Reportajes

Por Evelyn Barón, Miguel Darío Cuadros y Juan Diego Serrano*.-Luego de doscientos años de discusiones en temas electorales,  para el desarrollo de nuestra democracia: alrededor del derecho al voto, de la definición de los criterios para ser ciudadanos, de la forma cómo se escogen los candidatos a la jefatura de Estado, definir los periodos de mandato, entre otros aspectos, tenemos de nuevo la importante cita este domingo 29 de mayo a partir de las 8:00 AM y hasta las 4:00 PM, con el objeto de elegir al Presidente de la República de Colombia para el periodo constitucional 2022 al 2026.

Colombia se caracteriza por celebrar de manera ininterrumpida elecciones desde 1831. Desde los inicios de la nación se discutió sobre quiénes tenían el derecho a elegir a sus gobernantes. Empezamos con el derecho solo para los hombres libres, casados, mayores de 25 años, con propiedades en Colombia y que supieran leer y escribir, ellos, podían ejercer el voto.

Desde entonces, el derecho al sufragio ha cambiado, con reformas constitucionales y legales, con el objeto de que los colombianos elijamos a quienes ocupan los cargos de elección popular, donde se destaca que el pueblo participe votando para designar al presidente de la república.

En esa transición los cargos públicos sometidos a elección también han cambiado. Por ejemplo, la Constitución de 1853 declaró ciudadanos con derecho al voto a todos los hombres nacidos en el territorio que estuvieran casados y que contaran con la mayoría de edad. También definió para votación popular a los cargos públicos de mayor importancia, instaurando el voto directo y secreto para elegir al presidente y al vicepresidente de la República, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al Procurador General de la Nación, a los gobernadores, senadores y representantes a la Cámara.

Fue así como en 1856 se dio por primera vez en el país una elección de presidente de la República por medio del sufragio universal. Mariano Ospina Rodríguez, del Partido Conservador, fue el vencedor en esas elecciones.

Expresidentes de Colombia que dejaron historia en el ámbito constitucional y legal, desde el punto de vista electoral. De izquierda a derecha: Mariano Ospina Rodríguez, Tomás Cipriano de Mosquera, Rafael Núñez, Manuel Murillo Toro, Alfonso López Pumarejo y Cesar Gaviria Trujillo.

Ciudadanía a los 21 años

La Constitución de 1886 reconoció como ciudadanos a los hombres colombianos mayores de veintiún años que tuvieran una profesión, oficio o una ocupación lícita y legítima como medio de subsistencia. Sin embargo, para ejercer el derecho al voto, los ciudadanos debían saber leer y escribir y tener ingresos anuales de más de quinientos pesos o propiedades cuyo costo fuese superior a mil quinientos pesos. Para aquella fecha las elecciones eran indirectas para presidente de la República y senadores, y directas para concejales municipales, diputados a las Asambleas Departamentales y representantes a la Cámara.

La reforma constitucional de 1910 dispuso la elección directa del presidente de la República, que en adelante podía ser elegido por todos aquellos reconocidos como ciudadanos. A su vez, en 1936 se instauró el sufragio universal para todos los hombres.

Las mujeres en Colombia como electoras y protagonistas, por primera vez, en la elección presidencial.

El periodo en el cual no se celebraron elecciones fue el del gobierno militar de Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957). Ahora bien, en 1957 se vota el plebiscito que da forma al Frente Nacional y el cual constituyó también la oportunidad para que las mujeres colombianas votaran por primera vez. A partir de allí el derecho al sufragio cobijó a todos los hombres y mujeres mayores de veintiún años.

Ciudadanía a los 18 años y elección de mandatarios territoriales

En 1975, el presidente Alfonso López Michelsen introdujo una reforma a la Constitución, con ella modificó la mayoría de edad para los colombianos a partir de los dieciocho años. En 1986, por una reforma constitucional impulsada por el presidente Belisario Betancur y aprobada por el Congreso, se estableció la elección popular de alcaldes. Las primeras elecciones de este tipo se realizaron en 1988, en la presidencial de Virgilio Barco Vargas.

