Opinión

“Ni el Ministerio, ni el gobierno, ni el país reconocen que la selva está siendo talada por el narcotráfico, y que meter vacas en esos parches -eso no es ganadería- es una manera de lavar el delito y desviar la mira del verdadero culpable”.

Por José Félix Lafaurie Rivera*. -El gobierno Petro levantó la bandera ambiental, incluso ante el mundo, con un reduccionismo que aplaude la galería y espanta a sectores informados: Si no descarbonizamos el planeta, la vida se extingue; una verdad a medias que convirtió a los combustibles fósiles en objetivo central y a ¡la ganadería! en otro gran enemigo de la naturaleza, con ataques que, como presidente de FEDEGÁN, no puedo dejar pasar.

Hoy el país está en modo ambiental, una de esas causas buenas, como la paz, que la izquierda convierte en narrativas populistas fáciles de asimilar y, por eso mismo, difíciles de rebatir sin ser estigmatizado como enemigo, de la naturaleza en este caso, o de la paz, como sucedió en el gobierno Santos con medio país.

El gobierno Petro levantó la bandera ambiental, incluso ante el mundo, con un reduccionismo que aplaude la galería y espanta a sectores informados: Si no descarbonizamos el planeta, la vida se extingue; una verdad a medias que convirtió a los combustibles fósiles en objetivo central y a ¡la ganadería! en otro gran enemigo de la naturaleza, con ataques que, como presidente de FEDEGÁN, no puedo dejar pasar.

Es inadmisible que el Ministerio de Minas lance una campaña de publicidad negra, acusando a la ganadería de la deforestación amazónica y de generar el 18% de los Gases Efecto Invernadero, para rematar con un consejo: ¿Realmente necesitas comer carne todos los días?

Se le olvida al Ministerio que 600.000 ganaderos, en medio del abandono y la violencia, producen carne para alimentar al país y venderle al mundo, y que su “consejito” representa la quiebra y la pobreza de muchos.

No repara en que esos parches de selva talada son la negación de la ganadería como actividad económica. ¿A quién le vendo la leche?, ¿cómo llevo el ganado a sacrificio? Ni el Ministerio, ni el gobierno, ni el país reconocen que la selva está siendo talada por el narcotráfico, y que meter vacas en esos parches -eso no es ganadería- es una manera de lavar el delito y desviar la mira del verdadero culpable.

No se preocupó el Ministerio por informarse. Según la FAO, todos los sistemas pecuarios representan alrededor del 12% de las emisiones de GEI, y la ganadería bovina el 62% de ese 12%, lo que equivale al 7,44%, pero si se trata solo de “las culpas de la vaca”, habría que descontar más, pues la cifra incluye emisiones de otras actividades en finca y de la cadena, como producción de alimentos y transporte.

Habría sabido que el sector ganadero es de los pocos que puede captar más carbono del que emite, a partir de Sistemas Silvopastoriles, algo que conozco por experiencia y que invito al ministro a conocer, en una finca en el Cesar que, al capturar 7 toneladas de carbono ha/año, no es siquiera neutra, sino negativa en emisiones de GEI.

Habría conocido el ministro que Fedegán y Colombia ostentan una posición destacada en el desarrollo de sistemas ganaderos sostenibles; y que hemos pedido apoyo a los gobiernos para establecer un millón de hectáreas en sistemas silvopastoriles, lo que sería una gran revolución ganadera y ambiental.

Bogotá, D. C, 20 de octubre 2024

*Presidente de FEDEGAN.

“Las prioridades de Colombia no deben estar en la reducción del uso de hidrocarburos (aunque en carbón si se debe hacer un esfuerzo), y mucho menos en su producción, sino en la protección de la biodiversidad”.

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- La protección de la biodiversidad y la descarbonización son dos políticas indispensables en la lucha contra el cambio climático, pero tienen enfoques y objetivos distintos. La primea es el tema de la COP 16 que empieza esta semana en Cali, y la segunda se debatirá en la COP 29 que se celebrará en Azerbaiyán el próximo mes de noviembre. Entender las diferencias entre estas dos políticas es fundamental para saber cuál debe ser la prioridad de Colombia.

La descarbonización se refiere a la reducción de las emisiones de dióxido de carbono (CO₂) y otros gases de efecto invernadero (GEI) provenientes del uso de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural), para limitar el calentamiento global. La transición energética es una estrategia de descarbonización.

Por su parte, la protección de la biodiversidad se centra en la conservación y restauración de los ecosistemas naturales, que desempeñan un papel crucial en la regulación del clima. Los bosques, los océanos y otros ecosistemas capturan y almacenan grandes cantidades de CO₂, lo que ayuda a mitigar el cambio climático. Acabar con la deforestación de la Amazonía es una estrategia de defensa de la biodiversidad.

Las emisiones de CO₂ son la causa principal del calentamiento global, por lo que su reducción debe ser la prioridad de las políticas mundiales. Como el 55% de las emisiones de GEI en el mundo provienen del uso de combustibles fósiles, sustituirlos por fuentes de energía renovables es un imperativo para todo el mundo si se quiere evitar la catástrofe ambiental. Este será uno de los temas de la COP 29.

