Guillermo García Realpe

Por Guillermo García Realpe*.-El pasado 17 de enero a muy tempranas horas de la mañana el país fue sacudido por un acto terrorista sucedido en Bogotá, en la Escuela de Cadetes General Santander, ubicada al sur de la capital. 

El saldo trágico, 20 muertos y más de 60 heridos, todos jóvenes estudiantes que se preparaban para servir a la Patria desde la Policía Nacional cayeron vilmente a manos del terrorismo, y cuyos autores intelectuales se desconocían hasta ese momento. Horas más tarde, se conoció de primera mano información del autor material quien falleció de forma inmediata junto a las demás víctimas. 

Se tejían diferentes hipótesis acerca de los autores de tan execrable hecho, las autoridades redoblaban sus esfuerzos, el Gobierno  Nacional hacía lo propio, mientras crecía la indignación nacional. 

Con el pasar de las horas, surgieron vídeos, el autor material fue identificado plenamente según la Fiscalía General de la Nación y con base a inteligencia se afirmó que José Aldemar Rojas, pertenecía a estructuras del ELN, y que era un reconocido explosivista de esa organización. 

Días después ese grupo guerrillero, a través de un comunicado, reconoció la autoría de tan lamentable hecho que enluto al país y que le dio la vuelta al mundo. De inmediato, la reacción del Gobierno no se hizo esperar, el resultado;  el rompimiento de la mesa de diálogo de La Habana con el ELN, el levantamiento de la suspensión de las ordenes de captura contra los principales jefes de esa guerrilla y el llamado a Cuba para que entregue a los cabecillas, saltándose de esa manera los protocolos de lo pactado entre las partes. 

Esta decisión, sin duda, tensionó las relaciones diplomáticas entre Colombia y Cuba, pues se está desconociendo un acuerdo donde hay de por medio países garantes del proceso, que como Noruega, Chile, Brasil y el mismo Cuba, ofrecieron sus buenos oficios para neutralizar, a través del diálogo a la que es hoy la principal guerrilla, luego de la desmovilización y entrega de armas por parte de las FARC. 

Que quede claro, los protocolos acordados son de obligatorio cumplimiento porque fue una decisión de Estado y no de gobierno, faltar a esto, traería serias implicaciones, primero, la desconfianza que el hecho genera en la comunidad internacional y principalmente a los países garantes que en eventuales nuevos procesos ya muy difícilmente creerían en Colombia, segundo, la desconfianza que también se crea a la organización guerrillera, pues no se generaría sinergia entre las partes a futuro. 

No justificamos desde ningún punto de vista el acto terrorista que cobró la vida de veinte inocentes muchachos, tampoco la generación de muerte y más violencia, eso se tiene que acabar en Colombia de una vez por todas. Nuestro país merece alcanzar una Paz plena y duradera, donde la reconciliación nacional sea una prioridad y donde las nuevas guerras se libren contra la pobreza y la corrupción, factores que no dejan progresar a Colombia hacia la justicia social. 

Lo que hizo el ELN, fue un acto vil y cobarde que no tiene consideración alguna, el terrorismo debe ser erradicado de la faz de la tierra, ningún país del mundo merece ser víctima de tan cruel método de guerra, que no sólo atenta contra el Derecho Internacional Humanitario, sino también es un delito de lesa humanidad. 

Ahora, la decisión del Gobierno colombiano de hacer trizas la Paz con el ELN, conllevaría a nuevas situaciones de violencia y de guerra, no sólo en las regiones, sino en las ciudades colombianas y eso sería gravísimo. Volvería la inseguridad a las calles y veredas, la gente se sentirá intranquila y con la misma zozobra de años atrás. 

Como hombre de Paz y como colombiano de la gran provincia, donde más se vive la guerra, creó que terminar los diálogos con el ELN es una salida errada, a pesar del difícil momento, del sufrimiento de las familias de las víctimas, se debe insistir en la vía negociada a través del diálogo, sólo así evitaremos más derramamiento de sangre, sólo así evitaremos que más colombianos sigan muriendo. 

La Comisión de Paz del Congreso, célula de la cual hago parte, ha explorado diversos caminos para buscar soluciones que permitan frenar la guerra en el país. Recientemente nos reunimos para abordar el difícil momento con el ELN y algunas de las conclusiones a las que se llegó fueron por ejemplo, solicitarle al Presidente de la República una reunión con ambas comisiones (Senado y Cámara), con el fin de conocer su visión sobre la construcción de Paz en el país y hacer recomendaciones al respecto. 

Citar al Alto Comisionado de Paz, Miguel Ceballos y al Consejero para la Estabilización, Emilio José Archila, a una sesión de las Comisiones de Paz conjuntas para abordar la estrategia del Gobierno frente al ELN. 

También se acordó, la exigencia al ELN para que libere lo antes posible a los tres ciudadanos tripulantes del helicóptero que fueron secuestrados el pasado 11 de enero en el Catatumbo. 

Así mismo, articular la conformación de una Mesa Humanitaria junto  a la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría para articular políticas de protección de los Derechos Humanos de la población civil y especialmente a los líderes sociales que sufre las consecuencias de la confrontación entre el Estado y el ELN. 

De igual forma haremos seguimiento a la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, en particular en lo relacionado con la política de Paz. 

Bogotá, D. C, 28 de enero de 2019

*Senador Liberal

@GGarciaRealpe

#SíALaPaz #NoAlTerrorismo

 

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Horacio Serpa Uribe

Por Horacio Serpa Uribe*.- Como el Partido Liberal no suena ni truena, algunos piensan que se volvió un grupo marginal, apropiado para acomodarse en  las listas o servir de comodín  a otros Partidos para que lleguen al gobierno. Me refiero a las elecciones regionales de Octubre. Hacen falta 9 meses, se escuchan propósitos y candidaturas para gobernaciones y alcaldías, concejos y asambleas, de diferentes banderías y  por firmas, y al Partido Liberal solo se le menciona para hacer coaliciones o llenar vacíos en las listas. Eso da una impresión de desinterés enorme, de entregarse sin competir ni luchar, lo que se llama no tener vocación de poder.

Una demostración de que falta ese ánimo de participación y de lucha, es que no se conocen lineamientos políticos ni se hace proselitismo de la ideología roja, lo que es imperativo en una época de elecciones. Tampoco se recuerda la valiosa historia del Liberalismo y sus logros sociales, económicos y políticos mediante luchas que llegaron hasta el sacrificio personal. A estas alturas, en medio de la mediocre confrontación electoral que se ha vuelto el ejercicio de la política, pocos saben en qué consiste el liberalismo y cuál es el significado de pertenecer al Partido de la bandera roja.

No hay motivación, la juventud solo recibe la noticia de que el Partido Liberal es una organización decrépita, sin rumbo, en la que algunos de sus miembros han cometido corrupción y sectores dirigentes han olvidado que liberalismo es paz, libertad, equidad social, solidaridad con los necesitados, entrega al pueblo buscando su bienestar, y lucha por el poder político.

Si no se llega al poder político no hay forma de cumplirle a la ideología y al pueblo. Por eso es imprescindible llegar a la Presidencia de la República, a las Gobernaciones y Alcaldías. Por eso hay que estar en el Congreso, en las Asambleas y Concejos, en las Juntas Administradoras Locales, en la Acción Comunal. Pero para eso hay que llegar a la gente, escucharla, debatir cuando sea necesario, explicar las diferencias con los otros, tener propuestas, difundir las ideas, denunciar a los corruptos, visitar los barrios, estar en las calles y en la veredas, regresar a la Universidad, a las fábricas, a los sindicatos, utilizar con inteligencia y pulcritud las redes sociales, volver a la camisa roja y a cantar el emocionante himno del Partido Liberal.

No hay tal de que ya no sirven las reuniones y es anticuado llenar las plazas y agitar las banderas rojas. El Partido debe modernizarse y tener estrategias de imagen y comunicación, pero si no le toca el hombre al obrero, si no le da la mano a la mujer, si no es capaz de abrazar a los jóvenes, está perdido. Aún hay tiempo. Hay que   tener lineamientos políticos, programas, buenos y pulcros candidatos, pero especialmente hay que tener emoción y compromiso. La política no es una batalla de flores; la política es una lucha tenaz por el poder.

Bogotá, D. C, 28 de enero de 2019

*Abogado. Excongresista, Exministro del Interior, Excandidato Presidencial, Exdiplomático, Exgobernador de Santander.

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Amylkar D Acosta M

Por Amylkar Acosta*.-  La Sierra Nevada de Santa Marta es el único macizo en el mundo, con picos tan elevados como los de Cristobal Colón y Bolivar, a más de 5.775 metros de altitud y con nieves “perpetuas”, en el litoral, a escasos 42 kilómetros del Mar Caribe. La Sierra Nevada de Santa Marta como tal tiene una extensión de 12.000 kilómetros cuadrados (1´223.230 hectáreas), tomando como referencia los 200 metros sobre el nivel del mar. Allí está asentadas desde tiempos inmemoriales las comunidades indígenas de las étnias Koguis, Wiwas, Kankuanos y Arhuacos cuya población ronda los 100.000 habitantes.

