Opinión

Aquí hay que abrirle un espacio importante a la promoción de la conservación del agua y el ahorro de energía.

Por José David Name Cardozo*. - Año tras año se ha evidenciado que las temporadas de sequía vienen con mayor fuerza, dejando a su paso devastadoras afectaciones en la salud, el ambiente y la economía. Estos inclementes episodios están llegando más rápido de lo que se está actuando para mitigarlos. Tenemos infinidad de ejemplos propios y de vecinos, que de nada han servido para prepararnos ante un nuevo evento climático.

Una de las principales preocupaciones de la llegada de un verano intenso, radica en el fuerte impacto que podría causar sobre el sector eléctrico del país. El panorama es inquietante si tenemos en cuenta que la oferta de gas viene disminuyendo y que tenemos una combinación atípica de circunstancias como: la crisis financiera de las empresas distribuidoras, la creciente deuda por opción tarifaria, el agotamiento en las redes de transmisión regionales, los retrasos de proyectos energéticos renovables, y una Creg a media marcha.

Hace más de cuatro décadas, en abril de 1980, Colombia vivió una crisis energética desatada por la demora en los proyectos y la intensa sequía. Hubo cortes de energía de dramáticas proporciones, en ese entonces las lluvias llegaron, pero los racionamientos no cesaron, por el déficit en la infraestructura de generación. El apagón más recordado, en la historia reciente, fue el del gobierno de César Gaviria en 1990, que le costó varios miles de millones de dólares al país.

Con antecedentes de drásticos racionamientos de energía eléctrica en los últimos 44 años, hoy tendríamos que haber adquirido la mayoría de edad en la prevención de las deficiencias y la planeación del sector, incluso en contra de los ciclos de sequía y fenómeno de El Niño. Pero no es así. Lamentablemente, nos seguimos caracterizando por ser una Nación consciente de sus riesgos y amenazas, pero poco inclinada a desarrollar una política pública que se anticipe a los hechos, de ahí nuestra preocupación por los graves estragos que pueda traer esta nueva temporada de sequía, que ya fue alerta por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), para el primer trimestre de 2025.

La inadecuada planeación energética nos ha llevado a paliar problemas de escasez en ciudades como Bogotá. Por eso es importante pensar en el futuro del sector eléctrico colombiano, en las nuevas fuentes de producción, en resolver los problemas que afronta la Costa Caribe con sus operadores y en ampliar el espectro de soluciones con base en análisis realistas.

Hay que mantener una generación alta que nos permita llegar a la temporada de lluvia con 50% en los embalses. Por otro lado, la generación térmica debe ser con el combustible que respalde las Obligaciones de Energía en Firme (OEF), para que no se generen problemas con el mercado de gas, es decir, que el estatuto de desabastecimiento tenga flexibilidad para que las hidroeléctricas con embalses que estén a punto de vertimiento tengan obligación y prioridad en la generación.

Con una demanda energética creciendo a un ritmo insostenible, una oferta cada día más limitada y la advertencia de la llegada de una nueva temporada de sequía, es inaplazable desarrollar, desde todos los sectores, acciones y programas orientados a la prevención y planeación. Aquí hay que abrirle un espacio importante a la promoción de la conservación del agua y el ahorro de energía.

Bogotá, D. 21 de diciembre de 2024

*Senador del Partido de la U.

No hay duda de que todo cuanto sucede en la agenda política nacional ratifica que el universo macondiano es realidad palpable en un país que se resiste al cambio

Por Hubert Ariza*. - Con el estreno mundial, el pasado miércoles, de la adaptación de la obra cumbre de Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, como una serie en Netflix, Colombia ratifica que vive en modo macondiano. Especialmente en la arena política, donde es bueno recordar la inolvidable sentencia de que los pueblos condenados a cien años de soledad no tienen una segunda oportunidad sobre la tierra. Habría que agregar que tampoco la deberían tener los gobiernos incapaces, los partidos corruptos, los líderes autoritarios y populistas, ni los pueblos sumisos.

No hay duda de que todo cuando sucede en la agenda política nacional ratifica que el universo macondiano es realidad palpable en un país que se resiste al cambio, vive en una guerra permanente que se recicla de manera indefinida y agudiza la crisis humanitaria, y las castas conciben la política como una cloaca sin contrapesos donde es posible enriquecerse con total impunidad.

Un lugar donde a nombre de la paz se atacan los acuerdos logrados después de 60 años de confrontación interna, millones de víctimas reclaman verdad, justicia y reparación ante un Estado con los bolsillos vacíos y las regiones incendiadas, y se propaga el odio y la desinformación como un cáncer que hace metástasis cada cuatro años al momento de votar. Y, además, el engaño, la corrupción y la traición son el sello del éxito personal de unos pocos que envilecen la democracia y promueven la demolición de las instituciones una vez elegidos.

También hay, por supuesto, los soñadores que, como José Arcadio Buendía, buscan la piedra filosofal de la paz, la equidad, la justicia social y el fortalecimiento de la democracia, y son señalados de locos que desafían las leyes del ecosistema político del culto al dinero y el individualismo.

Mientras Macondo toma forma en Netflix, en la política colombiana ―que parece un reality televisivo con amenazados, eliminados y conspiraciones de todo tipo― un balance de 2024 demuestra, como lo señalan las encuestas, que la agenda política sigue atada a la corrupción, el conflicto armado y el déficit de las finanzas nacionales y regionales. Todo en medio de una profunda sequía de optimismo ante los anuncios apocalípticos de recorte acelerado del apretado presupuesto nacional, golpeado por el fracaso en el Congreso de la llamada ley de financiamiento, que tiene celebrando a la oposición y radicalizado al presidente Petro, quien entiende que lo que le importa a sus adversarios es impedir la reelección de la izquierda democrática en 2026.

