Opinión

“Durante años FEDEGÁN ha planteado soluciones, una de ellas, que la ministra no mencionó, es un fondo tripartito (Gobierno–productores–industria) para crear una línea social de producto subsidiada por el Estado y no afectada por costos de publicidad y empaque.

Por José Felix Lafaurie Rivera*. - La Comisión V de la Cámara se ocupó finalmente de la crisis lechera, aunque le dio a la ministra Carvajalino solo 15 minutos para exponer la dura realidad de 350.000 colombianos, en su mayoría pequeños ganaderos.

La crisis se agravó por una difícil coyuntura climática, pero los problemas de la cadena son estructurales y de todos los eslabones, aunque el hilo se rompa por lo más delgado, pues en las grandes cuencas lecheras -Nariño, altiplano cundiboyacense y Antioquia-, la mayoría de la leche proviene de campesinos minifundistas en condición de pobreza.

La caída del consumo se explica en la tendencia creciente del precio al consumidor desde 2021, que le restó al consumo 18 litros por persona hasta mediados de 2024, mientras el precio al ganadero, que venía cayendo y debía repuntar en verano, no lo hizo y bajó un 16%. Aunque la ministra habló del bajo nivel de acopio de la industria, de solo el 47% del total de litros producidos, no aludió a un factor estructural de la crisis: la asimetría del mercado formal, en el que 10 empresas compran el 50% del acopio y 50 compran el 85%, con 350.000 ganaderos tratando de venderles.

Durante años FEDEGÁN ha planteado soluciones, una de ellas, que la ministra no mencionó, es un fondo tripartito (Gobierno–productores–industria) para crear una línea social de producto subsidiada por el Estado y no afectada por costos de publicidad y empaque.

Entre las acciones que mencionó está la destinación de 7.600 millones de pesos para fomentar exportaciones de leche en polvo y movilizar inventarios, 4.000 más para promover, a través de la Bolsa Mercantil, la compra de leche por la industria alimenticia y compras públicas, y 3.000 para acopiar volúmenes adicionales; un total de 14.600 millones aportados por el Fondo de Estabilización del sector.

El tiempo no le dio a la ministra para mayores precisiones, pero a mí sí me corresponde aclararle a la opinión pública que los recursos del Fondo de Estabilización son aportados por los ganaderos cuando venden un novillo gordo o un litro de leche.

Somos los ganaderos aportando a la solución de nuestros problemas, aunque sea un aporte “invisible”, como el que hacemos, desde hace 28 años, para preservar el estatus de país libre de fiebre aftosa, no solo por la salud de nuestros animales, sino para acceder a los mercados internacionales, a los que hoy, precisamente, tratamos de llevar más leche para que más leche sea comprada a nuestros campesinos.

Mencionó la ministra otras acciones con recursos de la Nación, y entonces me pregunto por la gran ausente en esa mesa de aportantes: la industria, a la que proveemos su insumo básico y es por ello nuestro aliado natural.

Bogotá, D. C, 30 de septiembre de 2024

*Presidente FEDEGÁN.

“La segura reactivación de las sanciones internacionales contra el régimen, frenará la incipiente recuperación que venía experimentando su economía, lo cual implicará la disminución de las exportaciones”.

Por Mauricio Cabrera Galvis*. - Dos meses después de la victoria de la oposición en las elecciones de Venezuela, disminuye cada vez más la ilusión de una transición democrática en ese país, y aumenta la posibilidad de que Maduro se quede, consumando el fraude electoral.

Maduro no ha podido demostrar que ganó las elecciones, ni va a mostrar la actas electorales como lo exigieron hasta los presidentes de México, Brasil y Colombia. Pero a pesar de estar deslegitimado ante la opinión internacional y las sanciones económicas, está utilizando todas las formas de lucha para aferrarse al poder, y lo puede lograr.

Ha tratado de dar apariencia de legalidad al fraude con las certificaciones sin pruebas del Consejo electoral y el Tribunal Supremo de Justicia. Ha enfrentado a la oposición con violencia y represión, que ha dejado muertos y miles de presos políticos. “Todos los que estuvieron directamente involucrados en la organización de las elecciones están ahora escondidos, en prisión o en el exilio”, declaró María Corina Machado en entrevista reciente.

Además todavía cuenta con tres factores importantes a su favor: uno, el respaldo de los militares que no quieren perder sus prebendas; dos el apoyo de países como Rusia, China e Irán, y tres, el respaldo de alrededor del 30% de la población junto con colectivos armados dispuestos a defenderlo.

Por todos estos factores la misma María Corina, que resiste con coraje desde la clandestinidad, reconoce que todavía Maduro no caerá: “El punto aquí es que Maduro esté dispuesto a sentarse a negociar y creo que eso se alcanzará cuando el costo de permanecer en el poder por la fuerza supere el costo de salir del poder y todavía no hemos llegado allí”.

Si Maduro se queda Colombia debe prepararse para enfrentar por lo menos tres consecuencias muy complicadas: La primera, una nueva crisis migratoria pues se espera que, ante la continuación de la dictadura, millones de venezolanos se sumen a los que ya han salido de su país, y Colombia es el primer destino para la gran mayoría.

