Gabriel Ortiz

Por Gabriel Ortiz*.- Los colombianos seguimos siendo el “patio trasero” de los Estados Unidos, como lo solía advertir el expresidente Belisario Betancur, uno de los mandatarios que con pundonor se atrevió a cantarle esa tabla a los vecinos del norte.

Esta vez, el hostil y arrogante gobernante gringo, la emprendió contra nuestro mandatario Iván Duque, porque –según él- no ha hecho nada para controlar los envíos de droga a su país.

Le sacó en cara la supuesta hospitalidad que le brindó en la Casa Blanca, cuando Duque lo visitó. Con gente como Trump, no se puede tener confianza. Tal vez Iván se mostró dócil, creyéndolo su aliado, su amigo o el aliado de Colombia. No conocía la insolencia, la soberbia y altivez de un anfitrión que más adelante le lanzó un descomedido regaño, pese a considerarlo “un buen tipo” que debería hacer mucho por el dueño del norte.

Colombia, país, en el que vivimos, debería protestar por el irrespeto de Trump. Consideró que le debemos pleitesía, sumisión y reverencia. Que sus deseos son órdenes.

Pero lo más grave, es que el propio gestor de Duque, parecía embelesado y hechizado. Sumiso y opacado aceptó regaño y aún más: reclamó a Trump, una desertificación, aunque tardía, para el anterior gobierno. Quería que Santos se hubiera rendido a sus pies. Que volviéramos a narcotizar nuestras relaciones internacionales.

Hay que recordar a Uribe y a Pastrana, colándose a Mar a Lago, para saludar a Trump durante una reunión privada a la que no habían sido invitados. Querían regaños para Colombia, que no cristalizaron porque no son amigos del magnate y, al menos Uribe, no sabe jugar golf… y Trump no toma tinto cuando cabalga.

Duque debe saber quiénes son sus verdaderos amigos, sus aliados, sus confederados y quienes los que  quieren utilizarlo, exprimirlo y manejarlo.

El expresidente y senador, debe limitar sus ambiciones, debe entender que Duque es el presidente de los colombianos, por el que no solo votó el Centro Democrático.  

Debe liberarse, aunque lo puedan calificar de traidor, infiel o judas. Colombia Necesita un Duque firme y decidido, que no se deje regañar ni de Trump, ni de Rusia. Nada de un “buen tipo”: un buen Presidente, que salve esta patria, se convencido que necesitamos una paz estable y duradera, con verdad, justicia, reparación y no repetición, que impida el resurgimiento del paramilitarismo, la matanza de líderes sociales, que impida problemas como la minga indígena y tantas cosas más que ha tenido que afrontar durante estas últimas semanas.

El presidente debe rechazar estrambóticos consejos que con zalamerías, lisonjas y adulaciones, quieren imponerle, como aquellos del presidente del Senado el día de su posesión.

Duque sabe muy bien que es mejor andar solo que mal acompañado y que hay un país que quiere seguirlo, unírsele y respaldarlo. No más regaños, no malos consejos. En Colombia hay gentes capaces, que lo pueden rodear.

BLANCO: La aparición del nuevo pozo petrolero en Córdoba.

NEGRO: El atropello a la prensa por parte de las milicias venezolanas.

Bogotá, D. C, 4 de abril de 2019

*Exdirectior del Noticieero Nacional y de Notisuper: La Noticia Viva.

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Felicia Saturno Hartt

Por Felicia Saturno Hartt*.- Más allá de las perdidas ideologías políticas, hoy depauperadas por la escasa formación intelectual de los hacedores de un oficio, que antaño tenía inspiración en ideas, en paradigmas y en visiones del mundo y tomaban partido de ciertos temas de la agenda política, está el patético escenario de la Corrupción.

Ese monstruo de mil cabezas se ha apoderado de la paz, la esperanza y el futuro de naciones que soñaron con el progreso y la modernidad. Y ahora son escenario de un espectáculo macabro, de una ruina sin límites, de una crisis inédita, que aún los estudiosos del caos y la disfuncionalidad no pueden conceptualizar.

Porque es indudable que la Corrupción no es sólo lo que se percibe. No es el saldo de hospitales sin equipamiento ni especialistas, ni escuelas arruinadas y sin tecnologías y maestros mal pagados, obras públicas maltratando el medio ambiente y obras viales, que sólo son promesas de tribuna.

La Corrupción es un problema de Gobernanza. Ese término que cacarean las organizaciones globales para definir la compleja relación entre los que administran el poder o lo detentan o mantienen y la complicada red de las sociedades humanas. Pero que poco explican a los que ganan elecciones y forman equipos de trabajo donde jamás se han manejado situaciones de conflictividad social.

Ciertamente muchos explican que la Gobernabilidad es lo más importante. El saber cómo gobernar es lo prioritario, pero esto es muy poco si no existe esa conexión que hace que un proyecto, que puede ser prioritario o simplemente esencial para dar pasos a mejor calidad de vida, sea viable.

Precisamente por la escasa gobernanza, los gobiernos de América Latina, en su gran mayoría, han perdido la posibilidad de garantizar administraciones con cierto grado de éxito o han caído en las crisis más absurdas ante el potencial económico de sus riquezas naturales e incluso su capital humano.

La conexión con la ciudadanía ya no tan dirigible desde cadenas por los medios y redes, desde la tribunas políticas y parlamentarias, desde los despachos ministeriales casi no existe. Aunque hacen esfuerzos de hasta ataviarse de personas normales, dar cuenta de sus trabajos en las más remotas poblaciones, la gente no siente que esas propuestas sean suyas.

Muchos disertaran que es imposible llegar a todos en la Era de la Información. Pero también se arguye que los consensos son necesarios. Las redes deben tejerse, porque los proyectos llave en mano, ni en las sociedades donde el acceso a servicios públicos de calidad son cosas cotidianas, se consienten iniciativas que huelen a dolo, malversación o a pérdida de recursos.

La Gobernanza es un proceso que se basa, fundamentalmente, en el respeto de los gobernantes de los derechos fundamentales de los ciudadanos a participar de las iniciativas, a ser garantes de los recursos utilizados, a exigir prioridades y a poder establecer otras metas a futuro.

Pero un referéndum consultivo, un programa que muestre los costos de una iniciativa por medios y redes, una consulta informática evaluativa es tabú. Es muy costoso que la gente opine y participe. No da votos.

Es más barato reprimir las legítimas protestas, hacer cortinas de humo con denuncias, promover los consensos a punta de realazos…. O criminalizar a los líderes sociales y comunitarios. Y seguir maquillando cifras, subiendo impuestos o vendiendo los activos del estado.

Por ello, la Gobernanza sería un jaque mate contra la Corrupción.

*Politóloga, Poeta y Comunitaria Venezolana.

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José G Hernández

Por José G Hernández*.- Cualquiera pensaría que, siendo tan importante la irrupción de la tecnología y de las redes sociales en la sociedad actual, éstas -además de constituir vehículos inmejorables para el ejercicio de las libertades de expresión e información-  también podrían ser útiles para el diálogo, el intercambio de ideas y datos, la aclaración de conceptos, la pedagogía o la ilustración, o para  compartir conocimientos, costumbres y expresiones culturales. Es decir, para establecer  una genuina comunicación entre los seres humanos, con independencia de las distancias, las creencias, los estratos sociales, las nacionalidades, las profesiones y oficios  o las tendencias ideológicas.

Infortunadamente, al menos en Colombia y por ahora -mientras subsista la polarización y el uso politiquero que se ha adueñado de tan valiosos instrumentos de comunicación-, ello es imposible, y, a decir verdad, se están perdiendo para muchos fines loables y benéficos.  A tal punto que muchos de quienes participamos en las redes sociales, hemos pensado más de una vez en dejarlas, toda vez que, desde luego con salvedades, se han venido convirtiendo en receptáculos virtuales de bajos instintos y pasiones; en canales de  violencia escrita, verbal y visual,  y en  canales usados para la ofensa, el insulto,  la desorientación, la tergiversación, la desinformación, la calumnia, las faltas de respeto, la amenaza y la vulgaridad.

