Opinión
Poderosas organizaciones del crimen organizado están pendientes de las urgencias económicas de los 127,000 candidatos a la presidencia, al Congreso, a las Asambleas y a los Concejos municipales.
Por Fernando Cepeda Ulloa*. - Muy temprano el jueves 25 de septiembre, los noticieros informaban desde París que el expresidente Nicolás Sarkozy había sido condenado a cinco años de prisión en un asunto judicial relacionado con la financiación de su campaña presidencial exitosa del 2007.
El presidente Sarkozy ha venido siendo objeto de investigaciones judiciales, desde hace casi 15 años. Y ahora se produce una sentencia judicial que no tiene antecedentes en la historia política francesa, pero que encuentra ejemplos en otros países. Es una decisión que afecta no solamente el buen nombre de un vigoroso dirigente político, sino la de la propia Francia que, en este momento, está pasando por una coyuntura política, bastante precaria.
Desde hace mucho tiempo, vengo pregonando la necesidad de que el tema de la financiación de las campañas políticas, y, en ocasiones, de la vida de los propios políticos, esté regulada de tal manera que sus principales dirigentes, los aspirantes a la presidencia o los que la han ejercido no estén expuestos a acusaciones de violaciones de las normas que rigen el financiamiento de las campañas electorales. Es que no se puede exponer a ningún país a la suspicacia permanente sobre la honestidad o el buen comportamiento de sus más altas figuras políticas, sin causarle grave daño a la confianza que la ciudadanía debe tener con respecto a sus principales dirigentes y a la administración de justicia.
En Colombia existe una razón muchísimo más poderosa que la que pueda darse en otros países, y es la de la existencia de poderosas organizaciones del crimen organizado (narcotráfico, contrabando, corrupción, etc.) que desde hace un buen tiempo están pendientes de las urgencias económicas de los 127,000 y supongo que ahora más candidatos a la presidencia, al Congreso, a las Asambleas y a los Concejos municipales. Nuestra situación es casi única en ese sentido, y por ello deberíamos tomar medidas también excepcionales, que no serían de buen recibo en otras partes del mundo, para asegurar que la democracia colombiana no está para la venta en ninguno de sus niveles.
La financiación indebida o ilícita de las campañas políticas distorsiona la formulación de las políticas públicas, el proceso de selección de los representantes del pueblo en las corporaciones públicas y su propio desempeño, como tales. No se trata simplemente de que hubo más o menos dinero, obtenido en forma irregular, sido del impacto enorme y gravísimo que esta situación tiene en el funcionamiento de nuestra democracia, que así se ve contaminada e interferida perversamente.
A la salida de la audiencia el expresidente Sarkozy declaró que el odio no tiene límites y que si quieren que él duerma en una prisión lo hará con la cabeza en alto. El 13 de octubre se fijará la modalidad de la ejecución de la sentencia, cuya implementación no podrá demorarse más de cuatro meses. Sarkozy tiene 70 años, y por esa razón podrá solicitar una libertad condicional.
Bogotá, D. C, 28 de septiembre 2025
*Analista Político, Catedrático. Exministro de Estado
Las tarifas del gas seguirán subiendo. El porcentaje importado para atender la oferta nacional continuará creciendo.
Por Juan Camilo Restrepo*. - El gobierno Petro mantiene el mensaje permanentemente de que hay que bajar las tarifas. Tanto las del servicio domiciliario de gas natural como las de la energía eléctrica. Lo repite a diario. Pero infortunadamente los resultados no resultan acordes con las buenas intenciones del estribillo tarifario gubernamental.
Hay una asincronía entre lo que se anuncia y lo que resulta en la práctica. Olvida el gobierno que la gente no va a aplaudir porque se anuncie que van a bajar las tarifas, sino que lo hará cuando efectivamente bajen.
En esta semana, por ejemplo, se anunció con bombos y platillos la expedición de un decreto por el cual el subsidio que hoy reciben los usuarios de energía de los estratos 1,2 y3 se empieza a cambiar por la instalación en los techos solares de los hogares de quienes están ubicados en los estratos señalados. Agrega jubiloso el ministro de Minas y Energía que estos compatriotas tendrán energía gratis.
Se cambia el subsidio por paneles solares. Anuncio por supuesto bien intencionado. Pero, ¿cuándo y cómo se llevará a la práctica?
Los cálculos que se han hecho con mucho esmero indican que si todo el subsidio -que hoy por lo demás no se está pagando oportunamente y tiene al borde del colapso a las empresas distribuidoras- se destinara a asumir los costos de los equipos familiares de paneles solares y su instalación en los hogares que habitan los usuarios de los estratos 1, 2 y 3, se alcanzaría a cubrir solo el 2% al año de los hogares beneficiados.
Buena idea. Pero tardará 50 años para alcanzar una cobertura que pueda beneficiar al universo de todos los hogares de los consumidores de energía ubicados en los estratos uno, dos y tres.
Desde el punto de vista fiscal, el costo promedio de un sistema solar para un hogar tipo (4-5 personas) ronda los $30 millones. Si se destinaran los aproximadamente $6 billones que actualmente se invierten en subsidios anuales a la compra de paneles, solo podrían beneficiarse cerca de 200.000 hogares. Esto representaría menos del 2% de los aproximadamente trece millones de hogares que actualmente reciben subsidios en energía, dejando el 98% restante desprotegido frente a las tarifas del mercado que son, en promedio del doble del valor facturado (60% del subsidio en estrato 1 y 50% en estrato 2)
Mientras tanto se despierta tremenda expectativa. No hay congruencia entre los tremendos decibeles del anuncio gubernamental y la débil capacidad para llegar a los hogares de todos los compatriotas a los que se les quiere beneficiar con el cambio bien intencionado del subsidio.
