Opinión

“Los países desarrollados y que se han beneficiado del colonialismo y de la explotación del carbono durante siglos, tienen mayor responsabilidad en la transición energética de las energías limpias”.

Por Giovanni Décola*. -La derecha retardataria en el mundo occidental no ha querido entender, cómo el afán desmesurado por la acumulación del capital incide en la catástrofe climática, la cual amenaza a un ritmo galopante, la extinción masiva de especies, incluida la raza humana.

Quienes pretenden ridiculizar a Petro por su discurso en la Universidad de Stanford en California, la verdad, se están es ridiculizando a sí mismos. No fue gratuito que la comunidad internacional escogiera a Cali como la sede de la COP 16 de la conferencia bianual sobre la biodiversidad, reconociendo el liderazgo global de Petro en la concientización de la necesidad del abandono de los combustibles fósiles, especialmente de los basados en el carbono.

La comunidad científica desde antes de 1992 cuando en Río de Janeiro se firmó el tratado internacional sobre medio ambiente, ya nos alertaba sobre la realidad del cambio climático,  cuyos acuerdos se ratificaron y ampliaron en Berlín en 1995, Tokio en 2005, París en 2015, y esperamos que en Cali en 2024 bajo el liderazgo de nuestro Presidente, los representantes de más de 190 países se concienticen de medidas urgentes para minimizar los efectos del cambio climático a la que las fuerzas de derecha niegan su comprobada existencia.

Cuando Petro señala a la acumulación ampliada del capital y su injerencia en la biodiversidad, no está diciendo nada distinto, a que la Defensa del medio ambiente requiere de la cooperación de todos los paises con "responsabilidades comunes, pero diferenciadas". Me explico: Si bien, el problema del cambio climático afecta a todos los países, y tarde o temprano, su efecto negativo los terminará impactando, la responsabilidad de los países no es idéntica. Los países desarrollados y que se han beneficiado del colonialismo y de la explotación del carbono durante siglos, tienen mayor responsabilidad en la transición energética de las energías limpias. Investigaciones demuestran que desde 1750 EEUU es de lejos el mayor productor de dióxido de carbono. Más que toda Europa junta, el doble que China, teniendo solo 1/4 parte de su.población (340 vs 1425) u 8 veces más que India que tiene 1417 millones de habitantes.

El hecho de que Petro haya denunciado esos hechos en el país bastión del imperialismo climático, hace que su discurso tenga un valor agregado: es el reclamo de los países en desarrollo, cuyos recursos naturales y materias primas han sido saqueadas por las grandes potencias y que hoy reflejan una extrema desigualdad entre el nivel de vida promedio de una persona en África o América Latina con respecto a una de Europa o Estados Unidos; la cual es hoy, siete veces mayor, que la de hace un siglo.

Entonces Petro denuncia que esas potencias que se han servido de la explotación del carbono, y que le han facilitado una acumulación ampliada del capital, tienen MAYORES DEBERES en resolver la crisis climática que ellos han provocado deliberadamente y sin controles, dado a que sus multinacionales que son responsables del 73% de la emisión de los gases efecto invernadero, no les sería rentable en términos monetarios la conversión a las energías limpias.

Decirles Petro en su cara a los gringos que el modelo de acumulación capitalista y de consumo, es la principal causante de la crisis climática, se me hace algo revolucionario.

Pedirles que dejen atrás la hipocresía del "capitalismo verde", que solo busca mitigar con acciones cosméticas el cambio climático, sería solo una fantasía ilusa de cambiar el hilo devastador de la historia, sino se cambia el modelo de combustibles fósiles por energías limpias y renovables.

Entonces cuando Petro habló en Stanford de la economía verde, no se refería a los dólares, ni consiste en ecologizar la economía, sino en utilizar las ideas del ecologismo PARA REVITALIZAR EL CAPITALISMO, haciéndolo pariente del humanismo, y alejarlo de ese capitalismo salvaje que apunta inexorablemente a la devastación de todas las especies.

Si hoy, ya la 1/4 parte de la población mundial no tiene acceso al agua potable y cada año, 75 millones de personas pierden el acceso a este líquido vital, es porque vamos en la dirección equivocada, y como remató Petro su discurso: ya es demasiado tarde, pero aún, hay mucho por hacer para preservar la vida en el planeta.

Barranquilla, 26 de mayo 2024

*Abogado y especialización en Derecho Administrativo.

“Una de esas sombras es la de ser un proyecto “trasnochado” respecto a los nuevos desafíos de la educación en calidad…”

Por José Manuel Restrepo*. En 1957, en circunstancias difíciles durante el fin del gobierno Rojas Pinilla, e incluso tres años después del atípico nombramiento de un coronel como rector de la Universidad Nacional, unos muy representativos rectores de universidades privadas y públicas, se reunieron para dar vida a Ascun (Asociación Colombiana de Universidades) con el mandato de defender y promover la autonomía universitaria, pero también ese activo tan importante en nuestra historia educativa, que ha sido el contar con un poderoso sistema mixto (público-privado).

Y como la historia suele repetirse con ropajes distintos, sesenta y siete años después, Ascun hace un histórico llamado, a propósito de los hechos acaecidos con el gobierno en la Universidad Nacional, a que se respete y se garantice esa misma autonomía universitaria. Y lo hace porque de nuevo estamos hablando de la institución madre del sistema universitario colombiano que definirá la forma como el gobierno actué en el marco de nuestra constitución e institucionalidad.