Sin embargo las prioridades de Colombia no deben estar en la reducción del uso de hidrocarburos (aunque en carbón si se debe hacer un esfuerzo), y mucho menos en su producción, sino en la protección de la biodiversidad, por varias razones.

Primera porque Colombia solo emite el 0.21% de los GEI, y de estos solo el 30% proviene del uso de hidrocarburos de manera que así se lograra reducir a la mitad su uso, el impacto sobre las emisiones mundiales de GEI sería ínfimo, solo el 0.01%. Segunda, porque el país necesita los recursos provenientes de las ventas de petróleo y carbón al resto del mundo para su balanza de pagos y para financiar al Estado y la transición energética.

Pero la razón principal es que Colombia tiene el 10% de la biodiversidad del mundo, y la estamos acabando. De hecho el 54% de la emisión de GEI en Colombia proviene del mal uso de las tierras agrícolas y la deforestación. En el primer semestre de este año las motosierras asesinas destruyeron más hectáreas de bosque que todo el año anterior. La preservación de este patrimonio natural tiene un impacto directo sobre sectores como el turismo o la agricultura sostenible, pero además contribuye a capturar grandes cantidades de CO2. Además hay países y empresas dispuestos a pagarnos por preservar nuestra enorme biodiversidad. La COP 16 debe servir para fortalecer esta estrategia.

Cali, 20 de octubre de 2024

*Filósofo y Economista. Consultor.

“Lo que el país quiere, es una aclaración satisfactoria de lo ocurrido con esos dineros”.

Por Gabriel Ortiz*. - La violación de los topes, por parte de la campaña del hoy presidente Petro, continúan siendo investigados de acuerdo con los mandatos de la constitución y enfrentando la arrogancia, los embustes, trolas y mentiras de los implicados.

El Consejo Nacional Electoral, conformado por personas integras, capaces y ejemplares, ha adelantado su trabajo ajustándose a las normas que señala la ley. Solicitaron pruebas, informaciones y análisis de lo ocurrido en las elecciones que llevaron al solio de Bolívar al actual mandatario. Sabían que todo debía quedar aclarado, para establecer las sanciones de quienes manejaron los dineros de la campaña, como ha ocurrido en debates anteriores.

Igualmente actuaron con rectitud y respeto, que permitieran aplicar, si era el caso, un castigo únicamente monetario al ganador de la elección. De ahí en adelante todo corresponde a la que algunos califican como Comisión de “Absoluciones” y al Congreso.

Ha quedado establecido que los topes fueron violados por la campaña electoral del ganador, pero solamente en 5.300 millones de pesos… nada más. Para la población colombiana, para los entendidos y expertos en comicios, es una suma que permite hacer cuanta maraña, compra, trampa o picardía exista en materia electoral.

Lo que el país quiere, es una aclaración satisfactoria de lo ocurrido con esos dineros. El mandatario ha entrado en pánico, sin necesidad. Solo se requería identificar su procedencia y las razones que existieron para volarse los límites.

Han llegado amenazas por Petro y el “petrismo”: golpe blando, asesinato del mandatario, victimización, llamado a los embajadores de la comunidad internacional, para “denunciar” cuanto atropello esperan.

Pero ¿quién lo creyera”, ha buscado a Venezuela y a Maduro para su defensa. El violador de topes, falsedad y asalto electoral, ha ofrecido a Caracas como sede de un supuesto tribunal que buscará soluciones a la presunta “crisis que existe en Colombia”. Ojalá llegara con las actas de los comicios que eligieron a Edmundo González a la presidencia de Venezuela.

El presidente Petro busca por todas partes quien o quienes lo saquen del embrollo, acudiendo a formulas extremas que pueden incendiar al país. Llama a repletar plazas y calles con sus huestes, sin mirar lo que pueda ocurrir.

No requiere tales maromas para salir de apuros. Simplemente basta con explicar con certeza la violación de los topes. Son solo 5.300 millones.

BLANCO: El lunes el mundo entero mirará a Colombia, durante la “Cop 16 de biodiversidad”, el encuentro mundial para salvar la naturaleza. Allí se analizará todo lo que esta pasando en este planeta para destruirlo. Cali, este país y el mundo en general, tendrán la oportunidad crear las barreras que nos lleven a proteger el bosque amazónico. Los traficantes de este país y de diferentes áreas han destruido la naturaleza. Casi no hay rio que escape al mercurio ni selva al hacha.

NEGRO: Agoniza “La Vorágine”, el medio de comunicación que valientemente se ha enfrentado al paramilitarismo y al narcotráfico. El colega Nicolás Sánchez, su director ha sido el número 164 en recibir amenazas este año en Colombia. Así no se mata la verdad. 

Bogotá, D. C, 17 de octubre de 2024

Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.      

