Jairo Gómez

Por Jairo Gómez*.- Un gobierno es solvente, serio, respetuoso con sus ciudadanos cuando cumple a cabalidad con sus postulados, sus propuestas y compromisos; sin embargo, eso, al presidente Duque, parece preocuparle poco.

Aprecien la siguiente perla y saquen su propias conclusiones: el pasado 7 de febrero radicó en la Cámara de Representantes el proyecto de ley  del Plan Nacional de Desarrollo (PND) con 183 artículos, un mes y medio después, cuando comenzó el debate en el Congreso para su beneplácito -21 de marzo-, aparece con 128 artículos nuevos para colgárselos a la ley que originalmente presentó.

Los parlamentarios, salvo los opositores incluidos partidos que apoyaron a Duque en segunda vuelta, no musitaron rechazo y pasaron de agache semejante elefante. 

Tampoco es serio que el Ministerio de Hacienda, el Departamento de Planeación Nacional y la comisión de ponentes de Cámara y Senado (todos partidarios del gobierno) se presentasen con una ponencia de 900 páginas para ser leída y estudiada en menos de 24 horas y, como si fuera poco, desconocieran las 3.242 proposiciones dizque por razones de tiempo. Ese es el PND que se aprobó en primer debate que para muchos congresistas de la oposición no es más que una colcha de retazos más parecido a un ‘plan nacional de negocios‘ que a un verdadero proyecto de país.

El viernes 22 todo se votó sin debate previo y las garantías suficientes para definir una hoja de ruta para los próximos cuatro años. Por esa vía llegaron las facultades extraordinarias con que contará el presidente Duque para reformar el Estado; la concesión de los puertos de Colombia al capital privado y extranjero hasta por 80 años; un artículo derogatorio de leyes que le darían paso a eliminar apoyos al deporte de alta competencia, por ejemplo. Y como era de esperarse las inversiones para consolidar el Acuerdo de Paz ausente: el Gobierno desconoció el artículo 3 transitorio del acto legislativo número uno de 2016 que obliga a los próximos cinco presidentes a diseñar un plan Plurianual que garantice la implementación del Acuerdo de Paz suscrito entre el Estado colombiano y las extintas Farc-EP.

Este beneplácito de las comisiones económicas al PND 2018-2022 tiene otros objetivos: profundizar el extractivismo minero y fortalecer el fracking; legalizar a través de procesos de amnistías, perdón y olvido las posesiones ilegales de tierras, al tiempo que abre la posibilidad de adquirir terrenos baldíos privilegiando a los terratenientes. Sin duda es una ley que ahonda la desigualdad y no busca la equidad como lo pretende el Gobierno; el tal pacto por Colombia es un pacto con los sectores más privilegiados de la sociedad. Más de lo mismo, una política que tuvo su cenit durante el gobierno del expresidente Uribe.

Eso que señalo tangencialmente del PND en los 311 artículos (no 183 como originalmente eran), fue lo que aprobaron a ciegas, por ejemplo, los tres parlamentarios de Cambio Radical (CR) y el liberalismo que finalmente le hicieron quorum al Gobierno para evitar que el Plan fuera emitido por decreto.

Claro, el objetivo de Arturo Char (el hijo de Fuad Char), Luís Díaz Granados (CR) y del liberal Mauricio Gómez,  ovacionados cuando hicieron presencia en el recinto, era el de salvar Electricaribe, entidad prestadora del servicio de energía eléctrica que desfalcaron los capitales privados extranjeros y nacionales, y que los colombianos, con nuestros impuestos, terminaremos sacando de la supuesta quiebra.

Como bien lo denunció el exministro Juan Camilo Restrepo: “Lo único que logró hacer quorum para aprobar el PND, fue el propósito de clavarle una sobretasa a los usuarios del servicio de energía (estratos 4,5 y 6, comercio e industria) de todo el país para salvar a Electricaribe”. Así es, una nueva movida tan parecida al caso del Metro de Medellín, cuya obra terminamos de pagar todos los colombianos.

Eso es este “PND. Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, la consolidación corporativista de un Gobierno que llegó a favorecer al gran capital. Todo ello explica el apoyo unánime de los gremios y empresarios del país a las objeciones que sobre la ley estatutaria de la JEP hizo el presidente Duque.

Bogotá, D. C, 26 de marzo de 2019

*Periodista y Analista Político.

@jairotevi

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Juan Camilo Restrepo Salazar

Por Juan Camilo Restrepo Salazar*.- En vísperas de la revolución francesa, ya cuando la marea estaba al alza, Luis XVI en una medida desesperada para apaciguar los ánimos resolvió solicitar a todas las comunas de Francia que plasmaran las razones de su malestar en unos documentos que se conocen como los “cuadernos de quejas” (cahiers de doleances).

Estos cuadernos llegaron a Versalles ya cuando los muros de la fortaleza de la Bastilla estaban siendo derribados, y fue poco lo que pudieron hacer para calmar los ánimos. Hoy en día, sin embargo, constituyen uno de los fondos documentales mas importantes para entender cual era el estado de ánimo del pueblo francés en la antesala de la revolución.

Con los “chalecos amarillos” al presidente Macron parece estarle sucediendo algo semejante. Intentando calmar los ánimos, y dando una muestra de democracia participativa, solicitó también a todas las municipalidades y centros de pensamientos de Francia que enviaran a la presidencia sus “cuadernos de quejas”, creyendo que así iban a sosegarse los espíritus.

Las cosas no han sucedido así, sin embargo. Los “chalecos amarillos” continúan en pie de guerra y el sábado de la semana pasada más de 15 mil se hicieron presentes en borrascosas manifestaciones en casi todas las ciudades. Tal vez las más agitadas fueron las de París donde, una vez más, cometieron excesos nunca vistos, desbordaron a la policía, e incendiaron prestigiosas tiendas y establecimientos célebres como el Restaurante Fouquet de los campos Elíseos, que ha sido históricamente frecuentado por la clase política francesa y por millonarios latinoamericanos. La cremación del Restaurante Fouquet fue, en cierta manera, la incineración de un símbolo de la capital francesa.

Los resultados no se han hecho esperar. El prefecto de policía de París ha sido destituido y se anuncia que quedarán prohibidas las manifestaciones en la icónica avenida de los Campos Elíseos. Las fuerzas de policía han sido severamente cuestionadas y el Gobierno Macron da, ahora, un desesperado giro hacia la política de la mano dura.

Esto que está sucediendo en Francia es imposible no relacionarlo con lo que está aconteciendo en la carretera panamericana en nuestro país, con motivo de la minga indígena y campesina que ya casi por dos semanas mantiene aislado y traumatizado el suroccidente del país.

Como se ha dicho hasta la saciedad, el derecho a la protesta es legítimo; pero también lo es el de quienes no participan en las protestas y que se ven gravemente afectados por el cierre ilegal de carreteras.

La conflictividad social en el país está creciendo y seguramente vamos a presenciar una fuerte escalada en las semanas venideras. El temple y la credibilidad del gobierno Duque se va a ver sometido a una prueba de fuego como está sucediendo en Francia con el gobierno Macron. Su anunciada decisión de no concurrir a la berma de alguna carretera del Cauca, a donde lo han citado los huelguistas para negociar con ellos, es una decisión plausible. 

Pero es una decisión que el Presidente tiene que mantener a toda costa. Dar marcha atrás arruinaría su credibilidad. Al mismo tiempo hay que ser conscientes de que es una decisión que se toma sobre un polvorín cuya mecha hasta el momento no apagan ni los $10 billones que para inversiones en la áreas indígenas se ha concertado en el Plan de Desarrollo ni, tampoco, hasta el momento al menos, parecen tranquilizarlos las comisiones de delegatarios negociadores que ha designado el gobierno.

El pulso es delicado pero trascendental. Y quizás nunca se había puesto con tanta evidencia, en Francia como en Colombia, la necesidad imperiosa de compaginar la firmeza con la prudencia en el manejo de los conflictos sociales. Cualquier desfallecimiento en estas dos condiciones puede prender la mecha del polvorín. Como se prendió en Francia hace 8 días en los Campos Elíseos.

Bogotá, D. C, 24 de marzo de 2019

*Abogado y Economista. Exministro de Estado.

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Mauricio Cabrera Galvis

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- El diésel tiene mala fama y es muy merecida, porque los motores de los vehículos que lo usan son de los principales responsables de la contaminación y mala calidad del aire que ha generado emergencias ambientales en ciudades como Medellín y Bogotá, donde respirar se ha vuelto peligroso para la salud.

Sin embargo, hay que recordar que el origen del deterioro del aire causado por la gran cantidad de partículas contaminantes que emiten los motores diésel tiene dos elementos: de una parte el combustible mismo y, de otra, los vehículos que lo usan.

En cuanto al diesel, sus antecedentes como material contaminante son pésimos y justifican la prevención que existe en su contra. Pero la evolución tecnológica ha permitido unos cambios impresionantes, que no son muy conocidos, y que deberían disipar las viejas prevenciones.

El elemento más contaminante del diesel es su contenido de azufre que se expulsa al aire con la combustión. Este se mide en partículas por millón (PPM) y las normas más exigentes en Europa exigen que el diesel no tenga más de 15 PPM. En Colombia la regulación actual permite 50 PPM, pero hace 30 años el diesel que se usaba era un verdadero veneno pues contenía 5.000 PPM. Desde esa época Ecopetrol ha hecho un enorme y costoso esfuerzo por mejorar la calidad.

Así, en el año 2001 empezó a suministrar diesel extra con 1.200 PPM pero solo para los sistemas de transporte masivo. Solo en el 2010 se dio una mejora sustancial y se redujo el contenido de azufre a 500 PPM y en el 2013 a 50 PPM para todo el diesel consumido en el país. Esta mejoría fue posible gracias a una inversión de USD 1.100 millones en la construcción de una planta de hidrotratamiento en la refinería de Barrancabermeja.

Con la entrada en operación de la moderna refinería de Cartagena (Reficar) mejoró aún más la calidad del producto, de manera que el año pasado Ecopetrol contribuyó a solucionar la emergencia ambiental de Medellín suministrando a esa ciudad diesel de solo 14 PPM. Este año, ante la crisis de Bogotá se empezó a distribuirle combustible de 15 PPM y el compromiso es que la nueva flota de Transmilenio podrá contar con diesel de solo 10 PPM. En el resto del país se espera cumplir con la norma Euro VI (15 PPM) en el año 2021. A pesar de la mejora en la calidad del diesel, la contaminación del aire sigue siendo muy alta por el otro elemento de la ecuación: los motores que lo usan. El problema es que la obsolescencia de la flota vehicular no permite aprovechar el mejor combustible pues se trata de motores viejos e ineficientes cuya tecnología no permite disminuir las emisiones contaminantes. Según el DNP en el 2016 solo el 11% de los vehículos que transitaban en el país contaba con tecnologías Euro IV o superiores.

