Alfredo Benavides C

Por Alfredo Benavides C*.- Colombia es un País con más del 50% de su población en informalidad  según el DANE. Esto significa que la mitad de los Colombianos viven del rebusque; profesional, técnico, comercial y otros. Muchas estrategias, programas, estudios se han aplicado, pero persiste el fenómeno con las graves consecuencias tributarias y de ilegalidad.

La propuesta puntual para derrotar la informalidad es clusterizar la economía de manera masiva. En otras palabras, agrupar por actividades productivas similares, complementarias o iguales que comparten cercanía geográfica, y que podrían contar con el apoyo de la academia y los gobiernos locales. No es cooperativismo, ni asociatividad, va más allá: generar competitividad y crowdsourcing, algo así como entre todos construir un aeropuerto para competir después por los pasajeros colaborativamente.

Para el desarrollo de esta iniciativa lo primero es hacer censos de productividad o económicos por localidades, barrios, veredas, pueblos, ciudades. Preguntar qué actividades productivas en servicios y/o fabricación de bienes se están haciendo y si se tiene el conocimiento o experiencia.

Utilizar las TICs o tecnologías de información y comunicaciones para georeferenciarlas agrupando actividades productivas, iguales, similares o complementarias. Vinculando a las universidades, institutos de investigación, cámaras de comercio, que estén cerca o que tengan influencia. También a los gobiernos departamental y municipal, creando clusteres masivamente, ejemplo: textiles, gastronómicos, informáticos, servicios de hogar, ventas ambulantes, en este caso, la venta de empanada dejaría de ser “ilegal”.

Es importante tener presente que se deben crear los clusteres bajo la dirección de clusters manager o expertos en clusteres que identifiquen los negocios productivos viables en especial para exportación.

El ciudadano (a) también podrá ser visto como empresa con el fin de registrarse como individuo productivo siendo parte de un cluster conjuntamente con micro empresas, empresas, industrias y otras que comparten su misma actividad productiva.

De esta manera estaríamos fomentando la innovación y creatividad propia e innata Colombiana, acabando la informalidad, aumentando una especial renta tributaria y por ende impulsando la economía nacional.

Barrancabermeja, 8 de marzo de 2019

*Ingeniero experto en Clusterización de la Economía.

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Gabriel Ortiz

Por Gabriel Ortiz.- Esta novela no ha terminado. Hay varios capítulos extraviados, perdidos o escondidos a propósito. Parece una obra de misterio, porque sus recónditos pasajes parecen ridículamente fabricados para llegar a un fin sospechoso e inaccesible a la razón. Pero en la medida en que se descorre el velo, se agigantan los objetivos que ciertos sectores políticos persiguen, guiados por los enemigos de una paz estable y duradera. Ese es el sainete del caso Santrich, que involucra Jep, Farc, fiscalía, Centro Democrático, paramilitares, ejecutivo, legislativo y judicial.

Frenéticamente se acude a falaces argumentos para demoler y volver trizas los acuerdos  que nos han permitido tranquilidad y convivencia. El jefe del Centro Democrático y sus áulicos, dicen que hay que acabar con la Jep, pero que por falta de votos, tendrán que pedir al legislativo 8 modificaciones.

Iniciaron sus ataques y desprestigio de la JEP desde que la debatieron en el Congreso. No resisten un país en paz y una población pensante, libre y tranquila. Con falsas noticias, denigraciones y miedos lograron ganar el plebiscito con unos pocos votos. Sus partidarios se han favorecido con la JEP, pero siguen mancillándola y censurándola. Nada los llena, su objetivo es: ¡destruirla! Por ello el autor de “La Inconclusa”, novela de puño y letra de NHMN, sale con el capítulo de Santich, en el cual sus protagonistas caen en toda suerte de contradicciones. Un fiscal de la JEP sin poder alguno, recibe fajos de dólares de la Fiscalía. Se ofrecen 12 millones de dólares para que Santrich no sea extraditado, sin que pueda existir funcionario alguno de la JEP para lograrlo. (Si Trump ofrece 1 millón de dólares por el hijo de Bin Laden, ¿Cómo explicar que Santrich, valga doce veces más?) Se critica al fiscal de la JEP, pero no a Moreno, fiscal anticorrupción, nombrado por Néstor Humberto Martínez, autor de esta novela inconclusa. Tampoco por ello ven sombras en la Fiscalía.

Quieren que sea el Presidente Duque, quien haga el gasto de enterrar la paz, objetando la Ley Estatutaria. Desprestigian por igual y sin rubor a magistrados y empleados de la JEP, con su presidenta Patricia Linares a la cabeza. No han ahorrado epítetos del más grueso calibre contra la honestidad de unos funcionarios que están aplicando justicia sin impunidad, ajustándose a leyes y normas legales existentes, así no se haya firmado la ley estatutaria de la JEP.

Si como lo afirma el senador Uribe, encuentra sombras en la JEP, también las hay en la Fiscalía y demás entidades de los tres poderes, desde su gobierno. Debe entonces buscar una reforma total, no parcial, engañosa o pérfida.

De todos los sectores de la población, piden que se mantenga la JEP y se firme la esperada Ley. El ecuánime Procurador pide claridad sobre esta maraña, engañosa y malintencionada, porque la novela sigue inconclusa.

NEGRO: Peñalosa, tuvo que eliminar el slogan: “Bogotá mejor para todos”, porque se volvió “peor para todos”.

NEGRO: Los apuros en que se encuentran los “Matador-crocs”, zapatos oficiales del uribismo.

Bogotá, D. C, 7 de marzo de 2019

*Exdirector del Noticiero Nacional y de Notisuper.

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Clara López Obregón

Por Clara López Obregón*.- El Plan Nacional de Desarrollo contiene un amplio espectro de reformas normativas que rebasan las potestades constitucionales de dicho instrumento.

Entre las más cuestionadas, se encuentra la solicitud de facultades extraordinarias para crear, modificar y fusionar entidades del orden ejecutivo nacional, realizar las modificaciones presupuestales correspondientes y crear, fusionar o suprimir los empleos que demande el ejercicio de las facultades extraordinarias solicitadas.

Otro artículo que exige atención es el 187 que deroga 88 normas vigentes, entre ellas, la que impide el crecimiento de las nóminas estatales. Fue en otro plan de desarrollo, en artículo semejante, cuando se sustrajeron los recursos de la educación superior que ha venido reclamando el movimiento estudiantil. También se objetan con insistencia, el artículo que traslada al Ministerio de Hacienda el manejo del presupuesto de inversión y el que faculta al Ministerio de Minas y Energía para elaborar la metodología de la fijación de los precios de los combustibles.

Con este plan, el Gobierno pretende darle una interpretación extensiva al artículo 341 de la Constitución que dispone que la Ley del Plan Nacional de Desarrollo “tendrá prelación sobre las demás leyes; (y que) en consecuencia sus mandatos constituirán mecanismos idóneos para su ejecución y suplirán los existentes sin necesidad de expedición de leyes posteriores.” A pesar de la amplitud aparente del texto, la Corte Constitucional ya ha confirmado que su extensión está limitada por el principio de la “unidad de materia” (Art. 158) que tiene claras reglas para su aplicación.

En concreto, mediante sentencia C-305 de 2004, que versó sobre demandas a la ley del plan de 2003, la corte cerró la tronera que ahora se busca abrir al declarar que, si bien “es posible afirmar que en el plan caben todas las normas jurídicas que, a pesar de su diversidad temática, sean necesarias para impulsar o ejecutar idóneamente los programas y proyectos de inversión”, la relación de conexidad entre dichas normas y los programas y proyectos a ejecutar debe ser “directa e inmediata.” En efecto, sigue la sentencia, “el criterio para examinar la unidad de materia de las disposiciones instrumentales contenidas en la ley del plan es el relativo a su conexidad directa, no eventual o mediata, con las normas que establecen los programas y proyectos contemplados en la parte general del plan y con aquellas otras que especifican los recursos para su ejecución.”

Es claro que las amplísimas facultades extraordinarias solicitadas para crear, fusionar y suprimir un número indeterminado de entidades públicas tienen una conexidad apenas “mediata” o “eventual” con los objetivos y políticas públicas del plan. En palabras de la corte, la conexidad es mediata cuando que “la efectivización de la norma general programática o financiera no se deriva directamente de la ejecución de la norma instrumental particular, sino que adicionalmente requiere del cumplimiento o la presencia de otra condición o circunstancia.” Una reestructuración del sector público nacional requiere, sin duda, la presencia de múltiples circunstancias y condiciones para impactar los programas y proyectos del Plan de Desarrollo.

Pero eso es lo de menos. Las pretendidas facultades para reestructurar todo el sector público nacional riñen con la separación de poderes y la deliberación pública informada en democracia que son de la esencia del Estado social y democrático de derecho.

