Opinión

Y está bien que defienda los intereses económicos norteamericanos, pero no agrediendo, atropellando, imponiendo, ni amenazando a otras naciones. 

Por José G. Hernández*. -Se ha posesionado Donald Trump como cuadragésimo séptimo presidente de los Estados Unidos de América. Todo indica que las características de la administración -al menos, las de arranque- serán el nacionalismo, el egocentrismo y el autoritarismo, todo en grado extremo.

Es palpable que habrá mucho incienso, desde dentro y desde fuera, como se reflejó en el afán de muchos -inclusive algunos colombianos- por figurar como “invitados especiales”, aunque no lo eran y no pudieron posar a los pies del faraón.

Llega Trump con muchas propuestas que constituyen su política territorial y económica. Es muy probable que compre y anexione Groenlandia, pero varios otros objetivos generan, desde ahora, rechazo y solidaridad en contra. Así pudo verse en Panamá el mismo día del juramento; hubo protestas y quema de banderas estadounidenses, a propósito de la anunciada toma del Canal.

El presidente José Raúl Mulino reiteró: “El Canal es y seguirá siendo de Panamá y su administración seguirá estando bajo control panameño". Añadió que no fue una concesión de nadie, sino el resultado del acuerdo Torrijos-Carter, que lo trasladó a Panamá el 31 de diciembre de 1999. Desde entonces, durante 25 años, de manera ininterrumpida, lo hemos administrado y expandido con responsabilidad para servirle al mundo y su comercio, incluyendo a Estados Unidos".

El nuevo jefe de Estado comenzó cambiando el nombre del Golfo de México, que se llamará “Golfo de América” y declarando la emergencia nacional en la frontera sur. “Quédate en México. Todas las entradas ilegales serán bloqueadas de inmediato, para detener la desastrosa invasión existente y comenzaremos el proceso de enviar a millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron”. De inmediato, agentes fronterizos, en El Paso (Texas), cerraron puertos de entrada: “Cruzar este punto resultará en arresto, procesamiento y posible aplicación de la fuerza".

Ha respondido la presidenta Claudia Sheinbaum: “México no tiene que agachar la cabeza o sentirnos menos, si somos trabajadores honestos y tenemos mucho que presumir ante el mundo entero. Que se oiga bien, que se oiga lejos: México no es colonia de nadie, no es protectorado de nadie. Es un país libre, independiente y soberano".

Muchos piensan que se avecinan días (o años) de confrontación y violencia. Así, el prelado colombiano Monseñor Darío Monsalve Mejía ha escrito: “La omnipotencia, la arrogancia y la megalomanía estadounidense, encarnada en el discurso de un Trump resentido y desafiante, llenarán aún más de tensiones y antagonismos nuestro continente. ¡Involución egolátrica del régimen USA!”

A nuestro juicio, estando de acuerdo con Trump en que todos nuestros gobiernos deben empeñarse en luchar contra la delincuencia y el narcotráfico, ello debería darse mediante el acuerdo, el mutuo apoyo y la integración, dentro de las reglas del Derecho. Y está bien que defienda los intereses económicos norteamericanos, pero no agrediendo, atropellando, imponiendo, ni amenazando a otras naciones.

Nos parece, entonces, más pertinente y razonable lo expuesto por el Papa Francisco, en carta de felicitación al posesionado: “Espero que, bajo su guía, el pueblo de Estados Unidos prospere y se comprometa a construir una sociedad más justa, donde no haya espacio para el odio, la discriminación o la exclusión”. Que así sea.

Bogotá, D. C, 22 de enero 2025

*Expresidente de la Corte Constitucional

Se ha convertido a la ANH en una empresa super poderosa, asumiendo y concentrando múltiples funciones, abandonando las suyas propias.

Por Amylkar D. Acosta M*. - El Gobierno ha dado en la flor de desbarajustar al sector energético. Como se recordará la ex ministra de Minas y Energía Irene Vélez, violando la Ley que creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), delegando lo indelegable, mediante la Resolución 40234, fechada el 23 de febrero de 2023, le trasladó una serie de funciones y competencias que son ajenas a su misión estipulada en la Ley que la creó, cual es “la administración integral de las reservas de hidrocarburos de propiedad de la Nación”. Esta Resolución es contraria y va a contrapelo de lo dispuesto por el Decreto 1760 de 2003, que ordenó la escisión de la estatal ECOPETROL y creó la ANH y del Decreto ley 4137 de 2011, que cambió su naturaleza.

El Ministro Andrés Camacho, quien la relevó en el cargo, continuó en el empeño de “desguazar” a la ANH, ahora que a ésta la dejaron sin oficio luego de la desafortunada decisión tomada de desembarazarse de los hidrocarburos, marchitándolos prematuramente, al descartar la firma de nuevos contratos de exploración y explotación de los mismos, no obstante la precariedad de las reservas con las que cuenta el país tanto en petróleo como en gas natural. Ya hasta el nombre le cambiaron a la ANH, ahora es la Agencia Nacional de Energía de Colombia. 

En efecto, el año anterior el Ministerio de Minas y Energía expidió la resolución 40234 en la que, según el Presidente de la ANH Orlando Velandia, les “da funciones de conocimiento para algunos recursos no convencionales como son el hidrógeno blanco, la generación geotérmica, la generación eólica, y un tema que aunque no es específico de generación de energía, sí tiene que ver con la mitigación de los gases de efecto invernadero que es la captura y almacenamiento del CO2”. De esta manera, la ahora todopoderosa ANH asumirá todo lo concerniente a las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER). De hecho ya la ANH se estrenó saltando a la palestra liderando la Primera Ronda para la asignación de permisos de ocupación temporal sobre áreas marítimas para el desarrollo de proyectos degeneración de energía eólica offshore. 