El hundimiento del mencionado proyecto opaca los logros en el Congreso del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien había brillado al pasar en línea varias de las importantes reformas gubernamentales, entre las que se destaca la del Sistema General de Participaciones (SGP), que significará un enorme impulso a la descentralización y la autonomía regional, y está supeditada a la presentación de un proyecto de ley de competencias. No es claro aún, sin embargo, el impacto de la crisis generada por el hundimiento del proyecto de ley de financiamiento en el ánimo descentralizador del Gobierno. Como dice el viejo refrán, el palo no está para cucharas.

La naufragada iniciativa legislativa buscaba recursos por cerca de 12 billones de pesos para suplir el déficit del Presupuesto General de la Nación, y significaría un respiro al Gobierno nacional, que ahora se verá obligado, en pleno proceso electoral del 2026 a buscar múltiples fuentes de oxígeno político y económico y a tomar medidas radicales para cumplir sus compromisos con amplios sectores sociales, sin incumplir las responsabilidades internacionales, mientras agudiza la imaginación para construir un relato creíble de cambio de la sociedad, que impida la frustración del electorado y le permita soñar con la reelección de su proyecto político.

El recién nombrado ministro de Hacienda, Diego Guevara, necesita, en esa tarea, mucho más que las salidas macondianas, la imaginación de García Márquez o la obsesión de José Arcadio en su laboratorio de alquimia. La derecha estará atenta a las salidas pragmáticas en lo económico y cero errores políticos; la izquierda exigirá no renunciar a las promesas sociales ni ceder a la presión de la derecha; y, en todo caso, el Gobierno deberá construir un relato transparente ante la opinión pública, impidiendo el estallido social de la clase media que promueve la derecha, y contar con aliados en mercados internacionales en la era de Trump. La Cancillería será esencial en esa tarea.

En un país que ha vivido por más de seis décadas en guerra, muchas veces el ministro estrella ha sido el de Defensa. Juan Manuel Santos lo fue de Álvaro Uribe y alcanzó la cúspide por los golpes militares contundentes a las FARC. Ahora, los hechos demuestran que los reflectores estarán en el de Hacienda, porque lo que suceda con la economía marcará el destino de los colombianos y, por supuesto, el de la izquierda. El espejo de Brasil es contundente.

Lula es ejemplo de defensor de los intereses vitales de Brasil y de potenciador de la solidez económica de su país, sin renunciar un milímetro a la ideología socialista. Colombia, además, tiene una excelente calificación por la estabilidad y crecimiento económico, como lo señaló un reciente informe de la prestigiosa revista The Economist que ubicó al país como la sexta economía más destacada de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 2024.

La apuesta de la derecha, al negar el proyecto de ley de financiamiento, se percibe como una jugada política para disminuir el impulso de los avances sociales de Petro, quitándole la chequera para bloquear su gestión en procura de la reducción de los indicadores de pobreza. Entre 2022 y 2023, el Gobierno sacó a 2,5 millones de colombianos de la inseguridad alimentaria, reduciendo el hambre.

Más allá de la polarización, Colombia vive tiempos de enorme responsabilidad fiscal. No hay espacio para salidas populistas, ni catastróficas. Tampoco para radicalismos que lleven el país al borde del abismo. Los grandes líderes capotean la tormenta con serenidad y firmeza. El electorado premiará la responsabilidad con la que se maneje la coyuntura y los indicadores con que se entregue la economía en 2026.

Grande tarea tienen, entonces, Petro y su equipo económico, cuyo ministro de Hacienda no puede ser un yes-man, sino un líder capaz de generar consensos, escuchar todas las voces y diseñar, con el equipo político, una salida viable a la crisis presupuestal que permita mantener la tranquilidad de los mercados, respetar la regla fiscal, garantizar los recursos para los subsidios a amplios sectores de la población y cumplir el Plan Nacional de Desarrollo.

Petro tendrá, además, que contenerse para impedir que aumenten los índices de pesimismo colectivo y los electores voten por el regreso de la derecha ortodoxa, privatizadora y pragmática, que borraría, a lo Javier Milei, en un solo día y con una motosierra el legado de sus cuatro años de mandato.

Petro sabe que de la derecha solo recibe desprecio y obstáculos. Al fin y al cabo, lo ven como al último descendiente de los gitanos macondianos, al que maldicen, como maldicen aún después de muerto a Gabo y su inmortal obra.

Bogotá, D. C, 15 de diciembre 2024

*Periodista, internacionalista y analista político.

Tomado de EL País.

Me parece casi imposible traducir al audiovisual una obra literaria de las características tan complejas como las que distinguen a Cien Años de Soledad y, en general, a todo el legado literario de nuestro querido Nobel.

Por Fernando Cepeda Ulloa*. -Todo indica que será un excelente regalo navideño. El lanzamiento del miércoles pasado, 11 de diciembre, de la obra más emblemática de Gabriel García Márquez en formato audiovisual, es una materialización de un deseo obsesivo de muchos en Colombia y en el exterior, para llevar a millones de personas toda la maestría y toda la magia que caracterizan Cien Años de Soledad. Curioso que esta presentación se inicie un día después de la fecha en la cual se entregó hace muchos años por primera vez el premio Nobel, incluido el de literatura. Gabo lo recibió en esta misma fecha en 1982.

Es bien conocida la reticencia de Gabo, quien además era aficionado al cine y él mismo guionista y productor, para que sus obras, fueran adaptadas al audiovisual. Fueron muchas sus objeciones y reservas al respecto. Y sabemos que se han hecho intentos con otras de sus obras, aunque nunca con Cien Años de Soledad. Netflix, con audacia digna de encomio, ha asumido ese riesgo.