El Congreso debe hacer valer sus fueros constitucionales y proceder a negar todas las normas que solo tienen una conexidad indirecta con los programas y proyectos del Plan de Desarrollo. No hacerlo equivaldría a cohonestar el vaciamiento de sus propias competencias. Con el procedimiento fast  track de aprobación de la ley del plan que cuenta con apenas tres meses para su discusión, todas las materias mencionadas carecerían de las garantías constitucionales para el examen exhaustivo y completo que solamente el procedimiento constitucional ordinario puede ofrecer.

Bogotá, D. C, 6 de marzo de 2019

*Precandidata a la Presidencia y Excandidata a la Vicepresidencia de Colombia. Exalcaldesa de Bogotá y Exministra de Trabajo.

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José G Hernández

Por José G Hernández*.- Los más recientes acontecimientos relacionados con la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, son de extrema gravedad -ello es inocultable- en cualquiera de las varias hipótesis que se han venido tejiendo sobre la realidad y los cerebros que han configurado o propiciado tan vergonzosos episodios.

Lo acontecido muestra que, tras la flagrancia que se aprecia en el video que distribuyó la Fiscalía General de la Nación, hay algo mucho más profundo y penoso. Y tenemos la sensación de que estamos apenas ante “la punta del iceberg”. Resulta ostensible que -venga de donde viniere- en todo esto hay un alto grado de corrupción respecto al cual deben actuar el Estado y sus autoridades, de modo que no se perpetúe la impunidad.

Igualmente es claro  que no estábamos descaminados quienes formulábamos observaciones acerca de la improvisación en que insistieron Gobierno y Congreso cuando se puso en vigencia el procedimiento legislativo abreviado “Fast track”; cuando se dictaron las normas que implementaron el proceso de paz; cuando fueron proferidos confusos fallos de la Corte Constitucional al respecto; cuando se dio posesión a los magistrados de la JEP sin normas procesales y  sin que hubiera sido expedida la ley estatutaria, indispensable para su organización; cuando se improvisó en la designación de los funcionarios de la JEP; cuando pasaron  inadvertidas las denuncias acerca de su excesiva burocracia; cuando se estableció que sería la JEP la encargada de resolver sobre la fecha de los hechos delictivos ante solicitudes de extradición de los ex guerrilleros; cuando la JEP ha demorado tanto su decisión en la materia en el caso de alias “Jesús Santrich”; cuando inexplicablemente se perdió la carta rogatoria enviada a los Estados Unidos acerca de ese caso.

Ahora resulta que, según la Fiscalía, se cometió el delito de cohecho con participación de un Fiscal de la JEP y de un ex senador, para evitar la extradición de quien fuera guerrillero y negociador del proceso de paz de La Habana.

Toda una serie de equivocaciones del Estado, complementadas ahora por la comisión de graves delitos, con extraños protagonistas, a lo cual se agrega que no se sabe si finalmente el proyecto de ley estatutaria para la JEP será objetado o sancionado. Confusión y caos, que era precisamente a lo que nos referíamos en nuestro libro “Las dos caras del proceso de paz”.

Hay muchas inquietudes sobre el tema. Las investigaciones deben ser adelantadas con prontitud. Se debe establecer -porque no se ha dicho- quién o quiénes pagaban los dineros al Fiscal de la JEP; de dónde provenían; si en realidad eso tenía relación con el caso Santrich -quien acaba de negar toda conexión con tan oscuro asunto-; quién nombró y quién recomendó al Fiscal delincuente; cuál era el grado de influjo de este Fiscal en la decisión sobre extradición; si hay otros funcionarios o magistrados de la JEP tras las ilícitas actuaciones de su Fiscal...O si se equivoca la Fiscalía General y el móvil del cohecho es otro. O si, como dicen algunos –sería inconcebible y no lo creemos-, se trata de una maniobra contra la JEP o de un falso positivo de la Fiscalía General.

En fin: confusión y caos. Necesitamos claridad. No investigaciones exhaustivas que jamás culminan.

Bogotá, D. C, 6 de marzo de 2019

*Expresidente de la Corte Constitucional.

 

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Victor G Ricardo

Por Victor G Ricardo*.-La corrupción debería tener límites, pero como van las cosas parece que la crisis de valores y conductas es más profunda en nuestro país de la que cualquier persona se hubiera podido imaginar. Ahora que todos los colombianos estamos observando cómo se desenvuelve el tema de nuestro país limítrofe no nos acordamos de que ellos llegaron a este estado de descomposición y dificultades gracias a que la corrupción llegó a tal extremo en distintas administraciones, que los venezolanos resolvieron votar por un hombre nuevo en política como era el expresidente Chávez que a su muerte dejó como su sucesor a Maduro.
Para cualquier desprevenido observador del caso colombiano es muy difícil entender que después de vivir de cerca lo acontecido por nuestro país hermano, en Colombia estemos viviendo lo que todos los días acontece. Y es que la corrupción ha llegado sin límites a todas las instancias de la administración pública y aún privada.
Hace algunos años la deshonestidad estaba enmarcada en círculos de las aduanas y de los agentes del tránsito. Pero ahora está en todos los niveles, en la rama ejecutiva del poder público con casos como los de Reficar, el caso Odebrecht donde el país no conoce ni la mitad de lo que ha ocurrido, o lo sucedido en el antiguo Colpuertos, en las Gobernaciones, Alcaldías como el caso de la de Bogotá con el carrusel de los contratos de los Moreno o de tantos municipios o entidades territoriales en las cuales la gran mayoría de las regalías de petróleos han desaparecido; en el Congreso de la Republica como institución o en el caso de un gran número de sus miembros judicializados por distintos motivos; en la justicia con el no lejano caso en que Presidentes de la Corte vendían fallos; en la Fiscalía General de la Nación con el jefe anticorrupción y ahora lo que faltaba con un funcionario de la Justicia especial de paz.
Pareciera que ya no hay sector lejano a las prácticas de la corrupción.
Aunque se conocen del inicio de investigaciones, falta mucho que hacer para que haya castigo contra los responsables. ¿Qué podemos hacer? No nos damos cuenta que se nos está agotando el tiempo para en lugar de escuchar tantas voces y comentarios sancionatorios de estas malas acciones y prácticas y lo que requerimos son acciones. ¿Qué país estamos construyendo? Lo que estamos es destruyéndolo.
Mientras los corruptos o ladrones actúan, vemos agentes de policía poniendo multas a los peatones por comer empanadas en las calles que según el nuevo Código de Policía está prohibido. 
Veíamos en estos días citados al Parlamento a Ministros y funcionarios para dar explicaciones por esta actitud de la policía y no fueron capaces de decir a los integrantes del Congreso que parte de la responsabilidad era de ellos por haber aprobado un código de policía con esta clase de normas.
Lo grave es que la policía no entienda cuáles son las prioridades en el cumplimento de sus funciones. Mientras ellos ponen estas multas a los peatones, los atracadores y corruptos se llenan sus bolsillos.
El Presidente de la Republica informó sobre la expedición de un pliego tipo único para las licitaciones de infraestructura. ¡Bienvenido! Pero aún falta mucho por hacer.

Bogotá, D. C, 6 de marzo de 2019

*Excomisionado de Paz

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Jairo Gómez

Por Jairo Gómez*.- “Dejamos a un lado Venezuela para adentrarnos en otros temas de interés mundial”, suelen decir los informativos en la televisión. Por supuesto la diatriba contra el régimen de Maduro es mordaz, pero nada se dice, a fondo, del fracaso de la mal llamada “ayuda humanitaria” y el tal “cerco diplomático” para tumbar la camarilla chavista que rige los destinos de Venezuela.

Se quedaron con los crespos hechos: Donald Trump, Iván Duque y Juan Guaidó; pero además los halcones Rubio, Abrams y Bolton que metieron al inquilino de la Casa Blanca en esta cruzada golpista. Pobre Trump, un duro revés al que se le suma su fracaso en la promovida cumbre con el líder norcoreano King Jong-un, las comprometedoras declaraciones de su exabogado Cohen y la amenaza demócrata de abrirle una investigación por abuso de poder. Terrible semana para el magnate.

Varios funcionarios de la embajada americana en Bogotá no ocultaron su desazón por lo ocurrido ese fin de semana en la frontera y el poco impacto que provocó una supuesta ayuda humanitaria fríamente politizada; tan politizada que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) no ocultó su rechazo a una acción que rompió con los principios básicos de neutralidad, imparcialidad y eficacia de la ayuda humanitaria.

El presidente Duque, por su parte, nos repitió hasta la saciedad que su tan cacareado “cerco diplomático” era el comienzo del fin del régimen de Maduro. Qué monumental falacia. Ni maduro se cayó y el tal cerco diplomático se diluyó en el fracaso de la frontera; fue tal la zozobra que produjo que de inmediato se revivió la propuesta de la Casa Blanca y de los opositores venezolanos: la intervención militar. El rechazo a esa iniciativa bélica no se hizo esperar y Europa no dudó en oponerse y, sin otra opción, el Grupo de Lima hizo lo propio.

