Reportajes
Por Luis Fernando García Forero.- Un revolcón en materia de residuos sólidos, protegiendo el medio ambiente, la salud y el fomento de acciones para enfrentar el cambio climático, avanza en el Congreso, al ser aprobado en la Comisión Quinta del Senado, el proyecto que establece un marco de gestión integral para reutilizar bienes y productos que permitan impulsar la economía circular en Colombia.
Las medidas planteadas en el proyecto, de origen parlamentario y liderado por congresistas de senado y cámara, permite impulsar, a través de una gestión integral de residuos sólidos y participación activa de recicladores, la transición a la economía circular, bajo una premisa fundamental: evitar en años venideros, una emergencia sanitaria en las grandes urbes del país y una emisión alta de efecto invernadero.
Actualmente en Colombia el 83 % de los residuos domiciliarios van a rellenos sanitarios y solo un 17 % se recupera a un ciclo productivo, cifras que fundamentan la necesidad de establecer una nueva normatividad en materia de residuos sólidos.
El presidente de la Comisión Quinta del Senado, Jaime Durán Barrera, del Partido Liberal, enfatizó que actualizar la legislación de residuos sólidos es una necesidad sentida y que no da espera en Colombia.
“Se trata de políticas que permitan proteger la salud y el ambiente. Prevenir la generación de residuos fomentando la reutilización con la participación de recicladores, bajo estrategias territoriales y cultura ciudadana, entre otros aspectos, que serán directamente proporcional al avance de la economía circular en Colombia”, afirmó el senador Durán Barrera.
El proyecto establece un Consejo Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que será articulado con otros instrumentos de planeación para dar paso de la economía lineal a la economía circular. También sensibiliza a la población para prevenir la generación de residuos y las medidas asociadas a la perdida y desperdicio de bienes duraderos.
Justificación
Destaca la exposición de motivos del proyecto de ley que Colombia, a pesar de los avances en la gestión de residuos, enfrenta problemas estructurales asociados a su crecimiento constante y su deficiente aprovechamiento.
El senador y coordinador ponente del proyecto, Didier Lobo, de Cambio Radical, afirmó que es muy grave el tema por la incapacidad que tiene el país para gestión de residuos. Dijo que en el 2030 se generarían 18 millones de toneladas de basura y agregó que los rellenos sanitarios enfrentan una problemática creciente en la capacidad para recibir residuos.
Por ello los congresistas, autores de la iniciativa, consideran la necesidad de impulsar cambios estructurales en la gestión de las diferentes corrientes de residuos para que impacten a todos los municipios, impulsando la producción, consumo responsable y el cambio de la economía lineal, a la economía circular.
Señalan los legisladores que en la última década el volumen de residuos gestionados en el marco del servicio público de aseo, creció más del 30% con más 13.5 millones de toneladas anuales en 2020.
De acuerdo a las proyecciones, en el 2050 la población urbana crecerá en 14.5 millones lo que puede representar un incremento de más del 30% de residuos; aspecto que se vuelve más complejo si se consideran residuos los de demolición y construcción, que oscila en más de 20 millones de toneladas al año.
Colombia Consume Responsable
Contempla el proyecto crear la política pública "Colombia Consume Responsable" para prevenir la pérdida y el desperdicio de bienes duraderos, con medidas que contribuyan al desarrollo sostenible, desde la inclusión social, sostenibilidad ambiental y desarrollo económico, que logre una vida digna a todos los habitantes en Colombia.
La propuesta parlamentaria plantea la prevención y la reducción de pérdidas y desperdicios de bienes duraderos para sensibilizar, formar, movilizar y responsabilizar a productores, procesadores, distribuidores de bienes duraderos, consumidores y asociaciones a nivel local, departamental y nacional, con el objeto de realizar un manejo adecuado de dichos residuos, priorizando como destino final, el uso y el bienestar humano.
Se entenderá como bienes duraderos los productos destinados al vestido, a la construcción, al deporte, a la música y la cultura, electrodomésticos, tecnologías, y mobiliarios del hogar.
Entidad rectora
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio sería la entidad rectora de la política nacional de la gestión integral de residuos sólidos no peligrosos, de acuerdo al texto de la iniciativa legislativa.
“Las políticas, planes, programas, desarrollos normativos y regulatorios que expida el Ministerio, deberán incluir análisis y medidas para asegurar la articulación y eficiencia desde la perspectiva del servicio público de aseo y las demás corrientes de residuos, a partir de los diferentes sistemas de recolección y transporte, buscando reducir el impacto económico en la población..., incluyendo el impulso a la comercialización de materiales y subproductos resultados del aprovechamiento y tratamiento”, establece el texto dentro de los 65 artículos que contiene el proyecto de ley.
El gobierno nacional deberá expedir, mediante un proceso participativo, la Política Nacional de Producción Consumo Responsables y la Política de Economía Circular, dentro de los doce meses de expedida la ley, incentivando su implementación con el apoyo del Consejo Nacional de la Gestión Integral de Residuos Sólidos.
Sello circular verde
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible promoverá estrategias para que las personas naturales independientes, asociaciones o colectivos organizados y organizaciones de recicladores de oficio, legalmente constituidos, puedan ser acreedoras del Sello Circular Verde Colombiano, que será expedido por Mesas Regionales de Economía Circular, las Corporaciones Autónomas Regionales, entre otros actores ambientales, que autorice dicho Ministerio y que tendrá la misión cada año de entregar un reconocimiento público a las mejores que logren el mayor volumen de aprovechamiento y valorización de residuos sólidos urbanos y también contribuyan a la apertura de nuevos negocios verdes, a partir de dichos mercados.