Esta primera Ronda ya cuenta con una lista preliminar de empresas habilitadas por parte de la ANH para la asignación de permisos de ocupación temporal sobre áreas marítimas del mar Caribe. Según el Ministro Camacho “este es el inicio de la expansión de la transición energética hacia nuestros mares, posicionando a Colombia como un punto de referencia para Latinoamérica y el Caribe en el aprovechamiento sostenible de los recursos, diversificando la matriz energética para el beneficio de los colombianos”. Huelga decir que la ANH tiene cero experiencia y experticia, porque no ha sido lo suyo, en FNCER. 

Cabe preguntarse cuál será el futuro de este nuevo emprendimiento, porque si el Gobierno no ha sido capaz de sacar avante los proyectos de los parques eólicos onshore, debido fundamentalmente a un entorno hostil, a una ANLA que arrastra los pies para expedir las licencias ambientales y a la inseguridad jurídica, será que se le deparará una mejor perspectiva a los parques eólicos offshore. A contrario sensu de lo que ocurre en la realidad, afirma el Ministro Camacho, sin sonrojarse, llevado por su negacionismo, que dizque “los proyectos eólicos de La Guajira siguen en marcha”, en momentos en los que estos siguen empantanados, con pronóstico reservado.

Convertida por arte de birlibirloque la ANH en la Agencia Nacional de Energía, ahora el turno le llegó al Instituto de Soluciones Energéticas para Zonas no interconectadas (IPSE), que atiende las necesidades energéticas de los habitantes que no cuentan con este servicio; identificando, implementando y monitoreando soluciones energéticas sostenibles en las Zonas no Interconectadas- ZN. El propósito es absorber las funciones y competencias del IPSE, que desaparecerá al fusionarse con la ANH. Así se desprende del proyecto de Decreto del Ministerio de Minas publicado para comentarios y cuyo plazo para estos se venció el 15 de los corrientes, “por el cual se fusiona el IPSE en la ANH, se modifica su estructura y se dictan otras disposiciones”.

De esta manera se ha convertido a la ANH en una empresa super poderosa, asumiendo y concentrando múltiples funciones, abandonando las suyas propias. El camino escogido para adelantar este proceso en volandas no es muy ortodoxo y entraña riesgos administrativos impredecibles, amén de los cuestionamientos sobre la legalidad de lo actuado. 

Lo único que está quedando por fuera del radar de la otrora ANH es su función de velar por la administración de los recursos hidrocarburíferos del país que, por ministerio de la Ley, debe ejercer. Con ello se está transgrediendo la ley, violándola flagrantemente, saltándose a la torera las disposiciones legales y de paso se está incurriendo en un prevaricato, porque al funcionario público solo le es dable hacer lo que le manda la Ley, nada más pero tampoco nada menos. Es evidente que tanto la Resolución expedida por la ex ministra Irene Vélez como el proyecto de Decreto de marras transgreden la Ley, pues esta es una norma de rango superior, que sólo puede ser modificada por otra Ley. De modo que no le auguro un buen destino a estos dos actos administrativos que rayan en la arbitrariedad. El Consejo de Estado tiene la última palabra!

Y a todas esas cabe preguntarse, en dónde está el Piloto. Pues, el actual Presidente de la ANH, Orlando Velandia, como si no tuviera suficiente con la enorme responsabilidad que le implica estar al frente de esta super poderosa entidad, funge en este momento como experto comisionado de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), en calidad de encargado, contrariando lo dispuesto en la Ley 142 de 1994, la providencia de la Corte Constitucional, el fallo del Consejo de Estado y del Tribunal Contencioso administrativo de Cundinamarca, los cuales han sido enfáticos en que los expertos comisionados de la CREG, además de cumplir con unos requisitos técnicos rigurosos, que demandan la experiencia y experticia de los expertos comisionados, estos tienen período fijo y son de dedicación exclusiva, no pueden ser encargados y por tal motivo ya el Consejo de Estado ha anulado varios nombramientos, tanto del anterior como del actual gobierno!

Bogotá, enero 17 de 2025

*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.

www.amylkaracosta.net

El tema del salario mínimo es sobre todo un problema de economía política y de pugna distributiva

Por Mauricio Cabrera Galvis. -El debate sobre el aumento del salario mínimo debe darse en el contexto de un horizonte de tiempo más amplio y de la Pugna Distributiva.

La semana pasada mencionaba que una tendencia de largo plazo era la pérdida de participación del salario mínimo en la producción nacional, lo cual significaba que, en la en el pulso por la apropiación de los ingresos que se da en la negociación salarial, la tajada de los trabajadores había disminuido. Por eso la relación entre el salario mínimo anual vigente (SMAV) y el PIB per cápita (PIBpc), ha disminuido de manera impresionante en las cuatro décadas pasadas.

En 1983 el salario mínimo era de $111.132 y el PIBpc era $140.223 (ambos en pesos corrientes), es decir que el primero equivalía al 79% del segundo; para 2022 el SMAV nominal se había multiplicado por 108, llegando a $12 millones en el año mientras que el PIBpc había crecido 202 veces llegando a $28.4 millones, de manera que esta relación se había reducido a 42.2%.