Hoy los críticos le censuran a Duque el liderazgo que asumió contra el régimen chavista de la mano de Trump y su grupo de halcones. Los gringos no tienen aliados, tienen intereses y mañana, si tienen que hacerlo, nos patean el trasero. 

Y Guaidó, el político bisoño, presidente de la Asamblea Nacional, cometió un error: picó de audaz y se vino a Colombia no obstante la prohibición de abandonar su país que le impartió la justicia venezolana. Corre el riesgo, si regresa, de ir a la cárcel. ¿Ocurrirá? Aún no lo sabemos, pero de ser así perdería el espacio que había ganado en las calles y dejaría de ser la piedra en el zapato en que se le había convertido al régimen chavista. Se equivocó junto a Borges y otros líderes de la oposición al creer que detrás de la ayuda humanitaria venía el golpe militar a Maduro. Quedó claro: esa no es la salida.

Propone el expresidente Pepe Mujica elecciones libres en Venezuela, monitoreadas por Naciones Unidas y los países que se han mantenido al margen de este debate; propuesta que como demócratas avalamos quienes creemos en la salida negociada; creo que el presidente Maduro debe ponderar seriamente esta iniciativa, porque pretender desconocer que su país pasa por una difícil situación es tapar el sol con un dedo. El pueblo venezolano necesita y quiere cambios, pero lejos de las soluciones violentas.

Bogotá, D. C, 5 de marzo de 2019

*Periodista y Analista Político.

@jairotevi

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Jorge Enrique Robledo

Por Jorge Enrique Robledo*.-Casi todo lo principal que nos distingue a los seres humanos de nuestros parientes más cercanos en la naturaleza es socialmente aprendido, es decir, parte del conocimiento acumulado para poder comprender dicha naturaleza y construir relaciones humanas que respondan mejor a los momentos históricos. De ahí que en público nadie cuestione la importancia de la educación y la ciencia en el progreso, pero sí es común que los mandamases oculten que su avance depende de las condiciones económicas, sociales y políticas nacionales que lo estimulan o anquilosan, de donde provienen las grandes diferencias entre los países.

Aunque no estuvo en el programa de campaña de Duque, el Congreso aprobó fácilmente la creación del Ministerio de Ciencia, decisión que ilusionó a más de uno. El Polo votó sí a la ley, pero con constancia. Porque los del Centro Democrático, que creen más en los votos que da el proyecto que en la ciencia, condicionaron su aprobación a que el Ministerio apenas fuera Colciencias con otro nombre y con el mismo escasísimo presupuesto. Y porque en Colombia la ciencia no puede desarrollarse en serio mientras el modelo económico imponga –como ocurre en especial desde 1990– un aparato productivo especializado en negocios de baja complejidad tecnológica y con herramientas importadas.

El Premio Nobel de Física, Serge Haroche, de la Comisión de Sabios nombrada, advirtió que para desarrollar “buena ciencia hay que tener un buen sistema educativo que no deje a nadie por fuera” y que, además, hay que “poder mantener a los científicos y a los intelectuales dentro del país”. “Elemental, mi querido Watson”. Pero ninguna de las dos condiciones se cumple. Porque los colombianos con mayores conocimientos tienden a residenciarse en el exterior, expulsados por un país incapaz de emplearlos en lo que saben y quieren hacer. Y porque, con excepciones, las instituciones educativas están lejos del buen nivel que se requiere. Las públicas en razón de que el Estado no las financia con las sumas suficientes y las privadas porque solo pueden ser de mejor nivel las muy escasas y más caras que solo unos pocos alcanzan a pagar. Para una economía atrasada y mediocre, educación y ciencia mediocres, han impuesto los mismos con las mismas.

De otro lado, un senador del partido de Duque lanzó un lema que movieron bastante en las redes: #FecodeNoEducaAdoctrina. El Centro Democrático explicó el “adoctrina” con un video en el que dicen que “el adoctrinamiento político es el primer paso para cualquier dictadura. Lo hizo Stalin, lo hizo Hitler y lo hicieron Chávez y Maduro. Aquí lo hace Fecode” (http://bit.ly/2Haw2GO). Y remató otro congresista de ese sector con un proyecto de ley sustentado en esas falacias y diseñado para atemorizar al magisterio y lesionar la libertad de cátedra, base insustituible del avance de las ciencias sociales y naturales.

Y estas barbaridades no provocaron el debate que habrían generado en un país menos manipulado que este. Porque los profesores de la educación pública entran por concurso y no por recomendaciones políticas y Fecode defiende la libertad de cátedra y no determina lo que cada educador enseña en su aula. Porque en todo lo positivo que tiene la educación colombiana y en detener mucho de lo negativo que han intentado imponerle ha sido clave la lucha y el duro y mal pago trabajo de maestras y maestros. Y porque no pueden proclamarse demócratas y a la vez agredir con tal saña al magisterio y a su organización gremial, cuyo crimen ha sido defender con dignidad una mejor educación para Colombia. ¿Se imaginan hasta dónde habría llegado la famosa tacañería oficial con la educación pública sin las luchas democráticas del profesorado y el estudiantado?

Tamaña agresividad de la cúpula duquista responde a que los educadores reclaman que en el Plan de Desarrollo se apruebe reformar el Sistema General de Participaciones para que haya recursos que impidan que los colegios se caigan en pedazos, mejorarles los sueldos y nombrar en propiedad a los 50 mil tercerizados, que nadie en el magisterio sufra y se muera por culpa del sistema de salud y que los hijos de los pobres puedan cursar, como los otros, tres años de preescolar. Un verdadero crimen. ¿O no?

Bogotá, 1 de marzo de 2019.

*Senador del Polo Democrático Alternativo

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Amylkar D. Acosta M

Por Amylkar D. Acosta M*.- El DANE acaba de revelar su reporte del crecimiento del PIB en el año 2018 y su registro del 2.7% muestra un importante repunte con relación al año 2017, que fue del 1.4%, prácticamente lo duplicó. Como es bien sabido, la economía colombiana pasó por un largo período de letargo durante los cuales la tasa de crecimiento del PIB venía en caída libre, a consecuencia del reflujo del boom minero-energético y la consiguiente caída de los precios del petróleo, el carbón, el oro y el ferroníquel, especialmente. En efecto, durante los últimos tres años el crecimiento del PIB se deslizó desde el 4.9% en 2013 hasta tocar fondo en 2017, cuando gracias al efecto rebote y al mejor desempeño del sector manufacturero, especialmente, dicha tendencia se revirtió el año anterior. 

Este ritmo de crecimiento de la economía lo avizoraron los 39 analistas que fueron consultados a comienzos del año para la Encuesta Mensual de Expectativas Económicas por parte del Banco de la República cuyo pronóstico promediaba el 2.65%. No obstante, nos parece demasiado arriesgada la apuesta del Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla al aventurarse a proyectar un crecimiento del PIB del 3.6% para el 2019. Fedesarrollo es más prudente y vaticina un crecimiento del PIB para este año más modesto, del 3.3% y analistas de la firma comisionista Alianza lo calculan en la horquilla entre el 3% y el 3.4%. Creemos que el Ministro está pensando con el deseo cuando, además, aspira a que el crecimiento potencial, que había caído desde el 4.8% al 3.5%, se nivele tan pronto en el 4%, ganando medio punto porcentual.

Como ya quedó dicho la reactivación de la industria del dio el mayor impulso al crecimiento del PIB en el 2018, al pasar del terreno negativo en el que estaba el año anterior con un decrecimiento del -1.8% en 2017 al 2%. A este respecto vale la pena acotar que, si bien este resultado es positivo y alentador no es satisfactorio, habida cuenta que dicho crecimiento viene en declive, pues después del brinco que dio del -1.2% en el primer trimestre de 2018 para pisar terreno positivo en el segundo trimestre con un crecimiento del 4.4%, este se descolgó en el tercero y cuarto trimestre al reducir su rítmo de crecimiento al 3% y 2.5%, respectivamente. Por esta razón nos parece muy puesta en razón la observación del economista investigador del Bbva Research, refiriéndose al sector manufacturero, en el sentido que “su tendencia reciente aún no refleja una tracción significativa y, además, su resultado aún se ubica por debajo del PIB total”.

El sector de minas y canteras sigue siendo el patito feo, esta vez fue el único sector de los 12 considerados cuyo crecimiento se mantiene en terreno negativo, aunque hay que reconocer que su caída del -0.8% fue leve y que la contracción del mismo viene cediendo, pues en el 2016 fue de -2.5% y en 2017 del -5.7%, lo cual nos indica que lo peor para este sector ya pasó. Según manifiesta la industria extractiva, la conflictividad social en las zonas en donde operan aunada a la falta de seguridad jurídica están entorpeciendo dicha actividad y frenando su crecimiento. En palabras del experto Eduardo Chaparro, “hay una severa exposición de esta industria a no saber qué pasará mañana y así las cosas, el empresario se acuesta en un campamento minero y amanece en un parque natural”.