Contrató a una excelente directora, doña Laura Mora, antioqueña, quien ya se ha lucido con la producción de varios largometrajes, uno de ellos mereció un apreciado premio en San Sebastián. Ella misma tiene una historia muy dura y compleja que de alguna manera tradujo en uno de sus largometrajes. Netflix no ahorró recursos. Es que llegó a construir ese pueblo imaginario, llamado Macondo, en las afueras de Ibagué. Contrató un personal mayoritariamente colombiano para realizar la tarea artística, titánica hay que decirlo, y creó lo que denominaron una "Escuela de Cien años de soledad" para transmitir muchos aprendizajes necesarios para que este esfuerzo cinematográfico correspondiera tanto como fuera posible a la realidad de la novela y a la magia de la misma.

La periodista Annie Correal escribió en el New York Times del 9 de diciembre una excelente crónica sobre la producción de esta serie y, luego de visitar el pueblo de Macondo, y de releer con mucho cuidado el texto escrito de la novela se tomó el trabajo, nada fácil, de comparar escenas muy complejas con la serie ya elaborada que tuvo el privilegio de ver. Lo que se va a observar es producto de años de un formidable esfuerzo intelectual de García Márquez y de otro formidable esfuerzo de Netflix, tanto financiero como profesional, para que en unas cuantas horas, en sólo dos temporadas, se pueda aprovechar tanto talento y tanta audacia. La propia crónica de Annie Correal es un ejemplo de muchas horas, seguramente, días de trabajo cuidadoso para recoger en un breve texto una inmensa tarea intelectual.

Me he resistido a releer Cien años de soledad antes de ver la serie. He resuelto escribir estas líneas antes de ver el trabajo audiovisual. Y me pregunto si debo releer el libro después de ver la primera temporada. Pienso que debo hacer un esfuerzo por separar la maestría del escritor de la maestría que al parecer ha puesto en marcha Netflix para llevar esta obra de García Márquez al campo audiovisual, tal como se ha hecho con otros trabajos literarios muy famosos.

Me parece casi imposible traducir al audiovisual una obra literaria de las características tan complejas como las que distinguen a Cien Años de Soledad y, en general, a todo el legado literario de nuestro querido Nobel. Por ejemplo, dice la Academia Sueca, “Pero la conciencia de la muerte y el sentimiento trágico de la vida contrastan con la vitalidad de la narración, esa capacidad de invención aparentemente ilimitada, que a su vez expresa la fuerza vital, a un tiempo aterradora y edificante, de lo vivo y lo real. Lo cómico y lo grotesco en García Márquez puede ser cruel, pero también puede transformarse en algo lleno de un reconciliador sentido del humor.”

Bogotá, D. C, 15 de diciembre de 2024

*Analista Político, Catedrático. Exministro de Estado

Si bien la extinción de dominio por incumplimiento de la función ecológica de la tierra existe desde la ley 160 de 1994, es una espada de Damocles que sigue pendiendo sobre la nuca de los propietarios de tierra.

Por José Félix Lafaurie Rivera*. -El nuestro es un país de jueces, magistrados y “altas cortes”, pero de poca justicia, que, en lo penal, ostenta un vergonzoso índice de impunidad del 90% -del 100% en la JEP-, mientras que, en lo civil, laboral y contencioso, es un atropello permanente a los derechos ciudadanos.

Ahora tendremos nueva jurisdicción, la Agraria, con ley estatutaria aprobada, que definió su estructura y relaciones dentro del sistema judicial, la cual se encuentra en revisión en la Corte Constitucional. De otra parte, el proyecto de ley ordinaria, que establece competencias, procesos y procedimientos, acaba de ser aprobado en comisiones primeras de Senado y Cámara, faltándole los debates en plenaria de las dos corporaciones, con lo que el Gobierno no solo espera anunciar un resultado en medio de duros golpes, como el de la Ley de Financiamiento, sino mostrar el proceso como ejemplo de concertación.

Y en verdad lo fue, pues en la etapa prelegislativa el Ministerio de Agricultura abrió espacios en los que pudimos señalar, artículo por artículo, los sesgos y, sobre todo, las amenazas que representaba el proyecto original para el derecho a la legítima propiedad privada de la tierra, algo que yo venía reiterando en varios escritos en este mismo espacio, a resultas de mi compromiso con la defensa de los derechos de los ganaderos colombianos.

Fue también importante la concertación con el Congreso de la República, que merece nuestro reconocimiento, principalmente en la audiencia pública convocada por la Comisión Primera del Senado, en la que los sectores interesados pudimos expresar y consignar por escrito nuestros reparos al proyecto, lo cual, no cabe duda, fue definitivo para los debates en las comisiones conjuntas y lo será para las plenarias.

¿Qué se logró? Sin entrar en detalles, primero: “desideologizar” el proyecto, suprimiendo o morigerando unos principios permeados por el sesgo, muy de las narrativas populistas de izquierda, de una ley pensada para “proteger” a unos sectores vulnerables e indefensos, de otros poderosos y perversos, un sesgo que acabo de ver hasta en el Noticiero del Senado, cuando anuncia la aprobación en comisiones con el subtítulo en pantalla de “Los campesinos contarán con jueces especializados”. ¿Los campesinos solamente?, me pregunto.

Segundo: acotar el desbordamiento de competencias, casi omnímodas y omnipotentes que el proyecto pretendía otorgar a los jueces agrarios; y tercero, y muy importante: recuperar para los propietarios de tierra el derecho a la fase judicial de los procesos agrarios, entre ellos la extinción de dominio y la expropiación, que el proyecto había cercenado para dejar la decisión de cierre en manos de la Agencia Nacional de Tierras.

¿Qué sigue preocupando? Primero: que al proyecto todavía le sobra ideología y sesgo, pues, como he reiterado, la ley debe proteger a la población vulnerable en términos del acceso a la justicia y de acompañamiento, pero ya dentro del proceso, frente al juez, todos somos y debemos seguir siendo iguales ante la ley, sin favorecimientos procesales que desvirtúan la noción misma de justicia.

