Opinión
Este es uno de los mayores retos que debe asumir el novel Ministro Edwin Palma, con la seriedad y el compromiso que no tuvo su antecesor en el cargo.
Por Amylkar D. Acosta M*. - A partir de la Constitución de 1991 la prestación de los servicios públicos dejó de ser una función que le estaba reservada al Estado y se abrió la posibilidad de que también lo pudieran prestar además las empresas privadas y por comunidades organizadas, tal como las tan mentadas como fementidas comunidades energéticas, así quedó prescrito en su artículo 365. No obstante, dejó establecido que “los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado”. De ello se sigue que es el Estado el llamado a garantizar la prestación de los servicios públicos, tal como lo establece la Ley 142 de 1994, con eficiencia, calidad, continuidad y equidad.
Este es el sentido y la razón de los subsidios a los usuarios de los servicios públicos más vulnerables, esto es a los estratos 1, 2 y 3, los cuales quedaron reglamentados en el artículo 99.3 de la Ley 142 de 1994 de servicios públicos, como “un descuento en el valor de la factura”. Ello dio lugar a la creación del Fondo de Solidaridad para Subsidios y redistribución del ingreso (FSSRI) mediante la Ley 286 de 1996. Con el cumplimiento de esta norma Colombia honra su compromiso con el 6º y el 7º de los 17 Objetivos del desarrollo sostenible (ODS), que tiene que ver con el acceso al servicio de agua potable y a las energías renovables.
Y claro, para cumplir con estos dos objetivos se tienen que dar dos premisas, la primera es la disponibilidad, por que nadie puede acceder a lo que no está disponible y la segunda tiene que ver con el poder adquisitivo, que tiene que ver con el ingreso de los usuarios, que dependen a su vez de la tarifa por el disfrute de tales servicios. Como es bien sabido, según la más reciente Encuesta de calidad de vida y el Informe sobre pobreza multidimensional del DANE arrojaron como resultado que el 47% de los hogares (8´460.000 familias) tenían carencias en 5 dimensiones, entre las que se destaca “no tener acceso a fuente de agua tratada”. Y según el más reciente estudio auspiciado por la empresa PROMIGAS sobre la pobreza energética multidimensional en Colombia se pudo establecer que el 16.1% de la población, 8.4 millones de habitantes están en esa condición. Ello es deplorable!
Ahora bien, los subsidios se aplican directamente a los usuarios mediante sus facturas y luego el Gobierno debe realizar los reembolsos mediante procedimientos que aseguran la validez de dicho proceso. No es como afirmó irresponsablemente el saliente Ministro de Minas y Energía Andrés Camacho en el curso de una Asamblea de usuarios del servicio de energía que tuvo lugar en Santa Marta, convocada por él, al espetar, sin pestañear, que “los subsidios por ley se asignan a los estratos 1,2 y 3 y no se les entrega a la gente directamente, se les entrega a través de las empresas. Como la mayoría de las empresas son privadas, entonces se quedan con los subsidios y los administran. La transición debe garantizar que los subsidios lleguen a la gente” directamente.
La realidad es otra, quien “se queda con los subsidios” es el Estado, que tiene la obligación de reintegrárselo a las empresas prestadoras del servicio, que terminan financiándolos al descontárselo a los usuarios en sus facturas quedando a la espera de que el Ministerio de Hacienda les gire el valor causado de los mismos. Y es lo que no se viene haciendo de manera cumplida y diligente abocando a las empresas a dificultades de liquidez, solvencia y de flujo de caja para garantizar el cumplimiento de sus propias obligaciones con sus proveedores, entre ellos, en el caso de la energía, los generadores de energía, que son los que se la despachan a través de contratos que deben honrar y con la banca.
Entre marzo del año anterior y enero de este año se acumuló una deuda de la Nación con las empresas comercializadoras de energía del orden de los $2.8 billones, de los cuales el Ministerio de Minas y Energía sólo ha realizado la liquidación y conciliación por valor de $1.3 billones. Con el gravante de que esta liquidación y conciliación por parte del Ministerio, mientras el Ministerio de Hacienda no gire, no le dan liquidez a las empresas.
Sólo a comienzos de febrero de este año, ante el fuerte requerimiento que le hicieron conjuntamente la Contraloría General y la Procuraduría, advirtiéndole sobre la inminencia de un apagón financiero que podría derivar en un racionamiento en la prestación del servicio, se comprometió el Ministro de Hacienda Diego Guevara a hacer abonos mensuales, a cuenta gotas, que sumarían para el 30 de abril $1 billón. Pero, como cada mes se causan $300.000, que deben ser asumidos por las empresas, ello quiere decir que para entonces la deuda en lugar de saldarse o por lo menos amortizarse se elevará hasta los $3 billones!
A la deuda contraída por parte de la Nación por concepto de los subsidios con las empresas que prestan el servicio de energía se vienen a sumar lo que les debe a las que prestan el servicio de gas natural domiciliario y de GLP, más conocido como gas propano, del orden de los $628.000 millones y $68.000 millones, respectivamente, con el agravante en estos últimos dos casos que dichas empresas no están obligadas, como si lo están las que prestan el servicio de energía, a descontar en las facturas el valor del subsidio en el evento de que el Ministerio de Hacienda deje de girarlo. Dicho de otra manera, ellas, ante la estrechez de caja podrían dejar de aplicarle dichos subsidios a sus usuarios con lo cual la tarifa prácticamente se les duplicaría, atentándose contra el acceso a un servicio tan esencial como estos. Este es uno de los mayores retos que debe asumir el novel Ministro Edwin Palma, con la seriedad y el compromiso que no tuvo su antecesor en el cargo.