Se espera que esta recuperación de la economía se pueda consolidar  aupada por la política expansiva que puso en marcha la Junta directiva del Banco de la República para contrarrestar la desaceleración de la economía, bajando de manera sostenida la tasa de intervención hasta llevarla al 4.25%. También se espera que la favorezca el buen comportamiento de los precios del crudo, que cerraron el año anterior en US $71 el barril, US $7 más que en 2017, estimándose que este año fluctúe alrededor de los US $65 el barril.

También puede coadyuvar a mejorar aún más el ritmo de crecimiento de la economía la decisión del Gobierno de descongelar los ingentes recursos sin ejecutar del Sistema General de Regalías (SGR) e invertirlos en proyectos de interés regional que siguen atascados en los OCAD. Empero, la inoficiosa e inconveniente Ley de garantías se interpone en el camino, convirtiéndose en un freno de mano que lo puede impedir. Esta Ley no tiene sentido después que se abolió la reelección presidencial, que fue la que la motivó, por esta razón lo más recomendable sería su inmediata derogatoria. 

Medellín, marzo, 1 de 2019

*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net

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Juan Camilo Restrepo Salazar

Por Juan Camilo Restrepo Salazar*.- Por estos días se ha vuelto a hablar profusamente del tema de los subsidios. Este es probablemente uno de los más delicados asuntos de las finanzas públicas colombianas. A la fecha ascienden a $ 74 billones por año, lo que constituye uno de los gravámenes más onerosos del presupuesto nacional.

Desde hace algún tiempo se viene hablando de la necesidad imperiosa de racionalizar esta modalidad de gasto público; pero hasta la fecha se ha actuado muy poco.

Por racionalizar los subsidios debe entenderse, en síntesis, que ellos no vayan a favorecer a las personas más pudientes, sino que con una focalización adecuada se orienten hacia quienes tienen menor capacidad de pago.

En el proyecto de Plan de Desarrollo hemos visto áreas de sol y sombra. De una parte, se anuncia que a partir del 2020 se refinará la metodología para calcular el Sisbén IV que sería una especie de parteaguas para establecer quien amerita subsidios y quien no. Esto no es claro actualmente, con lo cual muchos de los subsidios se filtran hacia personas o grupos que no los necesitan.

De otra parte hemos presenciado a propósito del Plan de Desarrollo marchas y contramarchas melancólicas como las que se vieron con relación al subsidio de consumo de energía eléctrica del estrato 3, que está valiendo cerca de $ 700.000 millones al año. En la versión original del Plan se proponía eliminarlo pero bastó un trino del Presidente de la República para que esta iniciativa se retirara. Lo cual habla muy mal de la coordinación que se está dando al interior del gobierno. ¿Cómo es que el plan no se lo explicaron al Presidente quienes lo elaboraron antes de presentarlo al Congreso?

Se ha repetido la misma historia de la Ley de Financiamiento o Reforma Tributaria, cuando muchos de sus ingredientes, que se creían oficiales, fueron descalificados por el propio Presidente de la República.

Como toda policía tributaria, pero muy especialmente la de subsidios, no puede servir para darle gusto a todo el mundo. Porque cuando así se procede las cosas siempre salen mal.

Lo que viene sucediendo con el fondo de estabilización de los combustibles es bien diciente. Su déficit, a la fecha, asciende a $ 13.8 billones. Déficit apenas comparable con el que se intentó justificar la Reforma Tributaria o Ley de Financiamiento ¿Por qué se acumuló un déficit tan grande? Porque cuando subió el precio del crudo y se debió elevar el precio a los consumidores (donde sea dicho de paso se concentra uno de los subsidios más costosos y regresivos de la política fiscal) no se elevó en la proporción necesaria el precio al consumidor, como lo exigía el buen funcionamiento de un fondo de estabilización. Se intentó darle gusto a todo el mundo y las cosas han salido mal. Hasta el punto de que el déficit de este fondo es actualmente uno de los mayores chicharrones de la política fiscal.

En el 2016 se buscó racionalizar toda esta política de subsidios. Se preparó inclusive un proyecto de estatuto muy ambicioso que buscaba racionalizar la integralidad del tema. Este estatuto ni siquiera tuvo primer debate en las Cámaras. Y mientras tanto, el costo anual de los subsidios, la mayoría regresivos, sigue pesando como una pesada piedra de molino sobre el presupuesto anual de la Nación.

Por intentarle dar gusto a todo el mundo también se ha caído en protuberantes contradicciones. De una parte se busca racionalizarlos con la solución inteligente con el Sisbén IV. Pero de otro lado el árbol de navidad de los subsidios se sigue recargando con costosas gabelas otorgadas a gente con capacidad de pago. El ideal de la equidad está cada vez más lejos. Prueba de ello fue la cantidad de subsidios, costosos e ineficientes, en beneficio de unos poquísimos, que se introdujeron en la última Ley de Reforma Tributaria.

Llegó pues la hora de racionalizar el asunto de los subsidios. Y para ello hay que empezar por no olvidar la regla de oro: no se puede pretender darle gusto a todo el mundo. Pues cuando así se hace, los subsidios regresivos tienden a perpetuarse. Y a agregar más subsidios regresivos que benefician solo a unos pocos.

Bogotá, D. C, 3 de marzo de 2019

*Abogado y Economista. Exministro de Estado.

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José Félix Lafaurie Rivera.

Por José Félix Lafaurie Rivera.-  El editorial de El Tiempo sobre el crecimiento económico en 2018, calificado como “aceptable”, señalaba, sin embargo, que “la agricultura se desaceleró” –como si no existiera el sector pecuario– y que “las cosas para el campo habrían salido peor”, de no ser, paradójicamente, por la ganadería y la pesca de cultivo.

Sí. La ganadería; la actividad con mayor presencia rural y sustento de millones de campesinos; la que aporta el 22% del PIB agropecuario y el 1,4% del PIB nacional; la principal en cuanto al valor de su producción anual de carne y leche, que duplica al sector avícola, triplica al caficultor y al floricultor, cuadriplica al porcicultor y quintuplica al bananero.

La producción ganadera es definitiva para la seguridad alimentaria del país, y en cuanto al potencial exportador, mientras la leche se abre campo con los derivados, la carne –no dudo en afirmarlo– es una oportunidad desperdiciada, cuando se impone la sustitución gradual de la dependencia minero-energética y crece el déficit de la balanza comercial, que superó la barrera de los 7.000 millones de dólares en 2018.

No pienso con el deseo. En 2009, gracias al liderazgo de Fedegán, la carne fue incluida en los Programas de Transformación Productiva para renglones exportadores y la política pública se alineó con ese horizonte. Ese año obtuvimos la certificación de país libre de aftosa y avanzaban programas de trazabilidad y control de movilización de animales, en exitosas alianzas con Fedegán directamente y como administrador de la parafiscalidad. En 2013, el gobierno Santos ratificó el alto potencial exportador de la carne, pero, lejos de obrar en consecuencia, desalineó la política, fracturó la parafiscalidad y desandó lo avanzado. El daño fue inmenso, con la pérdida del estatus sanitario en primer lugar, pero sobre todo en “costo de oportunidad” frente al potencial exportador.

Literalmente, volvimos a 2011, pero conservamos la convicción y el empeño de avanzar en las metas que le hemos propuesto al Gobierno para 2022, en una nueva etapa de colaboración hacia objetivos comunes: 1) 500 millones de dólares en exportaciones, que ya logró la ganadería en el pasado y lo puede volver a hacer. 2) Recuperar el consumo interno hasta, por lo menos, 20 kg/persona/año. 3) Incrementar productividad con sistemas silvopastoriles amigables con la naturaleza.

El camino está abierto. A pesar de la aftosa, en 2018 las exportaciones superaron los 71 millones de dólares, y la reapertura del mercado ruso, principal destino de nuestra carne (63%) es una excelente noticia. Líbano (10%), Jordania (9%) y Emiratos Árabes (2%) son mercados con amplio potencial; de ahí la importancia de llegar con fuerza al Medio Oriente y Norte de África. En la reciente feria “Gulfood 2019” en Dubai, la más importante en alimentos, volví a sentir el orgullo de ver la presencia de la carne colombiana y percibir el interés por nuestro producto.

China es una meta por sus volúmenes, pero la prioridad son los mercados de alto precio (USA y la UE) y mayores exigencias de admisibilidad, para lo cual la ruta está señalada: 1) Recuperar el estatus sanitario; 2) Consolidar la trazabilidad 3) Implementar, por fin, un Sistema de Inspección que garantice la inocuidad, 4) Avanzar en la propuesta de Fedegán de una “Plataforma Exportadora”, a partir de organizar la producción –clusters– para garantizar calidad, precio y oferta sostenible.

Los países con TLC firmados importan anualmente más de 3 millones de toneladas. Ahí están las oportunidades servidas para tomar una tajada de esa torta. Fedegán, de la mano con el Gobierno, persistirá en el propósito de llevarle al mundo carne colombiana.