Y sigue preocupando que, si bien la extinción de dominio por incumplimiento de la función ecológica de la tierra existe desde la ley 160 de 1994, es una espada de Damocles que sigue pendiendo sobre la nuca de los propietarios de tierra, en un país con autoridades ambientales “autónomas” y cooptadas por el clientelismo regional, y con una legislación ambiental difusa y difícilmente aplicable en un campo agobiado por la violencia.

Con o sin fase judicial, la extinción de dominio, justificada para corruptos y narcotraficantes, es a todas luces un castigo excesivo para la presunta violación de normas ambientales. Revisarlo es una tarea del Congreso en las plenarias que vienen.

Bogotá, D. C, 14 de diciembre de 2024

Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie

Elemento indispensable para una verdadera descentralización en Colombia es tener la Ley de Ordenamiento Territorial que exige el artículo 288 de la Constitución

Los objetivos de la reforma son incontrovertibles. Colombia es un país con un centralismo excesivo, el poder casi omnímodo del gobierno central debe ser distribuido para dar más capacidad de ejecución a las regiones.

Ni es la panacea para acabar con el centralismo como dicen sus promotores, ni es la debacle fiscal que lamentan sus críticos. Ni lo uno ni lo otro es la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones (SGP) aprobada por el Congreso para darle más recursos y competencias a departamentos y municipios.

Es un avance importante para la necesaria autonomía de los territorios, pero tiene muchos retos para una verdadera descentralización del país y plantea riesgos para la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Los objetivos de la reforma son incontrovertibles. Colombia es un país con un centralismo excesivo, donde el poder casi omnímodo del gobierno central debe ser distribuido para dar más capacidad de ejecución a las regiones; se deben cerrar las enormes desigualdades y brechas que existen entre los territorios ricos y los pobres, y dar más recursos a los gobiernos locales para fortalecer la presencia del Estado en regiones abandonadas.

Sin embargo, para lograr esos objetivos hay que tener total claridad en reconocer que la descentralización no es solo aumentar el porcentaje de recursos del SGP que se transfieren a departamentos y municipios. Es condición necesaria pero no suficiente.

Elemento indispensable para una verdadera descentralización en Colombia es tener la Ley de Ordenamiento Territorial que exige el artículo 288 de la Constitución, donde se deben establecer “la distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales”, y otros temas tales como las funciones de los departamentos o las regiones de planeación.

Otros elementos necesarios son el fortalecimiento de las capacidades administrativas y de generación de recursos propios de los entes territoriales o la conformación de órganos de control regionales independientes.

En cuanto a los riesgos de desequilibrio fiscal, la reforma tiene protecciones importantes como exigir que sea compatible con la Regla Fiscal, o que la transferencia de recursos debe ir acompañada de traslado de competencias, o que solo entrará en vigencia cuando se expida la ley que las distribuya (que debe tener aval de Minhacienda).

El problema es que estas protecciones van en contra de las aspiraciones de los congresistas que aprobaron la reforma con la ilusión de que las regiones van a tener más plata de libre destinación, o que no aceptan que para cerrar brechas destinando más recursos a territorios pobres, habrá que disminuir lo que reciben los más ricos. Se trata de un juego de suma cero, pues no habrá recursos adicionales sino redistribución de los que existen.

El riesgo entonces es político: la obligación de trasladar recursos es fija (39.5% de los ingresos) mientras que las protecciones que quedaron en la Constitución no son cuantitativas y la ley de competencias que presente el gobierno manteniendo el equilibrio fiscal puede salir de la votación del Congreso con una mayor transferencia de recursos que de competencias. Todo dependerá del capital político que tenga el gobierno dentro de doce meses para contener las aspiraciones de los políticos regionales (que son todos los congresistas).

Bogotá, D. C, 8 de diciembre 2024

*Filósofo y Economista. Consultor.

La Transición energética no debe poner en riesgo la seguridad energética

Por Amylkar D. Acosta M*. -En los últimos 15 años (2007 – 2022) las reservas de gas natural en el país han caído el 50%, situándose en los 2.3 TPC y con ellas ha caído también la producción el 9% entre junio de 2023 y junio de este año, pasando de 1.170 MMPCD hasta los 900 MMPCD. Según la Gestora del Mercado de gas natural, se prevé que el potencial de producción caerá el 19.8% entre los años 2024 y 2026. Y como la demanda crece y crecerá aún más hacia el futuro, como sustituto del carbón y de los combustibles líquidos, según la Gestora para el 2025 se estima el déficit en un 12% (120 MMPCD) y para el 2026 de un 30% (350 MMPCD). Déficit este que tendrá que cubrirse con importaciones.

En ello coincide el Presidente de ECOPETROL, Ricardo Roa: “va a haber unos faltantes el año entrante que van a estar cercanos a los 160 de gigas de BTU, luego va a subir a 180, y de ahí en adelante a 300 y hasta a 500, si no incorporamos reservas”. No obstante, el negacionismo del Ministro de Minas y Energía Andrés Camacho lo llevó a decir que “no es cierto que vayamos a tener escasez de gas los próximos años, no hay ninguna crisis energética y no estamos ante un riesgo inminente de desabastecimiento razón por la cual no hay ningún traslado de costos adicionales a los usuarios”.

Por su parte Roa se ratifica en lo ya dicho y afirma no sólo que “sí vamos a depender de la importación, de aquí a 2029”, sino que advierte que “eso va a hacer que se tenga un incremento significativo de la tarifa”. Más claro sólo el agua! Bien dijo la Presidenta de NATURGAS Luz Stella Murgas que “el déficit del gas natural no es una alerta, es una realidad, no es una narrativa”, como aduce el Gobierno.

Según había asegurado el Ministro Camacho “nunca ha estado en nuestros planes opciones de importación desde otros países…No hemos visto ningún problema de abastecimiento porque estamos tomando medidas…No es cierto que vayamos a tener escasez el próximo año”. Tal vez estaba imbuido de la idea de su antecesora, la ex ministra Irene Vélez, cuando vaticinó irresponsablemente que “según los cálculos, las reservas probadas, probables y posibles garantizarían un suministro de gas hasta el 2037, es decir de 15 años más”.  

