Opinión

“La CREG se ha constituido en el nudo gordiano de la crisis energética”. 

Por Amylkar D. Acosta M*. - Según el Presidente de la República Gustavo Petro, “el Gobierno nacional cuenta con la voluntad de modificar el esquema tarifario de la energía en el país. sin embargo, decisiones judiciales y políticas lo han impedido…no he podido en dos años, porque una y otra vez se atraviesa algún tipo de decisión judicial o política para defender los intereses de seis grandes pulpos de la generación eléctrica, que están ordeñando a toda la sociedad colombiana, ordeñando a la industria, ordeñando a la agricultura y ordeñando al poder productivo de Colombia”. En un duro cuestionamiento a los mandatarios del caribe les endilgó parte de la responsabilidad, insinuando su supuesta connivencia con las empresas. Pero, veamos los hechos.

En el año 2022 el Presidente Petro responsabilizó de las excesivas alzas tarifarias a la CREG y se propuso asumir sus funciones y competencias para bajarlas, pero después de fracasar en el intento de asumirlas, la CREG quedó en sus manos y desde entonces no hay sabido qué hacer con ella, pues hasta la fecha se ha negado sistemáticamente a nombrar en propiedad a los 6 expertos comisionados de la CREG, como lo manda la ley y lo ordenó el Tribunal administrativo de Cundinamarca.

Y ante su incumplimiento la procuraduría general de la nación le solicitó a dicho tribunal iniciar una acción de desacato contra el Presidente Petro y contra el ministro de minas y energía Andrés Carreño.  ello ha sumido a la CREG en una interinidad permanente, hasta su desintegración actual, luego que el consejo de estado anulara el nombramiento de su director. La ex ministra de Minas y Energía Irene Vélez anunció en octubre de 2022 un pacto por la justicia tarifaria que reduciría las tarifas en un 4%, el cual terminó en sólo 2.82%, cuando el aumento acumulado era del 40% en la región caribe.

Ahora se anuncia nuevamente una baja de las tarifas en la región caribe del 4%, cuando el aumento de enero de 2023 a enero de 2024 fue del 31%, para ello el Gobierno Nacional asumirá la deuda contraída por parte de los usuarios con las empresas distribuidoras de energía por cuenta de la opción tarifaria. Pero, para que las empresas Air e y AFINIA, que son las que prestan el servicio, le trasladen este beneficio a sus usuarios no basta con el anuncio por parte del Gobierno. Para que este anuncio pueda materializarse, como lo dispone la Resolución 40225 del Ministerio de Minas y Energía expedida el 2 de julio, es la CREG quien lo debe decidir.

Del dicho al hecho hay mucho trecho. En efecto, en dicha Resolución se esbozan unos lineamientos tendientes a introducir unos cambios regulatorios, que sólo la CREG puede determinar, tendientes, según su texto a la adopción de “medidas para reducción de tarifas a los usuarios regulados del servicio de energía eléctrica”. En la misma, incluso,

se deja abierta la posibilidad de que el beneficio de la supresión del pago de la Opción tarifaria se extienda a los estratos 4, 5 y 6. Pero, la verdad sea dicha, esta es una Resolución bien intencionada, pero ineficaz, pues varias de sus disposiciones principales dependen para su aplicación de acuerdos voluntarios entre generadores, comercializadores y distribuidores de la energía, que permitan la renegociación de los contratos bilaterales vigentes.

No obstante, como es bien sabido, una de las leyes de Murphy es aquella según la cual todo aquello que anda mal es susceptible de empeorar. Ahora resulta que el pasado 2 de julio se venció el encargo de uno de los expertos comisionados encargados, el de Orlando Velandia, Director de la ANH y para rematar, el Consejo de Estado anuló el nombramiento del otro, Omar Fredy Prías, quien además era el Director ejecutivo, por no reunir los requisitos legales, con lo cual la CREG queda con sólo 2 de los 6 expertos comisionados y se requiere un mínimo de 4 de ellos para configurar quorum y sin este no se podrán tomar decisiones.

Decisiones como las que se plantearon en la Resolución de la referencia, como la orden de que establezca y viabilice “mecanismos de financiación, adicionales a los mecanismos viabilizados por el Gobierno Nacional, que de manera temporal permitan aliviar la situación financiera de las empresas distribuidoras y/o comercializadoras que posean saldos acumulados de opción tarifaria”. Y qué decir del plazo de 30 días calendarios a la CREG para que expida, nada menos, que “los ajustes regulatorios que considere necesarios, para el cálculo y reducción del Costo Unitario de prestación del servicio (CU), y la reducción de las tarifas para los usuarios de estratos 1, 2 y 3”.

Esperar, entonces, que la CREG pueda proceder, como se lo solicita el Ministerio de Minas y Energía a través de esta Resolución, a expedir la resolución o las resoluciones requeridas, cuando la misma no cuenta con el quorum para la toma de decisiones es tanto como cortarle las alas a una paloma y esperar que la misma emprenda vuelo!

Ello nos ha llevado a afirmar que la CREG se ha constituido en el nudo gordiano de la crisis energética, que el Ministro Andrés Camacho se niega a reconocer, que tiene la Transición energética justa, contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo (2022 – 2026), que ni siquiera cuenta con su Hoja de ruta, en pausa, pese a que la misma se ha convertido en el mantra de este Gobierno. Sólo este puede desatarlo, pero para ello tiene que superar la propensión a la procrastinación que lo ha caracterizado.

Cota, julio 13 de 2024

*Economista. Expresidente del Congreso y exministro de Minas y energía

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“El medio tiempo del presidente llega en medio de muchas tormentas, como su baja popularidad y sus ataques a la prensa. Dependerá de Juan Fernando Cristo jugarse a fondo para convencer al país de que el acuerdo nacional sí es posible”.

