Opinión

Cuántos gobernadores y alcaldes agradecerán a Juan Fernando Cristo en las urnas este milagro de soñar con más recursos y nuevas competencias, nadie lo sabe

Por Hubert Ariza*. -Los gobernadores y alcaldes del país han logrado más en un Gobierno de izquierda que en los gobiernos de derecha. Mientras el país permanece inmerso en el debate sobre la existencia del software espía Pegasus, la guerra no cede y la fuerza pública contraataca a las disidencias de las FARC y al Clan del Golfo, y en Cali se realiza con éxito la COP16, en el Senado de la República se aprobó, en sexto debate, el proyecto de acto legislativo que reforma el Sistema General de Participaciones (SGP).

No se trata de una noticia al margen, sino de una de hondo calado económico, político y social, porque implica cambios en la relación del Estado central con las autoridades territoriales, el futuro de la financiación de la salud, la educación, el agua potable, el saneamiento básico, la estabilidad del presupuesto nacional y la consolidación de la democracia.

Se busca, en esencia, cumplir el mandato de la Constitución de 1991 de que Colombia sea una república unitaria, descentralizada y con autonomía territorial, y avanzar hacia la meta de reorganizar la nación para que las entidades territoriales tengan un verdadero control sobre el destino de sus regiones, estén en capacidad de brindar una solución a los graves problemas sociales que las afectan y apalancar el desarrollo, el bienestar y, en esencia, contribuir a la superación de la guerra y la consolidación de la paz total.

La reforma aprobada por mayoría, el pasado 29 de octubre, fue iniciativa del senador caldense Guido Echeverry, y tuvo como ponente a su homólogo Ariel Ávila, de la Alianza Verde. En la Cámara de Representantes el ponente es el congresista liberal del Putumayo, Carlos Ardila.

Llegar al texto aprobado significó un fuerte pulso en el interior del Gobierno nacional entre el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y sus colegas de Hacienda y Planeación Nacional. Finalmente, el presidente Gustavo Petro avaló la propuesta cuando entendió que esta tenía mayorías y que era mejor pasar a la historia como el gran impulsor de la descentralización, y no como un anticristo que desautorizaba a su ministro del Interior. En la pelea se escucharon las voces de los fundamentalistas de la regla fiscal, que defienden el statu quo, rechazan el cambio y ven en cada espacio ganado por los territorios una amenaza al bogotacentrismo que ha imperado en los últimos cien años.

La reforma al SGP, que modifica los artículos 356 y 357 de la Constitución, cambiará la fórmula de asignación de transferencias a las regiones, que pasarán del 27% de los Ingresos Corrientes de la Nación, ICN, al 39,5%, lo que estará ligado a la expedición de una nueva Ley de Competencias.

El gran debate que se abre es cuáles competencias estarán dispuestos a aceptar los gobernadores y alcaldes, cuando ya están de por sí recargados de las responsabilidades que les han venido colgando a lo largo de los años, muchas imposibles de cumplir.

Esa Ley de Competencias implicará, entonces, una enorme transformación en la relación centro-periferia, agotada por las dinámicas sociales, y una reorganización del Estado, lo que desde ya anuncia un gran pulso político para garantizar el equilibrio fiscal sin caer en las trampas del inmovilismo del Estado que promueven los ortodoxos de la regla fiscal. También demandará un enorme proceso de fortalecimiento de las capacidades de ejecución de las autoridades territoriales, de por sí satanizadas por el Estado central, para que no se vean sobrepasadas por los ingresos sin posibilidad de ejecutar. Y, además, significará un esfuerzo adicional de las autoridades de control.

La reforma al SGP está a dos debates en la Cámara de Representantes de ser mandato constitucional, y comenzaría a aplicarse en 2027. Los actuales gobernadores no se beneficiarían de la nueva norma. Están sembrando para sus sucesores, quienes llegarán a gobernar con otras funciones, más recursos y mayor responsabilidad en su manejo, pero, sobre todo, con menos excusas para obtener resultados.

Se espera que al terminar 2024 el presidente Petro promulgue la nueva fórmula del SGP, lo que significará, también, un fortalecimiento de su relación de confianza con las autoridades regionales, muchas de las cuales votaron en su contra en 2022 y se encuentran en campaña de cara a 2026, por candidatos de derecha.

Lo trascendental de lo que está ocurriendo es que esta decisión significa un enorme pulso a favor de las autoridades territoriales ―gobernadores y alcaldes― que, de cara al proceso electoral en ciernes, han logrado mostrar su capacidad de convocatoria, poder negociador y voluntad de incidir en las grandes decisiones del Congreso, moviendo a sus congresistas, imponiéndose al ministro de Hacienda y alineando a su favor al Gobierno nacional.

Colombia históricamente ha ido a paso de tortuga en el tema de la descentralización. Las cuentas de los técnicos sobre el monto que el Estado central ha dejado de transferirle a las regiones, desde la promulgación de la Constitución, con los recortes y contrarreformas de 2001 y 2007, alcanza la exorbitante suma de 380 billones de pesos. Con la fórmula vigente de transferencias, existe una desfinanciación de 24 billones de pesos.

No hay duda de que una vez se apruebe y promulgue la reforma del SGP, la descentralización dará un gran salto. Ello, sin embargo, no va en contravía de la iniciativa del referendo que impulsa el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón ―declarado opositor del presidente Petro―, que busca reformar el artículo 298 de la Constitución, para que los gobernadores tengan mayor autonomía e injerencia en el manejo de los impuestos que recaudan.

Para los más optimistas, Colombia está dando pasos seguros hacia el fin del hipercentralismo y madurando para asumir con seriedad el debate sobre la viabilidad del establecimiento de un sistema federal, como lo han impulsado de tiempo atrás importantes líderes nacionales y regionales, entre quienes se cuenta el exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo. También consideran que hay espacio para pensar en la adopción de un sistema de regiones, como lo ha impulsado el exconstituyente y gobernador del Atlántico, Eduardo Verano. Para los más escépticos, lo logrado es apenas un gran paso, porque aún queda mucho camino para recorrer en un país en el que el centralismo bogotano siempre ha sabido recuperar los espacios y burlar los reclamos de autonomía de las regiones. 

Lo logrado hasta ahora deja varias lecciones. Una importante es que el acuerdo nacional se abre paso y los partidos políticos pueden zanjar diferencias y trabajar unidos con el Gobierno nacional por una agenda común de profundas reformas.

