Amylkar D Acosta M

Por Amylkar D. Acosta M*.- El siglo XIX fue el escenario de una gran tensión política entre quienes defendían el centralismo y quienes propendían por el federalismo. Dos destacadas figuras del radicalismo liberal defendieron con ardentía el federalismo, fueron ellos Rafael Núñez, quien afirmara en 1855 que “la federación es nuestra tierra prometida” y Juan José Nieto, único Presidente afrodescendiente que ha tenido Colombia Juan José Nieto, quien en una misiva dirigida a su amigo el General Francisco de Paula Santander le dijo que él era “federalista por opinión informada y no por caprichos del corazón”. 

Años después Rafael Núñez adjuró de sus convicciones federalistas, para abrazar la de sus detractores, con quienes hizo causa común como converso para darle un viraje de 180 grados a las instituciones políticas colombianas. Y se justificó aduciendo que el gobierno general (léase Gobierno central) no es, por tanto, sino simple delegatario revestido de especiales atribuciones administrativas por la voluntad de los Estados (federados)”. 

Este fue el preámbulo de la centenaria Constitución de 1886. En esta nueva Constitución se consagró la fórmula dicotómica de la centralización política y la descentralización administrativa en el marco de una República unitaria. Pero, la verdad sea dicha, durante su vigencia prevaleció la centralización política sobre la descentralización administrativa, acentuada por el agobiante régimen presidencial que nos rige. 

El hito más importante de la descentralización en Colombia tuvo lugar en la administración del liberal Carlos lleras Restrepo. El paso más importante se dio con la creación, mediante una reforma constitucional en 1968, del Situado fiscal, una bolsa de recursos de transferencias para las entidades territoriales y la creación de una serie de institutos descentralizados, con los cuales se desconcentraron recursos, al tiempo que se delegaban funciones propias del Gobierno central.

En 1991 se expide una nueva Constitución Política pluralista que vino a ocupar el lugar de la confesional de 1886 inspirada por los regeneracionistas Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro. En la misma se estableció “un Estado Social de Derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales”. De esta manera se avanzó, al ir más allá del concepto de descentralización administrativa para consagrar el principio de la autonomía territorial en sus artículos 1º y 287. Como lo dejó establecido el ex presidente del Consejo de Estado Javier Henao Hidrón, “se entiende por descentralización la capacidad de gestión administrativa y la autonomía como la capacidad de decisión política”.

El año entrante se cumplen los primeros 30 años de esta Carta y durante estas tres décadas no sólo no hemos avanzado un ápice en materia de autonomía, sino que se ha venido dando un proceso de recentralización. El situado fiscal, que devino en el Sistema General de Participaciones (SGP), que estaba llamado a fortalecer la gestión territorial mediante un aumento progresivo del porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación, sufrió una mengua por cuenta de los actos legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007. A consecuencia de estos, los departamentos y municipios del país dejaron de recibir entre los años 2002 y 2015 $108 billones, aproximadamente, recursos estos que le quitaron a la salud, a la educación y al agua potable, que es la destinación específica que tienen los recursos del SGP. 

Lo más grave, es que se ha venido dando una descentralización disfuncional, consistente en delegarle a las entidades territoriales funciones, pero sin recursos, violando el artículo 356 de la Constitución el cual dice que “no se podrán descentralizar responsabilidades sin la previa asignación de los recursos fiscales suficientes para atenderlas”. El Congreso de la República sólo se ha limitado a facultar al Gobierno nacional para crear una Comisión de expertos para que le proponga un texto para dicha reforma, sin que hasta el momento se sepa algo de sus resultados.

La situación para los departamentos y municipios se agrava en la medida que, como lo acota el ex constituyente y ex ministro de Estado Carlos Rodado Noriega, “nuestros niveles intermedios de gobierno son débiles, viven de rentas decadentes…Las frecuentes reformas tributarias que se aprueban en el Congreso sólo se ocupan del fortalecimiento de los tributos que recauda la Nación y poca o ninguna atención se les brinda a los tributos de los entes subnacionales”.

En efecto, desde la Ley 49 de 1990 hasta la Ley 2009 de 2019 se han aprobado 17 reformas tributarias y todas, absolutamente todas, para arbitrarle recursos a la Nación y ninguna para arbitrarle recursos a las entidades territoriales, lo cual ha redundado en un debilitamiento de las finanzas territoriales. De allí que de cada $100 que se recaudan por concepto de impuestos $83.5 van para la Nación, mientras que los municipios y los departamentos se tienen que conformar con sólo $11.9 y $4.6, respectivamente. De allí la pertinencia y oportunidad de darle curso, con carácter urgente, a las recomendaciones de la Comisión de expertos creada al amparo de la Ley 1943 de 2018 para el fortalecimiento de los fiscos territoriales.

Llegó la hora de barajar y volver a repartir los recursos públicos, hoy concentrados en el Gobierno central en desmedro de las entidades territoriales, a través de la reforma del SGP y de los tributos territoriales, de tal manera que se equilibren las cargas entre la Nación y los territorios. Ello es tanto más urgente en la medida que la crisis pandémica ha ahondado la crisis fiscal de las entidades territoriales, en momentos que, para recuperar y reactivar la economía, se requiere un impulso desde las regiones y para enfrentar sus secuelas sociales se pueda dar la concurrencia entre Nación y entidades territoriales para paliar sus deplorables efectos.