Por Hubert Ariza*. - Mientras en los estadios de Estados Unidos la selección colombiana de fútbol une al país, y James Rodríguez renace y se eleva a las alturas como el mejor jugador, con una zurda maravillosa y una genialidad sin par, y el país sueña con alzarse con la Copa América, en Colombia la política hierve, incendia, polariza, enajena y condena a la nación a la incertidumbre, la frustración y el miedo a que el futuro se desvanezca y la democracia se fracture.

El presidente Petro ha llegado a la mitad de su mandato en medio de muchas tormentas, y como en La piragua, la inmortal cumbia del maestro José Barros, a pesar del bajón en su popularidad, que apenas sobrepasa el 30% de favorabilidad, se muestra seguro capoteando el vendaval e impasible desafía la tormenta.

Una tormenta que ha generado él mismo con su estilo confrontacional de gobernar, retando al establecimiento y el statuo quo, atacando a la prensa, en negociaciones con guerrillas y paramilitares en medio de la guerra, que no auguran un buen final; impulsando reformas bloqueadas por el Congreso, desnudando la incapacidad de reacción de una oposición inane e inocua que está tres pasos atrás de la dinámica política y, sobre todo, por su voluntarismo de convocar el poder constituyente y promover una nueva Constitución, sin que el país se sume a esa cruzada, porque no entiende las razones de fondo para andar ese camino lleno de sobresaltos.

Para enfrentar el desafío de su propia agenda, el mandatario ha hecho un recambio de su gabinete, sacando fusibles fundidos o desconectados del circuito petrista, o a algunos ministros invisibles que pasaron sin pena ni gloria, como la de Vivienda, Catalina Velasco, que fue incapaz de reactivar el sector y congeló los sueños de millones de ciudadanos en la pobreza que votaron por Petro, confiados en que tendrían un lugar donde meter la cabeza y solo consiguieron promesas vacuas y sonrisas postizas.

Para rearmar su gabinete el presidente se ha rodeado, como se había previsto, de gente sacada de sus propias canteras. Hombres y mujeres leales a su doctrina reformista, que lo han acompañado en su brega política y en su lucha por el poder. Gente obediente que se acomoda a su estilo, sus formas, su estética, sus silencios y sus delirios. A su manera de gobernar por Twitter y confrontar a todo el que decida contrariarlo. A gente como Daniel Rojas, surgido de la barriada, a quien ha encargado del ministerio de Educación y ha sido sometido al más exigente examen de ortografía y buenas maneras, y desde ya lo han condenado al paredón los fanáticos de la urbanidad de Carreño.

Con ese nombramiento Petro ha demostrado que está decidido a poner en la primera línea a los más fieles escuderos, sin importar su experticia en los temas, y que la educación tendrá al frente a un líder polémico que le hablará al oído a su jefe, quien lo considera presidenciable. “Me parece que perfectamente un joven salido de las comunas populares de Medellín, que haya vivido su barrio, su resistencia, puede llegar no solo a ser ministro de educación sino presidente”, trinó Petro al respecto.

Tal vez esa reacción se dio por el fuerte rechazo de los medios a la salida de la ministra Aurora Vergara, experta en el sector. Quizá para compensar la balanza el presidente se vea obligado a nombrar un equipo asesor de alto nivel en el campo de la educación, una especie de Comisión de Sabios, para que el funcionario entrante pueda cumplir las ambiciosas metas del Plan Nacional de Desarrollo, como incluir 500 mil nuevos cupos en educación superior y garantizar el derecho a la educación con calidad, pertinencia e infraestructura de avanzada, con un enfoque territorial, étnico y de género.

En el gabinete el ministro del Interior, el liberal Juan Fernando Cristo será diferente. Viene de otra cantera. Tiene otra historia. Repite el cargo que ocupó en el Gobierno Santos, cuando participó en las negociaciones de paz en La Habana, impulsó la JEP, y se batió en el Congreso por afianzar una agenda legislativa que garantizara que la paz no la fundiera en el camino la extrema derecha. Después de liderar el partido En Marcha, que perdió la personería jurídica y está en camino de disolverse, vuelve a tratar de hacer milagros, a hacer posible lo que parece imposible a los ojos de la opinión pública: lograr un acuerdo nacional que permita convocar una Asamblea Nacional Constituyente, siguiendo el cauce constitucional, sacando la reelección del camino, mientras el presidente impulsa en los territorios el poder constituyente y las negociaciones con el ELN y las disidencias, atraviesan un campo minado, la población indígena del Cauca vive en medio del terror, y los acuerdos se ven lejanos.

El ministro Cristo, que tiene un tono conciliador, es paciente, conoce los vericuetos del Congreso y sabe de comunicación política, debe tener claro que esta vez ha aceptado cargar una cruz sin saber cuántas estaciones le esperan antes de ver abrirse el mar para llegar a la tierra prometida del acuerdo nacional y la Constituyente. Mientras el presidente impulse el poder constituyente, un concepto del filósofo marxista italiano Antonio Negri, la desconfianza marcará la política colombiana, precisamente porque no es claro el mensaje de lo qué se busca. Para la extrema derecha el poder constituyente es la revolución permanente, apoyada por el ELN y las disidencias de las Farc; para el resto del país quizás sea una utopía revolucionaría que se convertirá en una narrativa petrista que terminará cuando se elija un nuevo presidente en 2026.