Da pena decirlo, pero es la verdad. En las redes sociales, por paradoja, el abuso del derecho lleva a que -debiendo ser, por naturaleza, espacios para la libre expresión- son ámbitos en que resulta imposible opinar con libertad. Casi con certeza, el autor de cualquier opinión, así sea imparcial, será  víctima de toda clase de improperios, ataques, sindicaciones y  groseras respuestas provenientes de quienes arbitrariamente lo ubican en el polo opuesto al de ellos. En uno de los dos polos -extrema izquierda o extrema derecha; amigos o enemigos de la paz- en que, desde hace unos años y sin nuestro permiso, hemos sido matriculados los colombianos.

Claro está. Los que sufrimos inmisericordes ataques de lado y lado somos quienes opinamos con objetividad, siguiendo criterios políticos ajenos a los extremos, o señalando principios jurídicos universales y pacíficos aplicables al asunto del que se trata en cada caso. Diga usted cualquier cosa sobre un punto controvertido -por ejemplo, en materia de justicia transicional, sobre la extradición de alias “Jesús Santrich”, las políticas del Gobierno, o la situación de Venezuela-, para que vea lo que es bueno; será calificado, según el sentido de su opinión, de paramilitar o guerrillero -como mínimo-, si es que no acaban con su honor, su honra o su buen nombre. De ninguna manera saldrá indemne de esa aventura virtual. Entonces, es mejor no opinar. ¿Libertad?

No somos partidarios de instaurar la censura, la prohibición ni el delito de opinión, que no deben existir a la luz de la Constitución y de  los Tratados Internacionales. Obviamente,  sin perjuicio de la responsabilidad posterior por el uso de las redes para perpetrar conductas delictivas o violatorias de los derechos fundamentales.

Pero no sobran las campañas educativas -desde los hogares, en los colegios y universidades, en los medios y en las propias redes-, con miras a la formación de los usuarios en el respeto y la prudencia.

Bogotá, D. C, 3 de abril de 2019

*Expresidente de la Corte Constitucional

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Victor G Ricardo

Por Victor G Ricardo*.- Desde que iniciaba este gobierno escribí algunos artículos sobre la avalancha de actos de protesta sociales que vendrían por parte de la oposición para resistir temas del gobierno o exigir soluciones a sus necesidades, al igual que sobre la manera adecuada y responsable como debería ser afrontado este tema.

La denominada Minga de las comunidades indígenas en el departamento del Cauca ya lleva algunos días y como producto de ésta ha fallecido un agente de la Policía nacional y otros tantos han sido retenidos o secuestrados. La Constitución y las Leyes de la Republica establecen la viabilidad para el ejercicio de la protesta en el marco de un Estado de Derecho, pero no de la barbarie como tampoco de medidas que obstaculicen la libre movilización en todo el territorio nacional de los habitantes de Colombia. Por tanto, quienes así lo hagan están cometiendo una falta grave y, en el caso de los asesinatos, un delito.

Sabemos bien que el conflicto colombiano no ha sido solucionado del todo y por ello aún vemos presencia de grupos ilegales armados, como las disidencias de las Farc, los integrantes del Eln, los grupos de paramilitares y carteles del narcotráfico. Quienes organizan las protestas deben ser conscientes que están creando condiciones para que esos grupos ilegales los infiltren. Pero lo peor de todo es que muy pronto vendrán otras protestas de campesinos, camioneros, paperos, sindicatos, maestros, estudiantes, servicios públicos y algunas otras más. Porque uno de los antecedentes más graves que se han presentado en el pasado es que las protestas se han solucionado pactando lo impactable y asumiendo compromisos ante peticiones irreales, cuando no se han debido comprometer -no porque no sean justas y necesarias- sino porque son económicamente inviables, por no decir imposibles.

El presupuesto público tiene un límite y debe administrarse con responsabilidad y transparencia. Los gobiernos no se pueden comprometer si fiscalmente no hay posibilidades de cumplir, pues crean falsas expectativas que tienen como consecuencia la frustración de los diferentes sectores -como sucede hoy en el Cauca- ante la desesperación de ciudades, comunidades y sectores económicos que se están viendo profundamente perjudicados.

La protesta es legal en la medida que no esté acompañada de actos de barbarie, filtraciones de grupos ilegales alzados en armas o infracciones como las de la obstaculización las vías públicas que impiden la libre locomoción o tránsito, tanto de personas como de vehículos. Qué gran daño le han hecho a Colombia quienes actúan de esa manera y qué graves son las consecuencias que estamos viendo y veremos de los pactos incumplidos. El país recuerda cómo en el gobierno pasado hubo momentos donde en distintos lugares del territorio se presentaban paros y protestas y allí acudían una especie de cuerpo de bomberos, en los que se habían convertido algunos ministros a apagar los incendios y se comprometían con irresponsabilidad en darle solución a los puntos y temas solicitados, aunque ellos mismos sabían no podrían cumplir. Ahora en este gobierno estamos padeciendo las consecuencias.

El gobierno del Presidente Duque tiene que ser serio y no acceder a lo que no puede. Ahora bien, debe y tiene que evaluar las necesidades y darles una solución acorde con nuestras posibilidades y disponibilidades económicas. De lo contrario seguiremos cargando una bomba social que cuando estalle será demoledora.

Bogotá, D. C, 3 de abril de 2019

*Excomisionado de Paz

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Jairo Gómez

Por Jairo Gómez*.- ¿De qué lado está usted? ¿Del lado de la verdad? o ¿del lado de la mentira, del ocultamiento, de la opacidad? Pertinentes preguntas en tiempos de noticias falsas y manipulación de la información.

Lo cierto es que la realidad de la sociedad colombiana ha cabalgado durante los últimos 70 años sobre el tapen, tapen. Así nos han gobernado y así nos han manoseado las verdaderas causas del conflicto interno armado.

Pero comienza a verse la luz al final del túnel. Colombia logró superar, hasta ahora, un largo conflicto con las Farc-EP tras negociar con esa guerrilla un acuerdo de paz y hoy la tiene bajo la sombrilla del juego democrático. De ese acuerdo nació el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, el prototipo ideal para que prevalezca la verdad sobre la habitual mentira.

Todo este entramado tiene un soporte vital y es la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): quienes se acogieron al acuerdo de paz y quieren optar por los beneficios de la justicia transicional, tienen que contar la verdad y en eso están más de 13.000 excombatientes, más de 2.000 agentes del Estado -entre ellos una treintena de generales- y un buen número de civiles que financiaron la guerra.

La verdad de la atroz guerra se abre paso, por eso hay que recibir con buen suceso la carta que enviaron más de 1.200 presos entre paramilitares, guerrilleros y narcos que quieren contar la verdad sobre magnicidios, masacres, relaciones entre política, empresarios y narcotráfico, entre militares y policías con las drogas ilícitas y un largo etcétera.

Poca difusión se le dio a ese documento a través de los medios de comunicación que también fue mirado con desdén por las autoridades, seguramente porque se trata de gente fuera de la ley o delincuentes comunes; no se le puede olvidar a los colombianos que esos delincuentes en su momento fueron aliados o cómplices de poderosos que los utilizaron para sus propios intereses y hoy se ocultan bajo un manto de impunidad que les certifica una justicia hecha a su medida. Que en este documento con firma y huella los reclusos digan que están dispuestos a develar los hechos con pelos y señales, es una confesión que el país no puede perderse y todas las instancias -incluida la JEP y la Comisión de la Verdad- deben abrirles las puertas. 

Que el país conozca quiénes estuvieron detrás del asesinato del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado y por qué lo mataron, es sano para la sociedad; que sepamos  quienes y por qué auspiciaron muchas masacres que dejaron a miles de campesinos desarraigados y despojados de sus propiedades, es importante para la paz; pero además, que contribuyan a que esos no queden en la impunidad, no solo es bueno, es la mejor forma de comenzar a desenmascarar a los propiciadores del mal estado en que están la cosas. Cómo no saber quiénes se han lucrado y utilizado los dineros del narcotráfico para hacer política; cómo no conocer a los  “prósperos” empresarios, ganaderos, terratenientes que se han beneficiado de ese negocio.