Otro tanto sucede con las tarifas del gas domiciliario, que es tema predilecto de los anuncios gubernamentales.
Repiten hasta el cansancio que están a punto de bajar las tarifas, pero como van las cosas, no lo van a lograr en lo que queda de mandato al gobierno Petro. Por el contrario: las cosas tienden a gravarse.
Las cifras son verdaderamente inquietantes:
-Los proyectos de nuevos pozos de gas natural no darán frutos hasta después de 2030. Tal cosa acontece con el pozo Sirius -en más importante- que entre otras linduras requerirá para que la primera molécula llegue del mar adentro donde está ubicado a tierra firme de 116 consultas previas. Un absurdo total.
-Las reservas de gas natural han caído 64% en trece años y hoy solo alcanzan para 6 años.
-Ya se está teniendo que importar gas, no solo para las térmicas sino para las industrias y los hogares en cantidades que alcanzan el 17,6% del consumo total nacional, y a un costo tres veces mayor que el producido domésticamente.
-Un déficit combinado con El Niño podría llevar al racionamiento del gas y la electricidad, toda vez que la demanda está creciendo a un ritmo mucho mayor que la oferta.
-Han salido del país importantes empresas desanimadas por el mal trato y la tributación extorsiva que les viene imponiendo el gobierno.
Mientras tanto, el gobierno, animado con el plausible deseo de evitar que las tarifas sigan subiendo, como indefectiblemente sucederá a medida que se acentúe el déficit en la producción doméstica, se limita a insultar al sector privado, a anunciar inciertas importaciones de Venezuela y lejanas plataformas de Ecopetrol para importar gas del mercado internacional que a la fecha ni siquiera cuentas con el llamado cierre financiero.
Las tarifas del gas seguirán subiendo. El porcentaje importado para atender la oferta nacional continuará creciendo. Y las excusas gubernamentales de por qué no se hicieron a tiempo las inversiones requeridas para producir más gas seguirán oyéndose todos los días.
Infortunadamente los insultos ni el infaltable espejo retrovisor hacen aumentar la oferta del gas. Que es lo que se requiere para que las buenas intenciones de que no sigan subiendo las tarifas, se hagan realidad.
Bogotá, D. C, 28 de septiembre 2025
*Abogado y Economista. Exministro de Estado.
Se pusieron de moda las asonadas -que son delitos-, y los secuestros de miembros de la Fuerza Pública. No ha sido un caso solamente. Se está volviendo costumbre.
Por José G. Hernández*. - Si algo caracteriza el Estado Social de Derecho es la efectiva sujeción de todos -funcionarios y particulares- a las normas constitucionales, legales y administrativas. Eso garantiza la real vigencia de la normatividad, el respeto a los derechos, el cumplimiento de los deberes y la pacífica convivencia.
En ese sistema, las vías de hecho -definidas por la Corte Constitucional como actuaciones judiciales o de otra índole que, de manera flagrante y evidente, se apartan del ordenamiento jurídico y vulneran el orden social y derechos fundamentales, colectivos o sociales. Son inaceptables conductas, claramente contrarias a lo dispuesto en las reglas básicas y al interés general. Una vía de hecho no puede ser sustento de derechos, especialmente si lesiona derechos ajenos o perturba el orden jurídico. Por eso, dice el artículo 16 de la Constitución que todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad, pero con las limitaciones que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. El 95 establece que el ejercicio de los derechos y libertades implica responsabilidades y que son deberes de la persona y del ciudadano “respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios”.
La Constitución se refiere, en general, a todas las autoridades -judiciales, administrativas, disciplinarias, militares, policiales-, cada cual, en su ámbito de competencia, que tienen la función de preservar y hacer valer la normatividad en sus distintos niveles. Están instituidas, como estipula el artículo 2, para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.
Sin embargo, son muchos los casos en que, en abierta vulneración de las disposiciones, quedan éstas sin ninguna aplicación, con graves perjuicios para el Estado y la colectividad. Hay delitos e infracciones, impunidad, víctimas desprotegidas y un orden jurídico burlado.
Se pusieron de moda las asonadas -que son delitos-, y los secuestros de miembros de la Fuerza Pública. No ha sido un caso solamente. Se está volviendo costumbre.
Se ha llegado, inclusive, a luchas físicas, como la que ocurrió en La Plata (Huila), entre militares y particulares, en cuanto a la captura de un reconocido delincuente. Es inconcebible que haya prevalecido la vía de hecho, se haya derrotado a las autoridades y se haya producido la huida del reclamado por la ley, quedando impunes quienes lo ayudaron.
Estipula el artículo 469 del Código Penal: “Los que en forma tumultuaria exigieren violentamente de la autoridad la ejecución u omisión de algún acto propio de sus funciones, incurrirán en prisión de dieciséis (16) a treinta y seis (36) meses”.
También hemos visto recientes providencias judiciales que conceden la libertad a personas contra las cuales existen sólidos elementos probatorios brindados por la Fiscalía y otras autoridades. Ello contraría el derecho sustancial, al que alude el artículo 228 de la Constitución.
