Opinión

Primer coletazo de la pérdida de autonomía en el suministro doméstico de nuestro gas natural.

Por Juan Camilo Restrepo* - Los datos que acaban de publicarse sobre las reservas de gas natural en Colombia son alarmantes. Como bien lo dijo la presidenta de Naturgas, estas cifras deben leerse con sentido de urgencia.

Durante los últimos 10 años, salvo uno, todos los años han venido decayendo las reservas de gas natural que a la fecha apenas cubren 5.9 años de consumo.

Todo apunta entonces a que el déficit creciente tendremos que atenderlo con más importaciones. Las cuales, como es sabido, tienen un costo mucho mayor que el gas producido domésticamente.

Los nefastos resultados de la política del gobierno de Gustavo Petro, menospreciando esfuerzos para desarrollar yacimientos tanto en tierra firme como aguas afuera en el Mar Caribe, están empezando a mostrar sus nefastas consecuencias que habremos de pagar muy caro los colombianos en los años venideros.

La indolencia para modernizar la legislación sobre consultas previas está teniendo también su cuota de responsabilidad en el atraso de la autosuficiencia nacional. Se estima, por ejemplo, que la explotación del pozo Sirius (el más promisorio de la provincia gasífera del Caribe) requerirá de 116 consultas previas antes de que una sola molécula del gas de este yacimiento pueda llegar a tierra firme.

Se ha hablado de que con importaciones de Venezuela podríamos paliar los negros nubarrones que plantea el horizonte del gas natural en Colombia. Esto es ilusorio y, además, nos sometería a una malsana dependencia de Venezuela para atender las necesidades futuras de gas en Colombia.

Los últimos datos sobre el decrecimiento de las reservas de gas natural en Colombia que están en sus niveles más bajos históricos, y las lecciones que Alemania ha sacado de su alta dependencia del gas ruso deben hacernos reflexionar. Cuando se pierde soberanía nacional sobre algo tan importante como el gas natural y se recurre a crecientes importaciones de países extranjeros, el país que así actúa no solo termina pagando el gas mucho más caro - como ya nos está sucediendo en Colombia- sino que la pérdida de autonomía energética termina afectando toda la política toda del país, como le está sucediendo a Colombia.

Lo que está sucediendo en Alemania es muy aleccionador. Creyeron que no planteaba ningún problema aumentar la dependencia del gas ruso, cosa que se hizo en los años 70 y 80 del siglo pasado con el tendido de una gran red de gasoductos que traían el hidrocarburo desde los pozos siberianos hasta los centros de consumo alemán. Esto no resultó bien, y hoy en día hay coincidencia de que aquella política fue una profunda equivocación de quienes planificaron la energía alemana del siglo XXI. Hasta el punto de que a esta alta dependencia del gas ruso se le atribuye actualmente la gran vulnerabilidad económica que exhibe el principal motor del crecimiento económico en la Unión Europea como es Alemania.

Lo que fue inicialmente un voto de confianza ingenuo para con Rusia, se ha convertido en el talón de Aquiles de la política exterior de Alemania. Hasta el punto de que los lineamientos de su política de defensa se han tenido que modificar radicalmente con el nuevo canciller.

Una de las novedades quizás más importantes de lo que se ha escuchado en el escenario internacional reciente es el discurso inaugural ante el parlamento alemán del canciller Friedrich Merz en el que anunció un giro trascendental en la política y en la doctrina militar que se apresta a liderar.

Las fuerzas armadas (Bundeswehr) serán objeto de una profunda revisión en el gobierno de este canciller. Su propósito, dijo, es convertir las fuerzas militares en “el más poderoso ejército convencional de Europa en los años venideros”.

Atrás quedan pues las restricciones armamentistas que acompañaron a Alemania desde su derrota en la segunda guerra mundial. Atrás quedan las férreas limitaciones presupuestales que hacían las veces de una cadena inflexible que limitaba el crecimiento tanto de los contingentes de soldados de Alemania como de su equipamiento militar. Atrás quedan las restricciones que a partir de 1945 habían impuesto a Alemania los aliados vencedores de la segunda guerra mundial.

La explicación principal de este cambio radica en el temor creciente que despierta en la Unión Europea, y muy especialmente en Alemania, el agresivo neoimperialismo ruso.

Recordemos que Rusia ha sido siempre el dolor de cabeza de Alemania a través de la historia. Dolor de cabeza que se ha convertido en algo insufrible a partir de la invasión del régimen de Putin a Ucrania, y a la desconfianza creciente de la guerra sucia a la que parece ser tan aficionado Moscú.

Recordemos por ejemplo el reciente incidente -que luego se supo que no era más que un montaje de los servicios de inteligencia rusos- con el que quiso presentar la pantomima de que el presidente Macron, al nuevo canciller alemán y al primer ministro inglés, eran una banda de consumidores de cocaína en un tren que los conducía a una reunión en Kiev con el presidente de Ucrania. Pantomima que, según se vino a saber, después tenía por objeto desprestigiar los esfuerzos de paz de la Unión Europea en Ucrania.

Rusia es capaz de cualquier cosa como lo demuestra un brillante libro reciente de la prestigiosa historiadora Anne Aplebaum ganadora del premio Pulitzer titulado: “Autocracias, cuando las dictaduras se asocian para dirigir el mundo”.

Qué lejos están los fantasmas del nazismo y qué distantes los recelos franceses que llegaron a vetar en 1951 el ingreso de la Republica Federal a la OTAN.

Estamos frente a una “ruptura de época” como afirmó el canciller Merz ante el parlamento de su país en el discurso de investidura: los temores de hasta dónde puede llegar la Rusia de Putin han hecho olvidar los estragos a los que condujo Hitler a su pueblo.