El problema ahora no es la calidad del diesel sino los vehículos que lo usan, sobre todo los de carga y servicio público cuya edad promedio es superior a 20 años, y las motos que, aunque más nuevas, tienen motores que contaminan más que los carros.

Bogotá, D. C, 24 de marzo de 2019

*Filosofo, Economista y Consultor.

 

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Amylkar D Acosta M

Por Amylkar D Acosta M*.-(La recentralización es una realidad). El Sistema General de Participaciones (SGP), contemplado en la Constitución Política de 1991 (Artículo 357), tuvo como su antecedente el Situado fiscal (Artículo 182 de la C. P de 1886), creado en la administración de Carlos Lleras Restrepo (1966 – 1970). Consiste en una Bolsa de recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación (PGN), los cuales se transfieren a las entidades territoriales (departamentos, municipios y territorios indígenas), los cuales tienen como destinación específica el financiamiento de la salud, la educación, el agua potable y el saneamiento básico en los territorios.

Hasta el 2001, el monto de los recursos del SGP estaba atado a los ingresos corrientes de la Nación (ICN) y se incrementaban año a año en la misma proporción. Para el año 1990 el mismo representaba el 31.5% de los ICN. Pretextando la recesión económica de 1999 y su impacto sobre las finanzas públicas, el Gobierno Nacional  propuso al Congreso de la República y este aprobó una reforma a la Constitución Política (Acto legislativo 01 de 2001, parágrafo transitorio) desligando el SGP de los ICN.

Y, como en Colombia no hay nada más permanente que las normas transitorias, en el 2007, en vísperas de vencerse el término de la vigencia del Acto legislativo 01 de 2001, una vez más, se reformó nuevamente la Constitución Política (Acto legislativo 04 de 2007, parágrafo transitorio), prolongando el régimen “transitorio” hasta el 2016.

De no haberse aprobado los actos legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007, los recursos del SGP representarían en este momento el 46.5% de los ICN, pero merced a ellos a duras penas llegan al 29%, menos de lo que representaban en 1990, el 31.5% (¡!).  Según estudio del Banco de la República, dichos recursos “como porcentaje del PIB pasó de representar el 4,8% en 2002 a 3,8% en 2012 y con respecto a los ICN la reducción fue de más de 10 puntos porcentuales al pasar de representar el 40% en 2002 a representar el 28% en 2012”.

En plata blanca, entre los años 2002 y el año 2008 las entidades territoriales (departamentos y municipios) dejaron de recibir por cuenta de los dos actos legislativos de marras (A. L 01 de 2001 y 04 de 2007) la suma de $27.9 billones y entre 2010 y 2016 la bicoca de $71.2 billones (¡!). Es más, si no se hubiera expedido el Acto legislativo 04 de 2007 y se hubiera aplicado la fórmula de crecimiento del Acto Legislativo 01 de 2001, las entidades territoriales habrían recibido cerca de $108 billones más de lo que efectivamente percibieron en el periodo comprendido entre 2002 y 2015. Es decir, que con el Acto legislativo 04 de 2007 en lugar de morigerar la pérdida de ingresos por parte de los departamentos y municipios esta se acentuó. Huelga decir, que cada peso que se le dejó de girar a departamentos y municipios por concepto de las transferencias del SGP es un peso que se le ha quitado a la educación, a la salud, al agua potable y al saneamiento básico, que son el destino específico de las mismas.

Por lo demás, ello explica el fracaso del SGP en su propósito de cerrar las brechas y de lograr la convergencia interregional. Como lo sostiene el ex codirector del Banco de la República, el investigador Adolfo Meisel, “actualmente estamos en los mismos niveles de desigualdad que había en 1991 -convergencia sigma-. Es decir, cero avances en este campo”. Y no es para menos.

Dado que el Acto legislativo 04 de 2007 quedaba sin efecto al caducar el 1 de enero de 2017, pese al reclamo de los departamentos y municipios, así como del gremio de los educadores (FECODE), para que se procediera a tramitar un proyecto de acto legislativo para barajar y volver a repartir, de manera que se corrigiera semejante desequilibrio entre los recursos que concentra la Nación y aquellos que se transfieren a las regiones, el Gobierno se hizo el de la vista gorda y este asunto quedó entre los pendientes del anterior gobierno.

En efecto, el último paro del magisterio el año pasado se levantó con la promesa de que se presentaría para ello el proyecto de acto legislativo y no se hizo. Este es el motivo principal que tiene de nuevo a los educadores marchando en todo el país, demandando el cumplimiento de dicho compromiso. Y que no nos vengan ahora con el cuento que quien lo firmó fue el Gobierno anterior y no este. La respuesta a las demandas tanto de FECODE como de la Minga indígena del Cauca pasa por la reforma del SGP; el Gobierno se ha comprometido a promoverla a través del Plan Nacional de Desarrollo (PND), que es una Ley, cuando la misma no puede darse sino mediante un Acto legislativo que reforme la Constitución Política.

Bogotá, marzo 23 de 2019

*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.

www.amylkaracosta.net

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Monseñor Omar de Jesús Mejía Giraldo

Por: Mons. Omar de Jesús Mejía Giraldo* - Hoy celebramos en la Iglesia el tercer domingo de cuaresma, nuevamente les propongo que fijemos la mirada en Jesús, nuestro Maestro y nuestro Señor. Dice la Palabra: “Se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos, cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían”. Quienes se acercan a Jesús, parten de un hecho real de violencia impulsado por la ferocidad y estupidez de Pilato, el gobernante de turno, quien pretendiendo imponerse por la fuerza realiza la atrocidad de asesinar un grupo de personas desconociendo la dignidad y la grandeza de cada ser humano. Jesús como buen Maestro, escucha con atención y aprovecha para realizar una pregunta: ¿Ustedes piensan que quienes murieron por una decisión imprudente de un gobernante eran más pecadores que los demás? Inmediatamente, el mismo Señor, como Maestro les da una respuesta: “les digo que no”, a renglón seguido invita a la meditación y a la reflexión: “si no se convierten todos pueden perecer de la misma manera”. Continúa el Maestro con su enseñanza y trae el ejemplo de un desastre natural: la caída de la torre de Siloé, que aplastó a dieciocho personas. A partir de estas dos realidades vividas por el pueblo, Jesús, el Maestro y Señor, aprovecha no para realizar un juicio, sino para invitar a la conversión.

La segunda parte del evangelio es una parábola, en la cual Jesús, el Maestro y Señor, invita a su pueblo a purificar la imagen de Dios. Según deja entrever el texto, los hechos acontecidos, la comunidad los quería juzgar como un castigo divino; pero el Señor, invita a contemplar la historia y los signos de los tiempos bajo la óptica de la misericordia de Dios. El juicio de Dios es la Salvación, somos nosotros mismos quiénes nos condenamos cuando no aceptamos la misericordia de Dios. Recordemos la Palabra: “No juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados...” (Lc 6,37).

En dos palabras podemos sintetizar el evangelio de hoy: Conversión y misericordia. El llamado a la conversión nos invita a un examen de conciencia que debe partir del discernimiento y la contemplación de la propia historia. La conversión es un recorrido humano que se realiza, pero siempre bajo la ayuda de la mirada providente de Dios. La conversión es mucho más que simplemente cambiar actos externos, convertirse significa “pensar de otro modo”. Conversión significa renunciarse así mismo, renunciar a mis gustos y caprichos, renunciar a nuestro ego, escuchemos la Palabra: “Jesús decía a toda la gente: “Si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz de cada día y que me siga” (Lc 9,23). Para pensar diferente al mundo, para actuar desde Dios, se necesita la virtud de la humildad, sin humildad no hay conversión.

La humildad es una virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades, y obra en consecuencia. Como tal, la palabra proviene etimológicamente del latín humilĭtas, que a su vez proviene de la raíz humus, que quiere decir 'tierra' (Diccionario). La conversión parte de un acto de humildad, porque se trata de reconocernos creaturas de Dios. El examen de conciencia que la Iglesia nos recomienda realizar todos los días al terminar la jornada, es un acto de humildad, porque se trata, de ponernos delante de Dios y examinar nuestros actos de cara al Señor, nuestro creador, y no de cara a nosotros mismos. El examen de conciencia nos permite realizar juicios honestos y transparentes mirando nuestro propio yo como imagen y semejanza de Dios y no como un ser “autónomo” que hace lo que quiere, porque se siente dueño de su existencia. Recordemos que el dueño y señor de nuestra vida es Dios, dice la Palabra: “En Dios vivimos, nos movemos y existimos” (Hech 17,28). De Dios venimos y a Dios tenemos que volver.

Jesús, el Maestro y Señor, en el evangelio de hoy nos está diciendo que todos estamos llamados a la conversión. El texto nos recuerda además que nuestra existencia es una realidad frágil y que estamos próximos a la muerte. La muerte no es una realidad externa a nosotros, es un hecho real y cercano; la muerte la portamos al interior de nosotros mismos y por lo tanto debemos sentirnos convocados a la conversión como un acto de disponibilidad a Dios. Hermanos, somos sumamente frágiles, en cualquier momento, el gobernante de turno amanece lunático y da ordenes feroces y estúpidas, y puede lanzar un bomba atómica y moriremos inesperadamente. El día menos pensado la naturaleza se vuelve violenta y nos reclama lo que le hemos robado y podemos morir en cuestión de un instante. En síntesis, estemos preparados, porque no sabemos el día ni la hora. De morir tenemos, no sabemos dónde ni cuando. La verdad es que la muerte es una realidad sumamente segura. Por eso, lo mejor es estar preparados, caminar siempre orientados hacía Dios, nuestro Padre y Señor.

Cada uno pensemos en nuestra propia muerte, ¿será violenta? ¿será en un hospital?, ¿será entre sabanas blancas y atendidos por familiares y amigos? La verdad es que moriremos pero no sabemos cómo. La esperanza es que la muerte nos alcance en la gracia de Dios. Recordemos la Palabra: “Si no se convierten morirán del mismo modo?, ¿cuál será nuestro modo de morir, en paz con Dios o renegando de Él?, ¿en paz con nuestros hermanos u odiando y envenenados contra nuestro prójimo? ¡Ojalá qué la muerte nos alcance en paz con Dios y con nuestros hermanos!