Bogotá, diciembre 5 de 2020

Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía 

www.amylkaracosta.net

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Jorge Enrique Robledo

Por Jorge Enrique Robledo*- Aunque algunos lo nieguen, como Donald Trump, hay pruebas científicas de sobra para demostrar que la tierra sí se está calentando. Y ese cambio del clima provoca graves daños, como que zonas costeras queden por debajo del nivel del mar, modificaciones en los ciclos del agua con inundaciones o sequías, pérdidas de áreas de cultivo y nuevas enfermedades o agravamientos de las actuales en plantas, animales y personas.

El calentamiento global lo causan los Gases de Efecto Invernadero (GEI), en especial dos: el dióxido de carbono (CO2), generado por la quema de combustibles fósiles –petróleo, carbón– en las termoeléctricas, el transporte y la industria. El otro gas es el metano que emiten el ganado y el descongelamiento del permafrost, que además expele CO2. Y son parte importante del problema la deforestación y su conversión en pasturas, porque selvas y bosques actúan como sumideros de carbono, es decir, atrapan el CO2 que de otra manera iría a la atmósfera, reduciendo así el aumento del efecto invernadero que calienta la tierra.

El debate se centra entonces en qué hacer, tanto con las causas del cambio climático como con sus efectos, dos problemas relacionados pero diferentes que deben ser atendidos al mismo tiempo, para lo cual hay que conocer y entender las cifras globales y las de cada país.

El grupo de los 20 países con economías mayores aporta el 80 por ciento del total de los GEI y entre EEUU, la Unión Europea, China, Japón y Rusia ponen el 48 por ciento, en tanto Colombia apenas emite el 0,32 ciento, según el Banco Mundial. Detallando, cada norteamericano aporta al año 19,38 toneladas de esos gases, un alemán 11,44 y un colombiano 3,47. Si reducimos entonces a cero nuestra contribución a los GEI por generación de electricidad y transporte –cosa en realidad imposible de lograr–, el 0,32 por ciento apenas bajaría a 0,31 y 0,28, respectivamente, verdades que demuestran que somos más víctimas que causantes del problema. Y es importante saber además que el 50 por ciento del aporte de Colombia a los GEI viene de sus áreas rurales, en particular de la deforestación y los pastizales, al reducir el área de los sumideros de carbono.

El senador Gustavo Petro, en un trino, señaló que era un “error” de mi parte el mencionado 0,32 por ciento de GEI de Colombia porque a esa cifra había que sumarle, dijo, los GEI que “emiten en otros lugares del mundo sus exportaciones de carbón y petróleo”. Pero esa afirmación no resiste análisis. Porque es equivocado contabilizar dos veces la misma emisión, allá y aquí, y porque si el país deja de exportar combustibles fósiles, otros lo reemplazarán. Es innecesario exagerar la gravedad del problema y hacerlo puede llevar a errores en lo que debemos hacer.

La otra verdad que debe conocerse es de signo positivo. Han caído en forma notable los costos de generar electricidad con energía solar y eólica, que no producen CO2, y de usar vehículos eléctricos, que no consumen o lo hacen en bastante menor medida combustibles fósiles. Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), el costo de producir el kilovatio hora con energía solar se ha reducido de 0,38 a 0,03 dólares, en tanto el de la eólica ha disminuido de 0,09 a 0,05. Según esta agencia, la energía solar fotovoltaica es la “fuente de electricidad más barata de la historia”. Y entre 2010 y 2020, las baterías para los vehículos cayeron de 650 dólares el kilovatio hora a 150 y deben bajar a 80 para 2025.

La mala noticia es que los países que más GEI le aportan al calentamiento global no están reduciendo sus emisiones al ritmo que prometieron. Y no lo hacen a pesar de que ellos, los más grandes productores de GEI por su mayor desarrollo y por los altos niveles de vida de sus habitantes, son también los que tienen más capacidad de gasto público. Mientras que ese gasto es de solo 1.866 dólares por habitante al año en Colombia, llega a 22.092 en Estados Unidos –casi 12 veces más–, a 17.275 en el Reino Unido y a 14.377 en Japón, por ejemplo.

El análisis del conjunto de estas cifras me lleva a proponer que Colombia actúe –sin olvidar que sus flacos recursos públicos son más escasos por la pandemia–, al mismo tiempo, en las dos partes del problema: reducir sus GEI y mitigar los efectos del calentamiento, su mayor urgencia, porque sus perniciosos efectos ya están ocurriendo. En cuanto a los GEI, lo que más puede aportar y a menor costo presupuestal es reducir la deforestación de la Amazonia y el Pacífico biogeográfico. Y nada se resolverá a nivel mundial ni en Colombia si los países que más GEI producen no los recortan, por lo que el presidente de la República debe unirse a una cruzada mundial para que estos cumplan con sus deberes globales.

Bogotá, 5 de diciembre de 2020.

Senador Por la Dignidad

@JERobledo

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Gabriel Ortiz

Por Gabriel Ortiz*.- Todo se ha ido degradando, en la medida en que pasa el tiempo. Las excelsas virtudes y engaños que se predicaban para captar votos de fanáticos creyentes que esperaban salvar la patria, se van desdibujando más rápido de lo esperado.