Pero no lo hace sólo en relación a este tema, sino que tácitamente hace un llamado de preocupación al contenido y cambios que se le han introducido en el Congreso al proyecto de reforma estatutaria de la educación, pues pareciera que las actuaciones sobre el proceso de la elección del rector de la Nacional parecen una “aplicación anticipada” de este proyecto estatutario que ni siquiera es ley de la República.

Esto ha puesto de presente una discusión que viene emergiendo con mucha fuerza sobre un proyecto estatutario de educación que, si bien suena atractivo como búsqueda de que la educación sea un derecho fundamental (hecho que repite el artículo 67 de la constitución), tiene hoy más sombras que luces.

Una de esas sombras es la de ser un proyecto “trasnochado” respecto a los nuevos desafíos de la educación en calidad, internacionalización, pertinencia en respuesta a los llamados del sector productivo, conectividad, inserción en tecnologías de cuarta revolución industrial, desconocimiento profundo de la educación posmedia, y en general en quedarse en la historia en los propósitos de una educación más innovadora y al ritmo de las necesidades y respuestas a las demandas de los jóvenes de hoy y de mañana.

Como asuntos puntuales, y sin meterme en las honduras de un proyecto sin sostenibilidad ni evaluación de impacto fiscal o que debilita la evaluación docente, éste tiene una lógica voluntarista, al creer que el único maestro es aquel que tiene una licenciatura o un posgrado específico en educación. Hay miles de sobresalientes maestros que lo son con títulos universitarios o profesionales.

Pero una preocupación central, volviendo a Ascun, es que desconoce el sistema mixto de educación superior y es contrario al espíritu de autonomía universitaria al inducir un modelo de elección directa de los órganos de gobierno universitario, que desconoce por completo las mejores prácticas gobierno universitario del mundo, y seguramente abona réditos populistas, burocráticos y políticos.

Así las cosas, enhorabuena la ponencia alternativa de los senadores Luna, Deluque, García y Blanco, que corrige el proyecto y lo enmarca en el camino que debería ser. Ojalá el Senado lo acoja y no terminemos perdiendo el tiempo con un proyecto que piense más en el pasado que en el futuro.

Bogotá, D. C, 24 de mayo de 2024

*Rector Universidad EIA

“El Petro culpable tiene que hacer un cambio: cambio de actitud, si quiere enderezar las cosas, permitir la restauración del país y aprestigiarse”.

Por Gabriel Ortiz*. -Por fin el presidente Petro se ha percatado y aceptado su culpabilidad en los reveses que enfrenta su gobierno y que tiene a Colombia en graves dificultades que se multiplican nefasta y azarosamente.

La guerrilla crece sin control alguno, asesinando a la población civil, con niños y familias enteras, a lo que se agrega la acción de frentes económicos que ofrecen a la juventud motos, prebendas y hasta 2.000.000 pesos, para utilizarlos como frentes de inteligencia y combatientes.

Los gobernadores del Cauca y Chocó se han pronunciado en contra de esa acción subversiva que tiene en vilo a sus regiones. El primero, protesta por la desprotección que le ofrece el gobierno central. La gobernadora del Chocó ha tratado de entablar diálogos con el Clan del Golfo y otros tantos más que aniquilan a sus habitantes y solo recibe desplantes del jefe de Estado, que visitó esa olvidada región, sin siquiera plantear alguna solución.

Si se mira todo el territorio nacional se observa cómo la subversión se apodera e impone su ley en vastas zonas, hecho que al parecer impulsa a Petro para ir a la ONU, a acusar a otros de la parálisis del proceso de paz.

Esta nación está plagada de cultivos de coca que los grupos guerrilleros envían al exterior, aprovechando los ríos y habitando en las zonas pobladas de las regiones.

Las cárceles se le salieron de las manos al gobierno del cambio. Desde dentro de los patios se amenaza, se actúa y se maneja el crimen, el secuestro y la extorsión que intranquilizan todos los territorios. Quienes manejan la seguridad carcelaria son asesinados, como ocurrió con el coronel Elmer Fernández, por no atender los retos e intimidaciones de un “Pedro Pluma”.

El director de La Modelo y de otros establecimientos no tiene protección. Los vehículos no son blindados, ni su guardia está capacitada.

Adicionalmente, el presidente pierde cada vez más su prestigio. Quiso apoderarse de la rectoría de la Universidad Nacional violando la autonomía que ordena la Constitución. Eso mismo quiso hacer con la Federación Nacional de Cafeteros y otras entidades en las que quiere poner “petristas” de pura cepa, que caen en las perversas manos de la corrupción.  No sabe escoger personas capaces y limpias. Esa es su costumbre. Basta recordar el nombramiento de Navarro Wolf como secretario de gobierno de Bogotá: lo botó por bueno.

En el caso de los carrotanques, por lo menos admitió que fue el responsable de la corruptela que tanto nos ha costado a los colombianos. Sin sonrojo exclamó: “puse a Olmedo y otros, que con rapidez se robaron la plata”.

Y así pasa casi todo. Hasta los de la primera línea se sienten defraudados, porque el millón de pesos mensual para que dejaran de matar no les llega. La otra juventud, la del Consejo Nacional, está cansada de discursos de Petro sin soluciones. Lo llaman politiquero.

Todo se le viene encima. La Andi le dice que vuelva al diálogo para enderezar la economía.