Es evidente que los gobernadores y alcaldes han ganado una importante batalla en el Congreso y se sienten listos para exigir más. Ellos quieren milagros. El próximo campo de medición de fuerzas y demostración de poder es el proyecto de ley de competencias que elaborará el ministro Cristo unos meses antes de que se cumpla la profecía de su renuncia para lanzarse a una nueva aventura presidencial. Cuántos gobernadores y alcaldes agradecerán a Cristo en las urnas este milagro de soñar con más recursos y nuevas competencias, nadie lo sabe.

Lo que sí es cierto es que ahora se hace mucho más necesario el fortalecimiento de la agenda de lucha contra la corrupción, en el que se consoliden las veedurías ciudadanas y la fiscalización de los medios, y el fortalecimiento de las ías, para impedir que los nuevos recursos asignados se conviertan en una trampa para las autoridades regionales, muchas de las cuales no terminan sus períodos por caer en la tentación de la contratación indebida y las malas influencias.

La mayor competencia de estas autoridades será impedir que la corrupción mate la descentralización, y un nuevo gobierno regrese el péndulo a la recentralización.

Bogotá, D. C., 2 de noviembre de 2024

*Periodista, internacionalista y analista político.

Tomado de EL País.

“COP16 se posicionará como la puerta de entrada a un progreso y un objetivo que perdurará por años y se incrementará para la salvación del planeta”.

Por Gabriel Ortiz*. -Terminó con todo éxito la COP16 en Cali y Colombia, con un único mensaje: la paz con la naturaleza es la tarea del siglo XXI. Los líderes del mundo, el secretario general de la ONU, el papa Francisco, la casi generalidad de los presidentes, las comunidades raizales y las actuales, coincidieron con el Papa: “un pueblo realizado canta victoria, siempre marcha adelante.

Ese clamor que cubrió desde Cali a todo el planeta estuvo torpedeado por un Putin destructor de Ucrania y por los pueblos y terroristas del oriente cobrando vidas, ideales, progreso y futuro. Eso en las lejanas tierras de quienes destruyen la humanidad con poderosas armas, y por quienes lo hacen malogrando la biodiversidad con aserríos, minerías ilegales, producción de estupefacientes, desplazamientos y sometimientos de poblaciones inermes. Aquí, a pocos kilómetros de la sede de la COP16, los fanáticos extremistas, agazapados bajo la paz total de Petro, se mostraron ante el mundo con sus bélicas y miserables acciones destructoras de nuestra biodiversidad y nuestra sociedad.

La COP16 expuso ante el mundo el salvajismo con el que se maneja lo poco que van dejando los demoledores y devastadores del medio ambiente, de las especies tan apetecidas por los laboratorios, la tenebrosa ciencia depredadora y las chimeneas que nos llenan de humo y se bogan nuestra agua.

Entre toda esa diversidad de fauna, flora y ambiente que aún se pueden conocer, uno de los pocos ausentes fue el cóndor, ese guardián de nuestro escudo, del que solo queda a lo sumo un centenar de ejemplares que han sobrevivido gracias a la tenaz labor del biólogo Roberto Tobar, quien se impuso la labor con el apoyo del Noticiero Nacional.

Los participantes en este importante foro tuvieron oportunidad de adentrarse en lo profundo que aún nos queda y se fijaron metas y propósitos para inculcar a las generaciones actuales y futuras una misión que nos conduzca al impostergable designio de esta humanidad: “hacer la paz con la naturaleza, como tarea del siglo XXI”.

Aún resuena y en adelante resonará este designio del Secretario General de las Naciones Unidas António Guterres. Igualmente dejará en los dueños de la riqueza, el poder y el progreso, propósitos claros, pródigos y generosos para apoyar financieramente la encomienda del siglo XXI.

La salsa, las danzas, todos los espectáculos culturales y la hospitalidad de Cali, han promocionado a la capital del Valle y a Colombia ante el mundo, para que un turismo biodiverso llegue a disfrutar de una región tan envidiable, amena y hospitalaria.

COP16 se posicionará como la puerta de entrada a un progreso y un objetivo que perdurará por años y se incrementará para la salvación del planeta.

No faltaron los desaguisados y malos ratos, que por fortuna fueron aplastados. La presencia del canciller de Venezuela, invitado por Petro y el ministro Murillo, dejó el sabor amargo de un gobierno que asaltó las elecciones de nuestros vecinos.

BLANCO: La lengua de un cómico de la campaña de Trump, que injurió a Puerto Rico llamándola “isla flotante de basura” le asestó duro golpe esa campaña e impulsó Kamala Harris al triunfo este martes 5. 

NEGRO: Las fiestas y reuniones privadas de ciertos funcionarios son el origen de los acosos sexuales.

Bogotá, D. C, 1 de noviembre 2024

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper

-Toda vez que se presume la inocencia -no la culpabilidad-, es incorrecto hablar de “presunto delincuente”, como lo hacen a veces algunos medios de comunicación.-

Por José G. Hernández*. -El derecho fundamental al debido proceso -garantizado en nuestra Constitución y en tratados, convenios y declaraciones internacionales- es también una garantía democrática en el Estado de Derecho y cobija a todas las personas, tanto en materia judicial como en el campo administrativo.

Así lo expresa el artículo 29 de la Carta Política colombiana: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”.

Uno de sus componentes esenciales del derecho al debido proceso radica en la presunción de inocencia, a la cual alude la misma disposición constitucional: “Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable”.

Como lo ha expresado la Corte Constitucional, el aludido principio superior “significa que cualquier persona es inicial y esencialmente inocente, partiendo del supuesto de que sólo se puede declarar responsable al acusado al término de un proceso en el que deba estar rodeado de las plenas garantías procesales y se le haya demostrado su culpabilidad”. (Sentencia C-289 de 2012)

En virtud de la presunción se traslada la carga de la prueba. Ninguna persona puede ser llevada a demostrar que es inocente. Como dice la Corte, “la actividad probatoria que despliegue el organismo investigador debe entonces encaminarse a destruir la presunción de inocencia”.

Según lo dicho, toda vez que se presume la inocencia -no la culpabilidad-, es incorrecto hablar de “presunto delincuente”, como lo hacen a veces algunos medios de comunicación.

Al derecho esencial en mención se une la garantía que brinda el orden jurídico a otros, también esenciales: los derechos al buen nombre y a la honra, contemplados en los artículos 15 y 21 de la Constitución.

Como acontece con otros derechos básicos -inherentes a la democracia-, los que mencionamos se han venido desconociendo, cada vez con mayor frecuencia. Como dice el lenguaje común, se ha “normalizado” su reiterada vulneración.