Contra todos los pronósticos y previsiones del Gobierno nacional, desde el día 1 de diciembre de este año Colombia, por primera vez en 45 años, inició las importaciones de gas natural para atender el consumo esencial. En efecto, a través de un Comunicado público la mayor distribuidora de gas importado TLP GAS informó que a través de la regasificadora SPEC, recibe 40 MMPCD desde el pasado 29 de noviembre, requeridos por 8 empresas distribuidoras. Los hechos son tozudos. Entre tanto el Ministro de Minas y Energía Andrés Camacho se obstina en negar, contra toda evidencia, las importaciones y sostiene que se cuenta con “excedentes” de gas extraído en el país, que no se traducen en oferta firme en el mercado. Y no explica por qué.

La razón está en la norma aludida, que es muy clara al respecto cuando establece que “los agentes que atiendan la demanda esencial tienen la obligación de contratar el suministro y el transporte de gas natural para la atención de dicha demanda con agentes que cuenten con respaldo físico”. Que no es el caso de aquella producción de gas proveniente de campos que aún están en prueba extensa. En últimas la que cuenta es la oferta en firme, que no sea susceptible de interrupción en sus entregas por parte del proveedor.

El Ministro Camacho se niega a dar su brazo a torcer e insiste con terquedad aragonesa en que no hay necesidad de importar, que “las cifras revisadas muestran que las declaraciones de producción y disponibilidad de gas en los campos nacionales son adecuadas para atender la totalidad de los requerimientos del mercado”. Para él este es un axioma que como tal no necesita demostración. Al parecer el Ministro hizo suya la truculenta frase atribuida al ex presidente de EEUU Harry Truman: “cuando no puedes convencerlos, confúndelos”.

Ello lo ha llevado a poner en pausa la expedición del Decreto 2024 de 2024 que se publicó para comentarios en el mes de noviembre, que los agentes llevan meses requiriendo para habilitar las importaciones y dar vía libre para que la CREG expida la Resolución para homologar las condiciones contractuales para comprometer gas en firme proveniente del exterior y establecer el indexador de precios, los cuales, dicho sea de paso, serán mucho más alto. Aunque ella advierte que “el gas barato”, al que hemos estado acostumbrado, se acabó por fuerza de las circunstancias, porque hasta el gas producido en el país terminará por nivelarse con los precios internacionales.

Es de anotar que esta primera importación es solo la cuota inicial, ya que de acuerdo con el Gestor del Mercado, que maneja la cifra oficial,  se estima un déficit del orden del 8,2% de la demanda total en el 2025 y  en 2026 el mismo llegaría a un 20,6%. Sin fundamento alguno el Ministro Camacho se aventuró a afirmar que el uso del gas importado no será inmediato. Según él dicha importación sólo busca “cubrirse en caso de ser necesario”, pues “la producción nacional de gas será suficiente para cubrir la demanda de diciembre”.

En estas circunstancias en las que estamos se está incurriendo en el mismo error en el que cayó la Unión Europea al precipitarse a abandonar prematuramente a las energías de origen fósil, a las que tuvo que volver apresuradamente ante el riesgo del colapso de su economía. De ese trance del que todavía no termina de reponerse le quedó una lección aprendida, de la cual debemos tomar atenta nota: la Transición energética no debe poner en riesgo la seguridad energética. La otra lección que se sigue de la anterior es que tan importante para un país como la seguridad energética es la soberanía energética. Ello es lo que está en juego!

Bogotá, diciembre 7 de 2024

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Esas disidencias y otras organizaciones criminales siguen actuando, con gravísimo daño a las instituciones y al pueblo colombiano, y han demostrado no tener voluntad alguna de acogerse a la legalidad.

Por José G. Hernández*. -Tras la reforma introducida mediante Acto Legislativo 5 de 2017, el actual artículo 22 A de la Constitución establece una regla de la mayor importancia en la que no se ha trabajado lo suficiente y cuyo perentorio mandato no ha sido adecuadamente cumplido.

La norma estipula de manera perentoria que, con miras a garantizar la no repetición de las conductas delictivas que han hecho imposible el logro de la paz en Colombia y también con el objeto de asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y el uso de las armas por parte del Estado y la Fuerza Pública en todo el territorio nacional, “se prohíbe la creación, promoción, instigación, organización, instrucción, apoyo, tolerancia, encubrimiento o favorecimiento, financiación o empleo oficial y/o privado de grupos civiles armados organizados con fines ilegales de cualquier tipo, incluyendo los denominados autodefensas, paramilitares, así como sus redes de apoyo, estructuras o prácticas, grupos de seguridad con fines ilegales u otras denominaciones equivalentes”.

Desde 1991, en el artículo 22 de la Constitución se declaró que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. En tal sentido, es comprensible la intención gubernamental -anunciada desde la campaña presidencial de 2022- de lograr ese propósito colectivo, a plenitud y no parcialmente. Ello, teniendo en cuenta que el proceso de 2016 se circunscribió tan solo a parte de las Farc, con disidencias anteriores y posteriores a la firma del Acuerdo de Paz firmado con el expresidente Juan Manuel Santos. Esas disidencias y otras organizaciones criminales siguen actuando, con gravísimo daño a las instituciones y al pueblo colombiano, y han demostrado no tener voluntad alguna de acogerse a la legalidad. Tanto es así que una de ellas acaba de manifestar que buscará la paz, pero no con el actual sino con el próximo gobierno. Lo cual indica que la denominada “paz total” no se alcanzará durante la presente administración.

Se prohíbe al Estado la tolerancia con los grupos ilícitos armados, luego, a nuestro juicio, si uno de ellos no muestra voluntad de paz, no se debe insistir en su vinculación a procesos de esa naturaleza, y, como de ese precepto resulta, la Fuerza Pública debe continuar su actividad en todo el territorio y para sus integrantes no puede haber zonas vedadas, en las que no puedan ingresar o tengan que salir.