“La iniciativa no genera impacto fiscal” destaca el proyecto, no obstante, se insta al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que durante el trámite de la propuesta legislativa, exprese la proyección del impacto que causaría sobre el Presupuesto General de la Nación, de conformidad a lo establecido por la Corte Constitucional.
El proyecto continúa su trámite a la plenaria del Senado y de ahí, si es aprobado, pasa a sus dos últimos debates en la Cámara de Representantes.
Bogotá, D. C, 15 de mayo de 2024
Por Luis Fernando García Forero.- Cientos de miles de personas se manifestaron este domingo, 21 de abril de 2024, en las principales ciudades de Colombia, como protesta contra el plan de reformas sociales del presidente Petro, y que la derecha, concentrada en el Centro Democrático, entre otros partidos, ponen en jaque, el futuro del gobierno del ‘Cambio’, lo que llevaría a una posible frustración de la actual administración y derrota electoral del Pacto Histórico.
El eco de los coros de los marchantes se reflejaba en los temas que tienen que ver con la reforma al sistema de salud y que fue archivado por el Congreso, pero que el gobierno insiste en llevarla a cabo por decreto o una constituyente, entre otros mecanismos. También los proyectos en materia laboral, pensional, de educación, entre otras iniciativas, que siguen su trámite en las cámaras y que son puntos de rechazo de algunos sectores de la nación.
Las críticas e inconformismo de los manifestantes, se desprenden también por la inseguridad, el aumento de la violencia en muchas regiones del país, argumentos que ponen en vilo varias mesas de negociación para fin del conflicto entre el Gobierno y organizaciones criminales, dentro de la propuesta denominada “La Paz Total”.
Respecto a establecer un nuevo sistema de salud, el presidente Petro insiste en reducir la participación del sector privado en la prestación de servicios de salud, precisamente por la crisis que viven las empresas promotoras de salud, razón por la cual la superintendencia de los servicios públicos ha intervenido varias de ellas. Esta iniciativa quedó por fuera de su trámite a través del congreso, al archivarla en tercer debate. Sin embargo, el gobierno ha expresado que las llevará a cabo posiblemente con decretos o convocando a otros mecanismos de participación ciudadana, como una constituyente, para viabilizar la iniciativa dentro del entorno constitucional como un derecho fundamental de los colombianos.
Según un reciente informe de la Contraloría se establece que 18 de las 26 EPS que operan en el país, han desviado dinero que no ha sido destinado a la atención de salud de la población, elemento que le da al gobierno argumentos para justificar la crisis de los prestadores de los servicios de salud. Destaca dicho organismo de control que entre los años 2020 y 2021, $9 billones, se desviaron a otras arcas del Estado.
Las otras reformas sociales avanzan en el congreso, pero su futuro es incierto y se marcará aún más, con las consecuencias en las manifestaciones de este domingo. Sin embargo, las fuerzas del apoyo en el congreso, aunque son débiles por lo que sucedió con la reforma a la salud, puede ser una votación diferente, teniendo en cuenta la fuerza del presidencialismo en Colombia.
Un futuro incierto muestra la política colombiana, en torno al Gobierno del Cambio, ofrecido por el presidente Petro en su campaña que lo llevó a la jefatura de Estado. La otra arista de la democracia participativa que tiene el actual gobierno es mostrar este primero de mayo, Día Internacional del Trabajo, que sus seguidores asistan masivamente a las calles de las grandes urbes y los municipios del país. Si será igual o mayor, a la magnitud demostrada por la oposición que es directamente proporcional a las últimas encuestas que reflejan la caída de imagen del jefe de Estado.
De acuerdo a muchas comentarios de los líderes políticos del país, expresados en las últimas horas, en las redes sociales, si el presidente Petro y sus inmediatos colaboradores, no abren la puerta de un diálogo sincero y efectivo, entre todos los sectores de la sociedad, para lograr un verdadero consenso, en torno a los soluciones de los problemas sociales y económicos del país, el “Cambio”, prometido en su administración, se puede convertir en un efecto bumerang, que llevará al fracaso del Pacto Histórico y del primer presidente de izquierda en la historia de Colombia.
Bogotá, D. E, 22 de abril 2024
“Es necesario acabar con dos lacras: la insensibilidad social y la corrupción…”
“Víctimas y victimarios estamos atrapados en un pasado y en un presente de hechos inhumanos”.
Por Luis Fernando García Forero. - Los jerarcas de la iglesia católica colombiana, en el sermón de las siete palabras, este viernes santo, enviaron un mensaje de reflexión donde instaron a la nación a perdonar, como una cultura para romper la violencia y la guerra, tras destacar que “perdonar no es de ingenuos ni de débiles sino de sabios, con la sabiduría de la Cruz, y de los fuertes, con la fortaleza de Jesús crucificado”.
Al recordar la primera palabra de Jesús crucificado: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”, el cardenal y arzobispo emérito de Bogotá, Luis José Rueda Aparicio, fue contundente en afirmar: “¡Arriesguémonos a perdonar! La verdadera paz y la verdadera reconciliación de Colombia se fundamentan allí́, en la conciencia de hombres y mujeres que están libres de la reacción tóxica del rencor y de la venganza, que migran de la lógica del desquite y se dejan conducir por el Espíritu Santo”.
El cardenal Rueda Aparicio, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, exaltó a quienes han dado ejemplo de perdón: ¡Son personas valientes que llenan de esperanza la vida de las familias y de la sociedad! ¡Son personas valientes que saben que el perdón solo es posible cuando nos hemos sentido perdonados por Dios! ¡Son personas valientes, serenas, llenas de sabiduría que llevan a las familias y a la sociedad colombiana a la madurez humana en Jesucristo el hombre nuevo!
