Monseñor Libardo Ramírez

Por: Mons. Libardo Ramírez Gómez* - El 18-02-1918, nacía en Zapatoca (Sant.), el débil niño, como el mismo advierte en buen reportaje periodístico (11-02-19), el hoy Cardenal José de Jesús Pimiento Rodríguez. Secretos son los proyectos de Dios, y, a pesar de esos visos iniciales, después de una vida colmada de valiosas realizaciones, acaba de cumplir cien años, y, bien vividos. En medio de tanta superficialidad de millares de personas, qué importante encontrar vidas colmadas de méritos, llenas de acciones que han “dado fruto, y fruto abundante” (Jn. 10,26).

Inició estudios en su acogedora población natal,  bajo la guía de las Religiosas Bethemitas, fue monaguillo en su Parroquia y a los 12 años pasó a adelantar estudios en el Seminario de San Gil, en donde cursó Secundaria, Filosofía y Teología, que culminó en el Seminario de Bogotá con brillantes resultados. Ordenado Sacerdote (14-12-41), prestó diversos servicios de importancia en su Diócesis de origen hasta ser nominado Obispo (28-08-55). Ejerció como Auxiliar  de Pasto por cuatro años, hasta su designación como residencial de Montería, jurisdicción que regentó por cuatro años, siendo trasladado a la Sede de Garzón en 1964. Honda huella ddejó en estas Diócesis, con avances notorios en distintos frentes, como impulso a organizaciones laicales y de labor social, creación de Parroquias, y debiendo afrontar la destrucción de templos en todo el Huila, causado por terremoto en 1967.  

Siendo Obispo de Garzón fue elegido Presidente de la Conferencia Episcopal (07-72), que ocupó, muy eficientemente, por dos periodos. Colaboró ese año en la creación de la Diócesis de Neiva, y, en 1975, fue designado Arzobispo de Manizales, sede que regentó con sabiduría, firmeza y prudencia, hasta el 1996 Pasó, por dos años, a colaborar como sencillo Cooperador en Parroquia de la Diócesis de Apartadó.  Vivió, luego, por varios años en Foyer de Charité, cerca de Bucaramanga, de donde salió dos años y medio a regentar, como Administrador Apostólico, la Diócesis de San Gil, y promovió la fundación de la Diócesis de Vélez (2003). Fue sorprendido, en el 2015, con su exaltación a Cardenal, sorpresa que menguó su salud, pero, restablecido ha asumido con gran responsabilidad su misión del gran servidor del Papa en la orientación de la Iglesia, con confortantes llamados al Episcopado a afrontar, con valor y claridad, su misión magisterial.

Bien ha hecho la prensa al destacar su vida y pensamiento, como el Nuevo Siglo con otros dos comentarios míos sobre él de años pasados, y de otros columnistas. De resaltar reciente entrevista, con el Tiempo (11-02-19), ya mencionada, en donde dio dicientes y magistrales respuestas. Clara y profunda a propósito de su longevidad: “larga o corta, la vida es un don de Dios, y, a cualquier edad, hay qué mirarla como un regalo del Señor”. En cuanto a ser dócil a la voz de Dios, manifestó: “Dios lo va llamando a uno, sin darse cuenta, a comprender que allí esta Él”. Qué verdad la dicha sobre el Vaticano II, y su aplicación: “Si se estuviera aplicando habría menos problemas en la Iglesia y en el mundo”. Sobre nuevo Concilio Ecuménico advirtió sobre la dificultad de otra convocatoria con más de 6.000 Obispos en el mundo, y, con gran propiedad, da valor a los Sínodos con representación mundial, creados por S. Paulo VI, así sean con carácter consultivo, que van supliendo la necesidad de un Concilio.

Ante graves debilidades de la Iglesia, que trae honda preocupación y voluntad firme de superarlas, dice que se debe tener en cuenta “que la Iglesia es divina por el Fundador, pero es humana por nosotros y tiene todas flaquezas nuestras”. Sinceras sus respuestas ante la realidad de la muerte y el natural temor humano ante ella, pero, puestos en manos de Dios, tiene “confianza en que no va hacer una cosa atormentadora, sino algo con luz”.

Garzón, Huila, Colombia, 17 de febrero de 2019

*Obispo emérito de Garzón
Email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Write comment (0 Comments)

Juan Camilo Restrepo Salazar

Por Juan Camilo Restrepo Salazar*.- A Moisés Naím lo conocíamos como agudo comentarista de televisión y periodista especializado en temas económicos. Dos espías en Caracas es su primera incursión, excelente por lo demás, en la novelística. La novela de Naím es en realidad una obra histórica, donde probablemente el 90% de los episodios y circunstancias relatadas más que a la ficción obedecen a la realidad. Una realidad que como venezolano Naím conoce de primera mano.

Dos espías en Caracas describe el periplo de Hugo Chávez desde su nacimiento político con el primer golpe de Estado que dio hasta su muerte. Es, en realidad, la historia política de Hugo Chávez.

Lo que más impresiona en esta novela es cómo Cuba, y concretamente Fidel Castro, se fueron apoderando poco a poco primero del alma de Hugo Chávez y luego de todas las palancas del poder en Venezuela. La injerencia de Cuba y de su jefe, bien conocidas por lo demás, encuentran en esta novela una exposición ordenada y dramática al mismo tiempo.

El alejamiento de los patrones democráticos que hoy estamos presenciando con el régimen de Maduro, hunde sus raíces en la invasión cubana en todos los campos que comenzó desde el primer Gobierno de Hugo Chávez.

El uso de las armas para mantenerse en el poder fue el primer consejo que Chávez recibió de Castro, consejo que cayó en tierra fértil y que ha pelechado hasta los días de Maduro. Hay un diálogo en la novela que a mi entender lo resume todo, y que vale la pena transcribir:

“Cuidado, le dice Castro a Chávez en una de sus innumerables visitas a La Habana. No te lo creas. Desconfía del poder si no viene de las armas. Tienes demasiados enemigos y, si de verdad quieres ayudar a los pobres, necesitarás hacer cambios profundos que te crearán aún más enemigos. Enemigos muy peligrosos. A ésos no los vas a poder manejar en democracia. Necesitas neutralizarlos por completo y por todos los medios posibles. -Hegemonía total. El Presidente toma nota de ése y de otros tantos sabios consejos -. Mao dice que el poder nace de la boca de un fusil, ¡y tiene razón! La democracia es una farsa burguesa -sigue Fidel, amenazante: El poder se ejerce a fondo o se pierde por completo. Un líder verdadero no consulta, ordena……….

Que no te pase como a Allende -le dice en ominosa alusión al presidente socialista chileno que llegó al poder ganando una elección y fue derrocado por un golpe militar en 1973-. Mira que yo conozco bien esa historia. Yo me mudé para Santiago de Chile por un mes a ayudar a Allende y lo vi todo. Y vi con estos mismos ojos las trampas que le montaron. Por no hablar de las que me montaron a mí en todos estos años. Pero contra mí no pudieron. Yo te quiero dar toda la ayuda y los conocimientos que tenemos del tema para que no te pase lo mismo a ti. Porque, si te matan o te tumban, se acabó la revolución. Y eso tú no lo puedes permitir”.

Esta novela lo deja a uno pensativo. Si la influencia tan profunda  como llegó a ser la de la Cuba de Castro en la Venezuela de Chávez se continúa actualmente con el régimen de Maduro, y no hay motivos para dudar que así no siga siendo, la pregunta obvia que le queda flotando en la cabeza al lector es: ¿Habrá alguna posibilidad de que se pueda caer Maduro? A mí al menos me quedaron sembradas serias dudas después de leer esta novela.

Maduro desde luego no tiene ni la inteligencia ni el liderazgo de Hugo Chávez, pero dice seguir su legado a pie juntillas. Y si su legado se lo siguen dictando, o mejor, imponiendo desde La Habana, allí lo vamos a ver por muchos años más, apoyado en las armas y con una economía destrozada que se irá semejando más y más al modelo cubano: cero democracia y aguantar 30 años si es necesario como lo hizo Cuba el bloqueo y el ostracismo internacional.

Poco optimista pronóstico; pero tal es el sinsabor que le deja al lector la novela de Moisés Naím.

Bogotá, D, C, 17 de febrero de 2019

*Abogado y Economista. Exministro de Estado.

Write comment (0 Comments)

Jorge Enrique Robledo

Por Jorge Enrique Robledo*.- Constituye una certeza el fracaso de la política agraria que Colombia inició en 1990. Las importaciones pasaron de medio millón de toneladas a cerca de trece millones, arruinando renglones enteros de la producción y agravando la pobreza y la desigualdad. Y como sigue el proceso de desprotección del agro, lo importado está creciendo a costa de los productores de arroz, leche y carnes y son grandes las asechanzas contra la caña y la palma. En contraste, se exportan los mismos productos de esos días: café, banano y flores, más pequeñas cantidades de frutas, cuyos despachos, pretendiendo engañar, el gobierno cacarea con exageración.