El vespertino “lavadero de manos de las 6”, se desgasta a pasos tan agigantados, como los que ha alcanzado el covid-19 infectando víctimas. El Presidente Duque, se monta en cuanto acto existe, o evento le fabrican, para expresar las proezas de su gobierno y las grandes esperanzas que tiene Colombia en los 21 meses que aún nos faltan.

Inaugura lo que observa o se encuentra a su paso. Sus asesores montan el libreto de cada “magna” obra, a la que haya necesidad de cortar cinta tricolor para permitir que opere. Su gran capacidad de comunicador, le permite a su público disfrutar de los embelecos y artimañas, que desde las tarimas muestra, ofrece y envuelve en la imaginación de sus adoradores.

El más pavoroso huracán, el tenebroso incendio, los frecuentes derrumbes y las tragedias asombrosas, respaldan sus elocuentes palabras ante las víctimas. Todo está acompañado de ofertas de dinero y obras relámpago, que pocas veces llegan a recuperar los daños.

Y así pasan los días y las noches desde, esa borrascosa tarde, cuando un “bachiller”, le señaló el camino a seguir por cuatro años. La maldición de los 48 meses que tendría que soportar una paz, a la que le engarzó el remoquete de “legalidad”; esa que debía diezmar e impedir que arropara a una población que ambicionaba un respiro de tranquilidad desde hacía 60 años. Se desconocía si el objetivo era: odiar la paz, o zurrar y sacudir a un pueblo lleno de esperanzas.

Hay ocasiones en que el Presidente escapa a las órdenes de su mentor y de quienes quieren aprovecharlo.

Esa lucidez lo lleva a reconciliarse consigo mismo y encontrar las fallas que le ocultan. Recobra la sensatez que le permite descubrir los abusos de quienes lo rodean y cometen tropelías como las de robar los dineros del ICBF, o vender alimentos en descomposición para los niños. Otros –muchos, muchos- reinstalan la llamada “mermelada” en casi todas las dependencias del Estado.

Duque en sus destellos de conciencia, los descubre y los califica de “ratas de alcantarilla”, epíteto del que se burlan, porque sus escondites son las cloacas y sumideros.

Como no hay nada oculto bajo el sol, todos esos desafueros pueden salir a la luz pública, a tal punto que si no actúa, las ratas lo aturdirán y se convertirán en la amenaza, que cierto exsenador presiente. Ojo con el 22.

BLANCO: Formidable la Carta Ambiental que puso en marcha Jorge Hernando Pedraza en su Comunidad Andina.

NEGRO: Con Pulgarcito se repite la historia: comete el delito, lo encarcelan, renuncia al Senado, la Fiscalía lo libera y el abogado celebra. Justicia sin legalidad.  

Bogotá, D. C, 5 de diciembre de 2020

Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.    

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Jairo Gómez

Por Jairo Gómez*.- Me tomé la tarea de comparar el contundente debate de las fuerzas alternativas en el Congreso sobre el entrampamiento contra la paz que diseñó, calculó y perversamente manipuló Néstor Humberto Martínez Neira, para aniquilar el Acuerdo del Teatro Colón, con las 56 páginas del capítulo 8 “el Caso Santrihc”, publicado en su libro: “La Dos Caras de la Paz”.  

Resultado: es un texto mentiroso y embustero. No se puede ser más ruin y deshonesto con un país que, por defender intereses propios y ajenos, un individuo haga uso de sus funciones, en este caso de la Fiscalía, para meterle un misil y volar en mil pedazos un pacto que salvó vidas.

Su texto es un relato personal mal escrito que al compararse línea por línea con los argumentos de los senadores, demuestra que los documentos revelados en detalle por los senadores evidencian la sevicia y la excesiva maldad con que el exfiscal, en connivencia con la DEA, actuó para concebir el burdo montaje.  

El patrón del entrampamiento no daba lugar a equivocaciones: aniquilar el Acuerdo de Paz implicaba que una vez extraditados los dos objetivos principales del montaje, Santrich y Márquez, firmantes del Acuerdo, los más de trece mil guerrilleros que dejaron las armas volverían a la insurgencia; no obstante, lo logró parcialmente.

Volar en mil pedazos el Acuerdo acabaría de inmediato con la JEP ergo, las posibilidades de conocer la verdad sobre lo sucedido en esta guerra desde el lado del establecimiento y su aparato armado -La Fuerza Pública- se desvanecerían; prevalecerían la opacidad y el ocultamiento cómplice de sus crímenes de lesa humanidad. Ese era, sin duda alguna, el resultado final de la mezquindad de Martínez Neira contra la Paz que deja entrever en su libro.

Entrampar el Acuerdo de Paz tenía un fin: la extradición; por ello la cifra de los cinco kilos de cocaína, ni más ni menos, garantizaría el indicment desde una corte de los Estados Unidos. Según los senadores con dineros públicos la Fiscalía compró el alijo para montar lo que técnicamente denominaría una “operación controlada”. Tema que en su acomodado texto no menciona el rústico Fiscal, es más, cuando renunció reconoció la entrega de la droga en ese operativo y hoy lo niega. Nada fue fortuito, todo fue pensado milimétricamente; al palurdo plan no se llegó por accidente como pretende venderlo el exfiscal en su libro “Las Dos Caras de la Paz”.  

