Opinión

“El país está a merced de toda clase de delincuencia que maneja a su antojo el crimen en todas sus manifestaciones”.

Por Gabriel Ortiz*.- Antes del rosario de reformas que pretende sacar el gobierno con estímulos al legislativo, se impone un consenso que nos lleve a una justicia rápida, eficaz y con funcionarios que actúen con rectitud.

El ministro Néstor Osuna, al afirmar que “al país le quedó pequeña la administración de justicia” está alistando un estatuto acrisolado en el que participen personajes respetuosos de la rama, incluyendo expertos internacionales.

El país está a merced de toda clase de delincuencia que maneja a su antojo el crimen en todas sus manifestaciones. Las guerrillas no entregarán armas, y mantendrán su accionar delictivo, pero recibirán dinero para acrecentar sus ingresos y mantener su participación en el narcotráfico. La delincuencia común incrementará el asesinato, la extorsión y demás manifestaciones criminales. La corrupción seguirá saqueando la administración pública. Es decir: continuaremos a merced de la creciente red criminal que nos mantiene en Ascuas y en vilo.

La pretendida Comisión Asesora para la Reforma a la Justicia, podría constituirse en el antídoto que Colombia requiere para convertirse en un país digno dentro del ámbito mundial.

El gobierno, que no sabe dónde está, ni para dónde va, olvidar reformas y legislaturas inmodificables en la salud, que más o menos funciona, pensiones, laborales, tributarias y demás embelecos distractores, para salvar una patria que vive en injusticia total.

Hemos asistido a la violación de todas las normas y exhibición alarmante de corrupción, durante 4 días de finales y principios de año. Se aprovechó la vacancia judicial y cierre de estamentos judiciales por fiestas y carnavales, para “fabricar” expedientes liberatorios del exsenador Arturo Char. Ya de por sí, había logrado una cárcel 5 estrellas a su medida en Santa Marta. Ya se había jugado con el vencimiento de términos. Ya una magistrada -doctora Cristina Lombana- había establecido un supuesto empate entre magistrados de la Corte para preparar el camino hacia la libertad y la absolución de quien, nada más y nada menos está acusado de comprar votos -corrupción al sufragante- y concierto para delinquir.

En día festivo, el juez Coy Domínguez, abrió su despacho en Santa Marta para conocer un concepto de la Corte, con un empate entre los magistrados en torno al vencimiento de términos del caso del exsenador Char, que por dilaciones atribuibles a la defensa, solo se cumple el 8 de febrero de 2024. Así se violó olímpicamente la justicia.

A las decisiones del Juez Coy y la magistrada Lombana, se sumaron los conceptos de la Procuradora Cabello Blanco, muy allegada al círculo de la familia Char y su poderoso clan político.

El exsenador ya está gozando de libertad, gracias a los argumentos del juez Coy y la magistrada Lombana. Sus faltas a la justicia ya son harina de otro costal. El vencimiento de términos, el habeas corpus y la ruana de la justicia, bien manipulados, dejarán desocupadas las cárceles, mientras la exparlamentaria Merlano, quien hizo la denuncia, está en prisión.

BLANCO: La inflación sigue bajando. Cayó a 9.28%, pero el emisor vacaciona.

NEGRO: Barranquilla: la damnificada por las fallas del gobierno. Pero Petro viajó a Chile a recuperar la sede de los juegos panamericanos.

Bogotá, D. C, 11 de enero de 2023

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper

“Secuestrar, extorsionar, amenazar son graves crímenes que el Estado debe perseguir”.

Por José G. Hernández*.- Hacemos votos porque, al momento de publicación de esta columna haya recuperado su libertad el delegado departamental de la Registraduría Nacional del Estado Civil en el Chocó, Jefferson Murillo. En un hecho incomprensible, el doctor Murillo fue secuestrado el 6 de enero, por encapuchados armados que lo interceptaron, cuando se trasladaba en la vía entre Quibdó e Istmina.

No es el único. Resulta indudable que, en los últimos años, se ha incrementado en Colombia esta horrenda práctica criminal. En este momento, hay muchas personas privadas de su libertad por delincuentes integrantes de movimientos subversivos o paramilitares armados o por delincuentes comunes. No importa por quiénes. Nada justifica el secuestro. Y esas personas y sus familias tienen derechos inalienables que el Estado debe proteger.

Tan ostensible ha sido este recrudecimiento de los plagios en nuestro país que el propio Papa Francisco, en su mensaje de Epifanía, durante el Ángelus en la plaza de San Pedro, ha pedido al mundo orar por “la liberación, sin condiciones, de todas las personas secuestradas actualmente en Colombia”. Agregó el Santo Padre: “Este gesto, que es un deber ante Dios, favorecerá también un clima de reconciliación y de paz en el país", en lo cual tiene razón, toda vez que es precisamente el secuestro uno de los obstáculos de mayor gravedad frente al objetivo gubernamental de lograr la paz total en que está empeñado el presidente Gustavo Petro.

El secuestro es un delito abominable. Es un crimen atroz. No solamente se priva a las víctimas de su libertad -lo que, de suyo es gravísimo-, sino que, por sus mismas características, el secuestro cercena otros derechos: la salud, el trabajo, el digno transcurso de la actividad personal y familiar y hasta la vida misma, de la cual han sido privados no pocos secuestrados, como lo acredita la dolorosa historia de Colombia. No solamente sufre la persona secuestrada, sino en especial su familia, que, con toda legitimidad, reclama a las autoridades cumplir su función y buscar la liberación de las personas plagiadas, sanas y salvas.