La segunda es en el frente económico. La segura reactivación de las sanciones internacionales contra el régimen, frenará la incipiente recuperación que venía experimentando su economía, lo cual implicará la disminución de las exportaciones colombianas -sobre todo las no tradicionales, a este mercado. Además, se complicaría la importación de gas venezolano, que es la mejor alternativa para suplir la escasez que se prevé para los próximos años.

Finalmente, el colapso definitivo de las posibilidades de negociar la paz con el ELN. Con Maduro este grupo armado seguirá teniendo amparo y cobijo en la frontera del vecino país para desde allí continuar sus incursiones violentas y en su discurso guerrerista ya comienzan a presentarse como guardianes de la revolución bolivariana. No es coincidencia que la reactivación de sus atentados terroristas, así como la voladura de los oleoductos, se haya dado después de la autoproclamación de Maduro como presidente.

Bogotá, D. C. 1 de octubre de 2024

*Filósofo y Economista. Consultor.

“Los latinos no se han constituido aún en un bloque de votantes debido a su inmadurez política e inexperiencia en la política norteamericana”.

Por Héctor Geager*. -Desde el punto de vista que tendría en su contra el ser mujer, y los votantes que en su mayoría son protestantes, no están listos para elegir a una mujer como presidente; ya fuese Kamala Harris o la misma Michelle Obama. (Sería interesante si conocieran como los protestantes ven el rol de la mujer). Además de ser mujer, Kamala es parte de una minoría racial, lo cual tampoco le sienta bien a los blancos estadounidenses.

Esta es una realidad que muchos no aceptan. Trump ha logrado unir a los blancos en un bloque importante de votantes, casi nadie menciona este hecho. Este bloque se le opondría a Kamala, como también muchos votantes negros de las iglesias protestantes.

Las encuestas dan un 43% a Trump y un 42 % a Kamala, con un 1% de diferencia.

Escriban esto que les voy a decir, “Trump le ganará las elecciones a Kamala por más del 1%”. A Michelle Obama le hubiese ganado las elecciones presidenciales también por un porcentaje sobre el 5%.

En lo referente a los votantes latinos; ellos están divididos. Muchos favorecen al partido demócrata, pero una mayoría substancial votaría por Trump. Los latinos no se han constituido aún en un bloque de votantes debido a su inmadurez política e inexperiencia en la política norteamericana. Los mexicanos-americanos y cubanos-americanos son los votantes más experimentados en el sistema, seguido de cerca por los puertorriqueños y los dominicanos.

Este es solo un breve análisis de la situación eleccionaria en los Estados Unidos.

New York, 7 de septiembre 2024

*Catedrático, analista político, conferencista.

“De comprobarse la existencia del software espía en el país, sería un arma política y militar letal, de destrucción de la oposición, de desmoronamiento de la sociedad civil”.

Por Hubert Ariza*. -En Colombia, Pegasus no es un mito griego, ni Petro un escuálido mandatario dispuesto a dejarse tumbar por la derecha, como él lo ha denunciado. Cuando la tormenta política arrecia por el paro del empresariado camionero, que mantuvo paralizado a más de medio país esta semana, el jefe de Estado contraataca a la oposición, en una alocución nacional, con un arma de alto poder: la denuncia pública de la supuesta compra, en 2021, por parte de la Policía Nacional, por 11 millones de dólares que nadie sabe de dónde salieron, de Pegasus, un software espía israelí que, como Dios, dicen que existe pero nadie ha visto, ni sabe quién lo opera, ni desde dónde está chuzando a grupos de interés. Tampoco quién se beneficiaría de la información obtenida, ni cuáles son los blancos de interés de quienes manejarían esa poderosa arma de inteligencia.

Petro, experto en el arte de la guerra, se ha sacudido de la ofensiva en su contra de los últimos días, que ha tenido varios componentes, algunos originados en su propio delirio ideológico, como calificar como tres veces más dictador a su antecesor, Iván Duque, en comparación con el dictador venezolano Nicolás Maduro, o llamar “muñecas de la mafia” a las periodistas, que reaccionaron airadas en defensa de su dignidad, profesionalismo e incluso su vida.

Petro buscaba cambiar la agenda política, como lo ha hecho otras veces, poniendo al país a hablar de otro tema, mientras las carreteras nacionales permanecían bloqueadas, al igual que las entradas de las grandes ciudades. Pegasus no es un elefante alado, pero es un tema muy notorio para pasarlo inadvertido y descartarlo como una locura presidencial por exceso de café. Ignorarlo sería una enorme irresponsabilidad.

La alocución presidencial del pasado miércoles 4 de septiembre no es la noche septembrina de la derecha, pero sí será recordada como un fenómeno de la era petrista en la que un presidente utilizó su poder comunicacional para denunciar un asunto que, más allá de la coyuntura, sí debe investigarse hasta las últimas consecuencias en busca de la verdad. No puede quedar en el ambiente una acusación tan grave contra la seguridad nacional, que, de ser cierta, tiene inmerso un complejo entramado de corrupción, en el que estarían involucradas altas dignidades del Estado y del Gobierno anterior, comenzado por el expresidente Duque.

Petro ha sacado de las sombras ese software espía que, como un caballo de Troya, posiblemente entró a Colombia por los laberintos oscuros de la ilegalidad desde hace tres años y puede que esté carcomiendo la confianza en la democracia, la justicia y la seguridad. Hay que recordar que desde hace varios años, antes de que se hablará de ese caballo alado, el país ya padecía el fenómeno de las chuzadas.

