Opinión
¿Qué la mayoría obtenida en una segunda vuelta otorga un mandato para legislar de alguna manera sobre el tema de la salud o el tema laboral o de las pensiones? De ninguna manera.
Por Fernando Cepeda Ulloa*. - Se habla mucho del mandato popular que se le confiere al presidente o a los congresistas. Pero no se encuentra en la Constitución ninguna norma que así lo indique. En la de 1886, el artículo 105, era muy claro en asegurar la independencia de los miembros del Congreso y en establecer que en sus votaciones solamente deberían consultar la justicia y el bien común. Expresamente se negaba la existencia de un mandato. La Constitución de 1991 en su artículo 133 mantuvo este principio. La ley de bancadas permite que los partidos establezcan en casos puntuales un mandato a sus congresistas.
La consulta nacional puede llegar a generar un mandato para el Congreso y para el presidente, lo cual confirma que no existe el mandato del cual una y otra vez se habla. El obtener la mayoría en una segunda vuelta no confiere un mandato limitado ni ilimitado. Otorga si un cargo que es el de Presidente de la República, jefe de Estado, jefe de la administración pública con unas funciones especificadas en la misma Constitución. Su ejercicio está controlado por diversos órganos del poder público, principalmente la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Y por algunos organismos de control como la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República o el propio Congreso.
En esencia, todo esto quiere decir que no hay sino un mandato que es el de respetar la Constitución y las leyes de la República. Y el presidente al posesionarse jura públicamente cumplir ese mandato. Y lo propio hacen todos los demás funcionarios en todos los niveles de la administración pública. Ese es el mandato en una democracia. Un mandato que está escrito, que tiene organismos que vigilan su cumplimiento, que impiden que se abuse de los poderes que confiere y que va estableciendo una jurisprudencia y unas costumbres que todos los funcionarios tienen que respetar.
¿Que la mayoría obtenida en una segunda vuelta otorga un mandato para legislar de alguna manera sobre el tema de la salud o el tema laboral o de las pensiones? De ninguna manera. El mandato de legislar lo tiene el Congreso de la República y la Constitución le otorga al presidente e inclusive a los ciudadanos el derecho de participar en ese proceso legislativo de diferentes maneras, pero jamás el de subyugar ese poder legislativo, intimidarlo, amenazarlo y/o denigrarlo. A su turno los congresistas, que son los legisladores, no tienen el poder de interferir las decisiones que puede tomar el presidente de la República constitucionalmente. Y los desacuerdos se resuelven en las instancias debidamente contemplados en la Constitución o, como en el caso de la consulta nacional, por una propuesta que hace el presidente y que el Senado de la República decide si aprueba o no, porque se requiere su voto favorable para que ésta se pueda realizar y entonces si viene la oportunidad para que el pueblo, con una participación que establece la propia Constitución y una mayoría también allí establecida otorgue un mandato, ese sí, preciso, concreto para que el Senado proceda de una cierta manera con respecto a una política pública y, en caso de qué así no lo haga, el presidente de la República asuma, entonces, la ejecución de ese mandato popular.
Es bien claro. Tan cierto es que no hay un mandato general sino unas funciones claramente establecidas en la Constitución que existen mecanismos como el de la consulta nacional que otorgan precisamente un mandato concreto. La Constitución y la ley estatutaria correspondientes establecen la forma, la oportunidad, los términos, los requisitos electorales de participación popular y la manera como se ejercería ese mandato concreto. Insisto. Una mayoría popular en una segunda vuelta no otorga ese mandato y por eso, como ha ocurrido en este caso, el presidente busca que el Senado concurra en buscar que el elector, respetando unas reglas, confiera ese mandato.
Bogotá, D. C, 31 de marzo 2025
*Analista Político, Catedrático. Exministro de Estado
Difícil tarea de quienes tienen que preparar el texto de la Ley de Competencias para que se respete la regla fiscal
Por Mauricio Cabrera Galvis*. -La posibilidad de tener más recursos de libre disposición para gastar en lo que quisieran es solo una ilusión, y si la ley de competencias que debe presentar el gobierno este año cumple con la constitución, va a generar una gran desilusión.
Para los economistas el fenómeno de la “ilusión monetaria” es la tendencia a confundir un aumento en la cantidad de dinero disponible con un aumento real en la capacidad de compra, sin tener en cuenta el aumento de los precios que reduce el poder adquisitivo del dinero.
Con la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones (SGP) es muy probable que los mandatarios locales y los congresistas estén sufriendo de un fenómeno parecido pues hacen cuentas alegres con la mayor cantidad de recursos que van a recibir, sin tener en cuenta que van a tener igual cantidad de nuevas obligaciones que atender.
La posibilidad de tener más recursos de libre disposición para gastar en lo que quisieran es solo una ilusión, y si la ley de competencias que debe presentar el gobierno este año cumple con la constitución, va a generar una gran desilusión.