Dejar en libertad a todos los secuestrados no es una gracia, ni un favor para las familias, la sociedad y el gobierno, como quisieron hacerlo ver en el caso del padre del jugador Luis Díaz. Es una obligación. Nadie debe ser secuestrado, y -digámoslo una vez más con claridad- no es ni puede admitirse como una modalidad de financiación de la actividad subversiva.

Para continuar con los diálogos que adelanta el Gobierno Nacional con unas organizaciones delictivas, con miras a lograr acuerdos de paz, debe exigir, además de la inmediata liberación de todas las personas plagiadas sino el compromiso expreso -y sin ambages- de no volver a secuestrar. Y -claro está-, de ninguna manera puede aceptarse el secuestro como fuente de financiación para el sostenimiento de la organización criminal correspondiente.

Como dice la Constitución, las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades. Secuestrar, extorsionar, amenazar, no son derechos de los delincuentes, sino graves crímenes que el Estado tiene la obligación de perseguir y sancionar, sin contemplaciones.

Bogotá, D. C, 10 de enero de 2024

*Expresidente de la Corte Constitucional

“La palabra clave es el consenso. Con ella enfrentaremos los desafíos del 2024 con éxito. Sin ella las dificultades aumentarán y el 2024 será un mal año”.

Por José Manuel Restrepo Abondano*.- El 2023 fue un año extraño: Un año de transiciones y acomodamiento a una nueva realidad económica, política y social. Un año de cambio en liderazgos locales. Un año de anuncios de muchas reformas estructurales y pocos avances. Un año de mala ejecución presupuestal en el gobierno central. Un año de transición económica del crecimiento acelerado a la desaceleración y de acuerdos políticos a dificultades en gobernabilidad. Un año de recoger buenos vientos en lo económico de 2021 y 2022, que dieron resultados en empleo, ajuste fiscal, recaudo tributario e inversión extranjera. Un año de disminución en la inflación y tasas de interés altas. Un año de iniciativas y discursos y pocas “acabativas”. Un año con buena dosis de populismo, polarización y posverdades. Viene el 2024, que a diferencia de lo que muchos piensan, puede ser más retador.

Tendremos un desafío fiscal importante, dada la inexequibilidad de buena parte de la última reforma tributaria, partidas de ingresos de dudosa probabilidad de éxito (arbitramiento de litigios) y gastos adicionales no presupuestados derivados de las reformas que sean exitosas en el congreso. En positivo podríamos dar el debate a la propuesta nueva que plantea el gobierno para ampliar la base de personas naturales a ser gravadas y el aumento de impuestos personales, la reducción de impuestos corporativos, el apoyo a sectores claves de la economía y ¿por qué no? eliminar exenciones regresivas en el IVA. ¡Un motivo de consenso!

Tendremos un desafío para prender los motores de crecimiento y particularmente el de exportaciones y la inversión privada. Con ellas habrá más productividad, se detendrá el aumento en el desempleo mensual desestacionalizado, seremos más competitivos y evitaremos entrar en recesión. Buen momento para iniciar la aplicación del “Acuerdo Nacional” que se ha iniciado. ¡Un motivo de consenso!

Tendremos el desafío de alcanzar acuerdos políticos, basados en las necesidades del país y en no destruir lo avanzado en salud, educación, ahorro nacional, justicia, transición energética, acceso a servicios públicos, sostenibilidad fiscal y generación de empleo. Importante construir con el congreso, los distintos partidos políticos, el sector privado y la academia, puentes de diálogo y construcción colectiva. Un motivo de consenso!

Tendremos el desafío de recuperar la seguridad en los territorios de Colombia, que la extorsión y el secuestro no nos devuelvan al pasado. Importante revisar el rumbo de la “paz total” aprovechando los nuevos liderazgos y enviar mensajes claros a la fuerza pública y autoridades locales. ¡Un motivo de consenso!

La palabra clave es el consenso. Con ella enfrentaremos los desafíos del 2024 con éxito. Sin ella las dificultades aumentarán y el 2024 será un mal año.

La cena está servida. ¡A trabajar!

Bogotá, D. C, 8 de enero de 2024

*Rector Universidad EIA

“La realidad es que la extorsión nunca se fue y hoy es practicada por los herederos de unos y otros, convertidos todos en narcotraficantes”.

Por José Félix Lafaurie Rivera*.- Es un lugar común afirmar que no aprender de la historia nos condena a cometer los mismos errores, pero a esa amenaza hoy se enfrenta el país por la crisis de seguridad en campos y ciudades, crisis con un solo nombre: las mafias narcotraficantes disfrazadas de grupos revolucionarios con motivaciones políticas, cuando solo son bandas de hampones con agencias subsidiarias del microtráfico en las ciudades.

El país urbano, sin embargo, no se da por enterado o no dimensiona la gravedad de la amenaza, ya sea porque se acostumbró a la violencia como algo que registran los medios y solo le pasa “a otros”, o por el efecto de distractores como las fiestas de temporada, los escándalos políticos y sus garroteras, y el correo de brujas que va y viene por las redes. 