Durante los ocho años de mandato de Álvaro Uribe, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia fue blanco de ataques a su seguridad, según se denunció, por orden de altos funcionarios de esa administración. El DAS, en ese período, se convirtió, asimismo, en una cloaca bajo el dominio paramilitar, que persiguió incluso en el exterior a lideres de oposición y defensores de derechos humanos. Todos esos delitos están debidamente documentados y forman parte de la historia de violencia estatal en Colombia.

Es cierto que las órdenes de asesinato de varios líderes sociales pasaron por los escritorios del DAS, en cuyo interior se conformó un grupo criminal llamado el G-3, asesorado por José Miguel Narváez, exsubdirector de esa desaparecida policía política, condenado por la justicia por determinar el crimen del humorista Jaime Garzón, que se cumplió por mandato del desaparecido jefe paramilitar Carlos Castaño. Jorge Noguera Cotes, exdirector del DAS, pagó, además, una condena, precisamente, por estar al servicio de las autodefensas.

Colombia es tierra de realismo mágico y de realismo terrorífico. Los más de nueve millones de víctimas de la violencia, como desplazados forzados, desaparecidos, exiliados, las miles de fosas comunes, los hornos crematorios descubiertos y los métodos sádicos de asesinato de líderes de la oposición, no son mitos ni leyendas, sino la cruda realidad de un país que a pesar de intentar la paz por todos los caminos, durante los últimos 40 años, no ha logrado detener la máquina de la guerra. Y muchas de esas víctimas son el resultado de una errada política de Estado de alianza criminal de la fuerza pública con los grupos armados ilegales de extrema derecha, como lo ha demostrado la Justicia Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad.

De comprobarse la existencia de Pegasus en Colombia, entonces, no sería una tecnología pacífica en gentes sanas al servicio de la democracia. Sino un arma política y militar letal, de destrucción de la oposición, de desmoronamiento de la sociedad civil, siempre señalada por la extrema derecha o agentes descompuestos del Estado, en un país en permanente guerra, como aliada o al servicio de la guerrilla. Ese software, en manos de quienes se niegan a aceptar el surgimiento de nuevas fuerzas democráticas capaces de llegar al poder para intentar hacer las cosas de otra manera, sencillamente sería una amenaza a la democracia, al derecho al disenso, a la intimidad de las personas, a la renovación de los liderazgos.

El presidente Petro ha hecho una serie de preguntas que deben ser resueltas por la fiscal de manera rápida, con absoluta transparencia, para esclarecer los hechos y darle un parte de tranquilidad a los colombianos. Nadie puede sentirse seguro en Colombia mientras gravite la acusación del propio presidente de la República de que un grupo de particulares o funcionarios públicos no identificados administran un software supuestamente comprado con dineros del Estado, que no están registrados en las cuentas de la nación, que usan la información recopilada con fines desconocidos.

Vistas así las cosas, Pegasus es, sin duda, un arma letal contra la democracia, sin control del Estado. Ni el propio presidente sabe a quiénes se vigilaría con ese software, quién procesaría la información, a quién se le enviaría, quién beneficiaría. No es realismo mágico, sería guerra híbrida al máximo nivel contra la sociedad civil y la democracia, pagada con dineros de los contribuyentes y para beneficio de una cofradía invisible que tiene objetivos desconocidos para la opinión pública.

La información compartida por las agencias internacionales de inteligencia financiera ha encendido las alarmas con movimientos no claros de millones de dólares en compra de tecnología maliciosa. Es información muy sensible que Petro ha utilizado en defensa de su Gobierno y para contraatacar a la derecha. La Cancillería, seguramente, tendrá que dar explicaciones a los aliados sobre el manejo público de esa información reservada. Pero el daño de Pegasus en Colombia podría ser de tal dimensión que el primer mandatario ha preferido saltarse los protocolos y atacar a quienes supuestamente están montados en Pegasus, espiando la vida de los colombianos y tomando decisiones con información ilegal para dañar reputaciones y cambiar el rumbo de la opinión.

La denuncia significa un enorme reto para la inteligencia colombiana, la Policía Nacional, el sistema judicial, y los medios de comunicación, que deben contribuir a esclarecer esta denuncia, que en un país desarrollado significaría una hecatombe política, pero en Colombia se busca meter en la licuadora de la polarización para minimizar los hechos.

¿En cuánto tiempo sabremos sobre la real existencia de Pegasus y sus alcances? Ojalá sea pronto. Ese caballo alado, de actuar en el país, podría estar en manos de algún Dios de la guerra anónimo, que, como Marte, quiera que Colombia arda en llamas y la derecha liquide el nuevo olimpo radical que lidera Petro.

Bogotá, D. C, 8 de septiembre 2024

*Periodista, internacionalista y analista político.