“¿Conviene regular el papel del dinero? ¿Se puede permitir que los más ricos, empresas, sindicatos o personas monopolicen las contribuciones en dinero a los candidatos o partidos políticos?”

Por Fernando Cepeda Ulloa*. - El tema de la utilización del dinero en la vida política es de vieja data y ha tenido desarrollos y retrocesos en su tratamiento. Siempre ha sido una cuestión que genera, no digamos ya debates serios, sino todo tipo de suspicacias, malentendidos, y manipulaciones.

En los Estados Unidos, donde el tema ha sido muy estudiado, existen varias fundaciones que no hacen nada diferente a buscar un mejor entendimiento de las leyes que han regido y rigen este tema tanto en ese país como en otras regiones. Existe amplia literatura al respecto. Y hay todo tipo de propuestas para lograr un mejor manejo de la relación entre el dinero privado, el dinero público, y la vida política.

En esta ocasión, y dado lo que está ocurriendo en Colombia y para ayudar a un mejor entendimiento de la cuestión, en breves líneas voy a explicar lo que creo que es la esencia de este problema. La pregunta fundamental es como se debe financiar la vida política y, en particular, las campañas presidenciales y las demás. ¿Cuál es el papel del Estado? ¿Cuál es del sector empresarial? ¿Cuál el de las personas jurídicas? ¿Cuál de los ciudadanos? ¿Cuál el de entidades extranjeras (países, empresas, ciudadanos extranjeros, fundaciones etc.)?

¿Conviene regular el papel del dinero? ¿Se puede permitir que los más ricos, empresas, sindicatos o personas monopolicen las contribuciones en dinero a los candidatos o partidos políticos? ¿Se puede permitir que el dinero de los sectores más pudientes sea el preponderante en la financiación de la vida política? ¿Se puede aceptar, por ejemplo, que un gobierno extranjero financie una campaña presidencial en Colombia? ¿O que lo haga la mujer o el hombre más rico del mundo? Y así podríamos continuar interrogantes más generales o más precisos.

No es la primera vez que se indaga sobre una campaña electoral.

La democracia tiene que preservar el papel de cada ciudadano en la vida política, particularmente, en este caso, en el proceso electoral. Ha sido una lucha milenaria obtener que cada ciudadano obtenga un voto y que ello sea igual para todos no importa su riqueza, conocimiento, origen social, raza, religión etc. Se ha luchado por obtener la igualdad del voto, su secreto, su libertad, y lo propio se ha hecho para lograr que todos los sectores formen parte del electorado a partir de cierta edad que se ha venido ampliando, vamos en los 18 años.

Semejante lucha supone que no hay un factor que altere significativamente ese ideal de igualdad. Sin embargo, el dinero es uno de esos probables factores. Y por ello los países se toman el trabajo de regular el papel del dinero. Y se crean instituciones que vigilen la vigencia de esas regulaciones para que ellas no sean de mentiras. Ese es el papel que cumple un Consejo Nacional Electoral, cualquiera que sea el nombre que se le asigne en cada país. Sus tareas: proteger la igualdad en el ejercicio del voto, su pureza, transparencia e integridad. Es un trabajo que todavía se sigue realizando a nivel mundial para corregir fallas y errores en la arquitectura del proceso electoral. Y existen organizaciones internacionales que vigilan el ejercicio electoral, como lo estamos viendo en el caso de Venezuela, por ejemplo, con la respetada organización Carter.

Si no existieran esas regulaciones y las instituciones que protegen su vigencia, la desigualdad en el ejercicio del voto sería descomunal y lo que predominaría sería lo que alguna vez López Michelsen denominó "la dialéctica de las chequeras".

El tema se ha prestado para todo tipo de escándalos en muchos países. Y eso no ayuda a la democracia porque se pierde la confianza en la política y en sus instituciones.

Bogotá, D. C, 15 de octubre de 2024

*Analista Político, Catedrático. Exministro de Estado

“Está muy bien que, por iniciativa del actual Gobierno, se adelante un proceso legislativo orientado a devolver a los trabajadores algunos de los derechos de los cuales habían sido despojados y a desarrollar algunos de los principios mínimos que previó el Constituyente”.

Por José G. Hernández*. - El artículo 25 de la Constitución declara: “El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”.

La Corte Constitucional ha subrayado la intangibilidad del trabajo, como expresión de la dignidad humana: “La especial protección estatal que se exige para el trabajo alude a conductas positivas de las autoridades (…), de modo que quienes lo desarrollan (los trabajadores) puedan contar con suficientes oportunidades para acceder a él y con elementos indispensables para derivar de su estable ejercicio el sustento propio y familiar”. (Sentencia C-479/92).

Desde 1991-tras la promulgación de la Carta Política-, el Congreso ha debido cumplir lo ordenado en su artículo 53 y tramitar un proyecto de ley que consagrara el Estatuto del Trabajo.

