+ Ismael Rueda Sierra

Por: Mons. Ismael Rueda Sierra* - Podría parecer extraño el título, pues a menudo cuando se habla de “sinodalidad”, expresión utilizada ahora tanto por el Santo Padre Francisco, podría pensarse especialmente en el Colegio de los obispos en unión con el Papa, en la tarea de discernir conjuntamente para el bien de la Iglesia y la humanidad. 

Sin embargo, llama la atención que ahora cuando se ha dado a conocer en edición propia, el documento final de la pasada XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, sobre los jóvenes, la fe y su vocación, aparece una novedad allí expresada: “En este Sínodo hemos experimentado que la colegialidad que une a los obispos cum Petro et sub Petro en la preocupación por el Pueblo de Dios está llamada a articularse y enriquecerse a través de la práctica de la sinodalidad en todos los niveles”(#119). Y en el número siguiente como respuesta por ahora a una pregunta que también hoy nos hacemos, de si vendrá un documento final del Santo Padre, llamado tradicionalmente “Exhortación Postsinodal”, se declara: “El final de los trabajos de la asamblea y el documento que recoge los frutos no cierran el proceso sinodal, sino que constituyen una de sus etapas. Dado que las condiciones concretas, las posibilidades reales y las necesidades urgentes de los jóvenes son muy diferentes entre países y continentes, aún en la comunión de la única fe, invitamos a las Conferencias Episcopales y a las Iglesias particulares a que continúen este camino, comprometiéndose en proceso de discernimiento comunitario que incluyan también a quienes no son obispos en las deliberaciones, como lo hizo este Sínodo….. Esperamos que en estos caminos participen familias, institutos religiosos, asociaciones y, sobre todo, los jóvenes, de manera que la “llama” de lo que hemos experimentado estos días se difunda” (#120).

No cabe duda de que, con ocasión de este discernimiento sobre el mundo de los jóvenes que hace hoy la Iglesia universal, se da un paso muy importante en la participación efectiva de todo el Pueblo de Dios, no solamente en las consultas, sino incluido el discernimiento y la toma de decisiones en los diferentes campos del apostolado y actividad misionera  “ad intra” y “ad extra” de la Iglesia. Un gran paso inaugurado por el Concilio, pero en retraso para su plena y eficaz aplicación. 

Por otra parte, hemos podido vivir la experiencia de la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, al final del mes pasado, presidida por el papa Francisco y con la presencia de innumerables jóvenes de todo el mundo. Su preparación y realización ha sido también ya una muestra en la práctica de esta sinodalidad de los jóvenes, dispuestos a hacer propia y caminar juntos la vida de la Iglesia en los nuevos tiempos. A partir de escucharlos, compartir con ellos un mensaje, el de Jesús, en el lenguaje propio y con las expresiones típicas del mundo juvenil; reconociendo que son el “ahora de Dios”, como se lo repitió Francisco, va tomando fuerza un paradigma, cargado de esperanza para la renovación de la Iglesia y la humanidad.

Bucaramanga,24 de febrero de 2019

+ Ismael Rueda Sierra
Arzobispo de Bucaramanga

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Gabriel Ortiz

Por Gabriel Ortiz*.- No ha terminado el ministro de Hacienda de explicar lo de los bonos de agua, ni el empobrecimiento de las clases populares con su ley de financiamiento, cuando se le ocurre la brillante idea de salir a vender lo poco que nos va quedando: el 8.5 de Ecopetrol y varias electrificadoras. Ya le había echado mano a parte de la petrolera en el 2006, gobierno de Uribe. Gravó a los pobres para beneficiar a los ricos, pero sucede que eso no alcanzará para lo que tiene que darles en el 2020. Así que tenemos que  prepararnos porque algo nos corre “piernarriba”.

Pero volvamos al caso de Ecopetrol, nuestra empresa insignia, esa que saca de problemas al Estado cuando se ha extralimitado en gastos. En el 2006 “el gobierno derrochón” de entonces, dedicó la primera venta de Ecopetrol a cosas que solo supieron el presidente de la época, y su ministro de los bonos de agua.

Si se vende ahora el 8.5%, más las regalías, únicos aportes que reciben las regiones, ese dinero se esfumará en gran parte, al igual que los aportes sociales que tanto nos recalcan para el educación, salud e infraestructura. Será otra plata que se irá para financiar la corrupción, la mermelada uribista y las promesas que tienen que hacer para las elecciones que se avecinan.

Ecopetrol es la mamá, como el Junior es el papá… Y si falta la mamá, hay que empezar a vender el piano, el equipo de sonido, la vajilla y los cubiertos.

Con bombos y platillos nos vendieron la idea de que había que imponer la ley de financiamiento y que ella era la salvación. Pero… antes de dos meses Carrasquilla puso el grito en el cielo y anunció la genial idea de vender Ecopetrol, como otra única salvación. ¿Cómo se puede creer a quien no explica lo de los bonos, ni la ley de financiamiento y que va tras una vaca lechera que satisfaga el reparto de una mermelada electoral?       

El gobierno debe actuar con seriedad y rectitud. Si no tiene una persona capacitada para enderezar las finanzas, debe buscarla, aunque no sea uribista. En esta nación hay mucha gente con talento, idoneidad y suficiencia para lograrlo. No más ideas descabelladas y facilistas que nos conduzcan a vender lo poco que nos asegura recursos. El petróleo tendrá precios rentables por mucho rato. Estados Unidos se prepara para alcanzar la autosuficiencia y otros países hacen lo propio.

Los posibles clientes que hay tras el negocio de Ecopetrol, tendrán que esperar. El país debe enfrentar esta arrogante manera de imponer astutas, improvisadas y fallidas ideas que nos despojan de la riqueza y nos obligan a exprimir al pueblo.

BLANCO: Las mentiras de Peñalosa para evadir sus dudosas compras de buses chimenea, que envenenan a más de 9 millones de personas.

NEGRO: La desproporcionada entrega del Fiscal. Hasta cuándo y cuánto tendrá que responder Néstor Humberto por los favores recibidos para sostenerse…

Bogotá, D. C, 22 de febrero de 2019

*Exdirector del Noticiero Nacional y Notisuper

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Clara López Obregón

Por Clara Lóipez Obregón.- Con todo, la ayuda humanitaria de Trump es de principio a fin un recurso propagandístico que va en camino de desvirtuar el significado de la palabra humanitaria hasta convertirla en una trampa o herramienta más de intervencionismo estadounidense.

La ayuda para ser humanitaria debe ser desinteresada y motivada exclusivamente por la solidaridad. Su instrumentación con motivaciones y finalidades políticas desnaturaliza un término que merece ser protegido como principio y fin exclusivamente de vida.

Como lo explica Victor Klemperer, un filólogo judío sobreviviente del Tercer Reich, citando a Schiller, “el lenguaje crea y piensa por ti…”. Y agrega, es “veneno que absorbes inconscientemente y que surte su efecto”. De ahí el cuidado con las palabras pues el lenguaje es también la materia prima de la propaganda que ha sido utilizada por gobiernos, empresas y organizaciones de todos los signos para tutelar a la opinión pública.

Edward Berneys, precursor de la teoría de las relaciones públicas, escribió en 1928 un libro titulado Propaganda en el cual señala sus potencialidades como método de “crear o moldear acontecimientos para influenciar las relaciones del público con una empresa, una idea o un grupo.” Lo importante de la propaganda, “es que es universal y continua y, en suma, regimienta la mente del público de igual manera que el ejército regimienta los cuerpos de los soldados.”

Ya sea con el fin de aumentar las ventas de tocineta, para lo cual ideó el desayuno campechano estadounidense; o para ayudar a tumbar el gobierno democrático de Jacobo Arbenz en Guatemala, creando el mito de subversión comunista; Berneys, contratado en el primer caso por la Beechnut Packing Company y en el segundo por la United Fruit Company, mostró que las palabras mil veces repetidas o tergiversadas terminan por “pensar por ti.” Ni los hechos ni las reglas importan porque las palabras instrumentadas ya piensan por las personas.

En lo que se refiere a Nicolás Maduro, la matriz mediática implementada no admite ningún matiz. Según hemos sido advertidos, el país vecino está en manos de un sátrapa desalmado capaz de cualquier cosa, incluso de negarle a su propio pueblo la ayuda humanitaria generosa de los Estados Unidos. Desde hace días se divulgan declaraciones de Donald Trump, coreado por sus semejantes de la derecha norte y latinoamericana, en las que afirma que no permitir la entrada de esa ayuda “humanitaria” es un crimen de lesa humanidad.