Martínez Neira es un camaleón profesional; tras su paso por el pomposo cargo de   Ministro de la Presidencia (que aprovechó para hacer acuerdos secretos con el uribismo), logró su objetivo de llegar a la Fiscalía para hacer lo que hizo; evidencia que sugiere la pregunta del porqué el presidente Juan Manuel Santos, a sabiendas de la perversa personalidad de Martínez Neira y su proclividad a la traición, lo prefirió en el ente acusador. Ahora, cabría una interpelación: ¿prefirió sacrificar un respaldo necesario del Fiscal al Acuerdo de Paz a cambio de que le tapara el escándalo de Odebrecht? El Premio Nobel de paz, hasta hoy, sobre el entrampamiento a la Paz, no ha dicho, esta boca es mía.

Otra gran inquietud que irrumpe sin respuesta es cómo los periodistas cayeron redondos ante semejante montaje y nunca se preguntaron y muchos menos investigaron si esas supuestas pruebas de la Fiscalía tenían algún sustento legal y qué tan sólidas eran contra el exnegociador de paz. Creo que con sólo leer el capítulo 8 hubieran surgido muchos interrogantes sobre el caso. Tampoco se investigó que hacían agentes de la DEA, enviados por un país extranjero, inmersos en un operativo de esa envergadura y en territorio colombiano entrampando el proceso de paz. Ni siquiera se le cuestionó a Martínez Neira el desprecio con que trató a la JEP al negarle las supuestas pruebas en el caso Santrich y cómo desdice de la institución en el libro de marras.

Lo cierto es que el entrampamiento contra la Paz tuvo un éxito parcial y logró la reacción equivocada y traicionera de Santrich y Márquez de regresar a las armas; también consiguió que se privilegiara la agenda de la nueva guerra mientras la implementación del acuerdo apenas sobrevive y las amenazas de acabar la JEP y aniquilar la verdad persisten. Entre tanto, hay que reconocer que Martínez Neira, ese chabacano personaje, y el subversivo misil contra la Paz, quedarán en la impunidad.

Bogotá, D. C, 2 de diciembre de 2020

*Periodista. Analista Político.

@jairotevi

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José G Hernández

Por José G. Hernández* .- El 9 de diciembre de 1990 acudimos los colombianos a las urnas con el objeto de resolver, en ejercicio de la soberanía popular, si se convocaba una asamblea constituyente para expedir una nueva Constitución, así como para elegir los setenta delegatarios que habrían de integrarla.

La propuesta inicial no apuntaba a la derogación sino a la reforma de la centenaria Carta de 1886, en medio de una grave crisis generada por la violencia y el terrorismo. Se buscaba aprobar una enmienda constitucional, por un procedimiento diferente al del acto legislativo del Congreso, única que autorizaba la normatividad vigente según Acto Legislativo 3 de 1910 y Plebiscito de 1957.

El entonces presidente de la República Virgilio Barco había insistido en la reforma, pero sus intentos habían sido en vano. El plebiscito no llegó a ser convocado por falta de apoyo político y porque, a pesar de una reciente sentencia de la Corte Suprema, se pensaba que ese mecanismo estaba excluido como válido para enmendar la Constitución. El Acuerdo de la Casa de Nariño, firmado con el expresidente Misael Pastrana -que contemplaba un referendo-, fue suspendido por el Consejo de Estado, en cuyo criterio se proyectaba un procedimiento inconstitucional. El proyecto de Acto Legislativo, tramitado en el Congreso en 1988, se hundió a última hora por causa de un “mico” introducido en el texto contra la extradición.

Tras el asesinato de cuatro candidatos presidenciales, el último de ellos Luis Carlos Galán Sarmiento, los estudiantes universitarios, seguidos por muchos ciudadanos contra la insoportable violencia que reinaba en el país, marcharon en silencio en distintas ciudades, conformaron el movimiento “Todavía podemos salvar a Colombia” y propusieron la Séptima Papeleta para consultar en las urnas, durante las elecciones del 11 de marzo de 1990, sobre las posibilidades de una asamblea constitucional.

La votación con la séptima papeleta no fue contabilizada oficialmente, pues el Registrador Nacional del Estado Civil alegó la inexistencia de una norma legal que lo autorizara para el efecto, además de dificultades logísticas. Por tanto, los casi dos millones de votos informales obtenidos merced a la diligente actividad estudiantil no tuvieron un efecto jurídico, aunque sí político, ya que el Presidente Barco, mediante Decreto Legislativo 927 de 1990 (de Estado de Sitio) -declarado exequible por la Corte Suprema-, facultó a la organización electoral para adoptar todas las medidas conducentes a la posibilidad de integrar una Asamblea Constitucional.

Posesionado el nuevo presidente, César Gaviria Trujillo, expidió, previo acuerdo con los partidos políticos, un segundo decreto de Estado de Sitio -el 1926 de 1990-, que fijó los elementos necesarios para la conformación de la Asamblea, el número de constituyentes y su período y daba lugar a una corta campaña de los aspirantes a delegatarios, con miras a la elección popular. El Decreto fue declarado constitucional por la Corte Suprema de Justicia, con la salvedad del temario y del control jurídico sobre los actos de la Asamblea, que a la misma Corte confiaba la norma. Así, pues, sesionaría -como en efecto ocurrió- una Asamblea Constituyente, con pleno poder para expedir una nueva Carta Política, derogando la de 1886 y sus reformas.