La Constitución Política de Colombia de 1991 instauró la figura de segunda vuelta presidencial. De acuerdo con el artículo 190, el presidente de la república será elegido por la mitad más uno de los votos que depositen los ciudadanos. Si ningún candidato obtiene dicha mayoría se celebrará una nueva votación tres semanas más tarde, en la que solo participarán los dos candidatos que obtuvieron las más altas votaciones. Será declarado presidente quien obtenga el mayor número de votos.

La nueva cita con la democracia

Luego de doscientos años de discusiones alrededor del derecho al voto, de la definición de los criterios para ser ciudadanos, escoger los candidatos a la jefatura de Estado, definir los periodos, entre otros aspectos, tenemos de nuevo la importante cita este domingo 29 de mayo a partir de las 8:00 AM y hasta las 4:00 PM, para elegir al presidente de la república en el periodo constitucional 2022 al 2026.

Un don que nos da la democracia para asistir a las urnas y tener la oportunidad y la posibilidad de elegir al ciudadano que con el voto soberano de la mayoría del pueblo, asuma la jefatura de Estado y oriente los destinos del desarrollo institucional de Colombia.

Votar es un derecho y un deber que debemos cumplir como ciudadanos. 

Cifras y datos que enorgullecen nuestra democracia:

1. a) El presidente de Colombia para el periodo 2022-2026 será el número 42 en la historia del país.
2. b) Las de 2022 son las octavas elecciones presidenciales realizadas bajo la vigencia de la Constitución Política de 1991. Bajo la vigencia de la constitución precedente, la de 1886, se realizaron en total veintitrés elecciones presidenciales.
3. c) Tras su primera participación, en 1958, la de 2022 será la decimoséptima elección presidencial en Colombia que cuenta con voto femenino. En esta oportunidad, 20.111.908 mujeres están habilitadas para votar, representando el 51.5% del censo electoral, que cuenta en total con 39.002.299 votantes.
4. d) Entre los aspirantes a la presidencia en estas elecciones de 2022 se encuentran cuatro candidatos que han sido alcaldes de ciudades capitales del país como Bogotá (Gustavo Petro), Medellín (Federico Gutierrez, Sergio Fajadro) y Bucaramanga (Rodolfo Hernández).

Previamente, se habían dado los siguientes casos:

1) Virgilio Barco Vargas: Alcalde de Bogotá 1966-1969 (designado) y Presidente de la República 1986-1990.

2) Cesar Gaviria Trujillo: Alcalde de Pereira 1975-1976 (designado) y Presidente de la República 1990-1994.

3) Andrés Pastrana Arango: Alcalde de Bogotá 1988-1990 (electo por votación popular) y Presidente de la República 1998-2002. 

4) Álvaro Uribe Vélez: Alcalde de Medellín 1982 (designado) y Presidente de la República 2002-2010.

Bogotá, D. C, 27 de mayo de 2022

*Oficina de Información y Prensa Senado de Colombia.

Por Luz Adriana Henao*. El Congreso es un actor esencial de nuestro Estado Social de Derecho y parte fundamental de la división de poderes consagrada en la Constitución, porque además de legislar, le hace control político al Gobierno, y junto a la Rama Judicial del poder público, equilibran la dinámica de pesos y contrapesos, para el desarrollo de nuestra democracia.

Hacer parte del poder legislativo del Estado, no solo incide directamente en la creación de nuevas leyes, sino en la facultad de ejercer el control político a los funcionarios del gobierno de turno, lo que exige un conocimiento profundo de las dinámicas del Ejecutivo, lo que explica el por qué, cinco de los seis Presidentes que ha tenido Colombia, desde 1991, hayan pasado previamente por el Senado o la Cámara de Representantes.

Veamos caso a caso:

El liberal Cesar Gaviria Trujillo, Presidente de Colombia entre 1990 y 1994, no fue Senador, pero si fue durante tres periodos Representante a la Cámara por el departamento de Risaralda, corporación de la cual llegó a ser presidente en 1983, pues estuvo allí durante tres períodos (1974-1978; 1978-1982; 1982-1986).