Según datos del IDEAM para 1850 el glacial en la Sierra Nevada se extendía a lo largo de 82.6 kilómetros cuadrados y desde entonces ha venido retrocediendo a consecuencia de la depredación y la deforestación, al punto que hoy sólo cuenta con el 20% de la selva híumeda y el bosque seco, reduciéndose a sólo 6.5 kilómetros cuadrados, el 7.8% de aquella cifra. Allí tienen nacimiento 35 rios (entre ellos el Guatapurí, el Aracataca y Palomino), de los cuales se sirven para abastecer de agua potable a 1.5 millones de habitantes de los tres departamentos que la circundan, el Cesar, el Magdalena y La guajira. Y no es para menos, ya que en ese banco de agua, que contaba además de un complejo lagunar compuesto por 380 lagunas, se producían en sus mejores tiempos 10 millones de metros cúbicos al año.

La Sierra Nevada de Santa Marta ha sido considerada como una de las maravillas del mundo, lo cual le valió hace 40 años, en 1979, que la UNESCO la declarara Reserva del Hombre y la Biosfera, de la cual se derivan tres funciones complementarias, la conservación, el desarrollo y el apoyo logístico, las cuales en este caso han resultado nugatorias. La degradación de este ecosistema tiene una causalidad circular, pues la tala y la deforestación traen consigo la pérdida de la vegetación que secuestra CO2 y libera oxígeno, al tiempo que la descomposición de la materia orgánica y las quemas que siguen a la tala emiten a la atmósfera GEI. Y estos, a su vez, contribuyen al calentamiento global.

El Presidente Santos en víspera de hacer dejación del cargo expidió el Decreto 1.500 del 6 de agosto de 2018, “por el cual se redefine el territorio ancestral de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuano de la Sierra Nevada de Santa Marta, expresado en el sistema de espacios sagrados de la Línea Negra, como ámbito tradicional de especial protección, valor espiritual, cultural y ambiental”. Se trata de un ajuste a la llamada Línea Negra, trazada a la altura de los mil metros sobre el nivel del mar, pasando de 50 a 381 los sitios sagrados y/o ceremoniales identificados y delimitados, los cuales deberán ser objeto de especial protección. Esta es tanto más necesario en cuanto que la Sierra Nevada de Santa Marta se está viendo amenazada no sólo por los depredadores de su biodiversidad sino por la violencia contra quienes se les interponen en su camino, como acaba de ocurrir recientemente con el contratista del Parque Natural de la Sierra Nevada Wilton Fauder Orrego, que pagó con su vida su osada tarea de defenderlo de quienes atentan contra él impunemente.

Bien ha dicho el Mamo Danilo Villafañe, que “la tierra está enferma. La naturaleza tiene sus reglas, pero los hermanos menores no las siguen. Yo creo que estamos ante un punto de no retorno. Si las personas no cambian esto no se va a detener”. Esta es una verdad de apuño que demanda un compromiso mayor en defensa de lo que queda de este macizo. 

Riohacha, enero 26 de 2019

*Expresidente del Conreso y Exministro de Minas y Energía.

www.amylkaracosta.net

 

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Mauricio Cabrera Galvis

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Mientras las noticias políticas copan los titulares periodísticos y la atención de la opinión pública en Colombia, en el mundo económico se acumulan señales de tormenta que no deben ser ignoradas, aunque sean menos impactantes que el terrorismo del ELN, la rebelión contra Maduro, las nuevas revelaciones sobre los sobornos de Odebrecht o las primeras medidas del ultraderechista Bolsonaro.

El Foro Económico Mundial de Davos, reunido la semana pasada, fue la ocasión para que se plantearan las preocupaciones de las entidades internacionales, gobernantes y empresarios sobre el futuro de la economía. En contraste con el optimismo de años anteriores, ahora el consenso de la elite apunta a que se está frenando el crecimiento mundial. Según los pronósticos del Fondo Monetario Internacional se espera un crecimiento global de 3,5% para el 2019, que no solo es inferior al del 2018 (3,7%), sino que significa un recorte de 0,2% frente a las proyecciones hechas hace tan solo tres meses.

Las encuestas de opinión a empresarios y consumidores muestran una mayoría que coincide con las expectativas de desaceleración. Por supuesto, este promedio global esconde significativas diferencias entre las regiones. Así, mientras se espera que China e India crezcan por encima del 6%, Europa solo lo hará a una tasa del 1,6%, Japón al 1,1% y en Estados Unidos es donde se sentirá más fuerte la desaceleración bajando de cerca del 3% el año pasado a solo 1,8% en el 2020.

La rebaja de impuestos de Trump fue solo flor de un día. Por el contrario en América Latina se espera que el crecimiento repunte en los próximos dos años, de 1,1% en 2018 a 2,0% en 2019 y 2,5% en 2020, aunque esta recuperación es más lenta que la que se esperaba hace tres meses. Tres de las principales causas de la desaceleración tienen un fuerte componente político. La guerra comercial entre EE.UU. y China, el Brexit y las tensiones sociales por la globalización, representadas en los chalecos amarillos de Francia.

Las tensiones comerciales generadas por las políticas de Trump son tal vez, el nubarrón más importante que se cierne sobre la economía mundial, sobre todo por el carácter impredecible del “maestro de las negociaciones” que acaba de sufrir una vergonzosa derrota en su obsesión por construir el muro en la frontera con México.

Cali, 27 de enero de 2019

*Filósofo, Economista y Consultor   

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José Félix Lafaurie

Por José Félix Lafaurie*.- Algo grave pasó en Colombia cuando Santos decidió que el país no enfrentaba una amenaza narcoterrorista sino un “conflicto interno”, es decir, un legítimo levantamiento armado contra el Gobierno. Por eso no se negoció solamente la entrega y la reinserción”, sino que esos “rebeldes legitimados” mutaron en altos negociadores para modificar el Estado de Derecho en todo aquello que, según ellos, justificaba su “insurgencia”.

De igual a igual enfrentaron las Farc al Estado, sin abandonar la violencia extorsiva ni sus actividades mafiosas. Y de igual a igual pretendía el ELN someter al gobierno Duque, como lo hizo con el de Santos, para pretender absurdas concesiones, pues no entiendo qué se podría negociar con los elenos, más allá de los excesos otorgados a las Farc a cambio de un Nobel.

Cuando el Estado legitima la violencia terrorista, un miserable atentado se convierte en válida defensa a la “ofensiva de las fuerzas armadas”; cuando el presidente Duque les exige el cese del secuestro y de todos sus crímenes, Beltrán responde con cinismo que “el Gobierno condiciona los diálogos a que el ELN cese sus “acciones militares”. ¿Entonces el asesinato de 20 jóvenes fue una “acción militar”? ¿El ELN es otra alta parte negociadora, que firma protocolos secretos obligando en todo a su contraparte –otro gobierno–, y sin obligarse a nada? ¿Acaso tenemos que llorar a 20 colombianos, mientras nos vendamos los ojos y dejamos a sus asesinos esconderse para evadir la justicia y seguir ejecutando “acciones militares?

Siento dolor de patria al escuchar a quienes defienden el cumplimiento del protocolo, por una malentendida dignidad nacional; los mismos que desconocieron la voluntad popular del gran protocolo del plebiscito; que no era un asunto de honor, sino un mandato del pueblo. Mientras el país recibe el respaldo de la ONU, la OEA, el BID, de muchos gobiernos, y sobre todo, mientras el pueblo en las calles condena el terrorismo y apoya a su gobernante, los partidos de la extinta unidad y el excomisionado Pearl, esgrimen el peregrino argumento de que, de no respetarse el protocolo, en un futuro será difícil que un grupo armado confíe en el Gobierno en una eventual mesa de negociación.

¿Cuál futuro?, ¿acaso vamos a negociar por siempre con bandidos? ¿Dónde quedan nuestras instituciones permanentes, la justicia, el Estado de Derecho? Ya se negoció con las Farc; ya el ELN perdió la oportunidad de acogerse a una negociación. ¿Con quién más negociar?, ¿acaso con las disidencias, con las mafias o con el que más dispare y explote?

Hoy se impone rodear al Presidente, que no se puede obligar a un protocolo que ni firmó ni conocía, hoy manchado con la sangre de jóvenes colombianos. No más asesinos “legitimados”. La línea que Duque le trazó al ELN no podía ser más clara, y el ELN, igualado y arrogante, no quiso cruzarla.

Bogotá, D. C, 27 de enero de 2019.

*Presidente de Fedegan

 

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Gabriel Ortiz

Por Gabriel Ortiz*.- Este 2019 empezó más revuelto de lo que se esperaba. Hay conflictos por todas partes y en nuestras barbas. La vecindad se debate entre la libertad, la democracia y la adversidad. Nosotros soportamos las garras del terrorismo. En este panorama hace presencia  una intervención internacional, que nadie puede prever donde terminará y qué consecuencias traerá para Colombia, que de la noche a la mañana se convierte en escenario de lo que puede llegar ser el ojo del huracán, del conflicto de la época.

