Mons. Cesar Alcides Balbín Tamayo

Por: Mons. Cesar Alcides Balbín Tamayo* - Sí, la sociedad en la que vivimos la podemos definir como una sociedad arrinconada. Podemos hablar de muchas clases de sociedad: la sociedad antigua o primitiva, la sociedad del medioevo, la sociedad moderna, la agraria, la urbana, la industrial, la sociedad de consumo, hasta «la sociedad de los poetas muertos», y la sociedad del miedo, en el sentido en el que lo dice el sociólogo alemán Heinz Bude, cuando afirma que esta sociedad está fuertemente marcada por la incertidumbre, la amargura, la rabia y la impotencia.  Esto se experimenta en muchos de los aspectos de la vida.

Todo esto lleva a vivir en la sensación de una constante derrota, en la imposibilidad o al menos en la gran dificultad para avanzar; a la soledad en medio de la turba, a unas ganas irrefrenables de no hacer nada, a sentir que no vale la pena, que esto no tiene sentido y que la fuerza de unos pocos arrodilla a muchos: a las personas, a las instituciones, al comercio, a la industria. 

Sí, así se siente cuando asistimos a lo que estamos asistiendo en nuestro medio: estamos arrodillados por un puñado de forajidos, sin Dios y sin ley. Pequeños grupos de delincuentes que a todos amenazan, que no le es suficiente que hayan invadido nuestras calles, nuestras escuelas y colegios de droga, llevando a niños y niñas, desde la más tierna edad, a perder lo más preciado como es su inocencia y su tranquilidad, y a depender de la malvada droga.

Todos acorralados: las autoridades, el Estado, que parece que funciona solo en la gran capital, y desde donde se hacen las leyes y se distribuyen las tareas, más no el presupuesto, gobiernos de escritorio que poco aparecen por nuestras veredas.  Acorralados en los campos o en los pueblos, donde mandan los que tienen un arma.  Todos confinados a las dos o tres calles del pueblo, y avanzando a pasos agigantados a sus casas, antes de que caiga la noche, a encerrarse por miedo a las bandas que han ocupado los espacios, incluso aquellos de las autoridades.

Llaman, juzgan, dictan sentencia, aplican la justicia, hacen las veces de jueces y con la facilidad de quien se toma un vaso de agua, aplican «la ley», la de ellos, y así disponen de los bienes e incluso de la vida de los demás.

Es una sociedad acorralada donde el respeto a la autoridad, (si es que la hay), ha desaparecido. Nuestros pueblos, nuestras calles y nuestras veredas están secuestrados nuestras familias, nuestros jóvenes y nuestros niños: todos secuestrados, todos acorralados, todos confinados, todos arrinconados. 

Ya los delincuentes no caben en las cárceles, tampoco en las calles. Vamos siempre a la defensiva, no sabemos con quien nos vamos a encontrar, cunde la desconfianza, y vamos en veloz carrera.  Tememos a las motos, tememos a los carros, tememos a los que van por las calles drogados, “greñudos y sucios”, tememos a los que avanzan de manera sospechosa. Tememos salir por las carreteras veredales, por las calles solitarias y por las calles congestionadas.  Tememos ir solos, tememos ir en el tumulto: ¡que contradicción!

Es esta la experiencia que se vive en este sur del Valle de Aburrá y en este Suroeste Cercano. La vida en nuestros pueblos se ha venido convirtiendo en una verdadera pesadilla.  Escuchar a los sacerdotes y a los laicos de la Diócesis, nos ha llevado a concluir que no hay rincón que se salve. Los pueblos grandes, los pequeños, los corregimientos, las veredas, todos viven la amarga experiencia de sentirse impotentes ante tanta inseguridad. Todos ubican con facilidad el origen de tanto mal. Ubican también los lugares, las bandas, los grupos, las personas. Saben de dónde procede la droga, quién la distribuye, de quién es este perverso mercado.  Y es cuando nos hacemos la pregunta: ¿será que las autoridades no lo saben o no lo quieren saber? ¿O sí lo saben, pero…? Hay que escuchar los lamentos y la impotencia de los alcaldes, ante los oídos sordos del gobierno departamental, por ejemplo, cuando ponen en su conocimiento toda esta tragedia. ¿Hasta cuándo?

La sociedad arrinconada es la sociedad del egoísmo: sálvese quien pueda. Es y seguirá siendo la sociedad del miedo, del silencio, muchas veces cómplice, y otras veces complaciente, máxime si seguimos en este silencio.

¿Tendremos que concluir, entonces, que en el Suroeste estamos perdiendo el norte?

Bogotá, D. C, 5 de mayo de 2019

* Obispo de Caldas

Fuente Conferencia Episcopal.

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José Félix Lafaurie Rivera

Por: José Félix Lafaurie Rivera*.-La hermosa alcancía metálica de “La Caja Agraria”, que fuera símbolo del ahorro en Colombia, hace parte de mis recuerdos de infancia. “La Caja”, una entidad querida por los colombianos, en buena hora perdió sus apellidos de “Industrial y Minera” para concentrarse en el sector agropecuario, pero en mala hora se ganó un lugar en la narrativa de la corrupción en Colombia, hasta su liquidación en 1999.

Nació entonces el “Banco Agrario”, moviéndose entre sus estratégicos objetivos misionales, pero sin desprenderse de su condición de fortín político, foco de corrupción y fuente de mermelada, como sucedió durante el gobierno Santos. Nunca entendí, por ejemplo, por qué el señor Iragorri, presidente de su Junta Directiva, le lanzó un salvavidas irregular de $120 mil millones a una empresa cuestionada y ajena al sector agropecuario, como Navelena, y no se le ocurrió hacerlo con Friogán, una empresa del sector, que hoy goza de buena salud, muy a su pesar, y que con una inyección de $40 mil millones se habría evitado el viacrucis que desembocó, entre otras cosas, en la liquidación del Fondo Nacional del Ganado.

Hoy soplan nuevos vientos y el Banco, bajo la gerencia de Francisco José Mejía, ha dado pasos enormes en el proceso de “limpiar la casa” y retomar su rumbo como una de las soluciones de fondo para el campo. Hace seis meses escribí sobre la crítica situación heredada y, por eso mismo, hoy considero pertinente y válido contrastar con ese “nuevo” Banco Agrario que hoy le ofrece alternativas al productor agropecuario.

De una caída, no en picada sino en barrena, de los saldos de cartera –la razón de ser de un banco– de 3,6 % al mes de agosto de 2018, no solo se logró revertir el proceso, sino generar un punto de inflexión y empezar a crecer a un ritmo que alcanzó el 3,2 % a marzo de 2019.

Mientras la cartera caía, los gastos, por el contrario, traían un ritmo de crecimiento desbordado, del 7 %, equivalente a más de $43 mil millones, una tendencia que también se logró detener y revertir, al punto de producir, entre agosto de 2018 y marzo de 2019, ahorros por más de $38 mil millones.

Hoy la Contraloría y la Procuraduría tienen los ojos puestos en contratos con tufillo –¿o hedor?– de corrupción como el del reforzamiento estructural del icónico edificio de la Avenida Jiménez, necesario, por su puesto, pero la cuenta ya va en $92 mil millones, con los que se habría podido adquirir una sede nueva.

Mucha basura escondida debajo del tapete está saliendo, al tiempo que empieza a entrar aire fresco por las ventanas de una institución asfixiada por la falta de transparencia y, además, rezagada frente a sus agresivos competidores del sector privado. La renovación tecnológica era inaplazable y avanza a buen ritmo; asimismo la internacionalización del Banco, que hoy ya tiene su primer corresponsal en Europa, el BNP Paribas, que selló su acuerdo con una línea de crédito de USD 60 millones, un voto de confianza en el Banco y en el gobierno del presidente Duque.

El reencuentro con los gremios, con los pequeños productores y con los sectores más desprotegidos del campo, como los beneficiarios de Familias en Acción, de los cuales se ha logrado bancarizar a 600 mil con la canalización de pagos a través del Banco, son algunas de las muchas facetas del nuevo Banco Agrario.

Parafraseando un viejo lema de campaña política, frente a las inmensas necesidades del campo colombiano, Al Banco Agrario le falta mucho por hacer…, pero lo está haciendo.

Bogotá, D. C, 5 de mayo de 2019

*Presidente de Fedegan

@jflafaurie

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Gabriel Ortiz

Por Gabriel Ortiz*.- El ocho se convirtió en un número karma para Colombia, al menos durante la primera década de este siglo. Había grandes esperanzas para esta nación en donde reinaban la violencia, el narco, el odio y el abuso.

El 2002 empezó con un viento fuerte de corta duración, para esta patria que soñaba con nuevos destinos que incluyeran paz e igualdad. Muchos pudieron regresar a sus lujosas fincas de recreo, y hasta gozaron de riquezas y comodidades mal, o bien habidas.

Pero el torbellino no llegó solo, porque más temprano que tarde, las cosas arrancaron con furia, odio y venganza. Ocho años de vicios, perfidia y felonía.

