando de violencia, no podemos dejar de referirnos a los penosos acontecimientos que tuvieron lugar este domingo en Miami, donde tuvo lugar el partido final de la Copa América entre Argentina y Colombia. Nuestros futbolistas fueron ejemplares y merecen aplauso y apoyo, pero no así los hinchas que ocasionaron caos, confusión, destrozos y perturbación del orden público, al ingresar masivamente y en forma violenta, sin boletas, al estadio. Gran vergüenza.

Bogotá, D. C, 17 de julio 2024 

*Expresidente de la Corte Constitucional

“Los dineros que envían son una gran ayuda, tanto para sus familias como para reducir el desequilibrio externo, pero producirían más riqueza si tuvieran oportunidades de trabajo en su país”.

Por Mauricio Cabrera Galvis*. -La buena noticia es que el desequilibrio externo de país sigue disminuyendo. La mala es que el ajuste se ha logrado por una gran caída de las importaciones. La fea es que las exportaciones también han disminuido. Y la regular es que las remesas siguen aumentando.

La reducción del desequilibrio externo es impresionante. En 2022 el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos llegó a un saldo negativo de USD 21.367 millones; un máximo histórico equivalente a -6.2 % del PIB. Un año más tarde, en 2023, este saldo negativo se había reducido a menos de la mitad: USD 9.715 millones o -2.7 % del PIB. En el primer trimestre de este año continuó la reducción y el déficit fue de solo -1.9 % del PIB.

La mala noticia es que, como en 1999, esta mejoría la indujo la recesión económica, pues con la menor producción nacional se disminuyen las importaciones de insumos y de bienes de capital; también caen las compras en el exterior de bienes de consumo por la menor capacidad de compra de los hogares.

En efecto, según el Dane, el año pasado las importaciones totales se redujeron un 18,9 %, siendo más fuerte la caída de las materias primas (-21.2 %), lo mismo que la de bienes de capital y materiales de construcción (-22,5 %). Este año ha continuado la tendencia con una disminución del 10 % en el total.

Lo grave es que las exportaciones no repuntan, sino que continúan cayendo. El año pasado el valor de los bienes exportados bajó 12,9 %, y si bien en parte se explica por los menores precios del petróleo el carbón, también cayeron las exportaciones agrícolas y las de la industria manufacturera. Este año, hasta mayo continuaron cayendo las exportaciones de combustibles (-8,7 %), pero se han recuperado un poco las agrícolas (7,9 %) y se han mantenido igual las industriales.

Es muy preocupante que esta tendencia de las ventas al exterior se dé en una coyuntura de tasa de cambio muy compleja por la devaluación, aunque esto se explique en parte no por la baja competitividad de los productos colombianos, sino por el poco dinamismo del comercio mundial, todavía afectado por guerras, problemas logísticos y el bajo crecimiento de la economía mundial.

El comportamiento de las remesas que envían los colombianos del exterior tiene dos caras. La positiva es que siguen creciendo hasta convertirse en la segunda fuente de ingresos externos después del petróleo: el año pasado llegaron al récord histórico de USD 10.091 millones y este año van creciendo un 13 % adicional.

La negativa es que las remesas son el producto de la exportación de trabajadores, es decir, de los millones de colombianos que han tenido que emigrar para ganarse la vida en otras latitudes. Los dineros que envían son una gran ayuda, tanto para sus familias como para reducir el desequilibrio externo, pero producirían más riqueza si tuvieran oportunidades de trabajo en su país.

Cali 15 de julio 2024

*Folísofo y Economista. Consultor.

“Hay también una mirada miope del incumplimiento”.

Por José Félix Lafaurie Rivera*. - El presidente Petro denunció ante el Consejo de Seguridad de la ONU el incumplimiento del Acuerdo con las Farc, porque el gobierno anterior quiso “hacerlo trizas” y el actual no ha logrado el Pacto Nacional por culpa de la mitad del país que se opone a la paz, lo cual no es cierto, para reconocer, al final, que el Gobierno no tiene plata para implementarlo.

La relectura del Acuerdo me confirmó en la ilegitimidad de esa negociación, no por el hecho de haber negociado, sino por su alcance desbordado bajo el “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, que pretendió construir un país nuevo con el grupo narcoterrorista que lo atacó durante décadas.

Se negoció la reconstrucción del campo con quienes lo destruyeron; el ejercicio de la política y la participación en la democracia del grupo que tuvo como objetivo derrocarla; la lucha contra las organizaciones criminales con una de ellas y la política antidrogas con un grupo narcotraficante; se negociaron la verdad, la justicia y la reparación, con solo la mitad de la verdad, la justicia con impunidad y la reparación en veremos.

Se negoció todo, y esa es una causa del incumplimiento, porque ese extenso documento abarca todas las responsabilidades del Estado bajo el enfoque de las Farc; y asumirlas es obligación del Estado, aun sin acuerdo, pero bajo el enfoque del interés general expresado a través de las instituciones democráticas.

Hay también una mirada miope del incumplimiento. Las Farc incumplieron. Nos dejaron disidencias y renegados, incluido su jefe negociador. No revelaron rutas, contactos e ingresos del narcotráfico; no devolvieron tierras usurpadas, con las que el Gobierno no tendría que comprar una sola hectárea; no repararon a sus víctimas.

¿Dónde quedó la mitad de la verdad? Le entregamos a la Comisión dos tomos sobre la victimización ganadera que fueron ignorados. ¿Por qué la JEP no ha proferido una sola condena, así sea con penas restaurativas que son impunidad disfrazada?

En aras de la coherencia reitero que rechacé y rechazo el fast track que le usurpó al Congreso sus facultades, y estoy en desacuerdo con una prórroga del Acuerdo, que el Estado no necesita para cumplir sus obligaciones.

Pero también reconozco puntos de acuerdo: El narcotráfico es la principal causa de corrupción y violencia, aunque también sea resultado de las concesiones al imperio de la ley. Estoy de acuerdo en que hay hipocresía sobre las drogas, con gran asimetría entre un país que pone la degradación de sus instituciones, los muertos y la violencia, y una comunidad internacional permisiva con las mafias en sus países.

Estoy de acuerdo en que la solución es la inclusión de los territorios al desarrollo, porque “La paz pasa, necesariamente, por la recuperación del campo”, siempre incumplida… Ahora mismo, 350 mil productores de leche podrían ser empujados a la ilicitud, si no hay soluciones de Estado a sus problemas.

Bogotá, D. C, 14 de julio 2024

*Presidente FEDEGAN