Esa es la cuestión, o nos damos la pela de saber o nos seguimos mirando del ombligo pa´dentro. Los presos que quieren hablar tienen el derecho a ser escuchados en las instancias judiciales nacionales e internacionales. Hicieron bien en enviar copia de su propuesta a la Corte Penal Internacional y a las Naciones Unidas. El mundo entero debe saber que la tal democracia “más antigua de América Latina” es un fraude y que, para garantizar su felonía, combinaron todas las formas de lucha provocando impunidad, desigualdad, desplazamiento, desinformación y se valieron del estamento militar para salvaguardar, a través de la guerra sucia, su infidelidad con el resto de los colombianos.

¿De qué lado hay que estar? ¡Por supuesto que de la verdad! Colombia va camino a conocer las inestimables causas de este atroz conflicto, a conocer que los responsables de esa horrenda guerra, asesinatos selectivos y violación de los derechos humanos ya no proviene de las tales “fuerzas oscuras”, ¡NO! Esas “fuerzas oscuras” hoy tienen rostro. Por eso defender la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos es un imperativo moral y político; es un deber y un compromiso con las víctimas y nuestra mancillada democracia.

Bogotá, D. C, 3 de abril de 2019

*Periodista y analista Político.

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Roberto Córdoba Triviño

Por Roberto Córdoba Triviño.- Conmemoramos este 1 de abril, el cuarto aniversario de la desaparición física del jurista, filósofo y maestro Carlos Gaviria Díaz, y en esta fecha, deseo honrar su memoria evocando alguna de sus enseñanzas.

Dentro de las múltiples ideas que exponía y defendía sin temor ni temblor, podemos evocar un par de lecciones sobre Kant en relación con la Ilustración y la ética, según las cuales, una persona es ilustrada no tanto por su elevada cultura como por alcanzar la mayoría de edad; a esta no se llega al cumplir los 18 años, lo que es realmente relevante es atreverse a pensar por sí mismo. Sapere aude!  esto es atreverse a pensar, lanzanse al ruego con su propia razón.

Con relación a la ética, resalta que más que enseñarla debemos practicarla de manera ejemplarizante, pues una cosa es decir y otra hacer, por eso debemos propender por ser consecuentes, como advertía Sócrates, esto es, por hacer que nuestros actos correspondan con nuestros pensamientos y nuestras palabras.

Pero este es el comienzo, ya que luego de este primer paso y, siguiendo el imperativo categórico kantiano, el verdadero reto consiste en actuar de tal manera que nuestro comportamiento se convierta en la regla de  conducta a seguir por los demás.

Aspiro a que haya una enorme multitud de seguidores con ética. !

Bogotá, D. C, 1 de abril de 2019

*Egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre y Bibliotecario.

 

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Guillermo García Realpe

Por Guillermo García Realpe*.-En un hecho sin precedentes en la historia del Congreso, el pasado miércoles, un numeroso grupo de Senadores y de Representantes a la Cámara, levantamos las Plenarias respectivas, nos dirigimos en bloque hacia la Casa de Nariño buscando ser atendidos directamente por el Presidente de la República Iván Duque, la idea nuestra y de los demás colegas de diversas bancadas de departamentos como Nariño, Cauca, Valle, Huila, Caquetá, Putumayo, Chocó, Boyacá e incluso Bogotá, y otros departamentos solidarios, era poder tener un dialogo directo con el primer mandatario para aportar soluciones a la grave crisis social y económica que vive nuestro sur del país por cuenta del bloqueo de la minga indígena a la vía Panamericana y que tiene paralizado a toda nuestra región desde hace ya tres semanas. 

Pero ¡oh sorpresa!, no fuimos recibidos por el Jefe de Estado, a cambio envió a poner la cara al Alto Consejero para la Política, Jaime Amín, quien improvisadamente brindó algunas palabras, sin ninguna respuesta efectiva. 

Francamente todos quienes estábamos en la puerta de la Casa de Nariño, salimos muy decepcionados por la actitud presidencial, desconocer la representatividad política de más de 50 congresistas que lo único que buscábamos era brindar nuestra mediación para una pronta salida a la crisis. Era todo lo que buscábamos. Pero el manejo que se le dio a ese momento fue muy desacertado. 

Al día siguiente, en su alocución presidencial ratificó lo dicho en otras oportunidades, que NO viajaría al Cauca hasta tanto la vía se mantenga bloqueada y mientras existan vías de hecho, entendemos la posición presidencial, pero también entendemos las reclamaciones legítimas de los pueblos indígenas. En este momento las conversaciones están en un punto muerto, no hay voluntad política eficaz del Gobierno Nacional para hallar soluciones definitivas. 

Reconocemos el trabajo y la agenda intensa que ha venido desarrollando desde hace varios días la Ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez y la directora de Planeación Gloria Alonso, pero las han dejado solas, los demás ministros no han hecho presencia para abordar los temas claves como tierras, el exterminio a los líderes sociales, el cumplimiento del Decreto 1811 del 2017 y su inclusión dentro del Plan Nacional de Desarrollo, entre otros. 

Es inaudito que por la falta de diálogo, a veces por la soberbia y por las posiciones ideológicas no se puedan concertar salidas de fondo y definitivas a una crisis social y económica que tiene a toda una vasta región colombiana padeciendo las más grandes necesidades en su día a día. 

Nariño, por ejemplo, mi departamento es uno de los más golpeados por el bloqueo de la vía Panamericana, en todos los 64 municipios escasean los combustibles y el gas, las medicinas también se agotan, la red pública hospitalaria declaró la alerta amarilla, pues están sin insumos vitales como oxígeno, sangre, y líquidos hemáticos, el Programa de Alimentación Escolar –PAE- tuvo que ser suspendido en las instituciones educativas, las pérdidas en el sector transportador son incalculables, los sectores productivos están colapsados, diariamente se pierden 500 mil litros de leche, el precio de los productos ha bajado notoriamente, pues no pueden ser remitidos a las grandes ciudades, y ni qué decir del sector de la construcción, se han perdido 23 mil empleos directos, la escasez de insumos y materiales de construcción ha tenido un impacto negativo en la ejecución y desarrollo de las obras. 

En fin, las pérdidas según el Comité Intergremial supera los 200 mil millones de pesos en los sectores lecheros, avícola, constructor, transporte de carga, transporte de pasajeros, ferreterías, comercio y servicios, es una situación insostenible, pareciera que al Gobierno poco le interesa solucionarla. 

Necesitamos que el Presidente de la República se libere de su doctrina e ideología política y se libere también incluso de algunos sectores de su partido que lo tienen literalmente preso y sin dejarle margen de maniobra. 

Presidente Duque, venga al Cauca y a Nariño, estás regiones aunque no son de Venezuela, sí hacen parte de la frontera sur de nuestro país y merece toda la consideración y su atención. 

Bogotá, D. C, 1 de abril de 2019 

*Senador Liberal 

@GGarciaRealpe

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Horacio Serpa uribe

Por Horacio Serpa Uribe*.- Acabo de escuchar, como lo hago casi todos los domingos, el programa radial El Club de Lectura, de Caracol, dirigido por Norberto Vallejo. Muy bueno, como todos, pero el de esta noche especialmente bueno. Fue una entrevista con el médico y escritor caldense Gustavo López sobre su reciente novela histórica “Los dormidos y los muertos”, en la que se relacionan episodios, acontecimientos y situaciones políticas ocurridas en el país durante época de la violencia, ocurrida durante dos décadas en toda la mitad del siglo anterior.

Se entiende que no he leído el libro, pero lo haré lo más pronto que pueda. Por la importante entrevista de Vallejo a López  y los agudos comentarios del autor, se conoce que se trata de una novela recreada en hechos verdaderos, desde la época en la que el liberalismo llegó al poder en 1930, luego de una hegemonía conservadora de 40 años, hasta los comienzos del Frente Nacional, en el gobierno del doctor Guillermo León Valencia. Fueron unos años duros, violentos, de enorme sectarismo político, especialmente en los gobiernos de Mariano Ospina Pérez, Laureano Gómez, el general Gustavo Rojas Pinilla, la Junta Militar y la llega del Frente Nacional.