En Colombia comenzaron las importaciones que serán naturalmente mayores y mucho más caras que el gas doméstico. No solo la infraestructura para recibir estar importaciones es insuficiente, sino que la reacción del gobierno Petro ha sido deplorable, haciendo de la Superintendencia de Servicios Públicos una especie de “policía política” con la que se busca ocultar con investigaciones arbitrarias, lo que no es otra cosa que el primer coletazo de la pérdida de autonomía en el suministro doméstico de nuestro gas natural.

Bogotá, D. C, 1 de mayo 2025.

*Abogado y Economista. Exministro de Estado.

La seguridad como la soberanía energética están en tan grave predicamento, una vez más el Caribe colombiano y La Guajira en particular le tienden de nuevo la mano al resto del país. 

Por Amylkar D. Acosta M*. - Se suele hablar de la Transición energética en singular, cuando la realidad es que estamos registrando la tercera transición. Me explico, la primera tuvo lugar cuando gracias al invento del motor de combustión interna, el petróleo y sus derivados desplazaron al carbón como combustible. Esto ocurrió a mediados del siglo XIX (1863 – 1893). La segunda transición tuvo como detonante la guerra del Yom Kipur, en octubre de 1973, cuando por primera vez en la historia se utilizó el petróleo como arma de guerra, al decretarle los países árabes un embargo petrolero a los países de Occidente aliados de Israel, encabezados por EEUU.

Notificados de que dicho embargo podía llegar a repetirse y conscientes de que las mayores reservas de crudo se concentraban en el golfo pérsico, las grandes potencias se propusieron blindar su seguridad energética disipando dicho riesgo, diversificando su matriz energética. Y fue así como el carbón, que había sido desplazado por el petróleo, volvió a vivir su segunda juventud al integrarlo a la misma y el gas natural, que hasta entonces sólo había sido un estorbo en la industria petrolera, también se integró a ella. Por su parte las grandes multinacionales petroleras, conocidas como las siete hermanas, entendieron también la inconveniencia de poner todos los huevos en la misma sesta y se dispusieron a diversificar el portafolio de sus inversiones. Y así se encontró el hambre con la comida.

En efecto dos empresas petroleras estadounidenses aterrizaron en Colombia, más exactamente en La Guajira, venían tras del carbón y el gas natural, una de ellas, TEXAS se asoció con ECOPETROL (mayo, 3 de 1974) para explorar y explotar el más gigante yacimiento de gas, con las mayores reservas, offshore (Chuchupa), Ballena y Riohacha y otra de ellas, la EXXON se asoció con la estatal CARBOCOL (diciembre, 17 de 1976), a través de su filial INTERCOR para explotar a cielo abierto el mayor yacimiento de carbón de Latinoamérica (El Cerrejón).

Feliz coincidencia, porque justamente en el año 1975 Colombia pasó de ser exportador, por décadas, de petróleo, a tener que importarlo por la súbita declinación de sus reservas, las de carbón y gas se convirtieron en el paño de lágrimas para la Nación, convirtiéndose la región Caribe en la despensa minero – energética del país. De no haber sido por ello las afugias fiscales del Estado y su balanza de comercio exterior habrían sido mayores de lo que fueron.

Pues, ahora, cuando estamos en la tercera Transición energética, que tuvo su largada con el Acuerdo de París (1975), que tiene como propósito la descarbonización de la economía, nuevamente la región Caribe le extiende la mano a Colombia, toda vez que el mayor potencial de fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER), especialmente eólica, solar – fotovoltaica y la biomasa están allí.

Sobre todo en momentos en los que Colombia, según lo que revela el más reciente Informe de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) dando cuenta del Balance reservas / producción de gas natural en el país, las reservas probadas de gas natural siguen cayendo, esta vez (2023 – 2024) el 13%, debido a la acelerada declinación de los mayores campos productores situados en La Guajira y en los Llanos orientales. Y concomitantemente con la caída de las reservas probadas, que pasaron de 2.37 TPC a 2.06 TPC, ha venido cayendo también la producción. Mientras la relación R/P pasó de 6.1 a sólo 5.9 años, al tiempo que la producción bajó desde 1.170 MMPCD en 2023 a 1.707 MMPCD en 2024 y ya en 2025 vamos en 824 MMPCD.

Ello se ha traducido en un déficit de oferta de gas, que el Gobierno Nacional, con terquedad aragonesa se ha negado a aceptar, pues para él no se trata de una escasez sino de maniobras especulativas por parte de las empresas comercializadoras de gas natural. Lo cierto es que desde el 4 de diciembre del año anterior, Colombia se ha visto en la penosa necesidad de importar gas, por primera vez en 45 años, para cubrir la demanda esencial, esto es, las estaciones de compresión, la domiciliaria, pequeño comercio, industria, el gas natural comprimido (GNC) para los vehículos y las refinerías. Por lo pronto se están importando 40 MMPCD (4% de la demanda), pero hacia el futuro el déficit y los volúmenes de gas importados serán mucho mayores.

Se estima por parte de NATURGAS que este año el déficit de la oferta de gas se acrecentará hasta llegar al 7% y para los próximos años la cantidad de gas importado será del orden de los 190 MMPCD en 2026, 286 MMPCD en 2027 y 405 MMPCD en 2028. Y ello, en razón de que al tiempo que cae la producción crece la demanda de gas, cuanto más en cuanto que este es considerado como el combustible de la Transición energética. Ello desde luego ya está teniendo un duro impacto en el bolsillo de los usuarios, toda vez que el precio del gas importado es mucho mayor que el del gas extraído en el territorio nacional.

En tales circunstancias, en las que tanto la seguridad como la soberanía energética están en tan grave predicamento, una vez más el Caribe colombiano y La Guajira en particular le tienden de nuevo la mano al resto del país, pues, hoy por hoy, la mayor apuesta de Colombia para recobrarlas está en SIRIUS, un enorme descubrimiento de gas costa afuera, cuyas reservas se comparan con las del Campo de Chuchupa cuando fue declarado comercial y duplican las actuales reservas remanentes.