En especial, a partir del auge de las redes sociales y de la errónea y extendida convicción de que la libertad de expresión y el derecho a la información no implican responsabilidades, basta que se divulgue como noticia en los medios o que alguien escriba y propague en su cuenta virtual uno o varios mensajes en que se afirme que una persona comete o ha cometido delitos...para que, sin pasar por un proceso ante los jueces -como lo exigen la Constitución y los tratados internacionales-, se la tenga por delincuente y desaparezcan sus derechos a la presunción de inocencia, al debido proceso, a la defensa, a la honra y al buen nombre.

El afectado queda “condenado” ante la sociedad, no por los únicos competentes -que deberían ser los jueces- sino por sus acusadores. Aunque caben las solicitudes de rectificación, la conciliación y los procesos por calumnia e injuria, no es fácil que se pueda recoger toda el agua derramada y pueden pasar años mientras se adelantan los procesos judiciales. El reconocimiento de la inocencia será tardío.

¿Dónde queda, en tales casos, la garantía constitucional?

Bogotá, D. C, 31 de octubre 2024

*Expresidente de la Corte Constitucional

“Las decisiones dejarán de tomarse desde los territorios para tomarse en los escritorios por parte de la burocracia enquistada en la paquidérmica estructura del andamiaje centralista, ninguneando a las autoridades territoriales”.

Por Amylkar D. Acosta M*. - Al anunciar su demanda contra el Decreto 934 de 2013, expedido por el ex ministro de Minas y Energía Federico Rengifo, el Alcalde de la Capital por aquellas calendas Gustavo Petro manifestó que “según el Distrito la norma en cuestión es regresiva, desborda el régimen constitucional, legal y jurisprudencial existente en el país en materia de autonomía territorial, protección ambiental y de planificación y ordenamiento territorial, por lo que se procederá a su demanda ante el Consejo de Estado, con la correspondiente solicitud de suspensión provisional”, como efecto lo hizo.

Y en su decisión de segunda instancia la Sección tercera del Consejo de Estado anulando esta norma trajo a colación la Sentencia de la Corte Constitucional (C – 123 de 2014), “la cual definió que la toma de decisiones sobre el desarrollo de proyectos mineros debe responder a la participación de la Nación y los municipios mediante acuerdos sobre la protección de cuencas hídricas, la salubridad de la población y el desarrollo económico, social y cultural de sus comunidades”. Es decir que la Nación no podía desconocer la autonomía territorial consagrada en el artículo 287 de la Constitución política, avasallando con sus determinaciones a las entidades territoriales. Y fue más lejos el Consejo de Estado al dejar establecido que la Nación “deberá acordar con las entidades territoriales todo lo atinente al Plan de manejo ambiental (PMA), bajo los principios de concurrencia, complementariedad y subsidiariedad, previstos en el artículo 288 de la Carta”. Así de claro!

Y qué dice la Sentencia de la Corte Constitucional. Esta dirimió el conflicto de competencias planteado a partir de la interpretación del artículo 37 de la Ley 685 de 2001 del Código de Minas, que había dado lugar a un enfrentamiento entre los municipios, que se habían arrogado la facultad de impedir la actividad minera en sus territorios, ya fuera a través de consultas populares, la primera de ellas en el Municipio de Piedras, celebrada el 28 de julio de 2013, secundada por otra aupada por el entonces Alcalde de Ibagué y hoy Ministro de Salud  Guillermo Alfonso Jaramillo, mientras el Ministerio de Minas y Energía mediante el Decreto objeto de la demanda lo prohibió.

Después de varios bandazos por parte de la Corte Constitucional en los que falló ora dándoles la razón a las entidades territoriales ora dándole un espaldarazo a la Nación, finalmente emitió una providencia unificadora en el sentido que “al igual que no puede concluirse que el Constituyente estableció un principio de autonomía territorial sin límite alguno, tampoco es válido afirmar que el principio de Estado unitario avala cualquier regulación legal que, en pos de distribuir competencias, establezca límites a contenidos esenciales del principio de autonomía territorial”, reivindicando de esta manera los principios de la descentralización y la autonomía territorial, tan venidos a menos en los tiempos que corren como producto de la avalancha re-centralizadora que siguió a la expedición de la Constitución de 1991.  

Traigo a colación estos antecedentes a propósito de la expedición el 30 de enero del Decreto 044 de 2024 por parte de la Ministra de ambiente y desarrollo sostenible (MADS) Susana Muhamad, según ella para “evitar que se otorguen nuevos títulos y licencias en aquellos ecosistemas sensibles donde nunca ha debido haber minería”. Además de contrariar lo dispuesto en el artículo 34 del Código de Minas, que es Ley de la República, de rango superior a dicho Decreto, al darle un gran poder de discrecionalidad para determinar las “reservas temporales” al MADS se lleva de calle el principio de la autonomía territorial, así como la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la del Consejo de Estado que obliga a la concertación entre la Nación y las entidades territoriales.

La preocupación es mayor en la medida que se podría llegar al extremo, según lo establece la norma cuestionada, que las áreas delimitadas como tales pueden “culminar con la restricción o exclusión definitiva de la minería”. Olvida la Ministra que su Despacho es del Medioambiente y el desarrollo sostenible, conceptos estos inseparables y compatibles. En su lugar, el Gobierno debería apoyar y avalar el trámite en el Congreso de la República del proyecto de ley de coordinación y concurrencia entre las autoridades nacionales y territoriales y de participación ciudadana para la exploración y explotación de recursos naturales no renovables, tal como se lo han solicitado reiteradamente las altas cortes. Este es el camino para superar conflictos como el paro minero en contra de este esperpento jurídico: la concertación entre la Nación y los territorios!

Es irónico que esto ocurra en un Gobierno presidido por el Presidente Petro, quien siendo Alcalde Mayor del Distrito de Bogotá le plantó cara al Gobierno Nacional en defensa de la autonomía territorial que ahora se transgrede con este Decreto, que va en la misma dirección de la decisión de la Agencia Nacional Minera, retomando las facultades y competencias delegadas al Departamento de Antioquia. Es la recentralización en marcha, en menoscabo de la autonomía territorial, la misma que el Presidente y el Ministro Jaramillo defendieron a capa y espada como alcaldes. Las decisiones dejarán de tomarse desde los territorios para tomarse en los escritorios por parte de la burocracia enquistada en la paquidérmica estructura del andamiaje centralista, ninguneando a las autoridades territoriales. Esta es la ironía como arte de gobierno.

Cota, octubre 26 de 2024

*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.

www.amylkaracosta.net

“Hace mucha falta la voz de Horacio Serpa en la Colombia de hoy para generar consensos, aplacar los ánimos y buscar caminos que conduzcan a un acuerdo nacional”.