Mi propuesta es que miremos la muerte desde la acción misericordiosa de Dios. Morir en clave cristiana, es sentir el gozo del encuentro personal con el Señor. Para el cristiano morir es llegar a la plenitud de su ser, es sentir que todo está consumado. La muerte cristiana es el resumen de la existencia en Dios. Para el cristiano, el día de su muerte es el día de Dios en mi vida y ese día se llama conversión. Dios siempre está disponible a perdonarnos hasta el último instante y suspiro de nuestra existencia, escuchemos la Palabra: “Hoy estarás conmigo en el paraíso” (Lc 23,43). La muerte es volver a Dios, así las cosas, convertirnos es estar abiertos a la providencia divina. Por eso, para la persona de fe, la muerte es simplemente un acto de transición. Lo rezamos en la misa de funeral: “Nuestra vida no termina se transforma”. Morir es convertirnos y convertirnos es morir. Quien se convierte muere al pecado y renace a la gracia.

En síntesis podríamos decir que el evangelio de hoy nos muestra dos caminos: la conversión por parte del hombre, la misericordia por parte de Dios. El binomio “conversión – misericordia” tiene el siguiente recorrido: Llamado, regreso, perdón. Para la conversión se necesita la virtud de la humildad y para ejercer la misericordia es necesaria la virtud de la paciencia.  Quién es humilde se conoce desde Dios y reconoce sus limitaciones y debilidades. La conversión es una cuestión de responsabilidad frente a nuestros actos, escuchemos la Palabra: “Comerán el fruto de su conducta, y se saciarán de sus planes” (Prov 1, 31). La Palabra de Dios nos invita a convertir la vida en una oportunidad, en un continuo acto de gratitud a Dios por su amor y su misericordia. La conversión nos lleva a la felicidad, nos plenifica, nos acerca a Dios. La conversión nos acerca a los demás, nos hace solidarios, cercanos, amables, misericordiosos.

La conversión es la tarea del hombre y la misericordia es uno de los atributos divinos, “Dios es misericordia”. Ésta será la virtud que profundizaremos el próximo domingo desde las parábolas de la misericordia que nos trae el evangelista Lucas en el capítulo 15.

Finalmente, entendamos una cosa: Dios nos ayuda a la conversión si le abrimos nuestro corazón. Dios no sólo nos pide conversión, Él además, nos ayuda a que la conversión sea posible, escuchemos la sentencia final de la parábola: “cavaré a su alrededor y echaré abono” (13,8). Hagámonos algunas preguntas: ¿Al estilo de Dios, yo, a quién he ayudado a la conversión? ¿Cavamos alrededor de nuestros hijos y los abonamos con la gracia para ayudarles a la conversión? Hay hogares cuyo abono es el pecado, el mal genio, los disgustos, las rabias, los resentimientos, el odio… ¿Mis relaciones las abono con la gracia o con el pecado? Hay instituciones, empresas, ciudades, barrios, veredas…, donde el abono que le damos a nuestras relaciones es: el chisme, el mal humor, las envidias, las confrontaciones, los odios, las zancadillas, ¿así podremos dar frutos de conversión?, con seguridad que no; si no nos convertimos pereceremos a la felicidad a la paz, a la fraternidad.

Una invitación final: estimados candidatos a ser servidores públicos, por favor, no diseñen campañas desacreditando al otro o a los otros…, alumbren con luz propia, no con los defectos y las debilidades de los demás. ¡El mejor gobernante es aquel que es capaz de gobernar sus propias pasiones!

Florencia, 24 de marzo de 2019

* Obispo de Florencia

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José Félix Lafaurie Rivera
Por: José Félix Lafaurie Rivera*.- Los arúspices del choque de trenes, “los divisionistas”, se quedaron con los crespos hechos porque la Corte Constitucional hizo lo que debía y no lo que ellos promovieron y siguen promoviendo: choque de trenes, enfrentamiento entre poderes, un clima mediático de país fracturado, rasgado, como la carátula de SEMANA, que debilite la gobernabilidad del presidente Duque, para pescar en ese río revuelto sus intereses burocráticos y electorales.
 
Mientras escribía, en el programa de Vicky Dávila la sorna de Benedetti, la suficiencia de Roy y la algarabía de ambos, que reemplaza los argumentos con la confusión y el matoneo, lograban sacar de casillas a la valiente Salud Hernández, que no pontifica grandilocuente desde una curul, sino que asume los riesgos de la denuncia desde los rincones que sufren las secuelas de una negociación que no buscaba paz sino impunidad; que recibieron la herencia maldita de 200 mil hectáreas de coca, el combustible de la violencia y la corrupción.
 
Que el país está dividido no es un secreto. Afortunadamente nos quedaba democracia para que los colombianos lo expresaran en las urnas durante la campaña que llevó a Iván Duque a la Presidencia, y antes, en octubre de 2016, cuando el mandato popular fue birlado en el plebiscito y se perdió la oportunidad de lograr consensos frente al Acuerdo con las Farc.
 
El país debe entender quién lo divide. No es el presidente, que invita al consenso a partir de las objeciones. Da grima ver a quienes pelecharon en la burocracia santista, a los asesores de paz bien remunerados y a quienes, estimulados con mermelada, crearon la mentira de los enemigos de la paz, acusar hoy al presidente de revivir la polarización porque cumplió con su deber constitucional, ético y político de declarar inconveniente la impunidad; de declarar inconveniente que alguien siga delinquiendo sin perder beneficios; de declarar inconveniente para el país que la violencia sexual contra menores pueda ser justificada y quede sin castigo.
 
Es patética la forma como intentan invisibilizar los testimonios de “Rosa Blanca”, a cual más de dramáticos: de niñas secuestradas a guerrilleras, de violaciones y abortos; de mujeres prostituidas para calmar los afanes de los guerreros. Son las víctimas que no fueron a La Habana porque no se sometieron a la burda instrumentación de “los amigos de la paz”; las revictimizadas por la impunidad de la JEP; las que exigen justicia; las invisibles para la comunidad internacional, proclive a justificar lo injustificable en aras de una paz que no aparece.
 
Los divisionistas que recibieron favores de Santos deberían declararse impedidos para calificar las decisiones presidenciales. Pero no; por el contrario, insisten en la mentira de que el Acuerdo del Colón fue ejemplo de concertación, cuando fue una estafa envuelta en papel regalo. Abusivos, se atreven a aconsejar al presidente: que ya está bien de llorar el plebiscito, que se dedique a gobernar para todos, que para qué se metió en la encrucijada de las objeciones. Como quien dice: que dejemos así..., que vienen las elecciones…, que los proyectos estratégicos…, que la gobernabilidad… Es chantaje político disfrazado de consejo. Se les olvida que hay principios e ideologías que orientan la tarea responsable de gobernar.
 
Los divisionistas se equivocaron de tren. El choque no era con la Corte, pero sí puede serlo con el Congreso en la Cámara de Representantes, cuyo presidente, “el hombre clave” para SEMANA, después de su intento fallido de enredar a la Corte, hará lo imposible por arrinconar al Gobierno. Valerosa declaración la del ministro de Hacienda en el debate del Plan de Desarrollo: El gobierno no se dejará extorsionar.
 
Bogotá, D. C, 23 de marzo de 2019
*Presidente de Fedegan.
@jflafaurie
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Gabriel Ortiz

Por Gabriel Ortiz.- La campaña electoral se abrió, avanza y ya muestra signos de suciedad, pese a que Colombia requiere una nueva política.

Al país ha regresado la hegemonía y la supremacía, que todos creyeron eliminada tras los acuerdos de Benidorm y Sitges de los años 50, cuando se transitaba por una dictadura tenebrosa. Alberto Lleras y Laureano Gómez, se perdonaron, estrecharon sus manos y se sentaron en España a dialogar para salvar a la atormentada Colombia. La hegemonía de entonces impedía que valores muy reconocidos y generosos aportaran sus conocimientos a los gobiernos, si pensaban diferente.

Hemos regresando a esas prácticas, primero entre el 2006 al 2010, cuando alternaron en el panorama guerrilleros y paramilitares.

Hoy contamos con un Presidente joven, tal vez muy joven, al que sus colaboradores aconsejan erróneamente en muchos aspectos, impidiéndole aprovechar los caminos que cimentó el Nobel de Paz. Nadie duda que esos asesores, buscan y aconsejan otros rumbos que para llevarnos a una hegemonía uribista o del DC. Nadie que piense diferente puede llegar, en este gobierno, a una posición medianamente importante. Es cierto que Duque ganó por 2.300.000 votos. Pero entre ellos estaban los antipetristas, muchos de los que apodaban izquierdistas por su pensamiento progresista, esos que salieron verracos a votar porque nos convirtiríamos en otra Venezuela y tantos más que deseaban algo distinto. No todos eran uribistas, porque entre los 10 millones había de todo. Pero quien no tenga el rótulo o bendición del “eterno”, no podrá llegar a la nómina.

Iván Duque, es el presidente de los colombianos. El que eligieron los colombianos y el que debe gobernar por cuatro años. Eso lo desconocen quienes asfixian y asesoran al Jefe de Estado. Son expertos en practicar el odio y sepultar la paz para regresarnos al paramilitarismo, a una sociedad armada hasta los dientes, a un ejército de “cooperantes”, a destruir la paz, desaparecer la JEP, e inhumar la verdad, a la que tanto temen.

Y durante las elecciones que se avecinan, ya hay engaños, enredos, falsificación y manipulación de la propaganda de los adversarios, celadas, intrigas y demás vicios ya aplicados. Hay funcionarios que de frente hacen campaña política a candidatos del Centro Democrático, utilizando los dineros públicos. (Léase Mono Sánchez en Boyacá)

Los candidatos de otros movimientos serán calificados de extrema izquierda, o abusadores de niños, o antiuribistas. Será otra campaña con banderas de odio, cizaña y engaño, para que la gente salga votar enverracada.

Duque puede convertirse en el líder que saque a Colombia de esa práctica y que lime las asperezas que nos impiden disfrutar de la floreciente economía, la paz e impida  que siga ascendiendo el pesimismo que observan los gremios económicos. Debemos olvidarnos de Venezuela, del odio, del rencor y la rabia, para salvar a esta sociedad, que quiere la paz y rechaza la hegemonía.

BLANCO: La solución salomónica de la Corte Constitucional sobre objeciones presidenciales. 