La globalización neoliberal no puede ser más leonina: Colombia acepta alimentarse con productos extranjeros subsidiados que las condiciones ambientales nos permiten producir, a cambio de que Estados Unidos y Europa nos importen los bienes tropicales que el clima les impide cosechar y cuyas compras y ventas les generan enormes ganancias. Al detallarlo, el gana-gana para ellos es todavía peor para nosotros. Porque la superproducción es la tendencia predominante en el mercado global de los frutos tropicales, lo que empuja los precios a la baja, reducción que además estimulan las trasnacionales que controlan el comercio, que para colmo se valen de poderosos testaferros en los países que esquilman.

El café sirve de ejemplo. Mientras que en Colombia campesinos, indígenas y jornaleros languidecen en la pobreza y la miseria y una clase media empresarial lucha para no quebrarse y para no perderlo todo, hasta sus tierras, las trasnacionales que controlan el comercio están pagando por el grano cerca de un dólar la libra, precio que es, en términos reales, ¡una tercera parte del de 1984! Es tan ínfimo ese pago, que pueden darse el lujo de castigar el café con altos impuestos en sus países y aun así hacer grandes utilidades financieras y comerciales. En Alemania, dice Café for Change, el café tostado paga 2,19 euros por kilo y el molido, 4,78, exacciones que le han generado al Estado cincuenta mil millones de euros desde 1950.

¿Qué hacer ante esta realidad, que treinta años de engaños y mentiras ya no logran ocultar? De un lado está lo que le gusta a Duque, cuyo ministro de Agricultura se ufana del éxito –falso, por lo demás– de la balanza comercial agraria que encontró, ensalzando así las políticas agrarias del gobierno de… ¡Santos! Y el plan de desarrollo en trámite ratifica las políticas antiagrarias que impone la OCDE y facilita el volteo de tierras, consistente en destruir buenas tierras agrícolas al urbanizarlas en negocios de especulación inmobiliaria de uno u otro tipo. ¡Un crimen irreversible en contra del país, que está pasando de agache!

La otra opción es la que se propone aquí. Primero. Que el gobierno nacional promueva un acuerdo con los gobiernos de los países productores para instar a los países consumidores y a las trasnacionales a acordar el aumento de los precios del café y de otros bienes tropicales. Segundo. Que sin dejar exportar, la política agraria vire hacia la sustitución de importaciones, para reemplazar por producción nacional los bienes agrarios que se están comprando en el exterior. Así se le daría un gran respaldo a la generación de riqueza en el campo y se aumentarían el empleo y los ingresos por salarios, estimulando el desarrollo industrial y toda la economía nacional. Es decir, se promovería el círculo virtuoso que opera en los países desarrollados, donde el Estado sí respalda en serio la producción agropecuaria e industrial.

Entre las medidas para sustituir importaciones es principal una inspirada en lo que ocurre en Estados Unidos: que parte de los subsidios a la pobreza –Familias en Acción, Colombia Mayor…– se pague con comida producida en Colombia y que también con esos productos se alimente a las Fuerzas Armadas y a los niños de los programas oficiales. La sustitución de importaciones también debe ser política industrial, en defensa, para empezar, de zapateros y confeccionistas, a quienes Duque les puso conejo, como ya se sabe. Asalariados, campesinos, indígenas, artesanos y empresarios deben unirse en el propósito de reemplazar producción extranjera por producción y trabajo nacionales.

Coletilla: auspicia una guerra que puede quemarnos, el colombiano que opine sobre Venezuela sin darle prioridad al interés de Colombia (http://bit.ly/2TQCYwm).

Bogotá, 15 de febrero de 2019.

*Senador del Polo Democrático Alternativo.

@JERobledo 

Video: https://youtu.be/zweCK6IL38Y

Write comment (0 Comments)

José Felix Lafaurie Rivera

Por: José Félix Lafaurie Rivera.- El presidente Duque tiene para su firma la Ley Estatutaria de la JEP, sobre la cual, según declaraciones de la ministra del Interior, el Gobierno podría ejercer la potestad de objetarla por inconveniencia.

Con el artículo 146 declarado inexequible por la Corte Constitucional –había sido incluido por el Congreso–, a la JEP le corresponderá definir si un delito sexual fue “cometido por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado”, y solo en caso contrario pasará a la justicia ordinaria. Yo me pregunto ¿a qué cínico malabar apelarán los magistrados para justificar que la violación de una niña de 11 años tenga relación con el conflicto?

No obstante, las reacciones a una posible objeción no se hicieron esperar. En tono de chantaje, un “confidencial” de Semana advirtió de “choque de trenes” y “venganza” de la Corte con el hundimiento de proyectos, incluida la Ley de Financiamiento; como si el desacuerdo entre poderes fuera una pelea de truhanes. La verdad, no comparto muchas de sus decisiones, pero tengo mejor opinión de la Corte.

Para Ariel Ávila es un “saboteo” del Gobierno y su partido a la JEP, dizque para proteger bandidos y ocultar verdades. Al senador Barreras le parece que el Gobierno quiere “lastimar a la JEP”; para Angélica Lozano sería una torpeza y Luis Felipe Henao llegó a calificar al gobierno de “bipolar”.  

En una entrevista le preguntaron al magistrado Linares sobre las razones del fallo y la respuesta fue sorprendente; era un asunto “formal”: Si alguien se presentaba a la JEP no podía ser condenado sino con las penas de la JEP, que el Congreso no podía cambiar. La periodista pregunta de quién es la culpa entonces, y Linares responde: del gobierno Santos y las Farc, que así negociaron.

Lo sensato habría sido que los delitos sexuales –todos– fueran excluidos de la JEP, pero era inmenso el rabo de paja de los cabecillas, que abusaron de mujeres de todas las edades. Por eso los incluyeron como “no amnistiables”, para pagar por ellos sembrado hortalizas.

Indignado, leí muchos de los testimonios de las víctimas antes de escribir estas líneas. Indignado consulté cifras, de miles de casos, y reseño aquí las de la Fiscalía (2016), con 232 documentados de delitos sexuales de las Farc contra menores, incluidas 214 niñas víctimas de violación, aborto y otras infamias.

Más indignado leí las reacciones de las Farc: “La organización desarrolló una política de respeto e inclusión de la mujer”, y las de la señora Sandino afirmando que “las mujeres ingresaron a la insurgencia por voluntad propia” y que “Nosotras aprendimos en colectivo a tener una relación libre, que la mujer decidía sobre su cuerpo…”. ¡Para creerles!

El Gobierno tendría más razones para objetar la ley, pero la más sensible, sin duda, es que a los delitos sexuales contra menores se les apliquen las penas de mentiras de la JEP. El artículo 146 obedecía al clamor de un país horrorizado por la violencia contra los niños. La violación y asesinato de la niña Samboní, y la sentencia de 58 años a Uribe Noguera, están frescos en la memoria de los colombianos, pero la Corte no interpretó ese sentir nacional y, además, se apartó de la Convención de los Derechos del Niño, un compromiso internacional que hace parte del bloque de constitucionalidad.

El presidente Duque ha mostrado aplomo y entereza en la defensa de sus convicciones. No se dejará chantajear por la revista Semana, porque él, como la mayoría de los colombianos,  sabrá proteger los derechos de los niños sobre cualquier formalidad.

Bogotá, D. C, 16 de febrero de 2019

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie

Write comment (0 Comments)

Gabriel Ortiz

Por Gabriel Ortiz*.- Día a día Colombia abre los ojos en medio del mayor desconcierto frente a cada medida, propuesta, proyecto o decisión del actual gobierno. Duque llegó con una abundante votación, pero sus adversarios también colocaron un respetable número de sufragios. Esa gran votación para lado y lado, fue estimulada por votantes en contra. Contra Uribe, contra Petro.

Colombia necesita que a Duque le vaya bien, que despeje el pesimismo. Que no insista en un Plan Nacional de Desarrollo que elimina subsidios a los pobres, que aporte los dineros que necesita la paz. Una decisión gubernamental que elimine las armas que seguramente quedarán en manos del paramilitarismo.

El Presidente durante su campaña descartó cualquier resquebrajamiento de la paz, pero ahora pulla a la JEP. Su mininterior espera que su jefe objete la Ley Estatutaria que la rige, para dar el peligroso paso hacia las trizas que nos devolverá otra guerra de cincuenta años. 

Prudente y a veces irreflexivo, había permanecido el senador Uribe. Impuso sus ministros clave, para el manejo del Estado y sin pudor acaba de dar el zarpazo, el batacazo, para revivir su seguridad democrática que tantos traumas ocasionó a una Colombia sedienta y ávida de paz. Es un reencauche fortalecido para acabar con lo que se ha logrado en convivencia y para regresar a los falsos positivos, el paramilitarismo y usurpación de tierras y bienes.

Revive las convivir y crea para ello un millón de cooperantes (sapos). Un enjambre de “ojos y orejas” muy utilizados por las dictaduras centroamericanas para apoderarse a sangre y fuego de gobiernos.

Con estos se conformarán ejércitos de soplones que sembrarán el terror entre la ciudanía. Impedirán cualquier crítica al gobierno, eliminarán la libertad de prensa y sistematizarán la amenaza y la extorsión. “Mi silencio tiene precio”, dirán a los ciudadanos. Acabarán con la privacidad y nos conducirán a una república de pánico, pavor y espanto.

El senador no le perdona a este país, a la justicia y a cierta clase política, haberle derrotado su afán de reelegirse por segunda vez.