No obstante, la amenaza es real. Según las cifras del Ministerio de Defensa de diciembre pasado, sin cerrar año todavía, el secuestro había aumentado 72% frente a 2022; y según las de la Policía Nacional, a octubre 30 se habían presentado 8.551 denuncias de extorsión, un delito basado en aterrorizar a las víctimas, desde las cárceles inclusive y, como consecuencia, con altísimo subregistro. 

Baste decir que, según la organización Global Initiative, que le hace seguimiento a la criminalidad en 193 países, Colombia ocupó en 2023 el nada honroso segundo puesto, después de Birmania, en el Índice Mundial de Crimen Organizado, y el primero en América. 

Para la ganadería, víctima desde siempre de estos delitos por parte de las guerrillas y los llamados paramilitares en su momento, la realidad es que la extorsión nunca se fue y hoy es practicada por los herederos de unos y otros, convertidos todos en narcotraficantes. La situación más crítica se da en el Caribe y el Magdalena Medio, paradójicamente las regiones priorizadas por el Gobierno para compra de tierras con destino a Reforma Agraria, pero también en Caquetá y en los Llanos, entre otras. 

Esa es la amenaza efectiva, pero me preocupa más la amenaza latente. Iniciando la década de los 90, ante la incapacidad del Estado para controlar la violencia guerrillera, Gaviria creó las Convivir, luego reglamentadas por Samper (1994), para prestar servicios privados de vigilancia armada en el sector rural, actos administrativos que tuvieron control de constitucionalidad, pero los Gobiernos también fueron incapaces de controlarlas. El resultado: las Autodefensas Unidas de Colombia y el escalamiento de la violencia. 

Para los ganaderos me preocupa que, vulnerables frente a la falta de protección del Estado y la amenaza contra sus bienes o la pérdida de su libertad y hasta de la vida, si no se someten a la extorsión por parte de grupos criminales que hoy ejercen control territorial, el miedo y la necesidad de protección vuelvan al sector rural o resucite la idea de unirse y armarse. 

FEDEGÁN se anticipa a esa amenaza latente con la vinculación del general (r) de la Policía Nacional, Fernando Murillo, exdirector del Gaula y la DIJIN, para diseñar mecanismos de alertas tempranas y de articulación con la Fuerza Pública, que permitan prevenir los delitos de secuestro, extorsión y abigeato, y así evitar una nueva vorágine de violencia rural en la que los ganaderos vuelvan a ser las primeras víctimas. 

El país no puede olvidar que la ganadería está en todo el territorio rural, en 1.105 de los 1.122 municipios, como expresión de soberanía efectiva y listos para colaborar con la Fuerza Pública. Por ello, que no nos dejen otra vez solos frente a la delincuencia es nuestro clamor al Gobierno y al país todo; que aprendamos de la historia… y no la repitamos. 

Bogotá D. C, 7 de enero de 2024

Presidente FEDEGAN

@jflafaurie

“Una vez más se pone de manifiesto el asfixiante y detestable centralismo en este país”.

Por Amylkar D. Acosta M.- El 5 de noviembre de 2022 la prensa internacional destacó el acontecimiento en primera plana con este titular: “la bandera cambió de manos y Barranquilla tomó el relevo como la próxima anfitriona”. Ellos y con ellos los colombianos todos recibimos exultantes desde Santiago de Chile la albricia de esta buena noticia para el país. Lo logramos se repetía el Alcalde del Distrito de Barranquilla Jaime Pumarejo, después de recibir el pabellón de los afamados Juegos panamericanos a realizarse en su XX versión en 2027 al alimón con la Ministra del Deporte Astrid Rodríguez, que convoca a 41 países de todo el continente americano. Daba cuenta, además, el despacho de prensa que la Soberana  del Carnaval Melissa Cure, encabezó la delegación de Colombia para este fausto acontecimiento, protagonizando “un espectáculo que hizo vibrar a todos los presentes con la magia  del Carnaval”. El Alcalde tomó en serio el compromiso y procedió a instalar inmediatamente el Comité organizador.

De pronto, sin vísperas, el Presidente de Panam Sports Neven Llic, que es la entidad que supervisa estos juegos envió una misiva, que se convirtió en piedra de escándalo, al Alcalde de Barranquilla y al Presidente del Comité Olímpico Colombiano (COC) Ciro Solano, en la cual les notifica, de forma tajante que “debido al incumplimiento de los requisitos establecidos” por la misma en una misiva anterior calendada en el mes de octubre pasado “se anula automáticamente la extensión de tiempo proporcionada para subsanar los incumplimientos del contrato de Ciudad Sede” y en consecuencia había tomado “la determinación indeclinable, de retirar el derecho de ser la ciudad sede de la cita continental en 2027”.

A qué se refiere el Presidente de Panam Sports?. Ni más ni menos que al cubrimiento de la obligación contraída contractualmente de consignarle a esta entidad US $4 millones de dólares, por concepto de “derecho de organización” de los Panamericanos, cifra esta que se debió desembolsar desde el 30 de julio del año pasado y que se había incumplido toda vez que sólo se había recibido el valor cancelado por el Distrito de Barranquilla, lo cual motivó que le sacaran a Colombia la primera tarjeta amarilla y consintieron en un acuerdo de pago que debía hacerse efectivo a más tardar el 31 de diciembre, que tampoco de cumplió, lo que llevó al Comité ejecutivo de Panam Sports a sacarle la tarjeta roja rescindiendo el contrato de marras!