Tomado de El País

“Aunque no está en riesgo el reconocimiento del subsidio que reciben los usuarios de los estratos 1, 2 y 3, sí está en riesgo la solvencia de las empresas, enfrentadas en este momento a un stress financiero”

Por Amylkar D. Acosta M*. -A los líos de las altas tarifas de la energía eléctrica y el alza inmoderada de las mismas y la incapacidad del gobierno para dar respuesta al clamor de los usuarios para contenerla, al stress al que está sometido el Sistema eléctrico del país debido al atraso y al abandono de importantes proyectos tanto de generación  como de transmisión, se viene a añadir ahora el amago de un eventual racionamiento y/o limitación de suministro por un inminente apagón financiero de las empresas prestadoras del servicio de energía.

Ya había alertado el año pasado la empresa XM, que es la encargada de operar el Sistema interconectado nacional y de administrar el mercado mayorista, del riesgo de un efecto dominó debido a la insolvencia a la que estaban abocadas dichas empresas debido al efecto combinado de la deuda contraída por sus usuarios por cuenta de la opción tarifaria, que ya bordeaba los $5 billones y los atrasos del Gobierno nacional en girarle el valor de los subsidios a los usuarios de loa estratos 1, 2 y 3.

Si bien la deuda por concepto de la opción tarifaria está en vía de solución, por lo menos parte de ella, la que corresponde a los estratos 1, 2 y 3, cuyo monto está alrededor de $2.8 billones, al tomar la decisión el Presidente Gustavo Petro de asumirla la Nación, la cual está dependiendo ahora de su aprobación por parte del Congreso de la República. Mientras tanto y con el fin de trasladarle de manera inmediata ese beneficio a los usuarios la CREG expidió para comentarios la Resolución 701 063 del 29 de agosto, al tiempo que, en el entre tanto, amplió el cupo para un crédito – puente en FINDETER a las empresas con el fin de que estas no se ven abocadas a dificultades de flujo de caja.

Pero ahora, una vez más, las empresas prestadoras del servicio de energía y el gremio que las representa, ASOCODIS, han puesto el grito en el cielo por el flagrante incumplimiento con el reintegro del valor de los subsidios que las empresas vienen aplicando a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3. Ello está poniendo en riesgo la estabilidad financiera de las mismas.

Históricamente siempre se ha presentado un rezago en los giros por parte del Ministerio de Hacienda. En promedio el monto de los subsidios anualmente es del orden de los $6.8 billones, de los cuales asume la Nación y $2.8 billones corresponden a la contribución del 20% que se aplica a la factura de los estratos 5 y 6. Es decir, se trata de una suma de $600.000 mensuales de los cuales debe girar la Nación $340.000 (¡!) 

Aunque no está en riesgo el reconocimiento del subsidio que reciben los usuarios de los estratos 1, 2 y 3, sí está en riesgo la solvencia de las empresas, enfrentadas en este momento a un stress financiero, ya que al corte de agosto están pendientes del pago por parte del Gobierno Nacional de $1.3 billones por subsidios ya otorgados por ellas. Según el Presidente de la Asociación Colombiana de distribuidores de Energía eléctrica (ASOCODIS) José Camilo Manzur, “adicionalmente el presupuesto del 2024 y del 2025 estaría deficitarios en subsidios por $2 billones”.

ASOCODIS dejó claro que “las empresas comercializadoras no pueden seguir financiando esos saldos pendientes que tienen con ellas, incluyendo los subsidios. De hacerlo no tendrán cómo financiar las labores y trabajos necesarios para seguir prestando un buen servicio a los colombianos e incluso no tendrán cómo pagar sus obligaciones con la compra de energía”, lo que podría llevar a un riesgo sistémico.

Ello podría repercutir próximamente en una limitación de suministro por parte de las empresas generadoras. Aunque está vigente la Resolución 40359 del 30 de agosto, que expidió el Ministerio de Minas y Energía, que tiene por objeto prorrogar la duración de la aplicación de la Resolución 40307 de 2024, que tiene efectos suspensivos del procedimiento de limitación de suministro, sólo rige hasta el 30 de este mes o hasta “cuando la CREG expida la regulación que permita prevenir los efectos” de su aplicación. Según ASOCODIS, en las empresas más pequeñas, los flujos positivos que tienen a nivel anual a veces son menores que las cifras del déficit de subsidio.  Tienen que hacer un esfuerzo enorme e, incluso, muchas de esas empresas son estatales”.

Tal situación llevó al Contralor General Carlos Hernán Rodríguez a encender las alarmas ante el riesgo que representa para la continuidad de la prestación del servicio de energía, el “retraso en el pago de subsidios a las empresas prestadoras del servicio público de energía por parte del Ministerio de Minas y Energía, previa asignación presupuestal del Ministerio de Hacienda”. Y advierte, además, que “esta situación puede derivar en el inminente riesgo de racionamiento y hasta la cesación en la prestación del servicio de energía a más de 10 millones de personas en la Costa Caribe, en Nariño, Chocó y Puerto Carreño (Vichada)”. Tanto más en cuanto que “la sostenibilidad del servicio depende de la solución a estos aspectos críticos. Así mismo, se advirtió que la falta de disponibilidad y pago de subsidios por parte de los Fondos puede poner gravemente en riesgo la prestación del servicio de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira”.