Toda esa millonada que se destinará a los “cooperantes”, encausarse debería a educar a nuestra sociedad, desde los hogares y escuelas, para alcanzar el respeto por la ley, la justicia y la política bien entendida. Así se forma país, así se forma patria, así se forma estado, así se eliminan los odios y la polarización.

El Presidente Duque tiene en sus manos la única manera de devolver a esta Colombia una paz estable y duradera y el respeto a los entes de poder, siempre y cuando haya contrapesos, no como ahora que se quiere eliminar a Planeación Nacional y entregar el manejo “mermeládico” de todo el presupuesto nacional a un ministro de hacienda que aún no ha despejado muchas dudas sobre sus actuaciones anteriores. Hay tiempo, señor Presidente, para evitar la funesta regresión.

BLANCO: El freno a Peñalosa para vender la ETB.

NEGRO: El Plan Nacional de Desarrollo que deja a la vicepresidenta casi sin funciones.       

Bogotá, D. C, 15 de febrero de 2019

*Exdirector del Noticiero Nacional y de Notisuper.

Write comment (0 Comments)

Lorena Rubiano

Por Lorena Rubiano*.- Estoy a favor de la verdad, la diga quien la diga. Estoy a favor de la justicia, a favor o en contra de quien sea: Malcolm X

Los llamados falsos positivos, montajes judiciales, falsos procesos, capturas ilegales, etc., siguen vigentes en nuestra sociedad con grave detrimento de la majestad de la justicia.

Pareciera que llegaron y se enquistaron en nuestras instituciones judiciales, llámese policía, fiscalía, juzgados etc., en donde aparecen procesos manipulados con fines políticos, económicos o por rencillas personales.

Lo grave es que sigue vigente el dicho de que: “una orden de captura no se le niega a nadie “y por eso aterra que la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, anuncie todos los días que ampliarán, construirán, más y más cárceles. No hay dinero para educar al ciudadano, para enseñarle a mantenerse dentro de la ley y para resocializar a los que están privados de su libertad.

No podemos seguir construyendo expedientes con presuntos culpables, y menos condenarlos en los medios informativos antes de que sean vencidos en juicio.

Y eso  lo están haciendo para demostrar eficiencia, mano dura y ganarse unas medallas y unos beneficios económicos. Y después las demandas contra el Estado.

Los resultados de eficiencia y capacidad del Estado para preservar los derechos de los ciudadanos no se dan a través de la prensa con montajes, porque la realidad es otra. Veamos los cerca de 300 asesinatos de líderes sociales, reinsertados, líderes comunales y personas que luchan por sus pueblos y veredas y no aparecen los autores.

A estas alturas hay contra la nación condenas por cerca de dos billones de pesos por daños, privaciones injustas de la libertad, decomiso de bienes legalmente adquiridos etc. o sea por graves errores judiciales y hay más de quince mil demandas en curso. 

Pero este mal no es solo en Colombia, en un caso que también tocó nuestro territorito porque aquí fue capturado encarcelado y extraditado a los Estados Unidos, Nidal Waked, acusado de narcotráfico, lavado de activos y de financiar grupos terroristas, lo cual al final salió libre,  porque todo era falso. Sin embargo, aquí en los medios informáticos, primera página con fotos, las autoridades lo señalaban todos los días como el peor de los delincuentes, y ahora ¿quién le recupera su honra su prestigio el daño moral a él y su familia? Y los operadores judiciales del caso,  siguen orondos impartiendo “justicia”

A propósito, su tío Abdul Waked, dueño de los negocios La Riviera en Panamá, de un centro comercial Saho, un  banco y dos periódicos fue incluido en la lista Clinton por presión del gobierno panameño sin que existiera algún proceso en su contra, para poder quitarle sus bienes y entregárselos a su competidor comercial en el istmo con apoyo de funcionarios estatales y políticos del Istmo. El Estado deberá ahora responder por una suma superior a mil doscientos millones de dólares por los perjuicios causados.

Hacen falta cursos intensivos a los operadores judiciales para que no sigan cometiendo estos errores y no sean utilizados con fines políticos o económicos.

Bogotá, D. C, 15 de febrero de 2019

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Write comment (0 Comments)

José G Hernández

Por José G Hernández*.- Varios países han prestado su concurso para acudir con ayuda humanitaria -medicinas y alimentos imperecederos- con destino a la población venezolana, que desde hace ya mucho tiempo padece hambre y enfermedades no atendidas, mientras la inestabilidad política es ya insostenible, la economía es deplorable y la desproporcionada inflación ha llegado a niveles que hacen imposible a las personas cualquier adquisición de aquellos elementos en condiciones normales.

Hago votos porque al momento en que se publique esta columna, ya esa ayuda -que quizá sea insuficiente (dicen los medios que alcanza apenas para 10 días), pero que es indispensable e inaplazable- haya llegado a sus destinatarios.

Es un error adicionado a los anteriores, que Nicolás Maduro -con desespero y sin razón- haya  resuelto, invocando razones de seguridad y soberanía, bloquear la ayuda humanitaria que ya está en la frontera colombo-venezolana para su entrega a las necesitadas comunidades.

Esa actitud no solamente es ofensiva y cruel  -en cuanto afecta a muchas personas desvalidas que hoy reclaman a gritos algo que alivie sus muchas penalidades- sino suicida, porque puede precipitar la indeseable intervención armada de los Estados Unidos en Venezuela, cuando lo que se debería buscar sería una salida pacífica y sujeta al Derecho interno, con el apoyo de la comunidad internacional. Ojalá el régimen cambie la política restrictiva hasta ahora aplicado.

Se ha reunido en estos días, por iniciativa de México y Uruguay, el Grupo de Contacto Internacional, del cual hacen parte países europeos y latinoamericanos, cuyo objeto consiste en  coordinar los esfuerzos internacionales que buscan una solución institucional  y pacífica a la crisis. Como lo ha expresado su principal impulsora,  la diplomática europea Federica Mogherini, lo que esos países  buscan no es un apoyo al actual régimen sino  el diálogo con la oposición y una solución democrática y no armada. Se reconoce la existencia de la grave crisis que, de no solucionarse, tendrá graves repercusiones internacionales, pero se procura -a mi juicio con razón- un camino institucional en el que no haya una intervención extranjera sino la decisión de los venezolanos, en ejercicio de su soberanía.

La situación de Nicolás Maduro y su régimen es cada día más compleja. No se ve la luz al final del túnel. Rechazado por los Estados Unidos, por la Unión Europea y por la mayoría de los países suramericanos -entre ellos Colombia-, que han reconocido legitimidad al autoproclamado presidente encargado Juan Guaidó, solamente cuenta con el interesado apoyo de países como Rusia y China. Más que sostenerse en el poder -lo que ya parece imposible-, Maduro está confiado en el respaldo que le puedan -o quieran-  brindar los militares.

La población, azotada por la pobreza -en un país rico, como Venezuela- es hoy  contraria al chavismo y la Asamblea Legislativa está  en abierta oposición.

Hasta ahora, el Gobierno colombiano ha sido prudente, sin perjuicio de su firmeza, y lo que se espera es que no se le ocurra aceptar propuestas internas o externas de comprometer a Colombia en una guerra que nuestro criterio democrático e institucional rechaza.

Bogotá, D. C, 14 de febrero de 2019

*Expresidente de la Corte Constitucional.

Write comment (0 Comments)

Clara López Obregón

Por Clara López Obregón*.- La Justicia Especial para la Paz o JEP es tal vez la institución más innovadora y cuidadosamente construida del Acuerdo Final para ponerle fin al conflicto armado y, a la vez, la más crítica para garantizar que la paz sea sostenible en el tiempo.

De su éxito depende que, en esta oportunidad, la sociedad sea capaz de romper y superar el ciclo de repetición de la violencia que cada paz ha engendrado desde el comienzo de la República.

La JEP, sin duda, está atravesada por un equilibrio inestable por cuanto es punto medio entre la justicia y la paz que tiene sus detractores y defensores. Quienes adversan el Acuerdo con la FARC han justificado sus glosas porque incumple con sus óptimos de justicia para las víctimas, desconociendo el hecho real que la “cárcel con barras” que buscaban para los guerrilleros hacía imposible sellar el acuerdo. Quienes lo apoyamos sostenemos que era necesario “cerrar la fábrica de víctimas” precisamente para evitar aumentando su número que supera los ocho millones.

Lo que se logró fue un compromiso entre justicia y paz en el cual no sólo los guerrilleros sino los miembros de la Fuerza Pública que cometieron graves delitos como los llamados falsos positivos o los particulares y agentes civiles del Estado que auparon y financiaron a los grupos paramilitares fueran sometidos a un trato simétrico pero diferenciado. A cambio de ese tratamiento diferencial y so pena de perderlo, deben reconocer su responsabilidad y contribuir fehacientemente a reparar los derechos vulnerados de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y el derecho que tanto echamos de menos, de la no repetición.

Se trata de la llamada justicia restaurativa que se abre paso en el mundo como mecanismo idóneo para ponerle fin a los conflictos armados de larga duración, pero también para superar los conflictos propios de la vida en sociedad. Está cambiando el paradigma de una justicia retributiva en la que el responsable debe recibir un castigo para ponerse a paz y salvo con el Estado, por una justicia reparadora dirigida a servirle a las víctimas en la satisfacción de sus necesidades.