La reforma va a transferir mucha plata a departamentos y municipios, pues en 12 años el monto del SGP pasaría del 25% al 39.5% de los ingresos corrientes de la Nación. En pesos de hoy las regiones pasarían de recibir $73 billones a $113 billones. Todos los mandatarios locales ya deben estar pensando en que van a invertir y gastar esos $40 billones adicionales.
La desilusión va a llegar cuando se presente la Ley de Competencias que debe redistribuir las obligaciones de gasto entre la Nación y los entes territoriales, pues la reforma estableció que el traslado de recursos a las regiones debe ir de la mano con traslado de competencias, de manera que se disminuya el gasto de la Nación. Es un juego de suma cero: lo que reciben unos lo deja de gastar el otro.
Además de la desilusión, se va a presentar un conflicto difícil de resolver cuando se definan los criterios de distribución territorial de los recursos, pues uno de los objetivos de la reforma es que las regiones más atrasadas y pobres tengan más recursos para atender las necesidades de su población.
El conflicto surge porque, de nuevo, es un juego de suma cero: la torta para distribuir (en términos de recursos nuevos de libre disponibilidad) no va a crecer, de manera que para que departamentos como Vichada, Vaupés o la Guajira tengan más recursos libres, otros departamentos deben aceptar que les disminuyan los de ellos, es decir que les asignen más nuevas competencias que recursos. ¿Los congresistas de Antioquia, Bogotá o el Valle van a aceptar esa disminución?
Difícil tarea de quienes tienen que preparar el texto de la Ley de Competencias para que se respete la regla fiscal, es decir que no aumente la deuda del gobierno central para pasarle plata a las regiones. Y difícil la tarea del gobierno para que en un Congreso donde hay tantos intereses regionales se supere la ilusión monetaria y se apruebe una redistribución de recursos en la que unos van a ganar y otros a perder. Más difícil aún en un año electoral.
Cali 30 de marzo de 2025
*Filósofo. Economista. Consultor.
Este país es tan centralista que hasta Bogotá es víctima del mismo.
Por Amylkar D. Acosta M*. - Colombia desde siempre ha sido, como afirmó el pensador antioqueño Luis López de Mesa, un archipiélago de regiones. Bolívar y sus correligionarios propugnaron por el centralismo y Santander y los suyos por el federalismo en los albores de la independencia de Colombia. Desde entonces el enfrentamiento político entre unos y otros tuvieron en el centralismo vs federalismo la manzana de la discordia.
El rol de las regiones es clave en el crecimiento y en el desarrollo económico y social del país. Este no puede ser competitivo si sus regiones no lo son. Colombia se ha caracterizado por un desarrollo desigual, con enormes brechas entre el centro y la periferia, entre unas regiones y otras y también existen brechas intra-regionales. Las regiones más rezagadas del país son el Pacífico y el Caribe, allí se concentra la pobreza y es mayor el Índice de necesidades básicas insatisfechas.
Los planes de desarrollo de los distintos gobiernos en sus diagnósticos identifican y reconocen que las regiones más apartadas y periféricas son las más vulnerables y vulneradas y en la mayoría de ellos, como el del ex presidente López (Para cerrar la brecha), pero sus estrategias para sacarlas de la trampa de la pobreza han sido ineficaces para lograrlo. Una manifestación palmaria del aberrante desequilibrio entre unas regiones, las más desarrolladas y otras, las más rezagadas, lo ponen de manifiesto la alta concentración del PIB, el cual, en promedio, pasó de $28.2 millones en 2022 a $30.3 millones en 2023 y peor aún del PIB por habitante.
La gran torta, que es el PIB nacional en 2023 alcanzó los $1.584 billones. Pero, los promedios suelen ser engañosos y a la hora del reparto salta a la vista el enorme desequilibrio entre unas regiones y otras. A saber: mientras el Distrito especial de Bogotá, Antioquia y el Valle del Cauca suman $780.1 billones, es decir el 49.2% del total, con $395 billones, $231 billones y 153 billones, respectivamente, en el otro extremo nos encontramos con departamentos como el Chocó, Caquetá, Amazonas y Vaupés, con $6.8 billones, $6.2 billones, $1.2 billones y $426.943 millones, respectivamente. Y si lo analizamos a partir del PIB per cápita ello es más ostensible: a nivel nacional se registró en 2023 $30.3 millones, pero Bogotá con $50 millones está muy por encima de este promedio ponderado, muy distante de Caquetá, Amazonas, Chocó y Vaupés, los cuales registraron en su orden, según el DANE, $ 14.705.069, $14.259.112, $11.579.375 y $9.127.210.
