Por Luis Fernando García Forero.- Un revolcón en materia de residuos sólidos, protegiendo el medio ambiente, la salud y el fomento de acciones para enfrentar el cambio climático, avanza en el Congreso, al ser aprobado en la Comisión Quinta del Senado, el proyecto que establece un marco de gestión integral para reutilizar bienes y productos que permitan impulsar la economía circular en Colombia.
Las medidas planteadas en el proyecto, de origen parlamentario y liderado por congresistas de senado y cámara, permite impulsar, a través de una gestión integral de residuos sólidos y participación activa de recicladores, la transición a la economía circular, bajo una premisa fundamental: evitar en años venideros, una emergencia sanitaria en las grandes urbes del país y una emisión alta de efecto invernadero.
Actualmente en Colombia el 83 % de los residuos domiciliarios van a rellenos sanitarios y solo un 17 % se recupera a un ciclo productivo, cifras que fundamentan la necesidad de establecer una nueva normatividad en materia de residuos sólidos.
El presidente de la Comisión Quinta del Senado, Jaime Durán Barrera, del Partido Liberal, enfatizó que actualizar la legislación de residuos sólidos es una necesidad sentida y que no da espera en Colombia.
“Se trata de políticas que permitan proteger la salud y el ambiente. Prevenir la generación de residuos fomentando la reutilización con la participación de recicladores, bajo estrategias territoriales y cultura ciudadana, entre otros aspectos, que serán directamente proporcional al avance de la economía circular en Colombia”, afirmó el senador Durán Barrera.
El proyecto establece un Consejo Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que será articulado con otros instrumentos de planeación para dar paso de la economía lineal a la economía circular. También sensibiliza a la población para prevenir la generación de residuos y las medidas asociadas a la perdida y desperdicio de bienes duraderos.
Justificación
Destaca la exposición de motivos del proyecto de ley que Colombia, a pesar de los avances en la gestión de residuos, enfrenta problemas estructurales asociados a su crecimiento constante y su deficiente aprovechamiento.
El senador y coordinador ponente del proyecto, Didier Lobo, de Cambio Radical, afirmó que es muy grave el tema por la incapacidad que tiene el país para gestión de residuos. Dijo que en el 2030 se generarían 18 millones de toneladas de basura y agregó que los rellenos sanitarios enfrentan una problemática creciente en la capacidad para recibir residuos.
Por ello los congresistas, autores de la iniciativa, consideran la necesidad de impulsar cambios estructurales en la gestión de las diferentes corrientes de residuos para que impacten a todos los municipios, impulsando la producción, consumo responsable y el cambio de la economía lineal, a la economía circular.
Señalan los legisladores que en la última década el volumen de residuos gestionados en el marco del servicio público de aseo, creció más del 30% con más 13.5 millones de toneladas anuales en 2020.
De acuerdo a las proyecciones, en el 2050 la población urbana crecerá en 14.5 millones lo que puede representar un incremento de más del 30% de residuos; aspecto que se vuelve más complejo si se consideran residuos los de demolición y construcción, que oscila en más de 20 millones de toneladas al año.
Colombia Consume Responsable
Contempla el proyecto crear la política pública "Colombia Consume Responsable" para prevenir la pérdida y el desperdicio de bienes duraderos, con medidas que contribuyan al desarrollo sostenible, desde la inclusión social, sostenibilidad ambiental y desarrollo económico, que logre una vida digna a todos los habitantes en Colombia.
La propuesta parlamentaria plantea la prevención y la reducción de pérdidas y desperdicios de bienes duraderos para sensibilizar, formar, movilizar y responsabilizar a productores, procesadores, distribuidores de bienes duraderos, consumidores y asociaciones a nivel local, departamental y nacional, con el objeto de realizar un manejo adecuado de dichos residuos, priorizando como destino final, el uso y el bienestar humano.
Se entenderá como bienes duraderos los productos destinados al vestido, a la construcción, al deporte, a la música y la cultura, electrodomésticos, tecnologías, y mobiliarios del hogar.
Entidad rectora
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio sería la entidad rectora de la política nacional de la gestión integral de residuos sólidos no peligrosos, de acuerdo al texto de la iniciativa legislativa.
“Las políticas, planes, programas, desarrollos normativos y regulatorios que expida el Ministerio, deberán incluir análisis y medidas para asegurar la articulación y eficiencia desde la perspectiva del servicio público de aseo y las demás corrientes de residuos, a partir de los diferentes sistemas de recolección y transporte, buscando reducir el impacto económico en la población..., incluyendo el impulso a la comercialización de materiales y subproductos resultados del aprovechamiento y tratamiento”, establece el texto dentro de los 65 artículos que contiene el proyecto de ley.
El gobierno nacional deberá expedir, mediante un proceso participativo, la Política Nacional de Producción Consumo Responsables y la Política de Economía Circular, dentro de los doce meses de expedida la ley, incentivando su implementación con el apoyo del Consejo Nacional de la Gestión Integral de Residuos Sólidos.
Sello circular verde
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible promoverá estrategias para que las personas naturales independientes, asociaciones o colectivos organizados y organizaciones de recicladores de oficio, legalmente constituidos, puedan ser acreedoras del Sello Circular Verde Colombiano, que será expedido por Mesas Regionales de Economía Circular, las Corporaciones Autónomas Regionales, entre otros actores ambientales, que autorice dicho Ministerio y que tendrá la misión cada año de entregar un reconocimiento público a las mejores que logren el mayor volumen de aprovechamiento y valorización de residuos sólidos urbanos y también contribuyan a la apertura de nuevos negocios verdes, a partir de dichos mercados.
“La iniciativa no genera impacto fiscal” destaca el proyecto, no obstante, se insta al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que durante el trámite de la propuesta legislativa, exprese la proyección del impacto que causaría sobre el Presupuesto General de la Nación, de conformidad a lo establecido por la Corte Constitucional.
El proyecto continúa su trámite a la plenaria del Senado y de ahí, si es aprobado, pasa a sus dos últimos debates en la Cámara de Representantes.
Bogotá, D. C, 15 de mayo de 2024