Reportajes
El derrocamiento del presidente Salvador Allende en 1973, abrió paso a la dictadura de Augusto Pinochet, régimen dictatorial que duró hasta 1990, donde hubo más de 3.000 asesinatos y generó un exilio de 200.000 personas.
El bombardeo de La Moneda del 11 de septiembre de 1973 no significó sólo la caída del Gobierno del presidente Salvador Allende y la instauración de una dictadura que duró 17 años, sino que fue el fin de una serie de cambios que el mandatario venía implementando en un contexto de crisis, que tenían como objetivo la "vía chilena al socialismo".
El actual presidente de los chilenos, Gabriel Boric, pidió en la conmemoración de medio siglo del derrocamiento de Allende, que "nunca más la violencia sustituya el debate democrático" y dijo que el 50 aniversario del golpe de Estado de 1973 es una oportunidad para "fortalecer la convivencia".
"Hoy decimos ante Chile y el mundo: democracia hoy y siempre", indicó Boric, el presidente más izquierdista en llegar al poder desde el derrocado Salvador Allende (1970-1973). En sentido discurso el jefe de Estado chileno enfatizó que "la democracia es una construcción continua" y "el único camino para avanzar a una sociedad más justa y humana", destacando que es "Entre la diversidad y entre quienes piensan distinto con quienes podemos construir una sociedad mejor", señaló Boric.
Boicot de la derecha
Chile llega a los 50 años del golpe sumido en una gran polarización y con una clase política muy crispada que no es capaz de llegar a consensos sobre el quiebre democrático.
Tanto la derecha tradicional, agrupada en la coalición Chile Vamos, como la ultraderecha del Partido Republicano rechazaron participar en los actos conmemorativos y declinaron firmar una declaración conjunta a favor de la democracia.
La Unión Demócrata Independiente (UDI), uno de los partidos de Chile Vamos y de origen pinochetista, publicó este lunes una dura declaración en la que aseguró que el golpe era "inevitable" porque durante el Gobierno de la Unidad Popular de Allende "sobrevino un quiebre social, político e institucional".
“Verdad y justicia”
Boric, de 37 años, agradeció a los cuatro expresidentes del país vivos, incluido el conservador Sebastián Piñera, que gobernó junto a los partidos de Chile Vamos, por firmar el llamado "Compromiso de Santiago", una carta con cuatro puntos para defender la democracia.
"La reconciliación no pasa por empatar las responsabilidades entre víctimas y victimarios, sino por hacer todo lo que está a nuestro alcance para tener verdad y justicia", dijo Boric, que recientemente anunció el primer plan nacional de búsqueda de los desaparecidos durante el régimen de Augusto Pinochet (1973-1990).
"No me arrepiento un segundo de estar, junto con mi Gobierno, del lado de quienes sufrieron", indicó Boric, que describió a Allende como un hombre "de impecable trayectoria democrática" y "un intérprete de grandes anhelos de justicia" y agradeció a distintos países de la región por haber dado asilo a miles de chilenos.
Antes de la ceremonia, Boric ofreció un desayuno y un recorrido por La Moneda (sede de Gobierno) a los líderes y personalidades internacionales invitados al acto, entre ellos los presidentes de México, Colombia, Bolivia y Uruguay, además del primer ministro de Portugal.
El Gobierno de Salvador Allende inició la nacionalización del cobre, un proceso que comenzó el presidente Eduardo Frei Montalva (1964-1970) que en el ámbito económico buscaba reformas estructurales.
En 1972 se aceleró la crisis económica, con un aumento en la inflación y estancamiento productivo, que llevó a un desabastecimiento de bienes básicos en importantes sectores de la población. Los niveles de inflación pasaron de 22% en 1971 al 605% en 1973.
En octubre de ese año se llevó a cabo el "paro de los camioneros" en contra del Gobierno de Allende, lo que aumentó los problemas de distribución de mercaderías y con huelgas de grandes y medianos empresarios, la oposición a buscar destituir al presidente, un proceso que fracasó al no contar con los votos necesarios.
Panorama antes del Golpe de Estado
Los meses siguientes se agravó la crisis política y el 29 de junio de 1973 se realizó el conocido "tanquetazo", un intento de golpe de Estado en el que soldados y tanques transitaron por las calles de la capital chilena y abrieron fuego contra los edificios gubernamentales.
Este hecho ya adelantaba lo que estaba por venir el 11 de septiembre. Después de ese intento de golpe, que provocó una movilización popular para defender el Gobierno, se activó una nueva protesta por parte de los sectores industriales que le enviaron una carta al presidente Allende alertando sobre la situación.
El 11 de septiembre de 1973 Allende se dirigió al Palacio de La Moneda mientras comenzaba el avance militar. A las 11 de la mañana el presidente socialista se dirigió al país en su último mensaje a través de una cadena de radioemisoras, en el que señaló su decisión de no abandonar la Casa de Gobierno y "seguir defendiendo a Chile".
Allende y su discurso ante del Golpe de Estado
Previo a la caída del Gobierno, Allende dio el famoso discurso en Radio Magallanes: "... mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor".
Al mediodía inició el bombardeo a La Moneda, que duró 15 minutos, con aviones de la Fuerza Aérea de Chile, para pocos minutos después llevar a la caída de la Casa de Gobierno y la posterior muerte de Allende, quien fue encontrado sin vida en el salón principal, junto a un arma con la que se suicidó mientras ingresaban las tropas golpistas.
El golpe dio origen a la Junta Militar de Gobierno que tomó el poder, con Augusto Pinochet al mando, estableciendo una dictadura desde 1973 hasta 1990, en la cual existió persecución política, censura, matanzas y reiteradas violaciones a los derechos humanos que hasta el día de hoy Chile no olvida.
Bogotá, D. C, 11 de septiembre de 2023
Resumen de Agencias Internacionales.