Bogotá, D. C, 2 de diciembre de 2020

*Expresidente de la Corte Constitucional   

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Victor G Ricardo

Por Víctor G. Ricardo.- En Bogotá y las demás ciudades del país nos encontramos viviendo una gran crisis en la seguridad ciudadana. Han aumentado, y preocupan mucho a la ciudadanía, los robos de carros, de bicicletas, celulares, y en general los atracos en las calles, robos en residencias y oficinas, secuestros exprés y demás actos de delincuencia, tanto en sectores urbanos como rurales. Lo que es aún peor es que los delincuentes cada vez son menos pasivos y acuden más a la agresión y la violencia para lograr su cometido.

Pero resulta que en la mayoría de los casos las estrategias son las mismas, y no por coincidencia; se repiten porque se trata de las mismas bandas criminales que, aunque generan un patrón más que obvio y evidente, por algún motivo no son capturados y, de serlo, son liberados por los jueces y así continúan haciendo de las suyas.

Además, dicha situación se ve reflejada en el desmejoramiento en los avances de proyectos económicos e incluso de la inversión extranjera, por no decir que en su estancamiento.

En el caso de la capital, cada hora se presentan 9 nuevos atracos. Es decir que al día son 216, al mes 6.480 y de seguir así al año sería 77.760 sólo en Bogotá. Una cifra nunca antes vista. Las bandas de delincuentes están creciendo y un número importante de inmigrantes están involucrados en las mismas. Para quienes residimos en la capital de nuestro país, como en varias de las municipalidades de Colombia, es muy preocupante que todos los días se sienta más inseguridad en las calles sin ver acciones efectivas que busquen controlar esta circunstancia.

Lo más preocupante de todo es que también hay una crisis en la cúpula de la Policía Nacional, donde el Director General está siendo investigado por la Procuraduría General y la Fiscalía, por presuntos delitos de corrupción, denunciados por el inspector general de esa institución. Cuando los altos mandos de una institución armada se encuentran enfrentados, es urgente que el Gobierno actúe con rapidez, cortando por lo sano, para que esta clase de eventos no se vean reflejados en el personal de la institución o lleven a la anarquía en su comportamiento operacional, pues la conducta de los directivos puede llegar a ser ejemplo en sus subalternos y es ahí cuando se llega a una grave situación en el cumplimiento de sus objetivos.

Es que hasta a los medios de comunicación llegan historias de agentes de la policía que, ante grabaciones hechas por ciudadanos de su actitud en el ejercicio de las funciones que le corresponden a su cargo, acuden a la violencia bárbara, infame e ilícita. Abusan de su poder para no verse despojado de él, incluso haciendo uso del arma, cuya finalidad es la protección de los residentes, para amenazar a los mismos.

A propósito del nuevo Código de Policía, es importante que primero eduquen e inculquen sus principios y valores en debida forma a los agentes a quienes corresponde velar por su cumplimento. De lo contrario, aumentará el abuso de poder y se continuará perdiendo la esencia y razón de ser de dicho organismo.

Bogotá, D. C, 2 de diciembre de 2020

*Excomisionado de Paz

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Guillermo García Realpe

Por: Guillermo García Realpe* .- En Colombia lastimosamente en los últimos años ha venido haciendo carrera la fórmula de acudir a artimañas, mentiras, difamaciones y juego sucio para ganar las elecciones, es una nefasta práctica política que no solo sucede en lo local y regional, sino que también ha trascendido a lo nacional y quién iba a pensar, también traspaso fronteras. 

En tiempos de elecciones, vemos como, en pequeños pueblos de Colombia se pierde todo tipo de tolerancia y respeto por las ideas contrarias y se convierte la temporada eleccionaria en una guerra sin cuartel, que deja enemigos incluso en el mismo entorno familiar, esto se debe a un nivel de fanatismo desbordado y al gran grado de polarización que vive el país que para nada contribuye a generar un clima de armonía en las regiones. 

Aquí hacer que la gente salga a votar “verraca” parece haberles funcionado, sobre todo al actual partido de gobierno que, como ya recordamos, acudió a una serie de mentiras y tergiversaciones para que ganara el NO en el plebiscito por la Paz del 2 de octubre de 2016. 

Fue un tiempo en que se dijo de todo, que el país se iba a convertir en una segunda Venezuela, que el gobierno Santos le entregaría Colombia a las FARC, que los subsidios para los menos favorecidos se iban a acabar, que el “castro-chavismo” se tomaría el poder, que “Timochenko” sería candidato presidencial, una senadora del Centro Democrático dijo incluso, que si ganaba el Sí se les quitaría el 7% a los pensionados, un pastor en Barranquilla fue más allá y dijo que la firma del acuerdo de paz fue un rito satánico, un sinfín de embustes que al final caló entre la opinión pública nacional, con los resultados que ya todos conocemos. 

Es más, en su momento a través de un auto, el Consejo de Estado, señaló a través de la magistrada Lucy Bermúdez, que existió una supuesta “violencia sicológica” derivada de engaños de la campaña del No contra los acuerdos de paz. ¡Algo muy grave! 

Situación similar sucedió luego con la campaña presidencial que terminó por llevar a Iván Duque a la Casa de Nariño. En época electoral, las redes sociales fueron inundadas con mensajes confusos y con noticias falsas, se dijo, por ejemplo, que Gustavo Petro es “castrochavista” y que de ser presidente aplicaría un programa de gobierno que llevaría al país a una crisis similar a la venezolana. Además, que apelaban a su pasado para reforzar la estrategia de desprestigio. 