En sus palabras con un tono de oración y meditación, la máxima autoridad de la iglesia católica colombiana le pidió a Dios: “Señor Jesús: Mira a Colombia y libéranos del odio, libéranos del resentimiento, libéranos de la venganza, danos un nuevo corazón, un corazón semejante al tuyo y enséñanos a perdonar, para que la humanidad pueda vivir en paz. Amén”.
Insensibilidad social y corrupción
Otro de los aspectos que llevó a la reflexión, en el tema social, lo hizo el obispo de Medellín, monseñor Ricardo Tobón Restrepo, quien fue certero en señalar: “Es necesario acabar con dos lacras: la insensibilidad social y la corrupción que impiden que todos trabajemos con honestidad y responsabilidad por el bien común” y agregó que el compromiso con las realidades terrenas no puede ensombrecer la esperanza de la vida eterna en Dios.
Desde la Basilica de Medellín, monseñor Restrepo dijo que la experiencia de encontrar la vida verdadera en Cristo debe llevar a compromisos serios en la construcción de “una tierra nueva donde habite la justicia, haya oportunidades de salud, educación, empleo, convivencia en la libertad y de vida con dignidad para todos”.
Destaco que la esperanza del cielo no puede desentender la responsabilidad de instaurar la justicia social en el mundo y lograr que haya equidad para todos, que cada persona humana sea valorada y respetada en sus derechos fundamentales.
Demasiado sufrimiento
Desde Popayán, el arzobispo y vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, monseñor Omar Alberto Sánchez Cubillos, señaló que en Colombia se ha acumulado demasiado el sufrimiento y el sentido del dolor humano. “Víctimas y victimarios estamos atrapados en un pasado y en un presente de hechos inhumanos”, aseveró y dijo: “Tenemos que enfrentar esa verdad, asumir esa realidad y escandalizarnos por nuestra capacidad de mal. El camino nunca será́ normalizar el horror, maquillar lo impresentable, ignorar toda forma de sufrimiento y dolor y borrar sin vergüenza este drama en el pasado. Estemos ciertos que los males de Colombia que hemos vivido, de muerte, de hambre, de injusticia, tienen un lugar en el corazón de Dios y de María”.
Entre tanto monseñor Gabriel Ángel Villa Vahos, arzobispo de Tunja, precisó que “Mientras primen los intereses particulares, los egoísmos y campeen el desprecio por el valor de la persona, ni aún las leyes humanas más perfectas, los códigos mejor formulados, o las sanciones más onerosas, podrán crear una sociedad justa y pacífica.
Monseñor Luis Fernando Rodríguez Velásquez, arzobispo de Cali, pidió buscar a Dios. “Que el deseo de encontrarlo nos impulse a buscarlo de la mejor manera. Para ello está su Evangelio y los sacramentos, en especial la Eucaristía”.
Bogotá, D. E, 29 de marzo 2024
Por Luis Fernando García Forero. El 97 por ciento de los casos de corrupción en Colombia, en los últimos años, sigue en impunidad, afirma en forma contundente el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga quien destaca el avance de un proyecto de ley para proteger a los periodistas que denuncian el constante delito al desfalco del erario público.
Idárraga Franco señaló que contra la corrupción es preciso luchar contra el miedo. Dijo que es tiempo de actuar y seguir denunciando a los corruptos promoviendo la veeduría ciudadana, vigilando el buen uso de los recursos públicos y enfrentando a quienes delinquen y no continúe la impunidad.
El Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga, precisamente sobre el tema, se reunió con un equipo del más alto nivel jurídico de España y magistrados de las cortes colombianas y españolas, con el objeto de hacer un llamado para conformar redes internacionales de protección a los denunciantes de todas las formas de corrupción: saqueo a las finanzas del Estado, alianzas con grupos al margen de la ley, acoso laboral y acoso sexual.
Los expertos alertaron que el fenómeno de la corrupción se ha extendido a nivel internacional y llamaron a emprender una acción conjunta a nivel global.
Explicó Idárraga Franco que buena parte de la problemática radica en la falta de confianza de los ciudadanos en el poder judicial, al tiempo que expresó que es vital proteger al denunciante y garantizar su seguridad jurídica.
Al alto funcionario destacó que el Gobierno del Cambio logró consensos con la mayoría de partidos políticos en el Congreso de la República alrededor del proyecto de ley Jorge Pizano, denominado así en homenaje al controller de Corficolombiana en uno de los casos más sonados de corrupción, el de la Ruta del Sol II de Odebrecht.
“En el artículo 28 se define como sujeto especial de protección a los periodistas en Colombia, porque son los que han venido coadyuvando en denuncias muy importantes en Colombia sobre actos de corrupción y nos parece definitivo un capítulo especial para la prensa”, precisó Idárraga Franco.
Resaltó la importancia del proyecto de ley respecto al enfoque de género. “No es lo mismo que un hombre a que una mujer denuncie. Hay claras asimetrías en las voces de quien denuncia de un subalterno a una subalterna, en el mundo del trabajo es peor, en especial cuando estamos hablando de relaciones personales”, dijo.
Alerta Ética
Idárraga fue convocado por Alerta Ética en el Primer Seminario de Protección al Denunciante que se celebró en Colombia en Bogotá y en Medellín donde se encontró con Jorge Rosado, profesor colaborador del área derecho penal de la Universidad de Extremadura grupo Kaizen control; Julián Sánchez Melgar magistrado del Tribunal Supremo ex fiscal general de España; Rafael Catalá, ex -ministro de justicia de España; Teresa Del Caso, magistrada el gabinete del Tribunal Supremo, asistieron desde España.
De acuerdo con el consolidado del estado de denuncias asociadas a corrupción de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, “hay en total 57.582, entre los años 2010 y 2023, de las cuales el 93.99 por cierto no tienen condena; el 89.7 por cierto sin captura, y el 77.15 por ciento están en indagación”.