Cota, 11 de marzo 2025
*Economista. Expresidente del Congreso y exministro de minas y energía.
www.amylkaracosta.net
Es mucho lo que puede pasar antes de que los colombianos acudan a las urnas. Pero todo cuanto suceda con Trump impactará la voluntad de los electores
Por Hubert Ariza*. - Pocas veces la política internacional se ha hecho tan importante para definir el futuro de Colombia. Es un lugar común decir que Colombia es un país andino que ha vivido a espaldas del mundo, concentrado durante décadas en complacer a Estados Unidos, altamente dependiente, aislado en las montañas, perdido en la selva, ensimismado y atascado en sus guerras insurgentes, ejércitos irregulares y economías ilícitas. Con Gustavo Petro en la Presidencia, el país ha explorado, en medio de sus recurrentes crisis internas y falta de gobernabilidad, escenarios de apertura y acercamiento tratando de insertarse de manera más efectiva en la comunidad internacional y ganar aliados en su lucha por una agenda centrada en convertir a Colombia en potencia de la vida.
La agenda oficial en el campo internacional, sin embargo, cambió abruptamente y de manera radical, con el ascenso de Trump. El episodio del enfrentamiento de Trump con Petro, por el tema de los nacionales deportados y la amenaza de imposición de aranceles si no se obedecía, sigue siendo una herida en las relaciones comunes, no sanada del todo.
La avalancha de información global copa ahora la atención de un país acostumbrado a consumir contenidos sobre el conflicto armado interno, la corrupción, la debacle del sistema de salud y la inseguridad urbana, y no sobre la guerra de aranceles desatada por Trump, que sacude el planeta y ha inaugurado una era de incertidumbre y caos que protagoniza, además, un equipo de supermillonarios empoderados, con Elon Musk a la cabeza.
Es imposible para cualquier colombiano no sentir el impacto de lo que acontece más allá de la cotidianidad macondiana de un país afectado por la recurrente tormenta política, que atrofia la democracia y alienta las narrativas de derecha.
La guerra comercial de Trump contra México, Canadá, China y Europa, y su voluntarismo en la definición de un nuevo orden internacional de garrote, exclusión, totalitarismo y amenaza de aranceles a quienes decidan no plegarse a sus dictámenes, han generado una ola de profundas transformaciones económicas, políticas y sociales, que afectan la estabilidad mundial.
La cruzada contra la inmigración ilegal ha mostrado la peor faceta de una extrema derecha ultranacionalista y aislacionista, expansionista e imperialista, que repudia al más débil, lo deshumaniza y lo marca como delincuente e incentiva una verdadera cacería humana, como en las viejas películas del oeste americano, en la que los otrora héroes salían a cazar indios pieles rojas y el más fuerte era el que mataba más “salvajes”. El contador diario de deportados pareciera ser el nuevo símbolo del poder americano de la extrema derecha.
El mandatario de Ucrania, Volodímir Zelenski, atraviesa el infierno de esa nueva política de garrote con la que Estados Unidos ha congelado la asistencia militar y el apoyo político a ese país invadido por Rusia. Trump mostró al mundo, en directo, en uno de los episodios más dramáticos de la diplomacia americana, que está más cercana al invasor que al invadido, echando a Zelenski de la Casa Blancacomo a un indeseable, y ratificando que, desde su óptica, Europa y Ucrania están fuera de cualquier solución de ese conflicto bélico, que lleva más de tres años y ha cobrado cientos de miles de víctimas.
Trump ha obligado el rearme europeo y el despertar militar de Alemania, alentando el resurgimiento de un sentimiento antinorteamericano global, que ha minado la autoridad ética de un país que se vanagloriaba de dar clases de democracia, defensa del libre mercado y los derechos humanos, solo hasta hace unos meses.
El boicoteo a los productos made in USA crece como una respuesta de la sociedad afectada por las decisiones de un presidente que ha convertido los aranceles en el INRI de la integración y el libre mercado.
Trump ejerce un liderazgo en el que promueve el miedo, no el respeto, y se alinea con quienes contribuyan a sus objetivos de ganar mayor territorio, poder económico y militar, dejando atrás la solidaridad, la libertad y la democracia. En el nuevo escenario, China tiene mayores argumentos para expandir su influencia, Rusia aumenta su poder intimidatorio sobre Europa, América Latina parece irrelevante para Washington, excepto cuando el primer mandatario de la potencia habla de expropiar el Canal de Panamá o acceder al petróleo venezolano. Colombia, el principal aliado de Estados Unidos por décadas, tiene, a su vez, dos elementos esenciales para el futuro de la humanidad: biodiversidad y reservas de agua. Los más alarmistas argumentarán que en algún momento Trump también podría querer acceder a esa riqueza, al igual como amenaza con tomarse a Groenlandia por cualquier vía.
El mundo, desde el pasado 20 de enero, parece haber regresado a 1933, cuando la Segunda Guerra Mundial comenzó a fecundarse bajo el liderazgo de un monstruo fascista que decidió devorarse la paz mundial, corriendo las fronteras e intentando borrar de la faz de la tierra a los diferentes. La tercera guerra mundial, el holocausto nuclear, hoy ya no es una hipérbole futurista.
Un elemento que ha impactado a Colombia es la eliminación de la agencia de cooperación americana, USAID, que suprimió más de 400 millones de dólares anuales, afectando la justicia transicional y dejando a la deriva cientos de comunidades empobrecidas y afectadas por el conflicto armado, la depredación de los ecosistemas, la erosión de las libertades. En momentos en que Colombia padece un profundo déficit fiscal, y las gobernaciones y alcaldías viven tiempos difíciles, el presidente Petro ha anunciado, como símbolo de dignidad, que Colombia asumirá los costos de los programas de USAID. Con las arcas vacías parecen solo buenas intenciones en tiempos electorales.