El Petro culpable tiene que hacer un cambio: cambio de actitud, si quiere enderezar las cosas, permitir la restauración del país y aprestigiarse.

BLANCO: Solo nuestros deportistas, cuyo ministerio desprecia Petro, están sacando la cara por Colombia.

NEGRO: La policía atropelló a la prensa que cubría el asesinato del coronel Fernández. Y nadie dice nada.

Bogotá, D. C, 24 de mayo 20 24

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.     

“Así como la Constitución consagra el valor de la paz, a la que debe propender el Estado, también estatuye que al Gobierno corresponde conservar en todo el territorio el orden público, restablecerlo cuando fuere turbado, dirigir la fuerza pública y disponer de ella para tal efecto”.

Por José G. Hernández*. - En la época del Renacimiento, Tomás Moro -en Utopía- concibió una isla perfecta, en que el bien, la justicia, la sana convivencia, el mutuo respeto, el progreso y especialmente la paz tendrían plena realización. “Es un país que se rige con muy pocas leyes, pero tan eficaces, que, aunque se premia la virtud, sin embargo, a nadie le falta nada”. Algo no solamente difícil sino inalcanzable.

Al parecer, cuando hablamos de la paz en Colombia -anhelada y buscada desde hace tantos años-, hablamos de una utopía.

La paz es uno de los valores esenciales proclamados en la Constitución de 1991, como lo dice su preámbulo y lo reitera el artículo 2 cuando indica que una de las finalidades esenciales del Estado consiste en asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Según estatuye el artículo 22, “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”.

En criterio de la Corte Constitucional (Sentencia C-069 de 2020), “la paz no es sólo una aspiración constitucional, sino que le impone derroteros ciertos (…): 1) un deber de adoptar medidas tendientes a canalizar el conflicto armado por medios políticos, y en ese mismo sentido, 2) el deber de darle prelación a los mecanismos de solución pacífica de los conflictos, y finalmente, 3) un deber de garantizar progresivamente la protección de los derechos”.

Según expresa, el presidente de la República “debe buscar preferencialmente acudir a mecanismos de solución pacífica de los conflictos internos. Este deber se deriva, en primer lugar, de una lectura sistemática de la Constitución Política, y en particular, de la prevalencia de los principios fundamentales de la Constitución como elementos integradores que deben informar la interpretación de la parte orgánica de la misma. En segunda medida, se deduce así mismo del análisis de los antecedentes históricos y de la teleología de la Constitución (…)”. Y -agrega- “de los tratados sobre derechos humanos ratificados por Colombia, que la Corte, interpretando el artículo 93 de la Constitución, ha incorporado al ordenamiento jurídico como parte del bloque de constitucionalidad”.

Es lo que -de buena fe- ha procurado el presidente Petro. Pero, para dialogar se necesita la voluntad sincera de las partes, y lo cierto es que -pese a sus buenas intenciones- ha tropezado con la total falta de voluntad de los grupos alzados en armas, que, incumpliendo los compromisos asumidos, siguen practicando el terrorismo, el secuestro, los ataques a la fuerza pública y a la población, sembrando caos y horror en muchas zonas del país.

Por parte de esas organizaciones no hay voluntad de paz, ni sinceridad, ni lealtad, ni buena fe. Con ellas, los mecanismos de solución pacífica de conflictos son utopía, y eso lo deben entender el Gobierno y quienes participan en las negociaciones. Y lo entendemos los colombianos que hemos sido partidarios de alcanzar la paz mediante el diálogo.

Ahora bien. Así como la Constitución consagra el valor de la paz, a la que debe propender el Estado, también estatuye que al Gobierno corresponde conservar en todo el territorio el orden público, restablecerlo cuando fuere turbado, dirigir la fuerza pública y disponer de ella para tal efecto.

Bogotá, D. C, 23 de mayo 2024

Expresidente de la Corte Constitucional

“Defender principios que han sido sagrados en nuestra tradición de manejo de la política exterior como el del rechazo a la utilización de la fuerza para resolver desacuerdos territoriales, es un tema que el canciller Murillo no podrá eludir y si lo hace su responsabilidad histórica será enorme y porque tendrá gravísimas consecuencias para Colombia”.

Por Fernando Cepeda Ulloa*. -El ministro Murillo que ya lleva varios meses en el cargo y desempeñó cabalmente su tarea como embajador ante la Casa Blanca no está aterrizando en un campo desconocido. Se diría que lleva casi dos años de excelente preparación.

Aparte de los temas que son propios y no siempre fáciles del trabajo de la Cancillería, estamos viviendo en un mundo muy complejo que demanda de sus protagonistas en el área internacional muy buena información, apropiados conocimientos, y un manejo muy cuidadoso, en ocasiones sutil. La verdad es que Colombia ha perdido mucha vigencia en el mundo internacional. Y, algo que no había ocurrido, se utiliza la ruptura de relaciones diplomáticas con una frecuencia que jamás habíamos conocido. Como si no existieran más herramientas en la vida diplomática para manejar los desacuerdos o los desencuentros con otras naciones. El propio ministro Murillo formalizó la ruptura de relaciones diplomáticas con una nación que ha tenido enorme significado con respecto a los temas de seguridad en Colombia.

Infortunadamente, el interés de la ciudadanía colombiana y aún de personas que ocupan cargos de dirección en el sector empresarial por los temas de la política internacional es muy precario. Parece que no formamos parte del mundo globalizado. Y que no se aprecian todas las oportunidades y ventajas que una apropiada inserción de Colombia en ese mundo podría tener para nuestro mejor bienestar.