Esta pérdida de participación afecta a la gran mayoría de la población, puesto que el 82% de las trabajadores colombianos ganan menos de 2 SMAV.

Así se comprueba al ver que ha pasado con la relación entre el Salario Medio de la economía (SM) y el PIBpc. En 1983 el SM era alrededor de 1.6 veces el SMAV, es decir unos $177.800 que equivalía al 127% del PIBpc. En 2022 el SM era 1.4 veces el SMAV, es decir unos $16.8 millones al año, monto que solo representaba el 59% del PIBpc

¿Qué significa que el PIBpc (es decir la producción de la economía que en promedio le corresponde a cada individuo) haya crecido casi el doble que el SMAV?. No es una pregunta fácil de responder y debería suscitar un interesante debate entre los economistas, pero me atrevo a aventurar algunas hipótesis.

La primera es que el aumento de la productividad de la economía no se ha trasladado al SMAV, es decir que no se ha cumplido uno de los parámetros para la fijación del SMAV, según la cual su crecimiento debe ser igual a la inflación más la mejora en la productividad.

Corolario de la anterior es que el aumento de la productividad fue apropiado por los dueños del capital o por los trabajadores que ganan mucho más que el SMAV, lo que podría ayudar a explicar porque en Colombia a pesar de la notoria reducción de la pobreza no ha disminuido el índice de Gini de la concentración del ingreso.

Otra hipótesis, sugerida por un colega, es el gran aumento de la oferta de trabajo, -la población trabajadora se multiplicó por 1.4 en el período considerado-, que jugó el papel del ejército de reserva que permitió mantener controladas los aumento salariales.

La única conclusión clara es que el tema del salario mínimo es sobre todo un problema de economía política y de pugna distributiva.

Cali 18 de enero 2025

*Filósofo y Economista. Consultor.

Así se maneja un gobierno tibio para lo importante, pero duro para el despilfarro y la corrupción.

Por Gabriel Ortiz*. -Desesperante es la tibieza del presidente Petro y su gobierno cuando se trata de enfrentar hechos, situaciones, decisiones o acciones que hagan referencia a su vida privada, pública u ocasional, cosa que contrasta con sus reacciones y pérdida de control si tocan sus actuaciones y decisiones.

Este país, al igual que lo hicieron importantes, medianas y pequeñas comunidades del mundo, -con excepción de grupúsculos venezolanos y efusivas minorías izquierdistas- rechazaron la forma como la dictadura venezolana siguió alterando las libertades, la democracia y las leyes que fueron implantándose desde cuando llegó el chavismo.

La camarilla, comandada por Maduro, “Dado Cabello” y un vendido ejército se fue con toda, robó las elecciones y montó un régimen de terror para seguir con el mando absoluto en Venezuela. Entre tanto el “tibio” Petro y su canciller aceptaron el robo electoral y todas las fechorías, más se abstuvieron de asistir a la usurpación del gobierno, pero se hicieron representar en el juramento carente de legalidad.

El gobernante de Colombia, tibio, suave y azulado se envalentona, insulta, enjuicia, acusa y difama a quien o quienes se atrevieron a censurar esa manera de actuar por una dictadura que aniquila las leyes y la democracia para beneficio de los millones de habitantes que aún quedan en el vecino país. Tenue e indiferentemente advirtió los perjuicios que traía para Colombia, el apoyo que le daban a la guerrilla, a la droga y demás daños que fomentan en nuestro territorio.

Petro odia a los buenos que no toleran sus terquedades, alcaldadas y errores. Con insultos, mofas y agravios descalifica al legislativo cuando se atreve a negarle la aprobación de fanáticos proyectos que solo buscan ampliarle sus poderes y caprichos.

Momento a momento quiere dejar institucionalizada una reforma a la salud a su medida y capricho, que antes funcionaba, pero que a raíz de la llegada del “cambio” y “minJaramillo” se descarriló. Las colas de pacientes son interminables, cada vez escasean hospitales, centros de salud, personal médico, tratamiento de muchas enfermedades y medicamentos. Los famosos centros de atención fueron contratados por Petro y MinJaramillo sin que se sepa cómo se hicieron y negociaron. Y si se mira el caso de la UPC, todo se vuelve más crítico, porque ese dinero no alcanza para su funcionamiento. La tibieza de Petro ha impedido alcanzar los niveles reales y necesarios.

El acusador Presidente dice, sin justificación, que “muchas EPS, están haciendo un robo continuado” y ha pedido una investigación forense sobre el tema. No se refirió a las cifras que indican la reducción de los aportes a la salud en un 50% entren el 23 y el 24. La salud desaparecerá, mientras millones de colombianos, solo tienen una salida: el cementerio.

Así se maneja un gobierno tibio para lo importante, pero duro para el despilfarro y la corrupción.

BLANCO: Los duros golpes y acosos contra la prensa que impulsa Petro fueron denunciados por el colega Luis Carlos Vélez en Semana. Así parece preparar elecciones a la venezolana.

NEGRO: Increíble que la austeridad que busca este gobierno no toque los excesivos gastos del avión presidencial, viáticos e inutilidad de tantos viajes.

Bogotá, D. E, 17 de enero de 2025

*Periodista, exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.