 Riohacha, 1 de mayo 2025

*Economista. Expresidente del Congreso y exministro de minas y energía.

www.amylkaracosta.net

Las imágenes de destrucción del país que esperaban los enemigos del Gobierno para acusar al presidente Petro de incendiar a Colombia no aparecieron. La calle fue una expresión de fortaleza de la sociedad civil

Por Hubert Ariza*. - Es la primera vez que un paro nacional de dos días convocado por las centrales obreras contó con el apoyo del Gobierno nacional. Es un hecho inédito que marca un antes y un después en la historia de la protesta social en Colombia. Fue un paro no contra el Gobierno, ni para exigirle al presidente reivindicaciones salariales, cumplimiento de acuerdos o garantías políticas, sino organizado como un mecanismo de presión al Congreso de la República, para que apruebe la reforma laboral presentada por el Ejecutivo o dé vía libre a una consulta popular que garantice los derechos de los trabajadores.

El paro ha sido una nueva expresión de la polarización política, una acción de la sociedad civil contra el bloqueo legislativo del Congreso al Gobierno, y un enorme llamado del presidente Petro a las organizaciones sociales, para medir su capacidad de movilización y compromiso con las banderas del cambio. Y, además, una invitación a los empresarios para negociar las reformas aplazadas, ampliar la democracia y consolidar el espíritu de la Constitución.

La jornada de paro nacional y el llamado a una consulta popular han sido descalificadas por la derecha que las ven como escenarios de campaña política del presidente Petro, en su objetivo de garantizar que la izquierda democrática mantenga el poder en las elecciones de 2026. Para el Ejecutivo ha sido una demostración de su capacidad de imponer la agenda política y conectarse con amplios sectores sociales, con una bandera que une a la izquierda democrática, a las bases del partido liberal y las demás organizaciones tradicionales, a los jóvenes, las mujeres, los campesinos e indígenas, alrededor de la defensa de los derechos laborales.

Los dos días de protesta social, en este mayo de ruptura con la violencia, estuvieron precedidos de una enorme sombra de miedo, en una sociedad traumada por las heridas del pasado, en especial, del estallido social del período 2019-2021, que amenazó los cimientos de la democracia, puso a prueba la institucionalidad, demostró las enormes fracturas sociales y la vulnerabilidad de amplias capas de la población afectadas por la desigualdad, la pobreza extrema, la falta de oportunidades, y la invisibilización ante un Estado afectado por la corrupción y la descomposición de la clase política.

En un país golpeado durante más de 60 años por la confrontación armada interna y la teoría del enemigo interno, durante décadas la palabra paro fue demonizada por la extrema derecha y convertida en sinónimo de paralización de las ciudades, destrucción de la infraestructura y caos. En realidad, el paro estuvo asociado a la violación de los derechos humanos, detenciones ilegales de miles de personas, desfiguración corporal de los manifestantes por el uso de armas prohibidas, desapariciones y muertes. El paro fue, además, escenario de infiltración de la guerrilla, cierre de vías y bloqueos de amplias zonas del país, con los consiguientes daños a la economía nacional.

La sociedad civil fue debilitada y condenada por la estigmatización del Estado, que veía en toda movilización la mano siniestra de las FARC y el ELN. Durante más de 100 años, el país vivió bajo el Estado de sitio, la aplicación del artículo 120 de la Constitución de 1886, y la represión, que, precisamente, justificó el origen de las guerrillas en la década del sesenta del siglo pasado.

La Constitución de 1991, eliminó el nefasto artículo 120 de nuestra legislación, y en su artículo 37, convirtió la protesta pacífica en un derecho fundamental. Sin embargo, los rezagos del concepto del enemigo interno siguieron marcando la represión de la protesta social, dejando de lado el diálogo social como una forma de anticipar la detonación de esta. El estallido social, de 2019-2021, en el pasado Gobierno, dejó una huella imborrable en la memoria colectiva. El saldo de víctimas inocentes de esas jornadas son una herida que no sana y han merecido la condena de Colombia.

Un informe de la Defensoría del Pueblo, entregado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 7 junio de 2021, revela la magnitud de la situación de vulneración de derechos humanos durante la protesta social sucedida entre el 28 de abril hasta el 3 de junio de ese año. En ese período se recibieron “417 quejas por presuntas vulneraciones a los derechos humanos en el marco de manifestaciones sociales. De esas, en 306 (73%) refiere como presuntos responsables a miembros de la fuerza pública: 300 (98%) a la Policía Nacional y 6 (2%) al Ejército Nacional”.

Esa protesta social afectó 320 municipios de los 32 departamentos del país. Un informe de Indepaz, de ese mismo año, revela que 80 personas perdieron la vida durante la protesta social, a manos del Esmad, la policía, civiles y sujetos sin identificar. Los mártires de esa época trágica de Colombia tuvieron nombre propio. La Defensoría del Pueblo coincidió con esa cifra, y señaló denuncias por desaparición de 466 personas. La Fiscalía señaló que solamente había comprobado 20 homicidios, de los ochenta, en el marco de la protesta social.

Todo esto parece ser parte del pasado. El Esmad ya no existe, los jóvenes ya no pierden los ojos por salir a la calle. El paro que acaba de pasar parece haber detenido la barbarie.

Por supuesto que, a un año de las elecciones presidenciales, la polarización política lleva a muchos a ver las cosas solo en el plano electoral. El mensaje al mundo es que en Colombia la gran ganadora es la democracia, que sale fortalecida. La protesta superó a los actores armados, que fueron aislados, porque no tienen nada que proponerle a la sociedad hastiada de la guerra. Las imágenes de destrucción del país que esperaban los enemigos del Gobierno, para acusar al presidente Petro de incendiar a Colombia, no aparecieron. La calle no fue escenario de muerte, sino una expresión de fortaleza de la sociedad civil.