Bogotá, D. C, 3 de merzo de 2019

*Presidente de Fedegan 

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Alfredo Benavides C

Por Alfredo Benavides C*.- Colombia es un País con más del 50% de su población en informalidad  según el DANE. Esto significa que la mitad de los Colombianos viven del rebusque; profesional, técnico, comercial y otros. Muchas estrategias, programas, estudios se han aplicado, pero persiste el fenómeno con las graves consecuencias tributarias y de ilegalidad.

La propuesta puntual para derrotar la informalidad es clusterizar la economía de manera masiva. En otras palabras, agrupar por actividades productivas similares, complementarias o iguales que comparten cercanía geográfica, y que podrían contar con el apoyo de la academia y los gobiernos locales. No es cooperativismo, ni asociatividad, va más allá: generar competitividad y crowdsourcing, algo así como entre todos construir un aeropuerto para competir después por los pasajeros colaborativamente.

Para el desarrollo de esta iniciativa lo primero es hacer censos de productividad o económicos por localidades, barrios, veredas, pueblos, ciudades. Preguntar qué actividades productivas en servicios y/o fabricación de bienes se están haciendo y si se tiene el conocimiento o experiencia.

Utilizar las TICs o tecnologías de información y comunicaciones para georeferenciarlas agrupando actividades productivas, iguales, similares o complementarias. Vinculando a las universidades, institutos de investigación, cámaras de comercio, que estén cerca o que tengan influencia. También a los gobiernos departamental y municipal, creando clusteres masivamente, ejemplo: textiles, gastronómicos, informáticos, servicios de hogar, ventas ambulantes, en este caso, la venta de empanada dejaría de ser “ilegal”.

Es importante tener presente que se deben crear los clusteres bajo la dirección de clusters manager o expertos en clusteres que identifiquen los negocios productivos viables en especial para exportación.

El ciudadano (a) también podrá ser visto como empresa con el fin de registrarse como individuo productivo siendo parte de un cluster conjuntamente con micro empresas, empresas, industrias y otras que comparten su misma actividad productiva.

De esta manera estaríamos fomentando la innovación y creatividad propia e innata Colombiana, acabando la informalidad, aumentando una especial renta tributaria y por ende impulsando la economía nacional.

Barrancabermeja, 8 de marzo de 2019

*Ingeniero experto en Clusterización de la Economía.

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Gabriel Ortiz

Por Gabriel Ortiz.- Esta novela no ha terminado. Hay varios capítulos extraviados, perdidos o escondidos a propósito. Parece una obra de misterio, porque sus recónditos pasajes parecen ridículamente fabricados para llegar a un fin sospechoso e inaccesible a la razón. Pero en la medida en que se descorre el velo, se agigantan los objetivos que ciertos sectores políticos persiguen, guiados por los enemigos de una paz estable y duradera. Ese es el sainete del caso Santrich, que involucra Jep, Farc, fiscalía, Centro Democrático, paramilitares, ejecutivo, legislativo y judicial.

Frenéticamente se acude a falaces argumentos para demoler y volver trizas los acuerdos  que nos han permitido tranquilidad y convivencia. El jefe del Centro Democrático y sus áulicos, dicen que hay que acabar con la Jep, pero que por falta de votos, tendrán que pedir al legislativo 8 modificaciones.

Iniciaron sus ataques y desprestigio de la JEP desde que la debatieron en el Congreso. No resisten un país en paz y una población pensante, libre y tranquila. Con falsas noticias, denigraciones y miedos lograron ganar el plebiscito con unos pocos votos. Sus partidarios se han favorecido con la JEP, pero siguen mancillándola y censurándola. Nada los llena, su objetivo es: ¡destruirla! Por ello el autor de “La Inconclusa”, novela de puño y letra de NHMN, sale con el capítulo de Santich, en el cual sus protagonistas caen en toda suerte de contradicciones. Un fiscal de la JEP sin poder alguno, recibe fajos de dólares de la Fiscalía. Se ofrecen 12 millones de dólares para que Santrich no sea extraditado, sin que pueda existir funcionario alguno de la JEP para lograrlo. (Si Trump ofrece 1 millón de dólares por el hijo de Bin Laden, ¿Cómo explicar que Santrich, valga doce veces más?) Se critica al fiscal de la JEP, pero no a Moreno, fiscal anticorrupción, nombrado por Néstor Humberto Martínez, autor de esta novela inconclusa. Tampoco por ello ven sombras en la Fiscalía.

Quieren que sea el Presidente Duque, quien haga el gasto de enterrar la paz, objetando la Ley Estatutaria. Desprestigian por igual y sin rubor a magistrados y empleados de la JEP, con su presidenta Patricia Linares a la cabeza. No han ahorrado epítetos del más grueso calibre contra la honestidad de unos funcionarios que están aplicando justicia sin impunidad, ajustándose a leyes y normas legales existentes, así no se haya firmado la ley estatutaria de la JEP.

Si como lo afirma el senador Uribe, encuentra sombras en la JEP, también las hay en la Fiscalía y demás entidades de los tres poderes, desde su gobierno. Debe entonces buscar una reforma total, no parcial, engañosa o pérfida.

De todos los sectores de la población, piden que se mantenga la JEP y se firme la esperada Ley. El ecuánime Procurador pide claridad sobre esta maraña, engañosa y malintencionada, porque la novela sigue inconclusa.

NEGRO: Peñalosa, tuvo que eliminar el slogan: “Bogotá mejor para todos”, porque se volvió “peor para todos”.

NEGRO: Los apuros en que se encuentran los “Matador-crocs”, zapatos oficiales del uribismo.

Bogotá, D. C, 7 de marzo de 2019

*Exdirector del Noticiero Nacional y de Notisuper.

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Clara López Obregón

Por Clara López Obregón*.- El Plan Nacional de Desarrollo contiene un amplio espectro de reformas normativas que rebasan las potestades constitucionales de dicho instrumento.

Entre las más cuestionadas, se encuentra la solicitud de facultades extraordinarias para crear, modificar y fusionar entidades del orden ejecutivo nacional, realizar las modificaciones presupuestales correspondientes y crear, fusionar o suprimir los empleos que demande el ejercicio de las facultades extraordinarias solicitadas.

Otro artículo que exige atención es el 187 que deroga 88 normas vigentes, entre ellas, la que impide el crecimiento de las nóminas estatales. Fue en otro plan de desarrollo, en artículo semejante, cuando se sustrajeron los recursos de la educación superior que ha venido reclamando el movimiento estudiantil. También se objetan con insistencia, el artículo que traslada al Ministerio de Hacienda el manejo del presupuesto de inversión y el que faculta al Ministerio de Minas y Energía para elaborar la metodología de la fijación de los precios de los combustibles.

Con este plan, el Gobierno pretende darle una interpretación extensiva al artículo 341 de la Constitución que dispone que la Ley del Plan Nacional de Desarrollo “tendrá prelación sobre las demás leyes; (y que) en consecuencia sus mandatos constituirán mecanismos idóneos para su ejecución y suplirán los existentes sin necesidad de expedición de leyes posteriores.” A pesar de la amplitud aparente del texto, la Corte Constitucional ya ha confirmado que su extensión está limitada por el principio de la “unidad de materia” (Art. 158) que tiene claras reglas para su aplicación.

En concreto, mediante sentencia C-305 de 2004, que versó sobre demandas a la ley del plan de 2003, la corte cerró la tronera que ahora se busca abrir al declarar que, si bien “es posible afirmar que en el plan caben todas las normas jurídicas que, a pesar de su diversidad temática, sean necesarias para impulsar o ejecutar idóneamente los programas y proyectos de inversión”, la relación de conexidad entre dichas normas y los programas y proyectos a ejecutar debe ser “directa e inmediata.” En efecto, sigue la sentencia, “el criterio para examinar la unidad de materia de las disposiciones instrumentales contenidas en la ley del plan es el relativo a su conexidad directa, no eventual o mediata, con las normas que establecen los programas y proyectos contemplados en la parte general del plan y con aquellas otras que especifican los recursos para su ejecución.”

Es claro que las amplísimas facultades extraordinarias solicitadas para crear, fusionar y suprimir un número indeterminado de entidades públicas tienen una conexidad apenas “mediata” o “eventual” con los objetivos y políticas públicas del plan. En palabras de la corte, la conexidad es mediata cuando que “la efectivización de la norma general programática o financiera no se deriva directamente de la ejecución de la norma instrumental particular, sino que adicionalmente requiere del cumplimiento o la presencia de otra condición o circunstancia.” Una reestructuración del sector público nacional requiere, sin duda, la presencia de múltiples circunstancias y condiciones para impactar los programas y proyectos del Plan de Desarrollo.

Pero eso es lo de menos. Las pretendidas facultades para reestructurar todo el sector público nacional riñen con la separación de poderes y la deliberación pública informada en democracia que son de la esencia del Estado social y democrático de derecho.