La norma fue perentoria: “El Congreso expedirá el estatuto del trabajo”. Y señaló los principios mínimos fundamentales que deberían ser desarrollados por el legislador. Entre ellos, la igualdad de oportunidades para los trabajadores; la remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; la estabilidad en el empleo; la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; las facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; los principios sobre norma legal más favorable en caso de duda, primacía de la realidad sobre formalidades y protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.

Han transcurrido treinta y tres años, sin que dicha normatividad se haya puesto en vigencia. En buena parte, seguimos regidos por los códigos sustantivo y de procedimiento de los años cuarenta y cincuenta del siglo pasado (Decreto Ley 2158/48 y Decreto Ley 3743/50), con parciales modificaciones, y por las normas restrictivas que recortaron garantías y derechos a las trabajadores y pensionados durante la administración Uribe (Acto Legislativo 1/05 y Ley 789/02).

Ha sido la jurisprudencia de la Corte Constitucional la que ha venido trazando las pautas de interpretación y aplicación de las garantías contempladas en el aludido mandato superior, y la que ha desarrollado postulados tan importantes como la progresividad del salario mínimo, la garantía que preserva el poder adquisitivo de los trabajadores, el contrato realidad, la especial protección a los menores y a la mujer trabajadora, entre otros principios de la mayor importancia.

Está muy bien que, por iniciativa del actual Gobierno, se adelante un proceso legislativo orientado a devolver a los trabajadores algunos de los derechos de los cuales habían sido despojados y a desarrollar algunos de los principios mínimos que previó el Constituyente. Pero es necesario que se elabore con cuidado, se acuerde y se lleve al Congreso un proyecto de estatuto del trabajo, de modo que se cumpla el precepto constitucional y se evite la inseguridad que generan, entre empleadores y empleados, los avances y retrocesos parciales, según la orientación del gobierno de turno.

No olvidemos que, según el preámbulo -que es vinculante-, el trabajo es uno de los valores esenciales de la Constitución de 1991, cuyo artículo 1 proclama el trabajo como uno de los cuatro fundamentos de la organización estatal colombiana.

Bogotá, D. C, 16 de octubre de 2024

*Expresidente de la Corte Constitucional

“Es frecuente ver que miembros de las cámaras legislativas prefieren discutir los proyectos de leyes y reformas en las redes sociales, no en los recintos del Capitolio”.

Por José G. Hernández*. -Se ha convertido en práctica común y permanente el uso de las redes sociales para agraviar, ofender, injuriar y calumniar a las personas y a las instituciones públicas y privadas, así como para difundir noticias falsas, videos y fotografías viejas como si fueran actuales, siempre con el objetivo de atacar al otro, afectando su prestigio y su buen nombre.

Si eso es indebido en general, resulta más grave cuando contamina los grandes debates de interés nacional, que -infortunadamente- se están adelantando en las redes. Durante la polarización política existente -cuyos perjuicios a la institucionalidad y a la auténtica democracia son ostensibles-, en las redes sociales se expanden lamentables discusiones y mutuas acusaciones, en las cuales prevalecen la superficialidad, la mediocridad y la falta de criterio.

Críticos y opositores atacan -mediante mensajes en red- a los gobernantes, ya sea en el plano nacional, departamental o local, y, en la mayor parte de los casos, ellos se defienden, también mediante mensajes en red. Son “controversias” en que, a falta de razones, se apela a la confrontación con palabras, frases, videos y audios insultantes.

Quienes asumen las posiciones extremistas tienden a usar los trinos en redes para subrayar conductas y antecedentes -no importa si verdaderos o falsos-, en busca de apoyo de otros usuarios que -a su vez- aportan nuevos mensajes, con insultos, ofensas y hasta calumnias, para convertirse en “tendencia”.

Es frecuente ver que miembros de las cámaras legislativas prefieren discutir los proyectos de leyes y reformas en las redes sociales, no en los recintos del Capitolio. Les parece mejor abandonar esos recintos para disolver el quórum, sabotear e impedir los debates, grabar videos para difundir en redes, también con diatribas y ataques. Recuérdese lo ocurrido en un asunto de tan alto interés público como la ley de presupuesto, que no se controvirtió ni se negó durante los debates previstos en la Constitución, y “se cayó” por falta de quórum, dando lugar a que rija el proyecto presentado por el Gobierno, como también lo prevén -con carácter extraordinario- las normas constitucionales. Vinieron después los “debates” en las redes sociales.

Ha ocurrido en otros casos, en que se ha obstaculizado el trámite de importantes iniciativas legislativas y administrativas de interés público. No es extraño ver que algunos congresistas -desde luego, en las redes- se vanaglorian y felicitan por haber logrado sabotear los procedimientos ordinarios, provocar el levantamiento de las sesiones o el trámite de improcedentes impedimentos, recusaciones y proposiciones.

Tales conductas, en nuestro criterio, son expresión de una gran irresponsabilidad, y deberían dar lugar a sanciones internas y, en más de un caso, habrían de llevar a la pérdida de investidura, tal como lo contemplan las disposiciones constitucionales. Se causa grave daño a la institucionalidad y al interés público y, además, se desfigura y se contraría el sentido mismo de la representación que, en la democracia, compromete a los elegidos frente a sus electores.