Y fue más lejos el Contralor cuando aseveró en su comunicado, que “contribuye a ese estado de cosas la falta de decisión del Gobierno nacional sobre el reembolso a los prestadores del servicio de los recursos no recaudados por concepto de la opción tarifaria, que congeló las tarifas durante la pandemia para aliviar el gasto de los hogares colombianos. Otro factor lo constituye el incumplimiento de obligaciones de los operadores de red con el mercado mayorista de energía”. El riesgo, entonces, es inminente, ello es lo que se colige del pronunciamiento del Contralor General.

Bogotá, septiembre 5 de 2024

Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.

www.amylkaracosta.net

El BR ha sido lento en disminuir su tasa, máxime con los datos de inflación del mes de Agosto, pues la inflación ha bajado de 13.34% a 6.12%, y la tasa del BR solo ha bajado de 13.25% a 10.75%. ¿Qué espera para hacerlo?!

Por Mauricio Cabrera Galvis*. -Son varias las razones para la falta de demanda de crédito, pero sin lugar a dudas una de las principales es la política del BR de mantener alta su tasa de interés, con el propósito expreso de desestimular el crecimiento del crédito.

Aunque el dicho popular dice que para bailar se necesitan dos, algunas veces son necesarios tres para bailar bien. Ese es el caso del Pacto por Crédito que hicieron el gobierno y los banqueros con el objetivo de aumentar los recursos de crédito para sectores estratégicos de la economía. No va a funcionar porque falta un tercero, el Banco de la República (BR).

El Pacto fue el resultado de una negociación afortunada para reemplazar la inútil idea del gobierno de las inversiones forzosas con el compromiso de los bancos de aumentar la oferta de crédito, inyectando $55 billones para esos sectores estratégicos. Difícil que se haga realidad si no hay demanda efectiva de crédito.

La idea del Pacto, lo mismo que la de las inversiones forzosas, parten de una realidad cierta y un diagnóstico equivocado: El hecho real es que el crédito está estancado.

Hasta julio la cartera bruta de crédito del sistema financiero había crecido solo $9 billones, lo que equivale a un 1.4% en términos nominales, es decir que descontando la inflación se había reducido un 5%. Ninguna economía puede crecer sin nuevos créditos. Tiene razón el gobierno en buscar aumentarlo.

El error de diagnóstico es atribuir la parálisis del crédito a un problema de oferta, es decir a la falta de recursos para prestar, cuando lo cierto es que el problema es falta de demanda efectiva. Los bancos tienen abundante disponibilidad de plata para prestar pero no tienen suficientes solicitudes de crédito. No tiene razón el gobierno en pensar que aumentando los recursos va a aumentar el crédito.

En el último año los depósitos del público en la entidades financieras crecieron $42 billones, es decir que la banca se “encartó” con $33 billones que tuvo que buscar donde invertir.

Son varias las razones para la falta de demanda de crédito, pero sin lugar a dudas una de las principales es la política del BR de mantener alta su tasa de interés, con el propósito expreso de desestimular el crecimiento del crédito. Con el nivel actual de las tasas de interés menos familias solicitan crédito para comprar vivienda o vehículos, y menos empresarios quieren endeudarse para nuevos proyectos productivos.

Aquí es donde se necesita el tercero en el baile porque si el BR no participa en el Pacto bajando sus tasas, la pareja gobierno-banqueros no va a poder bailar.

El BR ha sido lento en disminuir su tasa, máxime con los datos de inflación del mes de Agosto, pues la inflación ha bajado de 13.34% a 6.12%, y la tasa del BR solo ha bajado de 13.25% a 10.75%. ¿Qué espera para hacerlo?!

ADENDA: Asombroso el doble discurso de quienes exigen reducir el déficit fiscal pero apoyan la exigencia de los empresarios del transporte de que el gobierno no suba el precio del diesel. No es sorprendente porque son los mismos que lo tuvieron congelado y crearon el problema.

Bogotá, D. C, 8 de septiembre 2024

*Folósofo y Economista. Consultor.

“Lo dicho: desde varios frentes, la propiedad privada de la tierra está amenazada”. 

Por José Félix Lafaurie Rivera*. - Crecen los cultivos de coca y, con ellos, la violencia rural: los ataques a la fuerza pública, el estallido de los oleoductos, la extorsión, el secuestro, el reclutamiento de menores y el sufrimiento de comunidades en medio de la lucha encarnizada de los grupos narcoterroristas por el control territorial.

Aun así, el campo sigue alimentando al país a pesar de ser el gran escenario de la violencia y de que, en lugar de vías decentes, escuelas, hospitales y apoyo a la producción para que no le toque, como a los ganaderos, llorar sobre la leche derramada, lo que recibe son discursos de odio y propuestas que, a cambio de resolver los problemas, serán semillero de nuevas discordias.

En efecto, como si fueran pocos los problemas del campo, el gobierno decide crear más y sembrar incertidumbre y conflictividad con el proyecto de ley de la llamada Jurisdicción Agraria, concebido como una amenaza a la propiedad privada de la tierra y a la seguridad jurídica de la economía rural.

No es una amenaza nueva. Hace un año, en la ley del Plan, el Gobierno metió un mico dizque para “facilitar y dinamizar los procesos de compra de tierras por oferta voluntaria”, que era realmente una presión extorsiva para obligar al propietario a vender bajo la amenaza de extinción de dominio por incumplimiento de la función ecológica, eliminando garantías procesales, endureciendo los términos y entregándole la competencia decisoria a la Agencia Nacional de Tierras sin la intervención de un juez.