Resulta apresurado, entonces, etiquetar de fracasado el paro porque fue pacífico. Quizá lo sensato es meditar sobre la madurez de la democracia, la mayoría de edad de los dirigentes sindicales, la capacidad de movilización de los trabajadores, la serenidad de los empresarios y el aislamiento de los actores armados ilegales.

También habría que pensar en la respuesta del Congreso de la República para revivir la reforma laboral y actuar en concordancia con los anhelos de los trabajadores, de los estudiantes del Sena, e incluso del propio Gobierno, que jugó a ganar en el Legislativo y en las calles. Colombia gana con esta protesta. En adelante, ningún otro Gobierno podrá ordenar a la Fuerza Pública atacar al pueblo, ni ninguna organización ilegal podrá suplantar los liderazgos sociales. El Congreso también hoy sabe que afuera del Capitolio hay un pueblo decidido a exigir sus derechos.

Los Gobernadores, alcaldes y personeros municipales cumplieron su papel. La Fuerza Pública acató la orden de su comandante en jefe. Los pocos hechos de orden público registrados dan fe de que la democracia en Colombia se consolida. Que protestar no pone en riesgo la vida, ni exigir los derechos es una condena de muerte. Hoy nadie está llorando muertos durante las protestas. Los únicos que están llorando son los enemigos de la democracia, que querían ver a Colombia en llamas para imponer una narrativa de odio.

Bogotá, D. C, 1 de junio 2025

*Periodista, internacionalista y analista político.

Tomado de El País.

Necesitamos apoyo del Estado a una realidad productiva en la cual Colombia, paradójicamente, es actor importante a nivel mundial: LA GANADERÍA SOSTENIBLE.

Por: José Félix Lafaurie Rivera *. - No dudo que 2026, que ya se asoma, vendrá con buenos tiempos para Colombia, cuando cese la “horrible noche” progresista; pero a los que hoy me referiré es a los que vienen para la ganadería, pese a las carencias del campo y la inseguridad que tampoco cesa.

Como ya lo hicimos en China, avicultores, porcicultores y ganaderos hicimos frente común en Arabia Saudita como oferentes de proteína animal al mercado mundial, y al regresar de otro viaje a la caza de mercados, la pregunta es la misma. ¿Por qué otros sí…, y nosotros no?

En 2004 la producción mundial de carne era de 63,1 millones de toneladas, y en 2024 de 77,2 millones, con un incremento del 22,3%; mientras que la población mundial pasó de 6.493 millones a 8.090 millones de personas, con un aumento apenas superior del 24,5%.

Se podría decir que nada cambió, pero si revisamos el comercio internacional de carne encontramos que se duplicó, ¡creció un 100%! entre 2004 y 2024, al pasar de 6,1 a 12,1 millones de toneladas, lo que en gran parte se explica por el aumento del consumo en Oriente y, principalmente, en China, país que, a partir de su pragmática mezcla de comunismo político y capitalismo económico, en 2021 logró acabar con la pobreza extrema y había sacado de la pobreza monetaria a 800 millones de personas; a lo que se suman los países de Oriente Medio, que no consumen cerdo por convicciones religiosas y, por ello, presentan una demanda creciente de carne bovina.

Compararse es el fundamento del benchmarking, para encontrar fortalezas y debilidades frente a las oportunidades y amenazas. Estados Unidos, con un hato de 87,2 millones de cabezas, produjo 11,9 millones de toneladas de carne en 2024, y aunque es también gran importador, exportó 1,29 millones de toneladas. China, con 95 millones de cabezas, produjo solo 7,7 millones de toneladas, no es autosuficiente y debe importar más de 3 millones de toneladas al año. ¡Ahí están las oportunidades!

Australia, con un hato similar al nuestro, de 29,2 millones de cabezas, produjo 2 millones de toneladas de carne en 2024 y es una estrella exportadora, mientras nosotros apenas ajustamos 750 mil. Ahí es donde debemos buscar las respuestas al por qué otros sí y nosotros no. ¡Ahí están los retos!

Sin embargo, como lo he reiterado en múltiples ocasiones, son retos que los ganaderos no podemos asumir sin el Estado; y eso limitándonos a lo técnico, es decir, sin tener en cuenta las enormes carencias de seguridad e infraestructura rural.

Necesitamos una estrategia diplomática para validar ante Estados Unidos y la Unión Europea el enorme esfuerzo de nuestros ganaderos para erradicar la fiebre aftosa y lograr acceso a esos mercados. Necesitamos trazabilidad, con realismo y progresividad, pero efectiva, para lo cual es importante el fortalecimiento del ICA, como quedó claro en un reciente debate de control político en la Comisión V del Senado.

Necesitamos apoyo del Estado a una realidad productiva en la cual Colombia, paradójicamente, es actor importante a nivel mundial: LA GANADERÍA SOSTENIBLE. Con Sistemas Silvopastoriles Intensivos doblaríamos el hato, de 30 a 60 millones de cabezas, en la misma tierra y sin impacto ambiental negativo, es decir, con una ganadería carbono neutral o, inclusive, positiva en captura de carbono.

Ahí están las oportunidades y los retos. ¿Cuáles son las metas? Otro factor de éxito es pensar en grande. ¿Por qué no alcanzar a Australia en 10 años? Producir 2 millones de toneladas y exportar un millón (¡5 mil millones de dólares!) a un mundo que, a pesar de modas y narrativas en contra, “no come cuento…, come carne”.