Lo único que falta para que la JEP opere eficazmente y con la seguridad jurídica necesaria es la sanción de la Ley Estatutaria aprobada en el Congreso y declarada exequible por la Corte Constitucional. Como con el resto del Acuerdo bajo el Gobierno Duque, la rebeldía a cumplir con sus mandatos hoy incorporados al orden jurídico, se ha venido imponiendo a través del viejo oxímoron colonial según el cual la ley “se acata, pero no se cumple.”

El más reciente escollo ha sido el viacrucis que ha experimentado el Reglamento de la JEP para entrar en vigencia. Empezó con la orden dada por el entonces presidente electo a las nuevas mayorías en el Congreso para que frenaran su aprobación. En tal dirección se abrieron varios flancos, entre ellos, la aspiración a convertir a la JEP en simple notario al prohibirle practicar pruebas en los casos de extradición, léase caso Santrich, que la Corte ha encontrado contraria a la Constitución.

Finalmente, aprobada la ley, surtió un pormenorizado estudio en la Corte Constitucional que culminó con una sentencia de novecientas páginas declarando su constitucionalidad. Salió en diciembre de la Corte al Congreso donde un trámite, parecido al de la carta de las pruebas que se le envolató al Ministerio de Justicia, duró mes y medio dando vueltas en el mismo edificio hasta que un escándalo mediático logró que se trasladara al presidente de la República para su sanción.

Con sentencia de constitucionalidad de la Corte, al ejecutivo le queda la opción de las objeciones por “inconveniencia” para devolver la ley al Congreso para nuevos trámites y demoras. Sin exagerar, aquí está en juego la institucionalidad del país. O el Presidente sanciona la ley que ha pasado todos los filtros o acude al subterfugio colonial con lo cual pondría la voluntad del Ejecutivo por encima de la Constitución y la Ley. En una democracia constitucional la ley se acata, pero también se cumple.

Bogotá, D. C, 30 de enero de 2019

*Precandidata a la Presidencia y Excandidata a la Vicepresidencia de Colombia. Exalcaldesa de Bogotá y Exministra de Trabajo.

Write comment (0 Comments)

Jairo Gómez

Por Jairo Gómez*.- Mataron el Río Cauca y, como sucede con el asesinato de cerca de 580 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, desde 2016, seguramente el crimen quedará en la impunidad.

No sabremos de responsables y todos, quienes tuvieron la brillante idea del gran negocio, se culparán unos a otros hasta difuminar en una abstracta investigación judicial la sentencia mortal contra el torrente de agua más importante del país, después del Río Magdalena.

La muerte del río, como los crímenes contra luchadores sociales, tiene su pasado y está lleno de intereses y de perversos propósitos. La historia comienza cuando en aras de la supuesta modernidad y el progreso escogieron inundar territorios que en el pasado habían sido escenarios de múltiples masacres, de luchas por la propiedad de la tierra; pero al mismo tiempo del voraz apetito de quienes vieron en el proyecto Hidroituango un barril de fortuna para llenar los bolsillos de una clase política antioqueña corrupta y mentirosa. “Como presidente de la República le di todos los estímulos para que este proyecto se pudiera llevar a cabo”, dijo en su momento el expresidente y Senador Álvaro Uribe Vélez. En igual sentido lo auspició desde la Gobernación de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, hoy investigado por sus presuntas alianzas con grupos paramilitares.

Según las propias organizaciones de campesinos que históricamente han encontrado en el río Cauca el sustento económico y desarrollo de la región, nunca se conocieron estudios serios y se desoyeron las recomendaciones y posibles daños al ecosistema, amén del desarraigo cultural y el desplazamiento que provocaron en los 25 municipios ribereños que han vivido y viven del caudaloso río.

Esas mismas organizaciones denunciaron, como ocurre con el asesinato de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, la implementación de una estrategia violenta para imponer la construcción de la megaobra basada en la persecución y desplazamiento de quienes se oponían a que la represa se cimentara en esa región.

“Mataron no solo el río que ya es un crimen ambiental de altísimas proporciones, también mataron la cultura, la historia de la comunidades y el sustento de los pobladores ribereños. No les importó la comunidad, ni la flora, ni la fauna, con tal de tratar de culminar una obra que ya es un fracaso”, dijo Isabel Cristina Zuleta, de la Fundación Ríos Vivos.

Como seguramente no habrá responsables, y quiénes vayan a la cárcel por semejante crimen ecológico y ambiental, la pregunta es ¿cómo castigar a toda esa clase dirigente inepta y corrupta? Pues bien, ahí va una sugerencia: no votar por ellos en las próximas elecciones para gobernadores, alcaldes, diputados y concejales.

Ese es el único castigo que les duele: el castigo de las urnas, porque la justicia brillará por su ausencia. Hay que sacarlos de circulación política y quitarles la confianza que los antioqueños depositaron en esos dirigentes que hoy tienen a más de 300 mil pobladores postrados en la miseria y en la incertidumbre de no saber con certeza qué sucederá con la mole de cemento agrietada y en constante vaivén porque no logró encajar en la montaña.

Hay que trasladar el descontento de la ciudadanía a la calle, ni siquiera el parlamento con su control político es efectivo. Hoy en Colombia no pasa nada; reina la impunidad. De Hidroituango no vamos a conocer los responsables de semejante debacle, como tampoco conoceremos, finalmente, quienes en Odebrecht propiciaron y ordenaron el pago de los sobornos a las campañas presidenciales y funcionarios estatales.

Solo la calle hará libre a Colombia de estos enjambres de corrupción que se apoderaron de la institucionalidad del país, en este caso de los principales socios de la presa: la Alcaldía de Medellín (EPM) y la Gobernación de Antioquia.

La respuesta contra quienes mataron el río Cauca debe ser política, y los antioqueños, los que no pertenecen a las élites, ni sindicatos y colmenas corruptas ancladas en el pasado, los deben castigar en las urnas y expulsarlos del poder. El río ya no es el río, el río lo mataron.

Bogotá, D. C, 12 de febrero de 2019

*Periodista y Analista Político

@jairotevi

Write comment (0 Comments)

Horacio Serpa Uribe

Por Horacio Serpa Uribe*.- El Proyecto de Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP) fue enviada por el Congreso Nacional al Presidente de la República, para sanción. En círculos políticos y en medios de comunicación hay muchos comentarios según los cuales se está haciendo una enorme presión al Presidente Duque para que lo objete. Una decisión de esta naturaleza sería un golpe fuerte al Acuerdo que el país convino con las antes llamadas Fuerzas Revolucionarias de Colombia, Farc., puesto que podría echar por la borda los esfuerzos que el pueblo colombiano y la mencionada guerrilla hicieron para acabar con el alzamiento armado. Sería también un contrasentido sabiéndose que el Proyecto ya fue revisado por la Honorable Corte Constitucional.

Es un decir que el pueblo no aprobó los Acuerdos, porque en el Plebiscito el NO sacó 55.000 votos más que los logrados por los partidarios del SI. La referida es una cifra írrita en un universo de 13 millones de votos, menos del medio por ciento. Pero, además, el pueblo, mucho más allá del que participó en la elección, aprobó la realización del Proceso de Paz desde su inicio. Como si fuera poco, ese Acuerdo inicial fue modificado atendiendo el 95% de las propuestas que hicieron los voceros auténticos del NO en las reuniones posteriores a la votación, luego de lo cual el Congreso Nacional, auténtico representante del pueblo colombiano, lo aprobó con las modificaciones, todo lo cual fue declarado exequible por la Honorable Corte Constitucional.

El Acuerdo contiene un Capítulo por medio del cual se establece que los guerrilleros serán juzgados por la Justicia Colombiana, único caso del mundo por el cual la insurrección que se vincula a la democracia de un país sin haber sido vencida, va a ser juzgada por sus acciones durante la rebeldía. Nunca ocurrió en nuestra historia de tantos acuerdos entre instituciones y revolucionarios, de tantos pactos, amnistías y armisticios. No es impunidad sino buen ejemplo para el mundo. Por eso y para eso se creó la Justicia para la Paz, como hay Justicia Ordinaria, Justicia Administrativa, Justicia Constitucional, Justicia Penal Militar.

El Gobierno Nacional tiene el deber de apoyar el Acuerdo, máxime después de que las Farc cumplieron su principal compromiso, entregar las armas y vincularse a la democracia y a sus instituciones. Esta guerrilla se acabó como tal y hoy es un Partido Político. Así lo ha entendido el Jefe del Estado pero muchos de sus colaboradores y socios piensan de otra manera y en su remolona manera de actuar pretenden que se vuelva a la guerra. Es absurdo en extremo.

La JEP, que puede imponer sanciones de hasta 20 años de cárcel, no se aplicará solo a los guerrilleros. También pueden someterse voluntariamente a su jurisdicción los miembros de las Fuerzas Armadas y los civiles comprometidos en hechos relacionados con el conflicto armado.  

Me uno a los que demandan justiciera y democráticamente la sanción a la Ley de la JEP y el respeto a esta jurisdicción constitucional.  

Bogotá, D. C, 11 de febrero de 2019

*Abogado. Excongresista, Exministro del Interior, Excandidato Presidencial, Exdiplomático, Exgobernador de Santander.