Al especto, el experto colombiano, partner de Alerta Ética, Omar Suárez, manifestó que los datos aportados por Transparencia por Colombia y la Secretaría de Transparencia preocupan no sólo en el ámbito público sino en el privado, pues “enfrentamos un reto frente a los actos de corrupción, los cuales deben ser denunciados con contundencia ante autoridades competentes, pero se requiere de un Estado garantista frente a la protección del denunciante”.
La española Alerta Ética, filial de la firma española Canal denuncias SL, especializada en la implantación de líneas éticas desde 2016, expertos en anticorrupción, ingresa a Colombia a apoyar a las empresas y organizaciones en el manejo de canales de denuncias, con la plataforma M2 Compliance, que gestiona denuncias de forma eficaz y con garantías para el empleado y la compañía en su calidad de miembro del World Compliance Association.
En el evento debatieron con el Secretario de Transparencia de la presidencia de la República de Colombia; Paula Andrea Ramírez Barbosa, conjuez de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia y de la Universidad Católica de Colombia, Jorge Edilson Portocarrero Banguera, magistrado de la sección segunda del Consejo de Estado y el magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral, Alfonso Yepez.
En el índice de percepción de la corrupción entre 180 países, Transparencia Internacional ubicó a Colombia en el puesto 87 con una calificación de 40 puntos sobre 100.
Suárez destacó que “la utilización de fiduciarias para la administración de recursos o la bolsa mercantil para las compras públicas generan transparencia en la celebración y manejo de recursos públicos”.
El consejero de Estado, Jorge Edilson Portocarrero Banguera resaltó la importancia de los derechos de petición, las tutelas y la recopilación de pruebas para lograr denuncias más robustas en Colombia como mecanismos de protección al denunciante.
Prevención
Otra línea de trabajo contra la corrupción señalada es fomentar el hábito de la denuncia, conformar canales de denuncia y eliminar la cultura patriarcal dominante en la sociedad.
En ese último aspecto relacionado con el hostigamiento laboral y abuso de poder el magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia Alfonso Yepez advirtió sobre el daño mental para sus víctimas. ”Este es un problema más grave de lo imaginable porque gran parte de los agresores son los jefes y la gente no denuncia por temor a perder su trabajo”, dijo el jurista.
Concluyó que es clave que las organizaciones desarrollen formatos para detectar problemas de salud mental en los futuros jefes y líderes en cargos de responsabilidad para prevenir los abusos a sus subalternos, fomentar comités internos e intervención del Ministerio de Trabajo.
Bogotá, D. C, 14 de marzo de 2024
Por Luis Fernando García Forero.- El tema más polémico en materia del ecosistema y vida marina, en los últimos días, se abrió paso esta semana en la Comisión Quinta de Senado, con un debate donde se controvirtieron las medidas, a través de decreto y resolución, para la protección y conservación de los tiburones y rayas marinas, escenario que permitió al Gobierno dar claridad respecto a la pesca de esas especies, y donde se sintió, presencialmente, el reclamo de pescadores, que claman se les tenga en cuenta y no le afecten su supervivencia, ‘que es su vida misma’.
En el debate en dicha célula legislativa, la senadora Andrea Padilla, Alianza Verde, hizo un contundente llamado al Gobierno para que en un “plan de choque se revise decreto y resolución, que proteja el ecosistema, incluyendo las especies marinas: tiburones, rayas y quimeras, con medidas de Estado”.
La senadora Andrea Padilla, protagonista del debate, fue contundente en señalar que “los tiburones en el país están en riesgo por factores como la pérdida de hábitat, la erosión costera, la minería ilegal, tráfico ilegal y, sobre todo, la sobreexplotación. Agregó la congresista que “En un informe de 2023 del Ministerio de Defensa, se reveló que las autoridades incautaron, entre 2012 y 2022, más de 334 toneladas de tiburones, rayas y otras especies marinas; la mayoría en la costa pacífica colombiana.”
Al debate de control político asistieron la ministras de agricultura, Jheniffer Mojica y de ambiente, Susana Muhamad; entre otros funcionarios, y presidido por el senador liberal, Jaime Durán Barrera, quien brindó todas las garantías para los participantes, incluyendo a las comunidades pesqueras que se trasladaron desde la costa pacífica al recinto de dicha célula legislativa.
La senadora Andrea Padilla enfatizó que la nueva resolución que se expidió, por parte del Gobierno, se llevó a cabo a pesar del decreto 281 de 2022, que excluyó de la categoría de recurso pesquero a 50 especies de peces cartilaginosos.
Agregó: “Estamos ante una situación normativa irregular porque se expide una resolución que van en contravía de un decreto, con superior jerarquía”. Insistió que en la resolución se utilizó información desactualizada de la vulnerabilidad de especies de tiburón, así como de los volúmenes de pesca y añadió que el “uso de las fuentes científicas estuvieron amañadas”.
La ministra de ambiente, Susana Muhamad, fue categórica en señalar: “Esto no es un debate entre prácticas tradicionales y cuidado ambiental, eso no es constructivo. La pregunta es cómo trabajamos de la mano con los que trabajan en el territorio, con el sistema ambiental, con un objetivo común: proteger la vida y la biodiversidad”.
La ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, precisó que “la pesca deportiva, industrial, dirigida y comercial de estas especies está prohibida, y esto no tiene ninguna discusión. Estas decisiones se tomaron con elementos técnicos y concertados con el objetivo de garantizar medidas para las prácticas de las comunidades pesqueras para que sean sostenibles, así como la formalización de estas actividades”.
Agregó la ministra Mojica que la “respuesta no es militarizar y poner un policía a las 60 mil personas que viven de la pesca en la costa Pacífica. Lo que creemos, y es un cambio de paradigma, es que hay trabajar con ellos".