La reforma, sea la propuesta gubernamental u otra -estúdienlo-, es inaplazable. Postergándola o negándola -como viene aconteciendo- no se causa daño al actual gobierno -como cree erróneamente la oposición- sino a todas las personas residentes en Colombia.

Por José G. Hernández*. Uno de los fundamentos esenciales de nuestro ordenamiento jurídico consiste, como lo declara la constitución, en el respeto a la dignidad de la persona humana y a los derechos fundamentales que de ella se derivan. Deben ser garantizados, comenzando por el básico y esencial -el derecho a la vida-, y, en necesaria conexión, la salud, que es un derecho fundamental y un servicio público.

Las autoridades de la república están instituidas, no solamente para proteger a todas las personas residentes en Colombia en sus derechos, sino para “asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del estado y de los particulares” (art. 2 c.p.).

El artículo 49 de la constitución garantiza, a todos, el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. El estado debe organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud, conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad; establecer las políticas para su prestación por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control.

Pero, contra esas disposiciones, lo que viene ocurriendo en Colombia en materia de salud es exactamente lo contrario, no solamente por las deficiencias de funcionamiento, por la inadecuada e inoportuna prestación de los más elementales servicios, por la constante amenaza y vulneración de los aludidos derechos fundamentales, sino por los casos de corrupción que han denunciado el gobierno nacional, la superintendencia de salud y la contraloría general de la república. Es inconcebible, por ejemplo, que, como se acaba de divulgar, entidades prestadoras de salud hayan hecho aparecer como atendidas a personas fallecidas con antelación al supuesto servicio.

Lo cierto e innegable, porque muchas personas y familias lo padecen a diario, es que el derecho fundamental a la salud -con peligro para la vida- es constantemente ignorado y vulnerado por entidades que, se supone, fueron constituidas para protegerlo, dispensando los cuidados, consultas, tratamientos, cirugías, medicamentos, hospitalización y demás componentes de un sistema apto, seguro, eficaz y confiable.

A la inversa, violando las normas, se ha concebido la salud como un negocio; han sido destinados los dineros públicos a finalidades empresariales ajenas a los postulados constitucionales; se ha dejado a las personas en indefensión; miles de usuarios y sus allegados no han encontrado respuesta oportuna a sus requerimientos y necesidades de atención médica y hospitalaria sino en los despachos judiciales, gracias a la acción de tutela.

El sistema de salud está, desde hace años, en crisis, y no de cualquier nivel, sino muy grave. Su solución es inaplazable. Una crisis que ha llevado a los gobiernos -no solamente al actual- a intervenir a la mayoría de las EPS, muchas de las cuales han tenido que ser liquidadas.

Digámoslo con claridad: es urgente reformar las normas legales y administrativas que estructuran el sistema vigente. el asunto no puede continuar siendo objeto de la polarización política. La reforma, sea la propuesta gubernamental u otra -estúdienlo-, es inaplazable. Postergándola o negándola -como viene aconteciendo- no se causa daño al actual gobierno -como cree erróneamente la oposición- sino a todas las personas residentes en Colombia. Todos tenemos derecho a un sistema de salud que se preste en condiciones de eficiencia, oportunidad, dignidad e igualdad.

Bogotá, 15 de enero de 2025

*Expresidente de la Corte Constitucional

Como en la economía no hay verdades absolutas, ambos argumentos pueden ser ciertos o falsos, dependiendo de la circunstancias y de la reacción de los demás agentes económicos.

Por Mauricio Cabrera Galvis*. - El aumento del salario mínimo es el malo del paseo en los análisis de los gremios y de muchos economistas. Los principales argumentos se repiten todos los años: que presiona la inflación, que fomenta el desempleo y la informalidad o que afecta la competitividad de las empresas. Desde la otra orilla se argumenta que mayores salarios aumentan la capacidad de compra de los trabajadores y, por lo tanto, las ventas y la producción de las empresas, con lo cual se genera más empleo.

Como en la economía no hay verdades absolutas, ambos argumentos pueden ser ciertos o falsos, dependiendo de la circunstancias y de la reacción de los demás agentes económicos.

En estos debates hay dos hechos que poco se mencionan. El primero es que, aunque se aceptara considerar el trabajo como una mercancía cuyo precio es el salario, por lo cual su aumento lleva a que disminuya la demanda de trabajo y aumente el desempleo, y también se aceptara que el aumento del salario genera inflación, no es factible que tenga los dos efectos al mismo tiempo.

Si los mayores salarios se transmiten a los precios, hay inflación pero la relación costo laboral sobre ingresos no se modifica, los empresarios mantienen sus márgenes y no necesitan despedir trabajadores. Por el contrario si el mercado no les permite subir los precios y para mantener sus utilidades necesitaran reducir el costo laboral, podría haber desempleo pero no inflación. Uno u otro, pero no impacto sobre la inflación y el empleo simultáneamente.

El segundo hecho, es que la subida de los precios no es una consecuencia automática del aumento salarial sino que es una decisión de los empresarios. Así suene a herejía económica, la realidad es que el aumento de la inflación es una decisión de los empleadores, no de los trabajadores.

En efecto, la inflación se produce cuando los empresarios, a los que les aumentaron los costos laborales deciden transmitir el mayor costo a sus precios de venta para mantener su margen de ganancia. Podrían no hacerlo y no habría inflación, pero a costa de menores utilidades.