El Congreso debe hacer valer sus fueros constitucionales y proceder a negar todas las normas que solo tienen una conexidad indirecta con los programas y proyectos del Plan de Desarrollo. No hacerlo equivaldría a cohonestar el vaciamiento de sus propias competencias. Con el procedimiento fast  track de aprobación de la ley del plan que cuenta con apenas tres meses para su discusión, todas las materias mencionadas carecerían de las garantías constitucionales para el examen exhaustivo y completo que solamente el procedimiento constitucional ordinario puede ofrecer.

Bogotá, D. C, 6 de marzo de 2019

*Precandidata a la Presidencia y Excandidata a la Vicepresidencia de Colombia. Exalcaldesa de Bogotá y Exministra de Trabajo.

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José G Hernández

Por José G Hernández*.- Los más recientes acontecimientos relacionados con la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, son de extrema gravedad -ello es inocultable- en cualquiera de las varias hipótesis que se han venido tejiendo sobre la realidad y los cerebros que han configurado o propiciado tan vergonzosos episodios.

Lo acontecido muestra que, tras la flagrancia que se aprecia en el video que distribuyó la Fiscalía General de la Nación, hay algo mucho más profundo y penoso. Y tenemos la sensación de que estamos apenas ante “la punta del iceberg”. Resulta ostensible que -venga de donde viniere- en todo esto hay un alto grado de corrupción respecto al cual deben actuar el Estado y sus autoridades, de modo que no se perpetúe la impunidad.

Igualmente es claro  que no estábamos descaminados quienes formulábamos observaciones acerca de la improvisación en que insistieron Gobierno y Congreso cuando se puso en vigencia el procedimiento legislativo abreviado “Fast track”; cuando se dictaron las normas que implementaron el proceso de paz; cuando fueron proferidos confusos fallos de la Corte Constitucional al respecto; cuando se dio posesión a los magistrados de la JEP sin normas procesales y  sin que hubiera sido expedida la ley estatutaria, indispensable para su organización; cuando se improvisó en la designación de los funcionarios de la JEP; cuando pasaron  inadvertidas las denuncias acerca de su excesiva burocracia; cuando se estableció que sería la JEP la encargada de resolver sobre la fecha de los hechos delictivos ante solicitudes de extradición de los ex guerrilleros; cuando la JEP ha demorado tanto su decisión en la materia en el caso de alias “Jesús Santrich”; cuando inexplicablemente se perdió la carta rogatoria enviada a los Estados Unidos acerca de ese caso.

Ahora resulta que, según la Fiscalía, se cometió el delito de cohecho con participación de un Fiscal de la JEP y de un ex senador, para evitar la extradición de quien fuera guerrillero y negociador del proceso de paz de La Habana.

Toda una serie de equivocaciones del Estado, complementadas ahora por la comisión de graves delitos, con extraños protagonistas, a lo cual se agrega que no se sabe si finalmente el proyecto de ley estatutaria para la JEP será objetado o sancionado. Confusión y caos, que era precisamente a lo que nos referíamos en nuestro libro “Las dos caras del proceso de paz”.

Hay muchas inquietudes sobre el tema. Las investigaciones deben ser adelantadas con prontitud. Se debe establecer -porque no se ha dicho- quién o quiénes pagaban los dineros al Fiscal de la JEP; de dónde provenían; si en realidad eso tenía relación con el caso Santrich -quien acaba de negar toda conexión con tan oscuro asunto-; quién nombró y quién recomendó al Fiscal delincuente; cuál era el grado de influjo de este Fiscal en la decisión sobre extradición; si hay otros funcionarios o magistrados de la JEP tras las ilícitas actuaciones de su Fiscal...O si se equivoca la Fiscalía General y el móvil del cohecho es otro. O si, como dicen algunos –sería inconcebible y no lo creemos-, se trata de una maniobra contra la JEP o de un falso positivo de la Fiscalía General.

En fin: confusión y caos. Necesitamos claridad. No investigaciones exhaustivas que jamás culminan.

Bogotá, D. C, 6 de marzo de 2019

*Expresidente de la Corte Constitucional.

 

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Victor G Ricardo

Por Victor G Ricardo*.-La corrupción debería tener límites, pero como van las cosas parece que la crisis de valores y conductas es más profunda en nuestro país de la que cualquier persona se hubiera podido imaginar. Ahora que todos los colombianos estamos observando cómo se desenvuelve el tema de nuestro país limítrofe no nos acordamos de que ellos llegaron a este estado de descomposición y dificultades gracias a que la corrupción llegó a tal extremo en distintas administraciones, que los venezolanos resolvieron votar por un hombre nuevo en política como era el expresidente Chávez que a su muerte dejó como su sucesor a Maduro.
Para cualquier desprevenido observador del caso colombiano es muy difícil entender que después de vivir de cerca lo acontecido por nuestro país hermano, en Colombia estemos viviendo lo que todos los días acontece. Y es que la corrupción ha llegado sin límites a todas las instancias de la administración pública y aún privada.
Hace algunos años la deshonestidad estaba enmarcada en círculos de las aduanas y de los agentes del tránsito. Pero ahora está en todos los niveles, en la rama ejecutiva del poder público con casos como los de Reficar, el caso Odebrecht donde el país no conoce ni la mitad de lo que ha ocurrido, o lo sucedido en el antiguo Colpuertos, en las Gobernaciones, Alcaldías como el caso de la de Bogotá con el carrusel de los contratos de los Moreno o de tantos municipios o entidades territoriales en las cuales la gran mayoría de las regalías de petróleos han desaparecido; en el Congreso de la Republica como institución o en el caso de un gran número de sus miembros judicializados por distintos motivos; en la justicia con el no lejano caso en que Presidentes de la Corte vendían fallos; en la Fiscalía General de la Nación con el jefe anticorrupción y ahora lo que faltaba con un funcionario de la Justicia especial de paz.
Pareciera que ya no hay sector lejano a las prácticas de la corrupción.
Aunque se conocen del inicio de investigaciones, falta mucho que hacer para que haya castigo contra los responsables. ¿Qué podemos hacer? No nos damos cuenta que se nos está agotando el tiempo para en lugar de escuchar tantas voces y comentarios sancionatorios de estas malas acciones y prácticas y lo que requerimos son acciones. ¿Qué país estamos construyendo? Lo que estamos es destruyéndolo.
Mientras los corruptos o ladrones actúan, vemos agentes de policía poniendo multas a los peatones por comer empanadas en las calles que según el nuevo Código de Policía está prohibido. 
Veíamos en estos días citados al Parlamento a Ministros y funcionarios para dar explicaciones por esta actitud de la policía y no fueron capaces de decir a los integrantes del Congreso que parte de la responsabilidad era de ellos por haber aprobado un código de policía con esta clase de normas.
Lo grave es que la policía no entienda cuáles son las prioridades en el cumplimento de sus funciones. Mientras ellos ponen estas multas a los peatones, los atracadores y corruptos se llenan sus bolsillos.
El Presidente de la Republica informó sobre la expedición de un pliego tipo único para las licitaciones de infraestructura. ¡Bienvenido! Pero aún falta mucho por hacer.

Bogotá, D. C, 6 de marzo de 2019

*Excomisionado de Paz

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Jairo Gómez

Por Jairo Gómez*.- “Dejamos a un lado Venezuela para adentrarnos en otros temas de interés mundial”, suelen decir los informativos en la televisión. Por supuesto la diatriba contra el régimen de Maduro es mordaz, pero nada se dice, a fondo, del fracaso de la mal llamada “ayuda humanitaria” y el tal “cerco diplomático” para tumbar la camarilla chavista que rige los destinos de Venezuela.

Se quedaron con los crespos hechos: Donald Trump, Iván Duque y Juan Guaidó; pero además los halcones Rubio, Abrams y Bolton que metieron al inquilino de la Casa Blanca en esta cruzada golpista. Pobre Trump, un duro revés al que se le suma su fracaso en la promovida cumbre con el líder norcoreano King Jong-un, las comprometedoras declaraciones de su exabogado Cohen y la amenaza demócrata de abrirle una investigación por abuso de poder. Terrible semana para el magnate.

Varios funcionarios de la embajada americana en Bogotá no ocultaron su desazón por lo ocurrido ese fin de semana en la frontera y el poco impacto que provocó una supuesta ayuda humanitaria fríamente politizada; tan politizada que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) no ocultó su rechazo a una acción que rompió con los principios básicos de neutralidad, imparcialidad y eficacia de la ayuda humanitaria.

El presidente Duque, por su parte, nos repitió hasta la saciedad que su tan cacareado “cerco diplomático” era el comienzo del fin del régimen de Maduro. Qué monumental falacia. Ni maduro se cayó y el tal cerco diplomático se diluyó en el fracaso de la frontera; fue tal la zozobra que produjo que de inmediato se revivió la propuesta de la Casa Blanca y de los opositores venezolanos: la intervención militar. El rechazo a esa iniciativa bélica no se hizo esperar y Europa no dudó en oponerse y, sin otra opción, el Grupo de Lima hizo lo propio.