Pero si por Colombia llueve, por Estados Unidos no escampa. Recientemente los comicios presidenciales en el país del norte estuvieron pasados de términos y de señalamientos de unos y otros, pero principalmente de Trump hacia Biden. 

Trump fue desbordadamente deshonesto, en primer lugar, mintió sobre el manejo que le dio a la crisis de la pandemia, dijo que “estamos doblando la esquina, se va a ir” y hoy Estados Unidos, es el país, lamentablemente con más casos de personas fallecidas en el mundo y la cifra de contagios ya reboza los 12 millones. 

El saliente presidente estadounidense también arremetió contra el voto por correo, señalando de ser un mecanismo que se presta para el fraude, se fue con toda en sindicaciones contra su oponente y al mejor estilo de la política nacional lo “graduó” también de “Castro-chavista”, una práctica que no les funcionó a los Republicanos, pues en Estados Unidos, los electores, literalmente no comen cuento a ese tipo de afirmaciones y más se centran en las propuestas de campaña. Fue tanto el desespero de Trump, que se atrevió a decir que si ganaba Biden acabaría con una tradición como la navidad y la celebración del Día de Acción de Gracias. Algo totalmente salido de los cabellos. 

Todo esto lo que demuestra es que el poder no tiene límites, que en muchos casos quienes aspirar a ostentar una dignidad en una corporación pública rompen todos los límites con tal de lograrlo, e incluso, recurren al exterminio físico de sus oponentes para sacarlos del camino y en nuestro país infortunadamente sí que tenemos casos, sobre todo en aspiraciones a alcaldías. 

Ojalá todas estas prácticas logren extirparse de la política definitivamente, pero para ello, también se necesita del concurso de los electores, que son quienes llevan al poder a las personas, necesitamos ciudadanos preparados para la democracia, que no se dejen sobornar, que estudien las propuestas de los candidatos, que lean más, que voten a conciencia y sobre todo que elijan a los mejores, y que no se dejen engañar con mentiras por quienes aspiran a gobernarlos. 

Bogotá, D. C, 30 de noviembre de 2020

*Senador del Partido Liberal

@GGarciaRealpe

 

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Mauricio Cabrera Galvis.

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Preocupan los hallazgos de la última encuesta de opinión de Invamer y Noticias Caracol. Dos de cada tres colombianos creen que las cosas en el país van por mal camino; la mayoría piensa que están empeorando todos los aspectos económicos y sociales, mayoría que llega hasta el 90% en temas como el desempleo, la inseguridad o la corrupción.

Si bien el manejo de la pandemia puede contribuir al pesimismo colectivo, otro preocupante hallazgo de la encuesta que no tiene relación con el Covid es la pérdida de confianza en todas las instituciones del país. Hasta la Iglesia y los medios de comunicación registran una caída de 10 puntos en su imagen positiva. Un caso que debe prender las alarmas es el de las Fuerzas Militares. Siguen teniendo una mayoría favorable (58%, frente a 35% desfavorable), pero el aumento de la opinión negativa es muy grande: era 16% al empezar este Gobierno, y ahora es 35%. El caso de la Policía es peor porque hoy es mayor la opinión desfavorable que subió de 29% a 50%, mientras que la favorable cayó de 64% a 44%. Esto es grave porque las Fuerzas Militares llegaron a ser la institución más respetada por los colombianos, y además desempeñan un papel fundamental en la paz y la seguridad del país. Pero la pérdida de imagen no es el resultado de una campaña de desprestigio de políticos y medios de comunicación, sino de hechos reales de abusos, uso excesivo de la fuerza, violaciones y hasta asesinatos extrajudiciales. La culpa no es del mensajero que divulga la noticia, sino de quien la produce. En unas fuerzas con más de 500.000 efectivos –que son seres humanos y no ángeles, y errar es humano- es imposible que no haya abusos y hasta delitos. Pero la confianza en la institución no se pierde porque se cometan excesos sino porque no se reconocen, no se sancionan y no se piden disculpas.

Un ejemplo de lo que se debe hacer frente a estos excesos lo dio el ejercito de Australia. Su unidad élite fue muy exitosa en 19 años de guerra contra los talibanes en Afganistán, pero había muchos rumores de ejecuciones de prisioneros fuera de combate y asesinatos de civiles para aumentar el conteo de bajas enemigas; además aquellos soldados que se atrevían a denunciar los atropellos eran amenazados y desacreditados. Hasta acá, hechos muy parecidos a lo que sucede en Colombia. La diferencia está en la respuesta del alto mando australiano. En lugar de dejar pasar los rumores y refugiarse en el “espíritu de cuerpo” ordenó una investigación exhaustiva que comprobó las atrocidades de la unidad élite; a los responsables directos les abrió juicio penal y a sus superiores les atribuyó la responsabilidad de lo sucedido. El NYT recoge las declaraciones del comandante del ejército australiano, general Angus Campbell: “La Fuerza de Defensa australiana ha sido correctamente juzgada por acusaciones de graves falta de conducta, que son ciertas y profundamente preocupantes”. Públicamente ofreció disculpas al pueblo de Afganistán y procedió a suprimir el segundo escuadrón del regimiento especial del ejército, que son como los lanceros colombianos. Esta posición fue criticada por algunos, pero el ejército australiano salió fortalecido y más respetado con esa respuesta a los hechos deshonrosos. Así se construye la confianza en las instituciones a pesar de los errores de algunos de sus miembros.