La Corte Constitucional declaró inexequible ese intento, pero el Gobierno lo resucita en la jurisdicción agraria, estableciendo que los procesos de que trata la Ley 160/94, entre ellos la expropiación administrativa con indemnización y la extinción de dominio sin ella, serán resueltos por la ANT mediante acto administrativo y con el único recurso de la acción de nulidad, con lo cual el proyecto deroga de un tajo el Capítulo 3 del Decreto Ley 902/17, sobre la Fase Judicial del Proceso Único que protegía al propietario frente a una decisión sumaria y administrativa.

Adicionalmente, la Jurisdicción Agraria, que es un compromiso del Acuerdo con las Farc para proteger al campesino en los conflictos de tierras, literalmente “se brincó la cerca” y pretende darles a los jueces agrarios competencia sobre “las actividades de producción agropecuaria, forestal, pesquera y de las conexas de transformación y enajenación de productos agrarios”, lo que arrebata competencias a otros jueces y vuelca sobre unos omnipotentes jueces agrarios toda la actividad económica agropecuaria del país.

Pero quizás sean más peligrosas las amenazas ocultas en los principios y los enfoques del proyecto en los artículos 5 y 6, vagos e ideologizados, induciendo a los jueces a la aplicación de criterios subjetivos, como “el buen vivir”, por encima del rigor jurídico; a la primacía de la justicia material sobre la justicia formal y al excesivo garantismo en beneficio de los sujetos protegidos, que tiene su máxima expresión en la presunción de veracidad de sus afirmaciones, lo cual viola el principio de igualdad ante la ley y el derecho a la defensa de quien no goza de la misma presunción.

Hay todavía más amenazas: la reciente ratificación del Acuerdo de Escazú, que permitirá, entre otras cosas, imponer medidas cautelares sobre la tierra en procesos ambientales; y apenas la semana pasada (Decreto 1092/24), el reconocimiento de los pueblos del CRIC como Autoridad Territorial Económica y Ambiental, no solo en sus tierras, sino en las que pretenden como suyas, es decir, todo o gran parte de los departamentos de Cauca y el Valle.

Lo dicho: desde varios frentes, la propiedad privada de la tierra está amenazada.

Bogotá, D. C, 7 de septiembre de 2024

*Presidente FEDEGAN

@jflafaurie

“La Constitución vigente consagra de manera afortunada y completa los principios que protegen por igual las libertades de expresión e información y los deberes que implican”.

Por José G. Hernández*. - No vemos la necesidad de modificar la Constitución de 1991 para evitar que la libertad de expresión y el derecho a la información impliquen o permitan violación de la privacidad e intimidad de las personas. Adelantar una reforma en tal sentido implica partir del supuesto de que la actual normatividad no contempla esas garantías, lo que es totalmente equivocado. Basta leer el artículo 15 de la Carta Política, en concordancia con el 20 y el 95, y consultar la jurisprudencia de la Corte Constitucional, para concluir que tal reforma no es indispensable.

Dice el artículo 15 que todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y que el Estado “debe respetarlos y hacerlos respetar”. Dispone que, de igual modo, las personas “tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas”. Agrega que, en la recolección, tratamiento y circulación de datos, se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución. Por supuesto, aunque no se mencionan las actuales redes sociales, se entiende que, con independencia del medio utilizado, nadie puede alegar la libertad de expresión ni el derecho a la información para vulnerar los derechos a la intimidad, la honra, el honor, el prestigio y el buen nombre de otras personas. En cuanto al derecho a la información, aunque está prohibida la censura, debe ser ejercido de manera veraz e imparcial (Art. 20).

Reiteremos que el Constituyente, en el artículo 95, estableció que todo derecho tiene cargas y deberes correlativos. Por eso establece que el ejercicio de ellos y de las libertades reconocidas implica responsabilidades, que toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes y que son deberes de la persona y del ciudadano, ante todo, “respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios”.

Lo que deben hacer las autoridades, en especial las judiciales y el Ministerio Público, es cumplir de manera plena y oportuna -no selectivamente- esas disposiciones cuando los indicados derechos fundamentales sean violados. Y de manera general, se debe desarrollar el artículo 41 de la Constitución -hasta ahora no aplicado- para la educación de los colombianos en materia constitucional. Esa norma dispone: “En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el estudio de la Constitución y la instrucción cívica. Así mismo se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. El Estado divulgará la Constitución”.

Hay que reconocerlo: la ignorancia sobre los derechos y los deberes constitucionales, y sobre las responsabilidades en la materia, es ostensible, como puede verse en las redes sociales, que son usadas a diario por muchos ciudadanos, medios de comunicación y hasta congresistas y funcionarios -y de manera impune-, para ofender, calumniar, vulnerar la intimidad, el honor, la honra y el buen nombre de las personas, sobre la errónea convicción según la cual la libertad de expresión es absoluta.

La Constitución vigente consagra de manera afortunada y completa los principios que protegen por igual las libertades de expresión e información y los deberes que implican.

Bogotá, D. C, 4 de septiembre 2024

*Expresidente de la Corte Constitucional

“La valorización resulta un mecanismo válido para complementar la financiación de obras públicas, pero nunca para sustituir lo que se puede alcanzar con las APP”.