-Aunque Alcaldía de Cartagena ha sido informada no ha puesto freno a este crimen ecológico.
-Rodeando la Ciénaga, Solerium contamina sus aguas. “Se muere la Ciénaga por culpa de constructores irresponsables” dice abogado de víctimas.
-Acción popular pide intervención urgente.
-Procurador Delegado para Asuntos Ambientales cuestiona licencia de la Curaduría 1 de Cartagena.
El humedal Ciénaga de la Virgen, un riquísimo conjunto de ecosistemas y pulmón natural de Cartagena, patrimonio histórico de la Humanidad, se encuentra en grave riesgo de destrucción por la intervención de privados en forma arbitraria. Los vecinos de la zona lanzaron un SOS ante el proyecto irregular de vivienda Basilio de la constructora Solerium S.A. que pretende levantar dos edificios de 16 pisos cada uno y más de 260 unidades habitacionales al borde de la ciénaga.
Cerca de una docena de entidades ambientales y de control, se han pronunciado para exigir que se detenga, pero desde el pasado mes de mayo Solerium instaló maquinaria pesada, retroexcavadoras, buldóceres y mezcladoras desembocando sobre el humedal desechos contaminantes.
Un centenar de vecinos radicó una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Bolívar el pasado 24 de agosto contra la constructora Solerium que adelanta el proyecto Basilio a sabiendas de que corre peligro por estar en alto riesgo de inundación, en territorio de protección ambiental y generando una tragedia sobre la Ciénaga de la Virgen.
Varias personas han expresado su temor de que este sea un caso similar al de Acuarela que levantó una torre de varios pisos frente al Castillo de San Felipe y ahora nadie sabe quién la va a demoler.
“Solerium construye Basilio en forma de L rodeando la ciénaga sobre terrenos de baja mar; vierte desechos contaminados sobre la misma. Se muere la Ciénaga en manos humanas irresponsables e inconscientes”, dijo el abogado defensor de ciudadanos afectados, Manuel Páez.
Contrastan estos abusos con la diligencia y el cuidado extremo que tuvo la Nación para evitar daños ambientales a la Ciénaga de La Virgen en la construcción del Viaducto El Gran Manglar que une a Cartagena con Barranquilla, una obra de alta ingeniería de 5,4 km, cuyo objetivo principal fue preservar la zona de manglares y minimizar la destrucción.
Para ello evitó excavar en el suelo de la salida norte de Cartagena, lo que les mereció el Premio Nacional de Ingeniería y el Premio Nacional Ambiental.
Múltiples advertencias
El Procurador Delegado con Funciones Mixtas para Asuntos Ambientales, Minero-Energéticos y Agrarios, Gustavo Adolfo Guerrero Ruiz, requirió al Alcalde de Cartagena, William Jorge Dau Chamat, al director del Centro Urbano de Cartagena, a la Oficina de Control de Riesgo Distrital de Cartagena y a la inspectora de Policía Rural de la Boquilla para que determinen cuáles son las vulneraciones a la normatividad ambiental y urbanística para el área en la que construye y adelantó el licenciamiento urbanístico a favor del Grupo Solerium S.A.
También requiere a la Secretaría de Planeación Distrital de Cartagena, al Curador Urbano No. 1 de la ciudad, quien otorgó la licencia después de ser rechazada por la curaduría No. 2, y a la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique CARDIQUE, con el fin de evaluar el respeto por las determinantes ambientales para el área en la que se construye el proyecto de vivienda Basilio en Cielo Mar.
“Se evidencia que el proyecto de vivienda multifamiliar Basilio Cielo Mar puede estar siendo construido en un área con restricciones de acuerdo con la zonificación ambiental definida en los instrumentos ambientales vigentes para el sector de la ciénaga de la Virgen”, dice el documento.
Agrega que al revisar el expediente aportado por la Curaduría Urbana número 1 de Cartagena “no se vislumbra la verificación por parte de esa entidad de los valores ecosistémicos y/o restricciones generales por la zonificación ambiental del área en la que se viene construyendo el proyecto Basilio, para la expedición de la licencia de construcción que soporta el citado proyecto”.
Solicita se definan las acciones administrativas, policivas o judiciales que puedan adelantar y/o interponer y tomar las medidas correspondientes.
De otro lado la fiduciaria Davivienda, con sólo conocer lo que está sucediendo, se retiró del proyecto e inmediatamente asumió la fiduciaria de Occidente, “la cual podría ser investigada por la Superintendencia Financiera”, dijo el representante de víctimas.
Durante el trámite de solicitud de licencia de construcción, la Dirección General Marítima (Dimar) certificó que el predio “presenta características técnicas de playas marítimas, terrenos de bajamar y/o lagunas marítimas”, lo cual le impediría a la constructora realizar trabajos en ese lugar.
La Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (CARDIQUE) certificó que los cuatro predios presentan “una zonificación ambiental en la categoría: Conservación y Protección Ambiental por amenazas naturales, Zona de uso: Áreas de Protección y Subzona de Uso: Área de Amenazas Naturales”.
El Plan de Ordenamiento Territorial vigente en Cartagena, Decreto 977 de 2.001, estableció que la zona donde se adelanta el proyecto Basilio representa “áreas de protección y conservación de los recursos naturales y paisajísticos” incluyendo la “franja de manglar colindante”.
Ya años atrás, en diciembre de 2020, el Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó a la Alcaldía de Cartagena materializar el Macroproyecto Parque Ciénaga de La Virgen (y Juan Polo); adelantar la restauración ecológica de la misma. Pero la alcaldía no cumplió.
La preciosa Ciénaga de la Virgen es uno de los humedales costeros más importantes de Colombia; en sus 502 kilómetros alberga gran biodiversidad de especies, abundancia de bosques de manglar. Una actividad económica importante es la pesca artesanal y de subsistencia, ya que los diversos actores contaminantes acabaron con el bacalao y distintas especies de aves originarias.