Las normas no se pueden quedar escritas. Si la autoridad es dominada por vías de hecho, se desacredita, pierde eficacia -esencial a su función-, inutiliza al Estado y desconoce un postulado básico del sistema democrático: el orden, con prevalencia del Derecho.
Bogotá, D. C, 25 de septiembre 2025
*Expresidente de la Corte Constitucional.
¡El signo de los tiempos que corren en el sector minero-energético es la incertidumbre, la cual, en lugar de atraer a la inversión y a los inversionistas, los aleja!
Por: Amylkar D. Acosta M*. - La situación del sector energético tiende a gravarse, viene de mal en peor, sin que se vislumbre una solución. El riesgo de un racionamiento en la prestación del servicio de energía sigue latente. Yo distingo el riesgo inmanente del riesgo inminente. En cuanto al primero, al depender de una matriz eléctrica en donde la capacidad instalada hídrica supera el 60%, estamos expuestos a un riesgo de racionamiento cuando nos enfrentamos a una hidrología crítica a causa del fenómeno de El Niño, tanto más en cuanto que de los 24 embalses que le sirven a la hidroeléctricas solo uno de ellos, el de El Peñol, con el que opera Guatapé, tiene una capacidad de regulación que supera el año, el resto de ellos es de solo 4 meses.
En cuanto al riesgo inminente, gravitan sobre el sistema dos factores determinantes del mismo. El primero de ellos es el stress del Sistema de transmisión nacional (STN), debido al déficit de la oferta de energía en firme (OEF) con respecto a la demanda, que crece a un ritmo que duplica el crecimiento de la oferta. De allí que, según la firma XM, que administra el mercado mayorista y opera el STN, en este momento la OEF está en 237.55 KWH y la demanda en 241.89 KWH, esto es tenemos un déficit de -1.8%, el cual será mayor el año entrante, estimándose en -2.5%.
Y ello obedece, a su vez, al ostensible atraso en la ejecución de importantes proyectos tanto de generación como de transmisión, empezando por Hidroituango, que ha debido entrar en operación en 2018, pero debido a una contingencia que se presentó de sus 8 unidades, con capacidad de 300 MW de potencia cada una, hasta la fecha solo han entrado 4. Y debido los 2.400 MW de capacidad de generación de energía eólica que fueron asignados en las subastas entre 2019 y 2021, los primeros parques eólicos a instalarse en La Guajira hasta la fecha a duras penas, ha entrado uno de ISAGEN de solo 24 MW, el 10%.
El otro factor que amenaza con un riesgo de racionamiento inminente es la crítica situación financiera que afrontan las empresas comercializadoras de energía, debido fundamentalmente a la deuda de los usuarios por concepto de la Opción tarifaria, cuyo saldo al corte de agosto de 2025 era del orden de los $2.6 billones, de los cuales el Presidente Petro se comprometió en mayo del año pasado a asumir la de los estratos 1, 2 y 3, que representa el 80% de la misma, pero hasta la fecha es una promesa incumplida. A ello se viene a sumar la deuda del Gobierno Nacional para cubrir los subsidios al consumo de los estratos1, 2 y 3, que las empresas ya les descontó y el Gobierno debe reintegrarles a ellas.
Al corte del mes de agosto dicha deuda ascendía a $2.4 billones. A ello se vienen a sumar deudas con las distribuidoras de gas natural de $760.000 millones y a las de GLP $41.700 millones. Y lo más grave es que en el Presupuesto de la actual vigencia solo se apropiaron los recursos para cubrir los subsidios del primer trimestre de este año. Es decir que la partida de subsidios para los tres restantes trimestres está desfinanciada. De tal modo que el faltante en el Presupuesto de la actual vigencia asciende a los $3.6 billones, de los cuales $2.7 billones corresponden a energía eléctrica. Entre tanto, para la vigencia de 2026, en el proyecto de Presupuesto para 2026 de $8.9 billones que se van a requerir el aforo es de sólo $7.5 billones.
Esta situación llevó a la intervención por parte de la Superintendencia de Servicios públicos de la empresa Air-e, que le presta el servicio a los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira. Y la razón fue su insolvencia, iliquidez y falta de flujo de la caja, que la llevó a acumular deudas con sus proveedores del orden de $1.9 billones, la cual quedó en suspenso su pago con la intervención y la contraída con posterioridad a esta ya asciende a los $1.7 billones, de los cuales $1.5 billones corresponden a la deuda contraída con las empresas generadoras por la energía que le han despachado. Y la Superintendencia se ha cruzado de brazos, dice que el Fondo empresarial que administra y que es la fuente de ingresos para solventar a las empresas intervenidas está también insolvente y por ello no le puede girar a Air-e ni un peso.
Tal situación llevó a los organismos de control (CGR y PGN) a pronunciarse alertando sobre el riesgo inminente de un apagón financiero de las empresas comercializadoras que puede dar lugar a un efecto dominó que puede conducir a una falla sistémica, que puede llegar a comprometer la prestación del servicio. La reticencia del Gobierno en girar lo que adeuda a las empresas comercializadoras y evitar el colapso de la empresa Air-e, a sabiendas del riesgo inminente de un racionamiento, lo lleva a uno a concluir que, imitando la política que tiene al sector salud en la UCI, estamos en presencia de una crisis inducida del sector eléctrico. La Superintendencia, con su inacción se ha convertido en parte del problema.