De otra parte, en declaraciones muchos menos publicitadas, Christoph Harnisch, jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia, expresó que esa organización no participará en la distribución de la asistencia que llegará desde los Estados Unidos, al considerar que “esa ayuda no es para nosotros una ayuda humanitaria… Es importante que realmente haya un respeto para el término humanitario y un respeto para los principios. Eso es fundamental,” reiteró.

Los principios a los que se refiere son los de imparcialidad, neutralidad e independencia que han permitido al personal de la Cruz Roja y la Media Luna Roja auxiliar a la población civil en medio de los conflictos más cruentos. De perder la credibilidad que la adherencia estricta a dichos principios le granjea, la asistencia humanitaria de ese movimiento internacional no podría llegar a su destino. De ahí el llamado, hasta ahora desatendido, de Christoph Harnisch a que se respete el término humanitario.

Con todo, la ayuda humanitaria de Trump es de principio a fin un recurso propagandístico que va en camino de desvirtuar el significado de la palabra humanitaria hasta convertirla en una trampa o herramienta más de intervencionismo estadounidense. De tener una verdadera preocupación humanitaria por el pueblo venezolano, los Estados Unidos limitarían las sanciones económicas a los altos funcionarios del Estado, como lo ha hecho la Unión Europea, y entregarían la ayuda a través de canales imparciales como Naciones Unidas. 

“No sabemos si las sanciones de EE.UU. van a producir un quiebre del gobierno; lo que sí sabemos es que el sufrimiento del pueblo venezolano va a aumentar,” advierte a la BBC, Geoff Ramsey, de The Washington Office on Latin America (WOLA). Pero también sabemos que se ha tergiversado el término humanitario al extremo de convencer a medio mundo de caer en la “Trumpa humanitaria” que puede conducir a la intervención militar que ni Trump, ni Duque, ni Guaidó han descartado.

Bogotá, D. C, 20 de febrero de 2019

*Precandidata a la Presidencia y Excandidata a la Vicepresidencia de Colombia. Exalcaldesa de Bogotá y Exministra de Trabajo.

 
 
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José G Hernández

Por José G Hernández*.- Ante todo, debo recordar que, como en su momento lo escribí, no estuve de acuerdo con la creación de la JEP como una jurisdicción absolutamente desligada de la jurisdicción ordinaria, y que, una vez expedida la reforma constitucional que la creó (A.L. 1/17), estimé que los magistrados de la JEP no han debido ser posesionados -como en efecto ocurrió-  sin una ley estatutaria que previamente regulara su actividad, y sin una ley de procedimiento.

Por otra parte, tampoco compartí la decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequible la norma del proyecto de ley estatutaria que sometía a la jurisdicción ordinaria el conocimiento acerca de los delitos sexuales cometidos por miembros de las Farc, en especial contra menores, ya que, en mi criterio, ellos no podían ser considerados conexos con los delitos políticos propios del conflicto armado. A tales delitos les debían ser aplicadas, en mi criterio, las mismas penas que a cualquier violador, y no las alternativas previstas en el Acuerdo de Paz.

Pero, ya efectuada la revisión de las normas y proferido el fallo de la Corte Constitucional, éste debe ser acatado aunque se discrepe del mismo. Es la regla democrática y el deber del Gobierno y de todo ciudadano.

Ahora bien, la Corte ya llevó a cabo el control previo y automático de constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria correspondiente. Ya ha sido enviado a la presidencia de la República para la sanción ejecutiva, y algunos ciudadanos han solicitado al Jefe del Estado que proceda a objetarlo.

Al respecto, debemos decir, desde una perspectiva puramente constitucional:

-No cabe en este momento una objeción por motivos de inconstitucionalidad, toda vez que ya tuvo lugar el control previo, automático e integral a cargo de la Corte, como lo señaló esa alta  corporación desde la Sentencia C-011 de 1994.

-Aunque la Corte ha admitido que puede haber objeción presidencial por inconveniencia, lo cierto es que, en el evento de ser aceptadas las objeciones por las cámaras, si se le fueren introducidos al proyecto nuevos textos normativos o modificaciones de fondo, resulta evidente que, en cuanto a ellos, tendría que regresar a la Corte Constitucional para que se pronunciara acerca de la constitucionalidad de reglas que no pudo tener en consideración cuando efectuó el examen de control previo inicial.

Adicionalmente, en mi concepto, aunque la Corte indicó en el aludido fallo que el trámite de las leyes estatutarias en una sola legislatura (art. 153 C.P.) “no incluye los pasos extra legislativos”, y por tanto bien podría ser formulada la objeción por inconveniencia incluso después de culminada la legislatura, es lógico pensar que lo propiamente legislativo -es decir, la actividad de las cámaras en el sentido de introducir nuevos textos o modificaciones de fondo, en el caso de aceptar las objeciones que plantea el presidente- sí debería tener lugar en sesiones ordinarias, que es lo propio de la legislatura, no en sesiones extraordinarias.

Todo ello demoraría en exceso la sanción y promulgación de la ley estatutaria para la Jurisdicción Especial de Paz, lo que no es bueno para el cumplimiento de la tarea que a ella corresponde.

Bogotá, D. C, 20 de febrero de 2019

*Expresidente de la Corte Constitcional

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Victor G Ricardo

Por Victor G ricardo*.-Al recorrer la ciudad, el Alcalde Mayor de Bogotá seguramente va pendiente del estado de las calles, de los parques, de la movilidad, de la seguridad y de las obras de desarrollo a las que se ha comprometido en su administración. Tratándose de un hombre inteligente, es imposible que no se dé cuenta que algo malo está pasando en la ciudad y que los bogotanos decepcionados están al ver la falla en su gestión, después de haberlo elegido y depositado su confianza en él para la Alcaldía y la administración de la capital de la Republica.
Las consecuencias de la condición en la que se encuentra Bogotá se ven reflejadas hasta en la finca raíz; no es sino transitar por la ciudad para notar los incontables letreros de “se vende” o “se arrienda”, independientemente de la ubicación, los cuales se multiplican a diario.
No estamos contentos con lo que viene ocurriendo en la ciudad, quizás tampoco en el país, y estamos ahogados en medio de la carga impositiva, la cantidad de contribuciones tanto nacionales como distritales y las medidas que restan valor al precio pagado, como las restricciones de pico y placa permanentes, en fin de semana y durante toda la jornada cuando los impuestos a vehículos los tiene uno que pagar completos. 
En el caso del distrito, el aumento exagerado de los avalúos catastrales sobre los inmuebles y las llamadas contribuciones adicionales que nos están llegando a los residentes y propietarios de predios de Bogotá son insoportables e impagables. Muchos propietarios están optando por vender sus inmuebles ante la incapacidad de continuar pagando estos impuestos. Están llegando a casi acciones confiscatorias que no aguantamos más y que además no debemos tolerar los habitantes de la ciudad.
He conversado respecto del tema con muchos ciudadanos y hemos llegado a la conclusión de que el gobierno nacional debería liderar un proyecto de ley en el que se permita a los municipios que, cuando incrementan los impuestos en la forma como lo han hecho en Bogotá, el municipio proceda a comprar por el valor del avalúo catastral los bienes ante la manifestación de imposibilidad de pago del propietario.
Es tal el alza que han tenido, que muchos ciudadanos se han visto obligados a vender sus propiedades por debajo del avalúo catastral. Están estirando tanto la cuerda que la van a reventar. No hay consideración por el ciudadano. En otros aspectos como son las multas a los vehículos, hay abusos que la Procuraduría General de la Nación debería sancionar. Uno de ellos es el embargo que están haciendo a las cuentas bancarias de los propietarios de vehículos multados cuando ni siquiera han sido notificados de la existencia de la multa, violando las normas que establecen que el propietario deberá ser notificado con antelación.
Y así podríamos continuar comentando el mal estado de la ciudad. Que decir de los huecos en cada calle en una peor que la otra, o la inseguridad de la ciudad o tantos otros que están volviendo invivible la ciudad.

Bogotá, D. C, 20 de febrero de 2019

*Excomisionado de Paz

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Jairo Gómez

Por Jairo Gómez*.-  No puede el presidente Duque invocar la legalidad como principio tutelar de su Plan Nacional de Desarrollo (PND) y de su gobierno, cuando pretende violar la Constitución que obliga a los próximos cinco gobiernos (presidentes) a implementar el acuerdo de paz suscrito con las Farc, dándole prioridad a la financiación y garantizar sus recursos para consolidar la reconciliación entre los colombianos.