La Empresa Pública Ambiental, (EPA) Cartagena, verificó la existencia de unos 200 establecimientos de comercio alrededor de la ciénaga “los cuales pueden generar un impacto o presión sobre el ecosistema”. Evidenció intervenciones como “escombreras, botaderos a cielo abierto e invasiones de espacios públicos y rellenos del cuerpo de agua sin respuesta estatal y con el mismo efecto negativo”.
Más Rollos
Adicionalmente habitantes del barrio Cielo Mar denunciaron que gente inescrupulosa “se están robando las vías, la playa, es el modus operandi en la zona. En época de sequía talan las plantas, los manglares, las aplanan, podan, encierran y ponen un celador, se apropian de los terrenos y los venden; la cultura es no denunciar porque el grado de impunidad es altísimo, está normalizada la impunidad frente a la apropiación de baldíos”, dijo Claudia González, vecina afectada.
“Denunciar es muy difícil, tienen cooptadas todas las autoridades, recientemente asesinaron a una autoridad de tierras en Cartagena”, y la Alcaldía sabe todo. pero extrañamente no actúa, no frena este crimen ecológico”, concluyó.
Después de 75 años, los legisladores de Colombia, tendrán la oportunidad de actualizar el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, gracias a una iniciativa que radicó ante el Congreso la Corte Suprema de Justicia, luego de un exhaustivo análisis de estudio de la Sala de Casación Laboral de ese alto tribunal, para que el Senado y la Cámara de Representantes, le entreguen a la nación una nueva legislación en esa materia.
La iniciativa, que la recibió el presidente del Congreso Iván Name y el secretario general del senado Gregorio Eljasch, ya se encuentra en trámite en la Comisión Primera de Senado para la designación de ponentes. Se trata de una propuesta integral, sistematizada y coherente, para regular los asuntos que son de conocimiento de la justicia en su especialidad laboral y de la seguridad social.
Adopta un sistema jurídico acorde a las realidades sociales y tecnológicas actuales, con el fin de proteger los derechos que surgen en las relaciones laborales, asegurar una justicia laboral eficiente a tono con las necesidades del Siglo XXI, establece la exposición de Motivos de proyecto.
El nuevo Código propuesto por la Corte -el cual incluye las opiniones, comentarios y sugerencias de la academia, abogados, jueces y magistrados de los Distritos Judiciales-, busca aprovechar los avances tecnológicos y la virtualidad para agilizar los procedimientos laborales, permitiéndoles a los trabajadores, empleadores y entidades gubernamentales interactuar de forma rápida y segura, reduciendo trámites innecesarios y facilitando el acceso a la justicia.
En la exposición de motivos de este proyecto, la Corte tuvo en cuenta que el estatuto que gobierna los procedimientos laborales fue expedido en 1948 y convertido en legislación permanente ese mismo año. Esa normativa se encuentra rezagada por el paso de los años, pues los cambios que se le han dado a través de distintas leyes “no han cumplido a cabalidad con las motivaciones que las inspiraron, como era el de dar una mayor agilidad y claridad a las ritualidades que gobiernan los juicios del trabajo, en pro de contribuir a una pronta y cumplida administración de justicia”.
La Corte también considera que persisten vacíos, ambigüedades y lagunas en la normatividad, lo cual ha llevado a que, en los juicios laborales, en lugar de tener una mayor claridad y celeridad, haya caos y disparidad de criterios. Por esto, el Nuevo Código propuesto por el máximo tribunal de la justicia ordinaria busca no solo modernizar la normativa, sino también ordenar lo que existe de forma coherente y estructurada.
Así, el estatuto que la Corte propone al Congreso establece procedimientos claros y ágiles, por ejemplo, para el reconocimiento de prestaciones, indemnizaciones y derechos adquiridos, fortaleciendo los mecanismos de inspección y vigilancia. También fomenta la conciliación y la resolución pacífica de los conflictos, entre otros ajustes y cambios.
Aspectos generales del proyecto
Se establece que la jurisdicción ordinaria en las especialidades laboral y de la seguridad social debe conocer prácticamente todas las controversias derivadas de las relaciones del trabajo, haciendo algunas excepciones y exclusiones.
Dada la implementación de las TIC en la justicia virtual, el proyecto regula de forma autónoma el uso de esas tecnologías, así como la validez y gestión de las actuaciones, comunicaciones y memoriales que se envían usando esas herramientas. También lo relacionado con las notificaciones.
Se regulan de mejor forma los requisitos para presentar una demanda, teniendo en cuenta la virtualidad, así como las causales para inadmitir.
El nuevo Código propone suprimir los procesos de única instancia para que estas controversias, por su impacto social, sean tramitadas en dos instancias.
Se fijan reglas más claras y precisas sobre a qué juez le corresponde conocer determinado proceso, con lo cual se espera que disminuyan en gran medida los conflictos de competencia que hoy son recurrentes, causando mora judicial y perjudicando a quienes acuden a la administración de justicia.
Se define el trámite de los procesos de ejecución y lo concerniente a los títulos ejecutivos.
Se amplían los asuntos que se tramitarán por el procedimiento especial, en los que se incluyen los relacionados con la estabilidad laboral reforzada por fuero sindical, fuero circunstancial, fuero de maternidad, fuero por discapacidad, fuero de pre-pensionado, fuero derivado del acoso laboral, fijando un término de prescripción de 6 meses, lo cual permite una mayor agilidad en el trámite de estos asuntos.
Se regula de manera integral la conciliación y se determinan los requisitos a tener en cuenta por parte de los operadores judiciales para atender solicitudes relativas a ese mecanismo.
Se acoge la figura de sentencia anticipada, pues hay circunstancias en las que algunas controversias se pueden resolver con mayor celeridad, sin tener que agotar todas las etapas.