NEGRO: ¡Gran oportunidad! “Fumigaciones Botero ofrece glifosato a $2 millones hectárea”. Reclame plato de longaniza.

Bogotá, D. C, 21 de marzo de 2019

*Exdirector del Noticiero Nacional y de Notisuper:La Noticia Viva.

 

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Juan Fernando Londoño

Por Juan Fernando Londoño*.- Pese a que el proceso de paz es la mejor noticia que ha generado Colombia en muchos años, su diseño y alcances aún nos dividen. Un sector importante de la población, que se considera mayoritario por su triunfo en el plebiscito y en la elección presidencial, reclama para sí esos triunfos como un derecho para modificar los acuerdos de paz con las Farc.

De otra parte, las Farc han demostrado su compromiso con los acuerdos firmados y tienen el derecho a que se respeten los términos bajo los cuales aceptaron entregar las armas y desmovilizarse. Quienes concibieron y acompañaron el acuerdo de paz, pese a la derrota en el plebiscito, siguieron adelante con su deber moral de hacer lo que era mejor para el país: terminar el conflicto armado con la guerrilla más importante y vieja del hemisferio, salvar cientos de vidas y evitar los sufrimientos derivados de la guerra. Ellos también sienten (sentimos, para ser honesto, pues me incluyo en ese grupo) que se debe proteger tanto el logro como su diseño, cuya pieza central es una justicia transicional que permitirá que los actores de la guerra reciban penas no privativas de la libertad a cambio de la confesión de sus crímenes y de colaboración eficaz para dilucidar lo sucedido y reparar a sus víctimas.

Antes de la presentación de las objeciones a la JEP el país se encontraba en un tranquilo empate negativo sobre el acuerdo de paz, pues el Gobierno, ni se comprometía a implementarlo, ni hacía nada por destruirlo. Con el anuncio de las objeciones, ese equilibrio se destruyó.

Esta situación pone a Colombia en una situación que se denomina como la paradoja de la fuerza irresistible, en la cual una fuerza imparable choca contra un objeto inamovible. En este caso la fuerza imparable es el uribismo y la fuerza inamovible son los líderes del Sí. La única forma de solucionar este problema es que ambos empiecen a ceder en sus posiciones, pero para ello debe existir una premisa de sinceridad en la discusión sobre las verdaderas intenciones y alcances de las pretensiones de cada uno.

Para empezar a salir del empantanamiento en que nos encontramos, los voceros de la defensa del acuerdo deben aceptar que es posible introducir modificaciones, pero los voceros del No en el plebiscito deben aceptar que esas modificaciones no pueden alterar las condiciones que permitieron la desmovilización de las Farc, esto es, no se desarmaron para ir a la cárcel y su objetivo era hacer política. Esos dos aspectos fueron los que no permitieron llegar a un acuerdo en las negociaciones posplebiscito de 2016.  El uribismo quería enviar a la cárcel e impedir participar en política a los miembros de las Farc, condiciones que únicamente son posibles si hay una derrota militar del adversario, lo cual no fue el caso (y que se comprueba ante la incapacidad de derrotar al ELN que es una guerrilla mucho menor).

Si el uribismo renuncia a la idea de que le puede propinar una derrota humillante a las Farc por la vía política, cuando no la consiguió por la vía militar; y si los defensores del acuerdo aceptan que es posible introducir ajustes, como el aumento de los jueces en la JEP y de miembros de la comisión de la verdad mediante un nuevo mecanismo de selección, será posible avanzar en un diálogo que permita doblar esta página.

Pero si el objetivo no confesado de los voceros del No es la impunidad para otros actores del conflicto, entonces el diálogo será muy difícil, porque sus acciones no estarán dirigidas a mejorar el acuerdo, sino a evitar que muchos de los responsables de crímenes de guerra se vean en la necesidad de confesar las atrocidades que se cometieron.

De momento lo importante es que se empiecen a alzar voces, desde la sociedad civil, para encauzar las diferencias por la vía del diálogo y finalmente cerrar la discusión sobre una paz que nos beneficia a todos.

Bogotá, D. C, 21 de marzo de 2019

*Exministro del Interior.

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José G Hernández

Por José G Hernández*.- Se dispone el Congreso a resolver sobre las objeciones que, por inconveniencia, formuló el Presidente Duque sobre seis artículos del proyecto de ley estatutaria para la JEP. No se puede abstener de decidir.

Característica fundamental de un sistema jurídico que desarrolle los principios del Estado de Derecho es la existencia, en la Constitución y en las leyes, de  normas claras que contemplen las funciones de cada rama y órgano del poder público. Cada órgano tiene definidas sus atribuciones, funciones, facultades y obligaciones, y debe ejercerlas sin incurrir en omisión ni en extralimitación, sin perjuicio de la colaboración armónica, tal como lo contempla el artículo 113 de la Constitución.

La función de todos los órganos del poder público ha de ser ejercida de modo que, además de no invadir las funciones de otros, realice los postulados y las reglas, en normas jurídicas y no en la arbitrariedad, ni en la torcida interpretación de sus mandatos. Para que ello sea así, y para que la sociedad mantenga su confianza en la justicia, en el Congreso, en el Ejecutivo, en los órganos de control, y para que los ciudadanos tengan seguridad en la vigencia de sus derechos y garantías, es indispensable que impere el Derecho. Y que incluso en el caso de decisiones políticas lo reconozcan y apliquen.

Así, pues, las funciones públicas deben ser cumplidas exclusivamente con sujeción a los mandatos de la Constitución y las leyes, y dentro de las competencias de cada uno. El artículo 122 constitucional estipula que no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento, a la vez que el 121 dispone que ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley.

El artículo 6, por su parte, dispone que los servidores públicos respondan tanto por vulnerar la Constitución o la ley como por omisión o extralimitación de funciones.

Por ejemplo, la Corte Constitucional, que tiene a cargo la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, profiere sentencias, con carácter obligatorio, que hacen tránsito a cosa juzgada constitucional. No emite conceptos, porque no tiene una función consultiva, lo que, en cambio, sí corresponde a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, que, a su vez, no profiere sentencias. Entonces, nadie debe pedir conceptos a la Corte Constitucional, ni ella los debe emitir. Ni la Corte debe pronunciarse sobre las objeciones por inconveniencia, una competencia del Congreso.

Otro ejemplo: el Procurador General debe emitir concepto ante la Corte en el proceso de control sobre objeciones presidenciales por razones de inconstitucionalidad, pero no podría descalificar o rechazar fuera de proceso unas objeciones por inconveniencia, lo cual es privativo de las cámaras.

Y deben aplicarse las normas. Así que, cuando el artículo 200 de la Ley 5 de 1992 (Reglamento del Congreso) estatuye que si una cámara declara fundadas las objeciones y la otra infundadas “se archivará el proyecto”, eso es claro. No hay lugar a interpretación distinta, como alguna que escuchamos, según la cual, en tal evento se archivan las objeciones. Con todo respeto, eso no sería otra cosa que la flagrante violación de un claro precepto de la ley.

Bogotá, D. C, 21 de marzo de 2019

*Expresidente de la Corte Constitucional

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Jairo Gómez

El Centro Democrático (CD), empeñado en revivir su litigio ideológico con las Farc-EP, busca en la extinta organización guerrillera el 'sparring' perfecto para que lo ayude a sobrevivir en las encuestas y, por ende, lo catapulte como la mejor opción en las elecciones de octubre. 

Esa es su estrategia. Por ello el misil electoral está dirigido al corazón del acuerdo de paz: la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Combinando todas las formas de lucha, acude ahora, como en el pasado cuando manipuló la información en favor del no en el plebiscito, a manosear a las víctimas vendiendo la idea de que lo pactado en La Habana no es cosa distinta a un acuerdo de impunidad, entonces hay que hacerlo trizas. 

Sin duda, presionado por su gran mentor, el presidente Duque, tomó la decisión de ayudarle a su partido a tejer la propuesta electoral objetando seis artículos de la ley estatutaria y proponiendo modificar constitucionalmente el acto legislativo que creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, no obstante existe una prohibición expresa de la corte que obliga a los próximos tres gobiernos a no enmendar lo acordado entre el Estado colombiano y los representantes del entonces grupo insurgente. 

No es la Comisión de la Verdad o la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas las que busca desaparecer el presidente Duque y su partido el CD, es la JEP y tras su decisión neutralizar la verdad, gestar inseguridad jurídica y cerrarle la puerta a cualquier posibilidad de paz futura y negociada. 

Ese es el tema de campaña que le es funcional al senador Álvaro Uribe y sus dirigidos; a todo vapor, con la maquinaria bien aceitada (¿mermelada?) y sin argumento alguno insisten en que la JEP debe acabarse, al tiempo que la señalan como una instancia humillante para los miembros de la Fuerza pública al ser “comparados con los terroristas”. Vieja estrategia para querer instalar, de nuevo, el discurso, ya superado, de que Colombia no experimentó “un conflicto armado”. 

Paradójicamente, la oposición a esta mirada del conflicto el expresidente Uribe no la encuentra en sus adversarios políticos, sino en los propios exmilitares y expolicías que decidieron, voluntariamente, acogerse a la JEP (ya van más de dos mil agentes del Estado en armas que se acogieron a los beneficios de la Justicia transicional, entre ellos cerca de una veintena de generales).

Se equivocan el CD y el presidente Duque: ni habrá impunidad para los miembros de la extinta guerrilla, ni la fuerza pública encontrará otro árbitro diferente a la JEP que les brinde los beneficios que hoy ya ostentan. 

El proceso de la Justicia Transicional ya comenzó a dar resultados, así lo entienden los países garantes, la Unión Europea, los demócratas en el Congreso de Estados Unidos y, el organismo más importante, la Corte Penal Internacional (CPI), por eso el respaldo a la JEP es incondicional. “Dejen trabajar a la JEP”, dijo Naciones Unidas. El que quiera más que le piquen caña, dice el adagio popular. 

Se metió el presidente Duque en un terreno movedizo apenas despuntando su mandato, terreno en el cual los debates serán intensos y se tomarán por lo menos dos años, mientras el país se pregunta ¿para qué lo elegimos? ¿Para revivir un discurso de la guerra ya superado con la negociación? O para que le entregue a los colombianos una nación próspera, incluso con más turistas, si es lo que pretende y eso solo lo garantiza, la paz.

Bogotá, D, C, 19 de marzo de 2019

*Periodista y Analista Político.