El mandatario, precisamente, el pasado 10 de julio trinó en Twitter: “A mi no me interesa si el poder constituyente se concreta en mi gobierno o después, eso lo determina la gente misma; me interesa que se convoque ya, que el pueblo se declare en poder”. ¿Cómo se conjuga ese mandato presidencial con la gestión de un acuerdo nacional que despolarice a Colombia y le trace una ruta de profundas transformaciones y el fin de la guerra? El poder constituyente es, en sí, una amenaza a la clase política tradicional, incapaz y culpable de la falta de liderazgo que afecta la democracia, un deseo presidencial aún no dimensionado, y un concepto elevado de participación ciudadana que el país no comprende o no identifica en medio de tanto discurso de odio y narrativas fatalistas.

En un clima de tanta desconfianza el ministro Cristo tendrá que jugarse a fondo para convencer al país de que el acuerdo nacional sí es posible y no tiene como objetivo reelegir a Petro, ni viabilizar una Constituyente saltándose los cauces constitucionales. Resulta paradójico que cuando se habla de un acuerdo nacional, la extrema derecha crea que ha encontrado una mina para expandir su narrativa de la venezolanización de Colombia, con la activación del poder constituyente.

En el universo petrista la revolución del poder constituyente ha comenzado. El país incrédulo aún no dimensiona el alcance de ese proceso que, según los teóricos, deberá transformar todo a su paso. Lo concluyente es que a mitad de su mandato Petro ha redoblado su apuesta y está jugando más duro, saltando hacia adelante, poniendo todo su capital político sobre la mesa, demostrando que lo suyo es la búsqueda incesante del poder constituyente que desafía la tormenta.

Bogotá, 15 de julio 2024

*Periodista, internacionalista y analista político.

Tomado de El País América

“¡Dura lex, sed lex!” 

Por Amylkar D. Acosta M*. - La Comisión de regulación de energía y gas (CREG) está llamada a ser el alma y nervio de este sector, es la entidad rectora en todo lo concerniente a la regulación, estableciendo las normas a las cuales debe sujetarse y velar por su cumplimiento. Está integrada por 9 miembros: el Ministro de Minas y Energía, quien la preside, el Ministro de Hacienda y el Director del DNP, por parte del ejecutivo y 6 expertos comisionados designados por la Presidencia de la República.

Durante casi 30 años, desde que se integró merced a la Ley 142 de 1994 había venido funcionando sin mayores tropiezos, pero desde el 2022 hasta la fecha la CREG entró en crisis y ha estado al garete por cuenta de la reticencia del Gobierno Nacional a nombrar en propiedad los expertos comisionados, sumiéndola en la interinidad e inoperancia que la tienen en un verdadero laberinto del cual sólo él la puede sacar, para la bienandanza del sector.

Se ha cumplido el último plazo para que el Gobierno Nacional le dé cumplimiento al fallo proferido por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, para que se procediera a nombrar en propiedad a los restantes expertos comisionados de la CREG. Recapitulemos: el 9 de septiembre de 2022, en su discurso de clausura del XXIV Congreso de ANDESCO el Presidente Gustavo Petro amenazó con intervenir la CREG para detener la espiral alcista de las tarifas de energía eléctrica. El 16 de febrero de 2023 el Presidente Petro expidió el Decreto 227 asumiendo las funciones y competencias de la CREG. Peo el 2 de marzo de 2023 el Consejo de Estado acoge los argumentos de la demanda contra dicho Decreto y suspende su vigencia como medida cautelar.

El Gobierno Nacional procedió, entonces, a nombrar a varios de los expertos comisionados para suplir la vacancia que se presentó por la nulidad de su nombramiento por parte del Presidente Duque, pero en calidad de encargados, contrariando lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 143 de 1994 y el artículo 44 de la Ley 2099 de 2021, en sentido que ellos tienen un periodo fijo de 4 años y son de dedicación exclusiva. La CREG entra en un largo letargo debido a su interinidad. 

Por su parte la Procuradora General Margarita Cabello, mediante Oficio 678 del 10 de octubre de 2023 le hace el requerimiento al Ministro de Minas y Energía Andrés Camacho para que procediera al nombramiento en propiedad de los 6 expertos comisionados que integran la CREG. La Procuraduría fue reiterativa en ello, recibiendo la callada por respuesta. Entre tanto la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-048 del 21 de febrero,  deja claramente establecido que los expertos comisionados de la CREG no son subalternos del Gobierno, tienen periodo fijo de 4 años y son de dedicación exclusiva. Con ello se busca preservar el carácter autónomo e independiente que por ministerio de la Ley debe tener la CREG. En igual sentido se manifestó el Consejo de Estado el 29 de febrero de 2024.

En respuesta a la demanda interpuesta por el Departamento administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), el Tribunal Contencioso administrativo de Cundinamarca sentenció el 25 de enero de 2024 que “el deber jurídico de integrar la CREG con seis expertos en asuntos energéticos, de dedicación exclusiva y por periodos de 4 años, fue estipulado por el legislador de forma expresa, y lo asignó al presidente de la República". Le ordenó, en consecuencia, nombrar en propiedad a los 6 expertos comisionados de la CREG, dándole un plazo perentorio de 30 días.

Esta decisión fue apelada por el DAPRE ante el Consejo de Estado y este profirió su Sentencia el 2 de mayo de 2024, confirmando y ratificando la orden dada por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, dejando en firme su Sentencia. El alto Tribunal le dio al Presidente de la República un nuevo plazo de 30 días hábiles, contados a partir de la fecha de su notificación, para cubrir las vacantes de los expertos comisionados de la CREG, nombrándolos en propiedad. Plazo este que ya se cumplió.