Por Hubert Ariza*. - El próximo 31 de octubre, coincidiendo con la Convención del Partido Liberal, se cumplen cuatro años del fallecimiento de Horacio Serpa Uribe (Bucaramanga 1943-2020), uno de los grandes líderes de esa colectividad en el siglo XX y quien dedicó su vida a la defensa de la democracia, la búsqueda de la paz, la justicia social, la descentralización y la vigencia del Estado de Derecho. Fue, además, artífice de la Constitución de 1991 y víctima del odio de las FARC, los paramilitares y la extrema derecha que le truncaron, a sangre y fuego, y con una campaña de estigmatización y falsas noticias, el arribo a la Presidencia de la República.

Para muchos Serpa es hoy, simplemente, “Mamola”, una palabra que soltó con furia, siendo ministro del Interior, en medio de un debate de control político en los años más vertiginosos de su ascendente carrera política. Aquella vez, en el Congreso de la República, se jugó su futuro y hasta su vida en defensa del presidente Ernesto Samper, cuya campaña de 1994 fue acusada de recibir dineros del Cartel de Cali, en un suceso histórico que se conoce como el Proceso 8.000, que marcó un quiebre insuperable en la historia del liberalismo.

Ante los ojos del país vive la imagen de lealtad absoluta de Serpa a Samper, pero ante todo a la democracia, amenazada entonces por una conspiración de políticos, empresarios, periodistas y militares para tumbar al jefe de Estado y meter a Colombia en un camino incierto de ruido de sables, golpes blandos y lawfare.

Una historia que hoy se repite con la investigación a la campaña presidencial de Gustavo Petro, sin que él tenga a su lado un hombre de la talla política y apoyo popular como Serpa ―Mamola― que lo defienda. A Petro le ha tocado defenderse él mismo, con su verbo contestario, manejo de redes sociales, jugadas de alta política, decisiones gubernamentales y jurídicas. Cada acción ha puesto contra las cuerdas a sus enemigos y le ha dado oxígeno para mantenerse en el poder, culminar su periodo y soñar con la reelección de su proyecto político del cambio.

Son graves las denuncias de Petro de que en su contra hay en marcha un ataque planeado y sistemático liderado por una extrema derecha conspirativa, con medios de comunicación, instituciones politizadas y partidos ansiosos de regreso al poder, que aplican los protocolos del lawfare ya ensayados con éxito en otras latitudes, en una guerra jurídica que busca deponer presidentes, en lo que se conoce como un golpe blando. Las maromas del Consejo Nacional Electoral (CNE) forman parte, según el mandatario, de ese entramado para acelerar decisiones jurídicas y llevarlo a un juicio político en el Congreso, en la antesala de las elecciones presidenciales de 2026.

Todo ello sumado a amenazas de muerte alertadas por la embajada de Estados Unidos en Bogotá y el revoleteo del escándalo de Pegasus, un software espía de origen israelí que se ha convertido en una amenaza a la democracia y que el Gobierno busca para castigar a los responsables de su ilegal adquisición por más de 11 millones de dólares.

Como el país recuerda, gracias a la férrea defensa de su leal ministro del Interior, Samper fue absuelto por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y terminó su mandato constitucional, aunque sin haber desarrollado a plenitud su ambicioso Plan Nacional de Desarrollo, llamado El Salto Social, ni poder exhibir su visa a Estados Unidos, que le fue cancelada.

Samper ganó la partida que le plantearon los llamados “conspiretas” y pudo entregar, pacíficamente, el poder. Pero a Serpa la lealtad al presidente se le convirtió en un talón de Aquiles y un factor esencial para su derrota en su primera campaña presidencial de 1998, que adelantó en nombre del Partido Liberal, la única colectividad a la que perteneció, a pesar de los desaires y maltratos de Alfonso López Michelsen y César Gaviria Trujillo, quien lo pensionó del Congreso al impedirle encabezar la lista al Senado cuando pretendió reelegirse en 2018.

En la campaña de 1998, su rival, el conservador Andrés Pastrana, obtuvo el apoyo de liberales disidentes como Néstor Humberto Martínez, Alfonso Valdivieso y Rafael Pardo, y, sobre todo, de las FARC de Tirofijo y el Mono Jojoy, gracias a la gestión de Álvaro Leyva, quien después se arrepentiría de su jugada maestra. Así me lo indicó el veterano político conservador mientras coincidimos en una mesa de una cafetería al norte de Bogotá, a finales de junio de 2022, cuando esperaba ser atendido por Alfonso Prada, luego de ser designado como el primer canciller del Gobierno de Petro. “Me arrepiento mucho de haber ayudado a Pastrana a ser elegido. Tengo ese sentimiento de culpa con Horacio”, me reveló Leyva frente a varios contertulios.

En las elecciones de 1998, la derecha prefirió que cogobernaran las FARC con Pastrana a que llegara Serpa a fortalecer la institucionalidad, consolidar la democracia e intentar un proceso de paz sin doblegar la ley a los fusiles de la insurgencia. Lo que siguió fue una de las páginas más lamentables de la política en Colombia cuando Pastrana les entregó a las extintas FARC el dominio de una extensa zona del país, equivalente al territorio de Suiza, en el marco de un proceso de paz que nació muerto y solo contribuyó a consolidar militarmente a esa organización que, con sus excesos y perversiones, con su desafío armado y desprecio de la política de paz, dio vida y fortaleció el proyecto político de Álvaro Uribe Vélez, el máximo líder de la extrema derecha en Colombia hasta hoy. Sin las FARC, Uribe nunca hubiera ganado tanto ímpetu en una época en la que gran parte del país se sumió en una sed colectiva de venganza contra esa guerrilla.

Durante los cuatro años en el poder de Pastrana, Serpa ejerció lo que llamó “la oposición patriótica”, que vista en retrospectiva es una lección de alta política y lealtad a un ideario de un líder que creyó hasta el final de su vida en la garantía de los derechos humanos, la solución negociada del conflicto armado y la democracia.

Su apoyo incondicional al proceso de paz le significó, finalmente, su derrota en su segunda campaña electoral ante Uribe, quien prometía corazón grande y mano dura, y contó en su ascenso al poder con el apoyo de los paramilitares, que como se conoció años después incidieron en su triunfo en la primera vuelta en 2002.

Serpa denunció en la Fiscalía ese apoyo de la ilegalidad a Uribe, pero el fiscal Luis Camilo Osorio engavetó la demanda. La historia le daría la razón a Serpa, el único político colombiano que fue derrotado primero en nombre de la paz y, luego, en nombre de la guerra.