 
 
Write comment (0 Comments)
Monseñor Libardo Ramírez

Por: Mons. Libardo Ramírez Gómez* - El 18-02-1918, nacía en Zapatoca (Sant.), el débil niño, como el mismo advierte en buen reportaje periodístico (11-02-19), el hoy Cardenal José de Jesús Pimiento Rodríguez. Secretos son los proyectos de Dios, y, a pesar de esos visos iniciales, después de una vida colmada de valiosas realizaciones, acaba de cumplir cien años, y, bien vividos. En medio de tanta superficialidad de millares de personas, qué importante encontrar vidas colmadas de méritos, llenas de acciones que han “dado fruto, y fruto abundante” (Jn. 10,26).

Inició estudios en su acogedora población natal,  bajo la guía de las Religiosas Bethemitas, fue monaguillo en su Parroquia y a los 12 años pasó a adelantar estudios en el Seminario de San Gil, en donde cursó Secundaria, Filosofía y Teología, que culminó en el Seminario de Bogotá con brillantes resultados. Ordenado Sacerdote (14-12-41), prestó diversos servicios de importancia en su Diócesis de origen hasta ser nominado Obispo (28-08-55). Ejerció como Auxiliar  de Pasto por cuatro años, hasta su designación como residencial de Montería, jurisdicción que regentó por cuatro años, siendo trasladado a la Sede de Garzón en 1964. Honda huella ddejó en estas Diócesis, con avances notorios en distintos frentes, como impulso a organizaciones laicales y de labor social, creación de Parroquias, y debiendo afrontar la destrucción de templos en todo el Huila, causado por terremoto en 1967.  

Siendo Obispo de Garzón fue elegido Presidente de la Conferencia Episcopal (07-72), que ocupó, muy eficientemente, por dos periodos. Colaboró ese año en la creación de la Diócesis de Neiva, y, en 1975, fue designado Arzobispo de Manizales, sede que regentó con sabiduría, firmeza y prudencia, hasta el 1996 Pasó, por dos años, a colaborar como sencillo Cooperador en Parroquia de la Diócesis de Apartadó.  Vivió, luego, por varios años en Foyer de Charité, cerca de Bucaramanga, de donde salió dos años y medio a regentar, como Administrador Apostólico, la Diócesis de San Gil, y promovió la fundación de la Diócesis de Vélez (2003). Fue sorprendido, en el 2015, con su exaltación a Cardenal, sorpresa que menguó su salud, pero, restablecido ha asumido con gran responsabilidad su misión del gran servidor del Papa en la orientación de la Iglesia, con confortantes llamados al Episcopado a afrontar, con valor y claridad, su misión magisterial.

Bien ha hecho la prensa al destacar su vida y pensamiento, como el Nuevo Siglo con otros dos comentarios míos sobre él de años pasados, y de otros columnistas. De resaltar reciente entrevista, con el Tiempo (11-02-19), ya mencionada, en donde dio dicientes y magistrales respuestas. Clara y profunda a propósito de su longevidad: “larga o corta, la vida es un don de Dios, y, a cualquier edad, hay qué mirarla como un regalo del Señor”. En cuanto a ser dócil a la voz de Dios, manifestó: “Dios lo va llamando a uno, sin darse cuenta, a comprender que allí esta Él”. Qué verdad la dicha sobre el Vaticano II, y su aplicación: “Si se estuviera aplicando habría menos problemas en la Iglesia y en el mundo”. Sobre nuevo Concilio Ecuménico advirtió sobre la dificultad de otra convocatoria con más de 6.000 Obispos en el mundo, y, con gran propiedad, da valor a los Sínodos con representación mundial, creados por S. Paulo VI, así sean con carácter consultivo, que van supliendo la necesidad de un Concilio.

Ante graves debilidades de la Iglesia, que trae honda preocupación y voluntad firme de superarlas, dice que se debe tener en cuenta “que la Iglesia es divina por el Fundador, pero es humana por nosotros y tiene todas flaquezas nuestras”. Sinceras sus respuestas ante la realidad de la muerte y el natural temor humano ante ella, pero, puestos en manos de Dios, tiene “confianza en que no va hacer una cosa atormentadora, sino algo con luz”.

Garzón, Huila, Colombia, 17 de febrero de 2019

*Obispo emérito de Garzón
Email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Write comment (0 Comments)
Juan Camilo Restrepo Salazar

Por Juan Camilo Restrepo Salazar*.- A Moisés Naím lo conocíamos como agudo comentarista de televisión y periodista especializado en temas económicos. Dos espías en Caracas es su primera incursión, excelente por lo demás, en la novelística. La novela de Naím es en realidad una obra histórica, donde probablemente el 90% de los episodios y circunstancias relatadas más que a la ficción obedecen a la realidad. Una realidad que como venezolano Naím conoce de primera mano.

Dos espías en Caracas describe el periplo de Hugo Chávez desde su nacimiento político con el primer golpe de Estado que dio hasta su muerte. Es, en realidad, la historia política de Hugo Chávez.

Lo que más impresiona en esta novela es cómo Cuba, y concretamente Fidel Castro, se fueron apoderando poco a poco primero del alma de Hugo Chávez y luego de todas las palancas del poder en Venezuela. La injerencia de Cuba y de su jefe, bien conocidas por lo demás, encuentran en esta novela una exposición ordenada y dramática al mismo tiempo.

El alejamiento de los patrones democráticos que hoy estamos presenciando con el régimen de Maduro, hunde sus raíces en la invasión cubana en todos los campos que comenzó desde el primer Gobierno de Hugo Chávez.

El uso de las armas para mantenerse en el poder fue el primer consejo que Chávez recibió de Castro, consejo que cayó en tierra fértil y que ha pelechado hasta los días de Maduro. Hay un diálogo en la novela que a mi entender lo resume todo, y que vale la pena transcribir:

“Cuidado, le dice Castro a Chávez en una de sus innumerables visitas a La Habana. No te lo creas. Desconfía del poder si no viene de las armas. Tienes demasiados enemigos y, si de verdad quieres ayudar a los pobres, necesitarás hacer cambios profundos que te crearán aún más enemigos. Enemigos muy peligrosos. A ésos no los vas a poder manejar en democracia. Necesitas neutralizarlos por completo y por todos los medios posibles. -Hegemonía total. El Presidente toma nota de ése y de otros tantos sabios consejos -. Mao dice que el poder nace de la boca de un fusil, ¡y tiene razón! La democracia es una farsa burguesa -sigue Fidel, amenazante: El poder se ejerce a fondo o se pierde por completo. Un líder verdadero no consulta, ordena……….

Que no te pase como a Allende -le dice en ominosa alusión al presidente socialista chileno que llegó al poder ganando una elección y fue derrocado por un golpe militar en 1973-. Mira que yo conozco bien esa historia. Yo me mudé para Santiago de Chile por un mes a ayudar a Allende y lo vi todo. Y vi con estos mismos ojos las trampas que le montaron. Por no hablar de las que me montaron a mí en todos estos años. Pero contra mí no pudieron. Yo te quiero dar toda la ayuda y los conocimientos que tenemos del tema para que no te pase lo mismo a ti. Porque, si te matan o te tumban, se acabó la revolución. Y eso tú no lo puedes permitir”.

Esta novela lo deja a uno pensativo. Si la influencia tan profunda  como llegó a ser la de la Cuba de Castro en la Venezuela de Chávez se continúa actualmente con el régimen de Maduro, y no hay motivos para dudar que así no siga siendo, la pregunta obvia que le queda flotando en la cabeza al lector es: ¿Habrá alguna posibilidad de que se pueda caer Maduro? A mí al menos me quedaron sembradas serias dudas después de leer esta novela.

Maduro desde luego no tiene ni la inteligencia ni el liderazgo de Hugo Chávez, pero dice seguir su legado a pie juntillas. Y si su legado se lo siguen dictando, o mejor, imponiendo desde La Habana, allí lo vamos a ver por muchos años más, apoyado en las armas y con una economía destrozada que se irá semejando más y más al modelo cubano: cero democracia y aguantar 30 años si es necesario como lo hizo Cuba el bloqueo y el ostracismo internacional.

Poco optimista pronóstico; pero tal es el sinsabor que le deja al lector la novela de Moisés Naím.

Bogotá, D, C, 17 de febrero de 2019

*Abogado y Economista. Exministro de Estado.

Write comment (0 Comments)
Jorge Enrique Robledo

Por Jorge Enrique Robledo*.- Constituye una certeza el fracaso de la política agraria que Colombia inició en 1990. Las importaciones pasaron de medio millón de toneladas a cerca de trece millones, arruinando renglones enteros de la producción y agravando la pobreza y la desigualdad. Y como sigue el proceso de desprotección del agro, lo importado está creciendo a costa de los productores de arroz, leche y carnes y son grandes las asechanzas contra la caña y la palma. En contraste, se exportan los mismos productos de esos días: café, banano y flores, más pequeñas cantidades de frutas, cuyos despachos, pretendiendo engañar, el gobierno cacarea con exageración.