A estos se agregaron otros 8, durante los cuales, los viudos del poder se atravesaron para impedir que Colombia tomara el rumbo que sus habitantes esperaban, anhelaban y suspiraban. La paz fue el mejor regalo, presea y galardón; pero como en las malas competencias, los perdedores no toleran que los bajen del podio. Sin embargo ella se alcanzó y se disfruta, aunque sus enemigos quieran llevarla al cuarto de san alejo.

Grandes esperanzas hay sobre el nuevo gobierno de Iván Duque, a pesar de esos anillos que lo rodean y asedian, integrados por aventajados alumnos de quien malogró el primer ocho.

Por ello aterran los hechos que empiezan a aparecer en el panorama de esta nación: falsos positivos, chuzadas a la justicia, un millón de “cooperantes” que implantarán el terror en una población que no podrá volver a pensar, ni hablar; el paramilitarismo, la  persecución a la oposición, a la que le arrebatan sus curules; asesinatos de líderes sociales y su desplazamiento por la persecución; un fiscal parlanchín y muy dudoso, reaparición de las recompensas y otros atropellos que permanecen en la memoria de los compatriotas.

Están reviviendo el miedo y el pánico, esta vez con la extradición. Nadie se explica que sigamos siendo un país que tiene que amenazar a los narcos y a los maleantes con enviarlos a las cárceles de  Estados Unidos, para que allí, oculten sus secretos y salgan en muy pocos años a continuar sus andanzas. Colombia debe fortalecer su justicia para juzgarlos y castigarlos ejemplarmente aquí, para que Trump no nos acuse y nos “regañe” por estarle enviando nuestros delincuentes.

Urge aplicar tapabocas a ciertos funcionarios, especialmente al Ministro de Defensa y al Fiscal, que se desesperan ante cualquier micrófono o cámara de televisión. Solo así podrá gobernar Duque con tranquilidad. El Mindefensa debe entender que así lo haya impuesto Uribe para regresar a esos fatídicos 8, ahora hay un superior y un país a los que debe respetar, no decir mentiras y convencerse que es un simple ministro, así sea el de las armas y el glifosato.

BLANCO: Dos libros en la Feria: “Desde el fondo del Mar” de Colola Hoyos Turbay y “La Entretarde”de Hernán Estupiñán. El primero siembra el perdón y el segundo, enseña la importancia de una cita. 

NEGRO: En el Senado de Colombia, 34 son más que 47, según el bachiller Macías.

Bogotá, D. C, 3 de mayo de 2019

*Exdirector del Noticiero Nacional y de Notisuper La Noticia Viva.

        

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José G. Hernández

Por José G Hernández*.- Conversando un día con los doctores Álvaro Gómez Hurtado y Raimundo Emiliani Román sobre algunas de las normas aprobadas por la Asamblea Nacional Constituyente, nos decía el Dr. Gómez  que, a su juicio, los derechos derivados del trabajo son los de mayor legitimidad, no solamente por provenir del esfuerzo personal honesto sino por cuanto de ellos se deriva el digno sostén de la familia, célula básica de la sociedad, como lo proclamó la Constitución Política.

Ese concepto, que en dicha reunión compartimos por completo el Dr. Emiliani  y el suscrito, se reflejó después en varias providencias de la Corte Constitucional en las que tuve participación como magistrado. Porque, en realidad, allí descansa uno de los postulados básicos de nuestro sistema jurídico.

En efecto, el preámbulo de la Constitución -que, como lo expresó la Corte desde 1992, tiene fuerza vinculante y sustenta de fondo toda la estructura normativa- señala el del trabajo como uno de los valores esenciales del ordenamiento, al lado de la justicia, la libertad, la igualdad, el conocimiento y la paz, con todos los cuales, además, el valor del trabajo se relaciona y complementa.

Por su parte, el artículo 1 de la Carta Política menciona el trabajo como uno de los fundamentos del Estado Social y Democrático de Derecho, y la Corte Constitucional, desde la Sentencia T-02 de 1992 (M.P.: Dr. Alejandro Martínez Caballero), reconoció al trabajo como derecho fundamental, por tanto inalienable, en cabeza de toda persona.

El artículo 25 de la Constitución concibe al trabajo como un derecho y una obligación social y estipula que él goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado, luego de ese mandato se deduce que cuando organismos o funcionarios públicos dejan desprotegido al trabajador y sin amparo sus derechos, en realidad vulneran la Constitución y faltan a una de sus principales obligaciones.

Declara también la norma que “toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”, lo cual excluye toda forma de explotación o aprovechamiento indebido  por parte de quien –sea empresa pública o privada- hace uso de los servicios prestados por  el trabajador.

El artículo 53 de la Constitución ordena al legislador que profiera el Estatuto del Trabajo, normatividad que debe partir, al menos,  de los principios mínimos fundamentales que la propia norma superior se ocupa en señalar: igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.

Infortunadamente, desde 1991 hasta hoy, gobiernos y congresos han hecho caso omiso de la norma, la han incumplido, y no tenemos un estatuto del trabajo. Fue la anterior -no la actual-  jurisprudencia de la Corte Constitucional la que desarrolló los principios fundamentales en referencia.

Un saludo a todos los trabajadores colombianos en su día.

Bogotá, D. C, 1 de mauo de 2019

*Epresidente de la Corte Constitucional.

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Víctor G Ricardo

Por Víctor G Ricardo*.- La liberación en Venezuela del líder opositor Leopoldo López, apoyada y respaldada por parte de un grupo integrante de las fuerzas militares de dicho país, es una señal de que la aparente unidad de las fuerzas de seguridad venezolanas empieza a verse fracturada y ello abre paso a lo que podría ser el camino de solución a la situación del vecino país, porque detrás de Maduro y el sostenimiento de su gobierno se encuentra el respaldo del poder militar como uno de los principales bastiones, sin desconocer el papel que juega la numerosa presencia de cubanos y los intereses políticos y económicos de Rusia, China y Turquía.

Señalo que puede darse un camino de solución sin considerar que el mismo esté garantizado, pues una vez más las oportunidades de resolver el caos que se vive en Venezuela quedan en manos de los propios venezolanos, quienes son los únicos llamados a liderar este nuevo hito político-militar y usarlo estratégicamente para terminar la horrible tragedia que han venido sufriendo en manos de Maduro y establecer así un nuevo gobierno que pueda empezar a darle ordenamiento y soluciones a un futuro democrático, social y económico.
Esta tarea va a ser larga y difícil y los venezolanos deben entender que además de contar con el apoyo de la comunidad internacional, requieren de parte de ellos mismos un liderazgo colectivo superior que sea capaz de movilizar a todo un país y unir a este movimiento popular a las fuerzas armadas, quienes bajo la fórmula de adecuado liderazgo y respaldo popular deberán entender la necesaria solidaridad que de ellos se espera en estos críticos momentos.
Está claro que el señor Maduro -al ver que se le pueden estar acabando sus horas en el poder- no se va a quedar quieto y va a acudir a sus seguidores y a las milicias armadas que respaldan y apoyan su mandato, así como a los países aliados a sus intereses y puede presentarse un enfrentamiento donde se pierdan vidas y haya masacres incalculables.
Pero también lo que es claro es que si los venezolanos no aprovechan la división en las Fuerzas Armadas que se ha presentado hoy y no logran hacer la convocatoria popular que se requiere, Maduro se dará como triunfador, usará a la Fiscalía para castigar a los militares y a los dirigentes políticos  que intervinieron y  tratará de fortalecerse apoyado en el miedo de sus opositores y el respaldo internacional de los gobiernos que les interesa que Maduro permanezca para proteger sus intereses políticos y económicos.
Claramente hay una nueva oportunidad, pero ésta solo se materializará en la medida que los venezolanos demuestren su liderazgo. Un liderazgo colectivo, sin divisiones y sustentado en el clamor popular, ejercido desde Venezuela y por los propios venezolanos, con el claro y contundente respaldo de la comunidad internacional.

Bogotá, D. C, 1 de mayo de 2019.

*Excomisionado de Paz.

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Jairo Gómez

Por Jairo Gómez*.- “Sicario… Sicario… Sicario…” le espetaba con ira e intenso dolor desde su curul, arropado con la soberbia de su bancada de 18 senadores, el expresidente Álvaro Uribe al líder de la oposición Gustavo Petro, tras una recia confrontación política en torno a las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP.

Me sorprendió la reacción del líder del Centro Democrático, un hombre hecho en la confrontación política y curtido en el debate ideológico. Desdice de su temple de exgobernante que apele a la descalificación para deslegitimar al contradictor con insultos, sin otro argumento que el de invocar de nuevo la guerra como fórmula para dirimir las diferencias: “prefiero 80 guerrilleros en armas a un difamador moral”.

No es estimulando los vientos de guerra como se construye el debate político; tampoco ignorando deliberadamente la institucionalidad para descuadernar el país más de lo que está; bienvenida la controversia, pero no el agravio para desprestigiar a quienes hoy ostentan sus curules en el Congreso producto de un acuerdo de paz; esos exguerrilleros y exguerrilleras le han cumplido al país y hoy desde ese compromiso hacen la política sin armas, respetando las reglas que les impone la democracia. 