Mi experiencia, primero como Secretario de Planeación de La Guajira, luego como Coordinador del CORPES de la Costa, Director ejecutivo de la FND y más recientemente como Director de la RAP del Caribe, me permitió comprobar que a pesar de que la Constitución de 1991 estableció el principio de la autonomía territorial, este sigue siendo un país centralista, exacerbada por el avasallador presidencialismo. Y no es para menos, pues el Presidente de la República es, además, el Jefe de Estado, Jede de gobierno, suprema autoridad administrativa y se le suele atribuir, además, el título inventado de primer magistrado de la Nación!
El primer paso para fortalecer la autonomía e impulsar el desarrollo regional es el trámite y aprobación de la Ley de competencias para que entre en vigor el Acto legislativo que fortalece el fisco de los departamentos y municipios, al disponer que el monto a transferirles por parte de la Nación pase del 23.5% de los ingresos corrientes de la Nación hasta el 39.5% hacia el año a la vuelta de 10 años.
Ello sin perjuicio de implementar una reforma tributaria territorial que les permita arbitrar mayores recursos propios, pues hasta ahora todas las reformas tributarias aprobadas por el Congreso han sido solo para arbitrarle recursos a la Nación. De allí que de cada $100 que se recaudan en Colombia, el Gobierno central se queda con $80. Este país es tan centralista que hasta Bogotá es víctima del mismo. Se ha visto recientemente como desde el Palacio de Nariño le han puesto el freno de mano al avance de un proyecto tan estratégico para su desarrollo como lo es el Metro.
En la región es fundamental el relevo generacional, la dignificación de la política y el empoderamiento de la sociedad civil, los centros de pensamiento, los gremios y las universidades, con un mayor compromiso con la integración y el desarrollo regional. En primera instancia, el gran Acuerdo Nacional para el desarrollo económico y social de las regiones ya se dio con la aprobación por parte del Congreso de la República del Acto legislativo que reformó el SGP. Lo que sigue es la Ley de competencias, que es la que determinará con cuales competencias se queda la Nación y cuáles asumirán las entidades territoriales, evitando la redundancia y la duplicidad en el ejercicio de sus funciones.
Cota, marzo 29 de 2025
*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.
www.amylkaracosta.net
La salud en Colombia, es un desastre total
Por Gabriel Ortiz*. - El país quedó notificado: todos deben prepararse para morir. Es obligatorio. El gobierno no pagará los servicios de la salud. Se han montado tremolinas, falsedades y engaños, para justificar la mortandad que se nos viene encima.
Los consejos de ministros del no, no y no que han montado, dejan a los 50 millones de colombianos desamparados y en poder de un gobierno que solo busca esconder la plata del pueblo, para comprar votaciones y resultados de unas elecciones que impongan el M19 de Petro.
Nuevamente el presidente denunció golpe de estado, esta vez por parte del Congreso, quien en ejercicio de su función legislativa, desecha por inconveniente la reformitis aguda de Petro, Benedetti y sus jaurías.
Esta vez el gobernante, quiso sacar el espejo retrovisor, para endilgarle el desastre que hoy exhibe la salud de los colombianos, a los gobiernos que lo antecedieron. Nunca se habían registrado tantas reclamaciones por el desastre de la salud. Ni servicios médicos, hospitalarios y restricción de medicamentos amenazan de muerte a nuestro pueblo, y a toda nuestra comunidad. Todo es obra del actual gobierno. No hay un solo paciente que tenga hoy la totalidad de remedios que les ordenan los facultativos.
Y qué tal: el Supersalud, invadió los depósitos de almacenamiento de medicamentos y no pudo comprobar acaparamiento de medicinas. Simplemente se limitó a decir al presidente que el celular, con el que tomo fotos, fue bloqueado.
La realidad es, y así lo reiteró Petro, que el gobierno no pagará las deudas que tiene con las EPS para pagar servicios hospitalarios, que no habrá aportes suficientes para atender la Unidad de Pago por Capitación. Tampoco se cumplirá con las órdenes de la Corte para cancelar los dineros de la salud.
Petro escurrió la culpa que tiene, con los nombramientos de liquidadores de las EPS que expropió, y que hoy están en la ruina, agravando los servicios de la salud para el pueblo.
La salud en Colombia, es un desastre total, porque están desapareciendo y escondiendo presupuestos, sin que les importe la mortalidad del pueblo que Petro osó llamar “el gobierno de la vida.
Desde el 2023, estamos en poder de la corrupción, la guerrilla, el crimen y el desorden. La paz total de Petro desapareció. Aquí aumenta el narcotráfico y nos descertifican, se arruina la mayor empresa estatal: Ecopetrol. El gobierno no alcanza a comprar suficientes congresistas para imponer reformas orientadas a usufructuar beneficios propios. A diario se están cerrando hospitales y servicios de salud.
Presidente, primera dama y parentela, despilfarran y dilapidan los dineros del pueblo, en viajes no oficiales e innecesarios.
En su última inventiva, sobre golpes, atentados y demás, el presidente denunció la sacada del poder que según él, le están preparando, con la renuncia de la vicepresidenta y el alistamiento del presidente del Congreso para asumir el poder. No dio fecha ni calendario. A ello se agregan los insultos, amenazas y notificaciones para expedir decretos y normas que eliminan al legislativo y el judicial.