 

@jairotevi

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Jairo Gómez

Por Jairo Gómez*.- Un gobierno es solvente, serio, respetuoso con sus ciudadanos cuando cumple a cabalidad con sus postulados, sus propuestas y compromisos; sin embargo, eso, al presidente Duque, parece preocuparle poco.

Aprecien la siguiente perla y saquen su propias conclusiones: el pasado 7 de febrero radicó en la Cámara de Representantes el proyecto de ley  del Plan Nacional de Desarrollo (PND) con 183 artículos, un mes y medio después, cuando comenzó el debate en el Congreso para su beneplácito -21 de marzo-, aparece con 128 artículos nuevos para colgárselos a la ley que originalmente presentó.

Los parlamentarios, salvo los opositores incluidos partidos que apoyaron a Duque en segunda vuelta, no musitaron rechazo y pasaron de agache semejante elefante. 

Tampoco es serio que el Ministerio de Hacienda, el Departamento de Planeación Nacional y la comisión de ponentes de Cámara y Senado (todos partidarios del gobierno) se presentasen con una ponencia de 900 páginas para ser leída y estudiada en menos de 24 horas y, como si fuera poco, desconocieran las 3.242 proposiciones dizque por razones de tiempo. Ese es el PND que se aprobó en primer debate que para muchos congresistas de la oposición no es más que una colcha de retazos más parecido a un ‘plan nacional de negocios‘ que a un verdadero proyecto de país.

El viernes 22 todo se votó sin debate previo y las garantías suficientes para definir una hoja de ruta para los próximos cuatro años. Por esa vía llegaron las facultades extraordinarias con que contará el presidente Duque para reformar el Estado; la concesión de los puertos de Colombia al capital privado y extranjero hasta por 80 años; un artículo derogatorio de leyes que le darían paso a eliminar apoyos al deporte de alta competencia, por ejemplo. Y como era de esperarse las inversiones para consolidar el Acuerdo de Paz ausente: el Gobierno desconoció el artículo 3 transitorio del acto legislativo número uno de 2016 que obliga a los próximos cinco presidentes a diseñar un plan Plurianual que garantice la implementación del Acuerdo de Paz suscrito entre el Estado colombiano y las extintas Farc-EP.

Este beneplácito de las comisiones económicas al PND 2018-2022 tiene otros objetivos: profundizar el extractivismo minero y fortalecer el fracking; legalizar a través de procesos de amnistías, perdón y olvido las posesiones ilegales de tierras, al tiempo que abre la posibilidad de adquirir terrenos baldíos privilegiando a los terratenientes. Sin duda es una ley que ahonda la desigualdad y no busca la equidad como lo pretende el Gobierno; el tal pacto por Colombia es un pacto con los sectores más privilegiados de la sociedad. Más de lo mismo, una política que tuvo su cenit durante el gobierno del expresidente Uribe.

Eso que señalo tangencialmente del PND en los 311 artículos (no 183 como originalmente eran), fue lo que aprobaron a ciegas, por ejemplo, los tres parlamentarios de Cambio Radical (CR) y el liberalismo que finalmente le hicieron quorum al Gobierno para evitar que el Plan fuera emitido por decreto.

Claro, el objetivo de Arturo Char (el hijo de Fuad Char), Luís Díaz Granados (CR) y del liberal Mauricio Gómez,  ovacionados cuando hicieron presencia en el recinto, era el de salvar Electricaribe, entidad prestadora del servicio de energía eléctrica que desfalcaron los capitales privados extranjeros y nacionales, y que los colombianos, con nuestros impuestos, terminaremos sacando de la supuesta quiebra.

Como bien lo denunció el exministro Juan Camilo Restrepo: “Lo único que logró hacer quorum para aprobar el PND, fue el propósito de clavarle una sobretasa a los usuarios del servicio de energía (estratos 4,5 y 6, comercio e industria) de todo el país para salvar a Electricaribe”. Así es, una nueva movida tan parecida al caso del Metro de Medellín, cuya obra terminamos de pagar todos los colombianos.

Eso es este “PND. Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, la consolidación corporativista de un Gobierno que llegó a favorecer al gran capital. Todo ello explica el apoyo unánime de los gremios y empresarios del país a las objeciones que sobre la ley estatutaria de la JEP hizo el presidente Duque.

Bogotá, D. C, 26 de marzo de 2019

*Periodista y Analista Político.

@jairotevi

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Juan Camilo Restrepo Salazar

Por Juan Camilo Restrepo Salazar*.- En vísperas de la revolución francesa, ya cuando la marea estaba al alza, Luis XVI en una medida desesperada para apaciguar los ánimos resolvió solicitar a todas las comunas de Francia que plasmaran las razones de su malestar en unos documentos que se conocen como los “cuadernos de quejas” (cahiers de doleances).

Estos cuadernos llegaron a Versalles ya cuando los muros de la fortaleza de la Bastilla estaban siendo derribados, y fue poco lo que pudieron hacer para calmar los ánimos. Hoy en día, sin embargo, constituyen uno de los fondos documentales mas importantes para entender cual era el estado de ánimo del pueblo francés en la antesala de la revolución.

Con los “chalecos amarillos” al presidente Macron parece estarle sucediendo algo semejante. Intentando calmar los ánimos, y dando una muestra de democracia participativa, solicitó también a todas las municipalidades y centros de pensamientos de Francia que enviaran a la presidencia sus “cuadernos de quejas”, creyendo que así iban a sosegarse los espíritus.

Las cosas no han sucedido así, sin embargo. Los “chalecos amarillos” continúan en pie de guerra y el sábado de la semana pasada más de 15 mil se hicieron presentes en borrascosas manifestaciones en casi todas las ciudades. Tal vez las más agitadas fueron las de París donde, una vez más, cometieron excesos nunca vistos, desbordaron a la policía, e incendiaron prestigiosas tiendas y establecimientos célebres como el Restaurante Fouquet de los campos Elíseos, que ha sido históricamente frecuentado por la clase política francesa y por millonarios latinoamericanos. La cremación del Restaurante Fouquet fue, en cierta manera, la incineración de un símbolo de la capital francesa.

Los resultados no se han hecho esperar. El prefecto de policía de París ha sido destituido y se anuncia que quedarán prohibidas las manifestaciones en la icónica avenida de los Campos Elíseos. Las fuerzas de policía han sido severamente cuestionadas y el Gobierno Macron da, ahora, un desesperado giro hacia la política de la mano dura.

Esto que está sucediendo en Francia es imposible no relacionarlo con lo que está aconteciendo en la carretera panamericana en nuestro país, con motivo de la minga indígena y campesina que ya casi por dos semanas mantiene aislado y traumatizado el suroccidente del país.

Como se ha dicho hasta la saciedad, el derecho a la protesta es legítimo; pero también lo es el de quienes no participan en las protestas y que se ven gravemente afectados por el cierre ilegal de carreteras.

La conflictividad social en el país está creciendo y seguramente vamos a presenciar una fuerte escalada en las semanas venideras. El temple y la credibilidad del gobierno Duque se va a ver sometido a una prueba de fuego como está sucediendo en Francia con el gobierno Macron. Su anunciada decisión de no concurrir a la berma de alguna carretera del Cauca, a donde lo han citado los huelguistas para negociar con ellos, es una decisión plausible. 

Pero es una decisión que el Presidente tiene que mantener a toda costa. Dar marcha atrás arruinaría su credibilidad. Al mismo tiempo hay que ser conscientes de que es una decisión que se toma sobre un polvorín cuya mecha hasta el momento no apagan ni los $10 billones que para inversiones en la áreas indígenas se ha concertado en el Plan de Desarrollo ni, tampoco, hasta el momento al menos, parecen tranquilizarlos las comisiones de delegatarios negociadores que ha designado el gobierno.

El pulso es delicado pero trascendental. Y quizás nunca se había puesto con tanta evidencia, en Francia como en Colombia, la necesidad imperiosa de compaginar la firmeza con la prudencia en el manejo de los conflictos sociales. Cualquier desfallecimiento en estas dos condiciones puede prender la mecha del polvorín. Como se prendió en Francia hace 8 días en los Campos Elíseos.

Bogotá, D. C, 24 de marzo de 2019

*Abogado y Economista. Exministro de Estado.

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Mauricio Cabrera Galvis

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- El diésel tiene mala fama y es muy merecida, porque los motores de los vehículos que lo usan son de los principales responsables de la contaminación y mala calidad del aire que ha generado emergencias ambientales en ciudades como Medellín y Bogotá, donde respirar se ha vuelto peligroso para la salud.

Sin embargo, hay que recordar que el origen del deterioro del aire causado por la gran cantidad de partículas contaminantes que emiten los motores diésel tiene dos elementos: de una parte el combustible mismo y, de otra, los vehículos que lo usan.

En cuanto al diesel, sus antecedentes como material contaminante son pésimos y justifican la prevención que existe en su contra. Pero la evolución tecnológica ha permitido unos cambios impresionantes, que no son muy conocidos, y que deberían disipar las viejas prevenciones.

El elemento más contaminante del diesel es su contenido de azufre que se expulsa al aire con la combustión. Este se mide en partículas por millón (PPM) y las normas más exigentes en Europa exigen que el diesel no tenga más de 15 PPM. En Colombia la regulación actual permite 50 PPM, pero hace 30 años el diesel que se usaba era un verdadero veneno pues contenía 5.000 PPM. Desde esa época Ecopetrol ha hecho un enorme y costoso esfuerzo por mejorar la calidad.

Así, en el año 2001 empezó a suministrar diesel extra con 1.200 PPM pero solo para los sistemas de transporte masivo. Solo en el 2010 se dio una mejora sustancial y se redujo el contenido de azufre a 500 PPM y en el 2013 a 50 PPM para todo el diesel consumido en el país. Esta mejoría fue posible gracias a una inversión de USD 1.100 millones en la construcción de una planta de hidrotratamiento en la refinería de Barrancabermeja.

Con la entrada en operación de la moderna refinería de Cartagena (Reficar) mejoró aún más la calidad del producto, de manera que el año pasado Ecopetrol contribuyó a solucionar la emergencia ambiental de Medellín suministrando a esa ciudad diesel de solo 14 PPM. Este año, ante la crisis de Bogotá se empezó a distribuirle combustible de 15 PPM y el compromiso es que la nueva flota de Transmilenio podrá contar con diesel de solo 10 PPM. En el resto del país se espera cumplir con la norma Euro VI (15 PPM) en el año 2021. A pesar de la mejora en la calidad del diesel, la contaminación del aire sigue siendo muy alta por el otro elemento de la ecuación: los motores que lo usan. El problema es que la obsolescencia de la flota vehicular no permite aprovechar el mejor combustible pues se trata de motores viejos e ineficientes cuya tecnología no permite disminuir las emisiones contaminantes. Según el DNP en el 2016 solo el 11% de los vehículos que transitaban en el país contaba con tecnologías Euro IV o superiores.