Lo ocurrido para bien del país en el Senado no fue una gresca y tampoco un intercambio verbal como quisieron descalificar los medios de comunicación el debate Uribe-Petro para quitarle validez a una polémica seria y de fondo que desnudó dos visiones de país: la autoritaria, refractaria a los cambios; y la que convoca a superar el conflicto interno bajo la égida de cimentar los cambios de Colombia sobre la base de reconocer las causas del conflicto y encontrarles una solución que neutralice la repetición y la revictimización de las víctimas.

No es satanizando el debate como se construye un espacio para la controversia política que se fundamente en los problemas de la nación; controvertir el modelo de país que se nos quiere imponer a través del Gobierno Duque tampoco es polarizar, es abrir una discusión amplia y sin tapujos; el debate sobre las objeciones presidenciales fue un buen vehículo para descubrir el proyecto de país que nos propone una facción política –el Centro Democrático- que busca trascender estos cuatro años en el poder bajo una marca indeleble: mantener intacto el statu quo.

Es incuestionable que ellos –el Gobierno y el CD- están jugados con un “Plan Nacional de Desarrollo. Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, evidentemente excluyente y con claros propósitos para favorecer privilegios. La otra orilla -la centro izquierda- aborda críticamente ese proyecto confrontándolo con los beneficios del acuerdo de paz, que no es la panacea, pero sí la línea de discusión más adecuada para que se puedan debatir los problemas más urgentes que requieren una solución que no da espera.

Esos son los dos modelos de país que están en juego para los próximos años: Duque y sus copartidarios del CD quieren perpetuar el actual estado de las cosas sin que se les toque una coma, y para ello están utilizando las artimañas más insospechadas para desacatar las cortes y sus fallos, desprestigiar y hostigar constantemente a la JEP para evitar a toda costa la verdad sobre quienes fueron los responsables de esta guerra que nos dejó más de 220.000 muertos. Quieren, pero no van a poder diseñar el viejo Frente Nacional que sirva de cómplice a semejante despropósito. Los colombianos no queremos que la guerra nos vuelva a pisar los talones.

A ese proyecto de país es que tienen que responder con inteligencia, pero con una buena dosis de pragmatismo las fuerzas alternativas si quieren romper un proyecto político que, repito, busca trascender los cuatro años en el poder. Esa es la disyuntiva, derrotar al viejo país o construir uno nuevo, donde quepamos todos. Los españoles lo hicieron el pasado domingo.

Bogotá, 30 de abril de 2019

*Periodista y Analista Político.

@jairotevi

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Amylkar D Acosta M

Por Amylkar D. Acosta M*.- Uno de los tantos temas espinosos contemplados en el PND que se debate en el Congreso de la República es el que hace relación a los precios de los combustibles. Cuando nadie se lo esperaba, sorpresivamente, el Ministro de Hacienda sacó una carta de la manga, proponiendo para el segundo debate del PND bajar el IVA a los combustibles del 19% a sólo 5%, con lo cual supuestamente se reduciría el precio al consumidor final en $700 por galón, aproximadamente, creándole falsas expectativas al consumidor que esperaría con esta medida un alivio para sus bolsillos.

El Presidente de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes Oscar Darío Pérez se apresuró a decir que “eso tendrá que reflejarse en un menor valor del galón.”. Pero, el Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla está pensando otra cosa distinta, según él “lo que se quiere con la propuesta es racionalizar la estructura de entregas de subsidios en materia de combustibles”. Dicho en romance paladino, de lo que se trata es de desmontar el subsidio a los combustibles, que el año pasado le costó al gobierno $4 billones y si a este monto le descontamos el menor recaudo por este IVA, que sería el costo fiscal de dicha medida, que se calcula en $2 billones, el saldo neto de la combinación de estas dos medidas, tomadas pari pasu, arrojaría un saldo de $2 billones a favor del fisco nacional (!).

Al liberarse los precios, dada la coyuntura actual de los precios internacionales del crudo y el comportamiento de la tasa de cambio, que también los afecta, que tiende hacia una mayor devaluación, la cual después de guardar una correlación inversa del 86% con respecto a los precios del petróleo ahora es de sólo el 15%, es de esperar que, a despecho de lo que espera el Representante Oscar Dario Pérez, la baja del IVA del 19% al 5%, no se va a poder reflejar “en un menor valor del galón” de combustible. Al contrario, lo que se le estaría es abriendo espacio a nuevas alzas de los precios de los combustibles. Esta es la verdad monda y lironda, sin ambages.

Los precios seguirán al alza, siendo mayor el impacto en las fronteras, que está sujetas a un régimen, en donde los combustibles están exentos del pago de IVA y del impuesto nacional, pues al tener que incrementar el ingreso al productor, en aproximadamente $600 por galón, se incrementaría el precio al consumidor final en la misma proporción. Huelga decir que este incremento en los precios de los combustibles en la frontera terminaría estimulando, aún más, el contrabando de combustibles en la frontera.

Según el Representante  a la Cámara Oscar Darío Pérez  se le puso una condición al gobierno para el trámite y aprobación de la propuesta del gobierno que las empresas refinadoras y en Colombia no hay sino una que es la estatal ECOPETROL, no puedan descontarse los IVA a favor más de ese 5%, “ya que ese sería un impuesto al revés”. Y ello tendría sus consecuencias.

En Efecto, como ECOPETROL incurre en la obligación de pagar IVA a lo largo de la cadena, al no poderlo descontar plenamente, como lo viene haciendo, la diferencia de los 14 puntos porcentuales se traducen en mayores costos, estos a su vez impactan sus utilidades y de contera a los dividendos que ECOPETROL le paga a la Nación, como su accionista mayoritario, con lo cual terminarían dándole un tiro en el pié. Se estima que los mayores costos para ECOPETROL por este concepto serían del orden de los US $500 millones anuales. Y ello porque, como solemos decir a menudo los economistas, no hay almuerzo gratis, será a ello que se refiere el Subdirector de Planeaciónm Nacional cuando advierte que dicha medida “no tiene un costo fiscal tan grande para la Nación, porque lo que reduce por recaudo lo compensa parcialmente por menores deducciones de IVA”?

A las consideraciones anteriores se viene a sumar una inquietud que me asalta, sobre la legalidad de esta propuesta extemporánea, que nunca se consideró en el primer debate del proyecto del PND. Hay dos principios fundamentales, complementarios ellos, que rigen el trámite y aprobación de las leyes, el uno la unidad de materia, prescrito por la Constitución Política en su artículo 158 y el otro el de la consecutividad en los sucesivos debates que debe surtir un proyecto, cuya trasgresión vicia su trámite. Según la sentencia C – 702 de 1999 de la Corte Constitucional, entre el primero y segundo debate de un proyecto este puede sufrir modificaciones y/o adiciones, pero siempre y cuando el texto en cuestión haya sido aprobado en primer debate. No será este el caso, por que se trata de un artículo nuevo que se estaría incorporando a la ponencia para segundo debate? Doctores tiene la Santa Madre iglesia! 

Bogotá, abril 27 de 2019

*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.

www.amylkaracosta.net

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Mauricio Cabrera Galvis

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Una tormenta en un vaso de agua es la que se desatado frente a la propuesta de incluir en la ley del Plan de Desarrollo (PND) dos artículos que establecen aranceles a la importación de confecciones y prendas de vestir. Los gremios de importadores (Fenalco y la ANDI) se han rasgado las vestiduras (que deben ser importadas) rechazando los aranceles, mientras que los confeccionistas los defienden a capa y espada. Es un debate trasnochado, más político que económico, y que además solo incluye una parte del problema del sector textil.

La propuesta del PND es doble: un arancel compensatorio del 37,9% solo para las prendas que se declaren a un valor inferior a 20 dólares por kilo y, para las que estén por encima de ese umbral, un arancel mixto de 10% más 3 dólares por kilo. Se trata de evitar el lavado de dinero que se hace con la subfacturación de importaciones.

El debate es trasnochado porque ya con el decreto 456 de 2014 se había establecido un arancel mixto de 10% más 5 dólares por kilo para prendas con valor superior a 10 dólares. Este fue rechazado por la OMC porque podía superar el tope máximo de arancel de 40% permitido por ese organismo para las confecciones. La propuesta actual de 3 dólares por kilo y un umbral de 20 dólares nunca sobrepasará el 25%, es decir que no tendrá problemas con la OMC.

En cuanto al arancel compensatorio también existe desde el 2016 y el decreto 1786 de 2017 le dio vigencia hasta finales del presente año, con dos diferencias: una tarifa mas alta (40%) y un umbral también más alto (prendas facturadas por debajo de 20 dólares el kilo).

Por tratarse de aranceles ya existentes, pierde validez el argumento económico de los importadores de que la medida va a presionar la inflación, perjudicar a los consumidores y aumentar el contrabando. No lo ha hecho en los años pasados. no hay razón para que lo haga ahora y el contrabando no se combate bajando aranceles sino fortaleciendo los controles.