Millones de personas salen diariamente de una Venezuela resquebrajada y diezmada. Nadie imaginó que a esos límites podría llegar la patria de Bolívar, por una contienda entre irreflexivos poderes que al final colocaron a Chávez y a Maduro al frente de la mayor riqueza petrolera del mundo.

De Venezuela empezaron a salir sus más valiosos exponentes acosados por un gobierno populista y una clase dirigente que solo actuó cuando ya el mal había carcomido los huesos de una sociedad. Desde entonces nació la mayor migración en nuestro continente. En el vecino país quedaron los privilegiados de un gobierno que quiso inventar un socialismo excluyente y sin rumbo fijo, azotado por un mercado negro que llevó a la mayor inflación que recuerde la historia.

Ese régimen quiso imitar las CDR cubanas con unas milicias, que debían controlar a una población hambrienta y desesperada. Esas milicias están armadas hasta los dientes y listas para sostener los pedazos de gobierno que le quedan a Maduro.

El dictador sabe que estamos en un mundo ávido de conflictos. Estados Unidos se apresuró a reconocer a un segundo presidente, hecho que de inmediato respondieron Rusia y China, que aprovecharon esa oportunidad para un respiro en el Oriente.

El éxodo está ahora más en las calles de Caracas y demás ciudades y poblaciones que ven y sienten las consecuencias de un régimen tan oprobioso y despiadado.

Hoy dos presidentes: Maduro el renegado y José Guaidó buscan afanosamente las riendas del poder, cosa no parece tan fácil, en un país gobernado con demencia y al que respaldan unas fuerzas militares acariciadas con unos pocos bolívares que aún quedan.

Entre tanto los refugiados venezolanos deambulan por el mundo. Familias enteras soportan ahora a una naciente y bárbara xenofobia, producto  de ese “miedo que nos vuelve locos”, del que habla el Papa Francisco en la Conferencia Mundial de Juventudes que se reúne en Panamá. El foro de Davos, también se ocupa en su cita anual de la crisis migratoria.

Solo nos queda la esperanza de que la crisis venezolana no profundice más, que los países espectadores no le apliquen más carbón, que se recuperen el orden, la democracia y la libertad, para que dejemos de ser escenario de un conflicto internacional y que el “miedo no nos vuelva locos”.

BLANCO: La nueva estrategia del vice Juan Pablo Franky y la Presidenta de Pro-Colombia Flavia Santoro para atraer más turismo.

NEGRO: Los protocolos son para cumplirlos.

Bogotá, D. C, 25 de enero de 2019

*Ex Director del Noticiero Nacional y de Notisuper

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Por Ariel Ávila* .- Hace algunos días el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, y el alto comisionado para la paz, o para la legalidad, como le dicen ahora, Miguel Ceballos, hicieron una rueda de prensa. En ella, literalmente, hacen un papelón terrible, una vergüenza para la diplomacia colombiana. Manifiestan que desconocen los protocolos que se firmaron entre el Estado colombiano y el ELN. Como se sabe, el objetivo de estos protocolos era plasmar, lo más claro posible, las reglas de juego de la negociación, entre otras cosas, estos protocolos contemplaban los pasos que debían seguirse en caso de un rompimiento de las negociaciones.

El argumento del gobierno de Iván Duque es que estos protocolos los firmó otro gobierno —el de Santos—, por ende, no tendrían validez. Además, ya que el gobierno Duque no asistió a la mesa, ni una sola vez, aún es más claro que estos protocolos no tienen validez alguna. Basados en eso, piden que los mismos no se apliquen y que Cuba debería entregar los miembros del ELN al Estado colombiano. En la misma rueda de prensa se dijo que el Consejo de Seguridad de la ONU respaldaba al gobierno colombiano, por consiguiente, se debían desconocer los protocolos y Cuba debería entregar a los miembros del ELN. Sobre este tema se deben mencionar cinco cosas:

El Consejo de Seguridad de la ONU efectivamente emitió un comunicado. Donde condenaba el ataque terrorista del pasado jueves en Colombia. Se lee, a mitad del comunicado, que es importante que los responsables sean llevados a la justicia y que se condena cualquier acto de terrorismo. En ningún lado se habla de los protocolos y tampoco se insta a Cuba a entregar los miembros del ELN. Es decir, el señor Miguel Ceballos manipuló o tergiversó la nota de prensa del Consejo de Seguridad. De hecho, este tipo de notas de prensa es un comunicado estándar, el cual siempre se emite ante cualquier ataque terrorista en el mundo.

A nivel internacional el que firma es el Estado colombiano, no importa si el presidente era Pastrana, Gaviria, Uribe o Santos. Ante la comunidad internacional la firma de cualquier pacto, convenio, tratado es entendido como firma de Estado. El cambio de gobierno no afecta los compromisos de Estado. El argumento de Holmes Trujillo y Ceballos es tan absurdo que se podría decir que los tratados de derechos humanos sobre la libertad de prensa o el sistema interamericano o incluso el de la CPI, deberían ser ratificados cada cambio de gobierno, e incluso que es discrecional de cada gobierno decidir cuáles reconoce y cuáles no. Es totalmente absurdo.

Se debe aclarar que el Estado colombiano le pidió al Estado cubano que acogiera las negociaciones de paz, tanto la de las Farc como las del ELN. Colombia fue la que solicitó, Cuba no se metió a la fuerza o se impuso. Fue decisión de Colombia solicitar ese apoyo. Además, los protocolos involucran otros Estados y no solo a los cubanos. Cuba es un país amigo de Colombia y esta decisión del gobierno Duque pone en serio riesgo a la isla, pues los podrían incluir en la lista de países que ayudan al terrorismo, lo cual significan sanciones económicas y políticas delicadas.

Desconocer los protocolos sienta un precedente complicado: a nivel internacional quedaría la imagen de que Colombia tiende a desconocer lo que pacta. Además, es un muy mal precedente para futuras negociaciones ya que siempre habrá la duda sobre si se cumple o no lo pactado.

Los protocolos establecen los pasos a seguir en caso de ruptura de las negociaciones, pero no establecen diferentes protocolos dependiendo de la causa de la ruptura. Si bien el acto terrorista del ELN es reprochable, es una salvajada y debe ser rechazado con vehemencia, esto no significa que Colombia debe incumplir acuerdos que firmaron con otros Estados y con una contraparte con la que negociaba. Eso es el Estado de derecho, es decir, a pesar de las dificultades siempre se actúa en derecho y no se puede actuar como bandidos o incumpliendo las reglas.

De hecho, Carlos Holmes Trujillo sabe que eso que piden va en contravía de un Estado de derecho, pues ayer, miércoles, en la reunión del Consejo de Seguridad no habló ni de los protocolos, ni de Cuba. Se entiende la rabia de los colombianos luego del ataque terrorista, pero eso no nos puede llevar a cometer errores que ni un estudiante de primer semestre de Relaciones Internacionales cometería. 

Bogotá, D. C, 24 de enero de 2019

*Politólogo.

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Clara López Obregón

Por Clara López Obregón*.- El rechazo contundente al acto terrorista del ELN contra los cadetes de la Escuela General Santander expresado por sectores de todo el espectro político, desde la izquierda, pasando por el centro hasta la derecha, es muestra fehaciente de una voluntad general de condenar y superar la violencia como herramienta de infundir miedo y de hacer política. Los llamados a la unidad nacional a partir de esta premisa son lógicos y bienvenidos. No obstante, para lograr este objetivo superior, que ha eludido a los colombianos prácticamente desde la Independencia, no se pueden pasar por alto los contenidos de esa unidad, que algunos comentaristas ya toman por sentada como si el rechazo al terrorismo y a la violencia y la sentida solidaridad con nuestra Policía significaran un cheque en blanco al presidente Duque.

Rápidamente, se ha demostrado que tal unanimidad no existe. Son varias las discrepancias que se han hecho patentes con las declaraciones del presidente, ampliadas por el canciller Trujillo y el alto comisionado para la paz Ceballos. Los dos puntos de controversia centrales son: (i) la decisión de solicitarle al Gobierno de Cuba que incumpla los protocolos en caso de rompimiento de la mesa de diálogo y proceda a capturar y entregar a la Policía colombiana a los diez negociadores del ELN y (ii) la aseveración de que la política de paz no es una política de Estado sino de Gobierno, con las incidencias que ello tiene sobre la implementación de los acuerdos de paz con la Farc, hoy partido político legal.

Respecto de los protocolos, lo primero que debe señalarse es que la política de seguridad no debe afianzarse en el incumplimiento de la palabra empeñada del Estado. Si así se comienza, nadie sabe a dónde se irá a parar en materia de seguridad jurídica y de respeto por la legalidad. La primera consecuencia es la de poner en cuestión la credibilidad del Estado colombiano ante la comunidad internacional, con los efectos adversos que ello tendrá para futuras negociaciones de paz, las cuales hoy no se ven en el horizonte, pero tampoco se vislumbraban recién ocurrida la toma del Palacio de Justicia. ¿Qué país del mundo se prestaría como garante o anfitrión cuando se den las condiciones para una nueva negociación?