No puede el presidente Duque desconocer el artículo transitorio que impone, constitucional y legalmente, diseñar un Plan de Inversiones para la paz al señalar que “el Gobierno nacional durante los próximos veinte años incluirá en el Plan Plurianual de Inversiones del Plan Nacional de Desarrollo, un componente específico para la paz priorizando los ciudadanos y las entidades territoriales más afectadas por la pobreza rural, las economías ilegales, la debilidad institucional y el conflicto armado”.

Establece la Constitución, además, facultades al presidente para que los recursos sean “adicionales a las inversiones ya programadas por las entidades públicas del orden nacional y territorial” y se orienten a cerrar las brechas sociales económicas e institucionales en esas entidades territoriales que garanticen la implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.

Nada de esto, en términos específicos, menciona el PND que Duque puso a consideración del Congreso y bautizó como el “Pacto por Colombia. Pacto por la Equidad”. Lleno de generalidades, el PND descarta por completo identificar los recursos para la implementación del acuerdo de paz e insiste en que los dineros de la paz se pueden encontrar en la transversalidad del mismo Plan. Eso no es cierto.

Ese PND a duras penas menciona la Paz y tangencialmente evoca a las víctimas; pone en evidencia que estos no son un tema central para el Gobierno Duque y menos el eje de su propuesta de gobierno. Es relevante mencionar que el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz que el mismo Duque discutió y debatió como senador y que le dio vida a los Actos Legislativos que permitieron concluir a satisfacción el Acuerdo de Paz, no cuentan para este gobierno y para el Centro Democrático (CD).

Volver trizas la paz sigue siendo el objetivo del presidente Duque; aunque el mismo artículo transitorio no se la pone fácil, porque faculta a las autoridades departamentales, municipales y distritales para hacer los ajustes necesarios a sus planes de desarrollo y adecuarlos al Plan de Inversiones para la Paz a los seis meses siguientes a la adopción del Plan. ¡Ojo señores alcaldes y gobernadores!, este es un instrumento que pueden utilizar para presionar profundos cambios en sus regiones, sobre todo en esas zonas históricamente afectadas por el conflicto armado y abandonadas a su suerte por culpa de la exclusión centralista.

E incluso será un tema de debate político y electoral para que los candidatos a las alcaldías y gobernaciones lo pongan en la agenda y se comprometan con sus comunidades, o eventuales votantes, a desarrollar programas de gobierno sustentados en una norma constitucional que el presidente Duque no puede burlar.

Señores gobernadores y alcaldes, ¡SACÚDANSE! Ustedes tienen el sartén por el mango y la Constitución les da la posibilidad de pensar en grande para superar la pobreza y el abandono estatal de esas apartadas regiones del país; pero además cuentan con otro poderoso instrumento: el artículo transitorio, establece perentoriamente que al inicio de cada legislatura el presidente, Procuraduría, Contraloría y Defensoría deben presentar al Congreso un informe detallado sobre la ejecución de los recursos de la paz y el cumplimiento de las metas del Plan Plurianual de Inversiones.

Duque habla constantemente de la legalidad como principio rector para combatir la corrupción, respetar la Constitución sería un buen comienzo.

Bogotá, D. C, 19 de febrero de 2019

*Periodista y Analista Político

@jairotevi

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Guillermo García Realpe

Por Guillermo García Realpe*. – El Plan Nacional de Desarrollo para los próximos cuatro años, denominado “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, trae preocupantes decisiones, preocupantes regulaciones. Trae muchas reformas al tema de transporte, al tema de salud, al tema de servicios públicos, al tema de educación y por supuesto se abroga facultades al Gobierno Nacional para eliminar entidades, fusionarlas, crear otras y cambiar la funcionalidad y los objetivos misionales de las entidades en Colombia. 

¡Esto es exagerado! y no hay unidad de materia. Por ahora, manifestamos nuestra preocupación muy grave que contiene en el artículo 179 del Plan Nacional de Desarrollo, que elimina de un solo tajo los subsidios para el estrato 3 en materia de energía en Colombia y rebaja en diez puntos los mismos subsidios para el estrato 1 y 2, es decir, esto lo que refleja es un duro golpe para las familias más pobres del país. 

Hoy el 83% de la población colombiana se beneficia de estos subsidios, eliminarlos generaría un incremento mensual equivalente al 18% en las tarifas de energía, que representaría un costo adicional de $12.500 para el bolsillo de las familias de estrato 3. 

Como si esto fuera poco, en la página 601 de las bases del Plan Nacional de Desarrollo, establece la revisión de los subsidios de combustibles de frontera, combustibles líquidos como gasolina y ACPM para los siete u ocho departamentos limítrofes con Venezuela, Ecuador y otros países. Pero también, de manera grave revisa la compensación del transporte para estos departamentos fronterizos desde los terminales de los oleoductos, esto desde luego, va a encarecer los combustibles en las fronteras de nuestro país. 

También de manera grave va a conculcar los subsidios del gas propano o GLP,  para los departamentos del Macizo Colombiano, está medida va a afectar a los usuarios de estrato 1 y 2 al revisar y eliminar este subsidio al gas de los cilindros, que tiene por objeto paliar un poco  la raquítica economía familiar de la gente más vulnerable y por supuesto para mejorar las condiciones económicas de más de 220 mil familias de nuestro sur del país de los departamentos de Nariño, Cauca, Putumayo y Caquetá, pero también tiene como objeto el componente ambiental que es el de eliminar la tala de bosques para sustituir la leña y el carbón por el gas propano, por un combustible amigable con la naturaleza, por lo tanto, nosotros estamos diciéndole al Gobierno que NO vamos a apoyar el Plan Nacional de Desarrollo por estás y otras razones que son muy importantes, muy fundadas para defender las causas sociales de los colombianos. 

No puede ser que para las empresas o para los ricos en Colombia haya diez billones de pesos de exenciones o de beneficios tributarios en la pasada Ley de Financiamiento y empiecen a recortarle a los subsidios para recuperar esos dineros que por cuenta  de las exenciones a los empresarios está ofreciendo el Gobierno Nacional. 

Desde el Congreso de la República, no vamos a permitir que a los colombianos más vulnerables y a la ya estropeada clase media nacional se les sigan asfixiando con exabruptos de esta naturaleza. 

Por eso, necesitamos adelantar una cruzada interpartidista y desde ya invito a las bancadas independientes, especialmente al Partido Liberal, a Cambio Radical, ciertas corrientes fuertes del Partido de la U y partidos de oposición como el POLO, la Alianza Verde, la Fuerza Alternativa del Común, MAIS, para cerrar filas en torno a estos anuncios que maltratan la economía de la gran mayoría de familias colombianas. 

Particularmente creó que el trámite de éste proyecto va a ser complejo, el ambiente político es hostil y en estos artículos polémicos del documento auguró que no va a tener suerte, a no ser que el Gobierno Nacional aplique enamoramientos a través del presupuesto nacional a la gente que apoye este Plan Nacional de Desarrollo. 

Lo más justo con las familias colombianas de estrato 1,2 y 3 es que desde el legislativo le digamos NO a esta nueva cascada de afectaciones y de cargas económicas que cada vez más empobrecen a las familias más vulnerables de nuestro país. 

Sí el Gobierno Nacional quiere subsanar el hueco fiscal que no logró suplir en la reciente reforma tributaria, mal llamada Ley de Financiamiento, entonces que comience atacando la corrupción de todo nivel que hoy existe en muchas instituciones y que es el cáncer que cada día carcome a la institucionalidad nacional, pero que no ataque de esta manera a los colombianos más débiles. 

Pasto, 18 de febrero de 2019

*Senador Liberal

@GGarciaRealpe

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Amylkar D Acosta M

Por Amylkar D. Acosta M*.- Cómo es posible que ante la repulsa generalizada a la intención del Gobierno Nacional de eliminar el subsidio a la tarifa de energía al estrato 3 y reducirlo a los estratos 1 y 2, haya salido a los medios el Subdirector del DNP Rafael Puyana a decir que faltamos a la verdad quienes hemos denunciado semejante desafuero, calificándonos de mentirosos, sin argumento distinto a sus falacias.  

Como antecedente, digamos que en el artículo 179 del proyecto de Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022, que radicó el gobierno en el Congreso de la República está contenida la propuesta.

Ello no dejó de causar sorpresa toda vez que en momentos en los cuales se debatía el Presupuesto para la vigencia de 2019, ante los rumores de que se suprimirían los subsidios en la tarifa de energía la Ministra de Minas y Energía María Fernanda Suárez le salió al paso dándole un parte de tranquilidad a los usuarios. Les dijo a ellos que deberían estar “absolutamente tranquilos, hoy en día tienen subsidios eléctricos los estratos 3, 2 y 1 y esos subsidios se van a mantener” y enfatizó que “es un compromiso del gobierno del Presidente Iván Duque”. Acaso cambiaron de parecer?