El escenario internacional obliga a Colombia a preguntarse qué tipo de liderazgo necesita para enfrentar la agresiva política arancelaria y de expansión de Trump. ¿Tenemos la Cancillería adecuada para soportar los nuevos tiempos? ¿Existe un plan de fortalecimiento de la diplomacia nacional? ¿Es Laura Sarabia la persona adecuada para ese cargo, atormentada por las denuncias de corrupción que rondan su paso por el Estado? Aunque la política exterior la dirige el presidente de la República, es un asunto que debería convocar a la unidad nacional. Los escenarios futuros son preocupantes. Colombia es una esquina del hemisferio occidental demasiado apetitosa para un espíritu expansionista.
En mayo de 2026 se conocerá el nombre del sucesor de Petro, quien no se siente derrotado y ha volcado todo el Estado en el objetivo de garantizar la reelección de su proyecto político, haciendo un recambio de gabinete, mezclando ortodoxia política y aventurismo revolucionario, usando la televisión nacional como instrumento de posicionamiento y seducción política, invirtiendo en las regiones gran parte de los 500 billones de pesos de presupuesto nacional, y llamando a la gente a las calles para movilizar su electorado y desafiar, desde ahí, a la derecha, que sigue sin reaccionar, con su máximo líder sentado en el banquillo de los acusados.
Es mucho lo que puede pasar en un año, antes de que los colombianos acudan a las urnas. Pero todo cuanto suceda con Trump, con la redefinición de los roles de las potencias y el diseño del nuevo orden internacional, impactará la voluntad de los electores. Esta vez el país tendrá que preguntarse si elige a quien prometa seguir de manera obediente la estrella polar, o a quien tenga la capacidad de comprender la dinámica realidad global y las agallas para defender la soberanía nacional y los intereses vitales, sin arriesgar la libertad, el bienestar y el territorio. El discurso nacionalista estará presente en el debate de 2026, alentando la narrativa de que el imperio contraataca en la tierra del universo del hijo de Aracataca. Y no es realismo mágico, sino hiperrealismo trumpiano, como el que vive hoy Ucrania y sacude a Europa.
Bogotá, D. C, 11 de marzo 2025
*Periodista, internacionalista y analista político.
Tomado de EL País.
Con la llegada de Edwin Palma como Ministro se augura que el diálogo y la concertación se restablezcan para bien del sector.
Por Amylkar D. Acosta M*.- Ahora que el Presidente de la República Gustavo Petro, en la recta final de su mandato y con el sol a sus espaldas, resolvió recomponer su gabinete ministerial y luego de la renuncia del titular del Ministerio de Minas y Energía Andrés Camacho y se designó en su reemplazo a Edwin Palma, es propicia la oportunidad para este último le dé un timonazo a la política del sector minero – energético y trate de recuperar el tiempo perdido para el mismo por sus dos antecesores y le imprima la dinámica requerida para sortear la gran crisis en que se debate el Sistema eléctrico y el abastecimiento de gas natural. Este sector que, según el DANE, fue el de peor desempeño el año anterior, con una caída del 5,2%, restándole 0.3 puntos porcentuales al magro crecimiento del 1.7% del PIB. Salta a la vista que en el incumplimiento delatado por el propio Presidente Petro “de 146 de sus 195 compromisos”, la cartera de Minas y Energía tiene un lugar protuberante.
Al final de su pésima gestión frente al Ministerio este queda maltrecho con la barrida de la tecnocracia que inició Irene Vélez y continuó Camacho sin solución de continuidad. Nos dejó una de las dos empresas que presta el servicio de energía en el Caribe (Air e) intervenida y con serios problemas, la otra (Afinia) a punto de tirar la toalla y todas las empresas comercializadoras de energía a punto de un apagón financiero y el riesgo de un racionamiento, como lo han denunciado ellas y lo advirtieron en un pronunciamiento conjunto recientemente la Contraloría General y la Procuraduría, que puede llegar a comprometer la continuidad de la prestación del servicio.
Deja a las empresas comercializadoras de energía con una deuda por concepto de los subsidios por valor de $2.7 billones, suma esta que, si se cumple por parte del Ministerio de Hacienda con los prometidos abonos, se incrementará, en lugar de disminuir, escalando a finales de abril hasta los $3 billones. Además, se va debiéndole a las comercializadoras de gas natural y de gas propano (GLP), por concepto de subsidios, $628.000 millones y $68.000 millones, respectivamente.
Incumplió, además, con la orden que le impartió el Presidente Petro en mayo del año pasado para que titularizara la deuda de los estratos 1,2 y 3 por concepto de la opción tarifaria ($2.8 billones) y de esta manera asumirla por parte de la Nación, la cual han seguido pagando los resignados usuarios. De cumplirse esta promesa presidencial ello ipso facto se reduciría el valor de la factura de energía un 24%! El Ministro Palma viene de desempeñarse como Agente interventor de la empresa Air e, así es que conoce de primera mano las afugias de las empresas comercializadores y es sabedor de la necesidad de que el Ministerio de Hacienda les desembolse la suma adeudada a las empresas prestadoras de los servicios públicos.
Se comprometió a que se tomarían medidas para bajar las tarifas de energía, más sin embargo las medidas tomadas directamente desde su despacho y/o desde la CREG no lo han logrado, sólo han servido de espejismo. Y ante su fracaso en su fementido propósito terminó por convencer al Presidente Petro de que las altas tarifas que estamos pagando los usuarios son “ilegales” pues las atribuyen a la especulación por parte de los generadores, contra quienes la han emprendido. Pese a su alarde, para embaucar incautos, de estar como Ministro “del lado de los usuarios”, también con ellos quedó en deuda.