Finalmente, en vista de la renuencia del Gobierno Nacional para cumplir los fallos de los altos tribunales y velando por el cumplimiento de las decisiones judiciales, la Procuraduría General le acaba de dar plazo este miércoles 26 de junio para la remisión de los actos administrativos de nombramiento de los 6 expertos comisionados. De lo contrario el Ministro Camacho, como delegatorio por parte de la Presidencia del poder nominador de los mismos, estaría incurso en desacato y expuesto a las sanciones que puedan derivarse de dicha conducta. El Ministro tiene la palabra!

Bogotá, junio 22 de 2024

*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.

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“Los demócratas están dando un valioso ejemplo de respeto al sistema judicial”.

Por Fernando Cepeda Ulloa*. - Difícil anticipar que en la próxima elección presidencial en los Estados Unidos los dos candidatos que se disputan la victoria tendrían que afrontar las consecuencias, impredecibles, de los fallos judiciales que los afectan.  Y resulta muy interesante examinar la manera como cada uno de los candidatos y sus partidarios han afrontado estas decisiones judiciales. Justicia y política han quedado imbricadas y todavía no sabemos hasta qué punto este tipo de interrelación va a afectar el resultado final del proceso electoral.

Es evidente que los republicanos y su candidato, Donald Trump, no han ahorrado palabras para desacreditar el sistema judicial, desacreditar al jurado, ofender al juez Merchán, y traer a cuento diversas situaciones para sugerir que hay una manipulación de este caso judicial para perjudicar electoralmente a los republicanos y a su candidato. Hay un reconocimiento general con respecto al impecable comportamiento del presidente Biden y del partido demócrata con respecto a la decisión judicial que acusó de tres cargos al hijo del presidente Biden. Tanto el presidente como los miembros de su partido han respetado el sistema judicial, han aceptado la decisión del jurado y como buenos ciudadanos se han resignado al imperio de la ley que cobija a todos los miembros de una sociedad.

Es una muestra de hasta qué punto puede llegar la instrumentalización de las decisiones de la justicia para influir un proceso electoral. No hay duda de que la actitud de los republicanos es contraria a lo que debe ser la cultura política predominante en una sociedad democrática. Los demócratas están dando un valioso ejemplo de respeto al sistema judicial.

Cómo estas decisiones y estas respuestas están afectando la decisión de los ciudadanos en favor o en contra de los candidatos en contienda es el objeto de diversas encuestas con diferentes perspectivas que buscan identificar la actitud de los jóvenes, o la de las mujeres, o la de los votantes más experimentados y, tradicionalmente, más fieles a sus partidos. La verdad verdadera la conoceremos en noviembre cuando se haga la contabilidad de los votos y conozcamos si, realmente, lo que se produjo fue una situación equilibrada frente a la cual los ciudadanos no tuvieron mucha oportunidad para cambiar su voto o para reafirmarlo, no obstante las diferencias tan grandes entre los dos casos y las respuestas tan encontradas de los dos partidos y de los dos candidatos.

Falta la sentencia en cada uno de los casos. Y la más significativa será la del 11 de julio cuando el juez Merchan establezca cuál será la sanción para el expresidente Trump. Son 34 casos de violación de la ley que un jurado de 12 personas unánimemente en cada caso encontró que el expresidente era culpable. Se publican opiniones de ilustres y experimentados juristas que defienden la tesis del encarcelamiento, con atenuantes o sin atenuantes, o la de una sentencia más blanda que no incluya la noción de encarcelamiento. El juez Merchán está ante la decisión más significativa de su carrera judicial, antes, hoy y después. No lo envidio. Ha demostrado firmeza y serenidad y se espera que su decisión refleje esas virtudes que han sido reconocidas. Todavía es mucho lo que nos queda por observar en esta deplorable interacción entre justicia y política electoral.

Bogotá, D. C, 23 de junio 2024

*Analista Político, Catedrático. Exministro de Estado

"Este no es un cuento imaginario; es la realidad de cerca de 300.000 colombianos, pues nuestra producción de leche es, en su mayoría, de pequeños ganaderos minifundistas que hacen parte, muchos de ellos, de la pobreza rural". 

Por José Félix Lafaurie River. -Volvieron las lluvias. Con ellas el pasto se tornó verde y abundante, y las 10 vacas de un pequeño productor lechero del altiplano recobraron su condición y las cinco en ordeño produjeron más leche. 

Entonces compró abono para aprovechar las lluvias, a pesar de que todavía está caro, pero vale la pena recuperarse de los meses alimentando sus animales con silo de maíz a 20 mil pesos bulto, y también del menor precio que paga la pasteurizadora desde hace meses. 

Nunca entendió por qué bajaron el precio en verano, pues si no hay pasto hay menos leche y el precio mejora, como siempre. Por ahí oyó que era por la leche que traen de Estados Unidos; entonces se preguntó: ¿Para qué la traen?, si aquí tenemos “hasta pa’ botar pa’ lo alto”. 

Cuando baja al pueblo a mercar piensa que, si a él le pagan menos por la leche que vende, también le deberían cobrar menos por la que compra, la de las cajas azules. Pero no es así; esa siempre sube, por la inflación, dicen. 

Cuando llegan las lluvias vuelve algo de optimismo al campo, aunque el agua destruya las vías y todo se complique. Pero, en fin, venderá más leche. No pensaba que sus cuentas fueran “las de la lechera”, hasta que anunciaron otra disminución del precio, dizque para no tener que recibir menos leche o no todos los días, pero las vacas todos los días dan leche y, si no se ordeñan, les da mastitis. 

¿Las razones? Que la gente toma menos leche, que los niños en vacaciones, que hay mucha por el invierno, que las importaciones, que lo uno y lo otro; pero con ninguna de esas explicaciones paga en el almacén de insumos, ni la costosa energía…, ninguna paga el mercado y nunca recuperará las pérdidas del verano. 