La patidifusa Ministra de Deportes reaccionó declarándose sorprendida por semejante dislate endosándole su responsabilidad a Panam Sports, aduciendo un supuesto acuerdo “de entregar el pago de US $8 millones durante el mes de enero de 2024, en tanto que existía una dificultad de hacerlo en 2023 por un tema presupuestal”, alegando además su propia culpa de que “en el pago de diciembre tuvimos una dificultad en el PAC”. Debe ser la misma dificultad que le valió el jalón de orejas por parte del Presidente Petro en su reciente “cónclave” por la baja ejecución presupuestal de su cartera, que a duras penas llegó al 55.92% para el  mes de diciembre. Esto es inaudito!

La verdad sea dicha, yo tuve oportunidad de asistir en representación de la RAP del Caribe a la Audiencia pública de las comisiones económicas del Congreso de la República en Barranquilla, presidida por el Senador Efraín Cepeda, el 8 de septiembre del año anterior. A la misma acudió, atendiendo su citación la Ministra de Deportes, la cual ante el requerimiento de los parlamentarios para que se comprometiera a tramitar dichos pagos se mostró evasiva, escurridiza y dubitativa, para desconcierto del auditorio. Y ello a pesar de tener el respaldo en el Plan Nacional de desarrollo y contar con la partida presupuestal.

Por ello, no es de extrañar su procrastinación, la que terminó dejando a Barranquilla, al Caribe y a Colombia toda colgados de la brocha y al Alcalde de Barranquilla, que se ve ahora abocado a enfrentar un juicio de responsabilidad fiscal por detrimento patrimonial por parte de la Contraloría General de la República, por el monto de US $2.250.000 que “casó” como “plante”, como cuota inicial para asegurar la Sede de los juegos. Recurso este que, de acuerdo con una de las cláusulas del Contrato pasó a ser patrimonio de Panam Sports, excepto que se demuestre que la causa de la rescisión del mismo le sea imputable y este no es el caso.

Una vez más se pone de manifiesto el asfixiante y detestable centralismo en este país, en el cual, a despecho de la autonomía territorial consagrada en la Constitución Política, las decisiones sobre los proyectos de mayor envergadura y de mayor importancia para las regiones, como ha sucedido con el dragado y la recuperación de la navegabilidad del Río grande del Magdalena y ahora con los Juegos panamericanos, tienen que pasar inexorablemente por las horcas caudinas de la remolona burocracia capitalina, desde donde, con desdén por su suerte, al mejor estilo de los emperadores romanos cuyo dedo pulgar hacia abajo sentenciaba, con su sólo gesto, a muerte a los gladiadores, en nuestro caso así es como se define la viabilidad de los proyectos.

Bien dijo nuestro laureado con el premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez que “del interior del país, que se cocinaba a fuego lento en su propia sopa, llegaba apenas el óxido del poder: las leyes, los impuestos, las malas noticias”, como esta “incubadas a dos mil quinientos metros de altura y a ocho días de navegación por el río Magdalena en un buque de vapor alimentado con leña”. El pretérito de la frase de Gabo se sigue conjugando en Colombia en tiempo presente!

Medellín, enero 6 de 2024

*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energia.

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"El presidente Petro, debe abrir diálogo con los nuevos alcaldes, para establecer programas efectivos que recuperen el orden y permitan el restablecimiento en todo el país".

Por Gabriel Ortiz*. - Se necesitaban nuevos alcaldes para comprobar el grado de inseguridad en que se encuentra todo este país. Los que salieron, no se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo, o paliaron y disimularon la situación.

La generalidad de los que estrenan puesto, ponen grito en el cielo, ante la criminalidad encontrada. Inclusive, hasta quienes no comulgan con Petro, acuden a él y a sus altos funcionarios, solicitando rápida acción para pacificar la nación.

El país está en poder de guerrilleros, matones, extorsionistas y toda una parranda de delincuentes que se han apoderado de todo a su antojo.

Colombia se llenó de criminales que nos han invadido, aprovechando las medidas humanitarias del gobierno Duque, para aliviar la situación de los refugiados venezolanos, que huyen y siguen escapando de la dictadura de Maduro. Por nuestras carreteras, caminos, campos y ciudades deambulan para quedarse o seguir hacia Ecuador, Perú, Chile y otras naciones. Esa corriente introdujo a Colombia bandas criminales foráneas, que se unieron a la guerrilla y delincuencia colombiana.

No hay rincón que se libere de estos criminales. Las guerrillas reclutan niños y jóvenes que entrenan en polígonos en barriadas bogotanas. Elenos, mordiscos y demás delincuencias han conformado grupos urbanos y rurales que los surten de secuestrados, para financiarse criminalmente. Amenazan a los medios de comunicación. El Periódico de Valledupar, sufrió un atentado por informar sobre mafias del Cesar y el ELN.

El cambio de año, trajo una masacre en Nariño, un asalto a patrulla militar en Turbo, asesinato de un concejal en Tuluá, retención de otro en Arauca y asaltos, extorsiones, atracos y robos hasta de camionetas de la UNP.

En las zonas urbanas se han modificado las costumbres por la presencia de atracadores que se apoderan de bicicletas, carros, motos, celulares y demás pertenencias de la ciudadanía. Cuando el manto de la noche cubre las ciudades los habitantes huyen de las calles.