La tarea que tuvo el ministro Murillo en Washington no era fácil. Y la supo llevar de la mejor manera. Y la que ha tenido como canciller encargado ha sido también muy compleja. Recordemos el tema de los pasaportes o el de las relaciones con Venezuela o con Argentina.

Quiero llamar la atención sobre un tema que hasta el momento ha merecido muy poca consideración, casi diría que ninguna, por parte de los medios de comunicación o de la Academia o de otras instituciones o de agencias que no se pueden permitir el lujo de no valorar el significado de lo que está ocurriendo y lo que puede ocurrir. Me refiero al gravísimo problema entre Venezuela y Guyana por la región del Esequibo. Venezuela cada día adopta una actitud más nacionalista, más patriotera, más beligerante frente a esa pequeña nación. Alega ser la propietaria del Esequibo y sus inmensos recursos petroleros y mineros, maneja una retórica abiertamente inconveniente sobre el tema, ha generado una situación casi de razón de ser, dicen algunos, de las fuerzas militares frente a este tema y como que acusa de antipatriota a cualquier ciudadano que no esté de acuerdo con este tipo de comportamientos. La verdad es que ha habido un escalamiento militar tanto aéreo como marítimo que ha obligado a países como Gran Bretaña y Estados Unidos a realizar gestos de naturaleza militar que buscan enviar un mensaje de apoyo a este pequeño país.

Sería una verdadera catástrofe de nuestra política internacional continuar con la pasividad frente al desafío descomunal de todas las normas internacionales y de las mejores tradiciones de nuestra región en materia de respeto a la soberanía territorial de los países. El silencio de la Organización de Estados Americanos y de otras agencias multilaterales es inaceptable. Hay demasiados ejemplos de la amenaza y la intimidación permanente del gobierno de Maduro contra Guyana. Defender principios que han sido sagrados en nuestra tradición de manejo de la política exterior como el del rechazo a la utilización de la fuerza para resolver desacuerdos territoriales, es un tema que el canciller Murillo no podrá eludir y si lo hace su responsabilidad histórica será enorme y porque tendrá gravísimas consecuencias para Colombia.

Bogotá, D. C, 20 de mayo 2024

*Analista Político, Catedrático. Exministro de Estado

“Las finanzas públicas del país se encuentran en situación calamitosa; situación que apenas empieza a salir a flote”.

Por Juan Camilo Restrepo*. - Existe en el país un malestar creciente de las regiones con el gobierno central. Por todos lados se solicita ampliación del sistema general de participaciones que, con el correr de los años, se ha venido cerrando sobre el cuello de las entidades territoriales y está a punto de asfixiarse.

El situado fiscal, originalmente diseñado en la Constitución de 1991, disponía que los departamentos y municipios participaran en un 46.5% de los ingresos corrientes de la Nación. Fue ésta la piedra angular sobre la cual se diseñó el ambicioso esquema de la descentralización fiscal en Colombia.

Sin embargo, con el correr de los años y en virtud de dos actos legislativos, el 01 de 2001 y el 04 de 2007, la situación de las participaciones de las entidades territoriales en las rentas nacionales se ha vuelto calamitosa: hoy en día apenas participan en el 20% de los ingresos corrientes de la Nación; es decir, una suma más de 26 puntos porcentuales inferiores a la que se buscó con la Carta Política del 91.

Par remediar esta situación -sin caer en un federalismo alocado- se están moviendo algunas iniciativas. Pero todas ellas chocan contra la insensibilidad del gobierno central que hace muy improbable pensar que el nudo corredizo que hoy asfixia las finanzas de departamentos y municipios pueda aflojarse en los meses venideros.

El gobernador de Antioquia está promoviendo un referendo constitucional para aliviar esta situación. En las conferencias de gobernadores recientes no se habla de otra cosa. Y en el Congreso Nacional fue aprobado en primer debate un acto legislativo (No. 18 de 2024) por el cual se busca, gradualmente, retornar a la situación existente al momento de aprobar la Constitución del 91.

Sin embargo, y seguramente por razones asociadas a la caída de los recaudos y al voraz empeño del gobierno central para aumentar sus propios gastos definidos desde Bogotá, estas iniciativas están chocando contra una muralla de indiferencia del gobierno central.

Ariel Ávila, que fue el ponente en la Comisión primera del Senado del primer debate del acto legislativo No. 18 de 2024, con un excelente documento, relata cómo en su condición de ponente solicitó al ministerio de Hacienda la opinión sobre el retorno a los porcentajes de las transferencias hacia las entidades territoriales para buscar reencontrar los niveles originarios previstos en la Carta del 91.

Cuenta el senador Ávila en su ponencia que la única respuesta que obtuvo del Ministerio de Hacienda en comunicación del 11 de octubre de 2023, fue que “se abstenía de dar concepto favorable a la iniciativa”.

Esta destemplada respuesta del ministerio de Hacienda no se compagina con la promesa que hizo el presidente Petro a los gobernadores reunidos en Cartagena recientemente, según la cual el gobierno sería favorable a incrementar el porcentaje de las entidades territoriales en el sistema general de participaciones.

No es sorprendente esta contradicción del gobierno central: las finanzas públicas del país se encuentran en situación calamitosa; situación que apenas empieza a salir a flote. Los anuncios de que se va a buscar una flexibilización de la Regla Fiscal, la implantación de inversiones forzosas y una nueva reforma tributaria, son apenas tres expresiones de la condición menesterosa en que se encuentran las finanzas del gobierno central.