Destacó que ahora, cuando se conocieron los informes sobre las estructuras criminales relacionadas con el aleteo y comercio ilegal de estas especies, “yo misma fui a la Fiscalía a preguntar que investigaciones tenían al respecto, y aún no tengo respuesta sobre eso”, expresó Mojica.
Finalmente la senadora Andrea Padilla señaló que “El Estado es para todas las formas de vida, para todos los actores sociales, para la vida en general…y por supuesto a las comunidades humanas que están pidiendo a gritos soluciones de Estado”.
Las dos entidades advierten que, con las importaciones ficticias realizadas a través de empresas del citado empresario, se habría afectado al erario público.
Su extinción de dominio está catalogada como la más grande de la historia: más de $700 mil millones en bienes.
En un texto radicado por la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, se solicita que se revoque la decisión de un juez de extinción de dominio sobre los bienes del empresario Aroch Mugrabi.
Para la Dian, el juez no valoró las pruebas que existen en la Fiscalía sobre el ilícito al dar la apariencia de legalidad de los dineros ingresados y extraídos del país. Según la entidad, esto dejaría en evidencia que: “Al aparentar un origen en movimientos de comercio exterior los mismos eran lavados y sobre estos dineros, cuyo origen es altamente desconocido, y sobre los cuales ni siquiera es posible rastrear su origen”, dice el documentode la Dian sobre Alberto Aroch Mugrabi el cual puede leer completo AQUÍ.
Advierte la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), que con las exportaciones que buscaron darle apariencia de legalidad en el sistema financiero se afectaron los recursos del recaudo de impuestos.
“Por último la relación y en relación con los testigos indiciados sólo basta valoración objetiva de las pruebas, los montos, la trazabilidad en las operaciones en el mercado cambiario para por lo menos obtener la certeza de la existencia de una fuente de financiamiento desconocida, soportada únicamente en documentos de papel, como lo señalan los testigos en los cuales se fundamenta el fallo”, recalca la Dian.
Por su parte, la Procuraduría, se sumó a la petición de la Fiscalía y la Dian de declarar la extinción de dominio de los bienes de Aroch Mugrabi.
“Mediante sus empleados el señor Aroch Mugrabi manejaba las operaciones irregulares, es decir que tenía el control de las operaciones utilizando a sus empleados como intermediarios para realizar las operaciones”, dice el texto del Ministerio Público.
Para el Ministerio Público, se habla de la existencia de un patrimonio surgido mediante prácticas opacas.
“Existen pruebas que permiten concluir que existió un patrimonio surgido de la nada y con escaso reconocimiento social y construido mediante practicas opacas, de operatividad, empleabilidad bancarización y formalización”, sostiene el organismo de control.
Este miércoles 6 de marzo de 2024, Alberto Aroch deberá presentarse de nuevo ante la justicia, en medio de las audiencias preparatorias de juicio por enriquecimiento ilícito de particulares dolosa y en calidad de autor.
Bogotá, D. E, 6 de marzo de 2024
La reforma al código electoral que aprobó el Congreso de Colombia y que está en revisión en la Corte Constitucional, se quedó corta en paridad de género y es una tarea pendiente en la legislación colombiana.
La experta en derecho electoral, Alejandra Salazar, en diálogo con Ecos, fue enfática en señalar que al legislador le faltó igualar el porcentaje en un 50 % en el genero femenino, para competir con los hombres en los procesos electorales, principalmente en las corporaciones públicas, “porque no estamos construyendo en nuestra legislación un enfoque de participación política en escenarios de igualdad, porque están incluso, alejados de la equidad”.
Destacó Alejandra Salazar, quien asesora a la organización electoral, que “ha sido un gran reto que desde los partidos políticos se creen programas de fortalecimiento, de empoderamiento para que sus militantes entiendan la importancia de que más mujeres participen en la política”.
Dijo que debe seguir siendo un reto que desde los partidos políticos se creen programas de fortalecimiento y empoderamiento para que sus militantes entiendan la importancia de que más mujeres participen en la política para bien del desarrollo de nuestra democracia”.
Aseguró Alejandra Salazar que si bien es cierto que la reforma al código electoral que recientemente aprobó el Congreso y que no se hacía desde 1986, es un gran avance en modernizar los procesos electorales y adaptarla al desarrollo tecnológico, la iniciativa, se quedó corta en establecer mayor participación del género femenino, en las elecciones.
Fue contundente en señalar que apostarle a la paridad de género en los procesos electorales conlleva a mayor promoción a la igualdad, a la diversidad y al pluralismo político.
“La voz de las mujeres en la participación y representación política, es fundamental en la agenda del Estado, porque se ha subestimado el poder y la capacidad que tiene el género para contribuir al desarrollo institucional de Colombia”, aseguró Alejandra Salazar.
Bogotá, D. C, 14 de diciembre de 2025
Redacción Ecos Reportaje
La propuesta de reforma al Código Electoral en Colombia ha alcanzado puntos clave en su proceso legislativo. El proyecto, de naturaleza estatutaria, se encuentra en camino hacia una revisión constitucional que lo convertirá en ley.
El objetivo central de esta iniciativa es regular el derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegidos, así como las atribuciones de las autoridades públicas con funciones electorales. Se busca asegurar que el proceso electoral refleje fidelidad, autenticidad, imparcialidad, transparencia y efectividad en las elecciones y demás manifestaciones de participación política electoral.
Según Juan Daniel Peñuela, coordinador ponente del Partido Conservador, la reforma pretende "actualizar nuestra normatividad y unificarla a los nuevos actores políticos y democráticos de la Constitución del 91 y el Acuerdo de Paz".