Así están las cosas en Colombia.
BLANCO: La Defensora del Pueblo, Iris Martín, desmintió a Petro: “no hay datos ciertos que sostengan acaparamiento de medicamentos”.
NEGRO: Petro acusa a la Fiscal Adriana Camargo por no investigar caso de Papá Pitufo, que aportó dinero a la campaña.
Bogotá, D. C, 27 de marzo 2025
*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.
Lo que está pasando ofende la dignidad humana y rompe el Estado Social de Derecho.
Por José G. Hernández*. - Lo que está pasando en Colombia, en lo que respecta a servicios de salud, atención médica y suministro de medicamentos, es sencillamente inhumano. En lo que toca con las recetas médicas, el país ha podido ver por televisión y redes -y lo hemos comprobado de manera directa- filas interminables de personas -muchas de la tercera edad y enfermos graves, en peligro de muerte- citadas a turnos para la entrega de los medicamentos que requieren, finalmente devueltas -tras muchas horas de espera- sin recibir lo que necesitan para la atención de sus dolencias.
La situación -hay que decirlo- no es nueva. Se ha presentado en años anteriores, bajo distintos gobiernos, y el sistema vigente ha presentado fallas protuberantes desde su iniciación, a partir de la Ley 100 de 1993, como se advirtió en sentencias de la Corte Constitucional y como lo demuestra también el reiterado uso de la acción de tutela, que en multitud de ocasiones ha servido para la protección oportuna y eficaz del derecho a la salud. Los proyectos de ley sobre actualización y modificación del confuso sistema existente -elaborados por la actual administración- han sido “hundidos”, sin debate alguno, sin discusión, sin razones ni trámites, como también ocurrió con la reforma laboral. Todo, dentro de la polarización política existente.
El Gobierno, por conducto del presidente de la República, del ministro de Salud y de la Superintendente de Salud, ha sostenido que ha habido corrupción y desvío de recursos hacia finalidades distintas a la salud, por parte de varias entidades prestadoras de tales servicios. Lo último que se ha descubierto, según informa la Superintendencia, es inconcebible: algunas entidades acaparan los medicamentos, citan a los usuarios, los hacen esperar por horas y no se los entregan.
El Gobierno, el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud y sus funcionarios, en ejercicio de sus cargos y de acuerdo con los mandatos constitucionales, deben actuar e impedir que estos dolorosos acontecimientos, que carecen de justificación, se sigan presentando. Si no lo hacen y permiten que la salud y la vida de muchas personas dependan de la caprichosa voluntad de las entidades privadas, incurren en inexplicable omisión y, contra los postulados del Estado Social de Derecho, están dejando desprotegida a la población.
El artículo 49 de la Constitución señala a la salud como derecho fundamental y como un servicio público a cargo del Estado. Y garantiza “a todas las personas” el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.
Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios, conforme a principios de eficiencia, universalidad y solidaridad; establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas y ejercer su vigilancia y control.
Dispone que los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención, con participación de la comunidad. La atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria.
Si la salud es derecho humano y servicio público, no es negocio, como algunos lo entienden. Y afectarla, como se viene afectando -según denuncia la Superintendencia- es una conducta criminal.
Lo que está pasando ofende la dignidad humana y rompe el Estado Social de Derecho.
Bogotá, D. C, 26 de marzo 2025
Expresidente de la Corte Suprema de Justicia
Medir el impacto del gasto significa evaluar si está contribuyendo al " bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población”.
Por Mauricio Cabrera Galvis*. - En Colombia se usa poco la evaluación por resultados. El libro " Compromisos Incumplidos” de Fernando Rojas, un caleño que es autoridad internacional en la materia, hace un diagnóstico completo de las falencias del monitoreo y la evaluación (M&E) del impacto del gasto público en el país y propone un estrategia para mejorarlo.
¿Cuál es el impacto del gasto público en el país? ¿Cuáles son los resultados de los múltiples planes, programas y proyectos de las entidades estatales? La rendición de cuentas que hoy se exige a muchos funcionarios públicos, ¿es suficiente para evaluar la relevancia, transparencia y eficacia de su gestión?
La medición más generalizada del impacto del gasto es de carácter cuantitativo y fiscal:a nivel macro lo que preocupa es el déficit fiscal; a nivel de entidades, es la ejecución presupuestal lo que se mira. Un funcionario eficiente es el que ejecuta todo el presupuesto que le asignaron, y un funcionario ejemplar es el que cumple todas las normas como ordenador del gasto; casi nunca se analiza en qué y para qué se gastó, ni mucho menos el impacto el impacto de los recursos utilizados.