Hoy los críticos le censuran a Duque el liderazgo que asumió contra el régimen chavista de la mano de Trump y su grupo de halcones. Los gringos no tienen aliados, tienen intereses y mañana, si tienen que hacerlo, nos patean el trasero. 

Y Guaidó, el político bisoño, presidente de la Asamblea Nacional, cometió un error: picó de audaz y se vino a Colombia no obstante la prohibición de abandonar su país que le impartió la justicia venezolana. Corre el riesgo, si regresa, de ir a la cárcel. ¿Ocurrirá? Aún no lo sabemos, pero de ser así perdería el espacio que había ganado en las calles y dejaría de ser la piedra en el zapato en que se le había convertido al régimen chavista. Se equivocó junto a Borges y otros líderes de la oposición al creer que detrás de la ayuda humanitaria venía el golpe militar a Maduro. Quedó claro: esa no es la salida.

Propone el expresidente Pepe Mujica elecciones libres en Venezuela, monitoreadas por Naciones Unidas y los países que se han mantenido al margen de este debate; propuesta que como demócratas avalamos quienes creemos en la salida negociada; creo que el presidente Maduro debe ponderar seriamente esta iniciativa, porque pretender desconocer que su país pasa por una difícil situación es tapar el sol con un dedo. El pueblo venezolano necesita y quiere cambios, pero lejos de las soluciones violentas.

Bogotá, D. C, 5 de marzo de 2019

*Periodista y Analista Político.

@jairotevi

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Jorge Enrique Robledo

Por Jorge Enrique Robledo*.-Casi todo lo principal que nos distingue a los seres humanos de nuestros parientes más cercanos en la naturaleza es socialmente aprendido, es decir, parte del conocimiento acumulado para poder comprender dicha naturaleza y construir relaciones humanas que respondan mejor a los momentos históricos. De ahí que en público nadie cuestione la importancia de la educación y la ciencia en el progreso, pero sí es común que los mandamases oculten que su avance depende de las condiciones económicas, sociales y políticas nacionales que lo estimulan o anquilosan, de donde provienen las grandes diferencias entre los países.

Aunque no estuvo en el programa de campaña de Duque, el Congreso aprobó fácilmente la creación del Ministerio de Ciencia, decisión que ilusionó a más de uno. El Polo votó sí a la ley, pero con constancia. Porque los del Centro Democrático, que creen más en los votos que da el proyecto que en la ciencia, condicionaron su aprobación a que el Ministerio apenas fuera Colciencias con otro nombre y con el mismo escasísimo presupuesto. Y porque en Colombia la ciencia no puede desarrollarse en serio mientras el modelo económico imponga –como ocurre en especial desde 1990– un aparato productivo especializado en negocios de baja complejidad tecnológica y con herramientas importadas.

El Premio Nobel de Física, Serge Haroche, de la Comisión de Sabios nombrada, advirtió que para desarrollar “buena ciencia hay que tener un buen sistema educativo que no deje a nadie por fuera” y que, además, hay que “poder mantener a los científicos y a los intelectuales dentro del país”. “Elemental, mi querido Watson”. Pero ninguna de las dos condiciones se cumple. Porque los colombianos con mayores conocimientos tienden a residenciarse en el exterior, expulsados por un país incapaz de emplearlos en lo que saben y quieren hacer. Y porque, con excepciones, las instituciones educativas están lejos del buen nivel que se requiere. Las públicas en razón de que el Estado no las financia con las sumas suficientes y las privadas porque solo pueden ser de mejor nivel las muy escasas y más caras que solo unos pocos alcanzan a pagar. Para una economía atrasada y mediocre, educación y ciencia mediocres, han impuesto los mismos con las mismas.

De otro lado, un senador del partido de Duque lanzó un lema que movieron bastante en las redes: #FecodeNoEducaAdoctrina. El Centro Democrático explicó el “adoctrina” con un video en el que dicen que “el adoctrinamiento político es el primer paso para cualquier dictadura. Lo hizo Stalin, lo hizo Hitler y lo hicieron Chávez y Maduro. Aquí lo hace Fecode” (http://bit.ly/2Haw2GO). Y remató otro congresista de ese sector con un proyecto de ley sustentado en esas falacias y diseñado para atemorizar al magisterio y lesionar la libertad de cátedra, base insustituible del avance de las ciencias sociales y naturales.

Y estas barbaridades no provocaron el debate que habrían generado en un país menos manipulado que este. Porque los profesores de la educación pública entran por concurso y no por recomendaciones políticas y Fecode defiende la libertad de cátedra y no determina lo que cada educador enseña en su aula. Porque en todo lo positivo que tiene la educación colombiana y en detener mucho de lo negativo que han intentado imponerle ha sido clave la lucha y el duro y mal pago trabajo de maestras y maestros. Y porque no pueden proclamarse demócratas y a la vez agredir con tal saña al magisterio y a su organización gremial, cuyo crimen ha sido defender con dignidad una mejor educación para Colombia. ¿Se imaginan hasta dónde habría llegado la famosa tacañería oficial con la educación pública sin las luchas democráticas del profesorado y el estudiantado?

Tamaña agresividad de la cúpula duquista responde a que los educadores reclaman que en el Plan de Desarrollo se apruebe reformar el Sistema General de Participaciones para que haya recursos que impidan que los colegios se caigan en pedazos, mejorarles los sueldos y nombrar en propiedad a los 50 mil tercerizados, que nadie en el magisterio sufra y se muera por culpa del sistema de salud y que los hijos de los pobres puedan cursar, como los otros, tres años de preescolar. Un verdadero crimen. ¿O no?

Bogotá, 1 de marzo de 2019.

*Senador del Polo Democrático Alternativo

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Amylkar D. Acosta M

Por Amylkar D. Acosta M*.- El DANE acaba de revelar su reporte del crecimiento del PIB en el año 2018 y su registro del 2.7% muestra un importante repunte con relación al año 2017, que fue del 1.4%, prácticamente lo duplicó. Como es bien sabido, la economía colombiana pasó por un largo período de letargo durante los cuales la tasa de crecimiento del PIB venía en caída libre, a consecuencia del reflujo del boom minero-energético y la consiguiente caída de los precios del petróleo, el carbón, el oro y el ferroníquel, especialmente. En efecto, durante los últimos tres años el crecimiento del PIB se deslizó desde el 4.9% en 2013 hasta tocar fondo en 2017, cuando gracias al efecto rebote y al mejor desempeño del sector manufacturero, especialmente, dicha tendencia se revirtió el año anterior. 

Este ritmo de crecimiento de la economía lo avizoraron los 39 analistas que fueron consultados a comienzos del año para la Encuesta Mensual de Expectativas Económicas por parte del Banco de la República cuyo pronóstico promediaba el 2.65%. No obstante, nos parece demasiado arriesgada la apuesta del Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla al aventurarse a proyectar un crecimiento del PIB del 3.6% para el 2019. Fedesarrollo es más prudente y vaticina un crecimiento del PIB para este año más modesto, del 3.3% y analistas de la firma comisionista Alianza lo calculan en la horquilla entre el 3% y el 3.4%. Creemos que el Ministro está pensando con el deseo cuando, además, aspira a que el crecimiento potencial, que había caído desde el 4.8% al 3.5%, se nivele tan pronto en el 4%, ganando medio punto porcentual.

Como ya quedó dicho la reactivación de la industria del dio el mayor impulso al crecimiento del PIB en el 2018, al pasar del terreno negativo en el que estaba el año anterior con un decrecimiento del -1.8% en 2017 al 2%. A este respecto vale la pena acotar que, si bien este resultado es positivo y alentador no es satisfactorio, habida cuenta que dicho crecimiento viene en declive, pues después del brinco que dio del -1.2% en el primer trimestre de 2018 para pisar terreno positivo en el segundo trimestre con un crecimiento del 4.4%, este se descolgó en el tercero y cuarto trimestre al reducir su rítmo de crecimiento al 3% y 2.5%, respectivamente. Por esta razón nos parece muy puesta en razón la observación del economista investigador del Bbva Research, refiriéndose al sector manufacturero, en el sentido que “su tendencia reciente aún no refleja una tracción significativa y, además, su resultado aún se ubica por debajo del PIB total”.

El sector de minas y canteras sigue siendo el patito feo, esta vez fue el único sector de los 12 considerados cuyo crecimiento se mantiene en terreno negativo, aunque hay que reconocer que su caída del -0.8% fue leve y que la contracción del mismo viene cediendo, pues en el 2016 fue de -2.5% y en 2017 del -5.7%, lo cual nos indica que lo peor para este sector ya pasó. Según manifiesta la industria extractiva, la conflictividad social en las zonas en donde operan aunada a la falta de seguridad jurídica están entorpeciendo dicha actividad y frenando su crecimiento. En palabras del experto Eduardo Chaparro, “hay una severa exposición de esta industria a no saber qué pasará mañana y así las cosas, el empresario se acuesta en un campamento minero y amanece en un parque natural”.