Serpa participó, después, en 2006, en una tercera campaña presidencial, más con la convicción de que era necesario que el Partido Liberal mantuviera vivo su deseo de poder, que con la certeza de que tuviera alguna opción y pudiera evitar la reelección de Uribe, quien logró comprar los votos en el Congreso para cambiar un articulito de la Constitución. Si no hubiera sido por la Corte Constitucional, se habría reelegido para un tercer periodo, en 2010, en nombre de su fracasada guerra total contra las FARC.

Pero Serpa fue mucho más que un candidato presidencial. Fue un estadista y aguerrido dirigente popular, que ocupó las más altas dignidades del Estado, excepto la Presidencia, y que como senador de la República fue aliado esencial del presidente Juan Manuel Santos en la concreción de los acuerdos de paz con las FARC y la consolidación de la JEP. Como gobernador de Santander saneó, asimismo, las finanzas del departamento y recuperó la confianza regional con políticas públicas efectivas de transformación social.

Su radicalidad en la defensa de su ideario le impidió jugar a ser un camaleón político o un pragmático sin principios al que solo le importaba el resultado. Mucha falta hace Serpa en la política y, en especial, en defensa de la JEP y del ideario socialdemócrata que promovió en el mundo como directivo de la Internacional Socialista. Su voz es necesaria, además, en momentos en que el Partido Liberal permanece reducido a la voluntad de César Gaviria, y el mandato de la Constituyente Liberal, del año 2000, fue enterrado en los jardines de la Casa Liberal de la 36, eludiendo la democracia interna

La voz de Serpa, del mismo modo, ahora se oiría sin miedo, con su inconfundible vibrato santandereano, en repudio de cualquier amenaza a la estabilidad democrática, contra el virus del populismo autoritario, de izquierda o derecha, y todo intento de reforma a la brava de la Constitución de 1991, que él firmó con tinta indeleble en su condición de copresidente de la Constituyente.

Serpa, no hay duda, seguiría fiel a su lucha vital por la paz de Colombia, siendo auténtico y único, cercano al pueblo, del que fue fiel representante, como hijo de una maestra de escuela y un tinterillo ―como él jocosamente le decía a su padre―, quienes eran su más grande orgullo, junto a su esposa y sus tres hijos.

Hace mucha falta la voz de Serpa en la Colombia de hoy para generar consensos, aplacar los ánimos y buscar caminos que conduzcan a un acuerdo nacional que facilite las grandes reformas aplazadas y la consolidación de la paz total. Es grande su ausencia, como su legado que está ahí para que los jóvenes liberales se lo apropien. En la anunciada Convención Liberal de los próximos días, aplazada por varios años, ojalá se escuche el eco de quienes lo aplaudieron, apoyaron su ideario y lucharon con el trapo rojo por llevarlo a la presidencia, gritando: ¿que olvidemos a Serpa? ¡Mamola!

Bogotá, D. C, 20 de octubre 2024

*Periodista, internacionalista y analista político.

Tomado de EL País.

“En Colombia, se han planteado soluciones para generar ingresos sostenibles, como los pagos por servicios ambientales y los programas de desarrollo alternativo, pero han sido insuficientes”.

Por Mauricio Cabrera Galvis*.  - ¿Qué pasa cuando la protección de biodiversidad entra en conflicto con derechos o necesidades de particulares? No es una pregunta retórica sino que es la cuestión que está detrás de los paros de campesinos y mineros en Caldas, Antioquia y en el páramo de Santurbán.

No es una pregunta fácil de responder. Todos estos campesinos viven de actividades que afectan ecosistemas frágiles o que son indispensables para la conservación de fuentes de agua. El mismo dilema se enfrenta cuando colonos talan bosques en la Amazonía para sembrar coca porque es la única fuente de ingresos que tienen para alimentarse.

Para los campesinos y mineros es una cuestión de supervivencia, pero también lo es para los millones de colombianos que dependen del agua de los páramos, como es el caso de Santurbán. En el mediano plazo también está en juego la supervivencia de toda la humanidad que depende de la biodiversidad para subsistir. ¿Cómo resolver el dilema?

El punto de partida es reconocer que la protección de biodiversidad cuesta mucho dinero. Para resolver el dilema es fundamental incluir incentivos económicos efectivos, pues la conservación de la biodiversidad no puede lograrse sin tomar en cuenta las necesidades de los campesinos.

En Colombia, se han planteado soluciones para generar ingresos sostenibles, como los pagos por servicios ambientales y los programas de desarrollo alternativo, pero han sido insuficientes, en parte por mala ejecución, pero sobre todo por falta de recursos. En 2024, el presupuesto asignado a la protección de la biodiversidad en Colombia representa menos del 0,5% del PIB, una inversión insuficiente frente al costo que representa la restauración de ecosistemas degradados y la necesidad de alternativas reales para campesinos y mineros.

En la COP 16 se están buscando compromisos de movilización de recursos internacionales para financiar la conservación de la biodiversidad como los Pagos por servicios ecosistémicos, que según la FAO podrían generar hasta USD 2.000 millones anuales para América Latina, o el Fondo Verde para el Clima que aspira canalizar hasta USD 100.000 millones para apoyar proyectos de mitigación y adaptación. Colombia debe aprovechar esta oportunidad, pero para ello debe presentar proyectos bien estructurados, con resultados medibles en términos de conservación o restauración de ecosistemas.

ADENDA 1: Cualquier solución que se busque para los derechos de campesinos y mineros debe partir del respeto a los derechos del resto de los colombianos, a los que no pueden someter a bloqueos que les impiden trabajar, o cortan el suministro de alimentos a las ciudades.

ADENDA 2: Las víctimas de un cura abusador merecen justicia y reparación. Lo que no es aceptable es que, diez años después de muerto el pederasta, la busquen inculpando a una persona como el jesuita Francisco de Roux -que ha dedicado su vida a defender a todas las víctimas- por no haber denunciado a la fiscalía al victimario, máxime cuando las víctimas y sus familias estaban obligadas a denunciarlo y no lo hicieron.

Cali, 26 de octubre 2024

*Filósofo y Economista. Consultor.

“Solo nos queda solicitar que ciertos líderes, frenen sus impulsos y delirios para perpetuarse, y piensen en su gran responsabilidad frente a quienes los eligieron o respetaron las decisiones de las urnas”.