En Colombia se usa poco la evaluación por resultados. El libro " Compromisos Incumplidos” de Fernando Rojas, un caleño que es autoridad internacional en la materia, hace un diagnóstico completo de las falencias del monitoreo y la evaluación (M&E) del impacto del gasto público en el país y propone un estrategia para mejorarlo.
No es que en Colombia no haya normas y procedimientos de evaluación. Por el contrario, el libro analiza 5 entidades que tienen obligación legal de hacer M&E del gasto público: el Departamento de la Función pública, Planeación Nacional, Minhacienda, la Contraloría y la Procuraduría. Entre todos tienen 15 sistemas de M&E, cada uno con extensos formularios y requerimientos de información a las entidades vigiladas. De poco han servido para mejorar los resultados del gasto.
El primer requisito para evaluar el impacto es tener total claridad sobre el Qué y el Cómo: saber qué se debe medir y cuáles son las métricas o los indicadores de esa medición. Sin esta claridad, ni los auditores saben que deben revisar, ni los funcionarios conocen la vara con que serán medidos.
Lo que debe definir que se mide en el sector público son los objetivos del Estado y la contribución de cada entidad a esos objetivos; la Constitución los establece claramente: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución” (Art. 2).
Medir el impacto del gasto significa evaluar si está contribuyendo al " bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población”. Con base en este objetivo se deben construir los indicadores de evaluación de todas las entidades públicas, que deben ser conocidos y apropiados por todos los funcionarios de cada entidad. El M&E del impacto debe empezar por la autoevaluación.
Importante que la sociedad civil sea parte activa en el M&E del impacto del gasto; para ello es necesario que haya centros de pensamiento que discutan las políticas públicas del gasto, y analicen la evaluaciones oficiales del impacto, así como universidades que preparen especialistas en esta novedosa disciplina.
Son muchas más las propuestas del libro, imposible de resumir en este espacio.
Bogotá, D. C, 24 de marzo 2025
*Filósofo y Economista. Consultor.
Uno y otro van a terminar mal.
Por Juan Camilo Restrepo*. - Aunque a primera vista puede pensarse que son como el agua y el aceite, resulta que cuando se mira con cuidado la personalidad de Trump resulta muy parecida a la de Petro.
Miremos algunas semejanzas que tienen.
Acaso la primera -y la más chocante- es el desprecio de ambos por el Estado de Derecho, por las instituciones, por los jueces, por todas aquellas barreras que pueden constituir un obstáculo democrático frente a sus caprichos.
Ya Trump y su cuadrilla- encabezada por Musk- está empezando a chocar con las instancias judiciales; todos los días es más frecuente leer que los jueces o los tribunales suspenden, anulan o aplazan las decisiones febriles que va despachando el inquilino de la Casa Blanca. Lo mismo sucede con Petro: ya se volvió paisaje leer sus trinos calenturientos contra los jueces, contra las cortes, contra todo aquel que individual o colectivamente se atreva a contradecirlo. Y su cuadrilla -encabezada por Bolívar- no duda en invitar a que se hagan cercos y asonadas contra cualquier corte que se apreste a tomar una decisión importante que la Casa de Nariño sospeche que vaya a salir contraria a sus caprichos.
Otra característica común es la desenvoltura con la que agravian a sus contradictores. Trump no baja a su antecesor Biden de corrupto y bandido. Y Petro utiliza un lenguaje degradado similar para con quienes lo antecedieron en el palacio de los presidentes de Colombia.
También se asemejan Petro y Trump en la manera “sobradita” como dogmatizan sobre lo divino y lo humano. Parece que siempre hablan -o al menos dan esa sensación- excátedra, ya sean cosas profundas o estupideces como sucede a menudo.
Petro, con su infaltable lápiz que más parece una batuta para dirigir el coro de sus aduladores; y el de los Estados Unidos arrellanado en el salón oval firmando las famosas órdenes ejecutivas con las que pretende dirigir los EE.UU. y el mundo entero.
Ambos desprecian al resto de los jefes de Estado con los que se reúnen, y solo parecen tener palabras amigables con quienes creen que van a secundar sus caprichos o terquedades: Trump con Putin y Petro con Maduro.
Ambos traslucen un ego monumental que se les va derrumbando estrepitosamente a medida que pasa el tiempo. El deshielo del ego de Trump está comenzando; el de Petro ya está derretido a su mínima expresión cuando empieza a tener el sol a la espalda.
Ambos son tercos -hay que reconocerlo- hasta niveles delirantes. Creen que la terquedad -así no sea para persistir en buenas causas- es una virtud del buen gobernante. Cuando sucede precisamente lo contrario. La terquedad, o sea la incapacidad total para escuchar al otro, se convierte en una piedra de molino al cuello para el buen gobierno.
Ambos creen poseer la verdad absoluta sobre todo tema que tratan y la manía de utilizar el insulto como arma argumentativa, lo que muestra es una inmensa ignorancia que los obliga a vivir en una constante corrección de las cosas prácticas cuando la fuerza de los hechos -no ellos- les impone una rectificación.