El uso de las redes es un derecho, garantizado en la Constitución, porque sirve a la libre expresión de pensamiento y opiniones. Pero todo derecho implica deberes y cargas, con mayor razón en lo que atañe a funcionarios y congresistas.

Bogotá, D. C, 11 de octubre de 2024

*Expresidente de la Corte Constitucional.

“El Derecho en lo rural no es solamente agrario, sino comercial, civil, societario, etc.”

Por José Felix Lagfaurie*. -…poco aprieta”, como le puede suceder al Proyecto de Ley ordinaria de la Jurisdicción Agraria, que completó audiencia pública y entra a debate en Comisión 1ª del Senado. Debo reconocer que, además de la audiencia y una reunión con ponentes, el Ministerio de Agricultura abrió espacios de diálogo donde argumentamos nuestras observaciones.

La “especial protección de la parte más débil”, elevada a principio sustancial del Derecho Agrario, es una “causa buena” que se refuerza en otros, como el bienestar y buen vivir campesino, la justicia de género y el enfoque étnico, materializados en beneficios insólitos como la presunción de veracidad y la flexibilidad probatoria para sujetos de especial protección.

¿Por qué mezclar pobreza con veracidad y ser flexible con unos y con otros no? Es necesaria la protección del más débil, pero limitada al acceso, representación y acompañamiento, pero ya en el proceso todos son iguales ante la ley. El incumplimiento de la Función ecológica de la tierra como causal de extinción “administrativa” de dominio amenaza la propiedad privada en un país de autoridades ambientales dispersas y autónomas, y de impracticable legislación en extensos territorios tomados por la ilegalidad.

Grave amenaza es la eliminación de la fase judicial en los asuntos agrarios del Procedimiento Único creado en el Decreto Ley 902 de 2017, expedido en cumplimiento del acuerdo Final, por lo que su Artículo 1º establece que los procedimientos y fases otorgarán todas las garantías constitucionales a los propietarios de tierras y “serán nulas las actuaciones que desconozcan o reduzcan dichas garantías…”.

El Ministerio defiende que, para agilizar la adquisición de tierras, se fortalece la fase administrativa y se elimina la judicial, conservando el recurso de nulidad. Sin embargo, el problema no es la fase judicial, sino la incapacidad técnica y operativa de la Agencia Nacional de Tierras. El problema es dejar al propietario a merced de una decisión administrativa y sin un recurso que, paradójicamente, para extinción de dominio, sí protege tierras dedicadas a cultivos ilícitos. Finalmente: si las decisiones de cierre en temas de tierras son de la ANT, entonces…, ¿para qué la jurisdicción agraria?

El segundo factor es el desbordamiento de competencias de la jurisdicción, creada en el Acuerdo Final para temas de tierras, pero a la que se le endilgan competencias sobre todas las actividades agropecuarias y todas sus actividades conexas.

El Ministerio alega que lo rural va más allá de la tierra, y es cierto, pero el Derecho en lo rural no es solamente agrario, sino comercial, civil, societario, etc.

Bogotá, D. C, 12 de octubre 2024

*Presidente FEDEGAN.

“La inacción y la negligencia del ministro Camacho nos puede conducir, como inexorable desenlace, a un racionamiento del servicio de energía”.

Por Amylkar D. Acosta M*. -El negacionismo de la crisis energética por parte del Ministro de Minas y Energía Andrés Camacho lo ha llevado a incurrir en contradicciones, bandazos e incoherencias que lejos de contribuir a disipar el riesgo de un inminente racionamiento del servicio de energía, como lo han alertado el Contralor General Carlos Hernán Rodríguez, la firma XM, que es la que opera el Sistema Interconectado Nacional (SIN) y lo han advertido los gremios que representan tanto a los generadores como a los operadores de red, lo está exacerbando.

Errado y errático, mientras afirma que “en este momento no tenemos ningún riesgo de ese tipo”[1], participó de la decisión de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) el 28 de septiembre cuando cambió el “estado del Sistema Nacional de Despacho y el Consejo Nacional de Operación de vigilancia a riesgo”, previendo una condición de mayor riesgo futuro del suministro del fluido eléctrico. Adicionalmente, al acercarse el agregado del nivel de los 24 embalses que le sirven a la hidroeléctricas a la senda de referencia establecido por la CREG, se activó el Estatuto de riesgo de desabastecimiento definido mediante la Resolución CREG 026 de 2014, en un desesperado intento de conjurarlo.

Ambas medidas demandan, como ya lo había recomendado XM al prender las alarmas, “mayor generación térmica o un menor consumo de energía, de forma tal que los embalses alcancen la senda de referencia”. Y aquí saltó la liebre, pues el país se enfrenta a una escasez de gas, también negada por el Ministro Camacho, quien no dudó en afirmar que ”no es cierto que vayamos a tener escasez de gas los próximo años, no hay ninguna crisis energética y no estamos ante un riesgo inminente de desabastecimiento, razón por la cual no hay ningún traslado de costos adicionales a los usuarios”.