Bogotá, D. C, 1 de junio de 2025

*Presidente FEDEGAN

@jflafaurie

Por:  José Félix Lafaurie Rivera*- Hace dos siglos, el pueblo amotinado en la Plaza Mayor de un caserío grande llamado Santafé, se desgañitaba gritando ¡Cabildo Abierto!, azuzado por un autoproclamado tribuno del pueblo que lo amenazaba con grillos y cadenas si perdía ese “momento de efervescencia y calor”. La verdad, lo perdió, pues la independencia se quedó en “Grito”, la primera patria fue “boba” y la reconquista un río de sangre, hasta la gesta libertadora de 1819.

Hoy el azuzador es el presidente de la República, el objetivo no es la independencia, sino desconocer a los legítimos representantes del pueblo y, con ello, a uno de los tres pilares de la democracia: el poder legislativo; y la amenaza en este caso no son las cadenas, sino la huelga general que el ministro del Interior confunde con “manifestación”; en fin, otro “estallido social”. Hoy no es el pueblo el que grita ¡Cabildo abierto! ..., es el Gobierno.

Lo que pretende el presidente, según pude entender en medio de las acusaciones, insultos y amenazas de su “alocución” tras el hundimiento de la consulta popular, es, primero, convocar otra vez al pueblo a la protesta callejera que empieza pacífica y termina violenta, garantizando de antemano que la Fuerza Pública no pueda ni tocar a los vándalos por orden de su comandante. En el mejor de los casos, este país todavía considera “pacífico” el bloqueo de vías, vulnerando los derechos al trabajo, la educación y la movilización.

Con la presión en las calles, la segunda pretensión es lograr que todos los municipios se declaren en Cabildo Abierto -él prometió asistir al de Barranquilla- y se pronuncien sobre la consulta popular y sobre cualquier propuesta “que el mismo movimiento popular debe lanzar” y que él, simplemente…, obedecerá.

Esa respuesta popular será tranquila, alegre y sin violencia, algo que difícilmente puede garantizar, porque lleva tres años sembrando odio entre los colombianos, en un ambiente sostenido de hostilidad presidencial que también hace imposible el Acuerdo Nacional que tanto pregona y, a la vez, tanto destruye.

Ahora bien, se equivoca el presidente en varias cosas. Se equivoca al pensar que “el pueblo” son solo las mingas, cabildos, sindicatos y todas las “organizaciones sociales” que son auditorio de sus discursos de odio y el objeto de su generosidad presupuestal. Olvida que hay más, mucho más pueblo, y que él es el presidente de todos los colombianos, simpatizantes y contradictores.

Se equivoca al creer que un tumulto cualquier día y en cualquier esquina se puede declarar en Cabildo Abierto. Hasta el de 1810 tuvo un trámite de aprobación por parte del virrey Amar y Borbón. Por el contrario, el Cabildo Abierto, como uno de los mecanismos de participación ciudadana, y el único en corporaciones públicas, está reglamentado en la Ley 1757 de 2015.

Se le olvida al presidente que la norma, entre otras cosas, establece que el Cabido Abierto debe ser solicitado previamente a la corporación respectiva (Asamblea, Concejo, JAL) por el 5 x mil del censo electoral y que los intervinientes deben inscribirse previamente.

Y lo más importante, al presidente y a su ministro del Interior se les olvida que en los cabildos abiertos se consideran asuntos que los residentes soliciten, “siempre y cuando sean de competencia de la respectiva corporación”.

Es clarísimo que una Reforma Laboral que afecta a todos los colombianos no es competencia de una Asamblea, un Concejo o una JAL. Por lo tanto, la convocatoria presidencial a Cabildos Abiertos en todo el país “no tiene pies ni cabeza”.

Las leyes son para cumplirlas, pero… hay que leerlas primero, a menos que se pretenda encender la mecha de una confrontación violenta.

Bogotá, D. C, 16 de mayo 2025

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie

El debate apenas comienza, pero lo cierto es que la última palabra no la tiene la política ni los medios, sino el Derecho.

Por: Humberto Rafael Méndez Rojas*. -En los últimos días, en medio del ruido político nacional, ha empezado a tomar fuerza una pregunta que no solo inquieta a la opinión pública, sino que abre un interesante debate jurídico en los círculos especializados: ¿pueden el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, postularse a la Presidencia de la República en 2026?

Desde la perspectiva constitucional, la respuesta parece afirmativa. El artículo 197 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 02 de 2015, establece que no podrá ser elegido presidente quien, un año antes de la elección, haya ejercido como gobernador o alcalde. Por tanto, si renuncian con la debida anticipación —es decir, al menos un año antes de la primera vuelta presidencial (31 de mayo)—, quedarían habilitados.

Sin embargo, se presenta una tensión normativa relevante con La Ley 617 de 2000, la cual en su artículo 31 numeral 7, replicada por la Ley 2200 de 2022, en su artículo 113, (para el caso de los gobernadores) y el artículo 38-7 (para el caso de los alcaldes), consagra una incompatibilidad que se torna en inhabilidad, que prohíbe a los gobernadores y alcaldes inscribirse como candidatos a cualquier cargo de elección popular durante el período para el cual fueron elegidos. Esta restricción legal fue interpretada de forma rigurosa por la Sección Quinta del Consejo de Estado en la sentencia 0051 de 2016 (caso de la exgobernadora de la Guajira, Oneida Pinto), al considerar que los mandatarios locales no deben utilizar el poder otorgado en una elección para proyectarse políticamente hacia otros cargos, pues ello rompe el compromiso adquirido con los electores y afecta la equidad electoral.