La globalización neoliberal no puede ser más leonina: Colombia acepta alimentarse con productos extranjeros subsidiados que las condiciones ambientales nos permiten producir, a cambio de que Estados Unidos y Europa nos importen los bienes tropicales que el clima les impide cosechar y cuyas compras y ventas les generan enormes ganancias. Al detallarlo, el gana-gana para ellos es todavía peor para nosotros. Porque la superproducción es la tendencia predominante en el mercado global de los frutos tropicales, lo que empuja los precios a la baja, reducción que además estimulan las trasnacionales que controlan el comercio, que para colmo se valen de poderosos testaferros en los países que esquilman.

El café sirve de ejemplo. Mientras que en Colombia campesinos, indígenas y jornaleros languidecen en la pobreza y la miseria y una clase media empresarial lucha para no quebrarse y para no perderlo todo, hasta sus tierras, las trasnacionales que controlan el comercio están pagando por el grano cerca de un dólar la libra, precio que es, en términos reales, ¡una tercera parte del de 1984! Es tan ínfimo ese pago, que pueden darse el lujo de castigar el café con altos impuestos en sus países y aun así hacer grandes utilidades financieras y comerciales. En Alemania, dice Café for Change, el café tostado paga 2,19 euros por kilo y el molido, 4,78, exacciones que le han generado al Estado cincuenta mil millones de euros desde 1950.

¿Qué hacer ante esta realidad, que treinta años de engaños y mentiras ya no logran ocultar? De un lado está lo que le gusta a Duque, cuyo ministro de Agricultura se ufana del éxito –falso, por lo demás– de la balanza comercial agraria que encontró, ensalzando así las políticas agrarias del gobierno de… ¡Santos! Y el plan de desarrollo en trámite ratifica las políticas antiagrarias que impone la OCDE y facilita el volteo de tierras, consistente en destruir buenas tierras agrícolas al urbanizarlas en negocios de especulación inmobiliaria de uno u otro tipo. ¡Un crimen irreversible en contra del país, que está pasando de agache!

La otra opción es la que se propone aquí. Primero. Que el gobierno nacional promueva un acuerdo con los gobiernos de los países productores para instar a los países consumidores y a las trasnacionales a acordar el aumento de los precios del café y de otros bienes tropicales. Segundo. Que sin dejar exportar, la política agraria vire hacia la sustitución de importaciones, para reemplazar por producción nacional los bienes agrarios que se están comprando en el exterior. Así se le daría un gran respaldo a la generación de riqueza en el campo y se aumentarían el empleo y los ingresos por salarios, estimulando el desarrollo industrial y toda la economía nacional. Es decir, se promovería el círculo virtuoso que opera en los países desarrollados, donde el Estado sí respalda en serio la producción agropecuaria e industrial.

Entre las medidas para sustituir importaciones es principal una inspirada en lo que ocurre en Estados Unidos: que parte de los subsidios a la pobreza –Familias en Acción, Colombia Mayor…– se pague con comida producida en Colombia y que también con esos productos se alimente a las Fuerzas Armadas y a los niños de los programas oficiales. La sustitución de importaciones también debe ser política industrial, en defensa, para empezar, de zapateros y confeccionistas, a quienes Duque les puso conejo, como ya se sabe. Asalariados, campesinos, indígenas, artesanos y empresarios deben unirse en el propósito de reemplazar producción extranjera por producción y trabajo nacionales.

Coletilla: auspicia una guerra que puede quemarnos, el colombiano que opine sobre Venezuela sin darle prioridad al interés de Colombia (http://bit.ly/2TQCYwm).

Bogotá, 15 de febrero de 2019.

*Senador del Polo Democrático Alternativo.

@JERobledo 

Video: https://youtu.be/zweCK6IL38Y

Write comment (0 Comments)
José Felix Lafaurie Rivera

Por: José Félix Lafaurie Rivera.- El presidente Duque tiene para su firma la Ley Estatutaria de la JEP, sobre la cual, según declaraciones de la ministra del Interior, el Gobierno podría ejercer la potestad de objetarla por inconveniencia.

Con el artículo 146 declarado inexequible por la Corte Constitucional –había sido incluido por el Congreso–, a la JEP le corresponderá definir si un delito sexual fue “cometido por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado”, y solo en caso contrario pasará a la justicia ordinaria. Yo me pregunto ¿a qué cínico malabar apelarán los magistrados para justificar que la violación de una niña de 11 años tenga relación con el conflicto?

No obstante, las reacciones a una posible objeción no se hicieron esperar. En tono de chantaje, un “confidencial” de Semana advirtió de “choque de trenes” y “venganza” de la Corte con el hundimiento de proyectos, incluida la Ley de Financiamiento; como si el desacuerdo entre poderes fuera una pelea de truhanes. La verdad, no comparto muchas de sus decisiones, pero tengo mejor opinión de la Corte.

Para Ariel Ávila es un “saboteo” del Gobierno y su partido a la JEP, dizque para proteger bandidos y ocultar verdades. Al senador Barreras le parece que el Gobierno quiere “lastimar a la JEP”; para Angélica Lozano sería una torpeza y Luis Felipe Henao llegó a calificar al gobierno de “bipolar”.  

En una entrevista le preguntaron al magistrado Linares sobre las razones del fallo y la respuesta fue sorprendente; era un asunto “formal”: Si alguien se presentaba a la JEP no podía ser condenado sino con las penas de la JEP, que el Congreso no podía cambiar. La periodista pregunta de quién es la culpa entonces, y Linares responde: del gobierno Santos y las Farc, que así negociaron.

Lo sensato habría sido que los delitos sexuales –todos– fueran excluidos de la JEP, pero era inmenso el rabo de paja de los cabecillas, que abusaron de mujeres de todas las edades. Por eso los incluyeron como “no amnistiables”, para pagar por ellos sembrado hortalizas.

Indignado, leí muchos de los testimonios de las víctimas antes de escribir estas líneas. Indignado consulté cifras, de miles de casos, y reseño aquí las de la Fiscalía (2016), con 232 documentados de delitos sexuales de las Farc contra menores, incluidas 214 niñas víctimas de violación, aborto y otras infamias.

Más indignado leí las reacciones de las Farc: “La organización desarrolló una política de respeto e inclusión de la mujer”, y las de la señora Sandino afirmando que “las mujeres ingresaron a la insurgencia por voluntad propia” y que “Nosotras aprendimos en colectivo a tener una relación libre, que la mujer decidía sobre su cuerpo…”. ¡Para creerles!

El Gobierno tendría más razones para objetar la ley, pero la más sensible, sin duda, es que a los delitos sexuales contra menores se les apliquen las penas de mentiras de la JEP. El artículo 146 obedecía al clamor de un país horrorizado por la violencia contra los niños. La violación y asesinato de la niña Samboní, y la sentencia de 58 años a Uribe Noguera, están frescos en la memoria de los colombianos, pero la Corte no interpretó ese sentir nacional y, además, se apartó de la Convención de los Derechos del Niño, un compromiso internacional que hace parte del bloque de constitucionalidad.

El presidente Duque ha mostrado aplomo y entereza en la defensa de sus convicciones. No se dejará chantajear por la revista Semana, porque él, como la mayoría de los colombianos,  sabrá proteger los derechos de los niños sobre cualquier formalidad.

Bogotá, D. C, 16 de febrero de 2019

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie

Write comment (0 Comments)
Gabriel Ortiz

Por Gabriel Ortiz*.- Día a día Colombia abre los ojos en medio del mayor desconcierto frente a cada medida, propuesta, proyecto o decisión del actual gobierno. Duque llegó con una abundante votación, pero sus adversarios también colocaron un respetable número de sufragios. Esa gran votación para lado y lado, fue estimulada por votantes en contra. Contra Uribe, contra Petro.

Colombia necesita que a Duque le vaya bien, que despeje el pesimismo. Que no insista en un Plan Nacional de Desarrollo que elimina subsidios a los pobres, que aporte los dineros que necesita la paz. Una decisión gubernamental que elimine las armas que seguramente quedarán en manos del paramilitarismo.

El Presidente durante su campaña descartó cualquier resquebrajamiento de la paz, pero ahora pulla a la JEP. Su mininterior espera que su jefe objete la Ley Estatutaria que la rige, para dar el peligroso paso hacia las trizas que nos devolverá otra guerra de cincuenta años. 

Prudente y a veces irreflexivo, había permanecido el senador Uribe. Impuso sus ministros clave, para el manejo del Estado y sin pudor acaba de dar el zarpazo, el batacazo, para revivir su seguridad democrática que tantos traumas ocasionó a una Colombia sedienta y ávida de paz. Es un reencauche fortalecido para acabar con lo que se ha logrado en convivencia y para regresar a los falsos positivos, el paramilitarismo y usurpación de tierras y bienes.

Revive las convivir y crea para ello un millón de cooperantes (sapos). Un enjambre de “ojos y orejas” muy utilizados por las dictaduras centroamericanas para apoderarse a sangre y fuego de gobiernos.

Con estos se conformarán ejércitos de soplones que sembrarán el terror entre la ciudanía. Impedirán cualquier crítica al gobierno, eliminarán la libertad de prensa y sistematizarán la amenaza y la extorsión. “Mi silencio tiene precio”, dirán a los ciudadanos. Acabarán con la privacidad y nos conducirán a una república de pánico, pavor y espanto.

El senador no le perdona a este país, a la justicia y a cierta clase política, haberle derrotado su afán de reelegirse por segunda vez.