La negociación salarial es el mejor ejemplo de lo que Raúl Prebisch llamaba la Pugna Distributiva, es decir la pelea por ver que grupo social se apropia de una mayor tajada del ingreso nacional. Cuando el salario mínimo sube por encima de la inflación, como en los dos últimos años, los trabajadores logran capturar una mayor parte; pero este comportamiento reciente solo compensa un poquito la tendencia de largo plazo de pérdida de participación del salario mínimo en la producción nacional.

Un indicador de esta tendencia es la relación entre el salario mínimo y el PIB per cápita. En 1983 el primero equivalía al 79% del segundo, mientras que 40 años después, en el 2022, esta relación se había reducido a 42.2%. En una próxima columna volveré sobre esta tendencia que incide en la gran desigualdad de la sociedad colombiana.

Cali, 12 de enero 2025

*Filósofo y Economista. Consultor.

Por la paz de Colombia, el comercio, la seguridad fronteriza y los migrantes, Petro quiere marcar su propia ruta ante la crisis venezolana. Nada ha puesto más en juego su credibilidad y capacidad de actuar con responsabilidad política que lo ocurrido en el país vecino.

Por Hubert Ariza.* - Nada ha puesto más en juego la credibilidad, madurez y capacidad de actuar con responsabilidad política del presidente Gustavo Petro que el manejo de la crisis democrática que atraviesa Venezuela, profundizada por el fraude de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 por Nicolás Maduro, quien para frenar a la oposición se ha despojado de cualquier careta democrática.

Radicalizado, Maduro militarizó el país, cerró cualquier espacio a la oposición y contra viento y marea se posesionó en Caracas, con mínimo reconocimiento internacional, el pasado 10 de enero. El extremo de la paranoia represiva del régimen fue la detención arbitraria, por unas pocas horas, de María Corina Machado, símbolo de la resistencia al régimen. El mandatario parece obsesionado en cerrar la puerta de la libertad y anclar su país al caos.

En tiempos de grandes guerras y caída de tiranos, como en Siria, Venezuela ha atraído la mirada del mundo, precisamente cuando el péndulo de la extrema derecha se mueve con fuerza y el electo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, patea la mesa con sus amenazas de uso de la fuerza militar para quedarse con Groenlandia, propiedad de Dinamarca, o retomar el control del Canal de Panamá, desconociendo los acuerdos Torrijos-Carter, del 7 de septiembre de 1977.

En medio del caos y el diseño de un nuevo orden internacional, los mas radicales opositores venezolanos han presionado un pronunciamiento de Trump o Marco Rubio, el designado secretario de Estado, que desafíe el poder de Maduro y anuncie una ruta de recuperación de la democracia, que vaya más allá del bloqueo económico y las sanciones al equipo cercano a Maduro, quizá esperando el uso de la fuerza.

Trump se posesionará el próximo 20 de enero. Habrá que esperar a ver qué papel jugará Venezuela en su agenda internacional, de por sí ya bastante congestionada con las conflagraciones existente en otros continentes y la disputa con Putin y Xi Jinping, cuyo poder en Venezuela también es mayúsculo.

Es obvio que cualquier salida no pacífica de la crisis del vecino país tendrá un alto impacto en Colombia, que ha sido la principal receptora de la diáspora venezolana en el continente. Ambas naciones mantienen una frontera viva de 2.200 kilómetros, con una amplia historia común e identidad cultural compartida, llena de oportunidades de integración comercial y generación de empleo.

Contrario a todos los pronósticos, el presidente Petro ha sido menos amigo de Maduro de lo que el dictador esperaba y más cercano de la postura de Brasil y México. Es imposible pensar que Petro se alinee en ese tema con Trump, la derecha colombiana o con la oposición del otro lado de la frontera. Así lo demostró al no reconocer el supuesto triunfo de Maduro, exigir la publicación de las actas de las elecciones presidenciales, no asistir a la posesión del 10 de enero, y coaligarse con sus pares con mayor poder regional en busca de una ruta conjunta que permita una salida negociada a la crisis, definida por los propios venezolanos, que incluya a Maduro, las Fuerzas Militares y la oposición, con el apoyo de la comunidad internacional.

A pesar de la enorme controversia interna que generó la presencia del embajador de Colombia, Milton Rengifo, en la posesión de Maduro, hay que mirar más allá de la coyuntura y tratar de entender los objetivos estratégicos de la diplomacia colombiana, definidos el día antes de las elecciones del pasado 28 de julio. Se trata, en esencia, de mantener abierta la puerta del diálogo diplomático con Maduro, sostener la posta de la solución pacífica de las controversias y defender los intereses vitales de Colombia, que por compartir una frontera común tan extensa, son diversos y complejos. Uno de ellos es la paz, los otros, el comercio y la seguridad fronteriza, hoy en poder del crimen organizado y las guerrillas.

Así lo explicó el embajador Rengifo en diálogo, desde Caracas, con Noticias Caracol: “Con Venezuela estamos en un proceso de recuperación de confianza, de recuperar relaciones. Aquí en Venezuela viven dos millones de colombianos que necesitan atención. Porque, además, Venezuela también nos ayuda en dos procesos de paz. También por la relación comercial se han generado varias dinámicas de tipo empresarial muy importantes, especialmente en la frontera. Estamos hablando de más de mil millones de dólares de intercambio comercial, y eso ha generado empleo y se ha visto beneficiada la frontera. Necesitamos recuperar la frontera, que se abandonó y hoy está en manos del multicrímen”.