A primera vista, habría una colisión normativa: por un lado, la Constitución permite la candidatura con la renuncia oportuna; por otro, la ley y la jurisprudencia la prohíbe durante todo el período. En estos casos, el artículo 4 superior es claro: la Constitución prevalece sobre la ley. Y dado que las inhabilidades deben ser expresas, taxativas y de interpretación restrictiva —según la jurisprudencia y doctrina reiterada de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado—, las inhabilidades para aspirar a la Presidencia deben tener rango constitucional, no legal.

En consecuencia, la restricción contenida en la ley 617 no podría extenderse al escenario presidencial, pues ello implicaría adicionar una inhabilidad no prevista expresamente en la Constitución, lo cual vulneraría el derecho político fundamental a ser elegido.

Así las cosas, si Carlos Amaya y Federico Gutiérrez presentan su renuncia al menos un año antes de la elección, es decir, antes del próximo 31 de mayo de 2025, estarían constitucionalmente habilitados para ser candidatos. Ahora bien, en caso de resultar elegidos, seguramente se interpondría una demanda de nulidad electoral que tendría que resolver la Sección Quinta del Consejo de Estado. Y será en ese momento cuando se conocerá si el máximo tribunal de lo electoral mantiene la línea jurisprudencial restrictiva de 2016 o si, por el contrario, la modula o varía, entendiendo que el escenario presidencial tiene un régimen de inhabilidades constitucionalmente autónomo y que el derecho a ser elegido debe prevalecer, en ausencia de una prohibición clara y expresa.

El debate apenas comienza, pero lo cierto es que la última palabra no la tiene la política ni los medios, sino el Derecho.

Bogotá, D. C, 13 de mayo de 2024

*Abogado especialista en Derecho Público. Magíster (c) en Administración Pública. Consultor y litigante en Derecho Electoral

Al presidente el rojo lo apasiona. El suyo es un rojo más intenso y revolucionario que el de los liberales del Olimpo Radical del siglo XIX

Por Hubert Ariza*. - En medio de un calor que derrite el miedo, en La Dorada, Caldas, el presidente Petro firmó la APP que marca el regreso del tren de carga y pasajeros a Colombia. “¡Vuelve el tren!”, se escuchó gritar a una multitud que vio al mandatario montado en un vagón amarillo, adornado con banderas rojas, como en las épocas en las que el caudillo del pueblo, Jorge Eliécer Gaitán, en la década de los cuarenta del siglo pasado, recorría la geografía nacional sembrando esperanza en un país azotado por la violencia conservadora que, después de su magnicidio, dejó más de 500 mil muertos.

Ahí, en el corazón del Magdalena Medio, una zona azotada por décadas por la influencia criminal del paramilitarismo, el presidente se puso la camisa roja y lanzó uno de sus más ambiciosos programas de transformación nacional con un discurso apasionado, más allá de la realpolitik, impregnado del realismo mágico, de Macondo y el sueño de un país marcado por la vida. Un discurso que ratificó, además, que roja tiene el alma, como su camisa, como sus palabras.

Al presidente el rojo lo apasiona. El suyo es un rojo más intenso y revolucionario que el de los liberales del Olimpo Radical del siglo XIX, que redactaron la Constitución de 1863, que instauró el federalismo y la separación del Estado y la Iglesia; más transformador que el de Aquileo Parra, Uribe Uribe, López Pumarejo y tantos líderes icónicos de esa colectividad histórica, cuya mayoría de dirigentes perdieron el rumbo y, con el paso de los años, se dejaron avasallar por el mercado, se desconectaron de la gente y perdieron la ideología.

El evento de La Dorada cerró un día de buenas noticias para el Gobierno en la antesala de la celebración del Día de los Trabajadores, fecha elegida para la presentación en el Congreso de la República, por el propio presidente, de la consulta popular que pretende garantizar los derechos laborales y recuperar conquistas perdidas hace varias décadas por iniciativa de Álvaro Uribe y César Gaviria.

En la Plaza de Bolívar, el 1 de mayo, ante una multitud de trabajadores, campesinos e indígenas provenientes de diferentes departamentos, Petro, vestido con una chaqueta roja y con guantes blancos, ondeó la bandera de “guerra a muerte”, de la época de la Independencia, y desenfundó la icónica espada del Libertador Bolívar, en una imagen que le da la vuelta al mundo, quedará grabada en la retina de los colombianos, será motivo de toda clase de especulaciones y etiquetada por la oposición como una amenaza a la democracia.

Nunca antes un mandatario colombiano se había atrevido a protagonizar un acto simbólico de esa dimensión política. Petro ha desacralizado ante el pueblo y la estatua del Libertador, un símbolo de la libertad de cinco naciones. Lo hizo después de pronunciar un discurso aún más radical que el de La Dorada, rodeado de su gabinete, su hija Antonella y congresistas del Pacto Histórico.

Frente a la multitud, arremetió, una vez más, contra la vieja clase política y los congresistas que han bloqueado su agenda política y, en especial, su propuesta de reforma laboral. Llamó a revocarlos en las urnas y ratificó su tesis de que el pueblo es el jefe del Congreso, porque es el poder constituido.

Con la consulta popular, el primer mandatario ha logrado liderar la agenda mediática, poner contra las cuerdas a la derecha, señalar el doble discurso de la clase política tradicional frente a los derechos de los trabajadores, e iniciar una campaña de movilización de sus bases, atrayendo a otros sectores, instaurando comités regionales, para garantizar que el proyecto del cambio se mantenga en actitud ganadora con la mira puesta en el 2026.

Hoy la pelota está en la cancha del Senado, que tiene un mes para decidir si aprueba o no las 12 preguntas de la consulta popular, que es una apuesta con la que el Gobierno nacional gana con cara y con sello. Durante los próximos días, el Congreso sentirá la presión del Gobierno, pero en especial de una sociedad civil que ha ganado mayores espacios en los últimos años. Si en su autonomía el Senado hunde la consulta, le dará argumentos al presidente para radicalizar aún más su discurso y recorrer el país desmoronando lo poco que queda de credibilidad del Legislativo, pidiendo la revocatoria de los congresistas opositores e impulsando la necesidad de apoyar a un candidato presidencial de izquierda que continúe el proyecto del cambio. Decirle no a los derechos de los trabajadores será un suicidio político de la derecha.