Y mientras desde la Casa de Nariño se anuncian más y más programas de gasto público comandados por el presidente Petro, no es sorprendente que los departamentos y municipios estén quedando en la cola de las prioridades.

Bogotá, D. C, 19 de mayo 2024

*Abogado y Economista. Exministro de Estado.

“Al parecer al Presidente no le obedecen, porque a contrapelo de sus directrices, como ya lo vimos, la plata sigue en las fiducias y la paquidermia del Estado frena la ejecución de la inversión pública en los momentos en los que más se requiere”.

Por Amylkar D. Acosta M* - La economía colombiana arranca el 2024 con el pie izquierdo, sigue rengueando sin levantar cabeza. Según el más reciente reporte del DANE, en el primer trimestre de este año el PIB tuvo un magro crecimiento del 0.7% y aunque la proyección del Gobierno para el año completo es de 1.5%, el Banco de la República revisó a la baja su previsión desde 1% a 0.8%, el Banco Mundial hizo lo propio, recalculándolo de 1.8% a 1.3% y por su parte el FMI desde 1.3% a 1.1% (¡!).

Y no es para menos, después del débil comportamiento de la economía, que registró un crecimiento de 0.7% en el primer trimestre de este año. Ello llevó al profesor de la Universidad de los Andes Marc Hofstetter a afirmar que “estamos estancados…Si uno quiere mirar lo que ha pasado en los seis trimestres que llevamos de este Gobierno, la actividad económica ha crecido 1%. Este es un dato muy malo”.

El Ministro de Hacienda Ricardo Bonilla ve el vaso medio lleno y con su optimismo panglosiano reaccionó al momento de revelarse estas cifras matizando los resultados, afirmando que “el cuarto trimestre de 2023 terminó con un crecimiento de 0.3%, que significa que comenzó la reactivación de la economía que se debe reflejar en este 2024”, asumiendo que entre el último trimestre de 2023 y el primero de este año el PIB creció 1.1 puntos porcentuales, cuando la comparación, en rigor, debe hacerse es con igual trimestre del año anterior, cuyo crecimiento fue de 2.7%, es decir 2 puntos porcentuales por debajo. Peor  aún si lo comparamos con el primer trimestre de 2022, cuando se registró un crecimiento del 8.2%!

Pero mientras él ve el vaso medio lleno la mayoría de los analistas coinciden en verlo más bien medio vacío. Empezando porque el crecimiento económico completó 4 trimestres consecutivos rozando el cero.

Excepción hecha del sector agropecuario, más el pecuario que el agrícola, que creció el 5.5% y el repunte de obras civiles pasando con un crecimiento del 7.5%, pero que se ha visto contrarrestado por la caída del – 6.8% en vivienda, los  demás sectores productivos ajustaron entre 4 trimestres consecutivos a la baja la industria manufacturera y 5 trimestres el comercio. 35 de sus 39 actividades en baja durante 15 meses consecutivos. Igual que ocurrió con el crecimiento del PIB en 2023, de no ser por el crecimiento de la administración pública (5.3%), que contribuye con 0.7 puntos porcentuales al dato final, el crecimiento del PIB en el primer trimestre de este año hubiera registrado una baja del - 0.1%.

En gran medida la baja en la producción responde al descaecimiento de la demanda. Al tiempo que el consumo final se ha estancado, registrando un crecimiento de sólo 0.4% para el primer trimestre de 2024, particularmente el consumo de los hogares creció un pírrico 0.6%, el consumo final del Gobierno registró una tasa negativa de – 0.7%, reflejando fielmente la baja ejecución del Presupuesto general de la Nación (PGN), que el año pasado cerró en el 70.5%, nivel este que no se veía desde el 2013 cuando alcanzó el 70.9%. En este primer trimestre sigue el rezago en la ejecución alcanzando el 14.3%, cuando a estas alturas debería estar en 33% (¡!).

Afirma José Ignacio López, Presidente del Centro de estudios económicos ANIF, que “creemos que los siguientes trimestres tendrán un comportamiento similar al primero, repuntando hacia el segundo semestre del año para tener un cierre cercano al 1.1% anual”. Ello se explica en gran medida por el comportamiento del rubro de inversión, el cual registró un bajonazo en el 2023 del - 24.8% y en el primer trimestre de este año del - 13.64%. Acumula ya 5 trimestres a la baja. El nivel alcanzado de inversión en este trimestre estuvo por debajo del 15% del PIB, el más bajo desde 2005.

Y, como es apenas obvio, la baja en la inversión y la pérdida de su efecto multiplicador sobre las demás variables de la economía que se viene registrando inhibe y arrastra consigo a la baja el crecimiento del PIB, al tiempo que condiciona el crecimiento potencial de la economía, el cual pasó del 4.8% en el 2012, aupado por el largo ciclo de precios altos de los commodities (2003 – 2011), al 3.5% en 2016 y actualmente llega a duras penas al 2.5%. Y es bien sabido que mientras la economía crezca por debajo del 3.5% no sólo no genera empleo sino que lo destruye, ello explica que las tasas de desempleo de un solo dígito han sido sólo flor de un día.