La Constitución también insiste en que “la ley regulará los tipos penales relacionados con estas conductas, así como las sanciones disciplinarias y administrativas correspondientes”. Es decir, no puede haber impunidad. Es una inconsecuencia que reconocidos delincuentes que siguen delinquiendo sean elegidos para cumplir la función de gestores de paz y quedar en libertad.

En cuanto a las víctimas, no deben ser revictimizadas, como ha ocurrido recientemente -muy grave, por parte de un congresista- con las madres de quienes fueron asesinados y presentados como guerrilleros dados de baja en combate, en el curso de los mal llamados “falsos positivos”, verdaderos crímenes de lesa humanidad. Ni debe ocurrir con los familiares de más de dieciocho mil casos de menores que -según la JEP- fueron víctimas de secuestro, reclutamiento y violencia sexual y otras atrocidades, durante el conflicto armado.

Bogotá, D. C, 20 de noviembre de 2024

*Expresidente de la Corte Constitucional

Hay tres dimensiones diferentes de la desigualdad social. Una es la Pobreza que refleja la desigualdad en el acceso a los bienes y servicios básicos; otra es la desigualdad en la distribución del Ingreso, y una tercera es la desigualdad en la distribución.

Por Mauricio Cabrera Galvis*. -Lo que no se mide no se puede mejorar”. Este axioma, popularizado por Peter Drucker, el gurú de la administración de empresas, también tiene plena aplicación en el campo de las políticas públicas. Con dos corolarios importantes: uno, el hecho de medir no garantiza que se mejore y dos, lo que se mide mal no se puede mejorar.

Un caso claro de aplicación de estos principios es el de las políticas para disminuir la desigualdad, donde hay situaciones como la pobreza que se han medido durante años y se han mejorado; otras que no se han mejorado a pesar de que se han medido por mucho tiempo, como la distribución del ingreso, y otras que no se han medido de manera sistemática y no se sabe si han mejorado o empeorado, como es el caso de la distribución de la riqueza.

Para entender la diferencia entre las tres situaciones hay que recordar que hay tres dimensiones diferentes de la desigualdad social. Una es la Pobreza que refleja la desigualdad en el acceso a los bienes y servicios básicos; otra es la desigualdad en la distribución del Ingreso, y una tercera es la desigualdad en la distribución de la Riqueza.

Los indicadores de pobreza, elaborados con una metodología rigurosa, han permitido que todos los gobiernos recientes fijen metas precisas de reducción de la pobreza, y que la opinión pública vigile y evalúe el cumplimiento de las mismas, todo lo cual ha contribuido a que se hayan logrado importantes avances en la reducción de la pobreza, tanto la multidimensional como la monetaria.

En materia de distribución del ingreso, solo en los últimos años se han planteado en los planes de desarrollo metas para mejorarlas, a pesar de que hace más de medio siglo se utiliza el índice de Gini, el cual se ha mantenido relativamente constante alrededor de 0.52, lo que nos mantiene como uno de los países más desiguales del mundo. Es posible que en este caso la medición sea equivocada y por eso no hay mejoría.

Donde es casi total la ausencia de datos e indicadores rigurosos y continuos, es en el campo de la concentración de la riqueza que, por lo poco que se conoce es mucho peor que la del ingreso.

El actual Plan de Desarrollo plantea por primera vez un camino para llenar este vacío de información. En efecto en su artículo 91 ordena que “El DANE -con el apoyo técnico del DNP- elaborará y publicará nuevas mediciones de desigualdad en torno a la tierra, la propiedad inmueble, la tenencia de activos financieros y la riqueza en el país”.

Parece inocua pero es una medida radical, porque medir la realidad y la evolución de la concentración de la riqueza fortalecerá el debate público sobre el tema y permitirá diseñar políticas y establecer metas medibles para lograr una sociedad menos desigual. Sin embargo sorprende que en dos años el gobierno del cambio no haya avanzado nada en esta materia.

Cali, 17 de noviembre de 2024

*Filósofo y Economista. Consultor.

De este mulato jubiloso y vital hasta sus últimos días, queda su herencia para amar la cultura colombiana, y su autenticidad y sencillez de hombre culto, defensor de la causa negra y vivo ejemplo de filantropía.

Por Amylkar D. Acosta M*. -Acatando el último deseo del maestro Manuel Zapata Olivella (1920 – 2004), sus honras fúnebres tuvieron lugar en la Universidad que lo graduó como médico en 1948. Sitio donde "su familia", la gente negra, acudió a honrarlo con su cultura al lugar que consideró se podía expresar la libertad: la Universidad Nacional. 

Manuel Zapata Olivella nació en Santa Cruz de Lorica (Córdoba) el 7 de marzo de 1920. Aunque muchos pensaban que era chocoano, en realidad fue hijo adoptivo de esta región, a la que llegó a conocer tanto como al Caribe negro. De su sensibilidad social y artística dan cuenta sus novelas como Changó, el gran putas , Tierra mojada , Pasión vagabunda , He visto la noche , En Chimá nace un santo ; ensayos como Tradición oral y conducta en Córdoba , El hombre colombiano , El folclor en los puertos colombianos ; y obras teatrales como Los pasos del indio , Las tres monedas de oro , El retorno de Caín , entre otros. 

Este auténtico vocero "del negrerío, la negredumbre o la negritud", acepciones "bellas", que utilizaba sin prejuicio en su peregrinaje por cualquier lugar del mundo donde fuera invitado por su conocimiento acerca de los ritmos y el lenguaje africano, coincidió en su dedicación a la música y las letras con Rafael Escalona y Gabriel García Márquez, con quienes sostuvo una amistad entrañable. Antes de ser reconocidos, se encontraron casualmente en 1950 en La Paz, municipio de Robles (Cesar), cuando Gabo vendía enciclopedias; a "Rafa" lo expulsaron del Liceo Celedón por componer su primera canción El hambre del liceo y Manuel, adelantaba su año rural. 