Afirmó el Subdirector del DNP que “el estrato 3 no se toca en ese artículo, porque precisamente los subsidios que se dan en ese estrato son regulados por la CREG”, cuando la competencia de esta se reduce a ajustar “la regulación para incorporar lo dispuesto” en el artículo 116 de la Ley de Servicios públicos. Con tal declaración lo que se pretende es confundir a la opinión pública y embaucar al Congreso de la República, porque cómo se explica, entonces, que en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo se dice, por si quedara alguna duda, que “se deberá revisar la eliminación de los subsidios al estrato tres de energía eléctrica”. Huelga decir, que este proyecto de ley fue radicado conjuntamente por el Ministerio de Hacienda y el DNP.

Es claro como el agua la exclusión del estrato 3 del beneficio del subsidio al consumo de energía y su reducción para los estratos 1 y 2 del 60% al 50% y del 50% al 40%, respectivamente. Para establecerlo basta con cotejar el texto del artículo 179 del proyecto de Ley del Plan Nacional de Desarrollo, sustentado además en la página 601 de las Bases del Plan de Desarrollo.

Como es apenas obvio, así diga el Subdirector de Planeación que “lo que se hace en el artículo 179 del Plan de Desarrollo específicamente se refiere  a los estratos 1 y 2”, pero además de la reducción de los subsidios a estos, al omitirse en el mismo la alusión al estrato 3, que sí es sujeto de subsidio en el artículo 99.6 de la Ley 142 de 1994 vigente, tácitamente este estrato queda excluido de tal beneficio. Esa afirmación del Subdirector no pasa de ser un sofisma de distracción. Más claro no canta un gallo. Quién miente a quién?

Pero, como no se puede tapar el sol con las manos, el subdirector, a pocas horas de haber negado la eliminación del subsidio para el estrato 3 y su reducción a los estratos 1 y 2 dio la voltereta. Ahora, al desdecirse y retractarse, anuncia que esta medida iría acompasada con otras estrategias dizque encaminadas “a aliviar el consumo de energía por parte de los hogares colombianos”.

Y, para tender una cortina de humo y así tratar de ocultar el exabrupto sostiene: “tenemos que tener también programas, para ayudarle a los hogares colombianos a que reduzcan sus facturas y así consuman menos energía, ¿Cómo se hace eso? En el Plan de Desarrollo hay una estrategia de eficiencia, ya hay pilotos que evidencian que si se hace reconversión de electrodomésticos o de luces LED, se puede reducir hasta en un 30% la factura de los hogares”. Señor Subdirector, ese programa ya existe y viene del gobierno anterior, el cual se fundamenta en la Ley 1715 de 2014 que, además de promover las fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER) dota al Gobierno de una caja de herramientas para propiciar y auspiciar el uso racional y eficiente de la energía. 

Bogotá, febrero, 12 de 2019

*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net

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Mauricio Cabrera Galvis

Por Mauricio Cabrera Galvis*.-  ¡Cómo cambian las políticas y las leyes! Antes la Marihuana era prohibida y perseguida; ahora el Cannabis es un cultivo legal, uno de los más grandes en Norteamérica. Antes los cultivadores y comercializadores de la Marihuana eran criminales que debían ser extraditados; ahora los productores de Cannabis son respetados empresarios que cotizan sus acciones en la Bolsa de Nueva York.

Pero algunas cosas no cambian. Antes los colombianos poníamos los muertos en la guerra contra las drogas mientras que los gringos se la fumaban y se quedaban con la mayor parte de las ganancias del narcotráfico. Ahora nosotros seguimos poniendo los muertos y prohibiendo la dosis mínima, mientras que los gringos se la siguen fumando y monopolizando las utilidades del negocio legalizado.

La Marihuana cambió de estatus y el cultivo y la comercialización de Cannabis es uno de los negocios más florecientes. Revistas especializadas en ese mercado estiman que las ventas legales del cáñamo crecerán de 12.200  a 16.900 millones de dólares entre el 2018 y el presente año. Analistas de Wall Street  (https://bit.ly/2GMedgV) proyectan que en una década las ventas llegaran a USD 75.000 millones

Para entender las dimensiones de este negocio cabe decir que hoy es un monto igual a nuestras exportaciones de petróleo y mayor que todas las exportaciones no tradicionales de Colombia, que solo fueron USD 14.788 millones el año pasado. El Cannabis es una alternativa mejor que el aguacate para sustituir al petróleo.

El multimillonario negocio no es producto de un descubrimiento científico o una nueva tecnología, ni de la innovación de unas emprendedores del Silicon Valley; tan solo de un simple cambio legislativo. La Marihuana está en la lista de sustancias prohibidas desde mediados del siglo pasado y fue uno de los primeros objetivos de la guerra contra las drogas declarada por Nixon después de la derrota en Vietnam.

Pero esta guerra también se perdió. Países como Canadá y Uruguay legalizaron el consumo de la marihuana tanto medicinal como recreativo; lo mismo han hecho 10 estados de EE.UU. y otros 20 permiten el consumo medicinal. En Junio pasado el gobierno norteamericano autorizó el uso de un derivado de la marihuana (el cannabidiol o CBD) como droga para tratar la epilepsia, y la Organización Mundial de la Salud acaba de recomendar que el CBD sea retirado de la lista de drogas peligrosas.

Los inversionistas están felices. Existen 25 grandes empresas canadienses dedicadas al cultivo y distribución de productos de marihuana como materia prima, cotizadas en la Bolsa de Nueva York. El incremento del precio de sus acciones ha sido enorme, algunas más del 600%, y su valor de mercado conjunto ya se acerca a los 40.000 millones de dólares. Hasta las grandes tabacaleras y los bancos están invirtiendo en ellas.

Lo lamentable para Colombia es que, por seguir empeñados en la prohibición, nos está dejando el tren del nuevo negocio. Hoy la mayoría del cannabis del mercado legal se produce en California y Canadá, y hasta en Alaska hay invernaderos para cultivar esta planta tropical. Aquí los bancos no reciben como clientes a las empresas productoras por temor a ser acusados de lavado de dinero, mientras que en EE.UU. ya hay más de 500 bancos que les ofrecen servicios financieros. ¿Será que pasará lo mismo con la cocaína cuando acá acabemos con los sembrados de coca y la puedan producir allá?

Cali, 17 de febrero de 2019

*Filosofo y Economista. Consultor.

 

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Juan Manuel Galán Pachón

Por Juan Manuel Galán Pachón*.- La semana pasada fue la primera visita oficial del Presidente Iván Duque a su homólogo Donald Trump en la Casa Blanca. Había gran expectativa en el país sobre los temas de la agenda bilateral. Uno sin duda, sería la situación en Venezuela, con la esperanza de que se explicara el inconveniente episodio de las 5.000 tropas del block de notas de John Bolton, secretario de seguridad nacional.

Otra temática importante era la llamada “guerra contra las drogas” frente a la decisión del Gobierno Duque de reactivar la aspersión aérea con glifosato como método para disminuir la producción de clorhidrato de cocaína. Recordemos que está comprobado que no es una opción viable en esa lucha y que es onerosa para nuestro país. Un estudio de Pascual Restrepo del MIT y de Sandra Rozo de UCLA, demuestra que por cada hectárea asperjada los cultivos ilícitos se reducen en 0.035 hectáreas. Es decir, que para eliminar una hectárea sería necesario rociar 30, a un costo de U$ 72.000, de los cuales los Estados Unidos pone 1 dólar y el nuestro 2.2 dólares.

Según Miguel García del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, en zonas donde se ha llevado a cabo esta política se genera desconfianza por parte de la población en las instituciones del Estado y en la policía.

Lamentablemente ninguno de estos temas se abordó y ahora la incertidumbre es mayor. Tenemos que ser conscientes de que, ante una posible intervención militar en Venezuela, nuestro país sería el más afectado en todos los escenarios. No es posible que cuando le preguntan al presidente Trump sobre el envío de tropas a nuestro país, responda “ya veremos”, y el Presidente Duque guarde silencio.

El Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno, Suprema Autoridad Administrativa y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, juró el pasado ‪7 de agosto cumplir con la Constitución y la Ley, se obligó a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos y a velar por el respeto a la soberanía nacional. Lo que sucedió en Washington es un claro incumplimiento de la Carta.

Bogotá, 17 de febrero de 2019

*Politólogo del Instituto de Estudios Políticos de París, Magíster en Política Internacional de la escuela de Altos Estudios Internacionales de Francia. Y Magíster en Relaciones Internacionales y Seguridad en la Universidad de Georgetown. Exsenador del Partido Liberal.