Atendiendo a las problemáticas que ha tenido que abordar la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en su rol de máximo tribunal de la especialidad laboral, se propone reformar el recurso de casación, partiendo de establecer qué es y su finalidad.
“La aprobación de este proyecto de Nuevo Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social representa un paso significativo hacia la modernización y fortalecimiento de nuestra justicia laboral. La adaptación a las nuevas realidades sociales y la virtualidad nos permitirá brindar una mayor protección a los derechos de los trabajadores, agilizar los procedimientos y contribuir al bienestar social y económico de nuestra sociedad. Esperamos contar con el apoyo del Congreso de la República de Colombia para avanzar hacia un sistema más justo, equitativo y acorde con los desafíos de la era moderna”, puntualiza la Corte Suprema de Justicia.
Bogotá, D. C, 12 de agosto de 2023
Redacción Ecos Reportaje
Voceros de la oposición se fueron con toda su artillería a criticar el discurso y las acciones gubernamentales del presidente Gustavo Petro, tan pronto instaló las sesiones ordinarias del legislativo, replicas que el jefe de Estado prefirió oírlas de frente a sus contradictores políticos desde el salón elíptico del capitolio nacional, lo que lo convirtieron en el primer mandatario que se queda para atender lo que exige el Estatuto de la Oposición, en ese significativo e importante evento dentro del desarrollo de la democracia en Colombia.
El presidente Petro después de hablar casi dos horas tuvo el tiempo y espacio para recibir los fuertes reclamos de los senadores de la oposición donde lo tildaron de mentiroso por los fracasos que está dando con la denominada paz total, por la inseguridad y violencia que se vive en el país, abusos de poder, entre otros aspectos.
Los ataques al jefe de Estado los inició la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático. “Colombia no es potencia mundial de la vida y el mundo tampoco se va a acabar”, fue su primera frase, al criticarle uno de los temas a los que más se refirió en el discurso y que tiene que ver con los retos a la crisis ambiental. Argumentó que los escenarios planteados por el presidente Petro sobre ese tema son “imaginarios catastróficos”, en ese sentido lo exhortó a que emplee “la inteligencia que nos dio Dios” con el objeto de aplicar políticas que no lleven a un fracaso económico.
La senadora Cabal fue contundente en señalar que los acercamientos que está haciendo con los grupos al margen de la ley, dentro del marco para avanzar en la paz total, están llevando a disminuir la moral de la Fuerza Pública: “Usted va a pasar a la historia como artífice de lo que el viento se llevó”, afirmó al destacar con cifras que en lo que va corrido del año, se han producido 131 secuestros y agregó de otra parte que 141 menores han fallecido en el país por desnutrición.
La representante a la cámara Erika Sánchez, dijo que en lo que va corrido del Gobierno se han reportan 150 casos de reclutamiento de menores por las organizaciones al margen de la ley.Dijo que la corrupción sigue igual al referirse al viceministro de la Creatividad, Esteban Zabala, quien falsificó títulos académicos para ser nombrado en el cargo y concluyó diciendo: “No queremos más polarización ni discursos de luchas de clases. Deje el espejo retrovisor y gobierne”.
El representante Daniel Carvalho exhortó al jefe de Estado para que “gestione mejor el gabinete”, debido al fracaso de 11 ministros que han salido ya del gobierno en menos de un año. Invitó al presidente Petro a no “dilapidar una oportunidad histórica por falta de organización”.
El senador David Luna Sánchez, Cambio Radical, reconoció el gesto del presidente Petro, de escuchar de manera presencial a los voceros de la oposición, pero fue contundente en expresar su preocupación a la falta de protección a los líderes sociales.
Se mostró en desacuerdo por incentivos que Petro ha ofrecido a los alzados en armas a cambio de que abandonen la delincuencia, también criticó que la ministra saliente Irene Vélez y el exministro de hacienda José Antonio Ocampo, no tuvieron en cuenta las advertencias que congresistas hicieron por posibles razonamientos de luz y así mismo la baja ejecución presupuestal para los programas gubernamentales.
“Prefiero al presidente Petro estadista del 7 de agosto y no al presidente Petro de discursos de balcón”, afirmó el senador Luna quien fue contundente en criticar a varios funcionarios del gobierno por los señalamientos que hacen hacía los medios de comunicación.
Finalmente exhortó al jefe de Estado a que “gobierne sin arrogancia y abuso de poder”.
Bogotá, 22 de julio de 2023
Redacción Ecos Reportaje
Por Alejandra Buitrago.- Centenares de familias se encuentran en el aire luego de pagar sus ahorros a proyectos que no fueron amparados por Fiducentral. Habría malos tratos y abusos.
Más de trescientas familias víctimas de diferentes proyectos de vivienda incumplidos en Antioquia, Cartagena y Boyacá, que debían ser amparadas por Fiduciaria Central, demandaron a la entidad financiera la cual tendría que pagar multas por más de tres mil millones de pesos a los afectados.
Sobre estos hechos Fiducentral fue condenada e investigada fiscalmente por entregar el dinero que dieron compradores de viviendas a constructoras sin cumplir con un punto de equilibrio o sin crédito constructor bancario de respaldo.
Fiducentral es una entidad financiera, cuyo accionista mayoritario es el Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA, de la Gobernación de Antioquia, forjada por décadas con el ahorro y dinero de los antioqueños. Actualmente no tiene un directivo responsable ya que el último presidente, Oscar Marín, se desvinculó recientemente.
“Fiducentral en vez de devolvernos el dinero, nos ataca jurídicamente, revictimizándonos para evadir sus obligaciones; trabajamos humildemente toda la vida y nos roban nuestro sueño de tener una vivienda propia”, dijo Paula Vargas, víctima desde el año 2.014 del proyecto Acrópolis en Bello, Antioquia, de 160 apartamentos de vivienda de interés social que quedó convertido en un elefante blanco.