Su negacionismo lo llevó a negar la escasez de gas, pues para él se trataba de un caso de “acaparamiento” irregular y al descartar la escasez no vio necesaria las importaciones para cubrir la demanda esencial (residencial, comercio e industria), la que se viene dando desde el 1 de diciembre y a consecuencia de ello se elevó la tarifa que pagan los usuarios de gas del interior del país entre el 20 y el 36%, la cual considera “injustificada” y lo atribuye a la especulación de parte de las empresas, lo cual derivó en el atropello por parte de las superintendencias de industria y de servicios públicos , desatando una cacería de brujas contra las empresas y lo más grave contra NATURGAS, que es el gremio que las representa.
Fue incapaz de poner en marcha los parques eólicos en La Guajira, le dijo al país que “no hay proyectos suspendidos” cuando todo el país sabe que la mayoría de ellos han sido abandonados por las empresas desarrolladoras de los mismos. Ello es muy grave porque su entrada en operación habrían contribuido a la confiabilidad, a la firmeza en la prestación del servicio y desde luego también a que los usuarios pudieran sentir un alivio en las tarifas que tanto los agobia.
Lo más preocupante para el sector es que a lo errático de la gestión ministerial, se sumaron los mensajes y señalamientos temerarios inculpando a los generadores de energías y últimamente a las empresas distribuidoras de gas como especuladores y responsabilizándolos de las altas tarifas, al extremo de llevar al Presidente Petro a afirmar temerariamente que las tarifas de energía que se cobra a los usuarios son “ilegales”, mientras el Ministro afirma que el alza en las de gas son “injustificadas”, amén de la actuación de las superintendencia de servicios públicos y la de industria, han creado un clima de hostilidad hacia las empresas y hacia el empresariado del sector. Con el agravante de que varias medidas que se han tomado desde el Ministerio, mediante decretos y resoluciones y/o resoluciones de la CREG atentan contra la seguridad jurídica y la confianza inversionista.
Entre las decisiones que deberá acometer sin tardanza el novel Ministro están entre otras: con carácter urgente, además de destrabar la ejecución de los proyectos en curso, abrir dos subastas, una de reconfiguración y otra de expansión de la capacidad de generación para evitar el déficit de oferta de energía en firme (OEF) que, según la Unidad de planeación minero – energética (UPME) se tendrá el próximo año. La pronta ampliación de la capacidad de regasificación, para poder responder al creciente volumen de gas importado, dado que la SPEC se tornará insuficiente a muy corto plazo.
Finalmente, con el Ministro Camacho los gremios del sector se perdió la interlocución entre el sector privado y el gobierno, ni siquiera acudió a las convocatorias que le hicieron los organismos de control. Con la llegada de Edwin Palma como Ministro se augura que el diálogo y la concertación se restablezcan para bien del sector. En ello él, que ha sido un curtido luchador sindical, tiene una amplia experiencia y le ayuda su talante proclive a llegar a acuerdos, partiendo del reconocimiento, rindiéndose ante la evidencia, de la existencia de los problemas en lugar de soslayarlos y mimetizarlos, que fue cuanto hizo el ex ministro Camacho.
Barranquilla, marzo 1 de 2025
*Economista. Expresidente del Congreso y exministro de minas y energía
www.amylkaracosta.net
El problema no es solo de seguridad ciudadana, sino de seguridad nacional y soberanía territorial.
Por José Félix Lafaurie Rivera*.- Ayer el Consejo Gremial Empresarial (sic) le dijo (sic) una gran mentira a los colombianos. Que había una crisis de violencia”. Ese fue el trino acusador del presidente Petro al Consejo Gremial Nacional, respaldado por el cuestionado exministro Velásquez, quien se despidió afirmando que la situación de orden público “no es tan dramática” y que los hechos de violencia se “maximizan” para desprestigiar al Gobierno.
Graves acusaciones; primero, porque el comunicado del CGN, en ninguna parte afirma que haya una “crisis de violencia”, aunque rechaza los actos de violencia y terrorismo en Cúcuta, una capital que tuvo que declarar toque de queda; en Chocó, donde los habitantes están aterrorizados, y en el Catatumbo, que vive una crisis humanitaria sin precedentes.
Segundo, porque el Consejo Gremial no inventó nada; su rechazo está basado en la información que el país conoce por los medios. Sin embargo, el presidente, en un segundo trino, lo acusa de “desinformar a la opinión pública” y hasta de superficialidad: “La paz necesita datos objetivos y seriedad”.
Tercero, porque la gran mentira no está en reconocer y rechazar una realidad evidente de violencia, sino quizás en tratar de ocultarla o de desestimar su gravedad ante el país. No es cierto, como afirma el presidente, que la “violencia se mide por tasa de homicidios”, que puede haber disminuido durante su gobierno, pero la violencia no es solo una contabilidad de muertes…
Violencia es el temor de ser asaltado en una calle o extorsionado por bandas que venden dizque seguridad en campos y ciudades; violencia es la influencia de grupos armados ilegales en 809 municipios, como denunció la Defensoría del Pueblo. En Chocó, por ejemplo, aunque la Fuerza Pública recorrió los ríos e hizo presencia en los poblados para evitar mayores desgracias, no pudo evitar la desgracia, esa sí mayor, de sentir vulnerada la libertad de movilización, el derecho a educarse, a ganarse el sustento…, a vivir sin temor, porque el objetivo del paro armado es sembrar terror paralizante, el mismo que tiene confinados y desplazados a miles de pobladores del Catatumbo.