Mensajes del Presidente Petro con afirmaciones falaces y tendenciosas como que “Colombia es el único país en América Latina donde las tarifas de energía no están reguladas por el Estado”, a sabiendas de este si las regula a través de la CREG, en virtud de la Ley 143 de 1994, llegando al extremo de decir, mentirosamente, que “unas pocas empresas en manos de unos pocos pueden fijar precios que benefician sus propios intereses y no los de la gente” y que en consecuencia “las tarifas de energía que hoy nos cobran en Colombia son ilegales”, son señales que atentan contra la confianza inversionista y contra la percepción de la estabilidad jurídica, a causa de los reiterados anuncios de reformar las leyes 142 y 143 de 1994, con el ánimo de intervenir el mercado y fijar los precios y tarifas a su arbitrio.
Es bien sabido que es más fácil hacer política con los precios y tarifas que agenciar una política de precios y tarifas. Bien dijo el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz que “las inversiones en confianza no son menos importantes que las inversiones en capital humano y maquinaria”. Podemos concluir diciendo que el signo de los tiempos que corren en el sector minero-energético es la incertidumbre, la cual en lugar de atraer a la inversión y a los inversionistas los aleja!
Bogotá, septiembre 20 de 2025
*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.
www.amylkaracosta.net
Fue un hombre que defendía la democracia incluso cuando el costo político era altísimo.
Por: Horacio José Serpa*. - Horacio Serpa era un hombre decente. Un luchador que defendía sus ideas con carácter, pero siempre con respeto. Era puntual, respetuoso del tiempo de los demás y un ejemplo de familia: no hubiera permitido que nosotros, sus hijos, estuviéramos en malos pasos ni un solo día.
Era un liberal socialdemócrata que creía en gobernar entre distintos, pero siempre apegado a la ley. Creía en el poder de las instituciones, en la Constitución de 1991 que ayudó a construir y en el diálogo como herramienta de cambio. No en la amenaza desde la plaza pública ni en el insulto por redes sociales.
Serpa era leal a sus amigos, respetuoso de las altas cortes y de los medios de comunicación. No inventaba cortinas de humo ni haría sonar trompetas de guerra con países hermanos. No se atravesaría a grandes proyectos de país como el Metro de Bogotá ni a las obras que necesita la gente para mejorar su calidad de vida.
Fue un hombre que defendía la democracia incluso cuando el costo político era altísimo. Denunció la parapolítica cuando muchos callaban, defendió la paz cuando otros agitaban la guerra. Y lo hizo sin odio, sin rabia, sin buscar destruir al que pensara distinto. Su estilo era de firmeza y diálogo, no de gritos ni amenazas. Creía en la política como un espacio para construir consensos, no para incendiar el país ni convertir la división en estrategia de poder.
Hoy veo un país gobernado a punta de trinos, de insultos y de división, y me pregunto: ¿qué diría mi papá? Él estaría del lado de quienes buscan unir, no de quienes siembran miedo; del lado de quienes creen en la justicia, no de quienes amenazan jueces; del lado de las mujeres que marchan, no de quienes las descalifican. No aplaudiría el caos económico, ni la persecución política, ni la estrategia de bloquear el desarrollo del país para ocultar la falta de resultados. Creía en construir sobre lo construido, no en destruir por revancha ni en refundar el país cada cuatro años.
Por eso estoy seguro: mi papá no sería petrista. Si estuviera aquí, sería una voz firme, valiente y respetuosa. Denunciaría los abusos de poder, señalaría el caos institucional, exigiría resultados y aplaudiría lo que se hace bien. Sería, como siempre fue, un demócrata del lado de quienes defienden la Constitución de 1991, la separación de poderes y el respeto por las instituciones.
Bucaramanga, 22 de septiembre 2025
*Administrador de Empresas, especializado en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos con experiencia en el área financiera y relaciones públicas. Exconcejal de Bogotá, exsenador.
Lo que no puede hacerse es un coctel en el monto del presupuesto, en el que se mezclen ingresos ciertos con recaudos contingentes o aleatorios.
Por: Juan Camilo Restrepo*. - Presentando de manera muy simple el debate sobre el presupuesto que se ha venido dando por estos días, que es el mismo del año pasado, puede sintetizarse de la siguiente manera:
El gobierno insiste en incluir en el monto del presupuesto para la vigencia 2026 el recaudo esperado con la reforma tributaria que ha presentado para equilibrar el presupuesto de rentas y apropiaciones del año entrante.
A ese recaudo que originalmente era de $ 26,5 billones ya el ministro de hacienda le ha hecho una rebajona de $ 10 billones. Con lo cual la reforma tributaria ha quedado trasquilada con un corte alto de peluquería como los que ahora están de moda. Puesto que se dieron cuenta que la versión inicial si afectaba a la clase media, y ahora solo produciría- en el evento hipotético de que la apruebe el congreso- $ 16, 5 billones.
Pero los disparates conceptuales del debate subsisten: en primer lugar, el gobierno sigue empecinado en que en el monto total del presupuesto aparezca tanto los ingresos ciertos del fisco el año entrante como los que hasta el momento no son más que ingresos eventuales o hipotéticos: los provenientes de una reforma tributaria que ni se ha aprobado por las cámaras y ni siquiera se ha empezado a discutir en la sede parlamentaria.