Ante la ralentización del crecimiento de la economía de enantes y su estancamiento ahora se impone la necesidad de implementar por parte del Gobierno de un plan de choque mediante una política contracíclica tendiente a reactivar la economía. El Presidente Gustavo Petro, ante el mediocre desempeño de la economía el año anterior, reaccionó diciendo que “el gobierno nacional tiene una responsabilidad. Cuando baja la inversión privada, debe crecer la pública”. Pero, al parecer al Presidente no le obedecen, porque a contrapelo de sus directrices, como ya lo vimos, la plata sigue en las fiducias y la paquidermia del Estado frena la ejecución de la inversión pública en los momentos en los que más se requiere.

Finalmente, bien vale la pena que el Gobierno escuche y tome nota de las recomendaciones que desde el sector productivo, los gremios y los centros de pensamiento se le vienen planteando en el propósito de sacar la economía del letargo en el que está. Como lo afirmó el Director de FEDESARROLLO Luis Fernando Mejía “desde la política pública acelerar el crecimiento, primero con la adecuada ejecución del presupuesto que continúa por debajo del promedio histórico de los últimos cinco años”. Y llamó la atención sobre un factor que viene gravitando sobre la economía y su desempeño, que “tiene que ver con eliminar los factores de incertidumbre que ha sido una barrera especialmente frente al crecimiento de la inversión, de la formación bruta de capital”. A este propósito bien dijo el premio Nobel de economía Joseph Stiglitz que “las inversiones en confianza no son menos importantes que las inversiones en capital humano y maquinaria”. Y en Colombia estamos urgidos  de la una y de la otra!

Cota, mayo 18 de 2024

*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.

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“Robar, por desgracia, es un verbo que se conjuga sin talanqueras éticas en gobiernos de derecho o izquierda, no tiene ideología, ni respeta banderas partidistas”.

Por Hubert Ariza*. - Ante los ojos de la mayoría de los colombianos no es un estereotipo que el sello de la política haya sido la corrupción, que es el cáncer que se devora la democracia y aúpa los discursos populistas de derecha o izquierda.

El Gobierno de Petro llegó al poder en 2022, precisamente, con el voto castigo de sectores sociales y clases medias hastiadas no solo del mal manejo gubernamental del estallido social y el impacto de la pandemia, sino, especialmente, por los graves casos de corrupción que marcaron el cuatrienio Duque y navegan en la impunidad. Su opositor, Rodolfo Hernández, estaba, además, incurso en graves investigaciones por sobornos cuando se desempeñó como alcalde de Bucaramanga, que luego fueron falladas en su contra.

Pero ahora, la corrupción contamina el cambio y hace mucho más difícil el camino de las reformas del Gobierno Petro y sus anhelos de reelegir su proyecto político, en una campaña presidencial que avanza a toda marcha y en la que, sin embargo, no es claro aún cuál será el mensaje que se impondrá en esa disputa política que desde ya se anuncia como marcada por la polarización y los discursos de odio.

Sin duda, la lucha contra la corrupción tendrá un alto impacto en el debate electoral en ciernes, dado el desastre para el Ejecutivo que han significado las revelaciones sobre el desvío de miles de millones de pesos de dineros públicos a particulares y congresistas en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, y la cadena de sucesos judiciales y políticos que ha generado.

Es largo el listado de graves casos de saqueo del erario que han marcado a Colombia en las últimas décadas, la mayoría sin castigos ejemplares o sanción social a los responsables. Cada presidente ha tenido su cruz a cuestas. Desde López y la Handel, Gaviria y el apagón, Samper y el proceso 8000, Pastrana y Chambacú, Uribe y Agro Ingreso Seguro, entre otros; Santos y Odebrecht, Duque y el Ocad Paz. Y ni hablar de los cientos de gobernadores y alcaldes destituidos por el ministerio público, incluso el mismo Petro, por casos de corrupción, quien logró regresar al poder y cambiar el derecho disciplinario interno gracias a una histórica sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso Odebrecht es el macrocaso emblemático más reciente, que muestra el déficit de justicia del país: mientras en otras naciones esa multinacional recibió castigos ejemplares, en Colombia no se pasó de titulares escandalosos sobre investigaciones penales y fiscales que no terminaron en nada.

La insuficiencia de transparencia y justicia es enorme en un país asfixiado por la ilegalidad y la violencia. La impunidad es la marca de un sistema judicial que ha sido incapaz de derrotar ese monstruo que se devora la democracia y mata más que la guerra, como bien lo señaló el exprocurador Fernando Carrillo Flórez.

Un sistema judicial en crisis que cayó, hace pocos años, en manos del llamado Cartel de la Toga, que aumentó la falta de confianza. A ello se sumó una Fiscalía hiperpolitizada y convertida en fortín de la oposición política a Petro, para impulsar la carrera presidencial del titular. Además de una Procuraduría en modo oposición a la que desde muchos sectores se pide su eliminación por innecesaria o, por lo menos, una reforma profunda que permita que se apliquen las recomendaciones de la CIDH.

Durante décadas el país creyó que la principal amenaza al bienestar y el desarrollo era el conflicto armado interno, hasta que descubrió, luego de los acuerdos de paz de La Habana con las Farc, que silenciaron los fusiles por un corto espacio de tiempo, que era la corrupción la causa de la mayoría de los males nacionales. Se calcula que 50 billones de pesos anuales se quedan en los bolsillos de los inescrupulosos. Lo grave es que no se coparon los territorios abandonados por las extintas Farc y se permitió que nuevos actores armados ilegales los ocuparán y la guerra se reciclara con otros actores y la corrupción avanzara sin importar de qué color político es el inquilino de la Casa de Nariño. Porque la corrupción no tiene ideología, ni respeta banderas partidistas. Robar, por desgracia, es un verbo que se conjuga sin talanqueras éticas en gobiernos de derecho o izquierda.