En esa época tremenda hubo violencia gobiernista conservadora, el asesinato de Gaitán que esta semana cumple  71 años, violencia de la guerrilla liberal, violencia en la dictadura a título de buscar la paz,  violencia de bandoleros liberales y conservadores, que en apariencia terminó al finalizar el primer cuatrienio del Frente Nacional. Fueron 300.000 muertos enterrados en silencio, lo que para el futuro se quiso evitar creando un sistema político en el que solo participaran liberales y conservadores. Gobiernos alternados, Corporaciones públicas paritarias lo mismo que gabinetes y empleados públicos, incluida la rama judicial. Los disentimientos fueron declarados ilegales porque se buscaba una paz duradera. El bullicio del éxito no dejó ver que desde 1964 se crearon otras guerrillas. Fíjense en lo que estamos ahora.

Me parece notable que en la obra de Gustavo López se pongan en conocimiento de esta época, un momento desgraciado de nuestra historia que se ha pretendido desconocer. Mejor, sobre el cual se tendió un manto de olvido, como pretendiendo evitar ingratos recuerdos y responsabilidades judiciales y políticas. Lo que han hecho es hacerle creer a la gente de ahora que la violencia pasará pronto, cuando muchos sabemos que está enquistada en nuestra historia y en nuestros comportamientos.

El mensaje de tan repetidos aconteceres sangrientos es el de que la violencia, el sectarismo, las retaliaciones, la delincuencia general que es hija de esta violencia, no se terminarán solo con más violencia ni con acuerdos políticos que nieguen nuestras verdades y nuestras desnudeces.

No es sensato pedir que se destape la verdad de nuestra historia para estimular sectarismo o deducir responsabilidades. Es para encontrar el camino. No lo conocemos y estamos peor que antes. El libro de Gustavo López es una contribución a la necesidad de que sepamos en donde estamos parados.

Bogotá, D. C, 1 de abril de 2019

*Abogado, Periodista, Excongresista, Exministro del Interior, Excandidato Presidencial, Exdiplomático, Exgobernador de Santander.

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Mauricio Cabrera Galvis

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- La contaminación del aire que respiramos tiene efectos muy negativos para la salud. Según estudios del DNP, por esta causa se producen unas 8.000 muertes al año, además de millones de enfermedades y síntomas respiratorios, que tienen un costo estimado de USD4.000 millones, equivalente al 1,5% del PIB. El mismo estudio muestra que en las grandes ciudades la principal fuente de contaminación es la emisión de material particulado (PM), que en un 80% proviene de fuentes móviles.

La mejora en la calidad del diesel que suministra Ecopetrol es una contribución importante a mejorar la calidad del aire que respiramos, pero no es suficiente. Se ha reducido de manera significativa el contenido de azufre en el diesel, a niveles que cumplen las más exigentes normas europeas, pero los combustibles fósiles emiten otros materiales contaminantes que también son perjudiciales para la salud.

Además del dióxido de azufre (SO2), que ya se ha reducido, la combustión del diesel en los motores de los vehículos genera residuos de hidrocarburos aromáticos y poliaromáticos, de PM y otros elementos como los óxidos de nitrógeno (NOx), el monóxido de carbono (CO), o el Ozono, todos los cuales producen asma, cáncer pulmonar y otras afecciones respiratorias.

Existen dos caminos para reducir estas emisiones contaminantes: uno es la modernización de la flota vehicular del país, sobre todo la del transporte de carga y los buses de servicio público, pues los motores viejos producen mucho más contaminación; el otro es aumentar la mezcla de biodiésel en el combustible, lo que reduce de manera significativa las emisiones de material contaminante, pues no contiene ninguno de los residuos mencionados.

El documento CONPES 3943, de julio de 2018, que define la política para el mejoramiento de la calidad del aire en el país, plantea como una de las principales líneas de acción la renovación y modernización del parque automotor, incluyendo mecanismos que desincentiven el uso de vehículos altamente contaminantes, como por ejemplo impuestos de rodamiento más altos para los vehículos obsoletos, e incentivos tributarios para vehículos eléctricos y a gas. Se trata de una estrategia de largo plazo, pues la renovación de la flota vehicular tomará varios años.

Sorprende que el CONPES no haya incluido dentro de las acciones para mejorar la calidad del aire el aumento de la mezcla de biodiésel y etanol en el diesel y la gasolina, que es una medida de impacto inmediato y demostrado para reducir la contaminación.

Tampoco dice nada sobre eliminar el privilegio que hoy tiene la gran minería de no estar obligada a usar biodiesel en su operación.

Cali 31 de marzo de 2019

*Folósofo y Economista. Consultor.

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Juan Camilo Restrepo Salazar

Por Juan Camilo Restrepo Salazar*.- En Colombia estamos adquiriendo la mala costumbre de atiborrar de normas cualquier iniciativa legislativa. Pero no sólo las leyes. También las sentencias. Un fallo de la Corte Constitucional que se respete no tiene menos de 400 o 500 páginas. La sentencia que profirió sobre la JEP tenía 700 páginas. Nos estamos acostumbrando malamente a que mientras más atiborradas sean las leyes, o las sentencias, es porque están muy bien. Y puede resultar todo lo contrario.

Cuando se aprobó a las volandas en primer debate el Plan de Desarrollo (2019-2022) el panorama era el siguiente: extensión de la ponencia 1.000 páginas; extensión de las bases del plan de desarrollo otras 1.000; artículos propiamente dichos de la ley del plan 328; y proposiciones presentadas por los parlamentarios 2.600. Todo esto, anticipa una gran confusión en lo que va a ser la discusión del plan en plenarias y naturalmente la aplicación del mismo. Quiero ilustrar lo anterior con tres ejemplos.

Primero, se aprobó una inesperada sobretasa nacional a los usuarios de energía eléctrica ubicados en los estratos 4, 5 y 6, lo mismo que a los usuarios industriales y comerciales, para salvar a Electricaribe. Este fue, según ha trascendido, el caramelo que logró completar el quorum a última hora. Nos enteramos por televisión que uno de los ausentistas más conspicuos se desplazó desde Barranquilla quebrantando las instrucciones de su propio partido simplemente para votar esta sobretasa.

Pero ya de entrada la sobretasa en beneficio de Electricaribe y a cargo de todos los usuarios a lo largo y ancho del país plantea una duda constitucional gigantesca. Una tasa, y con mayor razón una sobretasa, solo se acepta en la jurisprudencia constitucional como una contraprestación que un usuario paga por la recepción de un servicio que alguna entidad pública le preste. Y en esto se diferencia la tasa del impuesto, en el cual no se requiere contraprestación alguna.

¿Qué contraprestación de Electricaribe va a recibir el usuario de estrato 4, 5 y 6 residenciado en Pasto, en Medellín, en Cali o en Bogotá? No es claro. Y por lo tanto no es nada claro tampoco la constitucionalidad de esta norma.

Cabría esta pregunta: ¿Qué opinaría el usuario del servicio público de transporte de Cartagena, Santa Marta o Barranquilla si se les impusiera una inesperada sobretasa para salvar el sistema S.I.T.P de Bogotá que, como es sabido, atraviesa por graves dificultades económicas? Probablemente el rechazo de la costa sería inmediato a esta sobretasa.

Deja también mucho que pensar, y muchas dudas que seguramente se planteará también la Corte Constitucional en su momento, el hecho de que acabando de salir de la ley de financiamiento se hubiera aprovechado habilidosamente la ley del plan para incluir una nueva mini reforma tributaria. Según Fedesarrollo en la ley del plan se encuentran 7 nuevas normas de corte tributario que van desde exenciones, deducciones y hasta becas por impuestos. ¿Qué va a pensar la Corte de todo esto?

Y una última reflexión: ha trascendido que uno de los pedimentos de los organizadores de la Minga indígena y campesina consiste, además de exigir la presencia del presidente de la Republica, que los $10 billones que están dispuestos en el Plan de Desarrollo se adicionen con otros $ 4.6 billones para inversiones de interés entre la dirigencia indígena. Ojalá el gobierno no ceda a esta descabellada pretensión como costo para levantar el paro en la carretera panamericana. Deber recordarse que $14.6 billones (10 que ya están en el plan de desarrollo y 4.6 de las nuevas pretensiones) es una suma que supera el presupuesto todo de Colpensiones para atender a 1.3 millones de pensionados.

Si queremos que la ley siga siendo un instrumento útil para dirigir las políticas públicas hay que comenzar por desatiborrarla.

Bogotá, D. C, 31 de marzo de 2019

*Abogado, Economista y Exministro de Estado.