Resulta que el monto de un presupuesto no puede ser una coctelera en la que se revuelvan sin distinción algunos ingresos ciertos con ingresos eventuales o contingentes.
La Constitución y el estatuto orgánico del presupuesto (decreto 111 de 1996) dice claramente que si se presenta una ley de financiamiento paralelamente con la ley de rentas y apropiaciones cuando ésta última esté desbalanceada, se debe señalar (identificar) con claridad cuáles gastos se van a financiar con los ingresos que provendrán de la nueva ley de financiamiento. Para que si ésta última no la aprueba el Congreso se proceda a cancelar, o sea a borrar de la lista de gastos autorizados, los gastos que se han quedado sin fuente de financiamiento.
Lo que no puede hacerse es un coctel en el monto del presupuesto, en el que se mezclen ingresos ciertos con recaudos contingentes o aleatorios. Pues en el evento en que el Congreso no apruebe la nueva reforma tributaria quedarían como autorizados gastos cuya financiación ha periclitado.
Pero quizás eso es lo que quiere el gobierno: que la figura del monto presupuestal se vuelva un caballo de Troya para dar a entender que el Congreso tiene que aprobar forzosamente la ley de financiamiento, de la cual, ni siguiera se ha ocupado el congreso hasta ahora.
Por eso los gastos que se van a financiar con el producido de la reforma tributaria deben identificarse con precisión (cosa que no se ha hecho), para que si el congreso no aprueba las nuevas rentas (cosa que muy probablemente puede suceder) se puedan eliminar borrar con facilidad los gastos que se han quedado huérfanos de recursos.
Esta falla en que se viene incurriendo en los debates iniciales del presupuesto por parte de las comisiones económicas del congreso no se sanea con el exabrupto de adoptar el presupuesto del año entrante por decreto. Aún en esa hipótesis -que es inconstitucional- el presupuesto decretado seguiría manejando impropiamente el monto inflado del presupuesto para pretender que la reforma tributaria está aprobada. Así ya se le haya hecho una gran trasquilada de $10 billones.
Bogotá, D. C, 22 de septiembre de 2025
*Abogado y Economista. Exministro de Hacienda y de Comercio.
El presidente de la JEP ha reiterado que no hay presupuesto para los proyectos restaurativos de sus condenas de opereta. Y entonces… ¿impunidad total…, la gran estafa?
Por: José Félix Lafaurie Rivera*. - “Hoy hablamos al corazón de Colombia”. Así inicia la sentencia condenatoria a los miembros del secretariado de las Farc por una variedad de crímenes de guerra y de lesa humanidad que agotan el Código Penal. Sin embargo, para ajustarse a la realidad debería iniciar, más bien, con la frase: “Hoy estafamos a Colombia”, pues la sentencia no es otra cosa que “la gran estafa” a las víctimas y al país, para cerrar, por fin, el capítulo anunciado de la vergonzosa impunidad de la “justicia especial” que Santos anunció como novedosa y única en el mundo…, tanto que daba para Nobel por parte de sus socios suecos en el proceso de negociaciones instalado en Oslo en octubre de 2012.
Y si digo “por fin” es porque han transcurrido siete años que suman 1.834 días hábiles, para que, con una planta actual (Acuerdo AOG 004 de 2025) de 1.456 empleados y a un costo que ya supera los 3 billones, esta magnífica justicia que enorgullece a Santos lograra establecer la culpabilidad de unos criminales que la justicia ordinaria no solo había investigado hasta la saciedad, sino también juzgado y condenado.
Para la muestra, el botón de Rodrigo Londoño Echeverri, alias “Timochenko”, director del Partido Comunes, quien se sentó a conversar con el gobierno Santos con circular roja de Interpol, recompensa de Estados Unidos por 5 millones de dólares, 182 procesos judiciales abiertos en Colombia, 141 órdenes de captura, 57 medidas de aseguramiento y 13 condenas que ya sumaban ¡448 años de prisión!
¡Vaya si la sacaron barata! 448 años en la cárcel contra apenas 8 años de “sanciones propias”, como responsables de 21.396 secuestros que incluyeron, en muchos casos, asesinato, tortura, reclutamiento de menores y violencia sexual, entre otros. Tendrán algunas limitaciones de movilidad que nos les impiden el ejercicio de la política, mientras participan en proyectos restaurativos “que integran medidas diferenciadas, legítimas y contextualizadas, orientadas a la reparación simbólica, la reconstrucción del tejido social, la restauración ecológica y la dignificación de las víctimas”.
Es una jerga que eufemiza tan horrendos y numerosos crímenes, y esconde la más escandalosa impunidad, en una pieza judicial que compite en extensión con aquella de la jueza Heredia que sirvió para el efecto contrario de condenar a un inocente: Álvaro Uribe Vélez. En 663 páginas, 1.773 consideraciones y 131 numerales en su parte resolutiva, se extienden 91 órdenes diferentes a todas las instancias del Estado, ya sea para garantizar el cumplimiento de las sanciones o la salud, la seguridad y el bienestar de los sancionados, y muchas sin relación alguna con la sentencia, entre las cuales se esconde, por supuesto, la llave para cerrar por dentro la puerta de la impunidad y “advertir” (Num. 126) que toda investigación o condena de la justicia penal ordinaria queda subsumida y absorbida por este remedo de justicia.