Además si fuera cierto que pueden subir un poco los precios, esa no es razón para perjudicar a los productores nacionales y favorecer a los de otros países. Es el mismo error que cometió el Banco de la República cuando quiso usar la tasa de cambio como ancla antiinflacionaria: la revaluación frenó la inflación pero casi acaba con la industria y la agricultura nacionales.

El debate es incompleto porque no incluye otros eslabones de la cadena textil: los productores de hilos y de telas que también enfrentan la competencia desleal. El efecto es perverso porque se incentiva a los confeccionistas nacionales a comprar telas importadas a precios artificialmente bajos por el dumping subsidiado por otros países.

Cali 28 de abril de 2019

*Filósofo y Economista. Consultor.

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Juan Camilo Restrepo Salazar

Por Juan Camilo Restrepo Salazar*.- En los acuerdos de paz puede leerse lo siguiente: “con el propósito de garantizar condiciones de vida digna a las personas que habitan en el campo, el gobierno nacional creará e implementará el plan nacional de construcción y mejoramiento de la vivienda social rural”.

Resulta entonces muy oportuno preguntarnos cómo va la implementación de este punto. En Colombia a veces se olvida que el mayor déficit habitacional, tomando en cuenta los aspectos cualitativos y cuantitativos de la vivienda, está ubicado en el campo. Y no en las ciudades. Por eso, aún antes de que se firmaran los acuerdos de paz, se le dio una señalada importancia a los programas de vivienda como una de las piezas claves del desarrollo rural.

Durante el primer gobierno del Presidente Santos se le puso especial empeño a este propósito, y se lograron entregar entre 35 y 45 mil viviendas de interés social por año entre las familias campesinas pobres. Y se logró además desterrar todo asomo de clientelismo en la adjudicación de estas viviendas, lo que había sido una de las lacras en los anteriores programas.

Sin embargo, durante el último mandato del presidente Santos el empuje inicial comenzó a decaer y la clientelización invadió de nuevo como un cáncer las instancias oficiales encargadas de administrar los programas de vivienda rural. Basta recordar, entre otros muchos nocivos indicios, que el manejo de la entidad encargada en el Banco Agrario de los programas de vivienda rural se le encomendó a un valido del entonces senador Musa Besaile. No es difícil para el lector entender lo que sucedió entonces.

En lo que va corrido del actual gobierno las cosas han ido de mal en peor. El inmenso tema de la vivienda rural lo maneja una oficina subalterna de tercera categoría en el Ministerio de Agricultura, el presupuesto está reducido a la mínima expresión, y puede decirse que el mecanismo todo está paralizado. Como sucede con tantos otros programas cruciales en la implementación de los acuerdos de paz brilla la desidia y el desinterés político para implementarlos.

De unos años brillantes como fueron el 2012 y 2013 cuando se entregaron en promedio cerca de 35 mil viviendas de interés social rural por año, hemos llegado a la melancólica situación actual cuando en lo que va corrido del 2019 prácticamente no se ha entregado ninguna.

Hay que recordar que la vivienda de interés rural resulta mucho más económica que la urbana, pues los inmensos costos de extensión de las redes que requiere ésta última no se hacen necesarios en la de carácter rural. Casi podríamos decir que con lo que cuesta ofrecer una solución de vivienda en las ciudades se pueden construir 5 o 6 en la ruralidad.

El asunto ha vuelto a aflorar en estos días con las demoras de varios años que tomó en el Fondo de Adaptación la reubicación de viviendas en la vereda afectada recientemente por los deslizamientos en el municipio de Rosas Nariño. Esto es cierto y reprochable. Pero más lamentable aún es constatar que todo el mecanismo de la vivienda rural está paralizado en este momento.

En esta semana que concluye participé en un interesante taller convocado por la representante Juanita Goebertus sobre el tema de la vivienda rural que, como con tantos otros temas atinentes a la implementación de los acuerdos de paz, ha encontrado en esta diligente representante una de sus mejores aliadas. La parálisis inexcusable en que han caído los programas de vivienda rural fue objeto de cuidadosos análisis en ese taller.

Si queremos que los acuerdos de paz y en especial los atinentes al desarrollo rural integral no se queden en el papel, hay que comenzar por reanimar los hoy moribundos programas de la vivienda rural.

Pero, claro, como con tantos otros temas de la paz, se requiere una gigantesca voluntad política del gobierno que hoy brilla por su ausencia.

Bogotá, D. C, 28 de abril de 2019

*Abogado y Economista. Exministro de Estado.

 

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Jorge Enrique Robledo

Por Jorge Enrique Robledo*.- Durante el gobierno de Santos, la industria textil-confecciones perdió seiscientos mil empleos por las importaciones legales e ilegales, víctima de un sándwich diabólico: de un lado, las políticas de los gobiernos de los países asiáticos de tener salarios y demás costos de producción muy bajos y, del otro, las de los gobiernos colombianos de mantener altos dichos costos y muy bajos los aranceles de protección, imponiendo una competencia en extremo desleal y destructiva. Sacándole jugo político a semejante despropósito, el candidato Iván Duque les dijo a empresarios y trabajadores del sector que él iba “a aplicar el máximo arancel posible, para que no les quiten los puestos de trabajo a las operarias de las confecciones en Colombia”. Mas una vez montado en la Presidencia, Duque le ordenó a su ministro de Comercio que se burlara del compromiso adquirido.

Ante tanta desvergüenza, empresarios y trabajadores unidos con una mayoría de congresistas de todos los partidos estamos a punto de lograr que en el Plan de Desarrollo se apruebe el aumento de los aranceles a las confecciones, decisión clave para la recuperación de esta industria y para el progreso nacional. Pero a la medida la están atacando, colaborándole en su conejazo a Duque, las organizaciones que en Colombia representan los intereses de las trasnacionales fabricantes de confecciones en el extranjero e importadoras al territorio nacional, que se presentan como si representaran a todos los colombianos, incluidos los confeccionistas (!!!).

Entre las falacias lanzadas para seguir defendiendo intereses foráneos –y con el mismo discurso de fondo con el que pusieron a Colombia a importar 13,5 millones de toneladas de productos del agro y le eliminaron cultivos enteros–, asustan con la ilegalidad de las normas a punto de aprobarse. Pero el Congreso sí tiene esa potestad y la Organización Mundial del Comercio (OMC) la autoriza, como lo prueban los mayores aranceles que se aplican en Brasil, donde el Estado sí defiende a sus nacionales. Clave saber que Colombia no ha suscrito TLC con China ni con los demás países que arruinan a los confeccionistas, luego la posición de Santos y de Duque es un regalo, repito, ¡un regalo!, a las multinacionales.

Las organizaciones de importadores también afirman que si se elevan los aranceles se dispara el contrabando, cuando está disparado con los muy bajos aranceles de hoy. Bonita manera de silenciar que la causa fundamental del contrabando es un Estado corrupto que nunca ha hecho nada en serio para impedirlo, como tampoco persigue de verdad a los lavadores de dinero que financian a costos irrisorios a los contrabandistas. Y se firmó un TLC con Panamá que ratificó a ese país –que no produce confecciones ni nada– como la base desde la cual actúan contra Colombia importadores, matuteros y financistas corruptos. Las trasnacionales de la industria y el comercio que operan en Asia y Panamá además abastecen por igual a los importadores legales y a los ilegales, a los que tratan como iguales. Los gobiernos se han negado a tipificar el contrabando como delito autónomo, con lo cual lo facilitan, y Carrasquilla cambió la ley para que la Dian fije, y sin que pueda conocerse, la forma como calcula los precios de referencia de las importaciones, precios que por norma son bajísimos y mentirosos y sirven para que no se paguen los aranceles y los impuestos que deben pagarse.

Y también dicen que actúan así por el inmenso amor que les profesan a los colombianos, a quienes desean vestir con prendas muy baratas. Fábulas. Porque se importa a menores precios para quebrar a la industria, pero le venden caro a la gente y porque los pobres que carecen de empleo, que son legiones, no tienen con qué comprar ni lo de menor costo. En gracia de discusión, pregúntenles a los habitantes de Colombia qué prefieren: ¿si desempleo y cosas baratas –aun si lo fueren– o empleo y mercancías más costosas? No insistan en decir que porque algunos tienen asegurado ser consumidores durante el ciento por ciento de sus vidas, igual les ocurre a los demás colombianos.

Hasta cuándo van a seguir al mando en Colombia los mismos intermediarios y tecnócratas neoliberales que mandan desde 1990 – ¡28 destructivos y larguísimos años!–, a pesar del rotundo fracaso de sus políticas industriales y agropecuarias, tanto para producir para el mercado interno como para exportar. Son excelentes para favorecer a los productores extranjeros pero muy mediocres para reducir el alto “costo país” –tasas de interés, fletes, electricidad, insumos, impuestos, etc.– con el que a los colombianos les toca producir y competir, en tanto los gobiernos asiáticos sí reducen su “costo país” hasta el nivel necesario para vencer, a la par que reclutan en los países a derrotar a quiénes les reduzcan los aranceles por debajo de las tasas permitidas por la normas nacionales e internacionales.

Bogotá, 28 de abril de 2019.

*Senador del Polo Democrático Alternativo.