"De risa estruendosa, cabello alborotado que lo hacía distinguirse a distancia, solía llamar la atención en ceremonias de gala con su vestimenta colorida como símbolo de irreverencia y proyección de la cultura africana", lo describe su amigo el historiador y jurista Ciro Quiroz. 

Polifacético como fue, a su profesión de médico sobrepuso su vocación social, cuando en Colombia aún no existían antropólogos y sociólogos formados en la academia. Descubrió e inventarió las expresiones culturales de San Basilio de Palenque, seleccionando los mejores tamboreros y llevándolos a Europa, al lado de los distintos grupos folclóricos que impulsó su hermana Delia Zapata. Precisamente, en Changó, el gran putas, la obra que le mereció el mayor reconocimiento, deja ver el método comparativo de su investigación social, al asimilar el santoral cubano con el santoral palenquero, convirtiéndose además en la segunda novela sobre la africanía en América más importante después de Raíces . 

La oralidad, el folclor, las leyendas y, por supuesto, "las penurias, humillaciones y miserias de que son víctimas los negros", llevaron a Zapata Olivella a tener no sólo el conocimiento, por el cual es el colombiano más mencionado en la bibliografía mundial sobre el tema afro, sino la conciencia de raza que definió todas sus facetas: la de investigador, artista, novelista, dramaturgo, activista y colombiano negro. 

Cónsul en Trinidad y Tobago durante el gobierno de Ernesto Samper; coordinador del "Encuentro latinoamericano de folclor", miembro de la Junta Nacional de Folclor, y del Patronato de Ciencia y Artes de Colombia; ejerció como hombre de la vida pública, en la que se inició como dirigente estudiantil en 1949, época en que conoció a Fidel Castro durante el "Congreso latinoamericano de estudiantes", que impugnaba el nacimiento de la Organización de Estados Americanos (OEA). 

"Como una carcajada inteligente", lo recuerda el escritor y otro de sus más cercanos amigos y paisano además, David Sánchez Juliao, al exaltar su "frondosa" pluma, que puso al servicio de la identidad y el sentido de pertenencia al país. Por eso, también es evocado como el maestro que le enseñó a varias generaciones de escritores, por lo cual, sin duda, recibió el Premio Nacional de Literatura. También, frente a sus cualidades editoriales, Ciro agrega, "si bien 'Gabo' maneja las formas en la literatura, Zapata maneja la profundidad del suceso social". 

Por todos sus méritos y merecimientos el Ministerio de Cultura quiso exaltar y honrar su memoria, además de promover la divulgación de su extensa y profusa obra literaria y con tal fin la Ministra Carmen Inés Vásquez Camacho expidió la Resolución 3222 del 17 de octubre de 2019 “por la cual se declara el 2020 Año del Centenario de Manuel Zapata Olivella”. Durante este año se llevaron a cabo actividades académicas en torno a su vida y obra en el marco de la Feria Internacional del libreo (Filbo) en Bogotá, como también en la Feria del Libro de Madrid, en donde Colombia fue invitada de honor.

Como una coincidencia atávica, su muerte el 19 de noviembre de 2004, al igual que la de su hermana Delia Zapata Olivella, se produjo luego de haber visitado África. De este mulato jubiloso y vital hasta sus últimos días, queda su herencia para amar la cultura colombiana, y su autenticidad y sencillez de hombre culto, defensor de la causa negra y vivo ejemplo de filantropía.

Cota, noviembre 19 de 2024

*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net

La tempestad perfecta de Trump puede convertirse en una noche oscura para la democracia y, a la vez, una oportunidad para que Colombia defienda la suya con la Constitución en la mano.

Por Hubert Ariza*. -La reelección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos es una tormenta perfecta que poco a poco se convertirá en un huracán, que tratará de destruir a su paso todo aquello que vaya en contravía de su particular manera de entender el uso y abuso del poder de un imperio que buscará recuperar a la fuerza el espacio perdido ante el auge y consolidación de nuevas potencias. Acelerará el nacionalismo, el proteccionismo, la expulsión de los migrantes y el desmonte de las conquistas sociales de los últimos años, profundizando la polarización interna y llevando el mundo no a la paz, sino al tránsito permanente por el túnel de su autodestrucción.

No son días de sol, ni de esperanza, para los defensores de la democracia cuando el péndulo de la derecha reaccionaria está de regreso y Trump se ve a sí mismo como un vengador sediento de revancha. Un cruzado anticomunista, capaz de diseñar ―como Ronald Reagan— un nuevo orden mundial, según sus propias obsesiones ideológicas y caprichos personales, imponiendo un gabinete que incluye megamillonarios excluyentes, como Elon Musk, que no solo manda cohetes a la luna, domina la red social X y experimenta con la mente humana, sino que ahora quiere desmontar el Estado e imponerse como el gran hermano orwelliano, que todo lo ve y todo lo sabe.

Mientras Trump baila y alista su revancha, diluvia en todo el planeta. Las imágenes de las nefastas consecuencias del calentamiento global, que niegan Trump y sus seguidores, están demostrando que la naturaleza está pasando factura a la humanidad y exige acciones urgentes. Pero Trump niega ese fenómeno con el aplauso de sus más radicales seguidores, la mayoría líderes autoritarios que han despreciado sus propias constituciones, el equilibrio de poderes, los derechos humanos, las libertades y los medios de comunicación independientes.