Algunas observaciones finales: La primera: que la JEP se cuidó de expedir a la vez la sentencia a los 12 militares acusados de ejecuciones extrajudiciales, igualmente extensa, aunque sin adornos retóricos al corazón de Colombia, y ante la cual no sobra recordar que la misma JEP estableció que los llamados “falsos positivos” no fueron una política de Estado ligada a la Seguridad Democrática. La segunda es una ocurrencia: Si todos los presos del país, condenados por menos delitos y mucho menos graves, pudieran acudir a los tribunales invocando el derecho a la igualdad ante la justicia, las cárceles… se desocuparían.
La tercera es de Ripley. El presidente de la JEP ha reiterado que no hay presupuesto para los proyectos restaurativos de sus condenas de opereta. Y entonces… ¿impunidad total…, la gran estafa?
Bogotá, D. C, 21 de septiembre 2025
Presidente FEDEGAN
@jflafaurie
Colombia es víctima del narcotráfico, y víctima, además, de la equivocada visión de una superpotencia que insiste en convertir las selvas de Colombia en un desierto bañado con glifosato, con campesinos hambrientos y ríos muertos.
Por Hubert Ariza*. - La descertificación de Colombia por el Gobierno de Donald Trump, en su lucha para la erradicación de cultivos de uso ilícito, generó una fuerte reacción del presidente Gustavo Petro. Desde el aeropuerto militar de Catam, con el avión presidencial de fondo y la bandera de Colombia como telón, retó al jefe de la superpotencia por su equivocada decisión, y le mostró las cifras históricas de incautación de cocaína, número de hectáreas erradicadas, y policías asesinados, en una guerra en la que Colombia ha pagado, desde hace varias décadas, un precio demasiado alto, mientras la demanda en Estados Unidos no cede.
Colombia es víctima del narcotráfico, y víctima, además, de la equivocada visión de una superpotencia que insiste en convertir las selvas de Colombia en un desierto bañado con glifosato, con campesinos hambrientos y ríos muertos. Recuerdo una conversación, hace ya bastante tiempo, con el hoy gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, quien me contó que, siendo ministro de Medio Ambiente de Ernesto Samper, tuvo en Washington una entrevista con funcionarios antinarcóticos para argumentarles las inconveniencias del uso del herbicida. La respuesta lo dejó impactado: no les importaba que Colombia se convirtiera en un desierto, solo que no entrara droga a su país. Esa conversación de 1997 tiene plena vigencia.
Colombia sigue atascada en esa mirada imperialista del problema. No pesa cuánto daño se haga a la naturaleza, ni qué precio pague la democracia, ni cuántos muertos queden en el camino; lo importante es acabar con la producción, no con la demanda. Las cifras que reveló el presidente Petro son la esencia de un debate que debería asumir el mundo con la mayor serenidad, para ver los daños de la fallida política de erradicación forzosa; los beneficios de la erradicación integral; el enorme esfuerzo de la fuerza pública en la lucha contra el narcotráfico; la tenacidad de la justicia que no cede en la política de extradición de los grandes capos; la valentía de los funcionarios que lideran el Programa Nacional de Erradicación de Cultivos de Uso Ilícito; y la perseverancia de la canciller Yolanda Villavicencio y el embajador en Washington, Daniel García-Peña, en hacer pedagogía y abrir canales de diálogo permanente con Estados Unidos, para que el Congreso y los altos funcionarios de esa superpotencia tengan una mirada integral del problema y de la solución.
La gran tragedia en estos tiempos de construcción de un nuevo orden internacional es que Colombia siga atascada en una agenda narcotizada con Estados Unidos, contra la que se luchó durante muchos años, para trabajar desde una mirada despolitizada, con base en la cooperación, el respeto a la soberanía y la libre autodeterminación, y la generación de oportunidades. Lo que hay es un regreso a las viejas políticas imperialistas del garrote y la imposición de doctrinas militaristas ineficaces. Basta recordar que en 1996-1997, durante el Gobierno del presidente Samper, Colombia fue descertificada, como un golpe político para buscar la renuncia del mandatario, incurso entonces en el juicio político, en el llamado Proceso 8.000.
La descertificación se da ahora, precisamente, en un ambiente de tambores de guerra en el Caribe, con una movilización militar sin precedentes para amenazar la soberanía de Venezuela, con el argumento de que Nicolás Maduro no solo es un dictador, sino el jefe del llamado Cartel de los Soles. La extrema derecha colombiana, que mantiene un diálogo fluido con sus pares republicanos más reaccionarios de Miami, aplaude la posibilidad de que Trump invada Venezuela, y de paso, piden que también actúe contra el presidente Petro, es decir, contra Colombia.
La miopía política de la extrema derecha pasa por pedir una intervención militar norteamericana para tumbar a Petro y enterrar a la izquierda democrática. Es una fantasía estimulada por mucho tiempo. Ya antes habían pedido un golpe de Estado, en una conspiración fallida que lideró el excanciller Álvaro Leyva y aplaudió Vicky Dávila. Sin duda, una agresión militar a Venezuela sería detonante de una mayor conflictividad en Colombia. No ha sido cuantificado el impacto negativo de un fenómeno de ese tamaño en el desarrollo democrático de Colombia. Millones de nuevos inmigrantes, mayor empoderamiento de las guerrillas que actúan como retaguardia en la frontera común, nacionalismo extremo, afectación de la economía, son solo algunas de esas consecuencias. El incendio de Venezuela chamuscará a Colombia.