Y cuarto, porque esa evidente crisis de violencia tiene un factor común: el Eln, la razón por la que el Gobierno se aferra a desestimar la actual escalada de violencia, porque reconocer el estado terminal de las negociaciones con ese grupo criminal es un golpe a su política de Paz Total.
Ahora bien, el problema no es solo de seguridad ciudadana, sino de seguridad nacional y soberanía territorial. La “guerra total” de los violentos ya no es para derrocar gobiernos, sino entre ellos para controlar territorios y proteger rentas ilícitas, sometiendo por el terror a la población, instrumentalizando, por las buenas o por las malas, a Juntas de Acción Comunal, minorías étnicas y “organizaciones comunitarias”; capturando recursos y votos en gobiernos locales y departamentales.
Por eso la guerra del Eln contra quienes le disputan el control del corredor oriental fronterizo, ruta de la cocaína hacia el mundo a través de Venezuela, donde solo es perseguido de boquilla por su aliado, un dictador armado, asustado y expansionista, que representa una amenaza para la soberanía nacional. Ni qué decir de la guerra en el corredor occidental (Chocó – sur del Valle, Cauca, Nariño y Putumayo), por la minería ilegal y la coca con salida al Pacífico.
El país está siendo acorralado y, si vamos a las causas, la innegable crisis de violencia tiene una todavía cercana: la gran mentira histórica, el asalto a la democracia y el engaño de la paz estable y duradera de Santos y las Farc. Por eso estamos como estamos.
Bogotá, D. C, 1 de febrero 2025
*Presidente FEDEGAN
@jflafaurie
Soluciones son las que debe ofrecer al pueblo -que tanto dice amar- el presidente Petro en sus agotadoras peroratas de temas tan diversos e incompresibles.
Por Gabriel Ortiz*. -El mundo económico y financiero enfocó a Colombia como una temeridad, un riesgo, si de invertir se trata, ante la inestabilidad que registra día a día, desde cuando el progresismo y el cambio asumieron el gobierno en agosto de 2022.
JP Morgan, el banco más grande y poderoso de Estados Unidos, en su último informe sobre estabilidad dirigido a los inversionistas del mundo, ha divulgado serias preocupaciones en torno al clima que se respira en materia económica, social y política, en nuestro país.
“No es momento para mirar a Colombia para invertir, porque no existen impulsores fundamentales y sustanciales en el horizonte. Hay riesgos locales y externos que deben monitorearse antes de cualquier decisión”.
Y el tema se adentra en otros preocupantes temas económicos como la existencia de las más altas tasas de política monetaria de la región (9’5%) y la persistencia de presiones fiscales que golpean con dureza.
Se refiere este informe, a la reforma pensional aprobada por el Congreso y que hoy analiza la Corte Constitucional. La califica de inconveniente para los inversionistas, porque “establece que las entradas de capital al sector privado se reduzcan a la mitad. Resta así menor dinamismo en el patrimonio”.
Agrega que las amenazas arancelarias y de inmigración anunciadas por Trump, podrían conducir a una mayor volatilidad del mercado, al tiempo que las monedas e ingresos fiscales aumentarían, si se aplica un incremento a la producción petrolera.
El ministro de hacienda Diego Guevara, al conocer el informe del JP Morgan, explicó que la economía colombiana sigue siendo estable y atractiva. Como prueba de ello, reveló que las subastas de TES son muy apetecidas.
Claro que el informe de JP Morgan se refirió a la inestabilidad política, la inseguridad y demás aspectos que constriñen a la población.
De todos es sabido que el 75% del territorio nacional, está bajo el dominio de algo así como 45 grupos guerrilleros, que ordenan a su antojo paros armados que lesionan a los habitantes de las más pobres y desvalidas regiones. Les impiden la producción en grandes extensiones de tierras cultivables, mientras que las dedicadas a coca y marihuana permanecen en plenas cosechas. Las fuerzas del estado, han sido frenadas en su acción, al reducirles los presupuestos y expedir normas que favorecen a grupos guerrilleros, extorsionistas, narcotraficantes, subversivos, delincuentes comunes y agitadores.
El análisis del JP Morgan, hace una reflexión sobre la caótica situación de Colombia y el estado actual de las cosas, al considerar que las elecciones del 2026, podrían convertirse en un potencial capitalizador e impulsor de los mercados, la economía y en general de la situación social.
La apreciación del JP Morgan, es igual a la que se desprende de otros analistas sobre la caótica situación que vivimos y que no sabemos si pueda ser superada en el futuro que necesitamos, urgimos y requerimos.
Soluciones son las que debe ofrecer al pueblo -que tanto dice amar- el presidente Petro en sus agotadoras peroratas de temas tan diversos e incompresibles.
BLANCO: La valentía de la gobernadora del Chocó Nubia Carolina Córdoba, al dirigirse a Petro para defender a su departamento y a su gente. Petro la despereció… solo la miró y se fue.
NEGRO: El ministerio de salud, sigue burlándose de la Corte. Nada que aporta el dinero que impida más muertes de colombianos.
Bogotá, D. C, 27 de febrero 2027
*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional. Telematinal y Notisuper.
Las inhabilidades electorales son una herramienta fundamental para preservar la integridad de la democracia y la justicia en los procesos electorales del país.
Por Humberto Méndez Rojas*. -Las inhabilidades electorales son un conjunto de restricciones legales que buscan garantizar la transparencia, equidad y legitimidad en los procesos electorales. Estas inhabilidades se encuentran profundamente ligadas a la estructura política del país, que ha evolucionado a lo largo del tiempo desde la lucha por el poder político hasta la consolidación de la democracia moderna.