Hay un tema adicional en el manejo de la crisis: la aguda crisis fiscal que incapacita a Colombia para asumir el impacto social y económico que tendría una nueva diáspora venezolana. No hay recursos disponibles, en medio de una grave situación fiscal interna, para asumir la responsabilidad de una nueva oleada de migración, que podría sumar varios millones de personas, la mayoría en grave situación de vulnerabilidad, colapsando el sistema de salud y educación, y demandando vivienda y seguridad. Así las cosas, Colombia aplica una política de contención.

A pesar de las fuertes críticas en su contra Petro no quiere repetir el camino andado, en este tema, por Colombia durante el cuatrienio pasado. Quiere marcar su propia ruta, avanzar con pies de plomo, sin plazos, conciertos ni desafíos inocuos, desoyendo los ataques de la oposición, obsesionado en cuestionar la lógica del marketing político y dispuesto a asumir los costos de sus decisiones en la próxima campaña presidencial, en la que el termómetro político subirá dependiendo del estado de la situación venezolana, las relaciones de Petro con Maduro, el impacto en la seguridad fronteriza y los mercados. Todo ello será la columna vertebral en la construcción de una narrativa de venezolanización de Colombia.

Petro ya va de salida y quizá no le importe pagar el precio personal de su estrategia, ni su obsesión con impedir que Colombia se convierta en aliado de quienes promueven una salida de fuerza y no política a la crisis del país vecino. Pero a quien lo que suceda sí afectará es al canciller Luis Gilberto Murillo. Son muy fuertes los ataques que recibe a diario por su papel en este capítulo de las relaciones binacionales.

En conclusión, el 2025 comienza con alta tensión política en el vecindario, un mandatario con credencial espuria que se atornilla al poder después de un megafraude, una oposición que no logra romper el cerco autoritario, y un jefe de Estado, como Petro, que juega a impedir que el desastre venezolano no explote y desborde la capacidad de reacción de Colombia, sumida en una profunda crisis fiscal, con reformas sociales aplazadas, un Congreso en rebeldía y unas elecciones presidenciales en marcha. En las turbias aguas de la crisis de Venezuela, además, podría naufragar el sueño de la reelección del cambio.

Bogotá, D.C, 12 de enero 2025

*Periodista, internacionalista y analista político.

Tomado de EL País.

Si las empresas distribuidoras no tienen con qué pagar la energía que comercializan, las generadoras se ven a gatas para cubrir sus gastos administrativos, operativos y sus obligaciones bancarias, amenazando con colapsar el Sistema.

Por Amylkar D. Acosta M*. - Como se recordará, la empresa Air – e, que le presta el servicio de energía eléctrica a los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira fue objeto de intervención con fines de administración el pasado mes de septiembre por parte de la Superintendencia de servicios públicos, a solicitud de la misma empresa, procediendo en consecuencia a la toma de posesión de la misma, para lo cual procedió a nombrar como Agente interventor inicialmente al Ingeniero Carlos Diago , quien posteriormente fue reemplazado 40 días después por el ex viceministro del Trabajo Edwin Palma. Al anunciar esta decisión, el entonces Superintendente Dagoberto Quiroga manifestó que no se descartaba la liquidación “si no se alcanzan los objetivos”.

Como antecedente es importante destacar que la empresa Air – e, a través de un comunicado que emitió  el 10 de octubre de 2023 declaró su insolvencia e incapacidad de honrar sus compromisos con las empresas generadoras que le despachaban la energía que distribuye, incumpliendo sus contratos con las mismas. La razón que invocó en aquel momento la empresa fueron su falta de liquidez y de flujo de caja. Ello daba lugar a su intervención por parte de la Superintendencia de servicios públicos, debido a que quedaba incursa en la denominada “limitación de suministro”.

Para evitar la intervención, de soslayo, el Ministro de Minas y Energía expidió en volandas la Resolución 40611 el 11 de octubre de 2023, suspendiendo la aplicación de la “limitación de suministro a Air – e, al tiempo que abrió una línea de crédito en FINDETER, mediante el Decreto 1637 del 9 de octubre, a la cual podían a acceder esta y las demás empresas para la financiación de la deuda que por concepto de la Opción tarifaria tenemos contraída los usuarios con ellas, que ya superaba los $5 billones y cuya suspensión del cobro ordenada por la ex ministra de Minas y Energía Irene Vélez había puesto en calzas prietas a las empresas. A ello se vino a sumar la mora por parte del Gobierno Nacional del reintegro del valor de los subsidios al consumo de energía aplicado a los estratos 1, 2 y 3.

Pues bien, acaba de expedirse por parte de la Superintendencia de Servicios públicos una Resolución mediante la cual la modalidad de su intervención a la empresa Air – e pasa de la modalidad con fines de administración a otra con fines de liquidación. Con el fin de “adoptar las medidas necesarias para el fortalecimiento de la empresa y garantizar la continuidad de la prestación del servicio como un derecho”. Esta decisión estuvo antecedida y motivada en el “Informe diagnóstico de gestión remitido por el Agente especial de Air – e (intervenida), que muestra la compleja situación financiera y operativa de la empresa”.