Este no es un cuento imaginario; es la realidad de cerca de 300.000 colombianos, pues nuestra producción de leche es, en su mayoría, de pequeños ganaderos minifundistas que hacen parte, muchos de ellos, de la pobreza rural. 

Desde hace años hemos puesto propuestas de solución sobre la mesa…, y ahí siguen. Podemos hacer más seminarios para un problema sobrediagnosticado, pero es urgente pasar a las soluciones. 

Hemos propuesto que las compras públicas nos ayuden, que la leche sea obligatoria en los menús de guarniciones militares y, sobre todo, por su importancia para el crecimiento, en los hogares infantiles del ICBF y el Programa de Alimentación Escolar, PAE, que tanto se roban. 

Hemos propuesto una alianza entre el Estado, los ganaderos y la industria, para producir leche para segmentos populares, con un subconsumo que hace parte de los problemas de desnutrición. 

Se trata de leche pasteurizada, porque la “ultrapasteurización”, la “larga vida”, el envase “tetrapack” y la multimillonaria publicidad de la industria convierte a la leche en un lujo. En países desarrollados y lecheros, como Holanda y Australia, es más apetecida la leche fresca y de corta duración en bidones de plástico reciclable. Además, ¿para que un ama de casa de estrato uno querría comprar leche costosa para seis meses? 

Hemos propuesto alianzas para ampliar la capacidad de pulverización y acercarnos siquiera a una condición de garantía de compra, como la tienen los cafeteros, para que el pequeño productor de nuestra historia no tenga que “llorar sobre su leche derramada”, porque nadie se la compra o la debe regalar en la informalidad a precios que no cubren los costos. 

No quiero pensar en 2026, cuando la industria pueda traer de Estados Unidos toda la leche en polvo que quiera sin arancel… ¿Qué será de nuestro pequeño productor campesino?

Bogotá, D. C, 22 de junio 2024

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie

“Los debates no pueden ser eludidos. Están previstos para que los proyectos sean discutidos de manera razonada y se vote con fundamento”.

Por José G. Hernández*. -Durante los últimos meses, por causa de la polarización política existente, han prevalecido las vías de hecho sobre las reglas de juego y el efecto no ha sido otro que la pérdida de tiempo, el desgaste de la institución legislativa y la expedición irregular de las leyes o el hundimiento de importantes iniciativas sin haber sido objeto de trámite ni discusión.

Se han abierto paso prácticas contrarias a la Constitución, en cuanto han obstaculizado al extremo la función legislativa: reiterada ruptura del quórum para impedir los debates, abruptas salidas de los recintos con el mismo propósito, inexplicable levantamiento de sesiones y presentación de cientos de proposiciones sin sentido alguno. En fin, bloqueo a la función legislativa. Como respuesta, aprobación de importantes estatutos en bloque y sin previa discusión, lo que según la jurisprudencia es inconstitucional.

En el Estado de Derecho, todo poder -inclusive el de expedir las leyes- está sujeto a reglas previamente trazadas. De su genuino acatamiento y debida aplicación depende la validez de los actos correspondientes, que, en nuestro sistema jurídico, debe establecer la Corte Constitucional, bien sea a partir del ejercicio de la acción pública por cualquier ciudadano o de manera oficiosa, en los casos en que hay lugar a ella.

Lo cierto es que las normas no pueden quedarse escritas. Para que un proyecto llegue a ser ley, el artículo 157 de la Constitución exige que, tras la publicación de la iniciativa, ella haya sido aprobada en primer debate en la correspondiente comisión permanente de cada cámara, y que haya sido aprobada en cada plenaria en segundo debate. En cuanto a los proyectos de acto legislativo, para reformar la Constitución, se requieren ocho debates, en dos legislaturas ordinarias y consecutivas, según dispone el artículo 375 de la Carta Política.

Los debates no pueden ser eludidos. Están previstos para que los proyectos sean discutidos de manera razonada y se vote con fundamento. Para que se enfrenten los argumentos en pro y en contra, con responsabilidad y con miras al objetivo superior del interés general y el orden justo.

La Corte Constitucional, en Sentencia C-222 de 1997, advirtió sobre la necesidad de los debates en comisiones y cámaras para la aprobación de leyes y reformas constitucionales: “…el concepto "debate" en manera alguna equivale a votación, bien que ésta se produzca por el conocido "pupitrazo" o por medio electrónico, o en cualquiera de las formas convencionales admitidas para establecer cuál es la voluntad de los congresistas en torno a determinado asunto. La votación no es cosa distinta de la conclusión del debate, sobre la base de la discusión -esencial a él- y sobre el supuesto de la suficiente ilustración en el seno de la respectiva comisión o cámara. Es inherente al debate la exposición de ideas, criterios y conceptos diversos y hasta contrarios y la confrontación seria y respetuosa entre ellos; el examen de las distintas posibilidades y la consideración colectiva, razonada y fundada, acerca de las repercusiones que habrá de tener la decisión puesta en tela de juicio. El debate exige deliberación, previa a la votación e indispensable para llegar a ella…”.

Cabe reflexionar: ¿lo cumple al actual Congreso?