Por Juan Camilo Restrepo*. - Es interesante analizar lo que, a través los cambios frecuentes de anuncios por parte del gobierno, viene ocurriendo con los peajes y la valorización. Todos los días hay un bandazo y todos los días la confusión es mayor.

Comencemos por los peajes. Desde hace año y medio el gobierno viene dando tumbos con las políticas atinentes a peajes. Éstos, junto con las vigencias futuras, han resultado el camino apropiado para canalizar hacia la modernización de la infraestructura nacional cerca de $100 billones de capital privado que el presupuesto nacional habría sido incapaz de proveer; para construir miles de kilómetros de vías 4G; para modernizar nuestra atrasada infraestructura; y lo que es más importante: para vincular capital privado a la gran empresa de la inversión en infraestructura.

Desde el año pasado le dio al gobierno -de manera precipitada- por congelar los ajustes de los peajes convenidos contractualmente en los contratos de concesión. Esta determinación acarrea la obligación fiscal para el estado de compensar a los concesionarios que, de esta manera, se ven afectados al interrumpírseles un mecanismo legítimo pactado en los correspondientes contratos APP para remunerar su inversión.

El gobierno explicó esta abrupta política con el argumento que así se combatía la inflación. En realidad, no le ha hecho ni cosquillas a la evolución del índice de precios. Pero sí ha generado cuantiosos pasivos a cargo de la nación y profunda incertidumbre entre los inversionistas.

Los pasivos a cargo de la nación se han venido pagando por el presupuesto a trompicones, con retrasos, y con grave demerito para la confianza inversionista. Esta ha sido acaso la principal razón de la desconfianza hoy reinante entre inversionistas nacionales y extranjeros para comprometer capitales frescos hacia nuevas obras de infraestructura.

El último bandazo lo anunció el ministro de Hacienda la semana anterior. El ajuste debido a los concesionarios del 4,64% correspondiente al 2024 quedó remitido a las calendas inciertas del año entrante cuando, si se continúa con la política de mantener congelados los precios de los peajes, se acumulará el retraso correspondiente al 2024 con el que seguramente se registrará en 2025.

Según cálculos de la Cámara Colombiana de la Infraestructura el valor de los retrasos que se adeudan a los concesionarios asciende a la fecha a cerca de un billón de pesos. Suma que seguirá incrementándose en la medida que se prolongue la congelación de los peajes y el retraso en los pagos compensatorios a los concesionarios.

Si a esto le sumamos las voces agresivas del gobierno contra las vigencias futuras que se han abierto junto con las demoras en los pagos compensatorios a los concesionarios por las congelaciones tarifarias, se entiende muy bien la desconfianza que tan erráticas posturas gubernamentales han generado entre quienes de otra manera estarían dispuestos a invertir su capital en la modernización de la infraestructura nacional. Toda vez que el presupuesto nacional es incapaz absolutamente para financiar directamente las inmensas necesidades que demanda la modernización de la infraestructura nacional.

A lo cual ha salido el gobierno Petro con el siguiente argumento: no hay problema, lo que no logremos con peajes y vigencias futuras lo alcanzaremos con la aplicación del mecanismo de las valorizaciones para financiar y recuperar el costo de las obras públicas.

La aplicación del mecanismo de la valorización es desde luego válido. Está previsto en la ley y es un legítimo instrumento para fortalecer la financiación de las obras públicas que generen beneficios a las zonas de influencia.

¿Es realista pensar que se pueden sustituir los peajes y las vigencias futuras con valorizaciones?  ¿Cuánto tiempo va a tomar implantar un complejísimo sistema como son las valorizaciones en todo el territorio nacional donde se hace necesario construir vías de nueva generación? ¿Se ha calibrado la magnitud de las dificultades políticas que un esquema de valorización a acarrear si se piensa aplicar a lo largo y ancho de todas las vías nacionales?

El espectáculo que hemos presenciado en las últimas semanas cuando los intentos para cobrar valorizaciones en un limitado trayecto como es el de Barranquilla a Cartagena se ha enfrentado a gigantescas dificultades de carácter político, jurídico y administrativo permite preguntar: ¿Qué va a suceder cuando se intente aplicar en toda la geografía nacional?

La lección que van dejando los bandazos en materia de peajes (además de su costo fiscal inmenso) es que la valorización resulta un mecanismo válido para complementar la financiación de obras públicas, pero nunca para sustituir lo que se puede alcanzar con las APP.

Bogotá, D. E, 1 de septiembre 2024

Abogado y Economista. Exministro de Estado.

“Inexplicable e insólito que teniendo en sus manos a la CREG con su poder regulatorio, hayamos tenido que esperar dos años para que ella actúe, debido a su inoperancia e interinidad, a la falta de quorum, por el empecinamiento del Gobierno de no nombrar en propiedad a los 6 expertos comisionados de la CREG”.

Por Amylkar D. Acosta M*. - Despertó gran expectativa el anuncio por parte del Presidente de la República Gustavo Petro, desde San Basilio del Palenque, el pasado 23 de los corrientes, de una alocución por los canales de televisión, grabada en un barrio estrato 2 de la ciudad de Cartagena, en la cual, según explicó, se referiría a “lo que va a suceder con las tarifas de energía eléctrica”.