Surge también el interrogante de hasta dónde quiere llegar el gobierno Duque. ¿Quiere quemar las naves con Cuba que ha jugado un papel tan importante en el éxito del acuerdo de paz con las Farc? ¿Quiere sentar las bases para el rompimiento de relaciones diplomáticas con la Isla y también con Venezuela, para generar un involucramiento regional en el retorno a la política antisubversiva en una región que viene cambiando de signo político? ¿Será conveniente para el país la internacionalización de los reductos del conflicto armado colombiano? 

El segundo punto de discrepancia es sobre el carácter de la política de paz. El alto comisionado sostiene que se trata de una política de gobierno y no de Estado. La distinción entre una y otra está en el corazón del llamado a la unidad nacional. Las políticas de Estado trascienden de un gobierno a otro, incluso de distinta ideología, porque constituyen un acuerdo o consenso mayoritario de país. Ahí está el meollo del asunto.

En el diseño la política de paz interviene la libre disposición de cada gobierno, pero dentro del marco de la Constitución que establece, hoy por hoy, el único acuerdo expreso de política de Estado. Ella dispone en su artículo 22 que “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento,” entre muchas otras disposiciones que dan garantías de no repetición, estatuyen la justicia transicional y plantean la vigencia de los derechos humanos, entre otros elementos de la política de paz del Estado colombiano.

Es ese el marco de la paz como política constitucional del Estado, más no de Gobierno, que hace obligatorios y vinculantes los instrumentos que el Estado utiliza para facilitar, negociar y concretar acuerdos y, desde luego, los acuerdos finales suscritos o que se suscriban. Pretender que se pueden derogar o desconocer unilateralmente no solamente es inconstitucional, sino inconveniente y una negación de la buena fe y la legalidad exigible en todas las actuaciones oficiales.

Bogotá, D. C, 24 de enero de 2019

*Precandidata a la Presidencia y Excandidata a la Vicepresidencia de Colombia. Exalcaldesa de Bogotá y Exministra de Trabajo.

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José G Hernández

Por José G Hernández*.- La cúpula del Eln ha reconocido que esa organización subversiva fue la responsable del horrendo crimen perpetrado el jueves 17 de enero en las instalaciones de la Escuela de Cadetes General Francisco de Paula Santander en Bogotá. El acto terrorista, que no de guerra, arrojó el conocido y doloroso saldo de veinte jóvenes asesinados y más de sesenta heridos.

¿Quiénes fueron las víctimas? ¿Acaso curtidos y bien apertrechados soldados a los cuales se enfrentaba en franco combate alguna columna de la organización guerrillera? No.  El edificio atacado por sorpresa es una casa de estudios, no un cuartel militar. Y las víctimas, un grupo de jóvenes indefensos, desarmados y desprevenidos, que acudían a un acto académico -una ceremonia de grado-. Y el agresor, según la Fiscalía, era un guerrillero experto en el manejo de explosivos, que había preparado de tiempo atrás el acto criminal y que penetró abruptamente en la Escuela de Cadetes con el deliberado propósito de causar el mayor daño posible. Allí no hubo la más mínima posibilidad de defensa por parte de las víctimas, que -inermes y tomadas por sorpresa- fueron alcanzadas por la mortífera explosión del carro bomba cargado con al menos 80 kilos de pentolita.

El pueblo colombiano, en marchas llevadas a cabo en varias ciudades, se pronunció el domingo 20 de enero, sin convocatoria de origen partidista -espontáneamente-, y envió un mensaje contundente y claro: un rechazo general y terminante a toda forma de terrorismo, de crimen, de violencia, de vulneración de los Derechos Humanos, venga de donde viniere.

El Presidente de la República, Dr. Iván Duque -a quien todos debemos respaldar, así como a la Fuerza Pública, en la difícil situación que enfrenta el país- , ha resuelto poner fin a todo proceso de diálogo con el Eln -autor de éste y otros crímenes recientes- y levantar la suspensión de las órdenes de captura de los delegados de esa guerrilla en La Habana.   

En primer lugar, el acto criminal del que se trata no puede verse como un evento propio de la guerra, porque va contra los Derechos Humanos y quebranta el Derecho Internacional Humanitario. No es sino un cobarde acto de terrorismo cometido a mansalva, con premeditación, respecto al cual no puede haber impunidad, ni cabe diálogo de paz, pues el Estado no se puede comprometer a dejar impune un crimen de semejantes dimensiones. Es, sin duda, un crimen de lesa humanidad.

En segundo lugar, el Gobierno del presidente Duque no podía hacer nada distinto de lo que hizo: levantar la mesa de diálogo que se reunía en La Habana, tras el retiro de la sede en Quito por decisión del nuevo gobierno ecuatoriano.

Obviamente, la plena terminación de los diálogos implica que la presencia en Cuba de los delegados guerrilleros ya no tiene razón de ser. Y contra ellos hay órdenes de captura.

Al Gobierno colombiano le asiste toda la razón y está amparado por el Derecho: no se puede dialogar con una organización terrorista que quiere dialogar cometiendo simultáneamente crímenes de lesa humanidad, presionando al Estado mediante actos terroristas, y que, por tanto, ha demostrado hasta la saciedad no tener ninguna voluntad de paz.

Bogotá, D. C, 23 de enero de 2019

*Expresidente de la Corte Constitucional

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Jairo Gómez

Por Jairo Gómez*.- Ni el episodio más repudiable como el ocurrido en la Escuela General Santander puede cerrarle la puerta a una salida política y negociada del conflicto armado. No podemos reeditar la viaje frase que afloraba una vez se rompían los diálogos y negociaciones con la guerrilla: “Nos volveremos a sentar a la mesa después de miles muertos”.

Siempre en cualquier negociación de paz, y en eso el caso colombiano es un vivo ejemplo, los disparates de la guerra buscaron aminorar el entendimiento y el diálogo, pero la sociedad se sobrepuso y presionó para que los grupos insurgentes retomaran el cauce de la negociación política. Nunca se trató de una imposición sino de la capacidad de resiliencia de los colombianos y colombianas la que afloró para bien.

Fueron muchos los intentos y fueron muchos los esfuerzos que con el correr del tiempo y sin renunciar a la salida negociada y política del conflicto armado en Colombia que se lograron varios acuerdos de paz. Es decir, hay un camino andado y unos frutos que mostrar. El más reciente, qué duda cabe, fue el acuerdo logrado con las Farc.

Vale recordar el episodio en Buenos Aires, Cauca, en pleno diálogo de paz en La Habana cuando las Farc masacraron a cerca de 16 soldados y, como respuesta, el gobierno bombardeó un campamento dando de  baja a un comandante de esa guerrilla que había estado sentado en la mesa de Cuba. Ese dislate de la guerra puso en vilo el proceso, pero la diligente reacción internacional y el apoyo de la sociedad logró neutralizar las voces que desde la otra orilla arengaban en favor de romper las negociaciones. La cordura y el compromiso le cedieron el paso a la paz.

Por ello, la decisión del presidente Duque de anular cualquier posibilidad de diálogo y negociación de paz con el ELN es un error, es tomar el camino equivocado; ni siquiera su mentor, el expresidente Uribe, que le apostó el todo o nada a la guerra y al mismo tiempo negoció con el ELN, pudo derrotar la insurgencia; la debilitó pero no la venció. Cerca de diez mil millones de dólares fueron dilapidados, se dotó de la mejor tecnología de guerra para combatir la guerrilla e incluso se aumentó el número de hombres en el estamento militar y policial (más de quinientos mil uniformados están en las filas) y nada de ello logró vencer al enemigo. No puede el gobierno seguir subestimando a una guerrilla díscola con mucha capacidad de daño. Derribar un helicóptero, secuestrar a sus ocupantes y robarse un dinero es un hecho que dice mucho de los alcances de esta organización.

Se equivocó el ELN, claro que sí. Su dirigencia, un Comando Central (Coce) de estructura horizontal, está fuera de foco y revela la falta de liderazgo al interior de esa organización (alias Gabino, su comandante, enfermo en Cuba). Cada cual, hablo de sus frentes, va por su lado y las acciones no se toman por consenso, luego no es de extrañar que el acto vandálico contra la policía hubiera sido decisión de varios frentes que se hacen llamar “dirección nacional”, por lo menos así lo dice el comunicado.

Evidentemente, la lectura política que hacen del país es de una torpeza infinita; para ellos no existen los avances significativos en el año 2018 de las fuerzas alternativas en las urnas que revelan un cambio cualitativo en el terreno democrático y las pone en inmejorables condiciones para disputarle a la secular clase política, las instancias de poder. No es con bombazos con que los “elenos” cambiarán el devenir de las futuras generaciones, así traten de justificar su acción terrorista contra la policía.

Puede sonar políticamente incorrecto, pero insisto en que la única salida a este residuo de conflicto armado debe ser la negociada. No es conveniente volver a sentarnos a dialogar después de “otros miles muertos”.

Bogotá, D. C, 22 de enero de 2019

*Periodista y Analista Político.