El regreso a la narcotización de la agenda bilateral con Estados Unidos no es un cuento chino. Es el sello de la administración Trump, que castiga al presidente Petro por su ideología y su agenda internacional contraria al genocidio de Gaza, que promueve la multilateralidad y rechaza la intervención militar contra cualquier país soberano. La decisión de Estados Unidos afecta el rumbo democrático de Colombia, que en los próximos meses elegirá un nuevo presidente. La descertificación pretende ser usada por la extrema derecha como glifosato puro contra la izquierda, que ha reaccionado a ese ataque con madurez, y le ha dejado al presidente la defensa del progresismo ante la Administración de Trump. Lo que está en juego es la reelección del proyecto político de la izquierda.
Por supuesto que la descertificación ha alentado una narrativa nacionalista, en un país que ha demostrado en las encuestas su rechazo a las políticas impositivas de Trump, como la expulsión de los inmigrantes, su política arancelaria, y decisiones unilaterales contra los Gobiernos que contrarían sus arbitrarias decisiones. El presidente Petro, no solo ha demostrado que la decisión es un ataque político contra él, sino que se ha radicalizado en su narrativa de la necesidad de profundizar y acelerar las reformas.
Desde La Dorada (Caldas), donde no necesita visa -como decía Samper cuando se la quitó el Departamento de Estado- ha retomado la tesis de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, que ha gravitado durante su Gobierno y estuvo asociada a su inminente reelección, cosa que ya es imposible.
“¿Quieren que este programa siga? ¿Quieren que estas reformas sociales sigan y se vuelvan realidad?”, le preguntó a una multitud de beneficiarios de titulación de tierras, un programa que alcanzó la histórica cifra de 800.000 hectáreas entregadas. Y a renglón seguido se respondió: “entonces, poder constituyente, no hay otro camino, es la nueva fase de la lucha popular, es la nueva fase de este que es el Gobierno del Cambio, es la fase en la que se compromete la actividad, el tiempo, el físico del Presidente de la República”.
Petro convocó a los campesinos y organizaciones sociales a movilizarse y promover esa iniciativa: “cómo volvemos realidad, el año entrante a través de los mecanismos que la Constitución actual ya establece, la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente”. Esa idea, en medio del debate electoral del 2026, se convertirá en un nuevo dinamizador de la izquierda, que busca a través de una consulta escoger un candidato de unidad.
Cuando aparezcan ese candidato que encarne el ideario petrista, y el que defina el jefe de la extrema derecha, Álvaro Uribe, comenzará en serio la campaña. Lo que hay hasta ahora es un festival de vanidades, en la que 107 candidatos, en su mayoría gente sin ninguna opción, han confundido al electorado, hecho ruido y mostrado la enorme fragilidad de la democracia y las reglas de juego para participar.
La descertificación de Trump, ha envalentonado a Petro, lo ha radicalizado y le ha abierto espacio para levantar la bandera de la Constituyente, una vieja obsesión aspiracional. Petro sigue retando a la derecha y demostrando que no necesita certificación para romper paradigmas y hablar de dignidad y respeto a la soberanía.
Bogotá, D. C, 22 de septiembre 2025
*Periodista, internacionalista y analista político.
Petro debe bajarse de la nube ideológica y gobernar en serio.
Por José Manuel Restrepo*- El gobierno Petro se ha caracterizado por arrasar con cuanto encuentra a su paso. La seguridad se ha deteriorado y la salud y la educación tambalean; las finanzas públicas están en rojo; la vivienda social quedó paralizada; el sector energético va a la deriva; y ahora la relación con USA pende de un hilo. La reciente descertificación de Colombia en la lucha antidrogas, aunque mitigada por un “waiver” gracias a gremios y alcaldes, es un campanazo de alerta sobre la deriva del gobierno.
La descertificación nos equipara con países fracasados en la lucha antidrogas, lo cual evidencia el vergonzoso fracaso de la estrategia Petro. Bajo su gobierno los cultivos de coca se dispararon mientras se frenó la erradicación manual y las incautaciones en relación a la producción caen; el Gobierno pareció más interesado en pactar con narcotraficantes que en combatirlos, gestando una “Paz Narca” que envalentonó a los criminales.
La reacción presidencial, en vez de autocrítica, fue bravuconada: Petro sugirió “descertificar” a EE. UU. por su consumo y ordenó no comprar más armas norteamericanas, como si con esas bravatas castigara a nuestro aliado. Un impulso tan miope como patear la lonchera. USA no pierde con ese discurso; los que perdemos somos los colombianos, poniendo en riesgo apoyos vitales en seguridad y desarrollo y arriesgando una alianza por capricho ideológico.
El sector privado exige cabeza fría y un plan con metas claras para reducir cultivos, reactivar la cooperación judicial y extradición, y golpear las finanzas criminales. Solo con resultados, en un año se podrá revertir la descertificación y evitar sanciones. De lo contrario, vendrán restricciones de ayuda, trabas comerciales, crédito más caro y golpe al empleo.
Hay que dejar de ceder ante criminales y retomar la ofensiva antidrogas con todos los instrumentos: fumigación aérea, erradicación manual, persecución de capos con inteligencia financiera, y respaldo a la fuerza pública para recuperar el territorio. No más “tarimazos” y narcos aplaudidos tipo Alpujarra.