El problema ahora no es la calidad del diesel sino los vehículos que lo usan, sobre todo los de carga y servicio público cuya edad promedio es superior a 20 años, y las motos que, aunque más nuevas, tienen motores que contaminan más que los carros.

Bogotá, D. C, 24 de marzo de 2019

*Filosofo, Economista y Consultor.

 

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Amylkar D Acosta M

Por Amylkar D Acosta M*.-(La recentralización es una realidad). El Sistema General de Participaciones (SGP), contemplado en la Constitución Política de 1991 (Artículo 357), tuvo como su antecedente el Situado fiscal (Artículo 182 de la C. P de 1886), creado en la administración de Carlos Lleras Restrepo (1966 – 1970). Consiste en una Bolsa de recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación (PGN), los cuales se transfieren a las entidades territoriales (departamentos, municipios y territorios indígenas), los cuales tienen como destinación específica el financiamiento de la salud, la educación, el agua potable y el saneamiento básico en los territorios.

Hasta el 2001, el monto de los recursos del SGP estaba atado a los ingresos corrientes de la Nación (ICN) y se incrementaban año a año en la misma proporción. Para el año 1990 el mismo representaba el 31.5% de los ICN. Pretextando la recesión económica de 1999 y su impacto sobre las finanzas públicas, el Gobierno Nacional  propuso al Congreso de la República y este aprobó una reforma a la Constitución Política (Acto legislativo 01 de 2001, parágrafo transitorio) desligando el SGP de los ICN.

Y, como en Colombia no hay nada más permanente que las normas transitorias, en el 2007, en vísperas de vencerse el término de la vigencia del Acto legislativo 01 de 2001, una vez más, se reformó nuevamente la Constitución Política (Acto legislativo 04 de 2007, parágrafo transitorio), prolongando el régimen “transitorio” hasta el 2016.

De no haberse aprobado los actos legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007, los recursos del SGP representarían en este momento el 46.5% de los ICN, pero merced a ellos a duras penas llegan al 29%, menos de lo que representaban en 1990, el 31.5% (¡!).  Según estudio del Banco de la República, dichos recursos “como porcentaje del PIB pasó de representar el 4,8% en 2002 a 3,8% en 2012 y con respecto a los ICN la reducción fue de más de 10 puntos porcentuales al pasar de representar el 40% en 2002 a representar el 28% en 2012”.

En plata blanca, entre los años 2002 y el año 2008 las entidades territoriales (departamentos y municipios) dejaron de recibir por cuenta de los dos actos legislativos de marras (A. L 01 de 2001 y 04 de 2007) la suma de $27.9 billones y entre 2010 y 2016 la bicoca de $71.2 billones (¡!). Es más, si no se hubiera expedido el Acto legislativo 04 de 2007 y se hubiera aplicado la fórmula de crecimiento del Acto Legislativo 01 de 2001, las entidades territoriales habrían recibido cerca de $108 billones más de lo que efectivamente percibieron en el periodo comprendido entre 2002 y 2015. Es decir, que con el Acto legislativo 04 de 2007 en lugar de morigerar la pérdida de ingresos por parte de los departamentos y municipios esta se acentuó. Huelga decir, que cada peso que se le dejó de girar a departamentos y municipios por concepto de las transferencias del SGP es un peso que se le ha quitado a la educación, a la salud, al agua potable y al saneamiento básico, que son el destino específico de las mismas.

Por lo demás, ello explica el fracaso del SGP en su propósito de cerrar las brechas y de lograr la convergencia interregional. Como lo sostiene el ex codirector del Banco de la República, el investigador Adolfo Meisel, “actualmente estamos en los mismos niveles de desigualdad que había en 1991 -convergencia sigma-. Es decir, cero avances en este campo”. Y no es para menos.

Dado que el Acto legislativo 04 de 2007 quedaba sin efecto al caducar el 1 de enero de 2017, pese al reclamo de los departamentos y municipios, así como del gremio de los educadores (FECODE), para que se procediera a tramitar un proyecto de acto legislativo para barajar y volver a repartir, de manera que se corrigiera semejante desequilibrio entre los recursos que concentra la Nación y aquellos que se transfieren a las regiones, el Gobierno se hizo el de la vista gorda y este asunto quedó entre los pendientes del anterior gobierno.

En efecto, el último paro del magisterio el año pasado se levantó con la promesa de que se presentaría para ello el proyecto de acto legislativo y no se hizo. Este es el motivo principal que tiene de nuevo a los educadores marchando en todo el país, demandando el cumplimiento de dicho compromiso. Y que no nos vengan ahora con el cuento que quien lo firmó fue el Gobierno anterior y no este. La respuesta a las demandas tanto de FECODE como de la Minga indígena del Cauca pasa por la reforma del SGP; el Gobierno se ha comprometido a promoverla a través del Plan Nacional de Desarrollo (PND), que es una Ley, cuando la misma no puede darse sino mediante un Acto legislativo que reforme la Constitución Política.

Bogotá, marzo 23 de 2019

*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.

www.amylkaracosta.net

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Monseñor Omar de Jesús Mejía Giraldo

Por: Mons. Omar de Jesús Mejía Giraldo* - Hoy celebramos en la Iglesia el tercer domingo de cuaresma, nuevamente les propongo que fijemos la mirada en Jesús, nuestro Maestro y nuestro Señor. Dice la Palabra: “Se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos, cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían”. Quienes se acercan a Jesús, parten de un hecho real de violencia impulsado por la ferocidad y estupidez de Pilato, el gobernante de turno, quien pretendiendo imponerse por la fuerza realiza la atrocidad de asesinar un grupo de personas desconociendo la dignidad y la grandeza de cada ser humano. Jesús como buen Maestro, escucha con atención y aprovecha para realizar una pregunta: ¿Ustedes piensan que quienes murieron por una decisión imprudente de un gobernante eran más pecadores que los demás? Inmediatamente, el mismo Señor, como Maestro les da una respuesta: “les digo que no”, a renglón seguido invita a la meditación y a la reflexión: “si no se convierten todos pueden perecer de la misma manera”. Continúa el Maestro con su enseñanza y trae el ejemplo de un desastre natural: la caída de la torre de Siloé, que aplastó a dieciocho personas. A partir de estas dos realidades vividas por el pueblo, Jesús, el Maestro y Señor, aprovecha no para realizar un juicio, sino para invitar a la conversión.

La segunda parte del evangelio es una parábola, en la cual Jesús, el Maestro y Señor, invita a su pueblo a purificar la imagen de Dios. Según deja entrever el texto, los hechos acontecidos, la comunidad los quería juzgar como un castigo divino; pero el Señor, invita a contemplar la historia y los signos de los tiempos bajo la óptica de la misericordia de Dios. El juicio de Dios es la Salvación, somos nosotros mismos quiénes nos condenamos cuando no aceptamos la misericordia de Dios. Recordemos la Palabra: “No juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados...” (Lc 6,37).

En dos palabras podemos sintetizar el evangelio de hoy: Conversión y misericordia. El llamado a la conversión nos invita a un examen de conciencia que debe partir del discernimiento y la contemplación de la propia historia. La conversión es un recorrido humano que se realiza, pero siempre bajo la ayuda de la mirada providente de Dios. La conversión es mucho más que simplemente cambiar actos externos, convertirse significa “pensar de otro modo”. Conversión significa renunciarse así mismo, renunciar a mis gustos y caprichos, renunciar a nuestro ego, escuchemos la Palabra: “Jesús decía a toda la gente: “Si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz de cada día y que me siga” (Lc 9,23). Para pensar diferente al mundo, para actuar desde Dios, se necesita la virtud de la humildad, sin humildad no hay conversión.

La humildad es una virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades, y obra en consecuencia. Como tal, la palabra proviene etimológicamente del latín humilĭtas, que a su vez proviene de la raíz humus, que quiere decir 'tierra' (Diccionario). La conversión parte de un acto de humildad, porque se trata de reconocernos creaturas de Dios. El examen de conciencia que la Iglesia nos recomienda realizar todos los días al terminar la jornada, es un acto de humildad, porque se trata, de ponernos delante de Dios y examinar nuestros actos de cara al Señor, nuestro creador, y no de cara a nosotros mismos. El examen de conciencia nos permite realizar juicios honestos y transparentes mirando nuestro propio yo como imagen y semejanza de Dios y no como un ser “autónomo” que hace lo que quiere, porque se siente dueño de su existencia. Recordemos que el dueño y señor de nuestra vida es Dios, dice la Palabra: “En Dios vivimos, nos movemos y existimos” (Hech 17,28). De Dios venimos y a Dios tenemos que volver.

Jesús, el Maestro y Señor, en el evangelio de hoy nos está diciendo que todos estamos llamados a la conversión. El texto nos recuerda además que nuestra existencia es una realidad frágil y que estamos próximos a la muerte. La muerte no es una realidad externa a nosotros, es un hecho real y cercano; la muerte la portamos al interior de nosotros mismos y por lo tanto debemos sentirnos convocados a la conversión como un acto de disponibilidad a Dios. Hermanos, somos sumamente frágiles, en cualquier momento, el gobernante de turno amanece lunático y da ordenes feroces y estúpidas, y puede lanzar un bomba atómica y moriremos inesperadamente. El día menos pensado la naturaleza se vuelve violenta y nos reclama lo que le hemos robado y podemos morir en cuestión de un instante. En síntesis, estemos preparados, porque no sabemos el día ni la hora. De morir tenemos, no sabemos dónde ni cuando. La verdad es que la muerte es una realidad sumamente segura. Por eso, lo mejor es estar preparados, caminar siempre orientados hacía Dios, nuestro Padre y Señor.

Cada uno pensemos en nuestra propia muerte, ¿será violenta? ¿será en un hospital?, ¿será entre sabanas blancas y atendidos por familiares y amigos? La verdad es que moriremos pero no sabemos cómo. La esperanza es que la muerte nos alcance en la gracia de Dios. Recordemos la Palabra: “Si no se convierten morirán del mismo modo?, ¿cuál será nuestro modo de morir, en paz con Dios o renegando de Él?, ¿en paz con nuestros hermanos u odiando y envenenados contra nuestro prójimo? ¡Ojalá qué la muerte nos alcance en paz con Dios y con nuestros hermanos!