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Gabriel Ortiz

Por Gabriel Ortiz*.- Los colombianos seguimos siendo el “patio trasero” de los Estados Unidos, como lo solía advertir el expresidente Belisario Betancur, uno de los mandatarios que con pundonor se atrevió a cantarle esa tabla a los vecinos del norte.

Esta vez, el hostil y arrogante gobernante gringo, la emprendió contra nuestro mandatario Iván Duque, porque –según él- no ha hecho nada para controlar los envíos de droga a su país.

Le sacó en cara la supuesta hospitalidad que le brindó en la Casa Blanca, cuando Duque lo visitó. Con gente como Trump, no se puede tener confianza. Tal vez Iván se mostró dócil, creyéndolo su aliado, su amigo o el aliado de Colombia. No conocía la insolencia, la soberbia y altivez de un anfitrión que más adelante le lanzó un descomedido regaño, pese a considerarlo “un buen tipo” que debería hacer mucho por el dueño del norte.

Colombia, país, en el que vivimos, debería protestar por el irrespeto de Trump. Consideró que le debemos pleitesía, sumisión y reverencia. Que sus deseos son órdenes.

Pero lo más grave, es que el propio gestor de Duque, parecía embelesado y hechizado. Sumiso y opacado aceptó regaño y aún más: reclamó a Trump, una desertificación, aunque tardía, para el anterior gobierno. Quería que Santos se hubiera rendido a sus pies. Que volviéramos a narcotizar nuestras relaciones internacionales.

Hay que recordar a Uribe y a Pastrana, colándose a Mar a Lago, para saludar a Trump durante una reunión privada a la que no habían sido invitados. Querían regaños para Colombia, que no cristalizaron porque no son amigos del magnate y, al menos Uribe, no sabe jugar golf… y Trump no toma tinto cuando cabalga.

Duque debe saber quiénes son sus verdaderos amigos, sus aliados, sus confederados y quienes los que  quieren utilizarlo, exprimirlo y manejarlo.

El expresidente y senador, debe limitar sus ambiciones, debe entender que Duque es el presidente de los colombianos, por el que no solo votó el Centro Democrático.  

Debe liberarse, aunque lo puedan calificar de traidor, infiel o judas. Colombia Necesita un Duque firme y decidido, que no se deje regañar ni de Trump, ni de Rusia. Nada de un “buen tipo”: un buen Presidente, que salve esta patria, se convencido que necesitamos una paz estable y duradera, con verdad, justicia, reparación y no repetición, que impida el resurgimiento del paramilitarismo, la matanza de líderes sociales, que impida problemas como la minga indígena y tantas cosas más que ha tenido que afrontar durante estas últimas semanas.

El presidente debe rechazar estrambóticos consejos que con zalamerías, lisonjas y adulaciones, quieren imponerle, como aquellos del presidente del Senado el día de su posesión.

Duque sabe muy bien que es mejor andar solo que mal acompañado y que hay un país que quiere seguirlo, unírsele y respaldarlo. No más regaños, no malos consejos. En Colombia hay gentes capaces, que lo pueden rodear.

BLANCO: La aparición del nuevo pozo petrolero en Córdoba.

NEGRO: El atropello a la prensa por parte de las milicias venezolanas.

Bogotá, D. C, 4 de abril de 2019

*Exdirectior del Noticieero Nacional y de Notisuper: La Noticia Viva.

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Felicia Saturno Hartt

Por Felicia Saturno Hartt*.- Más allá de las perdidas ideologías políticas, hoy depauperadas por la escasa formación intelectual de los hacedores de un oficio, que antaño tenía inspiración en ideas, en paradigmas y en visiones del mundo y tomaban partido de ciertos temas de la agenda política, está el patético escenario de la Corrupción.

Ese monstruo de mil cabezas se ha apoderado de la paz, la esperanza y el futuro de naciones que soñaron con el progreso y la modernidad. Y ahora son escenario de un espectáculo macabro, de una ruina sin límites, de una crisis inédita, que aún los estudiosos del caos y la disfuncionalidad no pueden conceptualizar.

Porque es indudable que la Corrupción no es sólo lo que se percibe. No es el saldo de hospitales sin equipamiento ni especialistas, ni escuelas arruinadas y sin tecnologías y maestros mal pagados, obras públicas maltratando el medio ambiente y obras viales, que sólo son promesas de tribuna.

La Corrupción es un problema de Gobernanza. Ese término que cacarean las organizaciones globales para definir la compleja relación entre los que administran el poder o lo detentan o mantienen y la complicada red de las sociedades humanas. Pero que poco explican a los que ganan elecciones y forman equipos de trabajo donde jamás se han manejado situaciones de conflictividad social.

Ciertamente muchos explican que la Gobernabilidad es lo más importante. El saber cómo gobernar es lo prioritario, pero esto es muy poco si no existe esa conexión que hace que un proyecto, que puede ser prioritario o simplemente esencial para dar pasos a mejor calidad de vida, sea viable.

Precisamente por la escasa gobernanza, los gobiernos de América Latina, en su gran mayoría, han perdido la posibilidad de garantizar administraciones con cierto grado de éxito o han caído en las crisis más absurdas ante el potencial económico de sus riquezas naturales e incluso su capital humano.

La conexión con la ciudadanía ya no tan dirigible desde cadenas por los medios y redes, desde la tribunas políticas y parlamentarias, desde los despachos ministeriales casi no existe. Aunque hacen esfuerzos de hasta ataviarse de personas normales, dar cuenta de sus trabajos en las más remotas poblaciones, la gente no siente que esas propuestas sean suyas.

Muchos disertaran que es imposible llegar a todos en la Era de la Información. Pero también se arguye que los consensos son necesarios. Las redes deben tejerse, porque los proyectos llave en mano, ni en las sociedades donde el acceso a servicios públicos de calidad son cosas cotidianas, se consienten iniciativas que huelen a dolo, malversación o a pérdida de recursos.

La Gobernanza es un proceso que se basa, fundamentalmente, en el respeto de los gobernantes de los derechos fundamentales de los ciudadanos a participar de las iniciativas, a ser garantes de los recursos utilizados, a exigir prioridades y a poder establecer otras metas a futuro.

Pero un referéndum consultivo, un programa que muestre los costos de una iniciativa por medios y redes, una consulta informática evaluativa es tabú. Es muy costoso que la gente opine y participe. No da votos.

Es más barato reprimir las legítimas protestas, hacer cortinas de humo con denuncias, promover los consensos a punta de realazos…. O criminalizar a los líderes sociales y comunitarios. Y seguir maquillando cifras, subiendo impuestos o vendiendo los activos del estado.

Por ello, la Gobernanza sería un jaque mate contra la Corrupción.

*Politóloga, Poeta y Comunitaria Venezolana.

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José G Hernández

Por José G Hernández*.- Cualquiera pensaría que, siendo tan importante la irrupción de la tecnología y de las redes sociales en la sociedad actual, éstas -además de constituir vehículos inmejorables para el ejercicio de las libertades de expresión e información-  también podrían ser útiles para el diálogo, el intercambio de ideas y datos, la aclaración de conceptos, la pedagogía o la ilustración, o para  compartir conocimientos, costumbres y expresiones culturales. Es decir, para establecer  una genuina comunicación entre los seres humanos, con independencia de las distancias, las creencias, los estratos sociales, las nacionalidades, las profesiones y oficios  o las tendencias ideológicas.

Infortunadamente, al menos en Colombia y por ahora -mientras subsista la polarización y el uso politiquero que se ha adueñado de tan valiosos instrumentos de comunicación-, ello es imposible, y, a decir verdad, se están perdiendo para muchos fines loables y benéficos.  A tal punto que muchos de quienes participamos en las redes sociales, hemos pensado más de una vez en dejarlas, toda vez que, desde luego con salvedades, se han venido convirtiendo en receptáculos virtuales de bajos instintos y pasiones; en canales de  violencia escrita, verbal y visual,  y en  canales usados para la ofensa, el insulto,  la desorientación, la tergiversación, la desinformación, la calumnia, las faltas de respeto, la amenaza y la vulgaridad.