Pero, además, el nuevo gobierno debe reconstruir puentes con Washington y renovar la agenda. La relación con USA abarca más que narcotráfico: comercio, cultura, ciencia, innovación, emprendimiento, inversión y tecnología. Debemos además capitalizar el “nearshoring” y fortalecer nuestra exportación se servicios basados en conocimiento. Nada de esto será posible sin confianza mutua: ningún otro socio reemplazará 1,2 millones de turistas estadounidenses, más de US$5.000 millones en inversión anual y un comercio de US$ 35.000 millones que sostienen cientos de miles de empleos. Tampoco otro país ofrece la cooperación y apoyo que USA brinda en seguridad y desarrollo. Perder todo eso es pegarse un tiro en el pie.
Petro debe bajarse de la nube ideológica y gobernar en serio. No gana nada peleando con USA mientras descuida la casa; solo nos expone a sanciones y aranceles que pagaremos todos los colombianos. Es hora de rectificar: enfrentar a los narcos, recuperar nuestro lugar como aliado confiable y dinamizar la relación económica. Si persiste en otro rumbo, cargará con la responsabilidad de poner en jaque cientos de miles de empleos y miles de millones de dólares que sostienen nuestro desarrollo. Menos discursos altisonantes e ideológicos y más acción. Solo así recuperaremos la confianza de nuestro principal aliado.
Bogotá. D. C, 19 de septiembre 2025
*Rector Universidad EIA
La descertificación, por parte de Estados Unidos, constituye un serio golpe para Colombia entera, que se pregunta: ¿hacia dónde iremos?
Por Gabriel Ortiz*. -El presidente Petro sigue haciendo moñonas y shu, shu, shu en este país que buscaba y esperaba, aunque fueran cosas pequeñitas que entusiasmaran, convencieran y halagaran.
Toda su palabrería se quedó en los campos, poblaciones y palacios que invadió, lesionó y destruyó en sus mozos años como recluta del M-19.
Este país llegó a creer sus palabrerías de campaña e inquilino de San Carlos, cuando pregonaba los ríos de leche y miel para “el pueblo”, ese que tampoco ha respetado, redimido, ni emancipado.
Arenga va y arenga viene, pero sin sustancia, claridad ni positividad. Ese pueblo, cabila, etnia y urbe, no encuentra nada en sus palabras, acciones y proyectos, porque todo se convierte en populismo, politiquería y rebusque de beneficios para quien pretendía ser el nuevo líder de estos lares.
Les miente a los colombianos, a su gente y a este planeta, cuando pregona que la economía petrolera desaparecerá de la faz de la tierra. El resto del mundo aprovecha esa riqueza para beneficio de su gente, para que haya menos pobreza, para que la gente conozca lo que es progreso y hasta para comprar dictaduras, como la venezolana.
Vemos entre tanto, cómo su gestión se ha orientado a fortalecer el narcotráfico, la guerra y a abrir las puertas de la corrupción a sus más íntimos colaboradores y funcionarios. Quiso imponer una tranquilidad sin fundamento que denominó “paz total”. Más tiempo tardó en apodarla, que en inundar grandes territorios con movimientos guerrilleros que deambulan por Colombia y Venezuela, con el apoyo de Maduro y el cartel de los soles.
Entre tanto Petro permisivamente los tolera, les tiende modelos de supervivencia, gestión y multiplicidad. Así han crecido por decenas a lo largo y ancho de nuestro territorio, respaldando y cuidando los cultivos de coca y los laboratorios que hoy nos han convertido en los primeros productores del alcaloide a nivel mundial. Los movimientos guerrilleros invaden con toda libertad zonas, pueblos, ciudades y regiones, en donde estos bandidos imponen toda su autoridad. Los pobladores amenazan presionan a las fuerzas militares y de policía, los secuestran y mantienen cautivos por días abriendo territorio para la salida de la coca hacia el mundo entero.
Nadie ha podido entender cómo el gobierno nacional y su presidente, aplican el “shu, shu, shu petrista”, que diezma el presupuesto de Ejército y Policía, cambiando y destituyendo a su antojo a los altos mandos, generales y oficiales, limitando el presupuesto y dejándolos a merced de la delincuencia. Así, con esa cartilla, fueron adueñándose de sus fuerzas armadas las dictaduras de Chávez y Maduro en Venezuela.
La descertificación, por parte de Estados Unidos, constituye un serio golpe para Colombia entera, que se pregunta: ¿hacia dónde iremos? La intolerancia de Petro, lo invade para comprender a donde nos lleva aquello. Aún no se nos ha limitado el presupuesto, pero el fanatismo y la terquedad de este gobierno, puede conducirnos a unas sanciones que luego deploraremos, pero será tarde, como hoy ocurre en Venezuela.
Ya recibimos el primer golpe, seguramente los miembros de este gobierno podrán resistirlo con sus ingresos ya adquiridos, pero el resto de la población, no tendrá correa para ajustarse para poder sobrevivir, mantenerse en actividad, emigrar y recibir la nueva munición que proyecta comprar Petro en otros países.
BLANCO: El Senado, nuestro Congreso, mantiene su independencia: Ha declarado terrorista al “Cartel de los Soles”. Claro que para Petro no existe.
NEGRO: La salud seguirá sin solución. El shu, shu de Petro y Jaramillo la sepultarán con todos sus afiliados.
Bogotá, D, C, 19 de septiembre 2025
*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.