Bogotá, D. C. 21 de junio 2024

*Expresidente de la Corte Constitucional

Por Amylkar D. Acosta M*.- Por experiencia personal lo digo, que la palanca de primer grado para escapar de la pobreza es la educación, que pese a ser un derecho fundamental en Colombia sigue siendo un privilegio. La educación es la clave. De allí la importancia de la ampliación de la cobertura de la educación y lo que es más importante la calidad de la misma. Como lo dijo Nelson Mandela, el Ganhi del siglo XXI, “la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. La educación es el gran  motor de desarrollo personal. Es a través de la educación como la hija de un campesino puede llegar a ser médica, como el hijo de un minero puede llegar a ser cabeza de la mina, como el descendiente de unos labriegos puede llegar a ser Presidente de una gran Nación”.

Ahora bien, como lo afirmó William Butler Yeats, “la educación no es un cántaro que se llena sino un fuego que se enciende”. Y más en nuestros tiempos, los de la cuarta revolución industrial, que nos ha compelido a pasar sin hacer escala de la era analógica a la era digital. La Big data, la internet de las cosas (IoT) y sobre todo la inteligencia artificial (IA) y los algoritmos cambiaron para siempre nuestras vidas. Antiguamente se decía que la humanidad se dividía entre los que tenían y los que no tenían, posteriormente entre los que sabían y los que no sabían, el conocimiento era el bien supremo. Hoy en día la humanidad se divide entre quienes están conectados a la red de internet y quienes no lo están, el conocimiento está disponible en la red.

Warren Buffet, uno de los hombres más ricos y prósperos del mundo acuñó esta frase: “cuando la marea baja es cuando se sabe quienes estaban nadando desnudos. Pues la pandemia del COVID 19, con su pesadilla, se encargó de desnudar y visibilizar muchas de nuestras dolamas, de nuestras falencias, entre ellas la escasa conectividad en Colombia. Según el DANE la pandemia nos sorprendió con sólo el 51.9% de hogares en Colombia con conexión a internet, ocupando el último lugar entre los países que integran la Organización para la cooperación y el desarrollo (OCDE).

Como decían nuestro mayores, no hay mal que por bien no venga. La crisis pandémica forzó la necesidad de ampliar la conectividad e impuso la virtualidad en muchas de nuestras actividades cotidianas entre ellas la educación. En regiones como La guajira y Chocó, los estudiantes perdieron prácticamente dos años lectivos por falta de conectividad. Por ello, venimos planteando que a los 17 Objetivos del desarrollo sostenible (ODS) se sume el 18º , el del cierre de la brecha digital.

Pero el impacto de la 4ª revolución, que es digital, va mucho más allá, está propiciando cambios hace poco impensables e inimaginables en la educación y en el ejercicio de las profesiones. Como lo afirma el gran pensador Israelí Yuval Noah Harari, “si en el pasado la educación se parecía a construir una casa de materiales  sólidos, como la piedra y con cimientos profundos, ahora se parece más a construir una carpa que se pueda doblar y llevar a otro lugar con rapidez y sencillez”. Este es el gran reto, contar con la flexibilidad y la adaptabilidad para poder sobrevivir a este tsunami tecnológico. Como bien dijo el escritor y teólogo inglés William George, “el pesimista se queja del viento, el optimista espera que el viento cambie de dirección, el realista justa las velas”. De ello es de lo que se trata, para evitar que la tecnología nos atropelle, se trata de ajustar las velas!

Ya estamos advertidos de los que el futuro, en el que ya estamos, nos ha de deparar. Según el estudio adelantado por la Universidad de Oxford, a poco andar, a la vuelta de muy pocos años el 47% de las profesiones tradicionales habrán de desaparecer sin remedio. Además, no menos del 90% del tipo de trabajos que sobrevivan  a esta nueva ola se transformarán ineluctablemente, se reconvertirán y harán menester nuevas competencias y destrezas laborales. Claro está, que estos cambios, al tiempo que pondrán en riesgo la estabilidad laboral y la empleabilidad para quienes no se ajusten a los mismos, abrirán nuevas y mayores oportunidades, tales como la transformación y creación de nuevos perfiles profesionales que se acoplen  a la demanda venidera del mercado laboral.

Los tiempos han cambiado, ahora el conocimiento, la información y las estadísticas están a sólo un clic de distancia, ya no sufrimos tanto por la falta de información o de conocimiento, sino que estos nos abruman. Y de contera, el conocimiento jamás podrá agotar la realidad, que es cambiante, pues, como bien dijo Heráclito, “nadie es capaz de bañarse dos veces en el mismo río, porque nuevas aguas corren sobre ti”. Por ello, nos debemos reinventar constantemente. De allí la importancia del aserto del gran científico colombiano, el neurólogo Rodolfo Llinás, cuando resalta y enfatiza en que “más importante que saber es entender y para entender es fundamental contextualizar el conocimiento”, así como expandir nuestra capacidad de discernimiento, facultades estas que, por ahora, todavía nos están reservada, no están al alcance de los robots y los humanoides, que ya se encuentran por doquier!

Bogotá, junio 15 de 2024

*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.

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"Invocar el poder constituyente es una jugada sobre un tablero de ajedrez donde el presidente Petro mueve las fichas con rapidez, sin que tenga al otro lado a una oposición con imaginación para anticipar las jugadas y proponer salidas". 

Por Hubert Ariza*. -El presidente Gustavo Petro, experto en tácticas de guerras, en emboscadas y contraemboscadas, ha encendido las alarmas y ha dicho que siente que a su Gobierno lo están acorralando. Son palabras mayores viniendo de un líder de izquierda que ha impuesto la agenda política en los últimos meses y ha mantenido la iniciativa para poner al país a hablar de lo que a él, literalmente, se le ha dado la gana.