El poder político, según la teoría clásica, se origina del pueblo, pues en una democracia el acceso al poder debe ser el reflejo de la voluntad popular, representada en las urnas. En este contexto, los derechos políticos, como el derecho al voto y a ser elegido, son fundamentales para la participación en la toma de decisiones del Estado.
De acuerdo con el filósofo y sociólogo Norberto Bobbio, la democracia se basa en la igualdad de derechos políticos, donde todos los ciudadanos tienen la oportunidad de influir en el destino de su nación. En este sentido, los derechos políticos no solo incluyen el derecho a elegir a los gobernantes, sino también el derecho a ser elegido, lo que implica un acceso justo y transparente al poder. Sin embargo, el acceso al poder no puede ser absoluto ni sin restricciones, ya que deben existir mecanismos que prevengan el abuso de poder, el clientelismo y las malas prácticas que podrían distorsionar la democracia.
En Colombia, las inhabilidades electorales cumplen un rol crucial dentro de este marco. Estas inhabilidades son medidas preventivas para evitar que personas con conflictos de interés o con comportamientos éticamente cuestionables lleguen a ocupar cargos públicos.
En los artículos 126 y 179 de la Constitución Política de Colombia y en las leyes 136 de 1994 y 1475 de 2011, por mencionar solo estas, se establecen un conjunto de inhabilidades que prohíben, entre otras cosas, que servidores públicos en ejercicio se postulen para ciertos cargos, y que personas condenadas por ciertos delitos accedan a cargos de elección popular. La razón detrás de estas inhabilidades es clara: garantizar que quienes ejerzan funciones públicas lo hagan de manera íntegra, sin que existan conflictos de interés que puedan afectar la toma de decisiones o el bien común.
Desde una perspectiva jurídica, las inhabilidades han sido definidas por la Corte Constitucional[1] como “circunstancias creadas por la Constitución o la ley que impiden o imposibilitan a una persona acceder a un cargo público”. Es decir, son los requisitos o impedimentos expresamente establecidos que determinan quiénes están excluidos de desempeñar ciertos cargos dentro del Estado. En esta misma línea, García Figueroa (2018) explica que las inhabilidades pueden entenderse como circunstancias o hechos específicos que califican a una persona y le impiden participar en un proceso electoral determinado. Estas restricciones pueden derivarse de una condición individual, como lo establece el artículo 126 de la Constitución, o de una sanción impuesta por organismos de control o judiciales del Estado.
El objetivo de las inhabilidades no es limitar el acceso al poder, sino asegurar que este se ejerza con responsabilidad, moralidad, probidad, imparcialidad y respeto a la ley, manteniendo la confianza de los ciudadanos en el sistema democrático. De esta manera, la democracia colombiana busca evitar que las instituciones sean capturadas por intereses particulares y garantizar que el poder no sea utilizado en beneficio propio, sino en beneficio de la sociedad. Así, las inhabilidades electorales son una herramienta fundamental para preservar la integridad de la democracia y la justicia en los procesos electorales del país.
No obstante, las inhabilidades en materia electoral se han convertido en un dolor de cabeza para quienes aspiran a acceder al poder mediante la elección popular, debido a la falta de seguridad jurídica generada, entre otros factores, por la dispersión normativa del régimen de inhabilidades; el escaso rigor jurídico del Consejo Nacional Electoral al resolver las solicitudes de revocatoria de inscripción de candidaturas por razones de inhabilidad; y la abundante, y en ocasiones contradictoria, jurisprudencia que se profiere desde la jurisdicción Contencioso Electoral[2], la cual, además, últimamente ha sido controvertida desde la Corte Constitucional con polémicos fallos de tutela.
Estas situaciones han generado incertidumbre en los procesos electorales y han puesto en debate el equilibrio entre la necesidad de garantizar la transparencia electoral y el respeto a los derechos políticos de los ciudadanos. En este contexto, surge una pregunta más que pertinente: ¿se está garantizando de manera efectiva el derecho fundamental a elegir y ser elegido en Colombia, o las inhabilidades han terminado por convertirse en una barrera desproporcionada para la participación democrática?
Bogotá, D. C, 27 de febrero 2025
*Abogado especialista en Derecho Público. Magíster (c) en Administración Pública. Consultor y litigante en Derecho Electoral
[1] Corte Constitucional, sentencia C-181 de 1997, M.P. Fabio Morón Díaz.
[2] Tribunales administrativos y la Sección Quinta del Consejo de Estado.
Las normas constitucionales fueron mucho más claras que las aludidas sentencias:
Por José G. Hernández*.- Vale la pena insistir en la necesidad de distinguir entre los derechos y su abuso. Se está convirtiendo en costumbre el alegato de estar ejerciendo un derecho cuando, en su supuesto ejercicio, se afectan los derechos de las demás o el orden jurídico.
Se invoca, por ejemplo, el derecho al libre desarrollo de la personalidad o a la autonomía personal, consagrado en el artículo 16 de la Constitución, para portar y consumir la famosa dosis personal de estupefacientes en parques y lugares públicos, en presencia de menores de edad, con el consiguiente daño a sus derechos.
En buena parte, esos comportamientos -que, sin duda alguna, causan daño a los menores y a la comunidad- encontraron apoyo en dos confusas sentencias de la Corte Constitucional sobre el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
El artículo 140 de la Ley 1801 de 2016 -varias veces modificada- señaló, como conductas contrarias al cuidado e integridad del espacio público, las consistentes en consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos, centros deportivos o parques. La Ley 2000 de 2018 añadió “las zonas históricas o declaradas de interés cultural, u otras establecidas por motivos de interés público, que sean definidas por el alcalde del municipio”.