Según lo acota la propia Superintendencia, con “la decisión adoptada se garantiza la normalidad en la prestación del servicio a los usuarios como un derecho y desde la Superintendencia se adelantarán las medidas necesarias para que Air – e pueda continuar adelantando su actividad en los términos exigidos por la Ley”. Empero, para lograr dicho cometido la Superintendencia está en la obligación de solventar a la empresa, darle liquidez y flujo de caja para mantenerla a flote y garantizar su operación y así evitar un apagón. Y ello solo se puede lograr inyectándole los recursos que requiere, sobre todo para comprar la energía que distribuye. Para ello la Superintendencia cuenta como fuente de financiamiento el Fondo empresarial, la mera intervención, per sé, no resuelve la delicada crisis financiera, que llevaron a la intervención.

Es más, el caso de Air-e no es aislado, es solamente la punta del iceberg de la gran crisis que afrontan las 12 empresas prestadoras del servicio, la cual se debe fundamentalmente al pasivo de la Nación, que está en mora de girarles $2.4 billones por concepto de los subsidios a los estratos 1, 2 y 3, ya aplicados por ellas y que el Gobierno Nacional les debe reintegrar. A ello se suma el lastre de la deuda que tenemos contraída con ellas por parte de todos los usuarios por concepto de la Opción tarifaria, cuyo saldo asciende a los $4.5 billones, de los cuales el propio Presidente de la República se comprometió públicamente en el mes de mayo a asumir el monto correspondiente a los estratos 1, 2 y 3, $2.5 billones. A estas deudas se vienen a sumar lo correspondiente a los subsidios a los usuarios de tales estratos de gas natural y GLP, las cuales ascienden a $628.000 millones y $54.000 millones, respectivamente. 

De hecho el Alcalde de Medellín Federico Gutiérrez manifestó recientemente que “esto es demasiado grave, EPM sigue suministrando la energía, pero yo no sé hasta cuándo la caja de las empresas va a aguantar” y añadió: “para antier es tarde, desde hace rato se le viene advirtiendo al Gobierno que esto es una inminente crisis en el sector energético, y no solo de EPM, todos los operadores se lo han dicho, lo de Vichada estaba advertido, de Norte de Santander, de Caldas, de Quindío, de todo lado está advertido”

La empresa XM, que opera el Sistema interconectado nacional (SIN), lo advirtió desde el 4 de octubre de 2023, que ello podría lugar a un efecto dominó, porque si las empresas distribuidoras no tienen con qué pagar la energía que comercializan, las generadoras se ven a gatas para cubrir sus gastos administrativos, operativos y sus obligaciones bancarias, amenazando con colapsar el Sistema. Y lo advirtieron los gremios del sector, que todo ello puede conducir a una “crisis financiera sistémica y previsible”

Es urgente, entonces, la intervención del Gobierno Nacional a través de la Superintendencia, en el caso de Air – e, buscarle una salida la carga que significa para las empresas la deuda de la Opción tarifaria y la decisión por parte del Ministerio de Hacienda de girar el valor de los subsidios, antes de que sea demasiado tarde!

Bogotá, enero 11 de enero 2025

*Economista. Expresidente del Congreso y exministro de minas y energía.

www.amylkaracosta.net

Abrir el mercado de Estados Unidos a la carne colombiana, una frustración del TLC vigente con ese país desde 2012.

Por José Félix Lafaurie Rivera*. - La semana anterior me referí a la importancia de nuestra ganadería y a sus compromisos a partir de convicciones compartidas, que dan paso a las metas, de las que hoy trataré, entendidas como elementos de planeación que orientan la acción y el logro para 2025.

De nuestro compromiso con la modernización ganadera y la salud animal se desprenden tres metas: La primera es abrir el mercado de Estados Unidos a la carne colombiana, una frustración del TLC vigente con ese país desde 2012, que terminó siendo de una sola vía, pues nuestra leche no es competitiva en ese mercado, del cual proviene, por el contrario, más del 60% de las importaciones, mientras que no hemos logrado admisibilidad para nuestra carne, a pesar de los inmensos recursos invertidos en preservar el estatus de país libre de fiebre aftosa.

Pero en 2025 “será la vencida”, pues ya hay conversaciones avanzando y adelantaré una agenda en ese sentido en mi próxima visita a ese país. Adicionalmente, encuentro una actitud muy proactiva del ministro Reyes, de Comercio, y de la ministra Carvajalino, de Agricultura, como también del ICA e INVIMA como autoridades sanitarias.

La segunda es la trazabilidad ganadera, un sistema de identificación y seguimiento de cada animal, no solo para que el consumidor conozca la información sobre la carne que compra, sino como instrumento de control para las autoridades sanitarias y de inocuidad de alimentos, además de un factor que incide en las exportaciones a mercados de alta exigencia.

Sin embargo, no hay trazabilidad sin gremio, sin una alianza público-privada, como la muy exitosa para erradicar la fiebre aftosa. Llevamos tres años de trabajo conjunto reconstruyendo el sistema de trazabilidad, SINIGAN, inicialmente creado y operado por FEDEGAN entre 2010 y 2012 mediante convenio con el ICA, con el cual se identificaron 782.000 animales, hasta que la retaliación del gobierno Santos contra FEDEGAN acabó tan importante esfuerzo. No obstante, 2025 será el año de la trazabilidad.

La tercera es llevar a feliz término el proyecto de “corral de engorde” (feedlot) en la Costa Caribe, un sistema que concentra un gran número de animales alimentados en confinamiento, con parámetros internacionales de sanidad, sostenibilidad y bienestar animal. El proyecto, promovido por FEDEGAN con apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, será determinante para las exportaciones de carne y animales, no solo por la oferta de animales en la región, sino por su cercanía a los puertos.