@JERobledo

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Mons. Cesar Alcides Balbín Tamayo

Por: Mons. Cesar Alcides Balbín Tamayo* - Sí, la sociedad en la que vivimos la podemos definir como una sociedad arrinconada. Podemos hablar de muchas clases de sociedad: la sociedad antigua o primitiva, la sociedad del medioevo, la sociedad moderna, la agraria, la urbana, la industrial, la sociedad de consumo, hasta «la sociedad de los poetas muertos», y la sociedad del miedo, en el sentido en el que lo dice el sociólogo alemán Heinz Bude, cuando afirma que esta sociedad está fuertemente marcada por la incertidumbre, la amargura, la rabia y la impotencia.  Esto se experimenta en muchos de los aspectos de la vida.

Todo esto lleva a vivir en la sensación de una constante derrota, en la imposibilidad o al menos en la gran dificultad para avanzar; a la soledad en medio de la turba, a unas ganas irrefrenables de no hacer nada, a sentir que no vale la pena, que esto no tiene sentido y que la fuerza de unos pocos arrodilla a muchos: a las personas, a las instituciones, al comercio, a la industria. 

Sí, así se siente cuando asistimos a lo que estamos asistiendo en nuestro medio: estamos arrodillados por un puñado de forajidos, sin Dios y sin ley. Pequeños grupos de delincuentes que a todos amenazan, que no le es suficiente que hayan invadido nuestras calles, nuestras escuelas y colegios de droga, llevando a niños y niñas, desde la más tierna edad, a perder lo más preciado como es su inocencia y su tranquilidad, y a depender de la malvada droga.

Todos acorralados: las autoridades, el Estado, que parece que funciona solo en la gran capital, y desde donde se hacen las leyes y se distribuyen las tareas, más no el presupuesto, gobiernos de escritorio que poco aparecen por nuestras veredas.  Acorralados en los campos o en los pueblos, donde mandan los que tienen un arma.  Todos confinados a las dos o tres calles del pueblo, y avanzando a pasos agigantados a sus casas, antes de que caiga la noche, a encerrarse por miedo a las bandas que han ocupado los espacios, incluso aquellos de las autoridades.

Llaman, juzgan, dictan sentencia, aplican la justicia, hacen las veces de jueces y con la facilidad de quien se toma un vaso de agua, aplican «la ley», la de ellos, y así disponen de los bienes e incluso de la vida de los demás.

Es una sociedad acorralada donde el respeto a la autoridad, (si es que la hay), ha desaparecido. Nuestros pueblos, nuestras calles y nuestras veredas están secuestrados nuestras familias, nuestros jóvenes y nuestros niños: todos secuestrados, todos acorralados, todos confinados, todos arrinconados. 

Ya los delincuentes no caben en las cárceles, tampoco en las calles. Vamos siempre a la defensiva, no sabemos con quien nos vamos a encontrar, cunde la desconfianza, y vamos en veloz carrera.  Tememos a las motos, tememos a los carros, tememos a los que van por las calles drogados, “greñudos y sucios”, tememos a los que avanzan de manera sospechosa. Tememos salir por las carreteras veredales, por las calles solitarias y por las calles congestionadas.  Tememos ir solos, tememos ir en el tumulto: ¡que contradicción!

Es esta la experiencia que se vive en este sur del Valle de Aburrá y en este Suroeste Cercano. La vida en nuestros pueblos se ha venido convirtiendo en una verdadera pesadilla.  Escuchar a los sacerdotes y a los laicos de la Diócesis, nos ha llevado a concluir que no hay rincón que se salve. Los pueblos grandes, los pequeños, los corregimientos, las veredas, todos viven la amarga experiencia de sentirse impotentes ante tanta inseguridad. Todos ubican con facilidad el origen de tanto mal. Ubican también los lugares, las bandas, los grupos, las personas. Saben de dónde procede la droga, quién la distribuye, de quién es este perverso mercado.  Y es cuando nos hacemos la pregunta: ¿será que las autoridades no lo saben o no lo quieren saber? ¿O sí lo saben, pero…? Hay que escuchar los lamentos y la impotencia de los alcaldes, ante los oídos sordos del gobierno departamental, por ejemplo, cuando ponen en su conocimiento toda esta tragedia. ¿Hasta cuándo?

La sociedad arrinconada es la sociedad del egoísmo: sálvese quien pueda. Es y seguirá siendo la sociedad del miedo, del silencio, muchas veces cómplice, y otras veces complaciente, máxime si seguimos en este silencio.

¿Tendremos que concluir, entonces, que en el Suroeste estamos perdiendo el norte?

Bogotá, D. C, 5 de mayo de 2019

* Obispo de Caldas

Fuente Conferencia Episcopal.

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José Félix Lafaurie Rivera

Por: José Félix Lafaurie Rivera*.-La hermosa alcancía metálica de “La Caja Agraria”, que fuera símbolo del ahorro en Colombia, hace parte de mis recuerdos de infancia. “La Caja”, una entidad querida por los colombianos, en buena hora perdió sus apellidos de “Industrial y Minera” para concentrarse en el sector agropecuario, pero en mala hora se ganó un lugar en la narrativa de la corrupción en Colombia, hasta su liquidación en 1999.

Nació entonces el “Banco Agrario”, moviéndose entre sus estratégicos objetivos misionales, pero sin desprenderse de su condición de fortín político, foco de corrupción y fuente de mermelada, como sucedió durante el gobierno Santos. Nunca entendí, por ejemplo, por qué el señor Iragorri, presidente de su Junta Directiva, le lanzó un salvavidas irregular de $120 mil millones a una empresa cuestionada y ajena al sector agropecuario, como Navelena, y no se le ocurrió hacerlo con Friogán, una empresa del sector, que hoy goza de buena salud, muy a su pesar, y que con una inyección de $40 mil millones se habría evitado el viacrucis que desembocó, entre otras cosas, en la liquidación del Fondo Nacional del Ganado.

Hoy soplan nuevos vientos y el Banco, bajo la gerencia de Francisco José Mejía, ha dado pasos enormes en el proceso de “limpiar la casa” y retomar su rumbo como una de las soluciones de fondo para el campo. Hace seis meses escribí sobre la crítica situación heredada y, por eso mismo, hoy considero pertinente y válido contrastar con ese “nuevo” Banco Agrario que hoy le ofrece alternativas al productor agropecuario.

De una caída, no en picada sino en barrena, de los saldos de cartera –la razón de ser de un banco– de 3,6 % al mes de agosto de 2018, no solo se logró revertir el proceso, sino generar un punto de inflexión y empezar a crecer a un ritmo que alcanzó el 3,2 % a marzo de 2019.

Mientras la cartera caía, los gastos, por el contrario, traían un ritmo de crecimiento desbordado, del 7 %, equivalente a más de $43 mil millones, una tendencia que también se logró detener y revertir, al punto de producir, entre agosto de 2018 y marzo de 2019, ahorros por más de $38 mil millones.

Hoy la Contraloría y la Procuraduría tienen los ojos puestos en contratos con tufillo –¿o hedor?– de corrupción como el del reforzamiento estructural del icónico edificio de la Avenida Jiménez, necesario, por su puesto, pero la cuenta ya va en $92 mil millones, con los que se habría podido adquirir una sede nueva.

Mucha basura escondida debajo del tapete está saliendo, al tiempo que empieza a entrar aire fresco por las ventanas de una institución asfixiada por la falta de transparencia y, además, rezagada frente a sus agresivos competidores del sector privado. La renovación tecnológica era inaplazable y avanza a buen ritmo; asimismo la internacionalización del Banco, que hoy ya tiene su primer corresponsal en Europa, el BNP Paribas, que selló su acuerdo con una línea de crédito de USD 60 millones, un voto de confianza en el Banco y en el gobierno del presidente Duque.

El reencuentro con los gremios, con los pequeños productores y con los sectores más desprotegidos del campo, como los beneficiarios de Familias en Acción, de los cuales se ha logrado bancarizar a 600 mil con la canalización de pagos a través del Banco, son algunas de las muchas facetas del nuevo Banco Agrario.

Parafraseando un viejo lema de campaña política, frente a las inmensas necesidades del campo colombiano, Al Banco Agrario le falta mucho por hacer…, pero lo está haciendo.

Bogotá, D. C, 5 de mayo de 2019

*Presidente de Fedegan

@jflafaurie

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Gabriel Ortiz

Por Gabriel Ortiz*.- El ocho se convirtió en un número karma para Colombia, al menos durante la primera década de este siglo. Había grandes esperanzas para esta nación en donde reinaban la violencia, el narco, el odio y el abuso.

El 2002 empezó con un viento fuerte de corta duración, para esta patria que soñaba con nuevos destinos que incluyeran paz e igualdad. Muchos pudieron regresar a sus lujosas fincas de recreo, y hasta gozaron de riquezas y comodidades mal, o bien habidas.

Pero el torbellino no llegó solo, porque más temprano que tarde, las cosas arrancaron con furia, odio y venganza. Ocho años de vicios, perfidia y felonía.