En la Sentencia C-127 de 2023, referente a estas normas, la Corte expresó: “La medida que restringe el consumo, aun de la dosis personal, en parques, no es proporcionada en sentido estricto. Al respecto, la Sala advierte que la norma genera importantes beneficios en materia de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y el consumo de sustancias psicoactivas en los parques. Sin embargo, evidencia un sacrificio desproporcionado de los principios de libre desarrollo de la personalidad y de dignidad humana, así como del derecho a la salud de los consumidores de sustancias psicoactivas. Lo expuesto, porque el precepto acusado configura una prohibición absoluta, que ni siquiera concibe a la libertad como excepción, sino que la limita intensamente”.
En Sentencia C-253 de 2019 había sostenido la Corte: “El Legislador viola el derecho al libre desarrollo de la personalidad al prohibir de forma amplia y general, so pena de medidas de policía, el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas “en espacio público, lugares abiertos al público, o que siendo privados trasciendan a lo público” (…) El Legislador viola el derecho al libre desarrollo de la personalidad al prohibir de forma amplia y general, so pena de medidas de policía, el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas “en parques [y en] el espacio público”.
Las normas constitucionales fueron mucho más claras que las aludidas sentencias:
El artículo 16 de la Constitución advierte que el libre desarrollo de la personalidad se ejerce “sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico”.
El 44 proclama que “los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”.
Según el 95, el ejercicio de los derechos y libertades implica responsabilidades y que el primer deber de toda persona consiste en “respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios”.
Bogotá, D. C, 26 de febrero de 2025
*Expresidente de la Corte Constitucional
Los ciudadanos eligen a sus alcaldes para un período de cuatro años, con la esperanza de ver materializados planes, programas y proyectos que mejoren las condiciones de vida en sus territorios.
Por Horacio José Serpa Moncada*. - En política, la renuncia de un alcalde no debería ser tema de discusión. Mucho menos debería ser necesario que un mandatario de una ciudad como Bucaramanga tenga que salir a aclarar públicamente que no va a abandonar su cargo, como lo hizo Jaime Andrés Beltrán esta semana. Esa simple necesidad de desmentir una posible renuncia refleja un vacío preocupante en nuestra cultura política y democrática.
Los ciudadanos eligen a sus alcaldes para un período de cuatro años, con la esperanza de ver materializados planes, programas y proyectos que mejoren las condiciones de vida en sus territorios. La responsabilidad de un alcalde no es menor: formular y aprobar el plan de desarrollo, que se convierte en la hoja de ruta para el avance de la ciudad. Cada decisión, cada política pública implementada debe tener como norte el bienestar de los ciudadanos. Y abandonar el cargo, sin una razón de peso, por una eventual candidatura futura o una fuerza mayor, sería una traición a ese mandato popular.
En el caso específico de Jaime Andrés Beltrán, así como de los alcaldes de Girón y Piedecuesta, es cierto que enfrentan un proceso por doble militancia. Una situación compleja que, para algunos, podría parecer exagerada e incluso injusta. Sin embargo, Colombia es un Estado de derecho, y las leyes, nos gusten o no, están para cumplirse. Si el Consejo de Estado decide su destitución, entonces esa será otra discusión. Pero la renuncia, de manera voluntaria, jamás debería estar sobre la mesa.
En una coyuntura política donde la confianza en las instituciones y en los líderes locales se encuentra en niveles preocupantemente bajos, lo último que necesitamos es que los mandatarios municipales comiencen a tambalear. La incertidumbre política y administrativa no solo afecta la gestión de los recursos públicos, sino que también erosiona la credibilidad de todo el sistema democrático.
El debate no debería centrarse en si Beltrán va a renunciar o no. La discusión de fondo es cómo garantizar que los alcaldes cumplan con sus responsabilidades hasta el último día de su mandato, cómo fortalecer la institucionalidad para que los procesos legales, como el de la doble militancia, se resuelvan con prontitud y claridad, y cómo devolverle a los ciudadanos la certeza de que sus votos valen y perduran por el tiempo estipulado en la ley.
La política no puede ser un juego en donde, ante el primer tropiezo, el alcalde se levanta y abandona el partido. La responsabilidad con la ciudad y con sus electores exige más firmeza, más carácter y, sobre todo, más compromiso.
Bucaramanga, 25 de febrero 2025
*Administrador de Empresas, especializado en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos con experiencia en el área financiera y relaciones públicas. Exconcejal de Bogotá, Senador.
Tomado de Vanguardia.
En instancias formales e informales se menciona la inevitable descertificación de Colombia antes de septiembre.
Por Simón Gaviria*. -Supremamente odioso pensar en el proceso de certificación de la lucha contra las drogas que hace EE.UU. como una validación moral. EE.UU. es el mercado de narcóticos más grande del mundo, con costos de drogadicción estimados por el Departamento de Justicia en US$215 mil millones. Si la herramienta policiva es la mas eficaz eso es un debate para otro día, el hecho es que, con la proliferación de fentanilo, 27.2 millones de estadounidenses (9.7% de la población) enfrentaron problemas de adicción de drogas en 2024, según los centros de adicción de EEUU. Un tema que venia perdiendo relevancia durante este siglo volvió a ser prioridad electoral, EE.UU. va a dar esta batalla en todos los frentes.
La certificación fue creada en 1986 en la ley de ayuda extranjera de EE.UU., bajo la histeria de la epidemia de crack. Actualmente, solo tres países no pasan la prueba: Venezuela, Bolivia y Myanmar. La consecuencia inmediata de una descertificación sería la suspensión de la ayuda humanitaria y militar de EE.UU. hacia Colombia, que se espera en US$413 millones en 2025. Sin embargo, lo grave serian los aranceles y trabas aduaneras que podrían imponernos. Recientemente, no bajo la bandera del proteccionismo sino por no cooperar en la lucha contra el fentanilo, EE.UU. impuso aranceles del 10% a China.