Toda esa millonada que se destinará a los “cooperantes”, encausarse debería a educar a nuestra sociedad, desde los hogares y escuelas, para alcanzar el respeto por la ley, la justicia y la política bien entendida. Así se forma país, así se forma patria, así se forma estado, así se eliminan los odios y la polarización.

El Presidente Duque tiene en sus manos la única manera de devolver a esta Colombia una paz estable y duradera y el respeto a los entes de poder, siempre y cuando haya contrapesos, no como ahora que se quiere eliminar a Planeación Nacional y entregar el manejo “mermeládico” de todo el presupuesto nacional a un ministro de hacienda que aún no ha despejado muchas dudas sobre sus actuaciones anteriores. Hay tiempo, señor Presidente, para evitar la funesta regresión.

BLANCO: El freno a Peñalosa para vender la ETB.

NEGRO: El Plan Nacional de Desarrollo que deja a la vicepresidenta casi sin funciones.       

Bogotá, D. C, 15 de febrero de 2019

*Exdirector del Noticiero Nacional y de Notisuper.

Write comment (0 Comments)
Lorena Rubiano

Por Lorena Rubiano*.- Estoy a favor de la verdad, la diga quien la diga. Estoy a favor de la justicia, a favor o en contra de quien sea: Malcolm X

Los llamados falsos positivos, montajes judiciales, falsos procesos, capturas ilegales, etc., siguen vigentes en nuestra sociedad con grave detrimento de la majestad de la justicia.

Pareciera que llegaron y se enquistaron en nuestras instituciones judiciales, llámese policía, fiscalía, juzgados etc., en donde aparecen procesos manipulados con fines políticos, económicos o por rencillas personales.

Lo grave es que sigue vigente el dicho de que: “una orden de captura no se le niega a nadie “y por eso aterra que la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, anuncie todos los días que ampliarán, construirán, más y más cárceles. No hay dinero para educar al ciudadano, para enseñarle a mantenerse dentro de la ley y para resocializar a los que están privados de su libertad.

No podemos seguir construyendo expedientes con presuntos culpables, y menos condenarlos en los medios informativos antes de que sean vencidos en juicio.

Y eso  lo están haciendo para demostrar eficiencia, mano dura y ganarse unas medallas y unos beneficios económicos. Y después las demandas contra el Estado.

Los resultados de eficiencia y capacidad del Estado para preservar los derechos de los ciudadanos no se dan a través de la prensa con montajes, porque la realidad es otra. Veamos los cerca de 300 asesinatos de líderes sociales, reinsertados, líderes comunales y personas que luchan por sus pueblos y veredas y no aparecen los autores.

A estas alturas hay contra la nación condenas por cerca de dos billones de pesos por daños, privaciones injustas de la libertad, decomiso de bienes legalmente adquiridos etc. o sea por graves errores judiciales y hay más de quince mil demandas en curso. 

Pero este mal no es solo en Colombia, en un caso que también tocó nuestro territorito porque aquí fue capturado encarcelado y extraditado a los Estados Unidos, Nidal Waked, acusado de narcotráfico, lavado de activos y de financiar grupos terroristas, lo cual al final salió libre,  porque todo era falso. Sin embargo, aquí en los medios informáticos, primera página con fotos, las autoridades lo señalaban todos los días como el peor de los delincuentes, y ahora ¿quién le recupera su honra su prestigio el daño moral a él y su familia? Y los operadores judiciales del caso,  siguen orondos impartiendo “justicia”

A propósito, su tío Abdul Waked, dueño de los negocios La Riviera en Panamá, de un centro comercial Saho, un  banco y dos periódicos fue incluido en la lista Clinton por presión del gobierno panameño sin que existiera algún proceso en su contra, para poder quitarle sus bienes y entregárselos a su competidor comercial en el istmo con apoyo de funcionarios estatales y políticos del Istmo. El Estado deberá ahora responder por una suma superior a mil doscientos millones de dólares por los perjuicios causados.

Hacen falta cursos intensivos a los operadores judiciales para que no sigan cometiendo estos errores y no sean utilizados con fines políticos o económicos.

Bogotá, D. C, 15 de febrero de 2019

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Write comment (0 Comments)
José G Hernández

Por José G Hernández*.- Varios países han prestado su concurso para acudir con ayuda humanitaria -medicinas y alimentos imperecederos- con destino a la población venezolana, que desde hace ya mucho tiempo padece hambre y enfermedades no atendidas, mientras la inestabilidad política es ya insostenible, la economía es deplorable y la desproporcionada inflación ha llegado a niveles que hacen imposible a las personas cualquier adquisición de aquellos elementos en condiciones normales.

Hago votos porque al momento en que se publique esta columna, ya esa ayuda -que quizá sea insuficiente (dicen los medios que alcanza apenas para 10 días), pero que es indispensable e inaplazable- haya llegado a sus destinatarios.

Es un error adicionado a los anteriores, que Nicolás Maduro -con desespero y sin razón- haya  resuelto, invocando razones de seguridad y soberanía, bloquear la ayuda humanitaria que ya está en la frontera colombo-venezolana para su entrega a las necesitadas comunidades.

Esa actitud no solamente es ofensiva y cruel  -en cuanto afecta a muchas personas desvalidas que hoy reclaman a gritos algo que alivie sus muchas penalidades- sino suicida, porque puede precipitar la indeseable intervención armada de los Estados Unidos en Venezuela, cuando lo que se debería buscar sería una salida pacífica y sujeta al Derecho interno, con el apoyo de la comunidad internacional. Ojalá el régimen cambie la política restrictiva hasta ahora aplicado.

Se ha reunido en estos días, por iniciativa de México y Uruguay, el Grupo de Contacto Internacional, del cual hacen parte países europeos y latinoamericanos, cuyo objeto consiste en  coordinar los esfuerzos internacionales que buscan una solución institucional  y pacífica a la crisis. Como lo ha expresado su principal impulsora,  la diplomática europea Federica Mogherini, lo que esos países  buscan no es un apoyo al actual régimen sino  el diálogo con la oposición y una solución democrática y no armada. Se reconoce la existencia de la grave crisis que, de no solucionarse, tendrá graves repercusiones internacionales, pero se procura -a mi juicio con razón- un camino institucional en el que no haya una intervención extranjera sino la decisión de los venezolanos, en ejercicio de su soberanía.

La situación de Nicolás Maduro y su régimen es cada día más compleja. No se ve la luz al final del túnel. Rechazado por los Estados Unidos, por la Unión Europea y por la mayoría de los países suramericanos -entre ellos Colombia-, que han reconocido legitimidad al autoproclamado presidente encargado Juan Guaidó, solamente cuenta con el interesado apoyo de países como Rusia y China. Más que sostenerse en el poder -lo que ya parece imposible-, Maduro está confiado en el respaldo que le puedan -o quieran-  brindar los militares.

La población, azotada por la pobreza -en un país rico, como Venezuela- es hoy  contraria al chavismo y la Asamblea Legislativa está  en abierta oposición.

Hasta ahora, el Gobierno colombiano ha sido prudente, sin perjuicio de su firmeza, y lo que se espera es que no se le ocurra aceptar propuestas internas o externas de comprometer a Colombia en una guerra que nuestro criterio democrático e institucional rechaza.

Bogotá, D. C, 14 de febrero de 2019

*Expresidente de la Corte Constitucional.

Write comment (0 Comments)
Clara López Obregón

Por Clara López Obregón*.- La Justicia Especial para la Paz o JEP es tal vez la institución más innovadora y cuidadosamente construida del Acuerdo Final para ponerle fin al conflicto armado y, a la vez, la más crítica para garantizar que la paz sea sostenible en el tiempo.

De su éxito depende que, en esta oportunidad, la sociedad sea capaz de romper y superar el ciclo de repetición de la violencia que cada paz ha engendrado desde el comienzo de la República.

La JEP, sin duda, está atravesada por un equilibrio inestable por cuanto es punto medio entre la justicia y la paz que tiene sus detractores y defensores. Quienes adversan el Acuerdo con la FARC han justificado sus glosas porque incumple con sus óptimos de justicia para las víctimas, desconociendo el hecho real que la “cárcel con barras” que buscaban para los guerrilleros hacía imposible sellar el acuerdo. Quienes lo apoyamos sostenemos que era necesario “cerrar la fábrica de víctimas” precisamente para evitar aumentando su número que supera los ocho millones.

Lo que se logró fue un compromiso entre justicia y paz en el cual no sólo los guerrilleros sino los miembros de la Fuerza Pública que cometieron graves delitos como los llamados falsos positivos o los particulares y agentes civiles del Estado que auparon y financiaron a los grupos paramilitares fueran sometidos a un trato simétrico pero diferenciado. A cambio de ese tratamiento diferencial y so pena de perderlo, deben reconocer su responsabilidad y contribuir fehacientemente a reparar los derechos vulnerados de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y el derecho que tanto echamos de menos, de la no repetición.

Se trata de la llamada justicia restaurativa que se abre paso en el mundo como mecanismo idóneo para ponerle fin a los conflictos armados de larga duración, pero también para superar los conflictos propios de la vida en sociedad. Está cambiando el paradigma de una justicia retributiva en la que el responsable debe recibir un castigo para ponerse a paz y salvo con el Estado, por una justicia reparadora dirigida a servirle a las víctimas en la satisfacción de sus necesidades.