A estos se agregaron otros 8, durante los cuales, los viudos del poder se atravesaron para impedir que Colombia tomara el rumbo que sus habitantes esperaban, anhelaban y suspiraban. La paz fue el mejor regalo, presea y galardón; pero como en las malas competencias, los perdedores no toleran que los bajen del podio. Sin embargo ella se alcanzó y se disfruta, aunque sus enemigos quieran llevarla al cuarto de san alejo.

Grandes esperanzas hay sobre el nuevo gobierno de Iván Duque, a pesar de esos anillos que lo rodean y asedian, integrados por aventajados alumnos de quien malogró el primer ocho.

Por ello aterran los hechos que empiezan a aparecer en el panorama de esta nación: falsos positivos, chuzadas a la justicia, un millón de “cooperantes” que implantarán el terror en una población que no podrá volver a pensar, ni hablar; el paramilitarismo, la  persecución a la oposición, a la que le arrebatan sus curules; asesinatos de líderes sociales y su desplazamiento por la persecución; un fiscal parlanchín y muy dudoso, reaparición de las recompensas y otros atropellos que permanecen en la memoria de los compatriotas.

Están reviviendo el miedo y el pánico, esta vez con la extradición. Nadie se explica que sigamos siendo un país que tiene que amenazar a los narcos y a los maleantes con enviarlos a las cárceles de  Estados Unidos, para que allí, oculten sus secretos y salgan en muy pocos años a continuar sus andanzas. Colombia debe fortalecer su justicia para juzgarlos y castigarlos ejemplarmente aquí, para que Trump no nos acuse y nos “regañe” por estarle enviando nuestros delincuentes.

Urge aplicar tapabocas a ciertos funcionarios, especialmente al Ministro de Defensa y al Fiscal, que se desesperan ante cualquier micrófono o cámara de televisión. Solo así podrá gobernar Duque con tranquilidad. El Mindefensa debe entender que así lo haya impuesto Uribe para regresar a esos fatídicos 8, ahora hay un superior y un país a los que debe respetar, no decir mentiras y convencerse que es un simple ministro, así sea el de las armas y el glifosato.

BLANCO: Dos libros en la Feria: “Desde el fondo del Mar” de Colola Hoyos Turbay y “La Entretarde”de Hernán Estupiñán. El primero siembra el perdón y el segundo, enseña la importancia de una cita. 

NEGRO: En el Senado de Colombia, 34 son más que 47, según el bachiller Macías.

Bogotá, D. C, 3 de mayo de 2019

*Exdirector del Noticiero Nacional y de Notisuper La Noticia Viva.

        

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José G. Hernández

Por José G Hernández*.- Conversando un día con los doctores Álvaro Gómez Hurtado y Raimundo Emiliani Román sobre algunas de las normas aprobadas por la Asamblea Nacional Constituyente, nos decía el Dr. Gómez  que, a su juicio, los derechos derivados del trabajo son los de mayor legitimidad, no solamente por provenir del esfuerzo personal honesto sino por cuanto de ellos se deriva el digno sostén de la familia, célula básica de la sociedad, como lo proclamó la Constitución Política.

Ese concepto, que en dicha reunión compartimos por completo el Dr. Emiliani  y el suscrito, se reflejó después en varias providencias de la Corte Constitucional en las que tuve participación como magistrado. Porque, en realidad, allí descansa uno de los postulados básicos de nuestro sistema jurídico.

En efecto, el preámbulo de la Constitución -que, como lo expresó la Corte desde 1992, tiene fuerza vinculante y sustenta de fondo toda la estructura normativa- señala el del trabajo como uno de los valores esenciales del ordenamiento, al lado de la justicia, la libertad, la igualdad, el conocimiento y la paz, con todos los cuales, además, el valor del trabajo se relaciona y complementa.

Por su parte, el artículo 1 de la Carta Política menciona el trabajo como uno de los fundamentos del Estado Social y Democrático de Derecho, y la Corte Constitucional, desde la Sentencia T-02 de 1992 (M.P.: Dr. Alejandro Martínez Caballero), reconoció al trabajo como derecho fundamental, por tanto inalienable, en cabeza de toda persona.

El artículo 25 de la Constitución concibe al trabajo como un derecho y una obligación social y estipula que él goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado, luego de ese mandato se deduce que cuando organismos o funcionarios públicos dejan desprotegido al trabajador y sin amparo sus derechos, en realidad vulneran la Constitución y faltan a una de sus principales obligaciones.

Declara también la norma que “toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”, lo cual excluye toda forma de explotación o aprovechamiento indebido  por parte de quien –sea empresa pública o privada- hace uso de los servicios prestados por  el trabajador.

El artículo 53 de la Constitución ordena al legislador que profiera el Estatuto del Trabajo, normatividad que debe partir, al menos,  de los principios mínimos fundamentales que la propia norma superior se ocupa en señalar: igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.

Infortunadamente, desde 1991 hasta hoy, gobiernos y congresos han hecho caso omiso de la norma, la han incumplido, y no tenemos un estatuto del trabajo. Fue la anterior -no la actual-  jurisprudencia de la Corte Constitucional la que desarrolló los principios fundamentales en referencia.

Un saludo a todos los trabajadores colombianos en su día.

Bogotá, D. C, 1 de mauo de 2019

*Epresidente de la Corte Constitucional.

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Víctor G Ricardo

Por Víctor G Ricardo*.- La liberación en Venezuela del líder opositor Leopoldo López, apoyada y respaldada por parte de un grupo integrante de las fuerzas militares de dicho país, es una señal de que la aparente unidad de las fuerzas de seguridad venezolanas empieza a verse fracturada y ello abre paso a lo que podría ser el camino de solución a la situación del vecino país, porque detrás de Maduro y el sostenimiento de su gobierno se encuentra el respaldo del poder militar como uno de los principales bastiones, sin desconocer el papel que juega la numerosa presencia de cubanos y los intereses políticos y económicos de Rusia, China y Turquía.

Señalo que puede darse un camino de solución sin considerar que el mismo esté garantizado, pues una vez más las oportunidades de resolver el caos que se vive en Venezuela quedan en manos de los propios venezolanos, quienes son los únicos llamados a liderar este nuevo hito político-militar y usarlo estratégicamente para terminar la horrible tragedia que han venido sufriendo en manos de Maduro y establecer así un nuevo gobierno que pueda empezar a darle ordenamiento y soluciones a un futuro democrático, social y económico.
Esta tarea va a ser larga y difícil y los venezolanos deben entender que además de contar con el apoyo de la comunidad internacional, requieren de parte de ellos mismos un liderazgo colectivo superior que sea capaz de movilizar a todo un país y unir a este movimiento popular a las fuerzas armadas, quienes bajo la fórmula de adecuado liderazgo y respaldo popular deberán entender la necesaria solidaridad que de ellos se espera en estos críticos momentos.
Está claro que el señor Maduro -al ver que se le pueden estar acabando sus horas en el poder- no se va a quedar quieto y va a acudir a sus seguidores y a las milicias armadas que respaldan y apoyan su mandato, así como a los países aliados a sus intereses y puede presentarse un enfrentamiento donde se pierdan vidas y haya masacres incalculables.
Pero también lo que es claro es que si los venezolanos no aprovechan la división en las Fuerzas Armadas que se ha presentado hoy y no logran hacer la convocatoria popular que se requiere, Maduro se dará como triunfador, usará a la Fiscalía para castigar a los militares y a los dirigentes políticos  que intervinieron y  tratará de fortalecerse apoyado en el miedo de sus opositores y el respaldo internacional de los gobiernos que les interesa que Maduro permanezca para proteger sus intereses políticos y económicos.
Claramente hay una nueva oportunidad, pero ésta solo se materializará en la medida que los venezolanos demuestren su liderazgo. Un liderazgo colectivo, sin divisiones y sustentado en el clamor popular, ejercido desde Venezuela y por los propios venezolanos, con el claro y contundente respaldo de la comunidad internacional.

Bogotá, D. C, 1 de mayo de 2019.

*Excomisionado de Paz.

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Jairo Gómez

Por Jairo Gómez*.- “Sicario… Sicario… Sicario…” le espetaba con ira e intenso dolor desde su curul, arropado con la soberbia de su bancada de 18 senadores, el expresidente Álvaro Uribe al líder de la oposición Gustavo Petro, tras una recia confrontación política en torno a las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP.

Me sorprendió la reacción del líder del Centro Democrático, un hombre hecho en la confrontación política y curtido en el debate ideológico. Desdice de su temple de exgobernante que apele a la descalificación para deslegitimar al contradictor con insultos, sin otro argumento que el de invocar de nuevo la guerra como fórmula para dirimir las diferencias: “prefiero 80 guerrilleros en armas a un difamador moral”.

No es estimulando los vientos de guerra como se construye el debate político; tampoco ignorando deliberadamente la institucionalidad para descuadernar el país más de lo que está; bienvenida la controversia, pero no el agravio para desprestigiar a quienes hoy ostentan sus curules en el Congreso producto de un acuerdo de paz; esos exguerrilleros y exguerrilleras le han cumplido al país y hoy desde ese compromiso hacen la política sin armas, respetando las reglas que les impone la democracia. 