Uno de los cambios más destacados es la implementación del voto electrónico mixto, que permitirá a los ciudadanos seleccionar electrónicamente a los candidatos o listas. Este sistema generará una constancia física del voto para ser depositada en una urna, producirá actas de escrutinio de mesa y registros de votantes, transmitirá resultados electorales y facilitará la auditoría ciudadana. Este mecanismo entrará en vigor a partir del 2029.
Además, se espera fortalecer funcionalmente al Consejo Nacional Electoral (CNE) para brindar más garantías al sistema democrático. El CNE adquirirá personería jurídica y más autonomía, con una estructura mínima que operará en las capitales de los departamentos para garantizar su presencia en las regiones. Los consejos seccionales electorales serán designados por el CNE y deberán acreditar las mismas calidades que un magistrado de tribunal superior.
En cuanto a la Registraduría, se aguardan detalles sobre el modelo que implementará para adaptarse a estos cambios, completando así un conjunto de reformas que buscan modernizar y fortalecer el sistema democrático colombiano.
Bogotá, Octubre 20 de 2023
Se trata de los cuatro ejes que defiende el presidente Petro para avanzar en la protección de la vida con justicia social. Para educación es de $70 billones, el más alto en la historia del país.
Por primera vez, cuatro sectores que hasta ahora habían sido los más afectados en la distribución de recursos del Estado, son los más beneficiados con la aprobación del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2024.
Se trata de la educación, la política de tierras, las regiones y la inversión social, que recibieron los mayores incrementos en el PGN del año entrante aprobado por el Congreso de la República, aforado en $502,6 billones, 18,9% más que en 2023, y que representa 29,6% del Producto Interno Bruto (PIB).
Del monto total, $308,2 billones se destinarán a funcionamiento (18,0% del PIB); $94,5 billones para servicio de la deuda (5,6% del PIB); y la inversión pública que llegó a un máximo histórico con $99,9 billones ($5,9% del PIB).
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, defendió el marco fiscal del PGN con las siguientes bases macroeconómicas para el mediano plazo: crecimiento de la economía colombiana de 1,5% en 2024; inflación anual 5,7%; tasa de cambio (TRM) en promedio anual de $4.603; precio del petróleo US$74,5 por barril; producción petrolera de 787 mil barriles promedio diarios; y un déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos que baje de 4,0% del PIB en 2023 a 3,5% del PIB en 2024.
Según el jefe de las finanzas públicas, lo aprobado permitirá dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo 2022- 2026 ‘Colombia Potencia Mundial de la Vida’ para hacer la transición al modelo de transformación económica, social y ambiental del Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Algunos de los datos más relevantes del PGN aprobado para el año entrante son los siguientes:
* Los mayores aumentos
Los sectores con mayor aumento de recursos en 2024 frente a 2023, en términos porcentuales, son: cultura (81,8%); agricultura (69,6%); inclusión social (59,9%); tecnologías de la información y las comunicaciones (58,8%); información estadística (57,8%); minas y energía (39%); igualdad y equidad (32%); deporte (43,8%); servicio de la deuda (27,8%); interior (25,7%); educación (23,6%), y vivienda, ciudad y territorio (22,9%), principalmente.
Fuente: DNP 2023
Distribución del PGN por sectores
La educación es la cartera que más incremento tiene en el presupuesto para 2024 (23,6%), al pasar de $56,9 billones en 2023 a $70.5 billones (23,6%), el más alto en la historia del PGN. Representa 17,3% del total.
Le sigue el sector salud y protección social que pasa de $52,4 billones a $61,3 billones (aumento de 17,4%), y representan el 15,1% del presupuesto del año entrante.
El sector defensa y policía subió de $49,9 billones en 2023 a $56 billones (14,1% más), y representa 13,7% del PGN de 2024.
Sigue el sector trabajo que aumentó de $38,9 billones este año a $44,3 billones el año entrante, representando 10,9% del PGN de 2024.
Fuente: DNP 2023
Sistema General de Participaciones
Por otra parte, el Ministerio de Hacienda destacó el incremento del presupuesto para el Sistema General de Participaciones territoriales, pues mientras en 2023 era $54,9 billones, para 2024 aumentó a $70,5 billones. Esto significa $15,6 billones adicionales (28,4%), recursos que le permitirán al Ejecutivo atender necesidades en temas como educación y salud, ejes fundamentales en la política social del Gobierno.
El monto aforado del presupuesto para 2024 permitirá la ejecución de $224,5 billones, pues además de los $99,9 billones incluidos en el PGN están programados recursos del Sistema General de Participación (SGP) por $70,5 billones; del Sistema General de Regalías (SGR) por $14,1 billones, e ingresos territoriales por $40,1 billones.
Territorios más beneficiados
Fuente: DNP 2023
Las regiones más apartadas del país, por otra parte, son también las más favorecidas en el PGN de 2024 con lo aprobado por el Congreso de la República ($99,9 billones) para inversión pública.
Si bien todas las regiones del país tendrán un aumento en la inversión pública para el año entrante, la Amazonía tiene el mayor crecimiento (61,7%), seguida de la Orinoquía (47,7%); el Caribe (35,6%); Pacífico (31.2%); Andina (20,4%) y Bogotá (6,7%).
De esta manera, la Amazonía dispondrá para inversión en 2024 de $4,1 billones; la Orinoquía $4 billones; Caribe $20,6 billones; Pacífico $13,2 billones; Andina $27,3 billones y Bogotá $6,6 billones.
Mientras tanto, la inversión per cápita más alta de la historia la tendrá el archipiélago de San Andrés y Providencia con un rubro por persona de $7,8 millones, de acuerdo con los estudios de Planeación Nacional.