Si por el contrario, el Senado aprueba la consulta popular, Petro se anotará un éxito político y Colombia entrará en un proceso que necesitará más de 13 millones de votos para ser aprobado. La consulta es, desde ya, un anticipo de las elecciones presidenciales del 2026. Así de sencillo. El presidente tiene el sartén por el mango, mientras la derecha está inmovilizada, reaccionando tarde, sin un antagonista capaz de confrontar con éxito la narrativa de Petro.

Suenan flojos los argumentos de la derecha para oponerse a las demandas de mejores condiciones para los trabajadores. Hablan de la mecánica legislativa, pero no de los derechos laborales. La oposición, esta vez, no ha sido tan fácil como en el plebiscito por la paz de Santos. Hay que recordar que decirle no a la paz, negarse a la implementación de los acuerdos con las FARC, le sigue pasando factura a la derecha.

Las encuestas están demostrando que, a pesar de los adjetivos negativos de la oposición y sus campañas de demolición, Petro está recuperando el teflón, creciendo y atrayendo la confianza de los jóvenes y los estratos 1, 2 y 3, sectores que se habían alejado. Así lo reveló la última encuesta de Invamer Poll, que muestra un repunte de la aprobación del Gobierno, que subió cinco puntos, entre febrero y abril de este año, al pasar del 32% al 37%. Los jóvenes entre 18 y 24 años disminuyeron la desaprobación en 14 puntos y hoy está en un 39%. Esta cifra es vital para el proyecto político de izquierda democrática en el 2026, ya que ese sector poblacional fue decisorio en la elección del primer gobierno de izquierda en 200 años.

Otra buena noticia para el Gobierno son los indicadores económicos de empleo e inflación. Esos dos datos obligaron a la Junta Directiva del Banco de la República, que es autónoma, a desescalar la tasa de interés en un 0,25%.

La pregunta final es por qué creció Petro en las encuestas y si lo seguirá haciendo. La respuesta es sencilla: se está sintonizando nuevamente con su electorado, separando su imagen de la de sus ministros y altos funcionarios emproblemados, mostrándose como un líder capaz no solo de desafiar a Trump, sino de ganarle el pulso a la vieja clase política, cuyo líder está hoy sentado en el banquillo de los acusados, pidiéndole auxilio a Washington para impedir que la justicia lo alcance. La derecha está huérfana y Petro está en campaña, radicalizado y con la bandera “guerra a muerte” en alto. Son tiempos de alta tensión política.

Bogotá, D. C, 4 de mayo 2025

*Periodista, internacionalista y analista político.

Tomado de El País.

Se trata de garantizar que los liderazgos locales, esenciales para la democracia de base, puedan competir en condiciones justas.

Por: Humberto Méndez Rojas*. -En una democracia sólida, la equidad en la competencia electoral no es un lujo, sino un requisito esencial. Sin embargo, los candidatos a las Juntas Administradoras Locales (JAL) aún enfrentan, en Colombia, barreras injustificadas en el acceso a los recursos estatales que garantizan su participación política efectiva. El derecho a la reposición de gastos de campaña —expresamente consagrado en el artículo 21 de la Ley 1475 de 2011— ha venido siendo desconocido de manera sistemática por el Consejo Nacional Electoral (CNE), vulnerando principios constitucionales y normas estatutarias que rigen la financiación política.

Es por ello, que el pasado 25 de abril de 2025, radicamos formalmente ante el CNE[1] una solicitud exigiendo el cumplimiento integral del citado artículo, en favor de los partidos, movimientos y grupos de ciudadanos que inscribieron candidatos a ediles en las elecciones territoriales del 29 de octubre de 2023. La petición busca que se reconozca su derecho a la reposición de gastos por votos válidos obtenidos, se fije el valor correspondiente, y se proceda a su pago con cargo al Fondo Nacional de Financiación Política, administrado por el CNE. 

Esta solicitud no es un capricho. Es un acto de exigencia legal basado en el inciso segundo del artículo 8 de la Ley 393 de 1997, como requisito previo para instaurar una eventual acción de cumplimiento, en caso de persistir la renuencia administrativa por parte del CNE.

El marco jurídico es claro: la Ley 1475 de 2011, en su artículo 21, amplió la financiación estatal a todas las corporaciones públicas, incluyendo a las JAL, eliminando la exclusión injusta que antes existía en el artículo 13 de la Ley 130 de 1994. Así lo confirma no solo el texto expreso de la norma, sino los debates legislativos consignados en la Gaceta del Congreso N.º 1135 de 2010[2], en los cuales se reafirmó la voluntad política de incluir a los candidatos a ediles en el régimen de reposición de gastos. 

Ignorar este mandato legal equivale a mantener una discriminación histórica, contraria al principio de igualdad en la participación política. Más grave aún, constituye una falta disciplinaria conforme al Código General Disciplinario[3], además de desconocer el derecho fundamental de los ciudadanos a ejercer control sobre la legalidad de la administración pública.

No se trata solo de un tema económico. Se trata de garantizar que los liderazgos locales, esenciales para la democracia de base, puedan competir en condiciones justas, sin quedar relegados frente a quienes sí reciben apoyo estatal en otros niveles de representación. 

Exhortamos respetuosamente al Consejo Nacional Electoral a corregir esta omisión histórica y a actuar en cumplimiento estricto de la ley. Pues, en caso contrario, nos veremos precisados a emprender las acciones judiciales correspondientes para que la reposición de gastos de campaña sea una realidad para los candidatos a ediles, como lo ordena el marco constitucional y estatutario vigente. 