Lo ocurrido para bien del país en el Senado no fue una gresca y tampoco un intercambio verbal como quisieron descalificar los medios de comunicación el debate Uribe-Petro para quitarle validez a una polémica seria y de fondo que desnudó dos visiones de país: la autoritaria, refractaria a los cambios; y la que convoca a superar el conflicto interno bajo la égida de cimentar los cambios de Colombia sobre la base de reconocer las causas del conflicto y encontrarles una solución que neutralice la repetición y la revictimización de las víctimas.

No es satanizando el debate como se construye un espacio para la controversia política que se fundamente en los problemas de la nación; controvertir el modelo de país que se nos quiere imponer a través del Gobierno Duque tampoco es polarizar, es abrir una discusión amplia y sin tapujos; el debate sobre las objeciones presidenciales fue un buen vehículo para descubrir el proyecto de país que nos propone una facción política –el Centro Democrático- que busca trascender estos cuatro años en el poder bajo una marca indeleble: mantener intacto el statu quo.

Es incuestionable que ellos –el Gobierno y el CD- están jugados con un “Plan Nacional de Desarrollo. Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, evidentemente excluyente y con claros propósitos para favorecer privilegios. La otra orilla -la centro izquierda- aborda críticamente ese proyecto confrontándolo con los beneficios del acuerdo de paz, que no es la panacea, pero sí la línea de discusión más adecuada para que se puedan debatir los problemas más urgentes que requieren una solución que no da espera.

Esos son los dos modelos de país que están en juego para los próximos años: Duque y sus copartidarios del CD quieren perpetuar el actual estado de las cosas sin que se les toque una coma, y para ello están utilizando las artimañas más insospechadas para desacatar las cortes y sus fallos, desprestigiar y hostigar constantemente a la JEP para evitar a toda costa la verdad sobre quienes fueron los responsables de esta guerra que nos dejó más de 220.000 muertos. Quieren, pero no van a poder diseñar el viejo Frente Nacional que sirva de cómplice a semejante despropósito. Los colombianos no queremos que la guerra nos vuelva a pisar los talones.

A ese proyecto de país es que tienen que responder con inteligencia, pero con una buena dosis de pragmatismo las fuerzas alternativas si quieren romper un proyecto político que, repito, busca trascender los cuatro años en el poder. Esa es la disyuntiva, derrotar al viejo país o construir uno nuevo, donde quepamos todos. Los españoles lo hicieron el pasado domingo.

Bogotá, 30 de abril de 2019

*Periodista y Analista Político.

@jairotevi

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Amylkar D Acosta M

Por Amylkar D. Acosta M*.- Uno de los tantos temas espinosos contemplados en el PND que se debate en el Congreso de la República es el que hace relación a los precios de los combustibles. Cuando nadie se lo esperaba, sorpresivamente, el Ministro de Hacienda sacó una carta de la manga, proponiendo para el segundo debate del PND bajar el IVA a los combustibles del 19% a sólo 5%, con lo cual supuestamente se reduciría el precio al consumidor final en $700 por galón, aproximadamente, creándole falsas expectativas al consumidor que esperaría con esta medida un alivio para sus bolsillos.

El Presidente de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes Oscar Darío Pérez se apresuró a decir que “eso tendrá que reflejarse en un menor valor del galón.”. Pero, el Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla está pensando otra cosa distinta, según él “lo que se quiere con la propuesta es racionalizar la estructura de entregas de subsidios en materia de combustibles”. Dicho en romance paladino, de lo que se trata es de desmontar el subsidio a los combustibles, que el año pasado le costó al gobierno $4 billones y si a este monto le descontamos el menor recaudo por este IVA, que sería el costo fiscal de dicha medida, que se calcula en $2 billones, el saldo neto de la combinación de estas dos medidas, tomadas pari pasu, arrojaría un saldo de $2 billones a favor del fisco nacional (!).

Al liberarse los precios, dada la coyuntura actual de los precios internacionales del crudo y el comportamiento de la tasa de cambio, que también los afecta, que tiende hacia una mayor devaluación, la cual después de guardar una correlación inversa del 86% con respecto a los precios del petróleo ahora es de sólo el 15%, es de esperar que, a despecho de lo que espera el Representante Oscar Dario Pérez, la baja del IVA del 19% al 5%, no se va a poder reflejar “en un menor valor del galón” de combustible. Al contrario, lo que se le estaría es abriendo espacio a nuevas alzas de los precios de los combustibles. Esta es la verdad monda y lironda, sin ambages.

Los precios seguirán al alza, siendo mayor el impacto en las fronteras, que está sujetas a un régimen, en donde los combustibles están exentos del pago de IVA y del impuesto nacional, pues al tener que incrementar el ingreso al productor, en aproximadamente $600 por galón, se incrementaría el precio al consumidor final en la misma proporción. Huelga decir que este incremento en los precios de los combustibles en la frontera terminaría estimulando, aún más, el contrabando de combustibles en la frontera.

Según el Representante  a la Cámara Oscar Darío Pérez  se le puso una condición al gobierno para el trámite y aprobación de la propuesta del gobierno que las empresas refinadoras y en Colombia no hay sino una que es la estatal ECOPETROL, no puedan descontarse los IVA a favor más de ese 5%, “ya que ese sería un impuesto al revés”. Y ello tendría sus consecuencias.

En Efecto, como ECOPETROL incurre en la obligación de pagar IVA a lo largo de la cadena, al no poderlo descontar plenamente, como lo viene haciendo, la diferencia de los 14 puntos porcentuales se traducen en mayores costos, estos a su vez impactan sus utilidades y de contera a los dividendos que ECOPETROL le paga a la Nación, como su accionista mayoritario, con lo cual terminarían dándole un tiro en el pié. Se estima que los mayores costos para ECOPETROL por este concepto serían del orden de los US $500 millones anuales. Y ello porque, como solemos decir a menudo los economistas, no hay almuerzo gratis, será a ello que se refiere el Subdirector de Planeaciónm Nacional cuando advierte que dicha medida “no tiene un costo fiscal tan grande para la Nación, porque lo que reduce por recaudo lo compensa parcialmente por menores deducciones de IVA”?

A las consideraciones anteriores se viene a sumar una inquietud que me asalta, sobre la legalidad de esta propuesta extemporánea, que nunca se consideró en el primer debate del proyecto del PND. Hay dos principios fundamentales, complementarios ellos, que rigen el trámite y aprobación de las leyes, el uno la unidad de materia, prescrito por la Constitución Política en su artículo 158 y el otro el de la consecutividad en los sucesivos debates que debe surtir un proyecto, cuya trasgresión vicia su trámite. Según la sentencia C – 702 de 1999 de la Corte Constitucional, entre el primero y segundo debate de un proyecto este puede sufrir modificaciones y/o adiciones, pero siempre y cuando el texto en cuestión haya sido aprobado en primer debate. No será este el caso, por que se trata de un artículo nuevo que se estaría incorporando a la ponencia para segundo debate? Doctores tiene la Santa Madre iglesia! 

Bogotá, abril 27 de 2019

*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.

www.amylkaracosta.net

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Mauricio Cabrera Galvis

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Una tormenta en un vaso de agua es la que se desatado frente a la propuesta de incluir en la ley del Plan de Desarrollo (PND) dos artículos que establecen aranceles a la importación de confecciones y prendas de vestir. Los gremios de importadores (Fenalco y la ANDI) se han rasgado las vestiduras (que deben ser importadas) rechazando los aranceles, mientras que los confeccionistas los defienden a capa y espada. Es un debate trasnochado, más político que económico, y que además solo incluye una parte del problema del sector textil.

La propuesta del PND es doble: un arancel compensatorio del 37,9% solo para las prendas que se declaren a un valor inferior a 20 dólares por kilo y, para las que estén por encima de ese umbral, un arancel mixto de 10% más 3 dólares por kilo. Se trata de evitar el lavado de dinero que se hace con la subfacturación de importaciones.

El debate es trasnochado porque ya con el decreto 456 de 2014 se había establecido un arancel mixto de 10% más 5 dólares por kilo para prendas con valor superior a 10 dólares. Este fue rechazado por la OMC porque podía superar el tope máximo de arancel de 40% permitido por ese organismo para las confecciones. La propuesta actual de 3 dólares por kilo y un umbral de 20 dólares nunca sobrepasará el 25%, es decir que no tendrá problemas con la OMC.

En cuanto al arancel compensatorio también existe desde el 2016 y el decreto 1786 de 2017 le dio vigencia hasta finales del presente año, con dos diferencias: una tarifa mas alta (40%) y un umbral también más alto (prendas facturadas por debajo de 20 dólares el kilo).

Por tratarse de aranceles ya existentes, pierde validez el argumento económico de los importadores de que la medida va a presionar la inflación, perjudicar a los consumidores y aumentar el contrabando. No lo ha hecho en los años pasados. no hay razón para que lo haga ahora y el contrabando no se combate bajando aranceles sino fortaleciendo los controles.