Petro que no tiene, ni nunca ha tenido, más el 25% de los votos parlamentarios considera que el otro 75% está en la obligación ética y política de plegarse a todos sus caprichos. Trump, así sea el presidente de la nación más rica del mundo, considera que el resto del planeta le debe pleitesía y obediencia ciega. Y que tiene títulos para humillar al resto de la comunidad internacional.
Uno y otro van a terminar mal. Petro ya está concluyendo un periplo de anuncios que no se han concretado en nada y de insultos que han degradado como nunca la vida política colombiana. Trump va comenzando su segundo mandato: tampoco parece que vaya a terminar bien.
Bogotá, D. C, 24 de marzo 2025
*Abogado y Economista. Exministro de Estado
Para Petro, el país está en modo consulta. Para el resto de los mortales, está en campaña presidencial, con un presidente radicalizado
Por Hubert Ariza*. Colombia vivió durante más de 100 años buscando el camino para derribar la muralla de la Constitución de 1886 que mantuvo al país bajo la permanente declaratoria del estado de sitio. Era una situación de excepcionalidad que cerraba los espacios democráticos, podaba los liderazgos políticos, marchitaba la sociedad civil, era tierra fértil para la violencia y daba excusas a los grupos armados ilegales para izar las banderas de la insurrección ante un régimen autoritario incapaz de contener la violación de los derechos humanos y defender la vida.
Jorge Eliécer Gaitán, Luis Carlos Galán, Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo son los mártires más reconocidos de ese período de dolor y desangre colectivo, en el que las mafias políticas de extrema derecha enquistadas en el Estado, muchas veces en alianza con sectores descompuestos de la Fuerza Pública, sembraron de dolor el país y dejaron más de 500.000 muertos, miles de fosas comunes, millares de masacres y millones de desplazados internos.
En la década de los noventa del siglo pasado, la tenacidad de los jóvenes universitarios, hastiados de la guerra fratricida y la demencia del narcotráfico que avasallaba el futuro, decidieron convocarse para impulsar la idea revolucionaria de una Asamblea Nacional Constituyente. Fernando Carrillo Flórez, un joven profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del Rosario, fue el gran impulsor de esa gesta histórica, que redimió los espacios de participación ciudadana como el escenario para destrabar la democracia y sembrar en la consciencia colectiva el concepto del poder de la soberanía popular.
Gracias a la gesta constituyente, cinco grupos armados ilegales dejaron las armas, participaron en la elaboración de la Carta Política y han cumplido su palabra. Un hijo de esa paz de los años noventa es hoy el presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmante de la paz con el M-19 y quien ha promovido de manera consistente una profunda reforma constitucional, sea a través de una Constituyente o del llamado poder constituyente. Esas iniciativas reformadoras de la Carta Política no han encontrado eco en una opinión pública prevenida, en alerta, temerosa de que un nuevo articulado concrete la amenaza de una supuesta venezolanización de Colombia, o abra las compuertas a la eventual reelección presidencial inmediata y a la incertidumbre que ello conllevaría.
Ante el bloqueo legislativo y la decisión de ocho senadores de la Comisión Séptima de archivar el proyecto de ley de reforma laboral ―que el Gobierno considera vital en su estrategia modernizadora―, el presidente Petro ha invocado el espíritu participativo de la Constitución de 1991, la misma que siente estrecha para avanzar en la concreción de su modelo de sociedad marcada por la justicia social, la equidad, la paz y el cambio de paradigmas.
La convocatoria de una consulta popular, que se realizaría en octubre de 2025 de ser aprobada por el Congreso, es un enorme reto para la derecha, pero también para la izquierda democrática, que tendrá que despabilarse para lograr los objetivos planteados por el Ejecutivo. La consulta pretende destrabar la agenda reformista y movilizar a la base electoral del petrismo, sacándola de las peleas internas, el fraccionamiento y la polarización, de cara al 2026, dando vía libre a una dinámica popular que posicione nuevos liderazgos regionales y obligue a los congresistas, dirigentes sociales y formadores de opinión leales al Gobierno a ganar espacios, promover la esencia de las reformas bloqueadas, a la salud y laboral, y, ante todo, impulsar un modelo de sociedad que cambie el status quo. Por supuesto, la estrategia busca posicionar en el partidor a los líderes que integrarán la lista al Congreso de la República por el Pacto Histórico. Es claro que quien no movilice al electorado ni haga pedagogía, no estará en el tarjetón. Así de sencillo.
Convencido de que una sociedad enferma de odio y polarización necesita una cura democrática, Petro ha mandado al país a consulta, teniendo como vademécum la Constitución de 1991, para liberar las fuerzas de la izquierda democrática del anquilosamiento burocrático y el empalagamiento con el poder transitorio, y, de paso, convocar a los ciudadanos de otros partidos y movimientos sociales a una reflexión sobre el modelo económico y político, las debilidades de la democracia y la necesidad de actuar para impedir que la propuesta del cambio se asfixie en el pozo profundo de la polarización y la revancha política. La consulta, entonces, es una enorme atarraya que lanza el presidente al mar de la opinión pública para pescar adeptos, superar divisiones internas y ganar espacios de cara al 2026.