Lo secundó el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos Orlando Velandia, quien sostuvo sin inmutarse que lo que “estamos viendo es que algunos agentes están contratando más del gas que realmente necesitan. Esto deja a otros sectores, como el residencial o el parque térmico, sin posibilidad de acceder al recurso”. Para ellos, entonces, no hay tal escasez de gas natural, pues lo que se viene dando es un fenómeno de acaparamiento del gas natural, por ello se atrevió a decir que la misma se puede sortear apelando a una “vaca de gas” entre los diferentes agentes para suplir las importaciones de gas para las térmicas, que se interrumpirán este fin de mes debido a la parada de la regasificadora SPEC por mantenimiento programado.

Pero, los hechos son tozudos. Ante la escasez de gas natural, requerido por el parque térmico de generación que lo necesita, pues se ha visto precisado a ampliar su operación hasta los 90 gigavatios por día, para suplir la energía que están dejando de generar las hidroeléctricas, ECOPETROL comunicó que “debido a la intensa sequía que vienen afrontando algunas regiones del país, Ecopetrol se vio en la necesidad de suspender el suministro de gas natural a un grupo de empresas, para destinarlo a la generación de energía eléctrica a través de plantas térmicas”, que ya participan con más del 35% de la demanda atendida por el Sistema interconectado Nacional (SIN).

Y fue más lejos en sus declaraciones el Presidente de ECOPETROL, quien a través de un Comunicado de la estatal petrolera emitido el 23 de agosto planteó que “ante el déficit de gas debemos contemplar la posibilidad de sustituir el gas natural por combustibles líquidos”, que son derivados del petróleo, que tanto abomina el Gobierno Nacional, al punto de pedirle el Presidente Petro al Presidente de ECOPETROL Ricardo Roa que se olvide de él y añadió además que “el gas podría subir entre un 10% y 12%”.

A todas esas, sigue sin encontrar respuesta por parte del Gobierno Nacional la gran crisis financiera que afrontan las empresas, por cuenta de la abultada deuda que tiene con ellas que supera los $2.5 billones correspondiente a los subsidios a los estratos 1, 2 y 3 que ya han sido otorgados hasta el cierre del mes de septiembre. Y, como afirma el presidente de ANDESCO Camilo Sánchez, “esto se suma a los saldos de la opción tarifaria (cerca de $4 billones)”. Esta difícil y compleja situación, que afecta la liquidez y el flujo de caja de las empresas fue la que llevó al Contralor General Carlos Hernán Rodríguez a alertar sobre el riesgo de un racionamiento de la prestación del servicio de energía.

Por su parte el Ministro Camacho, bien orondo, se limita a decir que “hemos cumplido como cartera con nuestras responsabilidades frente a los subsidios emitiendo las resoluciones para que el Ministerio de Hacienda gire los recursos”, mientras el titular de esta cartera, que es parte del mismo Gobierno, en respuesta a los gremios del sector que lanzaron un S.O.S, requiriéndole urgentemente el giro de los subsidios, se pronunció en el sentido que “hay un problema de restricción de caja” para hacerlo.

En síntesis, tres factores adversos están gravitando sobre el Sector, tornando cada vez más inminente el riesgo de un racionamiento de energía: la reducción de la generación hídrica de energía debido al crítico nivel de los embalses, la consecuente mayor generación de energía térmica para suplirla en momentos en los que el gas natural escasea y de remate las empresas comercializadoras y distribuidoras de la energía afrontan una gran estrechez de los recursos para operar. Y mientras tanto el Ministro Camacho lo atribuye todo obedece a una “narrativa” tendiente a subir aún más las tarifas de energía y así “garantizar mejores rentas y un comportamiento del mercado que asegure mayores ganancias para algunos agentes”. Así las cosas, la inacción y la negligencia del ministro Camacho nos puede conducir, como inexorable desenlace, a un racionamiento del servicio de energía.

Santa Marta, octubre 12 de 2024

*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.

www.amylkaracosta.net

La Red por la Justicia Tributaria (la RJT), una ONG de origen británico dedicada a denunciar la evasión de impuestos, publica un Índice Global de Guaridas fiscales (GTHI por sus siglas en inglés) que mide el margen que ofrecen las normas de una jurisdicción para el abuso fiscal corporativo, y lo pondera por la cuantía de los movimientos financieros que entran o salen de esa jurisdicción.

Por Mauricio Cabrera Galvis*. -Antes se llamaban Paraísos Fiscales, ahora se están empezando a llamar Guaridas o refugios fiscales, nombres que hace referencia a países o jurisdicciones con tasas impositivas bajas o nulas, secreto financiero, regulaciones laxas y poca cooperación internacional en materia fiscal, características que los hacen muy atractivos para las corporaciones multinacionales, los super millonarios y funcionarios públicos corruptos alrededor del mundo para pagar menos impuestos y esconder su riqueza de las autoridades tributarias.