Mi propuesta es que miremos la muerte desde la acción misericordiosa de Dios. Morir en clave cristiana, es sentir el gozo del encuentro personal con el Señor. Para el cristiano morir es llegar a la plenitud de su ser, es sentir que todo está consumado. La muerte cristiana es el resumen de la existencia en Dios. Para el cristiano, el día de su muerte es el día de Dios en mi vida y ese día se llama conversión. Dios siempre está disponible a perdonarnos hasta el último instante y suspiro de nuestra existencia, escuchemos la Palabra: “Hoy estarás conmigo en el paraíso” (Lc 23,43). La muerte es volver a Dios, así las cosas, convertirnos es estar abiertos a la providencia divina. Por eso, para la persona de fe, la muerte es simplemente un acto de transición. Lo rezamos en la misa de funeral: “Nuestra vida no termina se transforma”. Morir es convertirnos y convertirnos es morir. Quien se convierte muere al pecado y renace a la gracia.

En síntesis podríamos decir que el evangelio de hoy nos muestra dos caminos: la conversión por parte del hombre, la misericordia por parte de Dios. El binomio “conversión – misericordia” tiene el siguiente recorrido: Llamado, regreso, perdón. Para la conversión se necesita la virtud de la humildad y para ejercer la misericordia es necesaria la virtud de la paciencia.  Quién es humilde se conoce desde Dios y reconoce sus limitaciones y debilidades. La conversión es una cuestión de responsabilidad frente a nuestros actos, escuchemos la Palabra: “Comerán el fruto de su conducta, y se saciarán de sus planes” (Prov 1, 31). La Palabra de Dios nos invita a convertir la vida en una oportunidad, en un continuo acto de gratitud a Dios por su amor y su misericordia. La conversión nos lleva a la felicidad, nos plenifica, nos acerca a Dios. La conversión nos acerca a los demás, nos hace solidarios, cercanos, amables, misericordiosos.

La conversión es la tarea del hombre y la misericordia es uno de los atributos divinos, “Dios es misericordia”. Ésta será la virtud que profundizaremos el próximo domingo desde las parábolas de la misericordia que nos trae el evangelista Lucas en el capítulo 15.

Finalmente, entendamos una cosa: Dios nos ayuda a la conversión si le abrimos nuestro corazón. Dios no sólo nos pide conversión, Él además, nos ayuda a que la conversión sea posible, escuchemos la sentencia final de la parábola: “cavaré a su alrededor y echaré abono” (13,8). Hagámonos algunas preguntas: ¿Al estilo de Dios, yo, a quién he ayudado a la conversión? ¿Cavamos alrededor de nuestros hijos y los abonamos con la gracia para ayudarles a la conversión? Hay hogares cuyo abono es el pecado, el mal genio, los disgustos, las rabias, los resentimientos, el odio… ¿Mis relaciones las abono con la gracia o con el pecado? Hay instituciones, empresas, ciudades, barrios, veredas…, donde el abono que le damos a nuestras relaciones es: el chisme, el mal humor, las envidias, las confrontaciones, los odios, las zancadillas, ¿así podremos dar frutos de conversión?, con seguridad que no; si no nos convertimos pereceremos a la felicidad a la paz, a la fraternidad.

Una invitación final: estimados candidatos a ser servidores públicos, por favor, no diseñen campañas desacreditando al otro o a los otros…, alumbren con luz propia, no con los defectos y las debilidades de los demás. ¡El mejor gobernante es aquel que es capaz de gobernar sus propias pasiones!

Florencia, 24 de marzo de 2019

* Obispo de Florencia

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José Félix Lafaurie Rivera
Por: José Félix Lafaurie Rivera*.- Los arúspices del choque de trenes, “los divisionistas”, se quedaron con los crespos hechos porque la Corte Constitucional hizo lo que debía y no lo que ellos promovieron y siguen promoviendo: choque de trenes, enfrentamiento entre poderes, un clima mediático de país fracturado, rasgado, como la carátula de SEMANA, que debilite la gobernabilidad del presidente Duque, para pescar en ese río revuelto sus intereses burocráticos y electorales.
 
Mientras escribía, en el programa de Vicky Dávila la sorna de Benedetti, la suficiencia de Roy y la algarabía de ambos, que reemplaza los argumentos con la confusión y el matoneo, lograban sacar de casillas a la valiente Salud Hernández, que no pontifica grandilocuente desde una curul, sino que asume los riesgos de la denuncia desde los rincones que sufren las secuelas de una negociación que no buscaba paz sino impunidad; que recibieron la herencia maldita de 200 mil hectáreas de coca, el combustible de la violencia y la corrupción.
 
Que el país está dividido no es un secreto. Afortunadamente nos quedaba democracia para que los colombianos lo expresaran en las urnas durante la campaña que llevó a Iván Duque a la Presidencia, y antes, en octubre de 2016, cuando el mandato popular fue birlado en el plebiscito y se perdió la oportunidad de lograr consensos frente al Acuerdo con las Farc.
 
El país debe entender quién lo divide. No es el presidente, que invita al consenso a partir de las objeciones. Da grima ver a quienes pelecharon en la burocracia santista, a los asesores de paz bien remunerados y a quienes, estimulados con mermelada, crearon la mentira de los enemigos de la paz, acusar hoy al presidente de revivir la polarización porque cumplió con su deber constitucional, ético y político de declarar inconveniente la impunidad; de declarar inconveniente que alguien siga delinquiendo sin perder beneficios; de declarar inconveniente para el país que la violencia sexual contra menores pueda ser justificada y quede sin castigo.
 
Es patética la forma como intentan invisibilizar los testimonios de “Rosa Blanca”, a cual más de dramáticos: de niñas secuestradas a guerrilleras, de violaciones y abortos; de mujeres prostituidas para calmar los afanes de los guerreros. Son las víctimas que no fueron a La Habana porque no se sometieron a la burda instrumentación de “los amigos de la paz”; las revictimizadas por la impunidad de la JEP; las que exigen justicia; las invisibles para la comunidad internacional, proclive a justificar lo injustificable en aras de una paz que no aparece.
 
Los divisionistas que recibieron favores de Santos deberían declararse impedidos para calificar las decisiones presidenciales. Pero no; por el contrario, insisten en la mentira de que el Acuerdo del Colón fue ejemplo de concertación, cuando fue una estafa envuelta en papel regalo. Abusivos, se atreven a aconsejar al presidente: que ya está bien de llorar el plebiscito, que se dedique a gobernar para todos, que para qué se metió en la encrucijada de las objeciones. Como quien dice: que dejemos así..., que vienen las elecciones…, que los proyectos estratégicos…, que la gobernabilidad… Es chantaje político disfrazado de consejo. Se les olvida que hay principios e ideologías que orientan la tarea responsable de gobernar.
 
Los divisionistas se equivocaron de tren. El choque no era con la Corte, pero sí puede serlo con el Congreso en la Cámara de Representantes, cuyo presidente, “el hombre clave” para SEMANA, después de su intento fallido de enredar a la Corte, hará lo imposible por arrinconar al Gobierno. Valerosa declaración la del ministro de Hacienda en el debate del Plan de Desarrollo: El gobierno no se dejará extorsionar.
 
Bogotá, D. C, 23 de marzo de 2019
*Presidente de Fedegan.
@jflafaurie
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Gabriel Ortiz

Por Gabriel Ortiz.- La campaña electoral se abrió, avanza y ya muestra signos de suciedad, pese a que Colombia requiere una nueva política.

Al país ha regresado la hegemonía y la supremacía, que todos creyeron eliminada tras los acuerdos de Benidorm y Sitges de los años 50, cuando se transitaba por una dictadura tenebrosa. Alberto Lleras y Laureano Gómez, se perdonaron, estrecharon sus manos y se sentaron en España a dialogar para salvar a la atormentada Colombia. La hegemonía de entonces impedía que valores muy reconocidos y generosos aportaran sus conocimientos a los gobiernos, si pensaban diferente.

Hemos regresando a esas prácticas, primero entre el 2006 al 2010, cuando alternaron en el panorama guerrilleros y paramilitares.

Hoy contamos con un Presidente joven, tal vez muy joven, al que sus colaboradores aconsejan erróneamente en muchos aspectos, impidiéndole aprovechar los caminos que cimentó el Nobel de Paz. Nadie duda que esos asesores, buscan y aconsejan otros rumbos que para llevarnos a una hegemonía uribista o del DC. Nadie que piense diferente puede llegar, en este gobierno, a una posición medianamente importante. Es cierto que Duque ganó por 2.300.000 votos. Pero entre ellos estaban los antipetristas, muchos de los que apodaban izquierdistas por su pensamiento progresista, esos que salieron verracos a votar porque nos convirtiríamos en otra Venezuela y tantos más que deseaban algo distinto. No todos eran uribistas, porque entre los 10 millones había de todo. Pero quien no tenga el rótulo o bendición del “eterno”, no podrá llegar a la nómina.

Iván Duque, es el presidente de los colombianos. El que eligieron los colombianos y el que debe gobernar por cuatro años. Eso lo desconocen quienes asfixian y asesoran al Jefe de Estado. Son expertos en practicar el odio y sepultar la paz para regresarnos al paramilitarismo, a una sociedad armada hasta los dientes, a un ejército de “cooperantes”, a destruir la paz, desaparecer la JEP, e inhumar la verdad, a la que tanto temen.

Y durante las elecciones que se avecinan, ya hay engaños, enredos, falsificación y manipulación de la propaganda de los adversarios, celadas, intrigas y demás vicios ya aplicados. Hay funcionarios que de frente hacen campaña política a candidatos del Centro Democrático, utilizando los dineros públicos. (Léase Mono Sánchez en Boyacá)

Los candidatos de otros movimientos serán calificados de extrema izquierda, o abusadores de niños, o antiuribistas. Será otra campaña con banderas de odio, cizaña y engaño, para que la gente salga votar enverracada.

Duque puede convertirse en el líder que saque a Colombia de esa práctica y que lime las asperezas que nos impiden disfrutar de la floreciente economía, la paz e impida  que siga ascendiendo el pesimismo que observan los gremios económicos. Debemos olvidarnos de Venezuela, del odio, del rencor y la rabia, para salvar a esta sociedad, que quiere la paz y rechaza la hegemonía.

BLANCO: La solución salomónica de la Corte Constitucional sobre objeciones presidenciales. 