Sentirse acorralado, en términos políticos, es sentirse maniatado, sin capacidad de maniobra ni iniciativa, para cumplir los objetivos propuestos. Y el gran objetivo de Petro es dejar una profunda huella en la historia de Colombia, transformando la sociedad, impulsando reformas aplazadas por décadas y cumpliendo el más importante sueño de los colombianos: el fin de la guerra y el inicio de un largo período de paz total. Acorralado, en este caso, podría entenderse como una luz amarilla para evitar el fracaso total de un ideal de país.

Por ese proyecto político, Petro se fue a la guerra de guerrillas con el M-19 en la década de los ochenta, participó en el proceso de paz exitoso del Gobierno Barco en 1990, impulsó la Constituyente de 1991 que promulgó la Constitución el 4 de julio de ese año, que allanó el camino de la reconciliación en Colombia. Desde entonces, ha sido protagonista de la política, jugándose la vida y la libertad, en un desafío permanente de las dinámicas propias de un país polarizado e incapaz de silenciar los fusiles, derrotar la corrupción, vencer el narcotráfico y superar los vergonzosos indicadores de pobreza y marginalidad que condenan a la miseria a más de la mitad de la población, en un país hipercentralizado.

Que el presidente Petro se sienta acorralado y continúe con su denuncia pública de que lo van a tumbar, con un golpe blando o un golpe duro, suena a un grito desesperado de auxilio del mandatario para que el pueblo salga en su defensa. Quien llama a la movilización en masa es un gobernante de izquierda, que tiene la mira puesta en las elecciones de 2026 y desea reelegir su programa, pero no ha encontrado el camino para sintonizarse con la opinión pública. Las encuestas lo mantienen atado a la baja popularidad.

Se ha estrellado, además, contra un muro infranqueable de liderazgos que no comparten una propuesta audaz e inoportuna, que puso patas arriba la política: la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Obligado por el peso de la oposición de juristas, académicos, expresidentes, partidos políticos, líderes de opinión y firmantes de la paz de las Farc, ha mutado a una narrativa de convocatoria al poder constituyente del pueblo, que haga posible las reformas aplazadas y bloqueadas en el Congreso.

La verdad es que Colombia ha gastado los últimos meses en tratar de entender el trabalenguas jurídico y político que el presidente puso en marcha cuando habló por primera vez de una Constituyente, saltándose los cauces constitucionales, sin pasar por una ley por el Congreso, donde no hay ambiente para una iniciativa de esa dimensión; ni por la Corte Constitucional, donde los magistrados actúan con absoluto respeto a la Carta.

Bogotá. D. C, 15 de junio de 2024

*Periodista, internacionalista y analista político.

Tomado de El País América

@HubertAriza

“La Constitución en vigor -democrática, participativa, pluralista- contiene todos los elementos esenciales para hacer realidad los principios y fundamentos políticos, sociales y económicos entonces proclamados y plasmados en un trascendental acuerdo de todos los partidos y sectores”.

Por José G. Hernández*. -Las especulaciones no terminan. Siguen hablando acerca de si el presidente Gustavo Petro busca su reelección y sobre si, cuando alude a la posible convocatoria de una asamblea constituyente, lo hace con ese específico propósito.

El presidente, por su parte -le creemos, aunque muchos insisten en no hacerlo-, ha afirmado, en todos los tonos, que la reelección no está entre sus planes, aunque él quisiera que, al culminar su mandato, el siguiente gobierno siguiera adelante con sus propuestas y programas, así como con las finalidades de alcanzar la paz y de realizar un Estado social y democrático de Derecho. Como acaba de ocurrir en México, en donde, si bien no fue reelegido Andrés Manuel López Obrador, lo consiguió -con gran apoyo popular- alguien que dará continuidad a su política de izquierda. La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, se ha comprometido a profundizar esa política, en busca de los objetivos en que ha venido trabajando el mandatario saliente.

En Colombia, opositores políticos y periodistas no dejan de afirmar -no sabemos con cuáles fundamentos- que una asamblea constituyente será convocada y en que su finalidad será la reelección presidencial, algunos dicen que “para perpetuarse en el poder”. Otros se atrevieron a difundir la especie según la cual el próximo 20 de julio el presidente no cumpliría su función constitucional de instalar el Congreso y, en cambio, llamaría a una constituyente. Eso carece de fundamento, y, de ocurrir no sería nada diferente de un golpe de Estado, muy difícil de entender en un gobernante elegido democráticamente.

Ahora bien, desde la primera alusión del presidente Petro a una asamblea constituyente, manifesté mi desacuerdo, por cuanto no la veo necesaria, conveniente ni oportuna.

Si se refieren al ejercicio del poder constituyente originario, para que, en ejercicio de su soberanía, el pueblo soberano busque una Constitución distinta, se equivocan, pues ese reclamo popular no existe y la situación actual del país es muy diferente de la que dio lugar al proceso constituyente de 1990 y 1991. La Constitución en vigor -democrática, participativa, pluralista- contiene todos los elementos esenciales para hacer realidad los principios y fundamentos políticos, sociales y económicos entonces proclamados y plasmados en un trascendental acuerdo de todos los partidos y sectores.

No se ve la necesidad de replantear la estructura política ni el ordenamiento jurídico vigente, en busca de una esencia distinta o como base de una institucionalidad diferente, ni para derogarla o sustituirla por otra. Téngase en cuenta que la Carta Política del 91 ha sido reformada ya en sesenta oportunidades, no siempre con acierto.

Lo que deben hacer, tanto el Ejecutivo como las cámaras legislativas, los partidos y los altos tribunales y órganos de control independientes consiste en buscar consensos -sin perjuicio de las diferencias ideológicas- para cristalizar y desarrollar muchos de los cometidos de la Constitución, en beneficio del interés general, que están consagrados en sus disposiciones, pero distan mucho de convertirse en realidad.