A partir del compromiso con la producción lechera, nuestra meta no es de resultado sino de medio, como dicen los abogados, pues las propuestas al Gobierno siguen sobre la mesa. La inclusión obligatoria de la leche en el PAE, el incentivo a la pulverización, el fondo tripartito (Gobierno-industria-gremio) para producir lácteos de calidad para sectores populares. Hoy, la investigación de Mincomercio sobre importaciones desde Estados Unidos y la imposición de derechos compensatorios temporales son medidas en la dirección correcta, pero falta mucho por hacer en el mercado local… y seguiremos insistiendo.

Finalmente, en nuestro compromiso con la Ganadería Sostenible la meta tampoco es nuestra. Duque prometió ante el mundo 100.000 hectáreas en sistemas silvopastoriles, pero no vimos una sola. Nuestro acuerdo de tierras con el actual gobierno incluye proyectos silvopastoriles, pero tampoco hay una sola hectárea. Nos va mejor con el sector privado y la cooperación internacional, pero esperamos que el Gobierno tome conciencia de lo que sería una transformación productiva y ambiental sin precedentes.

Mientras tanto, seguimos comprometidos con la trasferencia tecnológica, este año con una gira técnica a Bolivia y otra al departamento del Cesar, para “aprender de los mejores” en el país y el mundo.

Bogotá, D. C, 12 de enero 2025

Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie

Estas celebraciones tienen el lugar común de sentir que se viven tiempos distintos, más alegres, esperanzados, fraternos, solidarios y plenos.

Por Guido Echeverri Piedrahita*. - Dice la historia que el Emperador Constantino y el Papa Julio I decidieron celebrar el nacimiento de Jesús durante la época que concentraba las fiestas más populares de Roma para favorecer la conversión. La Navidad, festividad cristiana que conmemora el nacimiento de Jesucristo se celebra el 25 de diciembre según el calendario gregoriano. A pesar de su origen religioso, esta fiesta es comúnmente celebrada por los ateos como fecha para reunirse con los más allegados. Su origen es romano y pagano.

Como espacio de reencuentro y fraternidad, la Navidad tiene su particular “espíritu”, no así sus expresiones que cambian dependiendo del sitio en el que se celebra. En este lugar del mundo solemos identificarla con el invierno, la nieve y el frío sin percatarnos que en países como Australia, Nueva Zelanda, Argentina o Chile viven ardientes veranos. Los símbolos del gorro, los abrigos gruesos, la bufanda y las tibias chimeneas son reemplazados por la playa, la ropa liviana y el mar: “…podrás ver, dijo un viajero, árboles de navidad sobre la arena y surfistas vestidos de Papá Noel”.

La noche de Navidad se celebra en familia, comiendo pollo frito en Japón, pavo en Estados Unidos o cordero asado en Grecia; como sean, estas celebraciones tienen el lugar común de sentir que se viven tiempos distintos, más alegres, esperanzados, fraternos, solidarios y plenos.

En Filipinas la Navidad dura 5 meses, empieza desde septiembre; no faltan quienes les dan un uso político a estas festividades como pasó con el dictador venezolano Nicolás Maduro, que las decretó desde octubre plantando un gran árbol de Navidad frente a la Comandancia de la Armada en el Centro de Caracas: una Navidad oficial decretada para enmascarar la crisis derivada del fraude electoral de días antes.

Nuestra tradición cristiana le otorga a la Navidad una connotación muy particular; prácticamente no hay lugar donde no se celebre, ya con expresiones y formas religiosas, ya como simples parrandas o jolgorios. En todo caso se mezclan lo religioso y lo pagano en una unidad festiva, alegre y pintoresca.

Caldas tiene dos eventos especiales que nos introducen a las festividades navideñas: la Noche de la Luz en Salamina y el concierto Bienvenida la Navidad, en Chinchiná. El primero tuvo origen en la existencia de una industria de pólvora muy dinámica que se vinculaba con especial devoción al homenaje que le brindaban las gentes a la Virgen María. Fue Orlando Toro director durante varios años de la Casa de la Cultura, quien le dio forma a este evento que se convirtió en un referente cultural del municipio.

Tuve la oportunidad feliz de asistir otra vez al Concierto Bienvenida la Navidad en Chinchiná. Lleva varias versiones, pero hacía algunos años no se hacía. La idea de realizar un gran acto cultural en Chinchiná que le diera identidad a este próspero municipio cafetero fue de Jorge Noel Osorio, actual notario primero de Manizales. Hizo causa común en 2008 con la alcaldesa Magdalena Builes y los dos le dieron vida a este acto de abrebocas a la Navidad. Mientras no se interrumpió, el concierto fue ganando connotación y reconocimiento. Ahora en 2024, el alcalde, Carlos Riveros, le apostó a la idea y entendió con Jorge Noel la importancia de crearle a Chinchiná otro producto cultural característico que se convirtiera en modelo turístico y cultural para Colombia y otros países. Tuvo una realización técnica y artística impecables. Convocó al pueblo de Chinchiná que se aglomeró en la plaza a más de 2.000 personas y se gozó un espectáculo digno de cualquier ciudad de aquí o de afuera.

Estos hechos nos reconcilian con la vida, y nos dicen que en Caldas somos capaces, de la mano de mecenas como Jorge Noel Osorio, de escapar de esta a veces nuestra tortuosa realidad.

Manizales, 21 de diciembre de 2024

*Senador.