@jairotevi

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Guillermo García Realpe

Por Guillermo García Realpe*.-El pasado 17 de enero a muy tempranas horas de la mañana el país fue sacudido por un acto terrorista sucedido en Bogotá, en la Escuela de Cadetes General Santander, ubicada al sur de la capital. 

El saldo trágico, 20 muertos y más de 60 heridos, todos jóvenes estudiantes que se preparaban para servir a la Patria desde la Policía Nacional cayeron vilmente a manos del terrorismo, y cuyos autores intelectuales se desconocían hasta ese momento. Horas más tarde, se conoció de primera mano información del autor material quien falleció de forma inmediata junto a las demás víctimas. 

Se tejían diferentes hipótesis acerca de los autores de tan execrable hecho, las autoridades redoblaban sus esfuerzos, el Gobierno  Nacional hacía lo propio, mientras crecía la indignación nacional. 

Con el pasar de las horas, surgieron vídeos, el autor material fue identificado plenamente según la Fiscalía General de la Nación y con base a inteligencia se afirmó que José Aldemar Rojas, pertenecía a estructuras del ELN, y que era un reconocido explosivista de esa organización. 

Días después ese grupo guerrillero, a través de un comunicado, reconoció la autoría de tan lamentable hecho que enluto al país y que le dio la vuelta al mundo. De inmediato, la reacción del Gobierno no se hizo esperar, el resultado;  el rompimiento de la mesa de diálogo de La Habana con el ELN, el levantamiento de la suspensión de las ordenes de captura contra los principales jefes de esa guerrilla y el llamado a Cuba para que entregue a los cabecillas, saltándose de esa manera los protocolos de lo pactado entre las partes. 

Esta decisión, sin duda, tensionó las relaciones diplomáticas entre Colombia y Cuba, pues se está desconociendo un acuerdo donde hay de por medio países garantes del proceso, que como Noruega, Chile, Brasil y el mismo Cuba, ofrecieron sus buenos oficios para neutralizar, a través del diálogo a la que es hoy la principal guerrilla, luego de la desmovilización y entrega de armas por parte de las FARC. 

Que quede claro, los protocolos acordados son de obligatorio cumplimiento porque fue una decisión de Estado y no de gobierno, faltar a esto, traería serias implicaciones, primero, la desconfianza que el hecho genera en la comunidad internacional y principalmente a los países garantes que en eventuales nuevos procesos ya muy difícilmente creerían en Colombia, segundo, la desconfianza que también se crea a la organización guerrillera, pues no se generaría sinergia entre las partes a futuro. 

No justificamos desde ningún punto de vista el acto terrorista que cobró la vida de veinte inocentes muchachos, tampoco la generación de muerte y más violencia, eso se tiene que acabar en Colombia de una vez por todas. Nuestro país merece alcanzar una Paz plena y duradera, donde la reconciliación nacional sea una prioridad y donde las nuevas guerras se libren contra la pobreza y la corrupción, factores que no dejan progresar a Colombia hacia la justicia social. 

Lo que hizo el ELN, fue un acto vil y cobarde que no tiene consideración alguna, el terrorismo debe ser erradicado de la faz de la tierra, ningún país del mundo merece ser víctima de tan cruel método de guerra, que no sólo atenta contra el Derecho Internacional Humanitario, sino también es un delito de lesa humanidad. 

Ahora, la decisión del Gobierno colombiano de hacer trizas la Paz con el ELN, conllevaría a nuevas situaciones de violencia y de guerra, no sólo en las regiones, sino en las ciudades colombianas y eso sería gravísimo. Volvería la inseguridad a las calles y veredas, la gente se sentirá intranquila y con la misma zozobra de años atrás. 

Como hombre de Paz y como colombiano de la gran provincia, donde más se vive la guerra, creó que terminar los diálogos con el ELN es una salida errada, a pesar del difícil momento, del sufrimiento de las familias de las víctimas, se debe insistir en la vía negociada a través del diálogo, sólo así evitaremos más derramamiento de sangre, sólo así evitaremos que más colombianos sigan muriendo. 

La Comisión de Paz del Congreso, célula de la cual hago parte, ha explorado diversos caminos para buscar soluciones que permitan frenar la guerra en el país. Recientemente nos reunimos para abordar el difícil momento con el ELN y algunas de las conclusiones a las que se llegó fueron por ejemplo, solicitarle al Presidente de la República una reunión con ambas comisiones (Senado y Cámara), con el fin de conocer su visión sobre la construcción de Paz en el país y hacer recomendaciones al respecto. 

Citar al Alto Comisionado de Paz, Miguel Ceballos y al Consejero para la Estabilización, Emilio José Archila, a una sesión de las Comisiones de Paz conjuntas para abordar la estrategia del Gobierno frente al ELN. 

También se acordó, la exigencia al ELN para que libere lo antes posible a los tres ciudadanos tripulantes del helicóptero que fueron secuestrados el pasado 11 de enero en el Catatumbo. 

Así mismo, articular la conformación de una Mesa Humanitaria junto  a la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría para articular políticas de protección de los Derechos Humanos de la población civil y especialmente a los líderes sociales que sufre las consecuencias de la confrontación entre el Estado y el ELN. 

De igual forma haremos seguimiento a la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, en particular en lo relacionado con la política de Paz. 

Bogotá, D. C, 28 de enero de 2019

*Senador Liberal

@GGarciaRealpe

#SíALaPaz #NoAlTerrorismo

 

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Horacio Serpa Uribe

Por Horacio Serpa Uribe*.- Como el Partido Liberal no suena ni truena, algunos piensan que se volvió un grupo marginal, apropiado para acomodarse en  las listas o servir de comodín  a otros Partidos para que lleguen al gobierno. Me refiero a las elecciones regionales de Octubre. Hacen falta 9 meses, se escuchan propósitos y candidaturas para gobernaciones y alcaldías, concejos y asambleas, de diferentes banderías y  por firmas, y al Partido Liberal solo se le menciona para hacer coaliciones o llenar vacíos en las listas. Eso da una impresión de desinterés enorme, de entregarse sin competir ni luchar, lo que se llama no tener vocación de poder.

Una demostración de que falta ese ánimo de participación y de lucha, es que no se conocen lineamientos políticos ni se hace proselitismo de la ideología roja, lo que es imperativo en una época de elecciones. Tampoco se recuerda la valiosa historia del Liberalismo y sus logros sociales, económicos y políticos mediante luchas que llegaron hasta el sacrificio personal. A estas alturas, en medio de la mediocre confrontación electoral que se ha vuelto el ejercicio de la política, pocos saben en qué consiste el liberalismo y cuál es el significado de pertenecer al Partido de la bandera roja.

No hay motivación, la juventud solo recibe la noticia de que el Partido Liberal es una organización decrépita, sin rumbo, en la que algunos de sus miembros han cometido corrupción y sectores dirigentes han olvidado que liberalismo es paz, libertad, equidad social, solidaridad con los necesitados, entrega al pueblo buscando su bienestar, y lucha por el poder político.

Si no se llega al poder político no hay forma de cumplirle a la ideología y al pueblo. Por eso es imprescindible llegar a la Presidencia de la República, a las Gobernaciones y Alcaldías. Por eso hay que estar en el Congreso, en las Asambleas y Concejos, en las Juntas Administradoras Locales, en la Acción Comunal. Pero para eso hay que llegar a la gente, escucharla, debatir cuando sea necesario, explicar las diferencias con los otros, tener propuestas, difundir las ideas, denunciar a los corruptos, visitar los barrios, estar en las calles y en la veredas, regresar a la Universidad, a las fábricas, a los sindicatos, utilizar con inteligencia y pulcritud las redes sociales, volver a la camisa roja y a cantar el emocionante himno del Partido Liberal.

No hay tal de que ya no sirven las reuniones y es anticuado llenar las plazas y agitar las banderas rojas. El Partido debe modernizarse y tener estrategias de imagen y comunicación, pero si no le toca el hombre al obrero, si no le da la mano a la mujer, si no es capaz de abrazar a los jóvenes, está perdido. Aún hay tiempo. Hay que   tener lineamientos políticos, programas, buenos y pulcros candidatos, pero especialmente hay que tener emoción y compromiso. La política no es una batalla de flores; la política es una lucha tenaz por el poder.

Bogotá, D. C, 28 de enero de 2019

*Abogado. Excongresista, Exministro del Interior, Excandidato Presidencial, Exdiplomático, Exgobernador de Santander.

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Amylkar D Acosta M

Por Amylkar Acosta*.-  La Sierra Nevada de Santa Marta es el único macizo en el mundo, con picos tan elevados como los de Cristobal Colón y Bolivar, a más de 5.775 metros de altitud y con nieves “perpetuas”, en el litoral, a escasos 42 kilómetros del Mar Caribe. La Sierra Nevada de Santa Marta como tal tiene una extensión de 12.000 kilómetros cuadrados (1´223.230 hectáreas), tomando como referencia los 200 metros sobre el nivel del mar. Allí está asentadas desde tiempos inmemoriales las comunidades indígenas de las étnias Koguis, Wiwas, Kankuanos y Arhuacos cuya población ronda los 100.000 habitantes.