El general Gualdrón, nuevo comandante de Bogotá, anunció un inmediato plan de seguridad, que seguramente implica la eliminación de negocios de reducidores, que son patrones de los maleantes.

A buena hora algunos de los nuevos alcaldes, han cercado a los jíbaros prohibiendo el consumo de estupefacientes en los parques y sitios públicos. El microtráfico, es otro de los motores de la delincuencia en todo el país.

El presidente Petro, debe abrir diálogo con los nuevos alcaldes, para establecer programas efectivos que recuperen el orden y permitan el restablecimiento en todo el país.

El Jefe del Estado está en la obligación de llamar a mayores, coroneles y generales que sacó de las filas y aprovechar su experiencia, como lo hizo con el comandante de la policía, para ponerlos a restablecer la seguridad en todo el país. La paz total, no ha encontrado un derrotero certero contra una delincuencia que no cumple con ningún acuerdo.

BLANCO: El gran reconocimiento que el país, la justicia y la educación, le han dado al catedrático, magistrado y rector, Juan Carlos Henao. Paz en su tumba.

NEGRO: Empiezan a sentirse los estragos de la reforma a la salud: Sura suspendió los planes complementarios, que aliviaban la situación a la clase media.

Bogotá, D. C, 4 de enero de 2024

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper    

"El campo y la paz bien lo merecen como augurio de un mejor año nuevo".

Por José Félix Lafaurie Rivera*. -  De cara a un nuevo año es obligatorio referirme un poco a la ganadería y un poco al país; a la primera con la fuerza del propósito y al segundo con la incertidumbre del deseo. Con la ganadería me mueven el compromiso como presidente de FEDEGÁN y la certeza de que una ganadería moderna, rentable y sostenible es una gran contribución a la recuperación del campo y a la paz, aunque veo que los problemas del país necesitan mucho más que nuestra contribución.

Durante 2023, gracias al esfuerzo de FEDEGÁN y de los ganaderos para preservar el estatus de país libre de fiebre aftosa, se abrieron las puertas del mercado chino para la carne bovina. La meta para 2024 es abrir las del mercado de Estados Unidos y seguir llegando a otros destinos con carne y animales en pie, estos últimos a pesar de los ataques malintencionados a una actividad que cumple todos los protocolos sanitarios y de bienestar animal.

Durante 2023 avanzamos en la transformación hacia una ganadería sostenible a partir de Sistemas Silvopastoriles, orientando nuestros programas de Ciencia, Tecnología e Innovación a este objetivo, hasta lograr la creación del Sello Ambiental Colombiano ICONTEC para ganadería sostenible. En 2024 profundizaremos el cambio cultural, como hicimos durante años para lograr la robusta cultura sanitaria de nuestros ganaderos, y avanzaremos en el cambio tecnológico y el apoyo internacional y del Estado, pues se trata de una transformación sustancial que supera el esfuerzo ganadero.

Durante 2023 consolidamos nuestras comunicaciones, no solo para brindarle al Ganadero información y opciones de asistencia, como el Manual Práctico Ganadero y las Giras Técnicas Virtuales, sino para unirlos alrededor de temas como la invasión de tierras, a través de las BRIGADAS SOLIDARIAS GANADERAS, una instancia de apoyo cívico y pacífico entre ganaderos y a la Fuerza Pública, aunque atacada por la izquierda y desde algunas entidades del Estado. Para 2024 ampliaremos nuestra Comunidad Virtual, que vincula a más de 400.000 ganaderos en más de 5.000 grupos de WhatsApp, y relanzaremos nuestro periódico virtual “Contexto Ganadero”.

Frente al país, al margen de la imperiosa necesidad de que el Estado y la sociedad vuelvan los ojos al campo, como asunto de equidad y condición para la paz, no quiero jugar a la bola de cristal con una economía en dificultades, pero con causas y resultados confusos, por lo que me limito a unos temas específicos.

El primero tiene que ver con el Acuerdo con el Gobierno para la compra de tierras ganaderas con destino a la Reforma Rural Integral, que hemos honrado con más de 600.000 hectáreas ofrecidas a través de FEDEGÁN, y que seguiremos honrando, así no esté en nuestras manos la compra ni el compromiso de acompañamiento con proyectos productivos que mejoren las condiciones de vida de los beneficiarios.

Nos preocupa la inseguridad que azota nuevamente al campo; nos preocupan el regreso del secuestro y la extorsión que nunca se fue; y por supuesto, nos preocupa el futuro de las negociaciones con el ELN, en las cuales participo en mi condición de presidente de FEDEGAN, con aprobación del pleno de la Asamblea de los ganaderos colombianos reunida en el Congreso Nacional de 2022.

No ha sido fácil, ni lo será, sobre todo por la contradicción entre lo acordado en la Mesa y las declaraciones del jefe máximo del ELN, frente a un país que, por esa vía, no superará el escepticismo para acompañar un proceso que tanto apoyo necesita.

Aun así, aunque la meta es importante, lo más importante es no detenerse. El campo y la paz bien lo merecen como augurio de un mejor año nuevo.

Bogotá, D. E, 1 de enero de 2024

Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie

"Los gobiernos de los departamentos y municipios han sido reducidos a su condición de capitis diminutio institucional". 