Pero, cuál sería nuestra sorpresa cuando pudimos constatar que en su intervención no fue más allá de lo que ha venido manifestando, atribuyéndole las altas tarifas y las desproporcionadas alzas de las mismas al hecho de que “unas pocas empresas en manos de unos pocos pueden fijar precios que benefician sus propios intereses y no los de la gente”. Sin mencionar la fuente, arremetió contra las empresas generadoras y afirmó que a los generadores de energía les cuesta el kilovatio $1.000 y lo “puede vender, digamos a $5.000, entonces se gana $4.000”. Con razón en días pasados, espetó en una declaración a los medios que “Pablo Escobar palidecería de la rentabilidad de ese negocio”. Nos quedamos sin saber “lo que va a suceder con las tarifas de energía eléctrica”.

Pero lo que causó más asombro entre los entendidos fue su afirmación, en medio de su confusión entre los costos, los precios y las tarifas de la energía, en el sentido que “Colombia es el único país de Latinoamérica en donde el Estado no regula el costo de la energía”. Lo cierto es que el artículo 365 de la Constitución Política establece que los servicios públicos lo pueden prestar “el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas o por particulares” y enfatiza en que “el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia”. Este precepto fue desarrollado por la Ley 142 de 1994 de servicios públicos, creando las comisiones de regulación para tal efecto.

De no existir la regulación en Colombia no se entendería la Resolución 701 063 que acaba de expedir la Comisión de regulación de energía y gas (CREG), fechada el 29 de los corrientes, “por la cual se adoptan ajustes regulatorios para la reducción de las tarifas de energía eléctrica para los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 del SIN”. Y la expidió “en ejercicio de las atribuciones legales” que le han sido conferidas por la Ley.

La Resolución tiene como objetivo fundamental regular el traslado de los beneficios a los usuarios, resultantes de la financiación para el pago de los saldos de opción tarifaria e incentivar la renegociación de los contratos bilaterales de energía con destino al mercado regulado. De esta manera se habilita el acceso de las empresas comercializadoras a recursos de crédito con tasa de interés compensada dispuesta por FINDETER. Se trata de que se ajuste la fórmula tarifaria de tal suerte que esta refleje tal beneficio y se ajusta también la tasa de interés para aplicable.

Pero, como la Nación debe honrar su compromiso de asumir la deuda de la opción tarifaria de los estratos 1, 2 y 3, que asciende a los $2.8 billones aproximadamente, se deberán dar los pasos conducentes al reintegro de dicho monto a las comercializadoras, para que estas dejen de cobrársela al usuario. Como lo ha anunciado el Ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, el Gobierno presentará próximamente al Congreso para su aprobación el proyecto que lo faculte para que disponiendo del recurso apropiado se le pueda condonar la deuda con FINDETER que están contrayendo las comercializadoras.

Con respecto a la renegociación de los contratos bilaterales de energía, esta es de carácter voluntario ya que se “buscará” su modificación en procura de una rebaja del precio pactado y hasta ahora solo 3 generadores (EEPPP, ISAGEN y CELCIA) han mostrado su disposición a un descuento temporal del 10%, al cual deberá aplicársele  el 35% que representa el cargo por generación (G) en la fórmula tarifaria (CU = G + T + D + C + PR + R), razón por la cual su impacto en la tarifa al usuario final será muy limitado. Esta medida reedita la que dio lugar en el 2022 al decepcionante Pacto por la Justicia tarifaria, el cual se tradujo en una pírrica baja del 2.8%, frente a un  alza promedio a nivel nacional del 24% y en la región Caribe por encima del 40%.

Otro aspecto que contempla esta Resolución es el atinente al indexador que se aplica en los contratos entre generadores y comercializadores, que en el pasado contribuyó y de qué manera a la espiral alcista de las tarifas, toda vez que el Índice de precios al Productor (IPP), que era el utilizado, se disparó pasando de 4.7% entre los años 2018 y 2019 al 33.25% en 2022. Se trata, entonces, de llegar a una fórmula intermedia para su redefinición, el cual, según reza la Resolución “podrá” ser usado en lo sucesivo.

En plata blanca con esta Resolución lo único seguro sería la rebaja atribuible a lo que paga el usuario por concepto de la deuda de la opción tarifaria, que oscila entre el 5% y el 20%. Ello, frente a un incremento del 32% de la tarifa entre junio de 2023 y junio de 2024. Lo demás está condicionado al “podrá” del indexador y el acuerdo entre las partes (distribuidoras y generadoras), que es voluntario. 

Finalmente, tenemos que decir que resulta inexplicable e insólito que teniendo en sus manos a la CREG con su poder regulatorio, hayamos tenido que esperar dos años para que ella actúe, debido a su inoperancia e interinidad, a la falta de quorum, por el empecinamiento del Gobierno de no nombrar en propiedad a los 6 expertos comisionados de la CREG, a pesar de los requerimientos de la Procuraduría y la orden impartida por el Consejo de Estado y el Tribunal contencioso administrativo de Cundinamarca, en donde cursa en este momento un incidente de desacato contra el Presidente de la República y el Ministro de Minas y Energía Andrés Camacho.  

Bogotá, agosto 31 de 2024

*Economista. Expresidente del Congreso y exministro de minas y energía.

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