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+ Ismael Rueda Sierra

Por: Mons. Ismael Rueda Sierra* - Podría parecer extraño el título, pues a menudo cuando se habla de “sinodalidad”, expresión utilizada ahora tanto por el Santo Padre Francisco, podría pensarse especialmente en el Colegio de los obispos en unión con el Papa, en la tarea de discernir conjuntamente para el bien de la Iglesia y la humanidad. 

Sin embargo, llama la atención que ahora cuando se ha dado a conocer en edición propia, el documento final de la pasada XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, sobre los jóvenes, la fe y su vocación, aparece una novedad allí expresada: “En este Sínodo hemos experimentado que la colegialidad que une a los obispos cum Petro et sub Petro en la preocupación por el Pueblo de Dios está llamada a articularse y enriquecerse a través de la práctica de la sinodalidad en todos los niveles”(#119). Y en el número siguiente como respuesta por ahora a una pregunta que también hoy nos hacemos, de si vendrá un documento final del Santo Padre, llamado tradicionalmente “Exhortación Postsinodal”, se declara: “El final de los trabajos de la asamblea y el documento que recoge los frutos no cierran el proceso sinodal, sino que constituyen una de sus etapas. Dado que las condiciones concretas, las posibilidades reales y las necesidades urgentes de los jóvenes son muy diferentes entre países y continentes, aún en la comunión de la única fe, invitamos a las Conferencias Episcopales y a las Iglesias particulares a que continúen este camino, comprometiéndose en proceso de discernimiento comunitario que incluyan también a quienes no son obispos en las deliberaciones, como lo hizo este Sínodo….. Esperamos que en estos caminos participen familias, institutos religiosos, asociaciones y, sobre todo, los jóvenes, de manera que la “llama” de lo que hemos experimentado estos días se difunda” (#120).

No cabe duda de que, con ocasión de este discernimiento sobre el mundo de los jóvenes que hace hoy la Iglesia universal, se da un paso muy importante en la participación efectiva de todo el Pueblo de Dios, no solamente en las consultas, sino incluido el discernimiento y la toma de decisiones en los diferentes campos del apostolado y actividad misionera  “ad intra” y “ad extra” de la Iglesia. Un gran paso inaugurado por el Concilio, pero en retraso para su plena y eficaz aplicación. 

Por otra parte, hemos podido vivir la experiencia de la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, al final del mes pasado, presidida por el papa Francisco y con la presencia de innumerables jóvenes de todo el mundo. Su preparación y realización ha sido también ya una muestra en la práctica de esta sinodalidad de los jóvenes, dispuestos a hacer propia y caminar juntos la vida de la Iglesia en los nuevos tiempos. A partir de escucharlos, compartir con ellos un mensaje, el de Jesús, en el lenguaje propio y con las expresiones típicas del mundo juvenil; reconociendo que son el “ahora de Dios”, como se lo repitió Francisco, va tomando fuerza un paradigma, cargado de esperanza para la renovación de la Iglesia y la humanidad.

Bucaramanga,24 de febrero de 2019

+ Ismael Rueda Sierra
Arzobispo de Bucaramanga

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Gabriel Ortiz

Por Gabriel Ortiz*.- No ha terminado el ministro de Hacienda de explicar lo de los bonos de agua, ni el empobrecimiento de las clases populares con su ley de financiamiento, cuando se le ocurre la brillante idea de salir a vender lo poco que nos va quedando: el 8.5 de Ecopetrol y varias electrificadoras. Ya le había echado mano a parte de la petrolera en el 2006, gobierno de Uribe. Gravó a los pobres para beneficiar a los ricos, pero sucede que eso no alcanzará para lo que tiene que darles en el 2020. Así que tenemos que  prepararnos porque algo nos corre “piernarriba”.

Pero volvamos al caso de Ecopetrol, nuestra empresa insignia, esa que saca de problemas al Estado cuando se ha extralimitado en gastos. En el 2006 “el gobierno derrochón” de entonces, dedicó la primera venta de Ecopetrol a cosas que solo supieron el presidente de la época, y su ministro de los bonos de agua.

Si se vende ahora el 8.5%, más las regalías, únicos aportes que reciben las regiones, ese dinero se esfumará en gran parte, al igual que los aportes sociales que tanto nos recalcan para el educación, salud e infraestructura. Será otra plata que se irá para financiar la corrupción, la mermelada uribista y las promesas que tienen que hacer para las elecciones que se avecinan.

Ecopetrol es la mamá, como el Junior es el papá… Y si falta la mamá, hay que empezar a vender el piano, el equipo de sonido, la vajilla y los cubiertos.

Con bombos y platillos nos vendieron la idea de que había que imponer la ley de financiamiento y que ella era la salvación. Pero… antes de dos meses Carrasquilla puso el grito en el cielo y anunció la genial idea de vender Ecopetrol, como otra única salvación. ¿Cómo se puede creer a quien no explica lo de los bonos, ni la ley de financiamiento y que va tras una vaca lechera que satisfaga el reparto de una mermelada electoral?       

El gobierno debe actuar con seriedad y rectitud. Si no tiene una persona capacitada para enderezar las finanzas, debe buscarla, aunque no sea uribista. En esta nación hay mucha gente con talento, idoneidad y suficiencia para lograrlo. No más ideas descabelladas y facilistas que nos conduzcan a vender lo poco que nos asegura recursos. El petróleo tendrá precios rentables por mucho rato. Estados Unidos se prepara para alcanzar la autosuficiencia y otros países hacen lo propio.

Los posibles clientes que hay tras el negocio de Ecopetrol, tendrán que esperar. El país debe enfrentar esta arrogante manera de imponer astutas, improvisadas y fallidas ideas que nos despojan de la riqueza y nos obligan a exprimir al pueblo.

BLANCO: Las mentiras de Peñalosa para evadir sus dudosas compras de buses chimenea, que envenenan a más de 9 millones de personas.

NEGRO: La desproporcionada entrega del Fiscal. Hasta cuándo y cuánto tendrá que responder Néstor Humberto por los favores recibidos para sostenerse…

Bogotá, D. C, 22 de febrero de 2019

*Exdirector del Noticiero Nacional y Notisuper

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Clara López Obregón

Por Clara Lóipez Obregón.- Con todo, la ayuda humanitaria de Trump es de principio a fin un recurso propagandístico que va en camino de desvirtuar el significado de la palabra humanitaria hasta convertirla en una trampa o herramienta más de intervencionismo estadounidense.

La ayuda para ser humanitaria debe ser desinteresada y motivada exclusivamente por la solidaridad. Su instrumentación con motivaciones y finalidades políticas desnaturaliza un término que merece ser protegido como principio y fin exclusivamente de vida.

Como lo explica Victor Klemperer, un filólogo judío sobreviviente del Tercer Reich, citando a Schiller, “el lenguaje crea y piensa por ti…”. Y agrega, es “veneno que absorbes inconscientemente y que surte su efecto”. De ahí el cuidado con las palabras pues el lenguaje es también la materia prima de la propaganda que ha sido utilizada por gobiernos, empresas y organizaciones de todos los signos para tutelar a la opinión pública.

Edward Berneys, precursor de la teoría de las relaciones públicas, escribió en 1928 un libro titulado Propaganda en el cual señala sus potencialidades como método de “crear o moldear acontecimientos para influenciar las relaciones del público con una empresa, una idea o un grupo.” Lo importante de la propaganda, “es que es universal y continua y, en suma, regimienta la mente del público de igual manera que el ejército regimienta los cuerpos de los soldados.”

Ya sea con el fin de aumentar las ventas de tocineta, para lo cual ideó el desayuno campechano estadounidense; o para ayudar a tumbar el gobierno democrático de Jacobo Arbenz en Guatemala, creando el mito de subversión comunista; Berneys, contratado en el primer caso por la Beechnut Packing Company y en el segundo por la United Fruit Company, mostró que las palabras mil veces repetidas o tergiversadas terminan por “pensar por ti.” Ni los hechos ni las reglas importan porque las palabras instrumentadas ya piensan por las personas.

En lo que se refiere a Nicolás Maduro, la matriz mediática implementada no admite ningún matiz. Según hemos sido advertidos, el país vecino está en manos de un sátrapa desalmado capaz de cualquier cosa, incluso de negarle a su propio pueblo la ayuda humanitaria generosa de los Estados Unidos. Desde hace días se divulgan declaraciones de Donald Trump, coreado por sus semejantes de la derecha norte y latinoamericana, en las que afirma que no permitir la entrada de esa ayuda “humanitaria” es un crimen de lesa humanidad.