Da pena decirlo, pero es la verdad. En las redes sociales, por paradoja, el abuso del derecho lleva a que -debiendo ser, por naturaleza, espacios para la libre expresión- son ámbitos en que resulta imposible opinar con libertad. Casi con certeza, el autor de cualquier opinión, así sea imparcial, será  víctima de toda clase de improperios, ataques, sindicaciones y  groseras respuestas provenientes de quienes arbitrariamente lo ubican en el polo opuesto al de ellos. En uno de los dos polos -extrema izquierda o extrema derecha; amigos o enemigos de la paz- en que, desde hace unos años y sin nuestro permiso, hemos sido matriculados los colombianos.

Claro está. Los que sufrimos inmisericordes ataques de lado y lado somos quienes opinamos con objetividad, siguiendo criterios políticos ajenos a los extremos, o señalando principios jurídicos universales y pacíficos aplicables al asunto del que se trata en cada caso. Diga usted cualquier cosa sobre un punto controvertido -por ejemplo, en materia de justicia transicional, sobre la extradición de alias “Jesús Santrich”, las políticas del Gobierno, o la situación de Venezuela-, para que vea lo que es bueno; será calificado, según el sentido de su opinión, de paramilitar o guerrillero -como mínimo-, si es que no acaban con su honor, su honra o su buen nombre. De ninguna manera saldrá indemne de esa aventura virtual. Entonces, es mejor no opinar. ¿Libertad?

No somos partidarios de instaurar la censura, la prohibición ni el delito de opinión, que no deben existir a la luz de la Constitución y de  los Tratados Internacionales. Obviamente,  sin perjuicio de la responsabilidad posterior por el uso de las redes para perpetrar conductas delictivas o violatorias de los derechos fundamentales.

Pero no sobran las campañas educativas -desde los hogares, en los colegios y universidades, en los medios y en las propias redes-, con miras a la formación de los usuarios en el respeto y la prudencia.

Bogotá, D. C, 3 de abril de 2019

*Expresidente de la Corte Constitucional

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Victor G Ricardo

Por Victor G Ricardo*.- Desde que iniciaba este gobierno escribí algunos artículos sobre la avalancha de actos de protesta sociales que vendrían por parte de la oposición para resistir temas del gobierno o exigir soluciones a sus necesidades, al igual que sobre la manera adecuada y responsable como debería ser afrontado este tema.

La denominada Minga de las comunidades indígenas en el departamento del Cauca ya lleva algunos días y como producto de ésta ha fallecido un agente de la Policía nacional y otros tantos han sido retenidos o secuestrados. La Constitución y las Leyes de la Republica establecen la viabilidad para el ejercicio de la protesta en el marco de un Estado de Derecho, pero no de la barbarie como tampoco de medidas que obstaculicen la libre movilización en todo el territorio nacional de los habitantes de Colombia. Por tanto, quienes así lo hagan están cometiendo una falta grave y, en el caso de los asesinatos, un delito.

Sabemos bien que el conflicto colombiano no ha sido solucionado del todo y por ello aún vemos presencia de grupos ilegales armados, como las disidencias de las Farc, los integrantes del Eln, los grupos de paramilitares y carteles del narcotráfico. Quienes organizan las protestas deben ser conscientes que están creando condiciones para que esos grupos ilegales los infiltren. Pero lo peor de todo es que muy pronto vendrán otras protestas de campesinos, camioneros, paperos, sindicatos, maestros, estudiantes, servicios públicos y algunas otras más. Porque uno de los antecedentes más graves que se han presentado en el pasado es que las protestas se han solucionado pactando lo impactable y asumiendo compromisos ante peticiones irreales, cuando no se han debido comprometer -no porque no sean justas y necesarias- sino porque son económicamente inviables, por no decir imposibles.

El presupuesto público tiene un límite y debe administrarse con responsabilidad y transparencia. Los gobiernos no se pueden comprometer si fiscalmente no hay posibilidades de cumplir, pues crean falsas expectativas que tienen como consecuencia la frustración de los diferentes sectores -como sucede hoy en el Cauca- ante la desesperación de ciudades, comunidades y sectores económicos que se están viendo profundamente perjudicados.

La protesta es legal en la medida que no esté acompañada de actos de barbarie, filtraciones de grupos ilegales alzados en armas o infracciones como las de la obstaculización las vías públicas que impiden la libre locomoción o tránsito, tanto de personas como de vehículos. Qué gran daño le han hecho a Colombia quienes actúan de esa manera y qué graves son las consecuencias que estamos viendo y veremos de los pactos incumplidos. El país recuerda cómo en el gobierno pasado hubo momentos donde en distintos lugares del territorio se presentaban paros y protestas y allí acudían una especie de cuerpo de bomberos, en los que se habían convertido algunos ministros a apagar los incendios y se comprometían con irresponsabilidad en darle solución a los puntos y temas solicitados, aunque ellos mismos sabían no podrían cumplir. Ahora en este gobierno estamos padeciendo las consecuencias.

El gobierno del Presidente Duque tiene que ser serio y no acceder a lo que no puede. Ahora bien, debe y tiene que evaluar las necesidades y darles una solución acorde con nuestras posibilidades y disponibilidades económicas. De lo contrario seguiremos cargando una bomba social que cuando estalle será demoledora.

Bogotá, D. C, 3 de abril de 2019

*Excomisionado de Paz

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Jairo Gómez

Por Jairo Gómez*.- ¿De qué lado está usted? ¿Del lado de la verdad? o ¿del lado de la mentira, del ocultamiento, de la opacidad? Pertinentes preguntas en tiempos de noticias falsas y manipulación de la información.

Lo cierto es que la realidad de la sociedad colombiana ha cabalgado durante los últimos 70 años sobre el tapen, tapen. Así nos han gobernado y así nos han manoseado las verdaderas causas del conflicto interno armado.

Pero comienza a verse la luz al final del túnel. Colombia logró superar, hasta ahora, un largo conflicto con las Farc-EP tras negociar con esa guerrilla un acuerdo de paz y hoy la tiene bajo la sombrilla del juego democrático. De ese acuerdo nació el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, el prototipo ideal para que prevalezca la verdad sobre la habitual mentira.

Todo este entramado tiene un soporte vital y es la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): quienes se acogieron al acuerdo de paz y quieren optar por los beneficios de la justicia transicional, tienen que contar la verdad y en eso están más de 13.000 excombatientes, más de 2.000 agentes del Estado -entre ellos una treintena de generales- y un buen número de civiles que financiaron la guerra.

La verdad de la atroz guerra se abre paso, por eso hay que recibir con buen suceso la carta que enviaron más de 1.200 presos entre paramilitares, guerrilleros y narcos que quieren contar la verdad sobre magnicidios, masacres, relaciones entre política, empresarios y narcotráfico, entre militares y policías con las drogas ilícitas y un largo etcétera.

Poca difusión se le dio a ese documento a través de los medios de comunicación que también fue mirado con desdén por las autoridades, seguramente porque se trata de gente fuera de la ley o delincuentes comunes; no se le puede olvidar a los colombianos que esos delincuentes en su momento fueron aliados o cómplices de poderosos que los utilizaron para sus propios intereses y hoy se ocultan bajo un manto de impunidad que les certifica una justicia hecha a su medida. Que en este documento con firma y huella los reclusos digan que están dispuestos a develar los hechos con pelos y señales, es una confesión que el país no puede perderse y todas las instancias -incluida la JEP y la Comisión de la Verdad- deben abrirles las puertas. 

Que el país conozca quiénes estuvieron detrás del asesinato del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado y por qué lo mataron, es sano para la sociedad; que sepamos  quienes y por qué auspiciaron muchas masacres que dejaron a miles de campesinos desarraigados y despojados de sus propiedades, es importante para la paz; pero además, que contribuyan a que esos no queden en la impunidad, no solo es bueno, es la mejor forma de comenzar a desenmascarar a los propiciadores del mal estado en que están la cosas. Cómo no saber quiénes se han lucrado y utilizado los dineros del narcotráfico para hacer política; cómo no conocer a los  “prósperos” empresarios, ganaderos, terratenientes que se han beneficiado de ese negocio.