En instancias formales e informales se menciona la inevitable descertificación de Colombia antes de septiembre. Incluso cuando se logró la certificación el año pasado, se notó favoritismo diplomático dada la falta de resultados. Se mencionó el crecimiento exponencial de las hectáreas sembradas de coca, que se estimaba en 250 mil, pero que ahora podrían superar las 300 mil. La validación de los esfuerzos era más bien una apuesta filosófica que enfrenta una respuesta holística versus la tesis del garrote.
La administración Trump no tiene paciencia ante la falta de resultados, a menos de que se realice un esfuerzo diplomático descomunal con genuinos resultados, será muy difícil revertir la situación.
Esto podría incluir el nombramiento de un nuevo embajador o un enviado especial a Washington en quien confíen los Republicanos, así como la dedicación semi-exclusiva de la Canciller y un compromiso material del nuevo MinDefensa. En complemento, las salidas oratorias como las del presidente en Naciones Unidas y Europa se deben suspender. Los problemas se pueden resolver, pero debe haber voluntad para abordarlos.
Con exportaciones a EEUU que alcanzan los US$14,337 millones, estos aranceles podrían ser destructivos. El daño seria especialmente dañino para sectores como el café, flores, aguacate, o el banano que gozan de márgenes apretados. Así el gobierno piense diferente a Trump, debe hacer lo posible para pasar la tormenta. Esa sensibilidad diplomática del gobierno para no ofender ni a Venezuela ni a Rusia, podríamos usarla en EEUU.
Bogotá, D. C, 26 de febrero 2025
*Actual fellow del instituto Marron en NYU. Ex-director nacional de planeación y expresidente de la Cámara de Representantes.
No sea que el ELN, de primera línea defensiva, también se transforme en… ejército de ocupación. No sobra advertirlo.
Por José Félix Lafaurie Rivera*. -Como una suerte de condena circular a la dicotomía tolstoiana entre guerra y paz, nuestro país sufre una violencia endémica que, por cuenta del ELN, amenaza con una “guerra total”, paradójicamente en el gobierno de la “paz total”.
La última alarma de la Defensoría da cuenta de 11 crisis humanitarias simultáneas, generadas por 10 grupos armados con influencia en 809 municipios, lo que representa un copamiento territorial casi total, una peligrosa pérdida de soberanía y una violencia que se irriga a las ciudades por miles de bandas de microtráfico y delincuencia común.
El ELN es el primero de la lista, y entonces uno se pregunta por qué, si hasta hace unos meses los diálogos con el Gobierno eran los de mostrar, con países garantes y acompañantes, incluidas la ONU y la Iglesia Católica, con 28 acuerdos firmados en dos años y hasta un flamante Comité Nacional de Participación.
La respuesta está en su historia y su ADN: 60 años de “violencia revolucionaria”, una bandera apenas simbólica que se resiste a arriar, pues justifica su “violencia narcoterrorista” y su reclamo al Gobierno por seguir en la lista de los Grupos Armados Organizados, porque ellos no son delincuentes, sino “luchadores por la libertad”.
Durante 50 años el ELN ha negociado con los gobiernos, en un ciclo de diálogo, incumplimiento, ruptura sangrienta y nuevo diálogo. Hoy estamos, y de qué manera, en fase de “ruptura sangrienta”, durante la cual, con cinismo, sus líderes cacarean voluntad de paz y un compromiso que suena a gracejo, de no ser por el drama que encierra: “El ELN firma para cumplir”, mientras incumple descaradamente y acusa al Gobierno de ser el incumplido. Ayer nomás, Antonio García denunció que las Fuerzas Militares son aliadas del Clan del Golfo y no lo combaten en Chocó, lo cual justifica otro paro armado que paraliza a la región.
La respuesta también está en su estrategia “geopolítica”. Primero, su transformación adaptativa, de guerrilla comunista-cristiana - ¡vaya combinación! -, a grupo armado binacional, narcoterrorista en Colombia y, sin dejar de serlo, paramilitar en Venezuela, aliado del dictador, aunque lo niegue de dientes para afuera.
Segundo, su estrategia expansiva de control territorial. Se habla de luchas por control territorial como lugar común, pero, así como el iceberg nos muestra solo su punta sobre las aguas, hay una amenaza latente que permanece oculta para el país.
El iceberg, de hecho, es imagen de la estrategia elena de “lucha y acumulación”, con la lucha armada por el control territorial como punta visible, bajo la cual se esconde “el acumulado” de sus otras luchas: la social y económica, la política, la ideológica, la ambiental y la diplomática, cuyo fin último es el socialismo, para lo cual, además de sojuzgar a la población, es necesario eliminar adversarios: Fuerza Pública, grupos armados que pretendan atravesarse y todo aquel que piense diferente.
Tampoco se trata de un control localizado, no es el Catatumbo solamente, sino el corredor de frontera, desde La Guajira hasta Vichada, y no solo para tener una retaguardia del otro lado de la frontera, sino para cuidarle la frontera al régimen venezolano, como una primera línea de defensa.
Maduro padece el síndrome de invasión, y nada más peligroso que un dictador asustado con pretensiones expansionistas. De hecho, ya convocó elecciones para gobernador del nuevo Estado del Esequibo que pretende arrebatarle a Guyana.
No olvidemos que la población guajira es binacional, como el contrabando, el narcotráfico en el Catatumbo y hasta la cultura llanera en el resto de frontera. No sea que el ELN, de primera línea defensiva, también se transforme en… ejército de ocupación. No sobra advertirlo.
Bogotá, D. C, 23 de febrero 2025
*Presidente FEDEGAN
@jflafaurie