Cali, 29 de noviembre de 2020

*Filósofo y Economista. Consultor.

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Amylkar D Acosta M

Por Amylkar D. Acosta M*.- No he podido dar con la autoría de esta genial metáfora, para darle el crédito correspondiente, portadora de un potente mensaje keynesiano en momentos en los que hasta sus más acérrimos críticos y los más recalcitrantes alabarderos del neoliberalismo han terminado por aceptar su teoría y sus prescripciones para enfrentar situaciones tan criticas de la economía en barrena como la actual, a consecuencia de las medidas de prevención primero, de contención después y de mitigación actualmente de la pandemia del COVID-19.

Dicho texto, titulado La deuda de la prostituta, cuenta que “en agosto, en una pequeña ciudad de la costa, en plena temporada cae una lluvia torrencial y hace varios días que la ciudad parece desierta. Hace tiempo que la crisis viene azotando este lugar, todos tienen deudas y viven a base de créditos. Por fortuna llega un millonario forrado de dinero y entra en el único pequeño hotel del lugar, pide una habitación, pone un billete de 100 Euros en la mesa de la recepcionista y se va a ver las habitaciones. El jefe del hotel agarra el billete y sale corriendo a pagar su deuda con el carnicero. Este toma el billete y sale corriendo a pagar su deuda con el criador de cerdos. Al momento este sale corriendo para pagar lo que le debe al molino proveedor de alimentos para animales.

El dueño del molino toma el billete al vuelo y corre a liquidar su deuda con María, la prostituta a la cual hace tiempo no le paga, en tiempos de crisis hasta ella ofrece servicios a crédito. La prostituta con el billete en la mano sale para el pequeño hotel, donde había traído a sus clientes las últimas veces y que todavía no había pagado y le entrega el billete al dueño del hotel. En este momento baja el millonario, que acaba de echarle un vistazo a las habitaciones, dice que no le convence ninguna, toma el billete y se va. Nadie ha ganado un centavo, pero ahora toda la ciudad vive sin deudas y mira el futuro con confianza”.

La moraleja de esta metáfora nos lleva al ejemplo que puso Keynes para ilustrar su teoría que ha servido de fundamento a las políticas contracíclicas, ya sea para conjurar la recesión o para salir de ella, estimulando la demanda mediante la generación de empleo y las transferencias monetarias a los más vulnerables. Como lo dijo él, refiriéndose a la gran crisis de los años 30 del siglo pasado, “era mejor hacer un pozo y volverlo a tapar que tener gente desocupada”. Y no era para menos, pues al promoverse y ejecutarse obras públicas por parte del Estado se genera empleo, ingreso, capacidad adquisitiva, capacidad de compra y de esta manera, como lo planteó Keynes, se activaba el multiplicador de la inversión productiva, estimulando el crecimiento del PIB. De allí se sigue, como corolario, la importancia de la intervención del Estado en la economía, sobre todo en momentos en los que la economía entra en recesión, en procura de aminorar su contracción e impulsar su recuperación y su reactivación.

La piedra miliar sobre la cual descansa la teoría keynesiana fue su reformulación de la Ley de Say, también conocida como Ley de los mercados, según la cual “toda oferta crea su propia demanda”, partiendo de la base que la demanda está  en función de la producción y que sólo esta podía generar una mayor demanda. Es decir, según esta Ley cuanto mayor sea la oferta de bienes y servicios, la misma, per se, genera más riqueza, la que a su vez se traduciría en una mayor demanda de los mismos, dando lugar a una especie de circulo virtuoso del crecimiento de la economía. Por ello atribuía las crisis a fallas del lado de la oferta y no del lado de la demanda.

De ello se sigue la preeminencia y prominencia del mercado, considerado como el Deus ex machina, liberado al albedrío de la mano invisible de Adam Smith, de la economía, magnificado por el Consenso de Washington, el cual plantea en su decálogo la necesidad de la desregulación y la relegación del Estado al asiento trasero, en donde no interfiera las leyes del mercado. Por lo demás, el fracaso de la estrategia del Gobierno de aupar el crecimiento de la economía y la promoción del empleo incentivando “la mayor oferta de bienes y servicios” manteniendo y ampliando las gabelas impositivas a las empresas dan buena cuenta de la falacia de la Ley de Say.

Keynes le dio la vuelta e invirtió los términos de dicha Ley, pues para él es “la demanda la que crea su propia oferta”. Según Keynes, “la Ley de Say suponía implícitamente que el sistema económico operaba siempre a plena capacidad, de modo que una nueva actividad sustituía a otra actividad y que nunca era una actividad adicional…Sin embargo, una teoría basada en ese supuesto es claramente inadecuada para abordar los problemas del desempleo y del ciclo económico”.

A propósito, el Gobierno Nacional frente a la actual crisis se ha quedado corto, por cicatero, como lo ha delatado el Observatorio fiscal de la Universidad Pontificia Javeriana al señalar que hasta la fecha, 9 meses después de declarada la Emergencia económica y social  a raiz de la pandemia del COVID – 19, de los $25.5 billones del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), “sólo el 48% de ese presupuesto, unos $12.1 billones, se han usado efectivamente para atender la crisis sanitaria y económica por la pandemia”.