La primera prueba de su convocatoria fue la marcha del pasado 18 de marzo, que convocó en varias ciudades del país a miles de simpatizantes de esa iniciativa gubernamental. Contrario a los anuncios de la oposición y a pesar de las decisiones del alcalde de Bogotá, que rechazó la declaratoria de día cívico hecha por el Gobierno nacional, la Plaza de Bolívar se llenó durante varias horas, y miles de personas acudieron a la cita para escuchar uno de los discursos más fuertes del primer mandatario en los últimos meses, en lo que radicalizó su postura contra la clase política que obstruyó su propuesta del cambio, la oligarquía y el modelo económico.
Petro, quien se crece en la plaza pública, atacó con fiereza a sus adversarios y trazó una ruta de acción política a sus seguidores. Empoderado en su papel de caudillo, usa la palabra como detonante e invisibiliza a su gabinete en la arremetida contra los adversarios a sus tesis y visiones de futuro. El pasado 18 de marzo, atacó por igual a las senadoras cristianas de la Comisión Séptima, como a los demás congresistas que archivaron el proyecto de ley de reforma laboral. El llamado al Congreso a aprobar la convocatoria de consulta popular fue una declaratoria de guerra, con una clara advertencia: “si no, el pueblo los sacará del Congreso. No estoy hablando carreta. Los del M-19 aprendimos a no hablar carreta”.
Para Petro, Colombia está en modo consulta. Para el resto de los mortales, Colombia está en campaña presidencial, con un presidente radicalizado. Lo evidente es que Petro ha levantado la bandera del M-19, se enfrenta contra los clanes políticos en el Congreso, repudia el modelo económico y a los empresarios abusivos de los derechos de los trabajadores, ataca las fallas estructurales del modelo de salud y convoca al pueblo a manifestarse y declararse en rebeldía contra la clase política, los alcaldes y gobernadores que desconocen los mandatos presidenciales, y contra Vicky Dávila, la candidata que aspira a ser la Milei colombina, de quien dijo tiene “el alma podrida”.
Colombia está en el diván: la política ha entrado en una nueva dinámica de mayor radicalización del presidente, polarización y desafío a la cordura, mientras del Gabinete sale el ministro de Hacienda, quien apenas estuvo en el cargo tres meses, y el Congreso se convierte en teatro de operaciones de una oposición sin límites que usará todos los medios para frenar a Petro en su lucha por reelegir su ideario en 2026.
Bogotá, 24 de marzo 2025
*Periodista, internacionalista y analista político.
No me atrevería a afirmar que el presidente esté ambientando una eventual disolución del Congreso
Por José F. Lafaurie*. -Mi preocupación de la semana anterior en este mismo espacio fue sobre la condición de riesgo que enfrenta nuestra democracia; y lejos de ceder, se acrecienta con esa combinación de insulto, acusación y amenaza a la que el presidente nos tiene acostumbrados, que llegó, a una expresión realmente “peligrosa” en su última perorata para exacerbar el odio y el enfrentamiento social en una muchedumbre de funcionarios públicos y de las infaltables “minorías indígenas”, muchedumbre que no se movilizó, sino que fue movilizada en el tal “día cívico”.
El último capítulo de ese novelón, que podría terminar en tragedia como en Venezuela, inició el 11 de marzo, cuando un grupo mayoritario de parlamentarios -así es en democracia- firmó la proposición de archivo de la Reforma Laboral.
Ahí fue Troya: En un solo mensaje del presidente que gobierna por X, acusó de traidores a los firmantes y los expuso en la picota pública: “Que el pueblo trabajador de Colombia sepa quiénes fueron los que lo han traicionado”. Días después tildaría de “nazis”, su ofensa favorita, a los que denunciaron el peligro de semejante acusación para ellos y sus familias, como hoy tilda de nazis y criminales al periódico El Colombiano, a Bruce Mac Master, a la ANDI y al uribismo. Al final, puso también a Jesús de por medio, acusó de traición a los parlamentarios cristianos y amenazó con que el pueblo sería llevado a la violencia si no se reversaba la decisión.
Pero la más peligrosa amenaza, a mi juicio, fue la declaratoria de ruptura de relaciones entre el Gobierno y el Congreso, que repitió con insistencia hasta el clímax de su discurso, o mejor, de su arenga incendiaria en la Plaza de Bolívar, donde las amenazas tomaron un tono desafiante. De hecho, la convocatoria de la manifestación mientras la Comisión VII debatía la proposición de archivo, fue un acto de indebida presión al Congreso, no por parte del pueblo, como pretende Petro, sino del Gobierno que la convocó, la organizó y la financió; un inadmisible desafío a la democracia.