En ese orden le siguen Guainía con $5,6 millones de inversión per cápita; Guaviare y Vaupés con $5,1 millones cada uno, y Amazonas con $4,5 millones de inversión per cápita.
Para el director del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván González, la consolidación de estos recursos “responde a las grandes transformaciones expresadas en los Diálogos Regionales Vinculantes que fueron la base del Plan Nacional de Desarrollo, para conducir al país a la protección de la vida y a la economía justa”.
Bogotá, D. C, 21 de octubre de 2023
Redacción Ecos Reportaje
Fuente: Presidencia de la República.
La guerra sorpresiva ha dejado ya más de 1.500 personas muertas entre Israel y las milicias de Hamás, con unos 6.400 heridos en total.
El problema bélico que se vive obedece a una región que ha sido escenario de un conflicto histórico de más de 100 años entre judíos y musulmanes por la herencia religiosa de sus tierras.
A inicios del siglo XX se propuso establecer un Estado seguro para el pueblo judío a raíz del antisemitismo que se vivía en Europa, por lo que sería la antigua tierra de Jerusalén, en la región de Palestina, el lugar para fundarlo; sin embargo, no se tomó en cuenta la importancia de este territorio para las comunidades musulmanes y católicas que ya residían ahí.
La gran migración judía generó conflictos entre las comunidades, desencadenando enfrentamientos que continúan al día de hoy, donde ambas partes reclaman la soberanía de sus tierras.
¿Por qué Hamás atacó Israel?
Expertos del tema señalan que el detonante de los ataques actuales fue el acuerdo de paz entre Arabia Saudita e Israel, impulsado por Estados Unidos, con el cual se busca proteger a Medio Oriente a través de un acuerdo militar de protección ante ataques de naciones como Irán.
Esta negociación, la cual no se ha concretado, habría sido el punto de quiebre para palestinos e iraníes para lanzar más de cinco mil misiles en estos días hacia Israel.
A raíz de los acontecimientos, países de todo el mundo han condenado los ataques, pidiendo el cese a las hostilidades para salvaguardar a miles de civiles inocentes que han quedado atrapados en la línea de fuego.
El analista mexicano internacional, Mauricio Meschoulam, destaca las claves importantes para entender el conflicto.
Se trata de un conflicto añejo que no se ha resuelto y es considerado por muchos como intratable. Contiene infinidad de temas sin solución como la ocupación indefinida de territorios por parte de Israel, la inexistente construcción de condiciones de paz y seguridad para ambos pueblos que permitan la transición de la Autoridad Nacional Palestina hacia un Estado que pueda coexistir con Israel en circunstancias de bienestar para los habitantes de la región, y a la vez, la devolución del control de la franja de Gaza a esa Autoridad Nacional Palestina, así como el desarme de organizaciones como Hamas o la Jihad Islámica, entre muchos otros factores. Esta serie de elementos irresueltos ocasionan que continuamente el conflicto exprese su violencia de muy distintas formas.
La situación actual no tiene precedentes en cuanto a los conflictos entre Hamas/Jihad Islámica e Israel. Lo que normalmente sucede es una lógica de acción reacción de eventos encadenados, los que resultan en una escalada que más o menos vemos desarrollarse en el tiempo.
No es que no hayan ocurrido hechos como esos en los últimos días o semanas (por ejemplo, la llegada de judíos ortodoxos a la zona en donde se encuentra la Mezquita de Al Aqsa o ataques terroristas contra ciudadanos israelíes o las redadas israelíes en contra de militantes palestinos).
Lamentablemente, siempre los hay. Lo que pasa es que estamos ante acción por parte de las organizaciones palestinas, que fue claramente planeada con meses si no es que más tiempo, la cual se monta en coyuntura actual y saca partido de ésta, buscando shock sorpresivo en la sociedad y las fuerzas de seguridad israelíes. Esto no puede ser entendible, por tanto, sin insertar un contexto más inmediato.
El contexto inmediato: vulnerabilidades en Israel
Desde factores demográficos hasta temas que tienen que ver con la frustración acumulada y resentimientos ocasionados por un conflicto irresuelto e intratable, un cada vez mayor número de israelíes ha estado votando por los partidos religiosos y nacionalistas de extrema derecha.
Netanyahu, quien, entre otras cosas, enfrenta varios procesos por corrupción, optó por formar coalición con esos partidos antes que renunciar a reocupar la primera magistratura que había perdido hace unos años, y también ha optado por seguir cediendo ante las demandas de esos partidos, ante el riesgo de volver a perder el mandato.
Entre muchas otras iniciativas y decisiones, la coalición gobernante está impulsando una reforma judicial que ha suscitado un enorme descontento en Israel. La aprobación del primer ministro ha llegado a caer a 20%.
Esto se ha trasladado hacia la arena de confrontación entre Israel y Palestina de distintas formas. Hay que considerar que el estatus de irresolución permanente que mantiene el conflicto también ha producido frustración y radicalización entre sectores de la población palestina, algunos de quienes optan por métodos violentos. Desde mucho antes de que este gobierno asumiera el poder, se registró un crecimiento de atentados terroristas contra civiles israelíes por parte de individuos y organizaciones palestinas, lo que normalmente termina, a su vez, en redadas por parte de la policía y ejército israelí en busca de militantes. Estas redadas también han ocasionado muertes de cientos de civiles palestinos y comúnmente incendian espirales y círculos de violencia.
En la gestión actual del gobierno liderado por Netanyahu, además de esas redadas, hay que añadir el componente de la presión que están ejerciendo los partidos extremistas para autorizar asentamientos nuevos e incluso anexar territorios dentro de Cisjordania, sin mencionar otros elementos como los ataques de colonos israelíes en contra de poblados o individuos palestinos.