Esa es la cuestión, o nos damos la pela de saber o nos seguimos mirando del ombligo pa´dentro. Los presos que quieren hablar tienen el derecho a ser escuchados en las instancias judiciales nacionales e internacionales. Hicieron bien en enviar copia de su propuesta a la Corte Penal Internacional y a las Naciones Unidas. El mundo entero debe saber que la tal democracia “más antigua de América Latina” es un fraude y que, para garantizar su felonía, combinaron todas las formas de lucha provocando impunidad, desigualdad, desplazamiento, desinformación y se valieron del estamento militar para salvaguardar, a través de la guerra sucia, su infidelidad con el resto de los colombianos.

¿De qué lado hay que estar? ¡Por supuesto que de la verdad! Colombia va camino a conocer las inestimables causas de este atroz conflicto, a conocer que los responsables de esa horrenda guerra, asesinatos selectivos y violación de los derechos humanos ya no proviene de las tales “fuerzas oscuras”, ¡NO! Esas “fuerzas oscuras” hoy tienen rostro. Por eso defender la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos es un imperativo moral y político; es un deber y un compromiso con las víctimas y nuestra mancillada democracia.

Bogotá, D. C, 3 de abril de 2019

*Periodista y analista Político.

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Roberto Córdoba Triviño

Por Roberto Córdoba Triviño.- Conmemoramos este 1 de abril, el cuarto aniversario de la desaparición física del jurista, filósofo y maestro Carlos Gaviria Díaz, y en esta fecha, deseo honrar su memoria evocando alguna de sus enseñanzas.

Dentro de las múltiples ideas que exponía y defendía sin temor ni temblor, podemos evocar un par de lecciones sobre Kant en relación con la Ilustración y la ética, según las cuales, una persona es ilustrada no tanto por su elevada cultura como por alcanzar la mayoría de edad; a esta no se llega al cumplir los 18 años, lo que es realmente relevante es atreverse a pensar por sí mismo. Sapere aude!  esto es atreverse a pensar, lanzanse al ruego con su propia razón.

Con relación a la ética, resalta que más que enseñarla debemos practicarla de manera ejemplarizante, pues una cosa es decir y otra hacer, por eso debemos propender por ser consecuentes, como advertía Sócrates, esto es, por hacer que nuestros actos correspondan con nuestros pensamientos y nuestras palabras.

Pero este es el comienzo, ya que luego de este primer paso y, siguiendo el imperativo categórico kantiano, el verdadero reto consiste en actuar de tal manera que nuestro comportamiento se convierta en la regla de  conducta a seguir por los demás.

Aspiro a que haya una enorme multitud de seguidores con ética. !

Bogotá, D. C, 1 de abril de 2019

*Egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre y Bibliotecario.

 

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Guillermo García Realpe

Por Guillermo García Realpe*.-En un hecho sin precedentes en la historia del Congreso, el pasado miércoles, un numeroso grupo de Senadores y de Representantes a la Cámara, levantamos las Plenarias respectivas, nos dirigimos en bloque hacia la Casa de Nariño buscando ser atendidos directamente por el Presidente de la República Iván Duque, la idea nuestra y de los demás colegas de diversas bancadas de departamentos como Nariño, Cauca, Valle, Huila, Caquetá, Putumayo, Chocó, Boyacá e incluso Bogotá, y otros departamentos solidarios, era poder tener un dialogo directo con el primer mandatario para aportar soluciones a la grave crisis social y económica que vive nuestro sur del país por cuenta del bloqueo de la minga indígena a la vía Panamericana y que tiene paralizado a toda nuestra región desde hace ya tres semanas. 

Pero ¡oh sorpresa!, no fuimos recibidos por el Jefe de Estado, a cambio envió a poner la cara al Alto Consejero para la Política, Jaime Amín, quien improvisadamente brindó algunas palabras, sin ninguna respuesta efectiva. 

Francamente todos quienes estábamos en la puerta de la Casa de Nariño, salimos muy decepcionados por la actitud presidencial, desconocer la representatividad política de más de 50 congresistas que lo único que buscábamos era brindar nuestra mediación para una pronta salida a la crisis. Era todo lo que buscábamos. Pero el manejo que se le dio a ese momento fue muy desacertado. 

Al día siguiente, en su alocución presidencial ratificó lo dicho en otras oportunidades, que NO viajaría al Cauca hasta tanto la vía se mantenga bloqueada y mientras existan vías de hecho, entendemos la posición presidencial, pero también entendemos las reclamaciones legítimas de los pueblos indígenas. En este momento las conversaciones están en un punto muerto, no hay voluntad política eficaz del Gobierno Nacional para hallar soluciones definitivas. 

Reconocemos el trabajo y la agenda intensa que ha venido desarrollando desde hace varios días la Ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez y la directora de Planeación Gloria Alonso, pero las han dejado solas, los demás ministros no han hecho presencia para abordar los temas claves como tierras, el exterminio a los líderes sociales, el cumplimiento del Decreto 1811 del 2017 y su inclusión dentro del Plan Nacional de Desarrollo, entre otros. 

Es inaudito que por la falta de diálogo, a veces por la soberbia y por las posiciones ideológicas no se puedan concertar salidas de fondo y definitivas a una crisis social y económica que tiene a toda una vasta región colombiana padeciendo las más grandes necesidades en su día a día. 

Nariño, por ejemplo, mi departamento es uno de los más golpeados por el bloqueo de la vía Panamericana, en todos los 64 municipios escasean los combustibles y el gas, las medicinas también se agotan, la red pública hospitalaria declaró la alerta amarilla, pues están sin insumos vitales como oxígeno, sangre, y líquidos hemáticos, el Programa de Alimentación Escolar –PAE- tuvo que ser suspendido en las instituciones educativas, las pérdidas en el sector transportador son incalculables, los sectores productivos están colapsados, diariamente se pierden 500 mil litros de leche, el precio de los productos ha bajado notoriamente, pues no pueden ser remitidos a las grandes ciudades, y ni qué decir del sector de la construcción, se han perdido 23 mil empleos directos, la escasez de insumos y materiales de construcción ha tenido un impacto negativo en la ejecución y desarrollo de las obras. 

En fin, las pérdidas según el Comité Intergremial supera los 200 mil millones de pesos en los sectores lecheros, avícola, constructor, transporte de carga, transporte de pasajeros, ferreterías, comercio y servicios, es una situación insostenible, pareciera que al Gobierno poco le interesa solucionarla. 

Necesitamos que el Presidente de la República se libere de su doctrina e ideología política y se libere también incluso de algunos sectores de su partido que lo tienen literalmente preso y sin dejarle margen de maniobra. 

Presidente Duque, venga al Cauca y a Nariño, estás regiones aunque no son de Venezuela, sí hacen parte de la frontera sur de nuestro país y merece toda la consideración y su atención. 

Bogotá, D. C, 1 de abril de 2019 

*Senador Liberal 

@GGarciaRealpe

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Horacio Serpa uribe

Por Horacio Serpa Uribe*.- Acabo de escuchar, como lo hago casi todos los domingos, el programa radial El Club de Lectura, de Caracol, dirigido por Norberto Vallejo. Muy bueno, como todos, pero el de esta noche especialmente bueno. Fue una entrevista con el médico y escritor caldense Gustavo López sobre su reciente novela histórica “Los dormidos y los muertos”, en la que se relacionan episodios, acontecimientos y situaciones políticas ocurridas en el país durante época de la violencia, ocurrida durante dos décadas en toda la mitad del siglo anterior.

Se entiende que no he leído el libro, pero lo haré lo más pronto que pueda. Por la importante entrevista de Vallejo a López  y los agudos comentarios del autor, se conoce que se trata de una novela recreada en hechos verdaderos, desde la época en la que el liberalismo llegó al poder en 1930, luego de una hegemonía conservadora de 40 años, hasta los comienzos del Frente Nacional, en el gobierno del doctor Guillermo León Valencia. Fueron unos años duros, violentos, de enorme sectarismo político, especialmente en los gobiernos de Mariano Ospina Pérez, Laureano Gómez, el general Gustavo Rojas Pinilla, la Junta Militar y la llega del Frente Nacional.