De otra parte, en declaraciones muchos menos publicitadas, Christoph Harnisch, jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia, expresó que esa organización no participará en la distribución de la asistencia que llegará desde los Estados Unidos, al considerar que “esa ayuda no es para nosotros una ayuda humanitaria… Es importante que realmente haya un respeto para el término humanitario y un respeto para los principios. Eso es fundamental,” reiteró.

Los principios a los que se refiere son los de imparcialidad, neutralidad e independencia que han permitido al personal de la Cruz Roja y la Media Luna Roja auxiliar a la población civil en medio de los conflictos más cruentos. De perder la credibilidad que la adherencia estricta a dichos principios le granjea, la asistencia humanitaria de ese movimiento internacional no podría llegar a su destino. De ahí el llamado, hasta ahora desatendido, de Christoph Harnisch a que se respete el término humanitario.

Con todo, la ayuda humanitaria de Trump es de principio a fin un recurso propagandístico que va en camino de desvirtuar el significado de la palabra humanitaria hasta convertirla en una trampa o herramienta más de intervencionismo estadounidense. De tener una verdadera preocupación humanitaria por el pueblo venezolano, los Estados Unidos limitarían las sanciones económicas a los altos funcionarios del Estado, como lo ha hecho la Unión Europea, y entregarían la ayuda a través de canales imparciales como Naciones Unidas. 

“No sabemos si las sanciones de EE.UU. van a producir un quiebre del gobierno; lo que sí sabemos es que el sufrimiento del pueblo venezolano va a aumentar,” advierte a la BBC, Geoff Ramsey, de The Washington Office on Latin America (WOLA). Pero también sabemos que se ha tergiversado el término humanitario al extremo de convencer a medio mundo de caer en la “Trumpa humanitaria” que puede conducir a la intervención militar que ni Trump, ni Duque, ni Guaidó han descartado.

Bogotá, D. C, 20 de febrero de 2019

*Precandidata a la Presidencia y Excandidata a la Vicepresidencia de Colombia. Exalcaldesa de Bogotá y Exministra de Trabajo.

 
 
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José G Hernández

Por José G Hernández*.- Ante todo, debo recordar que, como en su momento lo escribí, no estuve de acuerdo con la creación de la JEP como una jurisdicción absolutamente desligada de la jurisdicción ordinaria, y que, una vez expedida la reforma constitucional que la creó (A.L. 1/17), estimé que los magistrados de la JEP no han debido ser posesionados -como en efecto ocurrió-  sin una ley estatutaria que previamente regulara su actividad, y sin una ley de procedimiento.

Por otra parte, tampoco compartí la decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequible la norma del proyecto de ley estatutaria que sometía a la jurisdicción ordinaria el conocimiento acerca de los delitos sexuales cometidos por miembros de las Farc, en especial contra menores, ya que, en mi criterio, ellos no podían ser considerados conexos con los delitos políticos propios del conflicto armado. A tales delitos les debían ser aplicadas, en mi criterio, las mismas penas que a cualquier violador, y no las alternativas previstas en el Acuerdo de Paz.

Pero, ya efectuada la revisión de las normas y proferido el fallo de la Corte Constitucional, éste debe ser acatado aunque se discrepe del mismo. Es la regla democrática y el deber del Gobierno y de todo ciudadano.

Ahora bien, la Corte ya llevó a cabo el control previo y automático de constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria correspondiente. Ya ha sido enviado a la presidencia de la República para la sanción ejecutiva, y algunos ciudadanos han solicitado al Jefe del Estado que proceda a objetarlo.

Al respecto, debemos decir, desde una perspectiva puramente constitucional:

-No cabe en este momento una objeción por motivos de inconstitucionalidad, toda vez que ya tuvo lugar el control previo, automático e integral a cargo de la Corte, como lo señaló esa alta  corporación desde la Sentencia C-011 de 1994.

-Aunque la Corte ha admitido que puede haber objeción presidencial por inconveniencia, lo cierto es que, en el evento de ser aceptadas las objeciones por las cámaras, si se le fueren introducidos al proyecto nuevos textos normativos o modificaciones de fondo, resulta evidente que, en cuanto a ellos, tendría que regresar a la Corte Constitucional para que se pronunciara acerca de la constitucionalidad de reglas que no pudo tener en consideración cuando efectuó el examen de control previo inicial.

Adicionalmente, en mi concepto, aunque la Corte indicó en el aludido fallo que el trámite de las leyes estatutarias en una sola legislatura (art. 153 C.P.) “no incluye los pasos extra legislativos”, y por tanto bien podría ser formulada la objeción por inconveniencia incluso después de culminada la legislatura, es lógico pensar que lo propiamente legislativo -es decir, la actividad de las cámaras en el sentido de introducir nuevos textos o modificaciones de fondo, en el caso de aceptar las objeciones que plantea el presidente- sí debería tener lugar en sesiones ordinarias, que es lo propio de la legislatura, no en sesiones extraordinarias.

Todo ello demoraría en exceso la sanción y promulgación de la ley estatutaria para la Jurisdicción Especial de Paz, lo que no es bueno para el cumplimiento de la tarea que a ella corresponde.

Bogotá, D. C, 20 de febrero de 2019

*Expresidente de la Corte Constitcional

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Victor G Ricardo

Por Victor G ricardo*.-Al recorrer la ciudad, el Alcalde Mayor de Bogotá seguramente va pendiente del estado de las calles, de los parques, de la movilidad, de la seguridad y de las obras de desarrollo a las que se ha comprometido en su administración. Tratándose de un hombre inteligente, es imposible que no se dé cuenta que algo malo está pasando en la ciudad y que los bogotanos decepcionados están al ver la falla en su gestión, después de haberlo elegido y depositado su confianza en él para la Alcaldía y la administración de la capital de la Republica.
Las consecuencias de la condición en la que se encuentra Bogotá se ven reflejadas hasta en la finca raíz; no es sino transitar por la ciudad para notar los incontables letreros de “se vende” o “se arrienda”, independientemente de la ubicación, los cuales se multiplican a diario.
No estamos contentos con lo que viene ocurriendo en la ciudad, quizás tampoco en el país, y estamos ahogados en medio de la carga impositiva, la cantidad de contribuciones tanto nacionales como distritales y las medidas que restan valor al precio pagado, como las restricciones de pico y placa permanentes, en fin de semana y durante toda la jornada cuando los impuestos a vehículos los tiene uno que pagar completos. 
En el caso del distrito, el aumento exagerado de los avalúos catastrales sobre los inmuebles y las llamadas contribuciones adicionales que nos están llegando a los residentes y propietarios de predios de Bogotá son insoportables e impagables. Muchos propietarios están optando por vender sus inmuebles ante la incapacidad de continuar pagando estos impuestos. Están llegando a casi acciones confiscatorias que no aguantamos más y que además no debemos tolerar los habitantes de la ciudad.
He conversado respecto del tema con muchos ciudadanos y hemos llegado a la conclusión de que el gobierno nacional debería liderar un proyecto de ley en el que se permita a los municipios que, cuando incrementan los impuestos en la forma como lo han hecho en Bogotá, el municipio proceda a comprar por el valor del avalúo catastral los bienes ante la manifestación de imposibilidad de pago del propietario.
Es tal el alza que han tenido, que muchos ciudadanos se han visto obligados a vender sus propiedades por debajo del avalúo catastral. Están estirando tanto la cuerda que la van a reventar. No hay consideración por el ciudadano. En otros aspectos como son las multas a los vehículos, hay abusos que la Procuraduría General de la Nación debería sancionar. Uno de ellos es el embargo que están haciendo a las cuentas bancarias de los propietarios de vehículos multados cuando ni siquiera han sido notificados de la existencia de la multa, violando las normas que establecen que el propietario deberá ser notificado con antelación.
Y así podríamos continuar comentando el mal estado de la ciudad. Que decir de los huecos en cada calle en una peor que la otra, o la inseguridad de la ciudad o tantos otros que están volviendo invivible la ciudad.

Bogotá, D. C, 20 de febrero de 2019

*Excomisionado de Paz

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Jairo Gómez

Por Jairo Gómez*.-  No puede el presidente Duque invocar la legalidad como principio tutelar de su Plan Nacional de Desarrollo (PND) y de su gobierno, cuando pretende violar la Constitución que obliga a los próximos cinco gobiernos (presidentes) a implementar el acuerdo de paz suscrito con las Farc, dándole prioridad a la financiación y garantizar sus recursos para consolidar la reconciliación entre los colombianos.