Por Gabriel Ortiz. - El líder dijo que Bogotá moriría de sed, que todos sus 8 millones de habitantes tendrían que evacuar para salvarse y que se acabarían las tradicionales manifestaciones contra los golpes blandos e investigaciones de topes electorales. Así dejó plasmado el apocalipsis que caerá sobre la capital. Y advirtió ser dueño de toda la información que mostraba en marzo del 25 a una ciudad muriendo de sed.

El solo anuncio del líder dio origen a la proliferación de compraventa de inmuebles, negocios y posibilidades de inversión. Bogotá, tuvo la peor noche y madrugada que se conozca después del 9 de abril del 48. Muchos de sus habitantes entreabrieron sus ventanas para observar a los soldados sacando a toda la población de sus residencias. Pensaban con pánico el lugar al que los llevarían, sin permitirles cargar una mísera botella de agua.

Entre tanto los medios matinales de comunicación trataban de calmar a 8 millones que aún estaban arropados en sus camas esperando la hecatombe que su líder los había amenazado esa noche del martes 22, a través de un encrespado y delirante discurso ante un planeta reunido en Cali para defender la biodiversidad, pero con el propósito de salvar a la humanidad.

El alcalde de la metrópoli Carlos Fernando Galán, intentó apaciguar y evitar el pánico entre sus súbditos, más el líder, y sus entorpecidos seguidores fortalecían la pronosticada amenaza de la peor sequía en la historia de la capital. Veían un desierto extendido por toda la sabana y creían que había llegado el Putín, que destruyó a Ucrania.

El daño ya estuvo hecho: Bogotá agonizará de sed y la polvareda sepultará lo que antes fue la fértil y pujante capital de Colombia y Atenas Suramericana.

Por fortuna el alcalde Galán, con toda tranquilidad y fortaleza, derrumbó las falsas tesis de Petro sobre la catástrofe que sepultará a la capital.

Hoy la humanidad soporta un clima endemoniado que inunda, o limita las lluvias en muchas regiones del mundo. Pero eso cambiará, y sería catastrófico crear pánico con supuestas emergencias, cuando existen cambios climáticos, controles y descubrimientos para obtener el precioso líquido.

Las aguas lluvias se pueden aprovechar, como ocurre en multitud de ciudades, pueblos y regiones. La sabana de Bogotá fue una laguna y en su subsuelo existe agua abundante. Galán, no ha descuidado el tema, trabaja, analiza y cuenta con apoyos técnicos y modernos para evitar la hecatombe, calamidad o infortunio profetizados.

Bogotá, seguirá su progreso, su pujanza y su fortaleza. Quienes pensaron en abandonarla, o colocar en venta sus propiedades, aquellos que se sienten acosados, deben recuperar la confianza, e inclusive salir a las calles y plazas para protestar por el golpe, no blando, que quisieron aplicarle a la capital.

Claro que hay quienes recuerdan a cierto alcalde, que entró en pánico por una crisis con las basuras y se apresuró a comprar camiones usados, viejos y costosos, que inclusive llegaron repletos de desperdicios neoyorkinos.

Solo nos queda solicitar que ciertos líderes, frenen sus impulsos y delirios para perpetuarse, y piensen en su gran responsabilidad frente a quienes los eligieron o respetaron las decisiones de las urnas.

¡Bienvenida querida Bogotá pujante y triunfante!

BLANCO: Valiosa posición de 120 congresistas para evitar que la reforma a la justicia beneficie a los violadores y asesinos de nuestros niños.

NEGRO: Ojo con darle más autonomía y recursos a los departamentos, se puede generar una inatajable politiquería.

Bogotá, D. C, 25 de octubre de 2024

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.        

“Recordemos que la justicia debe ser oportuna. La justicia tardía equivale casi siempre a una injusticia”.

Por José G. Hernández*. -No sería lo mejor para nuestra administración de justicia, ni tampoco para la vigencia de una genuina democracia, la propuesta que circula en medios y redes -pero que, hasta donde sabemos, no es una propuesta oficial del Gobierno-, con miras a modificar la Constitución para plasmar en Colombia, como se ha hecho en México, la elección popular de jueces y magistrados.

Reiteramos que ese sería un retroceso en la vida institucional de la República porque, además de sustituir en la materia la Carta Política de 1991 -función que no tiene el poder de reforma-, implicaría la politización de la justicia y, por tanto, la pérdida de características que en el pasado han enaltecido a la Rama Judicial, tales como la independencia, la imparcialidad, la objetividad, la transparencia, la preparación, la trayectoria y el conocimiento de los llamados a ejercer esa sagrada función.

Tradicionalmente, con muy contadas excepciones -como el vergonzoso “cartel de la toga”-, la administración de justicia ha respondido a tales exigencias, y, a lo largo de nuestra historia, son muchos los ejemplos de jueces, magistrados y fiscales probos, insobornables y conocedores del Derecho.

Pero también es necesario reconocer que, en la actualidad, al menos una parte de la administración de justicia -especialmente en el campo penal- es tardía; prolonga excesivamente el trámite de los procesos. Recordemos que la justicia debe ser oportuna. La justicia tardía equivale casi siempre a una injusticia.

Otros jueces admiten argucias y patrañas de los defensores, lo cual facilita que tenga lugar el vencimiento de términos. A ello se agrega que, aplicando normas excesivamente tolerantes, muchos jueces suelen conceder con gran facilidad el beneficio de la detención domiciliaria y la casa por cárcel.

Entonces, con una frecuencia que va en aumento -para mal de nuestra sociedad- ocurren hechos tan graves y dolorosos como el asesinato de la niña Sofía Delgado, en el municipio de Candelaria -Valle del Cauca-. No es el único caso. Prácticamente a diario, en distintas ciudades del país, nos enteramos de la comisión de delitos contra los menores de edad: acoso, secuestro, violencia sexual, maltrato y homicidio.

No es extraño que tan peligrosos delincuentes -como el confeso asesino de Sofía-, con antecedentes en esa actividad delictiva, anden libres, por vencimiento de términos, o hayan recibido el beneficio de la casa por cárcel.

Todo ello es inaudito. Es impunidad. Justicia a favor de los delincuentes, en perjuicio de los derechos fundamentales de los niños, que la Constitución proclama como prevalentes, pero cuya protección se sacrifica, en la práctica, ante discutibles derechos de aquéllos.

Tan alarmante situación corresponde a lo que la jurisprudencia señala como estado de cosas inconstitucional.