En esa época tremenda hubo violencia gobiernista conservadora, el asesinato de Gaitán que esta semana cumple  71 años, violencia de la guerrilla liberal, violencia en la dictadura a título de buscar la paz,  violencia de bandoleros liberales y conservadores, que en apariencia terminó al finalizar el primer cuatrienio del Frente Nacional. Fueron 300.000 muertos enterrados en silencio, lo que para el futuro se quiso evitar creando un sistema político en el que solo participaran liberales y conservadores. Gobiernos alternados, Corporaciones públicas paritarias lo mismo que gabinetes y empleados públicos, incluida la rama judicial. Los disentimientos fueron declarados ilegales porque se buscaba una paz duradera. El bullicio del éxito no dejó ver que desde 1964 se crearon otras guerrillas. Fíjense en lo que estamos ahora.

Me parece notable que en la obra de Gustavo López se pongan en conocimiento de esta época, un momento desgraciado de nuestra historia que se ha pretendido desconocer. Mejor, sobre el cual se tendió un manto de olvido, como pretendiendo evitar ingratos recuerdos y responsabilidades judiciales y políticas. Lo que han hecho es hacerle creer a la gente de ahora que la violencia pasará pronto, cuando muchos sabemos que está enquistada en nuestra historia y en nuestros comportamientos.

El mensaje de tan repetidos aconteceres sangrientos es el de que la violencia, el sectarismo, las retaliaciones, la delincuencia general que es hija de esta violencia, no se terminarán solo con más violencia ni con acuerdos políticos que nieguen nuestras verdades y nuestras desnudeces.

No es sensato pedir que se destape la verdad de nuestra historia para estimular sectarismo o deducir responsabilidades. Es para encontrar el camino. No lo conocemos y estamos peor que antes. El libro de Gustavo López es una contribución a la necesidad de que sepamos en donde estamos parados.

Bogotá, D. C, 1 de abril de 2019

*Abogado, Periodista, Excongresista, Exministro del Interior, Excandidato Presidencial, Exdiplomático, Exgobernador de Santander.

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Mauricio Cabrera Galvis

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- La contaminación del aire que respiramos tiene efectos muy negativos para la salud. Según estudios del DNP, por esta causa se producen unas 8.000 muertes al año, además de millones de enfermedades y síntomas respiratorios, que tienen un costo estimado de USD4.000 millones, equivalente al 1,5% del PIB. El mismo estudio muestra que en las grandes ciudades la principal fuente de contaminación es la emisión de material particulado (PM), que en un 80% proviene de fuentes móviles.

La mejora en la calidad del diesel que suministra Ecopetrol es una contribución importante a mejorar la calidad del aire que respiramos, pero no es suficiente. Se ha reducido de manera significativa el contenido de azufre en el diesel, a niveles que cumplen las más exigentes normas europeas, pero los combustibles fósiles emiten otros materiales contaminantes que también son perjudiciales para la salud.

Además del dióxido de azufre (SO2), que ya se ha reducido, la combustión del diesel en los motores de los vehículos genera residuos de hidrocarburos aromáticos y poliaromáticos, de PM y otros elementos como los óxidos de nitrógeno (NOx), el monóxido de carbono (CO), o el Ozono, todos los cuales producen asma, cáncer pulmonar y otras afecciones respiratorias.

Existen dos caminos para reducir estas emisiones contaminantes: uno es la modernización de la flota vehicular del país, sobre todo la del transporte de carga y los buses de servicio público, pues los motores viejos producen mucho más contaminación; el otro es aumentar la mezcla de biodiésel en el combustible, lo que reduce de manera significativa las emisiones de material contaminante, pues no contiene ninguno de los residuos mencionados.

El documento CONPES 3943, de julio de 2018, que define la política para el mejoramiento de la calidad del aire en el país, plantea como una de las principales líneas de acción la renovación y modernización del parque automotor, incluyendo mecanismos que desincentiven el uso de vehículos altamente contaminantes, como por ejemplo impuestos de rodamiento más altos para los vehículos obsoletos, e incentivos tributarios para vehículos eléctricos y a gas. Se trata de una estrategia de largo plazo, pues la renovación de la flota vehicular tomará varios años.

Sorprende que el CONPES no haya incluido dentro de las acciones para mejorar la calidad del aire el aumento de la mezcla de biodiésel y etanol en el diesel y la gasolina, que es una medida de impacto inmediato y demostrado para reducir la contaminación.

Tampoco dice nada sobre eliminar el privilegio que hoy tiene la gran minería de no estar obligada a usar biodiesel en su operación.

Cali 31 de marzo de 2019

*Folósofo y Economista. Consultor.

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Juan Camilo Restrepo Salazar

Por Juan Camilo Restrepo Salazar*.- En Colombia estamos adquiriendo la mala costumbre de atiborrar de normas cualquier iniciativa legislativa. Pero no sólo las leyes. También las sentencias. Un fallo de la Corte Constitucional que se respete no tiene menos de 400 o 500 páginas. La sentencia que profirió sobre la JEP tenía 700 páginas. Nos estamos acostumbrando malamente a que mientras más atiborradas sean las leyes, o las sentencias, es porque están muy bien. Y puede resultar todo lo contrario.

Cuando se aprobó a las volandas en primer debate el Plan de Desarrollo (2019-2022) el panorama era el siguiente: extensión de la ponencia 1.000 páginas; extensión de las bases del plan de desarrollo otras 1.000; artículos propiamente dichos de la ley del plan 328; y proposiciones presentadas por los parlamentarios 2.600. Todo esto, anticipa una gran confusión en lo que va a ser la discusión del plan en plenarias y naturalmente la aplicación del mismo. Quiero ilustrar lo anterior con tres ejemplos.

Primero, se aprobó una inesperada sobretasa nacional a los usuarios de energía eléctrica ubicados en los estratos 4, 5 y 6, lo mismo que a los usuarios industriales y comerciales, para salvar a Electricaribe. Este fue, según ha trascendido, el caramelo que logró completar el quorum a última hora. Nos enteramos por televisión que uno de los ausentistas más conspicuos se desplazó desde Barranquilla quebrantando las instrucciones de su propio partido simplemente para votar esta sobretasa.

Pero ya de entrada la sobretasa en beneficio de Electricaribe y a cargo de todos los usuarios a lo largo y ancho del país plantea una duda constitucional gigantesca. Una tasa, y con mayor razón una sobretasa, solo se acepta en la jurisprudencia constitucional como una contraprestación que un usuario paga por la recepción de un servicio que alguna entidad pública le preste. Y en esto se diferencia la tasa del impuesto, en el cual no se requiere contraprestación alguna.

¿Qué contraprestación de Electricaribe va a recibir el usuario de estrato 4, 5 y 6 residenciado en Pasto, en Medellín, en Cali o en Bogotá? No es claro. Y por lo tanto no es nada claro tampoco la constitucionalidad de esta norma.

Cabría esta pregunta: ¿Qué opinaría el usuario del servicio público de transporte de Cartagena, Santa Marta o Barranquilla si se les impusiera una inesperada sobretasa para salvar el sistema S.I.T.P de Bogotá que, como es sabido, atraviesa por graves dificultades económicas? Probablemente el rechazo de la costa sería inmediato a esta sobretasa.

Deja también mucho que pensar, y muchas dudas que seguramente se planteará también la Corte Constitucional en su momento, el hecho de que acabando de salir de la ley de financiamiento se hubiera aprovechado habilidosamente la ley del plan para incluir una nueva mini reforma tributaria. Según Fedesarrollo en la ley del plan se encuentran 7 nuevas normas de corte tributario que van desde exenciones, deducciones y hasta becas por impuestos. ¿Qué va a pensar la Corte de todo esto?

Y una última reflexión: ha trascendido que uno de los pedimentos de los organizadores de la Minga indígena y campesina consiste, además de exigir la presencia del presidente de la Republica, que los $10 billones que están dispuestos en el Plan de Desarrollo se adicionen con otros $ 4.6 billones para inversiones de interés entre la dirigencia indígena. Ojalá el gobierno no ceda a esta descabellada pretensión como costo para levantar el paro en la carretera panamericana. Deber recordarse que $14.6 billones (10 que ya están en el plan de desarrollo y 4.6 de las nuevas pretensiones) es una suma que supera el presupuesto todo de Colpensiones para atender a 1.3 millones de pensionados.

Si queremos que la ley siga siendo un instrumento útil para dirigir las políticas públicas hay que comenzar por desatiborrarla.

Bogotá, D. C, 31 de marzo de 2019

*Abogado, Economista y Exministro de Estado.

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