No puede el presidente Duque desconocer el artículo transitorio que impone, constitucional y legalmente, diseñar un Plan de Inversiones para la paz al señalar que “el Gobierno nacional durante los próximos veinte años incluirá en el Plan Plurianual de Inversiones del Plan Nacional de Desarrollo, un componente específico para la paz priorizando los ciudadanos y las entidades territoriales más afectadas por la pobreza rural, las economías ilegales, la debilidad institucional y el conflicto armado”.

Establece la Constitución, además, facultades al presidente para que los recursos sean “adicionales a las inversiones ya programadas por las entidades públicas del orden nacional y territorial” y se orienten a cerrar las brechas sociales económicas e institucionales en esas entidades territoriales que garanticen la implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.

Nada de esto, en términos específicos, menciona el PND que Duque puso a consideración del Congreso y bautizó como el “Pacto por Colombia. Pacto por la Equidad”. Lleno de generalidades, el PND descarta por completo identificar los recursos para la implementación del acuerdo de paz e insiste en que los dineros de la paz se pueden encontrar en la transversalidad del mismo Plan. Eso no es cierto.

Ese PND a duras penas menciona la Paz y tangencialmente evoca a las víctimas; pone en evidencia que estos no son un tema central para el Gobierno Duque y menos el eje de su propuesta de gobierno. Es relevante mencionar que el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz que el mismo Duque discutió y debatió como senador y que le dio vida a los Actos Legislativos que permitieron concluir a satisfacción el Acuerdo de Paz, no cuentan para este gobierno y para el Centro Democrático (CD).

Volver trizas la paz sigue siendo el objetivo del presidente Duque; aunque el mismo artículo transitorio no se la pone fácil, porque faculta a las autoridades departamentales, municipales y distritales para hacer los ajustes necesarios a sus planes de desarrollo y adecuarlos al Plan de Inversiones para la Paz a los seis meses siguientes a la adopción del Plan. ¡Ojo señores alcaldes y gobernadores!, este es un instrumento que pueden utilizar para presionar profundos cambios en sus regiones, sobre todo en esas zonas históricamente afectadas por el conflicto armado y abandonadas a su suerte por culpa de la exclusión centralista.

E incluso será un tema de debate político y electoral para que los candidatos a las alcaldías y gobernaciones lo pongan en la agenda y se comprometan con sus comunidades, o eventuales votantes, a desarrollar programas de gobierno sustentados en una norma constitucional que el presidente Duque no puede burlar.

Señores gobernadores y alcaldes, ¡SACÚDANSE! Ustedes tienen el sartén por el mango y la Constitución les da la posibilidad de pensar en grande para superar la pobreza y el abandono estatal de esas apartadas regiones del país; pero además cuentan con otro poderoso instrumento: el artículo transitorio, establece perentoriamente que al inicio de cada legislatura el presidente, Procuraduría, Contraloría y Defensoría deben presentar al Congreso un informe detallado sobre la ejecución de los recursos de la paz y el cumplimiento de las metas del Plan Plurianual de Inversiones.

Duque habla constantemente de la legalidad como principio rector para combatir la corrupción, respetar la Constitución sería un buen comienzo.

Bogotá, D. C, 19 de febrero de 2019

*Periodista y Analista Político

@jairotevi

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Guillermo García Realpe

Por Guillermo García Realpe*. – El Plan Nacional de Desarrollo para los próximos cuatro años, denominado “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, trae preocupantes decisiones, preocupantes regulaciones. Trae muchas reformas al tema de transporte, al tema de salud, al tema de servicios públicos, al tema de educación y por supuesto se abroga facultades al Gobierno Nacional para eliminar entidades, fusionarlas, crear otras y cambiar la funcionalidad y los objetivos misionales de las entidades en Colombia. 

¡Esto es exagerado! y no hay unidad de materia. Por ahora, manifestamos nuestra preocupación muy grave que contiene en el artículo 179 del Plan Nacional de Desarrollo, que elimina de un solo tajo los subsidios para el estrato 3 en materia de energía en Colombia y rebaja en diez puntos los mismos subsidios para el estrato 1 y 2, es decir, esto lo que refleja es un duro golpe para las familias más pobres del país. 

Hoy el 83% de la población colombiana se beneficia de estos subsidios, eliminarlos generaría un incremento mensual equivalente al 18% en las tarifas de energía, que representaría un costo adicional de $12.500 para el bolsillo de las familias de estrato 3. 

Como si esto fuera poco, en la página 601 de las bases del Plan Nacional de Desarrollo, establece la revisión de los subsidios de combustibles de frontera, combustibles líquidos como gasolina y ACPM para los siete u ocho departamentos limítrofes con Venezuela, Ecuador y otros países. Pero también, de manera grave revisa la compensación del transporte para estos departamentos fronterizos desde los terminales de los oleoductos, esto desde luego, va a encarecer los combustibles en las fronteras de nuestro país. 

También de manera grave va a conculcar los subsidios del gas propano o GLP,  para los departamentos del Macizo Colombiano, está medida va a afectar a los usuarios de estrato 1 y 2 al revisar y eliminar este subsidio al gas de los cilindros, que tiene por objeto paliar un poco  la raquítica economía familiar de la gente más vulnerable y por supuesto para mejorar las condiciones económicas de más de 220 mil familias de nuestro sur del país de los departamentos de Nariño, Cauca, Putumayo y Caquetá, pero también tiene como objeto el componente ambiental que es el de eliminar la tala de bosques para sustituir la leña y el carbón por el gas propano, por un combustible amigable con la naturaleza, por lo tanto, nosotros estamos diciéndole al Gobierno que NO vamos a apoyar el Plan Nacional de Desarrollo por estás y otras razones que son muy importantes, muy fundadas para defender las causas sociales de los colombianos. 

No puede ser que para las empresas o para los ricos en Colombia haya diez billones de pesos de exenciones o de beneficios tributarios en la pasada Ley de Financiamiento y empiecen a recortarle a los subsidios para recuperar esos dineros que por cuenta  de las exenciones a los empresarios está ofreciendo el Gobierno Nacional. 

Desde el Congreso de la República, no vamos a permitir que a los colombianos más vulnerables y a la ya estropeada clase media nacional se les sigan asfixiando con exabruptos de esta naturaleza. 

Por eso, necesitamos adelantar una cruzada interpartidista y desde ya invito a las bancadas independientes, especialmente al Partido Liberal, a Cambio Radical, ciertas corrientes fuertes del Partido de la U y partidos de oposición como el POLO, la Alianza Verde, la Fuerza Alternativa del Común, MAIS, para cerrar filas en torno a estos anuncios que maltratan la economía de la gran mayoría de familias colombianas. 

Particularmente creó que el trámite de éste proyecto va a ser complejo, el ambiente político es hostil y en estos artículos polémicos del documento auguró que no va a tener suerte, a no ser que el Gobierno Nacional aplique enamoramientos a través del presupuesto nacional a la gente que apoye este Plan Nacional de Desarrollo. 

Lo más justo con las familias colombianas de estrato 1,2 y 3 es que desde el legislativo le digamos NO a esta nueva cascada de afectaciones y de cargas económicas que cada vez más empobrecen a las familias más vulnerables de nuestro país. 

Sí el Gobierno Nacional quiere subsanar el hueco fiscal que no logró suplir en la reciente reforma tributaria, mal llamada Ley de Financiamiento, entonces que comience atacando la corrupción de todo nivel que hoy existe en muchas instituciones y que es el cáncer que cada día carcome a la institucionalidad nacional, pero que no ataque de esta manera a los colombianos más débiles. 

Pasto, 18 de febrero de 2019

*Senador Liberal

@GGarciaRealpe

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Amylkar D Acosta M

Por Amylkar D. Acosta M*.- Cómo es posible que ante la repulsa generalizada a la intención del Gobierno Nacional de eliminar el subsidio a la tarifa de energía al estrato 3 y reducirlo a los estratos 1 y 2, haya salido a los medios el Subdirector del DNP Rafael Puyana a decir que faltamos a la verdad quienes hemos denunciado semejante desafuero, calificándonos de mentirosos, sin argumento distinto a sus falacias.  

Como antecedente, digamos que en el artículo 179 del proyecto de Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022, que radicó el gobierno en el Congreso de la República está contenida la propuesta.

Ello no dejó de causar sorpresa toda vez que en momentos en los cuales se debatía el Presupuesto para la vigencia de 2019, ante los rumores de que se suprimirían los subsidios en la tarifa de energía la Ministra de Minas y Energía María Fernanda Suárez le salió al paso dándole un parte de tranquilidad a los usuarios. Les dijo a ellos que deberían estar “absolutamente tranquilos, hoy en día tienen subsidios eléctricos los estratos 3, 2 y 1 y esos subsidios se van a mantener” y enfatizó que “es un compromiso del gobierno del Presidente Iván Duque”. Acaso cambiaron de parecer?