Se espera que esta recuperación de la economía se pueda consolidar  aupada por la política expansiva que puso en marcha la Junta directiva del Banco de la República para contrarrestar la desaceleración de la economía, bajando de manera sostenida la tasa de intervención hasta llevarla al 4.25%. También se espera que la favorezca el buen comportamiento de los precios del crudo, que cerraron el año anterior en US $71 el barril, US $7 más que en 2017, estimándose que este año fluctúe alrededor de los US $65 el barril.

También puede coadyuvar a mejorar aún más el ritmo de crecimiento de la economía la decisión del Gobierno de descongelar los ingentes recursos sin ejecutar del Sistema General de Regalías (SGR) e invertirlos en proyectos de interés regional que siguen atascados en los OCAD. Empero, la inoficiosa e inconveniente Ley de garantías se interpone en el camino, convirtiéndose en un freno de mano que lo puede impedir. Esta Ley no tiene sentido después que se abolió la reelección presidencial, que fue la que la motivó, por esta razón lo más recomendable sería su inmediata derogatoria. 

Medellín, marzo, 1 de 2019

*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net

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Juan Camilo Restrepo Salazar

Por Juan Camilo Restrepo Salazar*.- Por estos días se ha vuelto a hablar profusamente del tema de los subsidios. Este es probablemente uno de los más delicados asuntos de las finanzas públicas colombianas. A la fecha ascienden a $ 74 billones por año, lo que constituye uno de los gravámenes más onerosos del presupuesto nacional.

Desde hace algún tiempo se viene hablando de la necesidad imperiosa de racionalizar esta modalidad de gasto público; pero hasta la fecha se ha actuado muy poco.

Por racionalizar los subsidios debe entenderse, en síntesis, que ellos no vayan a favorecer a las personas más pudientes, sino que con una focalización adecuada se orienten hacia quienes tienen menor capacidad de pago.

En el proyecto de Plan de Desarrollo hemos visto áreas de sol y sombra. De una parte, se anuncia que a partir del 2020 se refinará la metodología para calcular el Sisbén IV que sería una especie de parteaguas para establecer quien amerita subsidios y quien no. Esto no es claro actualmente, con lo cual muchos de los subsidios se filtran hacia personas o grupos que no los necesitan.

De otra parte hemos presenciado a propósito del Plan de Desarrollo marchas y contramarchas melancólicas como las que se vieron con relación al subsidio de consumo de energía eléctrica del estrato 3, que está valiendo cerca de $ 700.000 millones al año. En la versión original del Plan se proponía eliminarlo pero bastó un trino del Presidente de la República para que esta iniciativa se retirara. Lo cual habla muy mal de la coordinación que se está dando al interior del gobierno. ¿Cómo es que el plan no se lo explicaron al Presidente quienes lo elaboraron antes de presentarlo al Congreso?

Se ha repetido la misma historia de la Ley de Financiamiento o Reforma Tributaria, cuando muchos de sus ingredientes, que se creían oficiales, fueron descalificados por el propio Presidente de la República.

Como toda policía tributaria, pero muy especialmente la de subsidios, no puede servir para darle gusto a todo el mundo. Porque cuando así se procede las cosas siempre salen mal.

Lo que viene sucediendo con el fondo de estabilización de los combustibles es bien diciente. Su déficit, a la fecha, asciende a $ 13.8 billones. Déficit apenas comparable con el que se intentó justificar la Reforma Tributaria o Ley de Financiamiento ¿Por qué se acumuló un déficit tan grande? Porque cuando subió el precio del crudo y se debió elevar el precio a los consumidores (donde sea dicho de paso se concentra uno de los subsidios más costosos y regresivos de la política fiscal) no se elevó en la proporción necesaria el precio al consumidor, como lo exigía el buen funcionamiento de un fondo de estabilización. Se intentó darle gusto a todo el mundo y las cosas han salido mal. Hasta el punto de que el déficit de este fondo es actualmente uno de los mayores chicharrones de la política fiscal.

En el 2016 se buscó racionalizar toda esta política de subsidios. Se preparó inclusive un proyecto de estatuto muy ambicioso que buscaba racionalizar la integralidad del tema. Este estatuto ni siquiera tuvo primer debate en las Cámaras. Y mientras tanto, el costo anual de los subsidios, la mayoría regresivos, sigue pesando como una pesada piedra de molino sobre el presupuesto anual de la Nación.

Por intentarle dar gusto a todo el mundo también se ha caído en protuberantes contradicciones. De una parte se busca racionalizarlos con la solución inteligente con el Sisbén IV. Pero de otro lado el árbol de navidad de los subsidios se sigue recargando con costosas gabelas otorgadas a gente con capacidad de pago. El ideal de la equidad está cada vez más lejos. Prueba de ello fue la cantidad de subsidios, costosos e ineficientes, en beneficio de unos poquísimos, que se introdujeron en la última Ley de Reforma Tributaria.

Llegó pues la hora de racionalizar el asunto de los subsidios. Y para ello hay que empezar por no olvidar la regla de oro: no se puede pretender darle gusto a todo el mundo. Pues cuando así se hace, los subsidios regresivos tienden a perpetuarse. Y a agregar más subsidios regresivos que benefician solo a unos pocos.

Bogotá, D. C, 3 de marzo de 2019

*Abogado y Economista. Exministro de Estado.

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José Félix Lafaurie Rivera.

Por José Félix Lafaurie Rivera.-  El editorial de El Tiempo sobre el crecimiento económico en 2018, calificado como “aceptable”, señalaba, sin embargo, que “la agricultura se desaceleró” –como si no existiera el sector pecuario– y que “las cosas para el campo habrían salido peor”, de no ser, paradójicamente, por la ganadería y la pesca de cultivo.

Sí. La ganadería; la actividad con mayor presencia rural y sustento de millones de campesinos; la que aporta el 22% del PIB agropecuario y el 1,4% del PIB nacional; la principal en cuanto al valor de su producción anual de carne y leche, que duplica al sector avícola, triplica al caficultor y al floricultor, cuadriplica al porcicultor y quintuplica al bananero.

La producción ganadera es definitiva para la seguridad alimentaria del país, y en cuanto al potencial exportador, mientras la leche se abre campo con los derivados, la carne –no dudo en afirmarlo– es una oportunidad desperdiciada, cuando se impone la sustitución gradual de la dependencia minero-energética y crece el déficit de la balanza comercial, que superó la barrera de los 7.000 millones de dólares en 2018.

No pienso con el deseo. En 2009, gracias al liderazgo de Fedegán, la carne fue incluida en los Programas de Transformación Productiva para renglones exportadores y la política pública se alineó con ese horizonte. Ese año obtuvimos la certificación de país libre de aftosa y avanzaban programas de trazabilidad y control de movilización de animales, en exitosas alianzas con Fedegán directamente y como administrador de la parafiscalidad. En 2013, el gobierno Santos ratificó el alto potencial exportador de la carne, pero, lejos de obrar en consecuencia, desalineó la política, fracturó la parafiscalidad y desandó lo avanzado. El daño fue inmenso, con la pérdida del estatus sanitario en primer lugar, pero sobre todo en “costo de oportunidad” frente al potencial exportador.

Literalmente, volvimos a 2011, pero conservamos la convicción y el empeño de avanzar en las metas que le hemos propuesto al Gobierno para 2022, en una nueva etapa de colaboración hacia objetivos comunes: 1) 500 millones de dólares en exportaciones, que ya logró la ganadería en el pasado y lo puede volver a hacer. 2) Recuperar el consumo interno hasta, por lo menos, 20 kg/persona/año. 3) Incrementar productividad con sistemas silvopastoriles amigables con la naturaleza.

El camino está abierto. A pesar de la aftosa, en 2018 las exportaciones superaron los 71 millones de dólares, y la reapertura del mercado ruso, principal destino de nuestra carne (63%) es una excelente noticia. Líbano (10%), Jordania (9%) y Emiratos Árabes (2%) son mercados con amplio potencial; de ahí la importancia de llegar con fuerza al Medio Oriente y Norte de África. En la reciente feria “Gulfood 2019” en Dubai, la más importante en alimentos, volví a sentir el orgullo de ver la presencia de la carne colombiana y percibir el interés por nuestro producto.

China es una meta por sus volúmenes, pero la prioridad son los mercados de alto precio (USA y la UE) y mayores exigencias de admisibilidad, para lo cual la ruta está señalada: 1) Recuperar el estatus sanitario; 2) Consolidar la trazabilidad 3) Implementar, por fin, un Sistema de Inspección que garantice la inocuidad, 4) Avanzar en la propuesta de Fedegán de una “Plataforma Exportadora”, a partir de organizar la producción –clusters– para garantizar calidad, precio y oferta sostenible.

Los países con TLC firmados importan anualmente más de 3 millones de toneladas. Ahí están las oportunidades servidas para tomar una tajada de esa torta. Fedegán, de la mano con el Gobierno, persistirá en el propósito de llevarle al mundo carne colombiana.

Bogotá, D. C, 3 de merzo de 2019

*Presidente de Fedegan 

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