Además si fuera cierto que pueden subir un poco los precios, esa no es razón para perjudicar a los productores nacionales y favorecer a los de otros países. Es el mismo error que cometió el Banco de la República cuando quiso usar la tasa de cambio como ancla antiinflacionaria: la revaluación frenó la inflación pero casi acaba con la industria y la agricultura nacionales.

El debate es incompleto porque no incluye otros eslabones de la cadena textil: los productores de hilos y de telas que también enfrentan la competencia desleal. El efecto es perverso porque se incentiva a los confeccionistas nacionales a comprar telas importadas a precios artificialmente bajos por el dumping subsidiado por otros países.

Cali 28 de abril de 2019

*Filósofo y Economista. Consultor.

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Juan Camilo Restrepo Salazar

Por Juan Camilo Restrepo Salazar*.- En los acuerdos de paz puede leerse lo siguiente: “con el propósito de garantizar condiciones de vida digna a las personas que habitan en el campo, el gobierno nacional creará e implementará el plan nacional de construcción y mejoramiento de la vivienda social rural”.

Resulta entonces muy oportuno preguntarnos cómo va la implementación de este punto. En Colombia a veces se olvida que el mayor déficit habitacional, tomando en cuenta los aspectos cualitativos y cuantitativos de la vivienda, está ubicado en el campo. Y no en las ciudades. Por eso, aún antes de que se firmaran los acuerdos de paz, se le dio una señalada importancia a los programas de vivienda como una de las piezas claves del desarrollo rural.

Durante el primer gobierno del Presidente Santos se le puso especial empeño a este propósito, y se lograron entregar entre 35 y 45 mil viviendas de interés social por año entre las familias campesinas pobres. Y se logró además desterrar todo asomo de clientelismo en la adjudicación de estas viviendas, lo que había sido una de las lacras en los anteriores programas.

Sin embargo, durante el último mandato del presidente Santos el empuje inicial comenzó a decaer y la clientelización invadió de nuevo como un cáncer las instancias oficiales encargadas de administrar los programas de vivienda rural. Basta recordar, entre otros muchos nocivos indicios, que el manejo de la entidad encargada en el Banco Agrario de los programas de vivienda rural se le encomendó a un valido del entonces senador Musa Besaile. No es difícil para el lector entender lo que sucedió entonces.

En lo que va corrido del actual gobierno las cosas han ido de mal en peor. El inmenso tema de la vivienda rural lo maneja una oficina subalterna de tercera categoría en el Ministerio de Agricultura, el presupuesto está reducido a la mínima expresión, y puede decirse que el mecanismo todo está paralizado. Como sucede con tantos otros programas cruciales en la implementación de los acuerdos de paz brilla la desidia y el desinterés político para implementarlos.

De unos años brillantes como fueron el 2012 y 2013 cuando se entregaron en promedio cerca de 35 mil viviendas de interés social rural por año, hemos llegado a la melancólica situación actual cuando en lo que va corrido del 2019 prácticamente no se ha entregado ninguna.

Hay que recordar que la vivienda de interés rural resulta mucho más económica que la urbana, pues los inmensos costos de extensión de las redes que requiere ésta última no se hacen necesarios en la de carácter rural. Casi podríamos decir que con lo que cuesta ofrecer una solución de vivienda en las ciudades se pueden construir 5 o 6 en la ruralidad.

El asunto ha vuelto a aflorar en estos días con las demoras de varios años que tomó en el Fondo de Adaptación la reubicación de viviendas en la vereda afectada recientemente por los deslizamientos en el municipio de Rosas Nariño. Esto es cierto y reprochable. Pero más lamentable aún es constatar que todo el mecanismo de la vivienda rural está paralizado en este momento.

En esta semana que concluye participé en un interesante taller convocado por la representante Juanita Goebertus sobre el tema de la vivienda rural que, como con tantos otros temas atinentes a la implementación de los acuerdos de paz, ha encontrado en esta diligente representante una de sus mejores aliadas. La parálisis inexcusable en que han caído los programas de vivienda rural fue objeto de cuidadosos análisis en ese taller.

Si queremos que los acuerdos de paz y en especial los atinentes al desarrollo rural integral no se queden en el papel, hay que comenzar por reanimar los hoy moribundos programas de la vivienda rural.

Pero, claro, como con tantos otros temas de la paz, se requiere una gigantesca voluntad política del gobierno que hoy brilla por su ausencia.

Bogotá, D. C, 28 de abril de 2019

*Abogado y Economista. Exministro de Estado.

 

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Jorge Enrique Robledo

Por Jorge Enrique Robledo*.- Durante el gobierno de Santos, la industria textil-confecciones perdió seiscientos mil empleos por las importaciones legales e ilegales, víctima de un sándwich diabólico: de un lado, las políticas de los gobiernos de los países asiáticos de tener salarios y demás costos de producción muy bajos y, del otro, las de los gobiernos colombianos de mantener altos dichos costos y muy bajos los aranceles de protección, imponiendo una competencia en extremo desleal y destructiva. Sacándole jugo político a semejante despropósito, el candidato Iván Duque les dijo a empresarios y trabajadores del sector que él iba “a aplicar el máximo arancel posible, para que no les quiten los puestos de trabajo a las operarias de las confecciones en Colombia”. Mas una vez montado en la Presidencia, Duque le ordenó a su ministro de Comercio que se burlara del compromiso adquirido.

Ante tanta desvergüenza, empresarios y trabajadores unidos con una mayoría de congresistas de todos los partidos estamos a punto de lograr que en el Plan de Desarrollo se apruebe el aumento de los aranceles a las confecciones, decisión clave para la recuperación de esta industria y para el progreso nacional. Pero a la medida la están atacando, colaborándole en su conejazo a Duque, las organizaciones que en Colombia representan los intereses de las trasnacionales fabricantes de confecciones en el extranjero e importadoras al territorio nacional, que se presentan como si representaran a todos los colombianos, incluidos los confeccionistas (!!!).

Entre las falacias lanzadas para seguir defendiendo intereses foráneos –y con el mismo discurso de fondo con el que pusieron a Colombia a importar 13,5 millones de toneladas de productos del agro y le eliminaron cultivos enteros–, asustan con la ilegalidad de las normas a punto de aprobarse. Pero el Congreso sí tiene esa potestad y la Organización Mundial del Comercio (OMC) la autoriza, como lo prueban los mayores aranceles que se aplican en Brasil, donde el Estado sí defiende a sus nacionales. Clave saber que Colombia no ha suscrito TLC con China ni con los demás países que arruinan a los confeccionistas, luego la posición de Santos y de Duque es un regalo, repito, ¡un regalo!, a las multinacionales.

Las organizaciones de importadores también afirman que si se elevan los aranceles se dispara el contrabando, cuando está disparado con los muy bajos aranceles de hoy. Bonita manera de silenciar que la causa fundamental del contrabando es un Estado corrupto que nunca ha hecho nada en serio para impedirlo, como tampoco persigue de verdad a los lavadores de dinero que financian a costos irrisorios a los contrabandistas. Y se firmó un TLC con Panamá que ratificó a ese país –que no produce confecciones ni nada– como la base desde la cual actúan contra Colombia importadores, matuteros y financistas corruptos. Las trasnacionales de la industria y el comercio que operan en Asia y Panamá además abastecen por igual a los importadores legales y a los ilegales, a los que tratan como iguales. Los gobiernos se han negado a tipificar el contrabando como delito autónomo, con lo cual lo facilitan, y Carrasquilla cambió la ley para que la Dian fije, y sin que pueda conocerse, la forma como calcula los precios de referencia de las importaciones, precios que por norma son bajísimos y mentirosos y sirven para que no se paguen los aranceles y los impuestos que deben pagarse.

Y también dicen que actúan así por el inmenso amor que les profesan a los colombianos, a quienes desean vestir con prendas muy baratas. Fábulas. Porque se importa a menores precios para quebrar a la industria, pero le venden caro a la gente y porque los pobres que carecen de empleo, que son legiones, no tienen con qué comprar ni lo de menor costo. En gracia de discusión, pregúntenles a los habitantes de Colombia qué prefieren: ¿si desempleo y cosas baratas –aun si lo fueren– o empleo y mercancías más costosas? No insistan en decir que porque algunos tienen asegurado ser consumidores durante el ciento por ciento de sus vidas, igual les ocurre a los demás colombianos.

Hasta cuándo van a seguir al mando en Colombia los mismos intermediarios y tecnócratas neoliberales que mandan desde 1990 – ¡28 destructivos y larguísimos años!–, a pesar del rotundo fracaso de sus políticas industriales y agropecuarias, tanto para producir para el mercado interno como para exportar. Son excelentes para favorecer a los productores extranjeros pero muy mediocres para reducir el alto “costo país” –tasas de interés, fletes, electricidad, insumos, impuestos, etc.– con el que a los colombianos les toca producir y competir, en tanto los gobiernos asiáticos sí reducen su “costo país” hasta el nivel necesario para vencer, a la par que reclutan en los países a derrotar a quiénes les reduzcan los aranceles por debajo de las tasas permitidas por la normas nacionales e internacionales.

Bogotá, 28 de abril de 2019.

*Senador del Polo Democrático Alternativo.

@JERobledo

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