Afirmó el Subdirector del DNP que “el estrato 3 no se toca en ese artículo, porque precisamente los subsidios que se dan en ese estrato son regulados por la CREG”, cuando la competencia de esta se reduce a ajustar “la regulación para incorporar lo dispuesto” en el artículo 116 de la Ley de Servicios públicos. Con tal declaración lo que se pretende es confundir a la opinión pública y embaucar al Congreso de la República, porque cómo se explica, entonces, que en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo se dice, por si quedara alguna duda, que “se deberá revisar la eliminación de los subsidios al estrato tres de energía eléctrica”. Huelga decir, que este proyecto de ley fue radicado conjuntamente por el Ministerio de Hacienda y el DNP.

Es claro como el agua la exclusión del estrato 3 del beneficio del subsidio al consumo de energía y su reducción para los estratos 1 y 2 del 60% al 50% y del 50% al 40%, respectivamente. Para establecerlo basta con cotejar el texto del artículo 179 del proyecto de Ley del Plan Nacional de Desarrollo, sustentado además en la página 601 de las Bases del Plan de Desarrollo.

Como es apenas obvio, así diga el Subdirector de Planeación que “lo que se hace en el artículo 179 del Plan de Desarrollo específicamente se refiere  a los estratos 1 y 2”, pero además de la reducción de los subsidios a estos, al omitirse en el mismo la alusión al estrato 3, que sí es sujeto de subsidio en el artículo 99.6 de la Ley 142 de 1994 vigente, tácitamente este estrato queda excluido de tal beneficio. Esa afirmación del Subdirector no pasa de ser un sofisma de distracción. Más claro no canta un gallo. Quién miente a quién?

Pero, como no se puede tapar el sol con las manos, el subdirector, a pocas horas de haber negado la eliminación del subsidio para el estrato 3 y su reducción a los estratos 1 y 2 dio la voltereta. Ahora, al desdecirse y retractarse, anuncia que esta medida iría acompasada con otras estrategias dizque encaminadas “a aliviar el consumo de energía por parte de los hogares colombianos”.

Y, para tender una cortina de humo y así tratar de ocultar el exabrupto sostiene: “tenemos que tener también programas, para ayudarle a los hogares colombianos a que reduzcan sus facturas y así consuman menos energía, ¿Cómo se hace eso? En el Plan de Desarrollo hay una estrategia de eficiencia, ya hay pilotos que evidencian que si se hace reconversión de electrodomésticos o de luces LED, se puede reducir hasta en un 30% la factura de los hogares”. Señor Subdirector, ese programa ya existe y viene del gobierno anterior, el cual se fundamenta en la Ley 1715 de 2014 que, además de promover las fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER) dota al Gobierno de una caja de herramientas para propiciar y auspiciar el uso racional y eficiente de la energía. 

Bogotá, febrero, 12 de 2019

*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net

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Mauricio Cabrera Galvis

Por Mauricio Cabrera Galvis*.-  ¡Cómo cambian las políticas y las leyes! Antes la Marihuana era prohibida y perseguida; ahora el Cannabis es un cultivo legal, uno de los más grandes en Norteamérica. Antes los cultivadores y comercializadores de la Marihuana eran criminales que debían ser extraditados; ahora los productores de Cannabis son respetados empresarios que cotizan sus acciones en la Bolsa de Nueva York.

Pero algunas cosas no cambian. Antes los colombianos poníamos los muertos en la guerra contra las drogas mientras que los gringos se la fumaban y se quedaban con la mayor parte de las ganancias del narcotráfico. Ahora nosotros seguimos poniendo los muertos y prohibiendo la dosis mínima, mientras que los gringos se la siguen fumando y monopolizando las utilidades del negocio legalizado.

La Marihuana cambió de estatus y el cultivo y la comercialización de Cannabis es uno de los negocios más florecientes. Revistas especializadas en ese mercado estiman que las ventas legales del cáñamo crecerán de 12.200  a 16.900 millones de dólares entre el 2018 y el presente año. Analistas de Wall Street  (https://bit.ly/2GMedgV) proyectan que en una década las ventas llegaran a USD 75.000 millones

Para entender las dimensiones de este negocio cabe decir que hoy es un monto igual a nuestras exportaciones de petróleo y mayor que todas las exportaciones no tradicionales de Colombia, que solo fueron USD 14.788 millones el año pasado. El Cannabis es una alternativa mejor que el aguacate para sustituir al petróleo.

El multimillonario negocio no es producto de un descubrimiento científico o una nueva tecnología, ni de la innovación de unas emprendedores del Silicon Valley; tan solo de un simple cambio legislativo. La Marihuana está en la lista de sustancias prohibidas desde mediados del siglo pasado y fue uno de los primeros objetivos de la guerra contra las drogas declarada por Nixon después de la derrota en Vietnam.

Pero esta guerra también se perdió. Países como Canadá y Uruguay legalizaron el consumo de la marihuana tanto medicinal como recreativo; lo mismo han hecho 10 estados de EE.UU. y otros 20 permiten el consumo medicinal. En Junio pasado el gobierno norteamericano autorizó el uso de un derivado de la marihuana (el cannabidiol o CBD) como droga para tratar la epilepsia, y la Organización Mundial de la Salud acaba de recomendar que el CBD sea retirado de la lista de drogas peligrosas.

Los inversionistas están felices. Existen 25 grandes empresas canadienses dedicadas al cultivo y distribución de productos de marihuana como materia prima, cotizadas en la Bolsa de Nueva York. El incremento del precio de sus acciones ha sido enorme, algunas más del 600%, y su valor de mercado conjunto ya se acerca a los 40.000 millones de dólares. Hasta las grandes tabacaleras y los bancos están invirtiendo en ellas.

Lo lamentable para Colombia es que, por seguir empeñados en la prohibición, nos está dejando el tren del nuevo negocio. Hoy la mayoría del cannabis del mercado legal se produce en California y Canadá, y hasta en Alaska hay invernaderos para cultivar esta planta tropical. Aquí los bancos no reciben como clientes a las empresas productoras por temor a ser acusados de lavado de dinero, mientras que en EE.UU. ya hay más de 500 bancos que les ofrecen servicios financieros. ¿Será que pasará lo mismo con la cocaína cuando acá acabemos con los sembrados de coca y la puedan producir allá?

Cali, 17 de febrero de 2019

*Filosofo y Economista. Consultor.

 

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Juan Manuel Galán Pachón

Por Juan Manuel Galán Pachón*.- La semana pasada fue la primera visita oficial del Presidente Iván Duque a su homólogo Donald Trump en la Casa Blanca. Había gran expectativa en el país sobre los temas de la agenda bilateral. Uno sin duda, sería la situación en Venezuela, con la esperanza de que se explicara el inconveniente episodio de las 5.000 tropas del block de notas de John Bolton, secretario de seguridad nacional.

Otra temática importante era la llamada “guerra contra las drogas” frente a la decisión del Gobierno Duque de reactivar la aspersión aérea con glifosato como método para disminuir la producción de clorhidrato de cocaína. Recordemos que está comprobado que no es una opción viable en esa lucha y que es onerosa para nuestro país. Un estudio de Pascual Restrepo del MIT y de Sandra Rozo de UCLA, demuestra que por cada hectárea asperjada los cultivos ilícitos se reducen en 0.035 hectáreas. Es decir, que para eliminar una hectárea sería necesario rociar 30, a un costo de U$ 72.000, de los cuales los Estados Unidos pone 1 dólar y el nuestro 2.2 dólares.

Según Miguel García del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, en zonas donde se ha llevado a cabo esta política se genera desconfianza por parte de la población en las instituciones del Estado y en la policía.

Lamentablemente ninguno de estos temas se abordó y ahora la incertidumbre es mayor. Tenemos que ser conscientes de que, ante una posible intervención militar en Venezuela, nuestro país sería el más afectado en todos los escenarios. No es posible que cuando le preguntan al presidente Trump sobre el envío de tropas a nuestro país, responda “ya veremos”, y el Presidente Duque guarde silencio.

El Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno, Suprema Autoridad Administrativa y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, juró el pasado ‪7 de agosto cumplir con la Constitución y la Ley, se obligó a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos y a velar por el respeto a la soberanía nacional. Lo que sucedió en Washington es un claro incumplimiento de la Carta.

Bogotá, 17 de febrero de 2019

*Politólogo del Instituto de Estudios Políticos de París, Magíster en Política Internacional de la escuela de Altos Estudios Internacionales de Francia. Y Magíster en Relaciones Internacionales y Seguridad en la Universidad de Georgetown. Exsenador del Partido Liberal.

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