Una asamblea constituyente, para ejercer el poder de reforma -secundario, constituido- está prevista en la actual normatividad, y se puede proponer y convocar, siempre que se cumplan los trámites y requisitos previstos. Pero -repito- tampoco se ve necesaria.

Bogotá, D. C, 12 de junio 2024

*Expresidente de la Corte Constitucional

“¡Universidad que no goza de autonomía no es Universidad!”

Por Amylkar D. Acosta M*. - Este 8 de junio el movimiento estudiantil en Colombia conmemora el Día del estudiante caído, que tuvo su origen en el asesinato a mansalva del estudiante de Derecho de la Universidad Nacional Gonzalo Bravo Pérez, quien participaba de una marcha de protesta por la masacre de las bananeras y el nombramiento como Jefe de Policía de Bogotá, nada menos que al Teniente Carlos Cortés Vargas, el mismo que ordenó disparar contra los huelguistas de la United Fruit Company ese aciago 6 de diciembre de 1928. 25 años después, en el curso de una movilización conmemorativa de esta fecha luctuosa, el 8 de junio, fue asesinado alevemente el estudiante de Medicina, también de la Universidad Nacional, Uriel Gutiérrez y al día siguiente 11 más fueron víctimas fatales de la represión por parte de la fuerza pública.

Esta fecha es la ocasión propicia para volver sobre la Autonomía universitaria, hoy en grave predicamento, como una de las conquistas más preciadas  del Movimiento estudiantil colombiano que alcanzó su clímax en la gran gesta del Movimiento estudiantil de 1971, el cual  en un Encuentro nacional que tuvo lugar el 13 y 14 de marzo, con la participación de 30 universidades aprobó el Programa Mínimo de los estudiantes colombianos, el cual contempló como primer punto la Autonomía de la Universidad y el cogobierno, integrando los consejos superiores única y exclusivamente con representantes de los estamentos universitarios.

Y lo logramos, cuando el entonces Ministro de Educación Luis Carlos Galán Sarmiento expidió el Decreto 2070, con lo cual se logró derrocar la autocracia que había impuesto el denominado “Ducado” (en referencia a los rectores Luis Fernando Duque y Luis Duque Gómez de las universidades de Antioquia y Nacional, respectivamente).

Ello le desbrozó el camino a la Autonomía de las universidades, consagrada en su artículo 69 que a la letra reza que “se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley”. Podemos afirmar, entonces, que la Autonomía universitaria, lejos de ser una concesión graciosa por parte del Estado, fue una conquista del Movimiento estudiantil!

Cuando afirmamos que la Autonomía está en grave predicamento, nos referimos a los deplorables acontecimientos que se vienen dando en la Universidad Nacional a propósito de la decisión tomada por el Consejo Superior designando como Rector al profesor José Ismael Peña, la cual fue cuestionada por la Ministra de Educación Aurora Vergara, al punto de negarse a dar curso a su posesión, que terminó dándose ante el Notario 14 de Bogotá.

La razón esgrimida por la Ministra, quien presidió la sesión del CSU  y por otros miembros del mismo fue su desacuerdo con el procedimiento seguido para su elección, basado en la teoría de juegos, el cual llevó a que el profesor Leopoldo Múnera, quien se había impuesto en la consulta previa entre los estamentos de la Universidad no fuera el favorecido en la votación. Esta confrontación llevó a la parálisis de las actividades académicas de la Universidad y a un conflicto interno no resuelto hasta la fecha.

Sin pretender tomar partido por ninguna de las dos partes contendientes, es claro que, de acuerdo con los Estatutos vigentes, el resultado de dicha consulta no es vinculante, aunque a mi juicio, consecuente como mi defensa de la autonomía universitaria y la democracia, esa es parte de las reglas de juego, las que no se pueden cambiar después de terminado el partido si el resultado del mismo no me favorece. Lo dice muy claro y lo admite el profesor y catedrático emérito de la Universidad Nacional, quien ha disentido de la decisión tomada por el Consejo Superior Rodrigo Uprimny: “la autonomía universitaria consiste en que las autoridades y los estamentos universitarios son quienes deciden, conforme los Estatutos internos, sobre los asuntos administrativos, académicos y presupuestales de la institución”.

Este fue el mismo argumento que llevó al Juzgado 37 administrativo a admitir una acción de tutela interpuesta por el Rector electo, dejando en firme su nombramiento y “sin efectos jurídicos la Resolución 7480 del 15 de mayo de 2024, que ordenaba designar un Rector” encargado, expedida por el Ministro de Educación ad hoc Juan David Correa, designado para el efecto al declararse impedida la titular, Y fue más lejos al advertir que dicha determinación “vulneró el derecho al debido proceso y la autonomía universitaria” y ordenó al Gobierno “que se abstuviera de violar la autonomía universitaria” y evitar así su intromisión e interferencia en los asuntos internos de la Universidad imponiendo su omnímoda voluntad.

En medio de semejante trifulca, la actitud y las desatinadas decisiones tomadas por parte del Gobierno han terminado atizando la conflictividad interna y ahora el embrollo es mayor, después que se convocara nuevamente al Consejo Superior procediendo a dejar sin efecto la elección del profesor Peña y a designar en su lugar al Profesor Múnera, contencioso este que queda en manos del Consejo de Estado, que será quien tenga la última palabra. El riesgo mayor es que el Gobierno Nacional se salga con la suya, porque de prosperar su intento de intervenir y controlar la Universidad Nacional, llevándose de calle su autonomía, iría por más y sólo faltaría tiempo para que hiciera lo propio con las demás universidades, tanto públicas como privadas.

Cota, junio 8 de 2024

Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía

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