La Constructora Peso S.A., que ejecutaría Acrópolis, no tenía fondos, ni documentos en regla, y Fiducentral, aún así, avaló el proyecto. Por ello se adelantó un debate judicial ante los juzgados 15 y 10 del circuito civil de Medellín en donde el Tribunal Superior de Medellín las condenó a devolver el dinero de más de 2.000 millones de pesos.
“Sin ningún reparo Fiducentral le entregó los dineros recaudados a los ahorradores a Peso S.A.”, explicó Montoya.
Explicó que no entregaron copia de los contratos entre la fiduciaria y compradores pero sí les hicieron firmar cartas de instrucciones en blanco con cláusulas perjudiciales.
“Tanto la constructora como la fiduciaria podían modificar obligaciones de los contratos, número de áreas, de apartamentos, nomenclatura interna de los mismos, y fechas, sin pedirle permiso a las familias compradoras”.
Tampoco se pactó una fecha de entrega del inmueble, en contra del artículo 89 de la ley 153 de 1.887.
Agregó que se pactó que la sociedad fiduciaria no tendría ninguna responsabilidad por incumplimientos del proyecto en contra del Código de Comercio y de las circulares de la Superfinanciera. “El Estatuto del Consumidor prohíbe en los contratos de adhesión cláusulas abusivas o exorbitantes y aunque se pacten son ineficaces en pleno derecho”.
El representante de las víctimas adelantó dos demandas. La constructora, tras ser denunciada, se declaró en banca rota y la plata se esfumó. Una de las condenas obliga a la fiduciaria a pagarles a las familias perjudicadas unos 1.500 millones de pesos que Fiducentral se niega a pagar.
Las condenas ilusionaron a las familias con recuperar sus ahorros, “pero la fiduciaria en vez de reparar el daño hecho acudió en forma temeraria ante la Corte Suprema de Justicia con acción de tutela invocando, paradójicamente, violación al debido proceso, cuando fue esta la que dejó vencer los términos para sustentar el recurso extraordinario de casación. Lo grave es que si la Corte acoge la tutela las familias podrían perder su dinero definitivamente”, dijo.
“La tutela contra sentencias es excepcional y solo aplica para garantizar derechos fundamentales de aplicación inmediata o dirimir asuntos de relevancia constitucional. Fiducentral está haciendo jugadas sucias acudiendo una la acción de tutela que no aplica”, indicó Montoya Echeverry.
Las víctimas son personas humildes, modistas, secretarias, incluso una joven madre que sufre de cáncer terminal quien espera una pronta solución porque, dijo,“es lo único que tenía para dejarles a mis hijos”.
Otra damnificada, Paula Vargas, perdió con su familia 56 millones de pesos que reunieron tras años de esfuerzos. “Hicieron las bases y la constructora dijo que no tenía plata. Nuestra esperanza es que nos devuelvan el dinero”.
No es la Primera Vez
Fiducentral presenta eventos similares. En Puerto Boyacá la Contraloría de Boyacá investiga otro proyecto y el destino de más de 231 subsidios de mejoramiento y vivienda de interés social que podrían ascender a 466 millones de pesos de recursos del Estado.
Otro proyecto que fracasó fue Volare Mare en Cartagena que prometió a los compradores que les entregarían en este 2.023 un condominio tan lujoso como uno de Dubai. Más de mil personas depositaron sus dineros, Fiducentral habría entregado más de veinte mil millones de pesos a la constructora sin cumplir con el punto de equilibrio y la obra fue siniestrada.
La primera etapa quedó inconclusa y el proyecto se enfrenta a una acción de grupo de unas 60 familias damnificadas en el juzgado noveno civil del circuito de Cartagena contra RA Constructores. Un juez le ordenó a la fiduciaria un informe detallado y medidas cautelares sobre terrenos donde se desarrollan las obras. Podría venir en camino una nueva sanción que afectaría el patrimonio de Fiducentral una empresa antioqueña manejada desde Bogotá.
Malos Tratos a los clientes
La Fiduciaria Central presenta un penoso récord: un alto porcentaje de clientes no se encuentra a gusto con sus manejos y tiempos de respuesta, “hacen lo que se les da la gana, no atienden a los clientes y nos obligan a contratar veedores elegidos por directivos de la fiduciaria que cobran más que la fiduciaria por autorizar los giros de dineros”, dijo un cliente constructor.
Afirman que les cobran por expedir un simple certificado más de cinco millones de pesos y los entregan a los 60 o 90 días. Algo único en el gremio fiduciario.
El nuevo presidente de Fiducentral deberá revisar e iniciar los procesos de repetición para lograr la reparación del patrimonio de los antioqueños.
Por Luis Fernando García Forero.- Por 55 votos contra 35 se aprobó la conciliación de la reforma al Código Electoral, mientras que el proyecto de Acto Legislativo que pretendía regular el uso recreativo del cannabis en adultos, no alcanzó los votos de una mayoría calificada, y se archivó con 47 a favor y 43 en contra.
En el último día de sesiones ordinarias del Congreso, la plenaria del senado de la república aprobó 7 conciliaciones y 4 proyectos de ley para segundo debate. Se destacan el fomento, la inclusión y participación de las mujeres en los programas para el emprendimiento, formación y desarrollo empresarial; las medidas que promueven el uso racional y eficiente de energía; los lineamientos para planes de eficiencia energética de las entidades públicas; los incentivos para el apoyo a iniciativas locales; y, el que establece que los odontólogos puedan cursar programas de especialización médico quirúrgica, dentro del sistema de residencias médicas en Colombia.