Cumplir la ley no es una opción: es una obligación.

[1] PQRS CNE-E-DG-2025-007806-25 abril 2025.

[2] Páginas 85 y 86.

[3] Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021.

Bogotá, D. C, 29 de abril 2025

*Abogado especialista en Derecho Público. Magíster (c) en Administración Pública. Consultor y litigante en Derecho Electoral

Paz en la morada de Vargas Llosa, pero no olvido sus agravios, contra el pueblo progresista de América Latina.

Por Giovanni Décola*.- EL BECERRO DE ORO de toda la derecha neoliberal y corrupta del mundo, amigo y moso ideológico de la basura "intelectual" de América Latina encabezada por   Alvaro Uribe y toda suerte de sátrapas y vende patrias como  Somoza,  Pinochet y su compatriota  Fujimori a quien quiso derrotar fallidamente por el trono presidencial del Perú.

Después de ser un izquierdista radical, apoyador de la revolución cubana, terminó por codearse con la alta aristocracia Europea, pero para lograr eso, llegó a la indignidad de pagarle a su concubina Isabel Preysler 80.000 euros mensuales para compartir su mansión. También se codeó con las hienas del exilio cubano en Miami,   los jefes de la contra nicaragüense y sus amos mayores. Fue una porquería que vivió de la calumnia, la mentira y vomitando odio por doquier, contra todo pensamiento progresista.

En Colombia se acomodó con la derecha más corrupta y sanguinaria y vomitando hiel contra Petro.

Decía amar al pueblo de América y luchar por su progreso y libertad, y a sus espaldas, intrigaba para que EEUU endureciera sanciones contra los pueblos de América Latina cuando su gobernante no le gustaba, teniendo el descaro hasta de pedir el control y embargo de todos los productos para que sus habitantes sufrieran y se revelaran contra sus gobernantes, así padecieran hambre.

De su obra literaria, destaco "El Sueño del Celtic", en el cual denunció los horrores del colonialismo europeo en África y concretamente el Belga en el Congo, donde su población fue víctima de torturas, amputaciones, ejecuciones extrajudiciales y otros vejámenes. Pero fue incapaz a lo largo de su longeva vida, de denunciar el neocolonialismo de los Estados Unidos en las naciones americanas.

Este era el amor de Vargas Llosa, que en su sectarismo, recibe el abrazo de los neoliberales colombianos, quienes prefieren encumbrarlo, por encima de nuestro Premio Nóbel García Márquez.

Paz en la morada de Vargas Llosa, pero no olvido sus agravios, contra el pueblo progresista de América Latina.

Bogotá, D. C, 18 de abril 2025

*Abogado. Especializado en Derechio Administrativo y Electoral.

Se suele acudir a la tutela para todo propósito, aprovechando la inmediatez de su trámite, y “a la suerte”, como en el naipe.

Por José G. Hernández*. - La acción de tutela, uno de los más importantes instrumentos judiciales plasmados en la Constitución de 1991, con miras a la efectiva e inmediata defensa de los derechos fundamentales cuando están vulnerados o amenazados por acción u omisión de autoridades públicas o por particulares, debe ser ejercida con ese exclusivo objeto, no con propósitos políticos o para eludir procesos, decisiones de la justicia ordinaria o trámites administrativos.

Se trata de un medio de protección de carácter extraordinario y urgente, lo que explica el corto término -diez días- que ha sido previsto para su resolución. Debe ser ejercida cuando de verdad se requiera; cuando ello esté justificado por los hechos que dan lugar a una situación real de daño actual o de peligro para los derechos fundamentales, no respecto a otros derechos, que el sistema jurídico preserva mediante acciones diferentes.

La naturaleza excepcional de esta acción -que no está llamada a sustituir los demás procesos judiciales- resulta del mismo texto del artículo 86 de la Carta Política. Se busca “la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados”. Y la demanda de tutela “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.

La jurisprudencia constitucional ha sostenido que la legitimación en la causa por activa es un presupuesto esencial para que proceda la acción de tutela, es decir, debe ser incoada por quien está siendo afectado directamente en un caso concreto, o a su nombre, puesto que el juez debe verificar de manera cierta y precisa quién es el titular del derecho fundamental que está siendo vulnerado.

Por otra parte, según dispone el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela no procede cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto, los cuales no están orientados de manera directa y específica contra los derechos fundamentales de la persona accionante. Tampoco cabe la acción de tutela contra actos administrativos de carácter general o particular, respecto a los cuales están previstas las acciones ordinarias ante la jurisdicción correspondiente.

Sin esas condiciones, la tutela no procede. Tampoco procede contra decisiones o actos generales, que conciernen a muchas personas y que no recaen de manera directa en el actor, ni para fines ostensiblemente indebidos, como la injerencia del juez de tutela en las decisiones de otros jueces, o para suspender procesos judiciales en curso.

Infortunadamente, las aludidas exigencias -que la jurisprudencia constitucional ha venido sosteniendo- se olvidan con frecuencia. Se suele acudir a la tutela para todo propósito, aprovechando la inmediatez de su trámite, y “a la suerte”, como en el naipe. A veces, la jugada resulta y algunos jueces -incluidos altos tribunales- conceden tutelas manifiestamente improcedentes.

Con ello se causa un daño enorme. Cuando se extiende el uso abusivo del amparo judicial, ya porque los requisitos mínimos se incumplen o porque las demandas se convierten en modalidades procesales de fácil acceso, no para la genuina preservación de los derechos, sino para otros fines, la tutela resulta desvirtuada y pierde su razón de ser y su sentido.

Bogotá, D. C, 17 de abril de 2025

*Expresidente de la Corte Constitucional