Ya que el Gobierno, la Corte Suprema y la Fiscalía han presentado un proyecto de reforma, el Congreso debería ocuparse en su trámite y examen con la mira puesta en un concepto de verdadera justicia, oportuna y eficaz, como lo estatuye el artículo 228 de la Constitución, que signifique un permanente y genuino amparo de los derechos de los niños. No con más beneficios, ventajas, rebajas de penas, ni principios de oportunidad para los delincuentes sexuales, como lo contempla algún "mico" en dicha iniciativa.

Bogotá, D. C, 24 de octubre 2024

*Expresidente de la Corte Constitucional

“Ojalá la proclama final de la COP16 incluya un llamado mundial por la defensa de la vida de quienes defienden la vida y son exterminados en medio de la mayor impunidad”

Por Hubert Ariza* - La guerra en Colombia siempre ha estado teñida de horror y sangre, un arcoíris de dolor ha dominado el horizonte por décadas y dejado una estela de muertes, desaparecidos, desplazados, fosas comunes, falsos positivos, víctimas anónimas y mártires. Y, también, acuerdos de paz, unos cumplidos a cabalidad, en la década del noventa del siglo pasado, y otros, languidecidos en el tiempo, firmados hace apenas unos años, después de un mar de euforia, esperanzas y océanos de titulares.

Hoy esa guerra tiene un tono plateado, producto de destellos de bombardeos e intensos combates en medio de las montañas del departamento del Cauca, dominadas durante décadas por las guerrillas de las FARC, primero, y ahora por las disidencias de esa organización, comandadas por Iván Mordisco. Allí también hacen presencia el ELN y el Clan del Golfo, que sobreviven gracias a la minería criminal, la extorsión, el secuestro y el negocio de la coca.

La actividad criminal ha sido abonada con plomo, mercurio y sudor de milicianos enmontados que han oprimido a las comunidades ancestrales y desafiado la democracia, el Estado y la política de paz total del presidente Petro, quien contradice con autoridad y sensatez el llamado de quienes buscan devolver el péndulo de la historia a los años de guerra total, tierra arrasada, cero negociaciones de paz y falsos positivos.

Tras casi siete décadas, el conflicto armado interno en Colombia no encuentra el punto de cierre definitivo y, por el contrario, se transforma de manera permanente, encontrando la forma de resistir y mutar a nuevos estadios de horror y sufrimiento, reclutando nuevos guerreros, mientras surgen nuevos liderazgos que amenazan el futuro de la democracia, con ejércitos privados, señores de la guerra, narrativas para justificar en nombre del pueblo la opresión de la población, el control de los territorios, la supresión de la democracia, la imposición de regímenes de terror y desafío al Estado.

A pesar de muchos esfuerzos, Colombia sigue siendo laboratorio de guerras, en un mundo en erupción que tiene puestos los ojos en Ucrania o Gaza. Es, además, una nación con una geografía bendecida con recursos naturales y una población resiliente, que no se rinde ante la adversidad e insiste, sin miedo, en defender la democracia del asalto permanente de la ilegalidad y el odio.

La recuperación por la legalidad del corregimiento de El Plateado, en el corazón del Cañón de Micay, zona estratégica que conduce al litoral Pacífico, es la respuesta del presidente Petro al desafío de una guerrilla desideologizada y desconectada de la población urbana, incapaz de ganar la guerra o lograr la paz, dedicada a las economías ilegales, que ha cruzado todas las líneas rojas y despreciado la mano tendida del Estado, no una, sino muchas veces, cuyo único norte pareciera permanecer en el tiempo echando plomo y mercurio a los ríos, destruyendo la naturaleza, matando el mañana, sin posibilidad alguna de derrotar al Estado.

En El Plateado, el presidente ha lanzado una ofensiva militar de recuperación de ese territorio, olvidado por otras administraciones que dejaron crecer el problema hablando de victorias militares sin llegar con ayuda real a la población. Petro envió una avanzada del más alto nivel gubernamental para llevar una oferta institucional de transformación social. Se trata, como lo pidió durante años la sociedad civil, de que el Estado llegue a donde no ha estado, y su presencia no sea una foto que se borra a los pocos días, sino un hecho contundente que cambie la vida de las personas, con hospitales, escuelas, carreteras y oportunidades.

El clamor hoy de la sociedad civil que cree en la paz es que El Plateado deje de ser un enorme laboratorio de guerra y destrucción y se transforme en un laboratorio de vida, donde garantizar que siempre habrá semilla para revivir la democracia.

No es una tarea sencilla. Es una misión compleja, de largo aliento, que demanda inteligencia, coraje y enorme esfuerzo fiscal, para redireccionar recursos nacionales y regionales, y coordinación interinstitucional en el que se escuche y valore la voz de las autoridades regionales y las organizaciones sociales. El reto es lograr que un Estado investido de autoridad, pero también de solidaridad, democracia e institucionalidad llegue a territorios dominados por la incertidumbre de la guerra. Un Estado justo que libere, no que oprima con el fuego y la desconexión con las comunidades, como ocurrió durante décadas en que se creyó en teorías revaluadas de lucha contra el terrorismo y el enemigo interno.

Colombia tiene hoy la oportunidad de consolidar una nueva estrategia para ganar territorio para la vida, la libertad y la democracia. Aplicar el Plan Nacional de Desarrollo, llevar a las regiones su mandato, llegar con una escuela, un hospital, una carretera, un camino vecinal, un escenario deportivo, un espacio lúdico será un argumento poderoso en la transformación de la vida de los jóvenes a quienes atrae el destello plateado del dinero fácil, el poder transitorio de las armas, y las balas de plata que matan la esperanza y se roban el mañana. Un joven con oportunidades que ve transformar su territorio no será carne de cañón de guerras fracasadas.

Con la ofensiva en El Plateado, además, el Gobierno le ha quitado la almendra a la narrativa de la oposición más radicalizada, según la cual Petro, el firmante de paz que mantiene en alto la bandera del M-19 y la proclama de la lucha por el poder, desafiando la ofensiva de un golpe de Estado y del lawfare, está al servicio de la ilegalidad, mantiene a la fuerza pública con las manos atadas y las disidencias son jefes de debate de la eventual reelección del proyecto político petrista.

La estrategia militar en marcha, asimismo, tiene un enorme componente político. Un cambio de doctrina. No se trata solo de combatir y reducir la capacidad de daño de las disidencias y los carteles de droga, golpear su infraestructura económica y fuentes de financiación, y demostrar que el Estado es capaz de llegar a cualquier rincón de la geografía porque no hay zonas vetadas por la ilegalidad, sino de liberar, además, a las comunidades del yugo opresor de los fusiles de la criminalidad organizada, que suplantan los liderazgos sociales, asesinan a quienes contradicen sus órdenes o defienden su territorio. Se trata, en esencia, de llevar la Constitución en donde rige un orden de sumisión e irrespeto a los derechos humanos, instrumentalizando a las comunidades.