La Red por la Justicia Tributaria (la RJT), una ONG de origen británico dedicada a denunciar la evasión de impuestos, publica un Índice Global de Guaridas fiscales (GTHI por sus siglas en inglés) que mide el margen que ofrecen las normas de una jurisdicción para el abuso fiscal corporativo, y lo pondera por la cuantía de los movimientos financieros que entran o salen de esa jurisdicción.

Según la RJT las guaridas fiscales pueden ser de dos clases: las jurisdicciones sin transparencia y la guaridas corporativas. Las primeras permiten que las personas y sociedades oculten su riqueza y sus movimientos financieros de las autoridades, mientras que las segundas facilitan que las multinacionales registren sus ganancias en lugares diferentes a donde las produjeron para disminuir los impuestos pagados.

El ranking más reciente del GTHI lo encabezan las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán y Bermuda, tres jurisdicciones británicas que concentran del 20% del abuso fiscal. Junto con otros centros financieros, como Jersey, Bahamas o la Ile of Man, las guaridas fiscales ligadas a la City de Londres mueven la tercera parte del abuso fiscal corporativo.

Un documental que se puede ver en Prime Video (La Telaraña: el segundo imperio británico) explica cómo después de la desaparición del gran imperio colonia inglés, con el liderazgo de los banqueros londinenses, se crearon una red de jurisdicciones secretas offshore que capturaron gran parte de la riqueza de todo el mundo y la ocultaron en una red de pequeños países.

Es enorme el impacto de las guaridas fiscales. La RJT estima que en un solo año las pérdidas fiscales sufridas por todos los países pueden llegar a 480.000 millones de dólares, es decir casi 1.5 veces el PIB de Colombia. De estas USD 311.000 millones se perdieron por abuso del impuesto de sociedades y USD 169.000 millones por evasión fiscal en las guaridas. Son recursos que se pierden para la lucha mundial contra la pobreza y su desvío aumenta la desigualdad a nivel mundial.

¿Cuántos impuestos se dejan de recaudar en Colombia por la riqueza y los movimientos financieros que hacen en las guaridas fiscales las empresas nacionales o extranjeras instaladas en el país? No se sabe, pero un indicador significativo es que, de acuerdo con las cifras del Banco de la República, de los USD 2022.000 millones de dólares de inversión extranjera que han ingresado al país desde 2007, el 34.5% ha llegado de países que están en los primeros lugares del GTHI.

Cali, 6 de octubre de 2024

Filósofo y Economista. Consultor.

“Es una paradoja que en una misma jugada se sientan ganadores tanto la izquierda como la derecha. Por eso la gestión de Gregorio Eljach será vigilada con lupa desde ambas orillas”.

Por Hubert Ariza*.- El Senado de la República eligió con 95 votos al ex secretario general de esa corporación por 12 años, Gregorio Eljach, como procurador general de la Nación, lo que en la práctica significó una derrota política del exvicepresidente Germán Vargas Lleras y un triunfo del presidente Petro y la clase política tradicional.

Es una paradoja que en una misma jugada se sientan ganadores tanto la izquierda como la derecha, y que el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, califique la decisión como una bandera blanca del Ejecutivo al Legislativo, después de dos años de intensa guerra fría. Qué tanto incidirá esta elección en la aprobación de la agenda legislativa del Ejecutivo estará por verse. En este caso hay que recordar la máxima de que en política las cosas no son en blanco y negro, cada día es diferente y lo único cierto es lo que ya pasó.

El próximo 17 de enero, entonces, comenzará una nueva era en la Procuraduría, fundada en abril de 1830, en la que su mayor reto será blindarse para seguir existiendo, ante los constantes ataques de sus detractores, entre quienes se encuentra el propio jefe de Estado y el derrotado Vargas Lleras.

En los pasillos del viejo edificio de la calle 15 de Bogotá, en consecuencia, comenzará a escucharse en 2025 el canto gregoriano del presidente Petro, que no puede ser otra cosa que una sinfonía de anhelos represados para modificar profundamente esa entidad, quizá como parte de una reforma a la justicia, dentro del acuerdo nacional que promueve el ministro del Interior. Una tarea bastante difícil si se tiene en cuenta que cada partido político defenderá su botín burocrático, en una nómina abultada que contiene miles de cargos bien remunerados, cientos de ellos equivalentes a los más altos del Estado. En tiempos de campaña electoral, además, poco futuro tiene cualquier iniciativa que signifique menoscabar el poder de la clase política.

Con la elección de Eljach, la Procuraduría se sumará a la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría General de la República como entidades cercanas a la Casa de Nariño. Nada diferente a lo que ha ocurrido en la mayoría de los gobiernos anteriores, pero que en tiempos de enorme polarización alimenta la preocupación de la extrema derecha, angustiada por recuperar el poder en 2026 y huérfana de liderazgos capaces de cumplir esa tarea.