En concepto de su Director Luis Carlos Reyes, el Gobierno “ha decidido que es preferible ahorrar que invertir en la recuperación de las consecuencias económicas de la pandemia” y también de las sociales. Ello explica en gran medida la lentitud de la recuperación de la economía, ya que, como lo sostiene la ex ministra Cecilia López “sin demanda no hay reactivación” y ella no se dinamiza si no se genera empleo de emergencia y se amplían las transferencias monetarias a quienes lo han perdido y carecen de un ingreso.

Santa Marta, noviembre 28 de 2020

Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net

 

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Jorge Enrique Robledo

Por Jorge Enrique Robledo*.- Suele decirse que las crisis son oportunidades, dándole a la palabra oportunidades la connotación de mejorar las cosas, a pesar de que también puede significar lo contrario. Por ejemplo, la debacle financiera global de 2008 no disminuyó el poder ni las ventajas de la banca que provocó el desastre, sino que los aumentó.

Ocho meses después de estallada la crisis de la pandemia, deben de andar frustrados quienes hablaron del fin del neoliberalismo y de la oportunidad de alcanzar cambios positivos con facilidad. Porque lo cierto es que los grandes poderes globales, a los que Duque les cumple con sumisión, tienen como primer objetivo engatusar a la opinión pública para que no haya transformaciones de fondo, en particular en los países de desarrollo menor.

Que la ortodoxia neoliberal ahora permita mayores endeudamientos públicos y déficits fiscales no debe entenderse como modificaciones de fondo del muy regresivo modelo económico de capitalismo salvaje y poderosos amigotes. Porque son para alargarle la vida, haciéndolo más regresivo y menos democrático.

El trato de Duque al sistema de salud sirve de ejemplo de cómo usar la crisis en mala dirección. Ahí está que no usó los grandes poderes que le dio la emergencia económica para efectuar cambios positivos, sino que los empleó para ratificar a las EPS como los reyes del sistema, con derecho a someter a su arbitrio a los pacientes, los trabajadores de la salud y las IPS públicas y privadas.

Y de eso se trata el Proyecto de Ley 010 para reformar el sistema de salud en trámite, que no es para mejorarlo sino para empeorarlo, como tiene que ser con un proyecto originado en Germán Vargas Lleras, famoso por sus vínculos con las EPS y la alta burocracia estatal, incluido Fernando Ruiz Gómez, quien saltó de viceministro de salud a alto empleado de Luis Carlos Sarmiento Angulo en la gran clínica que está montando, para luego terminar como ministro. La perniciosa puerta giratoria. Cómo será de mala la propuesta, que Duque le dio mensaje de urgencia a su trámite e insiste en ella, a pesar del generalizado rechazo del sector.

El eje del proyecto consiste en empeorar un sistema de salud diseñado desde el principio (1993) para tener como primerísimo beneficiario la intermediación financiera de las EPS. El cambio de nombre que se propone tiene como único fin engañar. La ley va tras concentrar en muy pocas EPS el negocio –eliminando a las restantes, a las más débiles–, a las que además les facilita la integración vertical con sus propias clínicas, achicando o arruinando a las que no hagan parte de esos gigantes económicos, que acapararán además a los restantes negocios –comerciales, industriales, etc.– relacionados con la salud. Y esto y más que no cabe detallar en este artículo, para que sean trasnacionales las que monopolicen todo el sector –lo que ya viene ocurriendo con fuerza– y exporten a sus casas matrices el ahorro nacional.

Para agrandarles más el negocio a las EPS, que ya manejan 30 billones de pesos anuales de platas públicas, la Ley 010 también promueve anexarles los regímenes especiales –Ecopetrol, fuerza pública y magisterio–, con lo que esas intermediarias se harán a las cotizaciones de otro millón de familias. E introduce las asociaciones entre las clínicas privadas y los hospitales públicos, de manera que los que no se cierren de estos, sean anexados por el puñado de monopolios foráneos que se impondrá en todo, incluido someter a lo que se les antoje a los pacientes, los trabajadores de la salud y las IPS privadas independientes que sobrevivan. Y es notorio que la ley en trámite no ataca la corrupción, auténtico cáncer del sistema de salud.

Este es otro ejemplo de cómo en Colombia están usando la pandemia para profundizar en la peor economía de mercado concebible: subdesarrollada y desnacionalizada y muy desigual socialmente hablando, llena de desempleados y pobres, corrupta y violenta, todo lo cual puede hacernos inviables como país dentro de términos mínimamente civilizados.

Cuánta falta le hace a Colombia construir un gran pacto nacional que reconozca lo mal que estamos como país y que se proponga alcanzar las modificaciones económicas, sociales y políticas que han modernizado a los países del mundo que se lo han propuesto.

Coletilla: probado quedó en el debate en el Senado que el minDefensa Holmes Trujillo debe salir de su cargo porque mintió, engañó y violó la ley para que Iván Duque, también contra las normas legales, autorizara tropas de EE.UU. en Colombia (ver y leer mi debate en este enlace: La verdad sobre el ministro de Defensa https://jorgerobledo.com/la-verdad-sobre-el-ministro-de-defensa/)

Bogotá, 29 de noviembre de 2020.

*Senador del Polo Democrático Alternativo

@JERobledo

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