Por Amylkar D. Acosta M*. - A través de su cuenta en X y mediante un lacónico mensaje el Presidente Gustavo Petro notificó la decisión de su Gobierno de dar por terminada unilateralmente “la delegatura que en materia de minas se había expedido para el Departamento de Antioquia” y advierte que recobra su “función constitucional y la ponemos al servicio del pequeño minero”. En estos términos, se envían dos mensajes en uno: el Gobierno central reasume las funciones y competencias que la Agencia Nacional Minera (ANM) había delegado mediante un convenio interadministrativo suscrito entre las dos partes, negando la prórroga solicitada por el Departamento, al tiempo que se advierte que en adelante dicha función constitucional se pondrá “al servicio del pequeño minero”, como si no lo hubiera estado mientras la misma la ejerció el Departamento. 

En auxilio del pronunciamiento del Presidente Petro, para justificar dicha medida, la ANM adujo en un comunicado de prensa que, según Informe de su Vicepresidencia de seguimiento y control Minera, se “ha evidenciado falencias en algunos de los aspectos asociados al cumplimiento de la función de fiscalización”, sin dar más detalles y sin dar lugar a la contrastación y corroboración del mismo. En consecuencia, es su decisión “reasumir a partir del 1 de enero de 2024 las funciones de autoridad minera delegadas desde el año 2001 a Antioquia”.

Es cierto, como lo acota la ANM en su comunicado que "de acuerdo con lo señalado en el artículo 12 de la ley 489 de 1998 y en la jurisprudencia constitucional (Sentencia C-372 de 2002), la autoridad delegante puede reasumir la competencia en cualquier tiempo y existe un amplio margen de discrecionalidad del delegante para decidir si delega o no el ejercicio de funciones propias de su empleo o cargo".

Luego, lo que está en discusión no es el “amplio margen de discrecionalidad del delegante para decidir si delega o no el ejercicio de funciones propias”, sino las razones de pertinencia, conveniencia y oportunidad. Huelga decir que eso es lo que ha venido haciendo la Nación, delegando funciones y competencias a las entidades territoriales, eso sí sin recursos, transgrediendo lo dispuesto en el artículo 356 de la Constitución Política que lo condiciona a la transferencia de los recursos necesarios y suficientes para asumirlas y lo que es más grave sin mediar siquiera su consentimiento. Y ello no obstante que, como lo dejó establecido la Corte Constitucional en la Sentencia arriba citada, se requiere que “sea aceptado el traslado de competencias por parte de la entidad territorial delegataria”.

La ANM se pretende escudar en la Sentencia de la Corte Constitucional C – 727 de 2000 que, en uno de sus apartes, dejó establecido que la delegación entre entidades públicas es constitucional siempre y cuando “no implique un reparto definitivo de competencias, sino un ejercicio de colaboración transitorio entre entidades”, lo cual la llevó a declarar inexequible la alusión a la permanencia de la delegación del artículo 320 de la Ley 685 de 2001 del Código de Minas vigente, dejando en firme la atinente a la delegación “temporal u ocasional” en el mismo.

Y este es el caso, precisamente por ello dicha delegación se ha venido dando de manera temporal y no permanente. La más reciente prórroga se dio hace dos años al firmarse un otrosí, con vencimiento el 31 de diciembre de este año. En una interpretación acomodaticia del fallo de la Corte Constitucional, la ANM colige que “en el caso de la delegación minera en la Gobernación de Antioquia, dicho mecanismo de colaboración ha sido objeto de sucesivas prórrogas en el tiempo, lo cual en la práctica comporta un ejercicio permanente de una función propia de la autoridad minera nacional y el vaciamiento de competencias legales”.

No hay nada nuevo bajo el sol. Esta es una manifestación más del aberrante centralismo que agobia a las regiones en Colombia, en donde los gobiernos de los departamentos y municipios han sido reducidos a su condición de capitis diminutio institucional. Durante los 32 años de vigencia de la Constitución Política de 1991, que consagró la autonomía territorial en su artículo 287, con medidas como estas el Gobierno central, a contrapelo de la misma, ha venido acentuado un proceso de recentralización, la cual se ha visto exacerbada por el presidencialismo. Y no es para menos, pues en Colombia el Presidente de la República es, además, Jefe de Estado, Jefe de gobierno y suprema autoridad de la Nación.

Nos ilusionamos creyendo que con la llegada al Gobierno de un Presidente de izquierda, con la bandera del cambio, esta tendencia cambiaría, pero qué va! De allí el rechazo que ha despertado esta atrabiliaria decisión que hiere la sensibilidad de un Departamento, como Antioquia, pionero de la actividad minera en Colombia, con una larga tradición, que representa el 1.86%  de su PIB y el 39.3% de sus exportaciones.

Huelga decir que las capacidades y competencias técnica, jurídica y operativa, con las que cuenta la Secretaría de Minas, creada mediante la Ordenanza 1177 de 1991, la envidiaría la propia ANM. Esta, al reasumir tales competencias, tendrá que agigantar su fronda burocrática, de un Estado macrocefálico y paquidérmico, como lo es la Nación, para poder reasumir las funciones delegadas. Y todos los procesos de titulación, inspección, vigilancia y formalización minera, en la cual Antioquia tiene el liderazgo en el país, pasarán desde los territorios hacia los escritorios en Bogotá. Ello es una afrenta para Antioquia y para los antioqueños!