En los temas de las conciliaciones, la que generó mayor discusión fue la Reforma al Código Electoral, proyecto que estuvo a punto de hundirse, pues se había retirado del orden del día de la plenaria de la fecha, pero nuevamente se incluyó, por acuerdos entre las bancadas; decisión que destacó el presidente de la corporación Alexander López Maya, Coalición Pacto Histórico, quien abrió el debate a todas los voceros de los partidos, donde quedaron plasmadas las críticas, y además se excluyeron varios aspectos, entre otros, la paridad de las mujeres en las listas para elecciones de Congreso, concejos y asambleas, ya que se eliminó en la Cámara de Representantes.
Los ponentes conciliadores, senadores Alejandro Vega Pérez, Partido Liberal y Alfredo Deluque Zuleta, Partido de la U, señalaron la necesidad de actualizar la legislación electoral en Colombia, teniendo en cuenta los avances en materia tecnológica y la viabilidad del voto electrónico, pues se podrá llevar a cabo también desde el punto de vista manual. El voto electrónico se someterá a prueba, de acuerdo a sus resultados, hasta el 2029.
Entre los principales aspectos aprobados en el nuevo Código Electoral está el aumento de una hora de votación en las elecciones, hasta las cinco de la tarde; la autonomía administrativa del Consejo Nacional Electoral y el voto electrónico mixto, entre otros. La Reforma al Código Electoral pasa de inmediato a revisión en la Corte Constitucional.
De otra parte, el proyecto de Acto Legislativo que pretendía regular el uso recreativo del cannabis en adultos, que fue presentado por la senadora María José Pizarro Rodríguez, Coalición Pacto Histórico, y el representante a la Cámara, Juan Carlos Losada Vargas, Partido Liberal, alcanzó 47 votos a favor contra 43, es decir no logró la mayoría calificada.
El ministro del interior, Luis Fernando Velasco Chaves, quien asistió a la discusión y votación de la propuesta, expresó que el gobierno apoyaba la iniciativa, y que además insistiría más adelante por considerar que “en el fondo, la prohibición solo beneficia a las mafias".
Entretanto, la senadora Paola Holguín Moreno, Centro Democrático, celebró el archivo de la propuesta y declaró que "hoy gana Colombia, ganan los niños y ganan nuestras familias, ya que todo esfuerzo para alejar a la juventud de la droga es un esfuerzo que vale la pena".
En esta plenaria, la última ordinaria de esta primera legislatura, se aprobó además una proposición del senador Antonio Zabaraín Guevara, Cambio Radical, apoyada por varios senadores, para congelar el proceso de elección del nuevo contralor general, por el fallo del Consejo de Estado que lo declaró nulo.
Los congresistas argumentaron que aún existe una acción de tutela que interpuso el Ex contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra frente al Alto Tribunal, y que se debe esperar que se resuelva este recurso judicial, sumado a un recurso ante una entidad internacional.
A pesar de los 51 votos por el Sí y 34 por el No, ante dicha proposición, varios congresistas se mostraron en desacuerdo, y señalaron que es improcedente esa propuesta, dado que la elección del máximo fiscalizador de los recursos del Estado está establecida en una ley.
Bogotá, D. C, 21 de junio de 2023
Fuente: Oficina de Información y Prensa- Senado de Colombia.
Por Luis Fernando García Forero. Por 15 votos a favor y 4 en contra, el proyecto de acto legislativo, que regulariza el cannabis de uso adulto, pasó en su séptimo debate en la Comisión Primera del Senado. Si la plenaria del senado aprueba el proyecto de acto legislativo, será promulgado como una nueva norma en la constitución política de Colombia.
En dos sesiones, los senadores de dicha célula legislativa, en un amplio debate, agotaron la discusión y le dieron vía libre a la propuesta con ponencia de la senadora María José Pizarro, Coalición Pacto Histórico, quien señaló que la aprobación del proyecto de acto legislativo, es un paso para cambiar la perspectiva de 'droga' en el país.
Se establece que no se le venderá cannabis a cualquier ciudadano, puesto que en la norma constitucional quedaría estipulado que tendrán que expedirse licencias para poder comercializar el uso de dicha sustancia psicoactiva.
Destaca la iniciativa restricciones. “No se podrá consumir en colegios, ni universidades, ni en sus entornos, ni tampoco se podrá hacer en las áreas comunes de la propiedad horizontal y hay restricciones para consumir en el espacio público”, indicó, la senadora María José Pizarro.
El senador Alfredo Deluque, Partido de la U, dijo que votó positivamente el proyecto “porque soy respetuoso de las libertades individuales. Regular esta garantía individual es nuestra obligación como legisladores a pesar de que no lo compartamos en algún momento, pero también es nuestra obligación decirles a las nuevas generaciones, así como el alcohol, esto no es un juego”.
Entre tanto el senador Carlos Alejandro Chacón, Partido Liberal, dijo: “Entendemos la preocupación que se pueda tener…pero es la regulación de la comercialización del cannabis lo que se votará, es importante la aclaración”, mientras que el senador Ariel Ávila, Alianza Verde, precisó: “Este proyecto lo va a quitar miles de millones de pesos a organizaciones criminales que se están tragando a regiones como el Norte del Cauca; el consumo está legalizado lo que no está es la comercialización, le vamos a quitar la plata a estos bandido”, y agregó en forma contundente: “Si eso es un delito, condénenme”.
El senador David Luna, de Cambio Radical, dijo que “La Constitución del 91 fue la que instauró el libre desarrollo de la personalidad; soy defensor de la carta política y de dicho principio, por ello, he manifestado mi apoyo a esta iniciativa”.
Contradictores
El senador Germán Blanco, Partido Conservador, enfatizó que “Si se está tratando de legalizar la marihuana entonces hay que buscar el mapa de cultivos de cocaína que es mayor que el de la marihuana, para que entremos rápido a legalizar la cocaína y la gente empiece a consumir en todos los escenarios académicos, sociales, familiares. No estoy de acuerdo porque se está acabando con las personas”.