NEGRO: ¡Gran oportunidad! “Fumigaciones Botero ofrece glifosato a $2 millones hectárea”. Reclame plato de longaniza.

Bogotá, D. C, 21 de marzo de 2019

*Exdirector del Noticiero Nacional y de Notisuper:La Noticia Viva.

 

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Juan Fernando Londoño

Por Juan Fernando Londoño*.- Pese a que el proceso de paz es la mejor noticia que ha generado Colombia en muchos años, su diseño y alcances aún nos dividen. Un sector importante de la población, que se considera mayoritario por su triunfo en el plebiscito y en la elección presidencial, reclama para sí esos triunfos como un derecho para modificar los acuerdos de paz con las Farc.

De otra parte, las Farc han demostrado su compromiso con los acuerdos firmados y tienen el derecho a que se respeten los términos bajo los cuales aceptaron entregar las armas y desmovilizarse. Quienes concibieron y acompañaron el acuerdo de paz, pese a la derrota en el plebiscito, siguieron adelante con su deber moral de hacer lo que era mejor para el país: terminar el conflicto armado con la guerrilla más importante y vieja del hemisferio, salvar cientos de vidas y evitar los sufrimientos derivados de la guerra. Ellos también sienten (sentimos, para ser honesto, pues me incluyo en ese grupo) que se debe proteger tanto el logro como su diseño, cuya pieza central es una justicia transicional que permitirá que los actores de la guerra reciban penas no privativas de la libertad a cambio de la confesión de sus crímenes y de colaboración eficaz para dilucidar lo sucedido y reparar a sus víctimas.

Antes de la presentación de las objeciones a la JEP el país se encontraba en un tranquilo empate negativo sobre el acuerdo de paz, pues el Gobierno, ni se comprometía a implementarlo, ni hacía nada por destruirlo. Con el anuncio de las objeciones, ese equilibrio se destruyó.

Esta situación pone a Colombia en una situación que se denomina como la paradoja de la fuerza irresistible, en la cual una fuerza imparable choca contra un objeto inamovible. En este caso la fuerza imparable es el uribismo y la fuerza inamovible son los líderes del Sí. La única forma de solucionar este problema es que ambos empiecen a ceder en sus posiciones, pero para ello debe existir una premisa de sinceridad en la discusión sobre las verdaderas intenciones y alcances de las pretensiones de cada uno.

Para empezar a salir del empantanamiento en que nos encontramos, los voceros de la defensa del acuerdo deben aceptar que es posible introducir modificaciones, pero los voceros del No en el plebiscito deben aceptar que esas modificaciones no pueden alterar las condiciones que permitieron la desmovilización de las Farc, esto es, no se desarmaron para ir a la cárcel y su objetivo era hacer política. Esos dos aspectos fueron los que no permitieron llegar a un acuerdo en las negociaciones posplebiscito de 2016.  El uribismo quería enviar a la cárcel e impedir participar en política a los miembros de las Farc, condiciones que únicamente son posibles si hay una derrota militar del adversario, lo cual no fue el caso (y que se comprueba ante la incapacidad de derrotar al ELN que es una guerrilla mucho menor).

Si el uribismo renuncia a la idea de que le puede propinar una derrota humillante a las Farc por la vía política, cuando no la consiguió por la vía militar; y si los defensores del acuerdo aceptan que es posible introducir ajustes, como el aumento de los jueces en la JEP y de miembros de la comisión de la verdad mediante un nuevo mecanismo de selección, será posible avanzar en un diálogo que permita doblar esta página.

Pero si el objetivo no confesado de los voceros del No es la impunidad para otros actores del conflicto, entonces el diálogo será muy difícil, porque sus acciones no estarán dirigidas a mejorar el acuerdo, sino a evitar que muchos de los responsables de crímenes de guerra se vean en la necesidad de confesar las atrocidades que se cometieron.

De momento lo importante es que se empiecen a alzar voces, desde la sociedad civil, para encauzar las diferencias por la vía del diálogo y finalmente cerrar la discusión sobre una paz que nos beneficia a todos.

Bogotá, D. C, 21 de marzo de 2019

*Exministro del Interior.

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José G Hernández

Por José G Hernández*.- Se dispone el Congreso a resolver sobre las objeciones que, por inconveniencia, formuló el Presidente Duque sobre seis artículos del proyecto de ley estatutaria para la JEP. No se puede abstener de decidir.

Característica fundamental de un sistema jurídico que desarrolle los principios del Estado de Derecho es la existencia, en la Constitución y en las leyes, de  normas claras que contemplen las funciones de cada rama y órgano del poder público. Cada órgano tiene definidas sus atribuciones, funciones, facultades y obligaciones, y debe ejercerlas sin incurrir en omisión ni en extralimitación, sin perjuicio de la colaboración armónica, tal como lo contempla el artículo 113 de la Constitución.

La función de todos los órganos del poder público ha de ser ejercida de modo que, además de no invadir las funciones de otros, realice los postulados y las reglas, en normas jurídicas y no en la arbitrariedad, ni en la torcida interpretación de sus mandatos. Para que ello sea así, y para que la sociedad mantenga su confianza en la justicia, en el Congreso, en el Ejecutivo, en los órganos de control, y para que los ciudadanos tengan seguridad en la vigencia de sus derechos y garantías, es indispensable que impere el Derecho. Y que incluso en el caso de decisiones políticas lo reconozcan y apliquen.

Así, pues, las funciones públicas deben ser cumplidas exclusivamente con sujeción a los mandatos de la Constitución y las leyes, y dentro de las competencias de cada uno. El artículo 122 constitucional estipula que no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento, a la vez que el 121 dispone que ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley.

El artículo 6, por su parte, dispone que los servidores públicos respondan tanto por vulnerar la Constitución o la ley como por omisión o extralimitación de funciones.

Por ejemplo, la Corte Constitucional, que tiene a cargo la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, profiere sentencias, con carácter obligatorio, que hacen tránsito a cosa juzgada constitucional. No emite conceptos, porque no tiene una función consultiva, lo que, en cambio, sí corresponde a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, que, a su vez, no profiere sentencias. Entonces, nadie debe pedir conceptos a la Corte Constitucional, ni ella los debe emitir. Ni la Corte debe pronunciarse sobre las objeciones por inconveniencia, una competencia del Congreso.

Otro ejemplo: el Procurador General debe emitir concepto ante la Corte en el proceso de control sobre objeciones presidenciales por razones de inconstitucionalidad, pero no podría descalificar o rechazar fuera de proceso unas objeciones por inconveniencia, lo cual es privativo de las cámaras.

Y deben aplicarse las normas. Así que, cuando el artículo 200 de la Ley 5 de 1992 (Reglamento del Congreso) estatuye que si una cámara declara fundadas las objeciones y la otra infundadas “se archivará el proyecto”, eso es claro. No hay lugar a interpretación distinta, como alguna que escuchamos, según la cual, en tal evento se archivan las objeciones. Con todo respeto, eso no sería otra cosa que la flagrante violación de un claro precepto de la ley.

Bogotá, D. C, 21 de marzo de 2019

*Expresidente de la Corte Constitucional

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Jairo Gómez

El Centro Democrático (CD), empeñado en revivir su litigio ideológico con las Farc-EP, busca en la extinta organización guerrillera el 'sparring' perfecto para que lo ayude a sobrevivir en las encuestas y, por ende, lo catapulte como la mejor opción en las elecciones de octubre. 

Esa es su estrategia. Por ello el misil electoral está dirigido al corazón del acuerdo de paz: la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Combinando todas las formas de lucha, acude ahora, como en el pasado cuando manipuló la información en favor del no en el plebiscito, a manosear a las víctimas vendiendo la idea de que lo pactado en La Habana no es cosa distinta a un acuerdo de impunidad, entonces hay que hacerlo trizas. 

Sin duda, presionado por su gran mentor, el presidente Duque, tomó la decisión de ayudarle a su partido a tejer la propuesta electoral objetando seis artículos de la ley estatutaria y proponiendo modificar constitucionalmente el acto legislativo que creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, no obstante existe una prohibición expresa de la corte que obliga a los próximos tres gobiernos a no enmendar lo acordado entre el Estado colombiano y los representantes del entonces grupo insurgente. 

No es la Comisión de la Verdad o la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas las que busca desaparecer el presidente Duque y su partido el CD, es la JEP y tras su decisión neutralizar la verdad, gestar inseguridad jurídica y cerrarle la puerta a cualquier posibilidad de paz futura y negociada. 

Ese es el tema de campaña que le es funcional al senador Álvaro Uribe y sus dirigidos; a todo vapor, con la maquinaria bien aceitada (¿mermelada?) y sin argumento alguno insisten en que la JEP debe acabarse, al tiempo que la señalan como una instancia humillante para los miembros de la Fuerza pública al ser “comparados con los terroristas”. Vieja estrategia para querer instalar, de nuevo, el discurso, ya superado, de que Colombia no experimentó “un conflicto armado”. 

Paradójicamente, la oposición a esta mirada del conflicto el expresidente Uribe no la encuentra en sus adversarios políticos, sino en los propios exmilitares y expolicías que decidieron, voluntariamente, acogerse a la JEP (ya van más de dos mil agentes del Estado en armas que se acogieron a los beneficios de la Justicia transicional, entre ellos cerca de una veintena de generales).

Se equivocan el CD y el presidente Duque: ni habrá impunidad para los miembros de la extinta guerrilla, ni la fuerza pública encontrará otro árbitro diferente a la JEP que les brinde los beneficios que hoy ya ostentan. 

El proceso de la Justicia Transicional ya comenzó a dar resultados, así lo entienden los países garantes, la Unión Europea, los demócratas en el Congreso de Estados Unidos y, el organismo más importante, la Corte Penal Internacional (CPI), por eso el respaldo a la JEP es incondicional. “Dejen trabajar a la JEP”, dijo Naciones Unidas. El que quiera más que le piquen caña, dice el adagio popular. 

Se metió el presidente Duque en un terreno movedizo apenas despuntando su mandato, terreno en el cual los debates serán intensos y se tomarán por lo menos dos años, mientras el país se pregunta ¿para qué lo elegimos? ¿Para revivir un discurso de la guerra ya superado con la negociación? O para que le entregue a los colombianos una nación próspera, incluso con más turistas, si es lo que pretende y eso solo lo garantiza, la paz.

Bogotá, D, C, 19 de marzo de 2019

*Periodista y Analista Político.

 

@jairotevi

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