Lo único que falta para que la JEP opere eficazmente y con la seguridad jurídica necesaria es la sanción de la Ley Estatutaria aprobada en el Congreso y declarada exequible por la Corte Constitucional. Como con el resto del Acuerdo bajo el Gobierno Duque, la rebeldía a cumplir con sus mandatos hoy incorporados al orden jurídico, se ha venido imponiendo a través del viejo oxímoron colonial según el cual la ley “se acata, pero no se cumple.”

El más reciente escollo ha sido el viacrucis que ha experimentado el Reglamento de la JEP para entrar en vigencia. Empezó con la orden dada por el entonces presidente electo a las nuevas mayorías en el Congreso para que frenaran su aprobación. En tal dirección se abrieron varios flancos, entre ellos, la aspiración a convertir a la JEP en simple notario al prohibirle practicar pruebas en los casos de extradición, léase caso Santrich, que la Corte ha encontrado contraria a la Constitución.

Finalmente, aprobada la ley, surtió un pormenorizado estudio en la Corte Constitucional que culminó con una sentencia de novecientas páginas declarando su constitucionalidad. Salió en diciembre de la Corte al Congreso donde un trámite, parecido al de la carta de las pruebas que se le envolató al Ministerio de Justicia, duró mes y medio dando vueltas en el mismo edificio hasta que un escándalo mediático logró que se trasladara al presidente de la República para su sanción.

Con sentencia de constitucionalidad de la Corte, al ejecutivo le queda la opción de las objeciones por “inconveniencia” para devolver la ley al Congreso para nuevos trámites y demoras. Sin exagerar, aquí está en juego la institucionalidad del país. O el Presidente sanciona la ley que ha pasado todos los filtros o acude al subterfugio colonial con lo cual pondría la voluntad del Ejecutivo por encima de la Constitución y la Ley. En una democracia constitucional la ley se acata, pero también se cumple.

Bogotá, D. C, 30 de enero de 2019

*Precandidata a la Presidencia y Excandidata a la Vicepresidencia de Colombia. Exalcaldesa de Bogotá y Exministra de Trabajo.

Write comment (0 Comments)
Jairo Gómez

Por Jairo Gómez*.- Mataron el Río Cauca y, como sucede con el asesinato de cerca de 580 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, desde 2016, seguramente el crimen quedará en la impunidad.

No sabremos de responsables y todos, quienes tuvieron la brillante idea del gran negocio, se culparán unos a otros hasta difuminar en una abstracta investigación judicial la sentencia mortal contra el torrente de agua más importante del país, después del Río Magdalena.

La muerte del río, como los crímenes contra luchadores sociales, tiene su pasado y está lleno de intereses y de perversos propósitos. La historia comienza cuando en aras de la supuesta modernidad y el progreso escogieron inundar territorios que en el pasado habían sido escenarios de múltiples masacres, de luchas por la propiedad de la tierra; pero al mismo tiempo del voraz apetito de quienes vieron en el proyecto Hidroituango un barril de fortuna para llenar los bolsillos de una clase política antioqueña corrupta y mentirosa. “Como presidente de la República le di todos los estímulos para que este proyecto se pudiera llevar a cabo”, dijo en su momento el expresidente y Senador Álvaro Uribe Vélez. En igual sentido lo auspició desde la Gobernación de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, hoy investigado por sus presuntas alianzas con grupos paramilitares.

Según las propias organizaciones de campesinos que históricamente han encontrado en el río Cauca el sustento económico y desarrollo de la región, nunca se conocieron estudios serios y se desoyeron las recomendaciones y posibles daños al ecosistema, amén del desarraigo cultural y el desplazamiento que provocaron en los 25 municipios ribereños que han vivido y viven del caudaloso río.

Esas mismas organizaciones denunciaron, como ocurre con el asesinato de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, la implementación de una estrategia violenta para imponer la construcción de la megaobra basada en la persecución y desplazamiento de quienes se oponían a que la represa se cimentara en esa región.

“Mataron no solo el río que ya es un crimen ambiental de altísimas proporciones, también mataron la cultura, la historia de la comunidades y el sustento de los pobladores ribereños. No les importó la comunidad, ni la flora, ni la fauna, con tal de tratar de culminar una obra que ya es un fracaso”, dijo Isabel Cristina Zuleta, de la Fundación Ríos Vivos.

Como seguramente no habrá responsables, y quiénes vayan a la cárcel por semejante crimen ecológico y ambiental, la pregunta es ¿cómo castigar a toda esa clase dirigente inepta y corrupta? Pues bien, ahí va una sugerencia: no votar por ellos en las próximas elecciones para gobernadores, alcaldes, diputados y concejales.

Ese es el único castigo que les duele: el castigo de las urnas, porque la justicia brillará por su ausencia. Hay que sacarlos de circulación política y quitarles la confianza que los antioqueños depositaron en esos dirigentes que hoy tienen a más de 300 mil pobladores postrados en la miseria y en la incertidumbre de no saber con certeza qué sucederá con la mole de cemento agrietada y en constante vaivén porque no logró encajar en la montaña.

Hay que trasladar el descontento de la ciudadanía a la calle, ni siquiera el parlamento con su control político es efectivo. Hoy en Colombia no pasa nada; reina la impunidad. De Hidroituango no vamos a conocer los responsables de semejante debacle, como tampoco conoceremos, finalmente, quienes en Odebrecht propiciaron y ordenaron el pago de los sobornos a las campañas presidenciales y funcionarios estatales.

Solo la calle hará libre a Colombia de estos enjambres de corrupción que se apoderaron de la institucionalidad del país, en este caso de los principales socios de la presa: la Alcaldía de Medellín (EPM) y la Gobernación de Antioquia.

La respuesta contra quienes mataron el río Cauca debe ser política, y los antioqueños, los que no pertenecen a las élites, ni sindicatos y colmenas corruptas ancladas en el pasado, los deben castigar en las urnas y expulsarlos del poder. El río ya no es el río, el río lo mataron.

Bogotá, D. C, 12 de febrero de 2019

*Periodista y Analista Político

@jairotevi

Write comment (0 Comments)
Horacio Serpa Uribe

Por Horacio Serpa Uribe*.- El Proyecto de Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP) fue enviada por el Congreso Nacional al Presidente de la República, para sanción. En círculos políticos y en medios de comunicación hay muchos comentarios según los cuales se está haciendo una enorme presión al Presidente Duque para que lo objete. Una decisión de esta naturaleza sería un golpe fuerte al Acuerdo que el país convino con las antes llamadas Fuerzas Revolucionarias de Colombia, Farc., puesto que podría echar por la borda los esfuerzos que el pueblo colombiano y la mencionada guerrilla hicieron para acabar con el alzamiento armado. Sería también un contrasentido sabiéndose que el Proyecto ya fue revisado por la Honorable Corte Constitucional.

Es un decir que el pueblo no aprobó los Acuerdos, porque en el Plebiscito el NO sacó 55.000 votos más que los logrados por los partidarios del SI. La referida es una cifra írrita en un universo de 13 millones de votos, menos del medio por ciento. Pero, además, el pueblo, mucho más allá del que participó en la elección, aprobó la realización del Proceso de Paz desde su inicio. Como si fuera poco, ese Acuerdo inicial fue modificado atendiendo el 95% de las propuestas que hicieron los voceros auténticos del NO en las reuniones posteriores a la votación, luego de lo cual el Congreso Nacional, auténtico representante del pueblo colombiano, lo aprobó con las modificaciones, todo lo cual fue declarado exequible por la Honorable Corte Constitucional.

El Acuerdo contiene un Capítulo por medio del cual se establece que los guerrilleros serán juzgados por la Justicia Colombiana, único caso del mundo por el cual la insurrección que se vincula a la democracia de un país sin haber sido vencida, va a ser juzgada por sus acciones durante la rebeldía. Nunca ocurrió en nuestra historia de tantos acuerdos entre instituciones y revolucionarios, de tantos pactos, amnistías y armisticios. No es impunidad sino buen ejemplo para el mundo. Por eso y para eso se creó la Justicia para la Paz, como hay Justicia Ordinaria, Justicia Administrativa, Justicia Constitucional, Justicia Penal Militar.

El Gobierno Nacional tiene el deber de apoyar el Acuerdo, máxime después de que las Farc cumplieron su principal compromiso, entregar las armas y vincularse a la democracia y a sus instituciones. Esta guerrilla se acabó como tal y hoy es un Partido Político. Así lo ha entendido el Jefe del Estado pero muchos de sus colaboradores y socios piensan de otra manera y en su remolona manera de actuar pretenden que se vuelva a la guerra. Es absurdo en extremo.

La JEP, que puede imponer sanciones de hasta 20 años de cárcel, no se aplicará solo a los guerrilleros. También pueden someterse voluntariamente a su jurisdicción los miembros de las Fuerzas Armadas y los civiles comprometidos en hechos relacionados con el conflicto armado.  

Me uno a los que demandan justiciera y democráticamente la sanción a la Ley de la JEP y el respeto a esta jurisdicción constitucional.  

Bogotá, D. C, 11 de febrero de 2019

*Abogado. Excongresista, Exministro del Interior, Excandidato Presidencial, Exdiplomático, Exgobernador de Santander.

 
 
Write comment (0 Comments)