La Senadora Karina Espinosa, Partido Liberal dijo que regular el uso del cannabis aumenta cuatro veces más la mortalidad a largo plazo y se acrecientan los homicidios, narcotráfico, mercado negro, mayor consumo a largo plazo, deserción escolar y trastornos psiquiátricos.
En medio de cada una de las disertaciones, el senador Carlos Motoa, Cambio Radical, afirmó que la regulación no puede significar un impulso ni una normalización al consumo. “Hay que señalar que el uso del cannabis de manera recreativa, trae consecuencias a la salud física y mental de las personas que lo consumen, eso no se puede desconocer”, consideró el congresista valluno.
La última palabra sobre el proyecto, lo tendrá la máxima autoridad del senado de la república: la plenaria de la corporación.
Fuente: Oficina de Información y Prensa, Senado de la República.
Por Luis Fernando García Forero.- Como preámbulo al inicio de la discusión y votación del Plan Nacional del Desarrollo, el presidente del congreso, Roy Barreras Montealegre, coalición Pacto Histórico, fue contundente en señalar que “Tenemos una gran responsabilidad en este debate del PND: transmitir a los colombianos en este recinto, que avanzamos en democracia por los canales institucionales” y agregó que "es también una oportunidad de decirle al país que el Congreso representa la Unidad Nacional”.
Barrera Montealegre fue enfático en señalar que cincuenta millones de colombianos están reclamando mensajes de tranquilidad, estabilidad y avance real en los cambios que el país demanda y necesita.
Al señalar que nadie puede negar que Colombia vive momentos de polarización, Roy Barreras dijo que “Convocar el pueblo implica convocar a cincuenta millones de colombianos. No a un sector, no a una fracción, no a ganadores contra perdedores, no a unos colombianos contra otros colombianos, no a unos amigos contra unos enemigos. Cincuenta millones de colombianos reclaman un mensaje de Unidad Nacional, que hace parte de la constitución”.
Agregó que “El cambio son las reformas que se hacen en este recinto democrático y las reformas son sostenibles en el tiempo, si son frutos del consenso nacional, por eso no puede ocurrir que el momento se traduzca en más polarización, en más violencia, no que se pretenda imponer en una idea sobre la otra”.
Al reconocer que el Congreso, que fue elegido por más de 20 millones de votos, Roy Barreras señaló que es el legislativo el escenario para lograr la unidad nacional, por eso enfatizó: “Tenemos la responsabilidad histórica de avanzar con las reformas. Colombia no merece más violencias, ni polarización, no merece más inseguridad”. Dijo que los conflictos sociales derivan fácilmente en conflictos violentos. “Tenemos ya demasiadas violencias cruzadas, canalizar el justo reclamo popular institucionalmente es nuestra obligación, por eso es tan importante el mensaje de hoy en medio de incertidumbres. El mensaje es la casa de la democracia funciona, las instituciones funcionan, aquí se aprobará la hoja de ruta para Colombia”.
El presidente del Senado Roy Barreras en forma metafórica destacó que el corazón del cambio, refiriéndose al Congreso, “tiene que conectarse con el resto del cuerpo social y ese cuerpo social son 50 millones de compatriotas”.
Finalmente remató diciendo: “Tenemos una tarea, es el único camino hacia la unidad nacional, la discusión institucional es el camino de la estabilidad de la nación. Aprobemos este Plan Nacional de Desarrollo.
El debate del Plan Nacional de Desarrollo, que cuenta con 373 artículos, se inició luego de la negativa de impedimentos por parte de la plenaria de la corporación y de la aprobación del informe con que termina la ponencia por 53 votos a favor y 5 en contra.
Bogotá, D. C, 2 de mayo de 2023
Fuente: Oficina de información y Prensa Senado.
Por Luis Fernando García Forero.- En sesión del Pleno del Congreso de la República, en cumplimiento de la ley 1448 de 2011, la directora de la Unidad para las Víctimas, María Patricia Tobón Yagarí, fue enfática en manifestar a senadores y representantes: “El Gobierno ha recibido un rezago histórico en la política de atención a las víctimas del conflicto. A pesar del dolor, las barreras y la desigualdad, las víctimas han dado segundas oportunidades. En el Gobierno Nacional creemos en su poder transformador, ellas son fundamentales para la construcción de la paz”.
Al inicio de la sesión el presidente del legislativo, Roy Barreras Montealegre, manifestó en forma contundente que “Nunca habrá tiempo suficiente para escuchar a las víctimas silenciadas por el conflicto, pero hoy su voz se toma este recinto. Es el día en que le volvemos a apostar a la paz".
La deliberación del Congreso en Pleno se convirtió en una sesión histórica y representativa, puesto que el presidente del Senado, Roy Barreras Montealegre, Coalición Pacto Histórico, le dio la oportunidad a las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz o CITREP, que surgieron a raíz del Acuerdo de Paz de 2016, lo que llevó el representante William Aljure Martínez a presidir la deliberación que durante seis horas atendió reclamos y exigencias de las víctimas, en torno al cumplimiento de la ley que las protege, y el resarcimiento de los daños que les ocasionó el conflicto.
En la sesión, la principal vocera del gobierno fue la directora de la Unidad para las Víctimas, María Patricia Tobón Yagarí, señaló vehemente: “Para avanzar en la superación del rezago, el Gobierno del Cambio se trazó una meta de 600 mil indemnizaciones a las víctimas. Sin embargo, se requerirán muchos gobiernos progresistas para cumplir con la política de víctimas en Colombia”.
Tobón Yagarí, entregó al presidente del Senado, Roy Barreras, y al coordinador de la CITREP, William Aljure, un sol simbólico hecho por las víctimas, y le pidió al Congreso seguir en su trabajo por la Paz Total: “Invitamos al Congreso a realizar un trabajo articulado por las víctimas; con su apoyo el Estado podrá tener el presupuesto para la atención de las víctimas en todo el país”, resaltó, y precisó además que dicha posibilidad puede ser incluida en el marco del Plan Nacional de Desarrollo.