Según datos del IDEAM para 1850 el glacial en la Sierra Nevada se extendía a lo largo de 82.6 kilómetros cuadrados y desde entonces ha venido retrocediendo a consecuencia de la depredación y la deforestación, al punto que hoy sólo cuenta con el 20% de la selva híumeda y el bosque seco, reduciéndose a sólo 6.5 kilómetros cuadrados, el 7.8% de aquella cifra. Allí tienen nacimiento 35 rios (entre ellos el Guatapurí, el Aracataca y Palomino), de los cuales se sirven para abastecer de agua potable a 1.5 millones de habitantes de los tres departamentos que la circundan, el Cesar, el Magdalena y La guajira. Y no es para menos, ya que en ese banco de agua, que contaba además de un complejo lagunar compuesto por 380 lagunas, se producían en sus mejores tiempos 10 millones de metros cúbicos al año.

La Sierra Nevada de Santa Marta ha sido considerada como una de las maravillas del mundo, lo cual le valió hace 40 años, en 1979, que la UNESCO la declarara Reserva del Hombre y la Biosfera, de la cual se derivan tres funciones complementarias, la conservación, el desarrollo y el apoyo logístico, las cuales en este caso han resultado nugatorias. La degradación de este ecosistema tiene una causalidad circular, pues la tala y la deforestación traen consigo la pérdida de la vegetación que secuestra CO2 y libera oxígeno, al tiempo que la descomposición de la materia orgánica y las quemas que siguen a la tala emiten a la atmósfera GEI. Y estos, a su vez, contribuyen al calentamiento global.

El Presidente Santos en víspera de hacer dejación del cargo expidió el Decreto 1.500 del 6 de agosto de 2018, “por el cual se redefine el territorio ancestral de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuano de la Sierra Nevada de Santa Marta, expresado en el sistema de espacios sagrados de la Línea Negra, como ámbito tradicional de especial protección, valor espiritual, cultural y ambiental”. Se trata de un ajuste a la llamada Línea Negra, trazada a la altura de los mil metros sobre el nivel del mar, pasando de 50 a 381 los sitios sagrados y/o ceremoniales identificados y delimitados, los cuales deberán ser objeto de especial protección. Esta es tanto más necesario en cuanto que la Sierra Nevada de Santa Marta se está viendo amenazada no sólo por los depredadores de su biodiversidad sino por la violencia contra quienes se les interponen en su camino, como acaba de ocurrir recientemente con el contratista del Parque Natural de la Sierra Nevada Wilton Fauder Orrego, que pagó con su vida su osada tarea de defenderlo de quienes atentan contra él impunemente.

Bien ha dicho el Mamo Danilo Villafañe, que “la tierra está enferma. La naturaleza tiene sus reglas, pero los hermanos menores no las siguen. Yo creo que estamos ante un punto de no retorno. Si las personas no cambian esto no se va a detener”. Esta es una verdad de apuño que demanda un compromiso mayor en defensa de lo que queda de este macizo. 

Riohacha, enero 26 de 2019

*Expresidente del Conreso y Exministro de Minas y Energía.

www.amylkaracosta.net

 

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Mauricio Cabrera Galvis

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Mientras las noticias políticas copan los titulares periodísticos y la atención de la opinión pública en Colombia, en el mundo económico se acumulan señales de tormenta que no deben ser ignoradas, aunque sean menos impactantes que el terrorismo del ELN, la rebelión contra Maduro, las nuevas revelaciones sobre los sobornos de Odebrecht o las primeras medidas del ultraderechista Bolsonaro.

El Foro Económico Mundial de Davos, reunido la semana pasada, fue la ocasión para que se plantearan las preocupaciones de las entidades internacionales, gobernantes y empresarios sobre el futuro de la economía. En contraste con el optimismo de años anteriores, ahora el consenso de la elite apunta a que se está frenando el crecimiento mundial. Según los pronósticos del Fondo Monetario Internacional se espera un crecimiento global de 3,5% para el 2019, que no solo es inferior al del 2018 (3,7%), sino que significa un recorte de 0,2% frente a las proyecciones hechas hace tan solo tres meses.

Las encuestas de opinión a empresarios y consumidores muestran una mayoría que coincide con las expectativas de desaceleración. Por supuesto, este promedio global esconde significativas diferencias entre las regiones. Así, mientras se espera que China e India crezcan por encima del 6%, Europa solo lo hará a una tasa del 1,6%, Japón al 1,1% y en Estados Unidos es donde se sentirá más fuerte la desaceleración bajando de cerca del 3% el año pasado a solo 1,8% en el 2020.

La rebaja de impuestos de Trump fue solo flor de un día. Por el contrario en América Latina se espera que el crecimiento repunte en los próximos dos años, de 1,1% en 2018 a 2,0% en 2019 y 2,5% en 2020, aunque esta recuperación es más lenta que la que se esperaba hace tres meses. Tres de las principales causas de la desaceleración tienen un fuerte componente político. La guerra comercial entre EE.UU. y China, el Brexit y las tensiones sociales por la globalización, representadas en los chalecos amarillos de Francia.

Las tensiones comerciales generadas por las políticas de Trump son tal vez, el nubarrón más importante que se cierne sobre la economía mundial, sobre todo por el carácter impredecible del “maestro de las negociaciones” que acaba de sufrir una vergonzosa derrota en su obsesión por construir el muro en la frontera con México.

Cali, 27 de enero de 2019

*Filósofo, Economista y Consultor   

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José Félix Lafaurie

Por José Félix Lafaurie*.- Algo grave pasó en Colombia cuando Santos decidió que el país no enfrentaba una amenaza narcoterrorista sino un “conflicto interno”, es decir, un legítimo levantamiento armado contra el Gobierno. Por eso no se negoció solamente la entrega y la reinserción”, sino que esos “rebeldes legitimados” mutaron en altos negociadores para modificar el Estado de Derecho en todo aquello que, según ellos, justificaba su “insurgencia”.

De igual a igual enfrentaron las Farc al Estado, sin abandonar la violencia extorsiva ni sus actividades mafiosas. Y de igual a igual pretendía el ELN someter al gobierno Duque, como lo hizo con el de Santos, para pretender absurdas concesiones, pues no entiendo qué se podría negociar con los elenos, más allá de los excesos otorgados a las Farc a cambio de un Nobel.

Cuando el Estado legitima la violencia terrorista, un miserable atentado se convierte en válida defensa a la “ofensiva de las fuerzas armadas”; cuando el presidente Duque les exige el cese del secuestro y de todos sus crímenes, Beltrán responde con cinismo que “el Gobierno condiciona los diálogos a que el ELN cese sus “acciones militares”. ¿Entonces el asesinato de 20 jóvenes fue una “acción militar”? ¿El ELN es otra alta parte negociadora, que firma protocolos secretos obligando en todo a su contraparte –otro gobierno–, y sin obligarse a nada? ¿Acaso tenemos que llorar a 20 colombianos, mientras nos vendamos los ojos y dejamos a sus asesinos esconderse para evadir la justicia y seguir ejecutando “acciones militares?

Siento dolor de patria al escuchar a quienes defienden el cumplimiento del protocolo, por una malentendida dignidad nacional; los mismos que desconocieron la voluntad popular del gran protocolo del plebiscito; que no era un asunto de honor, sino un mandato del pueblo. Mientras el país recibe el respaldo de la ONU, la OEA, el BID, de muchos gobiernos, y sobre todo, mientras el pueblo en las calles condena el terrorismo y apoya a su gobernante, los partidos de la extinta unidad y el excomisionado Pearl, esgrimen el peregrino argumento de que, de no respetarse el protocolo, en un futuro será difícil que un grupo armado confíe en el Gobierno en una eventual mesa de negociación.

¿Cuál futuro?, ¿acaso vamos a negociar por siempre con bandidos? ¿Dónde quedan nuestras instituciones permanentes, la justicia, el Estado de Derecho? Ya se negoció con las Farc; ya el ELN perdió la oportunidad de acogerse a una negociación. ¿Con quién más negociar?, ¿acaso con las disidencias, con las mafias o con el que más dispare y explote?

Hoy se impone rodear al Presidente, que no se puede obligar a un protocolo que ni firmó ni conocía, hoy manchado con la sangre de jóvenes colombianos. No más asesinos “legitimados”. La línea que Duque le trazó al ELN no podía ser más clara, y el ELN, igualado y arrogante, no quiso cruzarla.

Bogotá, D. C, 27 de enero de 2019.

*Presidente de Fedegan

 

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Gabriel Ortiz

Por Gabriel Ortiz*.- Este 2019 empezó más revuelto de lo que se esperaba. Hay conflictos por todas partes y en nuestras barbas. La vecindad se debate entre la libertad, la democracia y la adversidad. Nosotros soportamos las garras del terrorismo. En este panorama hace presencia  una intervención internacional, que nadie puede prever donde terminará y qué consecuencias traerá para Colombia, que de la noche a la mañana se convierte en escenario de lo que puede llegar ser el ojo del huracán, del conflicto de la época.