Y el Gobierno Petro que llegó con la bandera de la lucha contra la corrupción, ha caído en el terreno fangoso de la falta de transparencia de altos funcionarios que no han temido llevarse por delante la imagen de su jefe, boicoteando el ímpetu reformista de la administración, bloqueando la agenda legislativa y metiendo a la izquierda en el mismo costal de la derecha, ampliando el partido de los arrepentidos por votar por la izquierda.

Los escándalos de la UNGRD, son hoy el insumo que alimenta el discurso de una derecha radical que intenta minar el futuro del Gobierno nacional y etiquetarlo como el más corrupto de la historia. Los carrotanques de la UNGRD han atropellado de frente a las cabezas del Congreso de la República y a una treintena de congresistas, cuyos nombres se espera conocer muy pronto. La demolición llega hasta el Partido Verde, que ha visto desmoronar su representación en la Casa de Nariño y salir por la puerta a su referente ético, el profesor Antanas Mockus, y a una de las dirigentes políticas más polémicas y combativas de los últimos años, y segura aspirante presidencial, la exalcaldesa Claudia López, quien hoy es blanco de todo tipo de ataques por su supuesto oportunismo político y su permanente cambio de discurso para llegar al poder.

Todo cuanto sucede hoy alrededor de los graves casos de corrupción, tanto en la pasada campaña presidencial, como en el actual Gobierno, es una prueba de fuego a la nueva Fiscal, quien llegó con un mandato de sanear la entidad del virus opositor y pendenciero que dejó su último director. Y se espera que la anunciada reforma a la justicia llegue en la próxima legislatura para surtir el viacrucis del trámite respectivo, permitiéndole al ministro de Justicia lucirse y dejar huella.

El presidente Petro ha dicho al respecto que espera que esa reforma simplifique los procesos, acercándolos a la verdad y no a la venganza. “No creemos en una justicia vengativa, creo que eso solo reproduce las condiciones de la violencia en Colombia. Porque si se establece la verdad judicial, pues la justicia es eficaz, esos son sinónimos los dos conceptos. Y la verdad judicial trae aparejada la restauración de la víctima”, expresó sobre el proyecto a la justicia.

No se conoce aún el texto de ese proyecto de reforma y qué tanto significará en la lucha contra la corrupción. Un Gobierno que se eligió enarbolando la bandera de la justicia debe convertir la lucha contra la corrupción en eje de la transformación de la sociedad. No hacerlo es condenarse a caer en el vacío de los discursos inanes y permitir que en las próximas elecciones pesen más en las urnas los carrotanques de la miseria humana que compraron Olmedo y Sydner, y no las ejecutorias del cuatrienio y las promesas por venir de un posible nuevo gobierno de izquierda. No es imposible que Petro deje su sucesor, solo basta recordar que a pesar la catástrofe ética que significó la gestión del desaparecido Samuel Moreno como alcalde de Bogotá, la ciudad eligió a Petro como su sucesor. Y de ahí saltó a la Presidencia.

Bogotá, D. C, 19 de mayo 2024

*Periodista, internacionalista y analista político.

Tomado de El País.

“Habrá que esperar las decisiones de la Mesa de Negociaciones, que terminarán siendo trascendentales para el proceso, pues mucho me temo que se haya abierto una “Caja de Pandora”.

Por José Félix Lafaurie Rivera*. - Por compromisos gremiales en el exterior no estaré presente en la ronda de negociaciones con el ELN que inicia el 20 de mayo en Caracas, en la cual el Consejo Nacional de Participación, CNP, deberá someter a consideración de la Mesa de Diálogos los tres entregables previstos en el Acuerdo de Participación (Acuerdo 9) para esta primera fase de diseño: Un modelo de participación, unas recomendaciones y un Plan Nacional de Participación.

Los documentos, por supuesto, deben ceñirse al “mandato específico” que establece el Acuerdo para el CNP, que se precisa en el numeral 1 de su reglamento operativo, como una “instancia especial transitoria…cuyo objetivo es facilitar el desarrollo de la fase de diseño del proceso de participación”.

Consideraba entonces —y lo sigo considerando— que el diseño del Modelo y del Plan, es decir, de los instrumentos para desarrollar el proceso de participación era —valga la redundancia— un tema meramente instrumental y técnico —el “cómo” y el “cuándo” del proceso—, que podía hacerse con el apoyo de entidades especializadas como el DNP.

En consecuencia, no requería de “un proceso nacional, deliberante y propositivo”, pero, sin menoscabo de mi respeto por lo acordado, el problema viene desde el Acuerdo 9, que así lo estipuló (numeral 4.1.), o más bien, de la obsesión del ELN por que todo sea resultado de una participación, en este caso innecesaria; participación amplia que debería reservarse para las fases posteriores, ya no instrumentales, sino temáticas, de diagnóstico, formulación de propuestas y construcción del Plan Integral de Transformaciones, cuya culminación está prevista para mayo de 2025.

Además, una instancia temporal de 81 personas de 30 organizaciones diferentes, en un proceso maratónico realizando talleres con miles de personas, como en efecto se realizaron —78 con participación de 8.465 representantes de ¡3.132 organizaciones sociales! en 35 ciudades, 3 de Europa y hasta ¡19 cárceles!—, difícilmente podría “facilitar la fase de diseño”. En cambio, como al parecer sucedió, podrían desbordar las competencias del CNP.