Destacó por último la directora de la Unidad para las Víctimas: “El presupuesto sigue siendo insuficiente frente al número de víctimas que esperan los recursos para su indemnización administrativa… Se requerirán más de 60 años, y por lo menos 1 billón de pesos para reparar a las víctimas”.
Por su parte, la directora del Centro de Memoria Histórica, María Gaitán Valencia, nieta del “Caudillo del Pueblo”, Jorge Eliecer Gaitán, quien fuera asesinado el 9 de abril de 1948, argumentó terminante: "La construcción de memoria histórica es deber del Estado, pero también tarea de la sociedad…. Los sitios y memorias se deben fortalecer en los territorios, con el poder transformador de las víctimas, el compromiso del Gobierno Nacional, la solidaridad internacional y la fuerza de toda la sociedad colombiana. Solamente de este modo, podremos transitar hacia una sociedad transformadora, como brújula del futuro, y no como fantasma del pasado”.
El embajador de la Unión Europea en Colombia expresó en el marco de la sesión: “Tenemos una admiración profunda por las víctimas, hubiera sido legítimo que se quedaran aturdidas por el dolor; en lugar de esto, están de pie reivindicando sus derechos y comprometidas con sanar la sociedad colombiana”.
Varios de los voceros de las víctimas del conflicto, que participaron en la emotiva celebración, coincidieron en señalar que sienten cada día el abandono del Estado, por el incumplimiento de la ley que las protege, y destacaron que, si la propuesta de la Paz Total no es incluyente, ni tiene en cuenta a los territorios, jamás se va a alcanzar la reconciliación nacional.
Bogotá, D. C, 12 de abril de 2023
Fuente: Oficina de Información y Prensa-Senado de la República
En esta nota conocerá las 10 principales modificaciones de la iniciativa que cambia aspectos fundamentales de la legislación laboral, si es aprobada por el Congreso.
El Gobierno Nacional radicó a consideración del Congreso la anunciada Reforma Laboral, iniciativa que pretende proteger y reivindicar los derechos laborales de 22 millones 32 mil ocupados en el país, de los cuales 8 millones 992 mil son mujeres (40,8%) y 13 millones 40 mil hombres (59,2%).
Representantes de los gremios, centrales sindicales, el presidente de la República, Gustavo Petro y la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, destacaron en la propuesta el compromiso de buscar y garantizar los derechos laborales por un trabajo decente y estable.
El presidente de la República, Gustavo Petro, dijo que “Este proyecto de ley debe permitir, si se aprueba por el Congreso de la República, que cese el acoso sexual y laboral en el país; debe permitir que el salario real pueda crecer en Colombia para que se industrialice; debe permitir que la gente sea más feliz en esta sociedad y disfrutar de más tiempo libre. Debe permitir que se pueda organizar el cuerpo de trabajadores y trabajadoras para poder discutir de tú a tú con el mundo empresarial”.
Agregó el jefe de Estado que “El mundo obrero tiene que unificarse para poder ganar capacidad de negociación, ese mundo sindical que no llega a la mayoría de los trabajadores y trabajadoras de Colombia, debe cambiar a través de la ley, por una fuerza organizada, que pueda velar por todo aquel y toda aquella que gane un salario en cualquier parte del país. Debe velar por el empresario, que al final es donde se desata buena parte del empleo en Colombia, que debe velar porque el campo se pueda modernizar y desarrollar y producir los alimentos, precisamente para que aumente el salario real”.
Rescata derechos laborales
La iniciativa que se entregó este jueves, busca rescatar derechos como recargos dominicales y festivos del 75 % al 100 %, jornada diurna de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. y recuperar la nocturna de 6:00 p.m. a 6:00 a.m. Así mismo, priorizar el contrato a término indefinido y disminuir la tercerización laboral, para favorecer la estabilidad laboral.
La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez Ríos, quien lideró desde su cartera el diálogo tripartito donde se construyó este articulado, destacó: “habrá garantías para el trabajo en plataformas digitales de reparto, vamos por la formalización e industrialización del campo colombiano, aumento de la licencia de paternidad a 12 semanas e igualdad salarial entre hombres y mujeres, entre otros”.
La reforma laboral denominada ´Trabajo por el Cambio´, se construyó desde las mesas tripartitas con participación de las centrales sindicales, los gremios de la producción y el gobierno, se recogieron cerca de 3 mil propuestas de 34 mesas realizadas en los territorios, iniciativas presentadas en los diálogos regionales vinculantes y analizadas en las subcomisiones de la reforma laboral, donde la mayor preocupación de los trabajadores fue la estabilidad laboral.
Para garantizar la mejor propuesta hubo acompañamiento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Banco Mundial, ONU, Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), y además, se recogieron experiencias exitosas de países como Argentina, Chile, España y México, durante cerca de seis meses.
Resumimos en 10 puntos los aspectos fundamentales de la iniciativa:
- Se prioriza la contratación a término indefinido.
- Se recupera y diferencia la jornada diurna y nocturna de 6 a.m. a 6 p.m.
- Pago del 100% del recargo dominical; actualmente, es el 75%.
- Se restablece el preaviso para las y los trabajadores.
- Se protege el trabajo en plataformas digitales o de reparto.
- Se elimina la violencia y el acoso en el mundo laboral.
- Se fortalece la protección y promoción del derecho de asociación sindical.
- Se mantienen las 8 horas diarias legales de trabajo.
- Se prohíben los contratos colectivos con organizaciones sindicales para la prestación de servicios o ejecución de obras y los que están, se mantendrán hasta que termine la vigencia.
- Se crea la modalidad de jornal agropecuario.
Bogotá, D. C, 17 de marzo de 2023
Redacción Ecos Reportaje