Millones de personas salen diariamente de una Venezuela resquebrajada y diezmada. Nadie imaginó que a esos límites podría llegar la patria de Bolívar, por una contienda entre irreflexivos poderes que al final colocaron a Chávez y a Maduro al frente de la mayor riqueza petrolera del mundo.

De Venezuela empezaron a salir sus más valiosos exponentes acosados por un gobierno populista y una clase dirigente que solo actuó cuando ya el mal había carcomido los huesos de una sociedad. Desde entonces nació la mayor migración en nuestro continente. En el vecino país quedaron los privilegiados de un gobierno que quiso inventar un socialismo excluyente y sin rumbo fijo, azotado por un mercado negro que llevó a la mayor inflación que recuerde la historia.

Ese régimen quiso imitar las CDR cubanas con unas milicias, que debían controlar a una población hambrienta y desesperada. Esas milicias están armadas hasta los dientes y listas para sostener los pedazos de gobierno que le quedan a Maduro.

El dictador sabe que estamos en un mundo ávido de conflictos. Estados Unidos se apresuró a reconocer a un segundo presidente, hecho que de inmediato respondieron Rusia y China, que aprovecharon esa oportunidad para un respiro en el Oriente.

El éxodo está ahora más en las calles de Caracas y demás ciudades y poblaciones que ven y sienten las consecuencias de un régimen tan oprobioso y despiadado.

Hoy dos presidentes: Maduro el renegado y José Guaidó buscan afanosamente las riendas del poder, cosa no parece tan fácil, en un país gobernado con demencia y al que respaldan unas fuerzas militares acariciadas con unos pocos bolívares que aún quedan.

Entre tanto los refugiados venezolanos deambulan por el mundo. Familias enteras soportan ahora a una naciente y bárbara xenofobia, producto  de ese “miedo que nos vuelve locos”, del que habla el Papa Francisco en la Conferencia Mundial de Juventudes que se reúne en Panamá. El foro de Davos, también se ocupa en su cita anual de la crisis migratoria.

Solo nos queda la esperanza de que la crisis venezolana no profundice más, que los países espectadores no le apliquen más carbón, que se recuperen el orden, la democracia y la libertad, para que dejemos de ser escenario de un conflicto internacional y que el “miedo no nos vuelva locos”.

BLANCO: La nueva estrategia del vice Juan Pablo Franky y la Presidenta de Pro-Colombia Flavia Santoro para atraer más turismo.

NEGRO: Los protocolos son para cumplirlos.

Bogotá, D. C, 25 de enero de 2019

*Ex Director del Noticiero Nacional y de Notisuper

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Por Ariel Ávila* .- Hace algunos días el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, y el alto comisionado para la paz, o para la legalidad, como le dicen ahora, Miguel Ceballos, hicieron una rueda de prensa. En ella, literalmente, hacen un papelón terrible, una vergüenza para la diplomacia colombiana. Manifiestan que desconocen los protocolos que se firmaron entre el Estado colombiano y el ELN. Como se sabe, el objetivo de estos protocolos era plasmar, lo más claro posible, las reglas de juego de la negociación, entre otras cosas, estos protocolos contemplaban los pasos que debían seguirse en caso de un rompimiento de las negociaciones.

El argumento del gobierno de Iván Duque es que estos protocolos los firmó otro gobierno —el de Santos—, por ende, no tendrían validez. Además, ya que el gobierno Duque no asistió a la mesa, ni una sola vez, aún es más claro que estos protocolos no tienen validez alguna. Basados en eso, piden que los mismos no se apliquen y que Cuba debería entregar los miembros del ELN al Estado colombiano. En la misma rueda de prensa se dijo que el Consejo de Seguridad de la ONU respaldaba al gobierno colombiano, por consiguiente, se debían desconocer los protocolos y Cuba debería entregar a los miembros del ELN. Sobre este tema se deben mencionar cinco cosas:

El Consejo de Seguridad de la ONU efectivamente emitió un comunicado. Donde condenaba el ataque terrorista del pasado jueves en Colombia. Se lee, a mitad del comunicado, que es importante que los responsables sean llevados a la justicia y que se condena cualquier acto de terrorismo. En ningún lado se habla de los protocolos y tampoco se insta a Cuba a entregar los miembros del ELN. Es decir, el señor Miguel Ceballos manipuló o tergiversó la nota de prensa del Consejo de Seguridad. De hecho, este tipo de notas de prensa es un comunicado estándar, el cual siempre se emite ante cualquier ataque terrorista en el mundo.

A nivel internacional el que firma es el Estado colombiano, no importa si el presidente era Pastrana, Gaviria, Uribe o Santos. Ante la comunidad internacional la firma de cualquier pacto, convenio, tratado es entendido como firma de Estado. El cambio de gobierno no afecta los compromisos de Estado. El argumento de Holmes Trujillo y Ceballos es tan absurdo que se podría decir que los tratados de derechos humanos sobre la libertad de prensa o el sistema interamericano o incluso el de la CPI, deberían ser ratificados cada cambio de gobierno, e incluso que es discrecional de cada gobierno decidir cuáles reconoce y cuáles no. Es totalmente absurdo.

Se debe aclarar que el Estado colombiano le pidió al Estado cubano que acogiera las negociaciones de paz, tanto la de las Farc como las del ELN. Colombia fue la que solicitó, Cuba no se metió a la fuerza o se impuso. Fue decisión de Colombia solicitar ese apoyo. Además, los protocolos involucran otros Estados y no solo a los cubanos. Cuba es un país amigo de Colombia y esta decisión del gobierno Duque pone en serio riesgo a la isla, pues los podrían incluir en la lista de países que ayudan al terrorismo, lo cual significan sanciones económicas y políticas delicadas.

Desconocer los protocolos sienta un precedente complicado: a nivel internacional quedaría la imagen de que Colombia tiende a desconocer lo que pacta. Además, es un muy mal precedente para futuras negociaciones ya que siempre habrá la duda sobre si se cumple o no lo pactado.

Los protocolos establecen los pasos a seguir en caso de ruptura de las negociaciones, pero no establecen diferentes protocolos dependiendo de la causa de la ruptura. Si bien el acto terrorista del ELN es reprochable, es una salvajada y debe ser rechazado con vehemencia, esto no significa que Colombia debe incumplir acuerdos que firmaron con otros Estados y con una contraparte con la que negociaba. Eso es el Estado de derecho, es decir, a pesar de las dificultades siempre se actúa en derecho y no se puede actuar como bandidos o incumpliendo las reglas.

De hecho, Carlos Holmes Trujillo sabe que eso que piden va en contravía de un Estado de derecho, pues ayer, miércoles, en la reunión del Consejo de Seguridad no habló ni de los protocolos, ni de Cuba. Se entiende la rabia de los colombianos luego del ataque terrorista, pero eso no nos puede llevar a cometer errores que ni un estudiante de primer semestre de Relaciones Internacionales cometería. 

Bogotá, D. C, 24 de enero de 2019

*Politólogo.

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Clara López Obregón

Por Clara López Obregón*.- El rechazo contundente al acto terrorista del ELN contra los cadetes de la Escuela General Santander expresado por sectores de todo el espectro político, desde la izquierda, pasando por el centro hasta la derecha, es muestra fehaciente de una voluntad general de condenar y superar la violencia como herramienta de infundir miedo y de hacer política. Los llamados a la unidad nacional a partir de esta premisa son lógicos y bienvenidos. No obstante, para lograr este objetivo superior, que ha eludido a los colombianos prácticamente desde la Independencia, no se pueden pasar por alto los contenidos de esa unidad, que algunos comentaristas ya toman por sentada como si el rechazo al terrorismo y a la violencia y la sentida solidaridad con nuestra Policía significaran un cheque en blanco al presidente Duque.

Rápidamente, se ha demostrado que tal unanimidad no existe. Son varias las discrepancias que se han hecho patentes con las declaraciones del presidente, ampliadas por el canciller Trujillo y el alto comisionado para la paz Ceballos. Los dos puntos de controversia centrales son: (i) la decisión de solicitarle al Gobierno de Cuba que incumpla los protocolos en caso de rompimiento de la mesa de diálogo y proceda a capturar y entregar a la Policía colombiana a los diez negociadores del ELN y (ii) la aseveración de que la política de paz no es una política de Estado sino de Gobierno, con las incidencias que ello tiene sobre la implementación de los acuerdos de paz con la Farc, hoy partido político legal.

Respecto de los protocolos, lo primero que debe señalarse es que la política de seguridad no debe afianzarse en el incumplimiento de la palabra empeñada del Estado. Si así se comienza, nadie sabe a dónde se irá a parar en materia de seguridad jurídica y de respeto por la legalidad. La primera consecuencia es la de poner en cuestión la credibilidad del Estado colombiano ante la comunidad internacional, con los efectos adversos que ello tendrá para futuras negociaciones de paz, las cuales hoy no se ven en el horizonte, pero tampoco se vislumbraban recién ocurrida la toma del Palacio de Justicia. ¿Qué país del mundo se prestaría como garante o anfitrión cuando se den las condiciones para una nueva negociación?