Habrá que esperar a que los documentos sean presentados, ojalá juiciosamente debatidos y plasmados en Acuerdos, pero los que circulan, claramente las desbordaron, pues, como era de esperarse, esas “8.000 voces” no estaban interesadas en “la forma de participación de la sociedad”, como bien señala el Acuerdo para la competencia del CNP, sino en hacer propuestas sobre lo habido y por haber en lo político, lo económico y lo ambiental, recogidas en el numeral 3 del Modelo de Participación, con las que uno puede estar o no de acuerdo, pero eso no importa, pues no era ese el cometido del Consejo.

Lo grave es que ya se generó una situación de hecho, que ya se escucharon esas 8.000 voces y que, con ello, el CNP, literalmente, “defenestró” a la Mesa de Diálogos como máxima instancia, pues terminó pretendiendo imponer, nada más y nada menos, que la agenda del proceso de participación y de las negociaciones como un todo.

Más grave aún. Si se tiene en cuenta que las transformaciones que surjan del proceso pueden ser focalizadas en los territorios —bienvenidas sean—, o bien, “institucionales”, que requerirán modificaciones a la estructura jurídica del país, ya sean legales o, inclusive, constitucionales, el NP no podía, desde su condición transitoria y limitada, pretender inducir los grandes temas y las grandes transformaciones que se deriven de unas negociaciones entre el Gobierno y el ELN, sin contar, además, con las instancias institucionales —El Congreso de la República— para tramitarlas.

En fin, habrá que esperar las decisiones de la Mesa de Negociaciones, que terminarán siendo trascendentales para el proceso, pues mucho me temo que se haya abierto una “Caja de Pandora”.

Bogotá, D. C, 19 de mayo 2024

*Presidente FEDEGAN

@jflafaurie

"El presidente unas veces habla de constituyente y otras de referendo, porque él también parece turbado y perplejo".

Por Gabriel Ortiz*. - Petro y sus asesores, sus escogidos funcionarios y sus peroratas, ‘tuiter’ y opiniones, han logado confundir de tal manera a los colombianos que hoy por hoy nadie sabe qué está ocurriendo, para dónde van las cosas, ni quién tiene razón alguna del tiempo que nos tardará recuperar el rumbo.

Difícilmente se logra identificar al presidente que ganó las pasadas elecciones, ante las investigaciones que se siguen al proceso y los vericuetos que los defensores tratan de encontrar para burlar la justicia.

Hasta la cachucha lo desdibuja. Y qué decir del cambio que ha aplicado a sus peroratas, sermones y cantinelas con las que embolata al público que sale a las plazoletas. Olvidó el acuerdo nacional y cuanta promesa de unidad esbozó durante su campaña y primeras apariciones como gobernante. Tal vez está consternado porque nada le sale bien y porque quienes designan para cargos importantes, medianos y pequeños, se obnubilan con los fondos de las entidades que les encomiendan, e ingresan a la corrupción.

Entre tanto, su manera de gobernar y la que le encomiendan sus asesores, consejeros y partidarios, lo llevan a cometer errores y actuaciones poco lógicas. Fue buen parlamentario, pero no gobernante.

Los medios se desbordan al registrar cada perorata o cada supuesta genialidad que expone en sus inagotables ‘tuiters’ y apariciones. Inclusive llegan a suavizar los rudos ataques a la prensa y a los periodistas.

De cielo y tierra aparecen críticas a sus equivocaciones y exageraciones, que desde luego no son tomados en cuenta por sus aliados, porque encuentra la manera de amainarlos y ocultarlos.

Parece haberse aliado con los grupos guerrilleros, a los cuales les perdona cuanto atropello cometen con las poblaciones rurales, a las que manejan a su antojo. Les ordenan paros armados o sus vidas. Manejan el secuestro y el cese al fuego a su manera. Se burlan de los negociadores, mientras el presidente dice que irá a la ONU para denunciar boicoteos a su plan de paz.

El Ejército, entre tanto, debe obedecer a su jefe máximo, cuando les ordena no disparar, así se trate de un grupo subversivo. Por fortuna, recientemente le recordaron a Petro que el compromiso de las fuerzas armadas es defender la Constitución y no participar en política.

Mientras el país llega a la gran confusión actual, el comercio cae estruendosamente a un -5.6 y la industria manufacturera está en crisis, dice la Andi. Nada qué hablar del resto las cifras nacionales y el trauma que toda la nación soporta con la reforma tributaria de Petro. El ministro de Hacienda pregona imaginarias e irreales cifras económicas.

El palo no está para cucharas: la confusión, el desorden, la inseguridad, la pobreza, el desempleo, el enredo en que se encuentran las reformas que imaginó Petro, le dicen a Colombia que tiene que armar un nuevo orden en todos los aspectos. El presidente unas veces habla de constituyente y otras de referendo, porque él también parece turbado y perplejo.

BLANCO: UN, el banco del colombiano más rico, llegó para competir con mucha fuerza en el mercado financiero colombiano.

NEGRO: Luto en el periodismo colombiano. Falleció el colega Julio Avellaneda, gran periodista en el campo económico. Y el luto cubre a Jaime Viana. Nuestras condolencias por la ausencia de su señora madre.

Bogotá, D. C, 17 de mayo 2024

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.