Muchos son los retos del nuevo jefe del ministerio público, en especial demostrar autonomía e independencia de la Presidencia de la República, defender la existencia de esa histórica institución bajo su mando, posicionarla en la agenda pública después de cuatro años de invisibilidad, recomponer la confianza con las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, diseñar una agenda que la reconecte con las comunidades en los territorios, tener presencia en las regiones y ser decisiva en la lucha contra la corrupción. Una tarea pendiente en estos últimos cuatro años, en el que la procuradora saliente cierra su gestión con broche de oro al archivar el proceso disciplinario contra la exministra de las TIC, Karen Abudinen, en el sonado caso de los Centros Poblados, en el que se perdieron 70 mil millones de pesos. La exfuncionaria del Gobierno Duque es del mismo sector político de la disciplinadora saliente.

El ministerio público, asimismo, debe ser propositivo en la defensa de los derechos humanos y en la agenda de paz total, que lidera el Gobierno nacional, y que busca silenciar el conflicto armado interno que por décadas ha afectado a Colombia. Esa iniciativa vive en permanente crisis, ahondada por el rompimiento del proceso con el ELN. Es vox populi que las organizaciones sociales que habían recuperado la confianza en la Procuraduría, durante la gestión de Fernando Carrillo Flórez, le dieron nuevamente la espalda a la entidad, en el último cuatrienio, ante su pasividad frente a la agenda de derechos humanos. Primero, durante la segunda mitad de la gestión presidencial de Duque, en la que la muerte de líderes sociales se convirtió en una crisis permanente que convocó la solidaridad de la comunidad internacional.

Y, luego, durante la administración Petro, en la que la defensa de la vida es percibida como una bandera política para atacar al Gobierno del cambio, ante su ineficacia en la atención de ese fenómeno, que no deja de alimentar la máquina de la guerra en los territorios, golpeando en especial a los líderes ambientales que rechazan la minería criminal y a quienes se oponen a la suplantación de los liderazgos sociales por el ELN y las disidencias.

La gran expectativa hoy es qué va a pasar con el ente de control bajo el mando de Eljach, durante los 18 meses del período del presidente Petro, quien ha tenido con esa institución una pésima relación y busca su transformación total. Hay que recordar que, siendo alcalde de Bogotá, el 8 de diciembre de 2013, Petro fue destituido por 15 años por el entonces procurador Alejandro Ordoñez, un fanático religioso que cerró las puertas a las organizaciones sociales y la agenda de derechos humanos y atacó a los líderes de izquierda. Esa decisión fue revocada tras la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que ordenó medidas cautelares de protección a los derechos del alcalde Petro, lo que obligó la modificación de la legislación disciplinaria interna.

La victimización de Petro y la derrota de su fanatizado verdugo, lo catapultaron políticamente. A Petro lo empoderó aún más en su ascenso hacia la jefatura del Estado. Y, como presidente de la República, ha denunciado a la saliente jefa del ministerio público, Margarita Cabello, seguidora del expresidente Duque, como perseguidora de sus funcionarios y su agenda de cambio.

“En la Procuraduría yo espero, una Procuraduría independiente, que no sea enemiga del Gobierno en el sentido de que la Procuraduría no está para convertirse en la policía política como desde hace dos años para acá viene sucediendo. La Procuraduría tiene es que ayudarnos a que no haya corrupción”, dijo desde México, donde asistió a la posesión de la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Qué significa no ser enemiga del Gobierno? Sin duda, ahí estará la lupa de la oposición y de los medios sobre la gestión del recién elegido procurador, que deberá cumplir a cabalidad el mandato legal de prevenir y disciplinar a los funcionarios públicos, contribuyendo a investigar y erradicar con eficacia cualquier denuncia de corrupción oficial, castigando a los agentes gubernamentales del presidente que se desvíen, como ya ocurrió con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, UNGRD, que ha sido el golpe más duro en la credibilidad del primer mandatario y su lucha contra la ilegalidad. Los casos abiertos por ese episodio tendrán especial interés para la opinión pública y, sin duda, serán elemento central en la campaña presidencial ya en marcha.

El presidente Petro ya le trazó una ruta de acción a Eljach: “Tenemos un camino que recorrer para cumplir las sentencias internacionales de DDHH, abandonar cualquier camino peligroso de ‘lawfare’ y adentrarnos en un acuerdo nacional para una transformación real de Colombia”. Aunque el 10 de abril de 2022, antes de ser elegido presidente, había trinado: “Propongo que la Procuraduría pase al poder judicial y se constituya como la gran fiscalía anticorrupción”.

El canto gregoriano de Petro en la Procuraduría apenas comienza. Habrá que esperar a ver qué tanto se acopla el país a esa nueva tonada de nuestra macondiana historia. Eljach, un hombre sereno, que ha capoteado por décadas la clase política, tendrá que demostrar que llegó para hacer historia, no por cerrar la Procuraduría, sino por darle un nuevo impulso en la lucha contra la impunidad y la construcción de una sociedad respetuosa de la vida.

Bogotá, D. C, 6 de octubre de 2024

*Periodista, internacionalista y analista político.

Tomado de EL País.