Surge también el interrogante de hasta dónde quiere llegar el gobierno Duque. ¿Quiere quemar las naves con Cuba que ha jugado un papel tan importante en el éxito del acuerdo de paz con las Farc? ¿Quiere sentar las bases para el rompimiento de relaciones diplomáticas con la Isla y también con Venezuela, para generar un involucramiento regional en el retorno a la política antisubversiva en una región que viene cambiando de signo político? ¿Será conveniente para el país la internacionalización de los reductos del conflicto armado colombiano? 

El segundo punto de discrepancia es sobre el carácter de la política de paz. El alto comisionado sostiene que se trata de una política de gobierno y no de Estado. La distinción entre una y otra está en el corazón del llamado a la unidad nacional. Las políticas de Estado trascienden de un gobierno a otro, incluso de distinta ideología, porque constituyen un acuerdo o consenso mayoritario de país. Ahí está el meollo del asunto.

En el diseño la política de paz interviene la libre disposición de cada gobierno, pero dentro del marco de la Constitución que establece, hoy por hoy, el único acuerdo expreso de política de Estado. Ella dispone en su artículo 22 que “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento,” entre muchas otras disposiciones que dan garantías de no repetición, estatuyen la justicia transicional y plantean la vigencia de los derechos humanos, entre otros elementos de la política de paz del Estado colombiano.

Es ese el marco de la paz como política constitucional del Estado, más no de Gobierno, que hace obligatorios y vinculantes los instrumentos que el Estado utiliza para facilitar, negociar y concretar acuerdos y, desde luego, los acuerdos finales suscritos o que se suscriban. Pretender que se pueden derogar o desconocer unilateralmente no solamente es inconstitucional, sino inconveniente y una negación de la buena fe y la legalidad exigible en todas las actuaciones oficiales.

Bogotá, D. C, 24 de enero de 2019

*Precandidata a la Presidencia y Excandidata a la Vicepresidencia de Colombia. Exalcaldesa de Bogotá y Exministra de Trabajo.

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José G Hernández

Por José G Hernández*.- La cúpula del Eln ha reconocido que esa organización subversiva fue la responsable del horrendo crimen perpetrado el jueves 17 de enero en las instalaciones de la Escuela de Cadetes General Francisco de Paula Santander en Bogotá. El acto terrorista, que no de guerra, arrojó el conocido y doloroso saldo de veinte jóvenes asesinados y más de sesenta heridos.

¿Quiénes fueron las víctimas? ¿Acaso curtidos y bien apertrechados soldados a los cuales se enfrentaba en franco combate alguna columna de la organización guerrillera? No.  El edificio atacado por sorpresa es una casa de estudios, no un cuartel militar. Y las víctimas, un grupo de jóvenes indefensos, desarmados y desprevenidos, que acudían a un acto académico -una ceremonia de grado-. Y el agresor, según la Fiscalía, era un guerrillero experto en el manejo de explosivos, que había preparado de tiempo atrás el acto criminal y que penetró abruptamente en la Escuela de Cadetes con el deliberado propósito de causar el mayor daño posible. Allí no hubo la más mínima posibilidad de defensa por parte de las víctimas, que -inermes y tomadas por sorpresa- fueron alcanzadas por la mortífera explosión del carro bomba cargado con al menos 80 kilos de pentolita.

El pueblo colombiano, en marchas llevadas a cabo en varias ciudades, se pronunció el domingo 20 de enero, sin convocatoria de origen partidista -espontáneamente-, y envió un mensaje contundente y claro: un rechazo general y terminante a toda forma de terrorismo, de crimen, de violencia, de vulneración de los Derechos Humanos, venga de donde viniere.

El Presidente de la República, Dr. Iván Duque -a quien todos debemos respaldar, así como a la Fuerza Pública, en la difícil situación que enfrenta el país- , ha resuelto poner fin a todo proceso de diálogo con el Eln -autor de éste y otros crímenes recientes- y levantar la suspensión de las órdenes de captura de los delegados de esa guerrilla en La Habana.   

En primer lugar, el acto criminal del que se trata no puede verse como un evento propio de la guerra, porque va contra los Derechos Humanos y quebranta el Derecho Internacional Humanitario. No es sino un cobarde acto de terrorismo cometido a mansalva, con premeditación, respecto al cual no puede haber impunidad, ni cabe diálogo de paz, pues el Estado no se puede comprometer a dejar impune un crimen de semejantes dimensiones. Es, sin duda, un crimen de lesa humanidad.

En segundo lugar, el Gobierno del presidente Duque no podía hacer nada distinto de lo que hizo: levantar la mesa de diálogo que se reunía en La Habana, tras el retiro de la sede en Quito por decisión del nuevo gobierno ecuatoriano.

Obviamente, la plena terminación de los diálogos implica que la presencia en Cuba de los delegados guerrilleros ya no tiene razón de ser. Y contra ellos hay órdenes de captura.

Al Gobierno colombiano le asiste toda la razón y está amparado por el Derecho: no se puede dialogar con una organización terrorista que quiere dialogar cometiendo simultáneamente crímenes de lesa humanidad, presionando al Estado mediante actos terroristas, y que, por tanto, ha demostrado hasta la saciedad no tener ninguna voluntad de paz.

Bogotá, D. C, 23 de enero de 2019

*Expresidente de la Corte Constitucional

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Jairo Gómez

Por Jairo Gómez*.- Ni el episodio más repudiable como el ocurrido en la Escuela General Santander puede cerrarle la puerta a una salida política y negociada del conflicto armado. No podemos reeditar la viaje frase que afloraba una vez se rompían los diálogos y negociaciones con la guerrilla: “Nos volveremos a sentar a la mesa después de miles muertos”.

Siempre en cualquier negociación de paz, y en eso el caso colombiano es un vivo ejemplo, los disparates de la guerra buscaron aminorar el entendimiento y el diálogo, pero la sociedad se sobrepuso y presionó para que los grupos insurgentes retomaran el cauce de la negociación política. Nunca se trató de una imposición sino de la capacidad de resiliencia de los colombianos y colombianas la que afloró para bien.

Fueron muchos los intentos y fueron muchos los esfuerzos que con el correr del tiempo y sin renunciar a la salida negociada y política del conflicto armado en Colombia que se lograron varios acuerdos de paz. Es decir, hay un camino andado y unos frutos que mostrar. El más reciente, qué duda cabe, fue el acuerdo logrado con las Farc.

Vale recordar el episodio en Buenos Aires, Cauca, en pleno diálogo de paz en La Habana cuando las Farc masacraron a cerca de 16 soldados y, como respuesta, el gobierno bombardeó un campamento dando de  baja a un comandante de esa guerrilla que había estado sentado en la mesa de Cuba. Ese dislate de la guerra puso en vilo el proceso, pero la diligente reacción internacional y el apoyo de la sociedad logró neutralizar las voces que desde la otra orilla arengaban en favor de romper las negociaciones. La cordura y el compromiso le cedieron el paso a la paz.

Por ello, la decisión del presidente Duque de anular cualquier posibilidad de diálogo y negociación de paz con el ELN es un error, es tomar el camino equivocado; ni siquiera su mentor, el expresidente Uribe, que le apostó el todo o nada a la guerra y al mismo tiempo negoció con el ELN, pudo derrotar la insurgencia; la debilitó pero no la venció. Cerca de diez mil millones de dólares fueron dilapidados, se dotó de la mejor tecnología de guerra para combatir la guerrilla e incluso se aumentó el número de hombres en el estamento militar y policial (más de quinientos mil uniformados están en las filas) y nada de ello logró vencer al enemigo. No puede el gobierno seguir subestimando a una guerrilla díscola con mucha capacidad de daño. Derribar un helicóptero, secuestrar a sus ocupantes y robarse un dinero es un hecho que dice mucho de los alcances de esta organización.

Se equivocó el ELN, claro que sí. Su dirigencia, un Comando Central (Coce) de estructura horizontal, está fuera de foco y revela la falta de liderazgo al interior de esa organización (alias Gabino, su comandante, enfermo en Cuba). Cada cual, hablo de sus frentes, va por su lado y las acciones no se toman por consenso, luego no es de extrañar que el acto vandálico contra la policía hubiera sido decisión de varios frentes que se hacen llamar “dirección nacional”, por lo menos así lo dice el comunicado.

Evidentemente, la lectura política que hacen del país es de una torpeza infinita; para ellos no existen los avances significativos en el año 2018 de las fuerzas alternativas en las urnas que revelan un cambio cualitativo en el terreno democrático y las pone en inmejorables condiciones para disputarle a la secular clase política, las instancias de poder. No es con bombazos con que los “elenos” cambiarán el devenir de las futuras generaciones, así traten de justificar su acción terrorista contra la policía.

Puede sonar políticamente incorrecto, pero insisto en que la única salida a este residuo de conflicto armado debe ser la negociada. No es conveniente volver a sentarnos a dialogar después de “otros miles muertos”.

Bogotá, D. C, 22 de enero de 2019

*Periodista y Analista Político.

@jairotevi

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