En la agresiva arenga, convertida en alocución presidencial para el país en horario triple A, el presidente no solo llamó a la insurrección: - “El pueblo debe rebelarse con la mayor fuerza posible” -, sino que arreció sus ataques al Legislativo, pero ya no habló de “ruptura”, sino de expulsar a los parlamentarios del Congreso, ¿Acaso una velada alusión a la eventual disolución del Congreso?
Juzguen ustedes. “Cada senador debe recordar que no es más que un simple representante del pueblo y que debe obedecerlo. Si no es así, (…), entonces el pueblo lo sacará del Congreso, como tiene que ser".
“El Congreso le está dando la espalda al pueblo. Y cuando instituciones enteras no pueden comprender a su propio pueblo (…) hay que sacarlos de ahí, porque no nos sirven, no le sirven al pueblo. El pueblo tiene que tomar en sus manos la decisión de la historia…”.
“Le corresponde al Senado de la República votar para permitir que el pueblo hable, (…). Primero se va la clase política del Congreso que acallar al pueblo…".
No me atrevería a afirmar que el presidente esté ambientando una eventual disolución del Congreso, pero, sin duda, hace hasta lo imposible para deslegitimarlo ante la sociedad, más de lo que ya está, diría yo, generando una fractura entre los dos poderes que flaco favor le hace a la estabilidad de nuestra democracia y a la gobernabilidad que necesitaría para sacar adelante sus reformas. ¿O acaso será que el caos, la revuelta callejera y la inestabilidad son la verdadera intención? Ya le funcionó una vez…
Bogotá, 22 de marzo de 2025
Presidente de FEDEGAN
@jflafaurie
Doctores y psicólogos tienen las universidades gringas que podrán intentar respuestas científicas a estas preguntas, pero en el terreno de las novelas puede uno imaginar explicaciones posibles por aquello de que, no solo en Macondo, la ficción supera a la realidad.
¿Por qué la animadversión de Trump contra Canadá? ¿Por qué se le iluminan los ojos cuando afirma que va aconvertirlo en el Estado 51?,¿Por qué la cara de satisfacción al referirse al primer ministro Trudeau como “gobernador”?, ¿Por qué el empeño de agredirla económicamente con aranceles, así cause más daño en su propio país?
Doctores y psicólogos tienen las universidades gringas que podrán intentar respuestas científicas a estas preguntas, pero en el terreno de las novelas puede uno imaginar explicaciones posibles por aquello de que, no solo en Macondo, la ficción supera a la realidad.
La República de Gilead es el país distópico creado por Margaret Atwood en sus novelas “El cuento de la criada” y “Los Testamentos”. En estos relatos, paramilitares de extrema derecha han convertido a Estados Unidos en un estado totalitario, después de derrocar al gobierno democrático, tomándose a la fuerza el Congreso y la Casa Blanca.
En el régimen de Gilead, controlado por fundamentalistas religiosos, machistas y patriarcales, las mujeres, no pueden trabajar, ni tener ninguna propiedad, ni dinero; no pueden leer so pena de que les amputen las manos; no tienen ningún derecho y deben estar sometidas a sus maridos porque así lo dice San Pablo en su epístola a los Corintios. Las mujeres fértiles son convertidas en esclavas sexuales de los poderosos comandantes que tienen el poder y los homosexuales son ejecutados o mandados a campos de concentración.
En Gilead no hay derechos humanos ni libertades individuales; el control sobre la población, la vigilancia y la represión es total. las universidades han sido clausuradas, lo mismo que los medios de comunicación independientes; la única fuente de información es la propaganda oficial.
Todo esto no es imaginación de la escritora, quien dice que todas las atrocidades que describe han ocurrido alguna vez en la historia. En el prólogo de la edición de 2017 confiesa su temor de que con la elección de Trump puedan empezar a darse estos excesos totalitarios en EUA. Y era solo el primer período de Trump.
Y Canadá? es la antítesis de Gilead y su enemigo: una sociedad democrática y abierta que se convierte en el refugio de los miles que quieren escapar del totalitarismo, y en la base para los que luchan contra el régimen totalitario. Por eso los comandantes de Gilead la odian.
No se si Trump haya leído la novela, o se la contaron, pero es claro que para su MAGA oligárquica, machista, racista y sexista, Canadá ofrece un contraste radical con su apertura democrática, y su estado de bienestar. Además su sistema de salud es parecido al Obamacare que tanto detestan los republicanos.
No hay mal que por bien no venga: las amenazas de Trump han resucitado las esperanzas de los liberales de ganar las próximas elecciones con el nuevo primer ministro Mark Carney, cuando hace un mes el favorito era el candidato conservador admirador de Trump. En la novela Gilead desaparece y resurge la democracia.
Cali, 16 de marzo 2025
*Folósofo y Economista. Consultor