Añadiendo piezas a esta complejidad, hay que considerar el semicolapso de la Autoridad Nacional Palestina, el cuerpo que formalmente gobierna y representa a Palestina, la mala salud de su presidente Mahmoud Abbas y su baja popularidad, la corrupción que la carcome, y su rivalidad con Hamas.
La vulnerabilidad inmediata: una "alerta estratégica de seguridad"
Lo anterior arroja, y ha sido analizado de manera seria por la comunidad de seguridad en Israel, enormes vulnerabilidades para ese país. De un lado está por supuesto la división política a nivel interno y lo que ello implica para la toma de decisiones. Del otro, y más delicado, está la forma como esas divisiones han salpicado al propio ejército y a las agencias de inteligencia.
Estos factores de contexto sin duda formaron parte de la larga fase de planeación por parte de Hamas y la Jihad Islámica.
Situación actual: conmoción
El resultado de lo anterior es un shock sin precedentes. Desde las 6 am del sábado, las alarmas empezaron a sonar en decenas de ciudades israelíes, incluidos sitios como Tel Aviv o Jerusalén, en donde los misiles llegan normalmente sólo cuando el conflicto escala. Pero los más de 2 mil proyectiles que cayeron en pocas horas eran sólo una distracción.
La parte más fuerte en términos de la conmoción sicológica que está viviendo Israel es la penetración de su territorio por parte de cientos de militantes de Hamas y la Jihad Islámica en muy poco tiempo. Para comprender el contexto, usualmente, cuando un pequeño grupo de esos militantes intenta infiltrarse en territorio israelí, son detenidos mucho antes de actuar. Ahora en cambio, estamos hablando de cientos, la mayor penetración sorpresiva de militantes de toda la historia.
Estos militantes, al momento de este escrito, están controlando porciones de aldeas y comunidades israelíes de los alrededores de Gaza, efectuando ataques terroristas contra civiles, capturando un número indeterminado de rehenes (civiles y militares) e incluso transportando a algunos de ellos a Gaza. Los atacantes han disparado de manera directa contra grupos de personas que estaban en sus casas, o en fiestas, o trasladándose en automóvil.
Se trata de un ataque masivo que toma a la inteligencia y a las fuerzas de seguridad israelíes completamente desprevenidos.
La guerra por la disuasión y la guerra sicológica
Este shock psicológico funciona como un atentado terrorista masivo. En el terrorismo, las víctimas directas son sólo instrumentos para causar un estado de terror y estrés colectivo en terceros, y comunicar a esos terceros, usando ese terror como vehículo, un mensaje o reivindicación política. Esto tiene eficacia no sólo en términos de la sociedad atacada, sino también en términos de la propaganda que consigue la organización perpetradora.
Ante esas circunstancias, Israel se verá obligado a responder con enorme fuerza, quizás también sin precedentes. Podemos adelantar que, en Israel, la discusión de los días que siguen girará en torno a cómo restaurar la capacidad disuasiva frente a Hamas. Claramente, esa organización consideró que cualquier daño que pueda sufrir en los días que vienen, será pequeño ante el contundente golpe que en estos momentos está asestando a Israel. Por ello es por lo que en ese país las decisiones girarán en cómo cambiar, en la mentalidad de su oponente, ese cálculo hasta llevarle a pensar que el haber atacado a Israel fue un grave error.
En este punto, es difícil saber si esto será eventualmente logrado. Lo que sí se puede prever es que vienen días de bombardeos severos de Israel contra Gaza, y posiblemente incluso una incursión terrestre.
Es probable que, ante los hechos, y con el respaldo internacional con el que en este punto está contando Netanyahu, el liderazgo israelí se sienta con mayor holgura que otras veces para bombardear Gaza de manera más severa incluso que en los últimos años. Israel, no obstante, se enfocará en atacar los sitios en donde sepa que se encuentran los liderazgos de Hamas y la Jihad Islámica y no descansará hasta lograr importantes bajas.
El rol de Irán y otros posibles escenarios de confrontación
Es imposible dejar de lado el rol que muy probablemente haya tenido Irán en la planeación. Teherán tiene lazos muy cercanos especialmente con la Jihad Islámica, pero también con Hamas.
Es en ese sentido que tenemos que estar pendientes de si, con el desencadenamiento de hechos, se abre frente desde Líbano a manos de la milicia chiíta de Hezbolá (aliada mayor de Teherán), que ha estado actuando cada vez más asertivamente en contra de intereses israelíes.
Otros escenarios de confrontación pueden incluir las zonas ocupadas de Cisjordania, en donde la militancia palestina tiene importantes bases, o incluso dentro del territorio israelí entre grupos extremistas de las comunidades árabes que habitan en ese país.
Rol negociaciones Israel-Arabia Saudita
Sólo añadir que, auspiciado por Washington, estaba en curso un proceso de normalización de relaciones entre Israel y Arabia Saudita, el cual se conecta con el tema palestino. Riad estaba demandando condiciones a Netanyahu que incluyesen el congelamiento de la construcción de asentamientos israelíes en Cisjordania y otras concesiones a los palestinos. No todo ello estaba teniendo una respuesta positiva por parte de Jerusalén y aun así, el reino saudita estaba evaluando el seguir adelante con la normalización.
Ahora irrumpe Hamas reivindicando con fuerza esa causa y mandando el mensaje de que es sólo a través de la fuerza que se puede avanzar las metas de su pueblo.
Lo anterior arroja un panorama poco esperanzador con un país internamente dividido, ahora en plena conmoción, que intentará responder ante esa conmoción probablemente de formas que no hemos visto en años, que presenta un potencial de escalamiento en otros frentes o arenas, y que lleva a la región a nuevos escenarios complicados.
Bogotá, D. C, 10 de octubre de 2023