 Medellín, 1 de diciembre de 2024

Economista. Expresidente del Congreso y exministro de minas y energía.

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Este no fue un año fácil ni para el país ni para el mundo, pero el propósito para el próximo debería ser lograr un acuerdo nacional, y silenciar los mensajes de odio y las narrativas extremistas.

Por Hubert Ariza*.- Termina 2023 en medio de un clima de crispación política interna, con un Gobierno en permanente crisis que anuncia nuevos cambios en su gabinete, reformas esenciales aplazadas, un Congreso que aprobó solo el 2% de las iniciativas presentadas y en deuda con la ciudadanía, una multiplicación de partidos y organizaciones políticas, unas negociaciones sin certezas con las estructuras armadas ilegales, una economía marcada por la incertidumbre, una sociedad polarizada que no encuentra el camino de la unidad y nuevas autoridades territoriales próximas a iniciar su mandato, algunas de ellas, desde ya, en franca oposición al Gobierno nacional.

No fue un año fácil en un mundo en ebullición sostenida que vio marchitarse la atención global en la guerra de Ucrania, que en un momento amenazó con convertirse en la semilla de la tercera guerra mundial, y luego presenció la confrontación de Israel contra Hamas, que ha significado el arrasamiento de la Franja de Gaza con un saldo a hoy, según CNN, de más de 20.000 civiles muertos y 55.000 heridos.

Las crueles imágenes de Gaza alimentan el pesimismo y la desesperanza, y recuerdan que vivimos tiempos de profundas amenazas a la paz mundial, en los que Naciones Unidas pareciera invisible, inservible, inane, ante la gravedad de los problemas globales, como las hambrunas, el cambio climático y las migraciones masivas obligadas por las conflagraciones militares, la desigualdad, la depredación ambiental, y el empoderamiento de discursos autoritarios y el populismo aislacionista.

La sombra del eventual regreso de Trump al poder en Estados Unidos es un canto celestial para una derecha que se deleita con el ascenso de Milei en Argentina y sus medidas autoritarias de desmonte del Estado, que conducirán a ese país a un estallido social y una profundización de su crisis social, política y económica. La foto de Milei abrazado a Trump y Netanyahu es esperada por muchos como símbolo de una nueva era de derechización global.

En Colombia las cosas tampoco fueron fáciles. El año termina con el crecimiento de la derecha, el debilitamiento de la izquierda, la consolidación del centro en Bogotá y Cali, esencialmente, y la más baja popularidad del presidente Petro, que hoy llega apenas al 26% y con tendencia a la baja. El desvanecimiento interno de la imagen positiva del presidente que más ha hecho por posicionar a Colombia en el escenario internacional está ligado a la decepción por su estilo de gobierno, el estancamiento de su ambiciosa agenda legislativa, la debilidad de sus coequiperos, la incertidumbre que generan sus reformas y las negociaciones llenas de sobresaltos con las organizaciones alzadas en armas, grupos paramilitares y bandas criminales.

2023 termina, además, con el resquebrajamiento de la promesa presidencial de convertir a Colombia en potencia mundial de la vida, por las dramáticas cifras de masacres y asesinatos de líderes sociales que no cesan en el territorio ante la crueldad de las organizaciones armadas ilegales, la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad de esta población inerme y sus organizaciones, y la descoordinación institucional en la respuesta a la problemática. Una situación que obligó a la Corte Constitucional a declarar, a comienzos de diciembre pasado, el Estado de cosas inconstitucional por la vulneración masiva de los derechos fundamentales de los líderes sociales, lo que obliga una respuesta estructural y coordinada del Estado, que aún no aparece.

Si 2022 fue el año de la apoteosis de Petro, 2023 fue el de su decrecimiento y 2024 será el del inicio de la carrera por su sucesión, que, en todo caso, no se vislumbra sea impuesta por el Pacto Histórico, ni por cualquier otra coalición de izquierda. El péndulo se mueve hacia la derecha, pero no es claro, tampoco, que la ultraderecha tenga con quién regresar al poder. No se ven candidatos fuertes a la vista de la cantera uribista. La captura del senador Ciro Ramírez, por corrupción, es un golpe muy duro a ese sector. El antipetro aún no aparece.

Con Uribe contra las cuerdas por sus líos legales y sin un líder capaz de ocupar su espacio, necesitarán conformar una coalición de derecha, que atrape en su red discursiva de seguridad y desmonte de la agenda petrista a más de doce millones de personas. Colombia no parece hoy tierra abonada para Bukeles ni Mileis, entre otras cosas porque el populismo de extrema derecha ya lo vivimos con Uribe y sus ocho años de gobierno de seguridad democrática y disminución del Estado; y el populismo de izquierda lo estamos viviendo con Petro.

Por lo anterior, 2026 aparece, esta vez, como una gran oportunidad para el centro político. Muchas de esas expectativas están en los logros de los entrantes alcaldes de Bogotá, Cali y las grandes capitales, donde la izquierda quedó aislada. La agenda política, en 2024, se centrará en la seguridad, el anhelo más grande de los ciudadanos asfixiados por la delincuencia desbordada, el manejo de la economía en tiempo de estancamiento mundial, la disminución de la pobreza y el hambre, el impulso de las grandes reformas -salud, educación, laboral, entre otras-, y los logros en las mesas de negociación y los ceses al fuego.