Nayib Bukele, de El Salvador; Javier Milei, de Argentina, o Jair Bolsonaro, de Brasil, están de fiesta en América Latina. En Colombia, la tormenta Trump se siente con fuerza. Los primeros nombres del gabinete de guerra a la izquierda democrática ―que para Trump es comunismo puro― postulados por el presidente electo de Estados Unidos, como Marco Rubio, quien ocupará el Departamento de Estado, son campanazos de lo que se avecina en esta parte del mundo, donde los presidentes Gustavo Petro, de Colombia; Lula da Silva, de Brasil, o Claudia Sheinbaum, de México, alientan una agenda de renovación democrática, y son equiparados por la extrema derecha norteamericana con líderes decadentes como Nicolás Maduro, de Venezuela; Daniel Ortega, de Nicaragua; o Miguel Díaz-Canel, de Cuba.

A pesar de que América Latina poco importó en el debate presidencial de los Estados Unidos, ahora con Trump en el poder sí será importante todo cuanto se haga desde la Casa Blanca para intentar reorganizar el hemisferio occidental alrededor de sus intereses hegemónicos. En Venezuela, Maduro sabe que su régimen ha hecho méritos para convertirse en laboratorio de la nueva política de mano dura, como tanto han amenazado los halcones repotenciados de Washington. La amenaza de derrocarlo y llevarlo a la cárcel, como al fallecido exdictador Manuel Antonio Noriega de Panamá, ya no parece ciencia ficción, a pesar de contar con el auspicio de Putin y Xi Jinping. Aunque es bien sabido que las potencias tienen intereses, no amigos, y que cualquier solución de la crisis venezolana pasa por Moscú y Pekín.

El próximo 10 de enero de 2025, cuando supuestamente se iniciará el nuevo mandato de Maduro, quien cometió un descomunal fraude en las pasadas elecciones, se sabrá qué tanto habrá perfeccionado Trump su estrategia hacia esa nación vecina, rica en petróleo y paupérrima en democracia, exportadora de migrantes, violencia y miseria, que tiene a Edmundo González y María Corina Machado en la reserva para una eventual transición. Todo cuanto ocurra con Venezuela, será la receta que se aplicará a las demás naciones del continente, y ello golpeará a Colombia.

El impacto de los resultados electorales de Estados Unidos comienza, como es natural, a sentirse también en Colombia, donde el presidente Petro, firmante de la paz del Gobierno con el M-19 en 1990, lidera una agenda de reformas que incluyen la búsqueda de la paz total, mayor descentralización, profundización de la democracia, empoderamiento de los sectores sociales, alineamiento internacional con la izquierda gobernante, incluida China y Rusia, y desafío permanente al statuo quo.

La victoria de la derecha estadounidense ha acelerado la campaña presidencial colombiana y ha sacado del closet a la periodista Vicky Dávila, quien ha renunciado a la dirección de la revista Semana para lanzarse en busca del poder. Lo hará después de años de construir una candidatura con base a titulares escandalosos, publicación de filtración de conversaciones privadas, algunas de las cuales se sospecha provenientes del programa espía Pegasus, y un agudo y permanente enfrentamiento con el presidente Petro, quien la ha convertido en su sparring, empoderándola ante la opinión pública como la antipetro.

Dávila representa a la nueva derecha colombiana, que juega a ser outsider, sin militancia política ni pasado electoral, sintonizada con las tendencias de Milei, Bolsonaro, Bukele, que tiene en Trump a su mesías y se siente dueña de un discurso maniqueo de defensa de la democracia, pero cuando llegan al poder su objetivo es demolerla, como bien lo ha declarado el propio Milei, cuyo símbolo de poder es una motosierra, una herramienta que en Colombia se usó para asesinar a miles de líderes de izquierda y oposición en los peores años de la violencia paramilitar.

Dávila negaba hasta hace unos días que sería candidata, pero su lanzamiento se da cuando el Centro Democrático, con Álvaro Uribe contra las cuerdas judiciales, busca afanado un candidato de centroderecha que les permita soñar nuevamente con el regreso a la Casa de Nariño. No la tienen fácil. Sus heridas internas parecen insanables. Y a pesar de que el péndulo pareciera estar de regreso a la derecha en Estados Unidos y Europa, en Colombia las cosas no son tan fáciles.

La política con Petro en el poder es mucho más complicada, porque tiene una enorme base popular, maneja la chequera del Estado y su iniciativa política no ha encontrado un rival que lo frene. En el pasado, además, ya han triunfado alternativas de extrema derecha, con Uribe, o los outsider, como Antanas Mockus en Bogotá, la izquierda democrática con Petro, o la centroderecha con Juan Manuel Santos. Después de un Gobierno de izquierda como el actual, no se ve aún claro que la derecha tenga asegurado su regreso al poder y se dé un fenómeno como el de Trump, Bukele o Milei. Petro atacará con todo, las dificultades lo engrandecen.

De hecho, en Bucaramanga hace agua el capital político de un alcalde que se declaró el Bukele colombiano. Y no se ve quién quiera ser el Milei colombiano. Lo que sí se observa con claridad es que la derecha sigue extraviada aplaudiendo a Trump sin que tenga claro quién elevará sus banderas en 2026. Tampoco se observa quién será el sucesor de Petro, cuyo mandato entra en recta final con el sol a las espaldas y Marco Rubio y Trump resoplando como búfalos en sus narices, amenazando a Venezuela y conspirando para minar el poder de Lula y estimular el ascenso de la extrema derecha regional.

La tempestad perfecta de Trump puede convertirse en una noche oscura para la democracia y, a la vez, una oportunidad para que Colombia defienda la suya, sin miedo, con la Constitución en la mano. Escoger bien al sucesor de Petro es la tarea hacia adelante, para que llegue un líder que sepa defender los intereses vitales, como la agenda ambiental, el derecho a vivir en paz, la desnarcotización de nuestras relaciones, la superación de la pobreza y las reformas aplazadas. Es tiempo de pensar en serio en el futuro, para pasar el huracán Trump con la democracia viva.

Bogotá, D. C, 17 de noviembre 2024

*Periodista, internacionalista y analista político.

Tomado de EL País.