Esta nueva página del conflicto armado y la consolidación del territorio se da, además, cuando Colombia es anfitriona en Cali de la más importante cumbre ambiental del planeta y ratificará su liderazgo en la construcción de una agenda global que garantice minutos extra en el reloj que marca la existencia del hombre sobre la tierra.

La COP 16 será escenario para ratificar el compromiso del Gobierno nacional con la paz con la naturaleza y en defensa de la vida de las especies, pero ojalá también lo sea para que se comprometa y logre recursos de cooperación internacional para garantizar la vida de los lideres ambientales, que son en su gran mayoría las víctimas de la acción de los grupos armados ilegales.

Ojalá la proclama final de esa cumbre incluya un llamado mundial por la defensa de la vida de quienes defienden la vida y son exterminados en medio de la mayor impunidad sin que se escuche el coro “nos están matando”. La agenda verde reverdece en un país que urge superar 70 años de un conflicto armado plateado que hiede y duele.

Bogotá, D. C, 20 de octubre 2024

*Periodista, internacionalista y analista político.

Tomado de EL País.

“La tragedia de Sofía debería ser un grito desgarrador que nos despierte de nuestra indiferencia”.

Por Cristina Plazas Michelsen*. - Me alarma profundamente que tantas personas se sorprendan con el brutal asesinato de la niña Sofía Delgado. ¿En qué país viven? ¡Despierten! A diario, miles de niños en Colombia son víctimas de crímenes atroces, muchos incluso más graves, y la mayoría permanece invisibles. La indignación parece surgir solo cuando un caso recibe amplia cobertura mediática, mientras que la violencia cotidiana contra los menores de edad permanece en las sombras. Esta indiferencia colectiva es un reflejo de una sociedad enferma que ha fallado en lo más esencial: proteger a sus niños.

Según el boletín estadístico del ICBF, en 2023 un total de 69.660 niños, niñas y adolescentes se encontraban en Procesos de Restablecimiento de Derechos (PARD), siendo las principales causas la omisión o negligencia, con 18.523 casos, y la violencia sexual, con 18.420. En el periodo de enero a agosto de 2024, Medicina Legal reportó 375 menores asesinados, 11.871 casos de presunta violencia sexual documentados en exámenes médicos forenses; y 183 suicidios.

Estas cifras no son solo números; representan vidas y familias destruidas. Como sociedad, estamos fallando estrepitosamente. La falta de protección, de políticas efectivas y de un sistema de justicia que garantice la seguridad de nuestros niños y adolescentes no puede seguir siendo ignorada. El feminicidio de Sofía es un reflejo de esta crisis y de nuestra incapacidad para cuidar a nuestros niños. Peor aún, parece que nuestras políticas públicas no están diseñadas para protegerlos de manera efectiva. Los discursos vacíos y las condolencias oficiales no son suficientes. No podemos seguir conformándonos con promesas vagas; es urgente actuar ya.

Primero, el Estado debe fortalecer sus instituciones, pero no de la forma superficial que ha caracterizado los últimos años. Hablo de la creación de unidades especializadas en cada entidad territorial, integradas por profesionales que trabajen de la mano con los defensores y comisarios de familia y la fiscalía, pero con una capacidad real de acción preventiva. No se trata solo de reaccionar ante una tragedia, sino de anticiparla.

En segundo lugar, es urgente rediseñar la política de protección infantil para que esté basada en la realidad de nuestra población. ¿Cómo es posible que aún dependamos de mecanismos de denuncia que se pierden en la burocracia? Necesitamos un sistema de monitoreo en tiempo real, utilizando geolocalización y plataformas accesibles que permitan intervenir en situaciones críticas con rapidez. Es hora de integrar las tecnologías más avanzadas en este esfuerzo. La inteligencia artificial y el big data deben ser herramientas esenciales para el rastreo de denuncias y la detección de patrones de riesgo. Al cruzar información de organismos como el ICBF, hospitales y la policía, podríamos generar alertas automáticas y evitar que los casos más graves pasen desapercibidos.

Es urgente implementar programas de escuela de padres que fortalezcan el papel de la familia en la educación y protección de los niños, ya que la familia es el núcleo de toda sociedad. No entiendo cómo este no es el programa más importante del país; solo fortaleciendo a la familia podremos alcanzar la paz que tanto anhelamos.

La comunidad también debe jugar un rol activo. Pero aquí no hablo de campañas de sensibilización vacías. Es necesario involucrar a líderes locales y comunitarios en programas obligatorios de formación. Convertirlos en “guardianes locales” capacitados para detectar signos de abuso infantil y violencia de género lo que podría ser clave para una vigilancia efectiva en lugares donde el Estado no llega con facilidad. Incluso, podríamos pensar en incentivos económicos para aquellas comunidades que demuestren implementar con éxito sistemas de protección efectivos.

Por otro lado, las políticas que no funcionan deben ser revisadas y ajustadas en tiempo real. Para eso necesitamos auditorías independientes y regulares que evalúen el desempeño de nuestras instituciones de protección infantil. Estas auditorías deben ser públicas y, lo más importante, vinculantes.

Además de esto, se necesita abordar el tema de salud mental. El gobierno está destruyendo el sistema de salud en lugar de enfocarse en lo que realmente es uno de los problemas más grandes que enfrenta Colombia y el mundo: la salud mental. Millones de personas siguen sufriendo en silencio por la falta de atención adecuada. Hay una escasez alarmante de psiquiatras, especialmente infantiles, y la situación empeora cuando hablamos de la falta de especialistas en trauma, algo crucial en un país con un largo historial de violencia y conflicto.

La tragedia de Sofía debería ser un grito desgarrador que nos despierte de nuestra indiferencia. Si el gobierno no destina los recursos necesarios y no tiene la voluntad política para articular una política pública que involucre a la familia y la sociedad, seguiremos llorando muertes, violaciones, suicidios y el reclutamiento de nuestros niños. No podemos permitir que la tragedia se repita; es hora de exigir un cambio real.

Adenda: El presidente Petro deja claro que su defensa de los derechos de las mujeres es selectiva y oportunista. Mientras exige la renuncia del magistrado Lorduy, mantiene en su administración a funcionarios con denuncias similares. Esta instrumentalización de las denuncias de violencia de género resulta cínica y socava la lucha por la igualdad y el respeto.

Bogotá, D. C, 20 de octubre de 2024

*Abogada de la Universidad Javeriana con una especialización en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario.