Fernando Cepeda Ulloa

"Gracias a su abstención políticos indeseables son elegidos. Y después se quejan estos abstencionistas. Pero son los principales responsables. Si ellos votaran en favor de candidatos loables, con trayectorias respetables, la situación sería completamente diferente".

Por Fernando Cepeda Ulloa*. -Me desagrada leer o escuchar con frecuencia que el presidente de la República o un gobernador o alcalde o ministro está participando en política, como si eso fuera algo indebido o inaceptable en una democracia. Y en algunas ocasiones he expresado mi desacuerdo con la utilización de ese concepto para criticar a las autoridades públicas. Recientemente, el presidente Petro planteó la conveniencia de que los 13 partidos de izquierda que conformaron el pacto histórico, ahora gobernante, se unieran para así contar con una estrategia que haga viable un mejor desempeño electoral de las diferentes fuerzas de izquierda en las elecciones de 2026 y, supongo, en la siguientes.

Si algún legado político se espera del gobierno de Gustavo Petro es, precisamente, el de que como resultado de su gestión durante estos cuatro años la izquierda quede consolidada como una alternativa viable de gobierno, tal como ocurre en buena parte de los países democráticos.

Criticar como participación indebida en política esta propuesta del Presidente me parece que es una afirmación resultado de una muy equivocada concepción de la vida política y del concepto mismo de política. Hasta los silencios del Presidente constituyen una participación en política. Y ello es evidente. Por ejemplo, la no condenación de los actos terroristas del grupo Hamas ha sido un silencio que continúa siendo criticado y condenado, inclusive, en la última entrevista que ha otorgado el embajador interino de los Estados Unidos en Bogotá. Lo propio ocurre con el silencio del Presidente o de la Cancillería o de los partidos políticos o de los gremios con respecto a los planteamientos públicos del Presidente Maduro sobre la región del Esequibo en la Guyana. Y así podría mencionar muchos silencios. Y por ello se paga un precio político.

Es como el tema de los abstencionistas. Quienes no votan en las elecciones, en ocasiones el 50% o más, dicen que no participan en política. Que no les gusta. Pero ellos son mucho más responsables del resultado electoral que los que votan en las elecciones. Gracias a su abstención políticos indeseables son elegidos. Y después se quejan estos abstencionistas. Pero son los principales responsables. Si ellos votaran en favor de candidatos loables, con trayectorias respetables, la situación sería completamente diferente.

La participación en política es de la esencia en una democracia. Sería absurdo limitar esa participación a los que están ejerciendo funciones eminentemente políticas. Lo que corresponde es que esa ciudadanía que se viene discutiendo desde los griegos y romanos en la época clásica se ejerza eficazmente por parte de todos los ciudadanos, de los gremios, de las asociaciones profesionales etc.

Las leyes sobre participación en política son recientes y responden a un concepto nuevo que es el de la democracia participativa. Planteamiento que busca una mayor interacción del ciudadano con la vida colectiva, pública y privada. Es así como se ha incrementado la participación de los ciudadanos en las decisiones públicas en el Congreso, inclusive en las propias Cortes, en las universidades, en los colegios. Los gobiernos anuncian con anticipación algunas decisiones que se hacen públicas para recibir comentarios. Y lo propio se hace con nombramientos en cargos importantes.

Vivimos otro tipo de sociedad de la que conocieron nuestros padres o nuestros abuelos. Pero lo importante es lo que los griegos llamaban la isonomía, o sea, que todos nos regimos por las mismas leyes, obedecemos las mismas leyes, gozamos de los mismos derechos y participamos, por igual, con nuestras opiniones, con nuestro voto, en diversos momentos de la formulación de decisiones públicas. Mientras mejor y más atentos ciudadanos seamos mucho mejor será la democracia y, por lo tanto, la formulación de las políticas y de las decisiones que a todos nos conciernen.

Bogotá, D. E, 27 de enero 2024

*Analista Político, Catedrático. Exministro de Estado

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Amylkar D Acosta M

“Exhorto al Gobierno y en especial al Ministerio de Minas y Energía a dar señales que incentiven el ahorro y el uso eficiente de energía para no vernos abocados a un escenario catastrófico como lo sería un eventual racionamiento”. 

Por Amylkar D. Acosta M*.- Ni el Cambio climático es un cuento chino, como afirmó el inefable e inescrutable ex presidente de EEUU Donald Trump ni el Niño es un juego, como denominó la Ministra de ambiente y desarrollo sostenible Susana Muhamad al anunciar el pasado 5 de octubre su fallida estrategia de atención y prevención de los incendios forestales, que proliferan en este momento en todo el país sin encontrar una respuesta eficaz por parte del Gobierno, que no se había preparado para enfrentar esta contingencia.

Para Donal Trump “El cambio climático es un invento que pretende proteger la naciente industria china, perjudicando la industria americana. Este fenómeno no está demostrado y no tiene un sustento real”. No obstante, fue nada menos que la Agencia Nacional de Evaluación del Clima, la que en su Informe cuatrienal, avalado además por la Academia Nacional de Ciencias, del cual le hizo entrega, la que le salió al paso a semejante exabrupto y lo refutó. Para dicha Agencia “la evidencia del Cambio climático abunda, desde lo más alto de la atmósfera hasta las profundidades de los océanos”.

El Cambio climático, entonces, es una realidad incontrovertible y se ha convertido en uno de los principales issues de la política pública en todo el orbe, tendiente a enfrentarlo, contrarrestarlo, mitigar sus devastadores efectos. Periódicamente se realizan las conferencias de las partes (COP), que organiza la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC, por sus siglas en inglés), para su monitoreo, evaluación y toma de decisiones, siendo la más importante de ellas la COP21, la que le dio vida al Acuerdo de París, mediante el cual 196 países adquirieron el compromiso de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), cuya acumulación en la atmósfera es la causante del aumento de la temperatura a nivel global, provocando fenómenos extremos tales como La Niña y el Niño. El primero viene acompañado de temporada lluviosa y el segundo de sequía.

Estos fenómenos extremos tienen tres características: la primera es que no son estacionales ni tienen periodicidad, razón por la cual son imprevisibles, es imposible preverlos, sólo se pueden pronosticar con algún grado de acierto y ello cuando la temperatura de los océanos, que constituyen el mayor disipador de calor del planeta, sube, lo cual es un indicio de su proximidad. En segundo lugar, son cada vez más frecuentes y en tercer lugar son cada vez más intensos y duraderos y por lo tanto sus estragos son cada vez mayores. El más reciente fenómeno de La Niña duró, por primera vez en lo que va corrido de este siglo, tres años.

Pues bien, el pasado 4 de noviembre la Ministra Muhamad declaró oficialmente el advenimiento de El Niño luego de que el Instituto de Hidrología y Meteorología (IDEAM) “luego de realizar seguimiento a la temperatura del océano Pacífico y establecer que durante cinco trimestres consecutivos se registraron valores superiores a 0.5º centígrados”. Aunque nadie puede asegurar hasta cuándo se prolongue, se estima que puede extenderse hasta abril o junio, siendo los meses de febrero y marzo los más impactantes, cuando se sentirá con mayor intensidad.

La afectación del fenómeno de El Niño en la operación del Sistema interconectado nacional (SIN) no se puede subestimar, pues pondrá a prueba, una vez más su solidez y resiliencia. Tanto más en cuanto que el 68% de la capacidad instalada de generación (19 GW) es de origen hídrico, lo que lo torna vulnerable frente a los embates de El Niño, con el agravante de que de los 23 embalses de los cuales se sirven las hidroeléctricas sólo uno de ellos, El Peñol de Guatapé posee una capacidad de regulación  mayor al año, las demás sólo soportan 4 meses.

Con el agregado del nivel actual de los embalses en el 60.6% el 23 de enero, 9.6 puntos porcentuales por debajo del nivel del pasado 31 de diciembre y con aportes hídricos de 79,48 gigavatios hora día, por debajo del 50%, del volumen histórico que se registran actualmente, el Sistema interconectado nacional (SIN) dependerá cada vez más del parque térmico, el cual a lo sumo puede satisfacer el 55% de la demanda. Preocupa aún más saber que los meses más críticos serán los de marzo y abril. Al paso que vamos las menores precipitaciones pueden conducir a limitar la capacidad de generación hasta los 100 GWHD, que al cotejarse con los 220GWHD que se consumen la baja del nivel de los embalses es ineluctable, que en condiciones de hidrología crítica podrían llegar hasta el 53% o 54%, lo que obligaría a encender todas las alarmas ante el riesgo inminente de racionamiento.

El riesgo es mayor de ponerse en práctica la cuestionada Resolución CREG 701 028 de 2023, pues al establecer el tope de $532 el KWH induce a las hidroeléctricas a ofertar precios por debajo del mismo y al ser despachadas “gastan” la reserva de agua almacenada para enfrentar el recrudecimiento del Fenómeno de El Niño. Máxime cuando, debido al atraso en la ejecución de varios proyectos claves de generación la oferta de energía  (225 GWHD) está a ras con bola con la demanda (222 GWHD), con un margen de maniobra que no supera el 5%, al tiempo que esta última ha venido creciendo por encima del 6%, el doble de la proyección de la UPME en su Plan energético 2050 para 2021 – 2035, entre 2.28% y 2.68%

Exhorto al Gobierno y en especial al Ministerio de Minas y Energía a dar señales que incentiven el ahorro y el uso eficiente de energía para no vernos abocados a un escenario catastrófico como lo sería un eventual racionamiento. Recordemos cómo fue posible en 2015 que, ante los amagos de racionamiento, la exitosa campaña “apagar paga”, gracias a la cual se ahorró un 5% en el consumo de energía, lo evitó.

Cota, enero 27 de 2024

*Economista, expresidente del Congreso y exministro de Minas y Energía.

www.amylkaracosta.net

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José Felix Lafaurie Rivera

"Una caída en las exportaciones, de carne principalmente, es una amenaza para la ganadería y el desarrollo social de sus regiones". 

Por José Félix Lafaurie Rivera*. -No voy a tocar el tema de la transición energética, pero sí a recordar que este y otros gobiernos han planteado una menor dependencia de la “renta petrolera” dentro de la canasta exportadora, a partir de fortalecer las exportaciones agropecuarias, las ganaderas entre ellas. 

Para Fedegán el tema va más allá del aporte al proceso diversificador. Las exportaciones tienen un efecto en la modernización productiva y esta sobre los precios y la rentabilidad, que redundan en bienestar al ganadero y mejoramiento de la vida rural. Así pues, una caída en las exportaciones, de carne principalmente, es una amenaza para la ganadería y el desarrollo social de sus regiones. 

Gracias al objetivo gremial exportador, que incluyó la recuperación del estatus de país libre de fiebre aftosa, el esfuerzo modernizador en producción sostenible y una intensa actividad comercial, las exportaciones de carne y animales crecían desde 2020, con ventas por 267,1 millones de dólares, una disparada en 2021 con 427,4, hasta 2022 con 502,4 millones, superando la meta de 500 millones en exportaciones cárnicas. 

No fue fácil, pues además del reto de los altos estándares de los mercados, enfrentamos las narrativas contra nuestra actividad. Hay que exportar, pero si exportamos animales, con estricto cumplimiento de protocolos de sanidad y bienestar, recibimos el “matoneo mediático” de animalistas extremos; y si exportamos carne, somos causantes del alto precio al consumidor y de la inflación. 

En efecto, entre 2020 y 2022 el precio de la carne al consumidor aumentó a la par con las exportaciones, pero no por causa de estas últimas, sino del fenómeno inflacionario mundial que afectó a todos los productos. En 2023, sin embargo, esta tendencia positiva se detuvo, con exportaciones de carne y animales por 305,6 millones de dólares a noviembre, por debajo de las de 2021. 

¿Qué pasó? Primero: la inflación mundial cedió y bajó el precio internacional. Segundo: Mientras el peso se apreció en beneficio de los importadores, el real brasilero, la moneda del gran vendedor en la región se devaluó y su carne alcanzó mayor competitividad - precio; y tercero, como lo que uno gana otro lo pierde, nuestra menor competitividad por tasa de cambio llevó al cierre, entre agosto y septiembre, de las dos plantas de la multinacional Minerva, responsable del 90% de las exportaciones. 

¿En qué estamos? Primero: frente al riesgo latente de la retirada de Minerva, porque las multinacionales ponen sus huevos donde hay mejores condiciones para que la rentabilidad incube, lo cual representaría el colapso exportador y una verdadera catástrofe para nuestra ganadería, porque el precio, con su mayor cota en mayo de 2022 a $9.600 kilo/potrero/ báscula, hoy ronda los $7.400 y podría caer a $6.500. 

Segundo: A diferencia de lo sucedido en el mundo —disminución del precio al consumidor—, en Colombia la carne mantiene un precio “establemente alto”, a pesar de que el del ganado cayó en más del 20%. Ya sucedió en 2009, cuando se desplomaron las exportaciones a Venezuela, cayó el precio del ganado, pero no se redujo un peso el precio al consumidor. 

¿Quién se quedó y hoy se queda con ese margen billonario? Un segmento de intermediarios ociosos que, al amparo de la informalidad, se convierten en formadores efectivos de precios y verdaderos buitres que devoran el esfuerzo ganadero y el bolsillo del consumidor. 

Es una situación que le he hecho saber a las carteras de Agricultura y Comercio, pues tan importante como persistir en el esfuerzo exportador, es eliminar las distorsiones del mercado interno en beneficio de quienes producen y quienes compran. 

Nota Bene. La próxima semana: Si por la carne llueve, por la leche no escampa. 

Bogotá, D. E, 26 de enero 2024. 

*Presidente de FEDEGAN 

@jflafaurie

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Hubert Ariza

“Mientras apaga incendios y enciende pasiones en los corazones de los sectores sociales, Petro ratifica que dará la pelea para que en la Casa de Nariño ondee la bandera de la izquierda por otros cuatro años”. 

Por Hubert Ariza*.  En los primeros días del año, la temperatura política en Colombia ha alcanzado máximos no registrados en muchos años, lo que anuncia un 2024 caliente, en el que la polarización aumentará, la oposición se radicalizará y el Gobierno deberá acelerar su marcha, recuperar a la opinión pública y demostrar orden, coordinación y resultados para cumplir los anhelos del presidente Petro de consolidar una organización capaz de reelegir su ideario en 2026. 

A la par que arden las montañas en varias zonas del país y se hacen ciertos los pronósticos sobre el impacto del fenómeno de El Niño, que ha desnudado la crisis que vive la entidad estatal encargada de atender esa tragedia natural, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el Gobierno vive un gran incendio político, en el que el presidente actúa como un gran bombero, por la suspensión provisional por tres meses del canciller Álvaro Leyva, ordenada por la procuradora Margarita Cabello, quien está a menos de un año de terminar su periodo legal.

Leyva enfrenta un juicio disciplinario por supuestas faltas que el Ministerio Público considera cometió a título de dolo, en uno de los escándalos que más ha llamado la atención de la opinión pública en los últimos meses y le costó la cabeza a la directora de la agencia de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, quien se atrevió a cuestionar a Leyva y denunció su equivocada estrategia jurídica y sus agresiones verbales.

Se trata del contrato por 117.000 millones de pesos para la elaboración de pasaportes con la firma Thomas Greg & Sons, en el que se ha visto involucrado el hijo del canciller, y el presidente ha mantenido su posición de que Leyva solo cumplía órdenes suyas. Para la Procuraduría, el funcionario investigado presuntamente violó los principios que rigen la contratación estatal. 

Independiente de los argumentos jurídicos y el resultado de este proceso de la Procuraduría ―a la que sectores afectos al Gobierno acusan de estar al servicio de la agenda política de la oposición, al igual que la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, hoy en manos de amigos personales del expresidente Iván Duque―, el daño reputacional al Gobierno está hecho. 

Para el embajador en Argentina, Camilo Romero, “hoy hay un riesgo democrático en Colombia por el secuestro de los entes de control a manos de la politiquería. Van es por el contradictor, la defensa de sus causas personales y los intereses de sus amigos, no por el bien común”. Es por ello que la Procuraduría ha sido señalada desde varios sectores como una de las entidades que debería ser reestructurada e incluso suprimida en una reforma a la justicia. Tanto la Fiscalía como la Defensoría tendrán nuevos jefes este año, en decisión que le corresponderá asumir al Congreso de la República. 

El presidente Petro ha reaccionado con fuerza a la suspensión de su ministro ―quien encabezaba la eventual lista del cambio de Gabinete―, recordando sus días como alcalde de Bogotá, cuando el procurador Ordóñez le tumbó varios secretarios de despacho y lo destituyó, lo que fue un enorme favor que lo catapultó como víctima de la intolerancia de un fanático religioso. Gracias a Ordóñez, Petro construyó el mito comunicacional del líder perseguido por luchar por los derechos del pueblo, que venció a la caverna y volvió al poder con el apoyo del pueblo y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya sentencia obligó revisar y adecuar la normatividad sobre los procesos disciplinarios de los mandatarios elegidos popularmente. 

La salida temporal del canciller fortalece el discurso del Presidente de que hay una conspiración para sacarlo del poder ―antes incluso había hablado de un golpe blando― y de la necesidad de unir la variopinta alianza de movimientos y partidos que conforman el Pacto Histórico en una sola colectividad que permita “elegir otro gobierno progresista para que podamos profundizar esto, porque 200 años de olvido no se solucionan en cuatro años, pero hay que comenzar ya y a profundidad”. 

Petro, en ese sentido, ha convocado a un congreso progresista, en el que participen las 1.500 personas elegidas en 2023. Esta iniciativa no ha encontrado el eco esperado, pues varios partidos ya anunciaron que no se fusionarán ni renunciarán a sus personerías jurídicas, lo que sería ceder su autonomía al sector orientado por el presidente, allanándole el camino a la candidatura que él imponga. 

Mientras apaga incendios y enciende pasiones en los corazones de los sectores sociales y las poblaciones más marginales, el jefe de Estado ratifica que dará la pelea para garantizar que en la Casa de Nariño ondee la bandera de la izquierda por otros cuatro años. Por supuesto, la oposición, que no aún no ha presentado el anunciado tigre que retorne la derecha al poder, contraataca celebrando la derechización de la población, ante el creciente desencanto de los jóvenes con la izquierda y la asfixia colectiva por la incapacidad del Estado de blindar las ciudades de la acción depredadora de los delincuentes y la percepción de mano blanda con los grupos criminales. 

Petro está en el campo de batalla apagando incendios. Un hombre como él, formado en el fuego de la revolución, se debe sentir en su medio ambiente natural. El 1 de mayo del año pasado, en la posesión de sus nuevos ministros, dijo: “Vamos hacia un campo de batalla. Hay que triunfar”. Y ordenó a sus funcionarios trabajar al doble del ritmo habitual. Alguno de esos ministros saldrá pronto en el anunciado remezón ministerial. Y usó en aquella ocasión, por primera vez, la palabra reelección. “He pedido que en donde están nuestras prioridades el Gobierno trabaje día y noche. Trabajar de noche también implica duplicar el periodo presidencial o sea que eso equivale a una reelección”, dijo. 

Hoy, nuevamente, la palabra reelección está de moda. No porque quienes la usen vivan en la Luna, sino porque el presidente ha mandado las señales claras de que va por el poder presidencial en 2026, aun en cuerpo ajeno. Al igual que Álvaro Uribe, que está alimentando un tigre que le presentará al país pronto. Ojalá ese felino no esté muy cerca de las montañas, donde arde Colombia y la fauna sufre. 

Petro está en campaña permanente, abriéndole camino a un acuerdo nacional, con el presupuesto estatal al servicio de su visión de país, fortaleciendo los sectores sociales, impulsando en el Congreso las reformas aplazadas por varias décadas, con cifras favorables en el campo económico y otras menos plausibles en protección de la vida de los líderes sociales y firmantes de paz, y seguridad. Pero no se ve claro que, con las encuestas en su contra, tenga asegurado el poder en 2026. Además, el incendio político no parece estar pronto a apagarse y dejará muchas cenizas a su paso.

El mandato presidencial de que “hay que alistarse y defender la paz. Hay que defender el derecho de los pueblos a la justicia y la equidad. Una de esas defensas es apurar el paso para lograr los objetivos del programa Colombia Potencia Mundial de la Vida”, quiere activar en toda Colombia la búsqueda del poder desde las bases populares. La campaña presidencial para reelegir lo que Petro llama un Gobierno Popular y Democrático comenzó fuerte. Sí, el presidente apaga incendios, pero también le echa fuego a un país polarizado, atizando el ambiente con su sentencia de que “no nos van a dejar gobernar”.

Bogotá, D. C, 26 de enero de 2024 

*Periodista, internacionalista y analista político. 

Tomado de El País.

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Gabriel Ortiz

“El presidente Petro, debe entrar en un raciocinio que le permita permanecer en tierra, porque desde la virtualidad, desde el aire y desde otras dimensiones, es imposible gobernar”.

Pasan los días, los meses y más de un año, sin que alumbren los cambios anunciados por un gobierno que se montó sobre promesas y más promesas, para solucionar todo lo malo que soportaba Colombia.

Con la simple X trata de solucionar millares de incógnitas que formula un pueblo que esperaba ejecuciones racionales, reales y prontas.

Obstinación e intolerancia, enmarcan los propósitos del gobierno Petro, que no admite pensamiento alguno al resto de una nación a la que le encomendaron gobernar sin camisas de fuerza.

Petro llegó a la Casa de Nariño, con un arrume de reformas que el pueblo y el congreso empezaron a analizar, como siempre se acostumbraba. Pero desde el primer día notificó que sus textos y su voluntad eran inmodificables. Tal vez olvidó que son tres, los poderes a los que encarga la Constitución el manejo de este país.

En medio de sus inagotables viajes por el mundo, acompañado de nutridas comitivas, que cuestan millones de dólares, Petro tercamente ha        querido pasar la reforma a la salud sin permitir modificación alguna. Para completar, encargó al obstinado Guillermo Jaramillo defenderla, a su manera.

Este porfiado funcionario auto declarado enemigo de las vacunas en un país amenazado por el covid, dejó vencer 1.080.000 de ellas, mientras la población está sometida al virus.

En este gobierno, en el que al parecer todo marcha manga por hombro, ministros y colaboradores le toman el pelo a un mandatario “regañón”. Por ejemplo, el presupuesto del año anterior, solo se ejecutó en un 87.3% y para completar el titular de salud se salió del ruedo para, inconsultamente proponer una nueva reforma tributaria, que aumentó el descontento entre los colombianos por su presidente. Hay despilfarro y gastos suntuarios, mientras falta plata para cosas elementales, como para el mantenimiento de los aviones de la FAC.

Solo salen dineros a borbotones para viajes presidenciales que se multiplican, ante la carrera contrareloj de Petro, por adueñarse del liderazgo del mundo contra el calentamiento del planeta. Los demás países y jefes de Estado, siguen utilizando combustibles fósiles y exportándolos para no caer en el empobrecimiento.

Volviendo al tema de la salud, la situación es grave, porque se insiste en reformas innecesarias. 18 reconocidos exministros de salud y hacienda, empresarios y gente pensante, consideran que la reforma es atropellada, desafortunada, desacertada, preocupante y patética. Casi ninguno de sus objetivos, tienen juicio.

Hay temas, en ella, que se pueden adelantar con elementales decretos ministeriales. Pero Jaramillo le pide a la Corte Constitucional pronunciarse. Jaramillo desconoce las normas que le concede la ley.

El presidente Petro, debe entrar en un raciocinio que le permita permanecer en tierra, porque desde la virtualidad, desde el aire y desde otras dimensiones, es imposible gobernar. Debe conocer el país de la belleza y gobernarlo. No insistir en lo que hizo con Bogotá durante su alcaldía. Su destreza está en el parlamento, no en el ejecutivo. Ni el cambio, ni el remedio aparecen.

BLANCO: El esfuerzo del alcalde Galán para garantizar la seguridad en la capital.

NEGRO: El país está ardiendo, por acción de los pirómanos que incendian nuestros bosques.

Bogotá, D. C, 26 de enero de 2024

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.

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Juana Yolanda Bazán Achury

“El propósito de la ley es crear medidas restaurativas, que los alejen del sistema punitivo penal acusatorio, considerando a los menores infractores como víctimas de sus conductas siendo sujetos de restablecimiento de derechos”.

Por Juana Yolanda Bazán Achury*. - En los meses de octubre y diciembre de 2023, un número significativos de jóvenes adolescentes en conflicto con la Ley Penal, se evadieron de los centros de internación o resocialización, de varias ciudades del país en los que cumplían las penas impuestas por sus infracciones, algunos se han podido reingresar a los programas de rehabilitación que son muy pocos.

Lo anterior, sumado a los menores adolescente que se encuentran en trámite de judicialización por actividades criminales, junto con aquellos que son utilizados por las bandas organizadas del microtráfico y otras actividades ilícitas como el hurto, el porte ilegal de armas, que es la asociación para delinquir; han puesto sobre la mesa nuevamente el debate sobre la eficacia del Sistema de  Responsabilidad Penal para menores de edad y adolescentes, consagrado en la Ley 1098 de 2006 y la Ley 1878 de 2018.

La política criminal diseñada en este cuerpo normativo, se orienta desde el principio de responsabilidad como supuesto filosófico, el cual contrasta con el impacto en la sociedad.

Un mirada a las estadísticas de los menores infractores, acudiendo al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), y a los Centros de Servicios Jurídicos para Adolescentes (CESPA), evidencian un aumento de los delitos cometidos por los menores de edad en los últimos años; desde el estudio de la política criminal, el análisis del impacto de la conducta de los adolescentes trasgresores de la ley, nos lleva a la conclusión de que no se trata de hechos o fenómenos que se presenten solamente en Colombia, la situación se muestra en  crecimiento en toda América Latina, lo cual  plantea un verdadero desafío para  la región.

En Colombia hay una distancia enorme entre el concreto marco jurídico y las prácticas del sistema, de Responsabilidad Penal Para Adolescentes.

El art. 140 de la ley 1098 consagra: “Tanto el proceso como las medidas que se toman son de carácter pedagógico, especifico y diferenciado, respecto del sistema de adultos conforme a la protección integral”.

El propósito de la ley es crear medidas restaurativas, que los alejen del sistema punitivo penal acusatorio, considerando a los menores infractores como víctimas de sus conductas siendo sujetos de Restablecimiento de Derechos.

Partiendo de lo anterior, el Estado y su política criminal deben garantizar los derechos de los menores de edad, a un desarrollo integral, y a la primacía del interés superior de los niños niñas y adolescentes.

El desarrollo de la ley es producto de las garantías consagradas en los arts. 9,10 y 44 de la Constitución Política, normas que obligan al Estado y a la sociedad a la protección de este grupo poblacional, resultando ser letra mojada.

El marco normativo se desarrolla acogiendo todos los tratados que tienen que ver con la protección de la infancia y la adolescencia que han sido ratificados por Colombia y que hacen parte del bloque de constitucionalidad,  entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos (1966), Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), Convención de los Derechos del niño (1989), Reglas de las Naciones Unidas para  Prevención de la Delincuencia Juvenil, Reglas de RIAD (1990) que buscan la Protección de los adolescentes en riesgo, buscando alterativas de prevención y resocialización. Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores Privados de la libertad.

Estamos cerca de cumplir un siglo de las declaraciones de la Unicef y seguimos empantanados.

Todas estas normas, y unas más, forman parte del conjunto de disposiciones que se incorporaron a las leyes colombianas, al definir la policía criminal aplicable a los menores infractores de ley penal.

Se preguntarán los lectores, ¿por qué tantas garantías? Porque Colombia es un Estado Social de Derecho que debe ser absolutamente garantista de los derechos humanos y de las libertades individuales (así sea solo en el papel). Y más aún, cuando se trata de niñas, niños y adolescentes, por razón del interés superior de los citados, quienes constituyen el futuro de la sociedad y deben obtener la mayor protección para que sean personas con madurez emocional, e intelectual que contribuyan al desarrollo de la sociedad. Seguimos estando solo en el papel.

La consolidación de la política criminal de los adolescentes y niños tiene que partir de un estado de madurez a la hora de cometer la conducta delictiva, por lo que es necesario tener en cuenta la supremacía del interés superior del menor de edad, permitiendo desarrollar un sistema reeducativo que evite su re victimización.

El propósito de la ley de no imponer una sanción penal, es el reconocimiento de que esta problemática posee un carácter estructural socioeconómico, basado en las condiciones de vida de los menores infractores, la mayoría de quienes está en el sistema, han sufrido abandono, vienen de hogares disfuncionales, muchos son habitantes de calle, drogadictos, pelafustanes; es cuando el Estado y la sociedad  debía acogerlos como familia, para garantizar a este grupo vulnerable, de manera estable y permanente las medidas restaurativas que la ley consagra.

Debemos reconocer que el buen propósito de la ley, en aplicación de las medidas restaurativas también ha fracasado, por cuanto, a través del Sistema de Responsabilidad, se han generado espacios de impunidad consiente por parte de los mismos actores delincuenciales quienes evaden la justicia a través del uso de los menores, a sabiendas que para ellos no hay penas intramurales prolongadas.

¿La sociedad se pregunta si es eficaz el tratamiento del Sistema de Responsabilidad Penal para los adolescentes vigente? O, si por el contrario la política se debe revisar para hacerla más severa, la severidad no cuenta porque la reacción y reactividad de los jóvenes es negativa y rebelde, la rebeldía proviene de la represión que reciben en los sitios de internamiento, que está ausente de ser restaurativa.

Es necesario revisar la política pública criminal aplicable a los infractores menores de edad, para evitar que los utilicen como instrumento las bandas criminales que no son pocas.

Lo anterior, debe ir de la mano con la intervención en políticas sociales comprometidas con la reeducación, resocialización, e inclusión social de los jóvenes adolescentes infractores de la ley o en riesgo de incurrir en violación de la misma.

Si el niño es la esperanza, el hombre será un triunfador.

Bucaramanga, 26 de enero de 2024

*Abogada y exrepresentante a la Cámara

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José Manuel Restrepo Abondano

“Tengamos cuidado en pasar tan rápidamente de meras hipótesis a políticas de gobierno”.

Por José Manuel Restrepo*. - Como en la canción “a veces sí, a veces no” parece ser la relación entre el gobierno nacional y el sector empresarial. Por un lado, se hace un llamado al “Acuerdo Nacional” y se realizan esperanzadores encuentros con los grandes “cacaos”, o se invita a los gremios a discutir la posibilidad de una nueva reforma tributaria que reduzca la tasa de impuestos corporativa; y por el otro lado, se dice que se necesita subir los impuestos para financiar la reforma a la salud o se comparte una nueva “reflexión filosófica” sobre cómo las utilidades del sector empresarial fueron generadoras de la inflación en el país, anticipando mensajes muy delicados como la posibilidad de impuestos adicionales a las ganancias o medidas de intervención en los mercados. Se pregunta uno, y ¿al fin qué? ¿Se quiere o no se quiere construir confianza para motivar la inversión? 

Inquieta igual, que nuevamente se traducen “reflexiones filosóficas” como la de cambiar la regla fiscal o modificar las funciones del banco central, en expresiones oficiales de actores de política pública, mezclando el atril del debate académico (que puede ser válido), con el atril del hacedor de política económica. En este caso, un estudio de académico de la dirección de política macro de minhacienda, donde se puede rebatir la argumentación, metodología, conclusiones o aproximación sobre “Seller´s inflation” en Colombia, se convierte en el sustento para un comunicado oficial del ministerio, donde ni siquiera se debate el documento, ni se abre al análisis público. 

Esto es peligroso, porque como sucedió en el caso de la propuesta de ajuste a la regla fiscal, esto envía un pésimo mensaje a los inversionistas, a las calificadoras de riesgo o en general al sector empresarial. Y mucho más en un momento donde necesitamos prudencia en los mensajes para construir confianza y con ello recuperar la senda de crecimiento de la inversión privada (que lleva tres trimestres en caída libre). Tanto que, luego de esa curiosa teoría de endilgarle la inflación al sector empresarial, el Consejo Gremial en pleno tuvo que descalificar el estudio, y por ende el comunicado oficial de hacienda, por imprecisión, sesgo, ligereza y precipitud, con un llamado de atención a que estos mensajes desconocen el sector empresarial y desincentivan la inversión. Grave!. 

La verdad es que los hechos demuestran cosas distintas. El comportamiento del IPP y del IPC demuestran que, al contrario, luego de pandemia, el sector empresarial tuvo que asumir mucho de la inflación de costos y no se la trasladó plenamente a los consumidores. Dicho de otra manera, el sector empresarial se tragó con pérdidas buena parte de la inflación que vivió en insumos, tasas de cambio y otros costos. Si hubo algunas mejoras en excedentes durante y luego del covid-19, fueron el resultado de mayor demanda, crecimiento, estímulos o subsidios recibidos durante esa pandemia, y unos costos financieros bajos durante la misma. 

En conclusión, siempre es bienvenido el debate académico con documentos de análisis, pero tengamos cuidado en pasar tan rápidamente de meras hipótesis a políticas de gobierno, y si queremos un “acuerdo nacional” no crucifiquemos al sector empresarial, que fue clave en la exitosa reactivación económica del país. 

Bogotá, D. E, 25 de enero de 2024 

*Rector Universidad EIA

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José G Hernández

"Es necesario preservar el postulado de la cosa juzgada".

Por José G. Hernández*. - En lo que respecta a la función de guarda de la integridad y supremacía de la Constitución -confiada a la Corte Constitucional-, con independencia de lo que ocurra en casos específicos -bien sea al decidir la Corte sobre demandas presentadas en ejercicio de la acción pública o en virtud del control oficioso-, es necesario preservar el postulado de la cosa juzgada. 

Tramitado el debido proceso -de conformidad con las reglas previstas en la Constitución y en la ley-, la sentencia proferida por la Sala Plena de esa corporación adquiere firmeza. Lo resuelto es inmodificable mientras permanezcan las normas constitucionales con las cuales se hizo el respectivo cotejo. 

El artículo 243 de la Carta Política consagra ese principio y señala que los fallos proferidos en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional. A lo cual añade, con carácter perentorio: “Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución”. 

La jurisprudencia de la Corte ha distinguido entre la cosa juzgada absoluta -cuando esa confrontación se ha efectuado a plenitud, en relación con toda la Constitución-, la cosa juzgada relativa -cuando en el fallo se estableció la conformidad de la norma con determinadas reglas, quedando otros motivos por establecer- y la cosa juzgada aparente -cuando parecía que ya la Corte había examinado la constitucionalidad de la norma, pero en realidad ello no lo había hecho-. 

Nuevas confrontaciones pueden tener lugar en los dos últimos casos, en tratándose de sentencias mediante las cuales se declaró la exequibilidad, no así cuando se falló la inexequibilidad, toda vez que la norma, por ser inexequible, es decir, inejecutable por contrariar la Constitución, fue expulsada del sistema jurídico. No puede seguir rigiendo. De allí que no compartamos ciertas decisiones de la Corte Constitucional que, pese a declarar que una norma es inexequible, permiten que siga rigiendo por meses y hasta por años.

Otro asunto que conviene definir -seguramente lo hará la Corte- es el referente a la aplicación del incidente de impacto fiscal, previsto -a partir del Acto Legislativo 3 de 2011- en el artículo 334 de la Constitución. Según la norma, en relación con sentencias dictadas por una cualquiera de las máximas corporaciones judiciales, el Procurador General o los ministros pueden solicitar -el trámite es obligatorio- que se inicie dicho procedimiento, para ver si la sentencia afecta las finanzas públicas. Se decidirá “si procede modular, modificar o diferir los efectos de la misma, con el objeto de evitar alteraciones serias de la sostenibilidad fiscal”. 

A nuestro juicio, ese incidente no cabe respecto a sentencias en que se ha resuelto que una norma es inexequible. No podría la Corte Constitucional, por razones fiscales, devolver la vigencia y obligatoriedad a la norma cuya inconstitucionalidad ya fue judicialmente decidida. Se violentaría el postulado de la cosa juzgada constitucional, resucitando el precepto inexequible, contra lo dispuesto en el aludido artículo 243, a cuyo tenor “ninguna autoridad” -ni siquiera la propia Corte- podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible.

Bogotá, D. E, 25 de enero 2024.

*Expresidente de la Corte Constitucional

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Gabriel Ortiz

“La virtualidad solo genera quimeras. Requerimos el liderazgo de un Petro, posado sobre la tierra, que nos saque del ostracismo y el delirio”.

Por Gabriel Ortiz*.- Desde ese 7 de enero de 2020, cuando escapó el SARS-COV-2  del laboratorio chino de Wuhan, nuestro planeta perdió la libertad de respirar, de vestir, de comportarse y de actuar.

En tiempo record, apareció la virtualidad. Para unos fue una racionalidad que los liberaba del covid19 y a otros les abrió las puertas de un mundo que devenga, sin trabajar.

Las horas laborables han ido recuperándose, más no la desfachatez de la vestimenta. A todo se asiste desharrapado, descamisado y sin respeto por la audiencia que también se ha uniformado. Los corbateros han ido a la ruina, al igual que modistos y diseñadores.

Así trajina el mundo de hoy. Bogotá, la elegante capital que imponía la moda y el decoro en el vestir, hoy bate las marcas mundiales del andrajo y el desaliño. Las tarjetas de invitación quedaron abolidas, y los requisitos de “Damas traje de coctel y caballeros traje oscuro”, desaparecieron.

En Colombia, como en todos los países las poblaciones acudieron a la virtualidad. Casi nadie asiste a las oficinas. Los trámites son propiedad exclusiva de la electrónica, que curiosamente ha servido para sacarle el bulto a los reclamos ciudadanos. Los cheques, letras y demás documentos que daban seriedad a los negocios, desaparecieron o están merced a demandas y reclamos.

Hoy todo es virtual: perdimos los Juegos Panamericanos, porque nadie supo “dónde estaba la bolita”… ni los dólares. La corrupción abunda, se multiplica, porque ya no hay nada firmado. Contratos, como los de la bodega alquilada en Davos, aparecen, se multiplican y enriquecen. Ese foro no promueve turismo, es solo para magnates que miran para otros lados. El mayor turismo internacional llegó a Colombia cuando se firmó la Paz de Santos. De las gestiones de ProColombia, poca gente se entera, nadie logra seguirles la pista.

Mientras Colombia sepultaba las víctimas de la avalancha en Carmen de Atrato, la virtualidad de nuestro gobierno, no sabía hacia dónde dirigir el avión presidencial, tras una la tardanza en la posesión del mandatario de Guatemala. Finalmente, en las playas de Puntacana, se dio la orden de tomar rumbo a Davos y de gestionar una conferencia con el Papa, en Roma.

La virtualidad desorienta e impide saber lo que acontece en la esquina noroccidente de Suramérica. Y el presidente Petro, entre tanto, ejerce un liderazgo mundial para impedir que el planeta no consuma más petróleo y defienda el Amazonas. Quiere que vivamos del turismo, en un país de avalanchas sobre unas carreteras, repletas de carísimos peajes y que implanta pico y placa que impide al turista visitar los pueblos del camino. Los mayores costos de turismo alguno, la trata de blancas, la prostitución y demás estafas que son moneda corriente, impedirán que haya gente que quiera conocer semejante belleza. Esto lo desconoce el gobierno virtual que ha generado una explosión de protestas y apoyos de grupos amigos y enemigos de Petro, de esos que marchan por calles, campos, escenarios y ciudades gritando: “fuera Petro” o “viva Petro”.

La virtualidad solo genera quimeras. Requerimos el liderazgo de un Petro, posado sobre la tierra, que nos saque del ostracismo y el delirio.

BLANCO: Los expertos reclaman baja de intereses.

NEGRO: La amenaza de derrumbes sobre la panamericana.

Bogotá, D. E, enero 21 de 2024

*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.

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Ximena Martínez León

"El nuevo paradigma, la nueva era desde el campo de la sicología sistémica, es ocuparse de uno mismo".

Por Ximena Martínez León*. - El aprendizaje más importante de las personas -hombres y mujeres- en el año 2024, es cómo convertir la soledad en una fuente de madurez, conciencia y transformación.

En las consultas de pacientes de manera presencial y virtual en Colombia y el exterior, siempre me preguntan la importancia del ser humano como fuente de su propio refugio.

Desde el ámbito profesional les digo que es un regalo para el mundo. Desde hace varias décadas, hizo carrera la frase: "mi soledad es mía. De nadie más"

Esta afirmación tiene muchas interpretaciones. Quienes hoy aman la soledad, hacen los más "revolucionario", la razón: La mayoría de las personas no se ocupan en los 12 meses que tenemos por delante; de sí mismas.

La consigna es, en medio de una sociedad del consumo e inseguridad y el tsunami de las redes sociales, es pensar en los otros primero. Estoy convencida que esa acción privada y pública es una gran falacia para dilatar ocuparse de uno mismo.

El nuevo paradigma, la nueva era desde el campo de la sicología sistémica, es ocuparse de uno mismo. De seguro quienes leen está columna de opinión, no pueden negar que han llenado una "piscina olímpica con sus lágrimas a lo largo de su vida".

Todos tenemos muchos traumas y heridas. Llegó la hora en el año 2024 de ponerles luz. Ubicar la conciencia e ir sanando poco a poco desde el ámbito interior hacia el exterior, desde la óptica personal.

Los invito a conquistar la soledad en este nuevo año que tenemos ante nuestros ojos. También el hermoso escenario del sueño, en la etapa de descanso.

Estamos llamados a ganar el pulso entre soledad y sociedad. Todo a través de la propia experiencia. "Hay que dedicar mucho más tiempo a la soledad en silencio. No es lo mismo estar solos que sentirse solos".

Nacimos solos y moriremos solos. Vivimos bajo la ilusión que estamos acompañados. Pero en realidad es que estamos solos.

Lo cierto es que hay cuatro estadios de soledad: La primera, la soledad estándar, es decir no hay peor soledad que sentirse solo estando acompañado. La segunda es la soledad reactiva. Aquellas personas que no les gusta compartir con los demás, se aíslan, se encierran. Por eso triunfan las redes sociales.

Un tercer tipo de soledad es la impuesta. Se concentra en la población adulta mayor. "Es un infierno, sino se han sabido acompañar por si mismas" No la han escogido.

La cuarta soledad, es la elegida. Las personas que se encierran en casa o se van a la montaña. Esa es una soledad sociable que trasciende la madurez espiritual. Esa es la condición humana que nos impone el gran reto de amar la soledad desde nuestro "metro cuadrado" desde Colombia pasando por México, Ecuador, Perú, España, Nueva Zelanda o Alemania.

Todos necesitamos afecto. Pero no hay mejor afecto que el que nos podemos dar nosotros mismos. Toda una aventura por explorar.

A propósito de este comentario usted qué piensa? facebook/ximenamartinezleon

Chía, enero 23 de 2024

*Experta en terapia sistémica familiar.

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