Un tema que buscará posicionarse desde varios sectores es la profundización de la descentralización, ante la asfixia que significa para las regiones el hipercentralismo, exacerbado en los últimos días por la decisión del Gobierno nacional de no prorrogarle a Antioquia la delegación minera, lo que es considerado por el saliente gobernador de ese departamento, Aníbal Gaviria, como “el florero de Llorente para profundizar el debate sobre descentralización, autonomía territorial y federalismo”. Poner al país a hablar de federalismo es un reto gigante. El mandatario entrante del Atlántico, Eduardo Verano, es un abanderado, precisamente, de ese objetivo modernizador del Estado, que ha encontrado nuevos aliados en su camino, como el presidente del Senado, Iván Name, y destacadas personalidades académicas, jurídicas y políticas.

La tarea más urgente, sin embargo, es la consolidación de las bases de un gran acuerdo nacional que permita sacar adelante las grandes reformas postergadas y consolidar la reconciliación. La polarización creciente es el gran obstáculo para lograrlo. Colombia es, para nuestra desgracia, una de las seis sociedades más polarizadas del mundo, según el índice que elabora anualmente el barómetro Edelman. La acompañan Argentina, Estados Unidos, Suráfrica, España y Suecia.

Por ello, el propósito nacional para 2024 debería ser silenciar los mensajes de odio y las narrativas extremistas. Es tiempo de pensar colectivamente en cómo fortalecer la democracia e impedir que el extremismo gane espacios para recortarla. La pregunta que surge es quién o qué institución es capaz de liderar la construcción de ese gran acuerdo nacional, porque los reiterados llamados que hace el Gobierno no encuentran eco. Y mientras tanto, el río del desencanto en la democracia sigue creciendo, abonando el terreno a la incertidumbre.

Bogotá, D. C, 29 de diciembre de 2023

*Periodista, internacionalista y analista político.

Tomado de El País.

La autoridad no se ejerce en Colombia, porque nadie la aplica.

Colombia perdió los aceleradores que nos impedían comportarnos como paquidermos en todas nuestras actuaciones y en la manera de vivir, que nos convierten en la potencia mundial del mañana… todo lo dejamos para mañana.

Para ejecutivo, legislativo y judicial, los términos no se cumplen, o se violan para acompasar la moneda común que se denomina corrupción.

La justicia se desprecia, porque quienes la ejercen, juegan con la figura del “vencimiento de términos” que deja todo para mañana por parte de quienes acusan, defienden o sentencian. Adicionalmente los procesos cuentan con centenares de instancias de revisión.

Como nadie cumple, el Banco de la República ganó el premio “tortuga”, que frenó la economía. El presidente Petro llega tarde, o mañana, a los actos e invitaciones, incluyendo la multitud de eventos internacionales. Preparó unos “retiros espirituales” para analizar la marcha de su administración y descubrió que sus ministros y altos funcionarios “dejaron todo para mañana” y sin ejecutar los presupuestos.

“Todo nos llega tarde, hasta la muerte”, se repiten quienes le siguen la pista a la Colombia, que esperaba una paz total que tampoco avanza, porque unas desvergonzadas guerrillas, nos llenan de promesas que debemos pagarles en efectivo por sus criminales vagancias, secuestros, extorsiones, rescates y amenazas en ciudades, campos y veredas. Para mañana también se ha dejado la implementación del Proceso de Paz del Nobel Santos.  

La autoridad no se ejerce en Colombia, porque nadie la aplica.

Del legislativo, ni hablar. Allí nada se deja para mañana, porque en los recintos no existe el tiempo. El tropel de partidos políticos sin filosofía, ideas, principios, obligaciones, estudios y análisis que han llenado Colombia, solo buscan burocracia.

La generalidad de los servidores públicos, han optado por seguir el ejemplo de quienes conforman los tres poderes y cuidadosamente siguen su lucrativo ejemplo. El mañana domina la voluntad de jefes y subalternos, que juegan con las funciones que se les han encomendado. A medias asisten a sus labores y rara vez cumplen con sus horarios. Ha llegado al colmo el desgano y la pereza que los impulsan, que cuando algunos de ellos ejercen la labor encomendada, recibe este enjuiciamiento por parte de sus compañeros: “no trabaje tanto que nos perjudica a todos”.

En esta potencia mundial del mañana, existen montones de organismos culpables del desgreño: la Procuraduría y la fiscalía, no pasan desapercibidas, ambas “mañaneras” y politizadas, repletas de funcionarios, que deben simplemente cumplir órdenes superiores. Prueba de ello lo ocurrido con el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, al que después de 3 años vinieron a sancionarlo por hechos de corrupción en su ciudad. Pero risible que, a una persona, a la que le restan 5 días en su cargo, lo destituyan por 40 días. Esa es la Procuraduría.

Así funciona la potencia mundial del mañana. Feliz año para todos.

BLANCO: Yanelda Jaimes, regresa a la mañana, de 4 a 6 por RCN. Gran periodista, excelente reportera, fue respaldada tras diferencias con Luis Carlos Vélez. Felicitaciones Yanelda.

NEGRO: ¿Por qué la cantante Marbel, la emprende contra la Niña Antonella Petro? El odio no puede llegar a esos niveles.

Bogotá, D. C, 28 de diciembre de 2023

Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.