Posteriormente el presidente Virgilio Barco Vargas lo nombró Ministro de Hacienda, cargo que desempeñó hasta 1987 y luego a la cartera de Gobierno hasta 1989 cuando asumió la jefatura de debate del candidato Luis Carlos Galán Sarmiento, del Nuevo Liberalismo, quien fue asesinado por la mafia.

Ante dicho magnicidio, César Gaviria Trujillo, recibió las banderas de la candidatura presidencial por parte de Juan Manuel Galán Pachón, hijo del inmolado mártir de la democracia, Luis Carlos Galán Sarmiento.

Al ser ungido por el pueblo, César Gaviria Trujillo, como Presidente de Colombia, se consolidó por votación popular, la Asamblea Nacional Constituyente, que le abrió paso a la promulgación de la Constitución de 1991, dejando en los anales de la historia la vieja carta magna de 1886.

Después de Gaviria, Colombia elige al también liberal Ernesto Samper Pizano, como su Presidente en 1994 hasta 1998. Fue Senador de 1986 a 1990, también Concejal de Bogotá, diputado por Cundinamarca, ministro de Desarrollo y embajador de Colombia en España.

Posteriormente llega a la Presidencia de la República de 1998 a 2002 el conservador Andrés Pastrana Arango. Fue elegido senador en 1991 como cabeza de lista de la Nueva Fuerza Democrática, movimiento suprapartidista que creó como escisión del Partido Conservador.

Luego en el año 2002 es elegido Presidente Álvaro Uribe Vélez, de tendencia liberal, pero disidente de este partido. Uribe se presentó a las elecciones presidenciales de 2002, apoyado por el movimiento Primero Colombia, aunque había ejercido como senador del Partido Liberal en dos periodos (1986-1990 y 1990-1994).

Se establece la reelección presidencial

Después de una reforma constitucional llevada a cabo en el Congreso, Uribe Vélez, con el respaldo de las mayorías en Senado y Cámara, a fines a su Gobierno, logra establecer la reelección presidencial, lo que le permite aspirar nuevamente a la jefatura de Estado del 2006 al 2010.

En 2010, Juan Manuel Santos, es elegido Presidente de Colombia y reelegido, al igual que su predecesor, hasta el 7 de agosto de 2018. Santos es el único presidente elegido después de 1991 que no ha sido previamente congresista, no obstante fue tres veces ministro: de Comercio, Hacienda y de Defensa, en varias administraciones.

Por último los colombianos eligieron en el 2018 al actual presidente Iván Duque Márquez, quien ejerció como senador de la República de Colombia desde el 20 de julio de 2014 hasta el 10 de abril de 2018.

Bogotá, D. C, 24 de mayo de 2022

*Periodista-Informes Especiales Oficina de Información y Prensa Senado de Colombia.

-El candidato Rodolfo Hernández se dispara, Gustavo Petro y Fico Gutierrez se mantienen de primero y segundo respectivamente y Sergio Fajardo decae.

Los resultados de la encuesta del Centro Nacional de Consultoría para la revista Semana; de INVAMER, para Caracol TV y El Espectador; y la de Mosqueteros, una alianza de firmas encuestadoras, indican que habrá segunda vuelta para elegir al Presidente de Colombia.  

A diez días de la elección para la jefatura de Estado, el 29 de mayo, los resultados de dichas encuestas destacan un aumento en la intención de voto de Rodolfo Hernández, mientras que los demás candidatos reflejan un ligero descenso, pero se mantiene Gustavo Petro, del Pacto Histórico, como primero en la carrera por llegar a la Casa de Nariño, segundo: “Fico” Gutiérrez y en el tercer lugar el ingeniero Hernández quien supera a Sergio Fajardo.

Las mediciones del Centro Nacional de Consultoría refleja a Gustavo Petro de primero en la contienda con una intención de voto del 38 % (2,2 puntos menos que en la medición de abril) mientras que Fico Gutiérrez, registra un 23.8% (cayendo tres puntos porcentuales de lo que se reflejó en abril).

Entre tanto exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández marca 19.1%, lo que representa un salto de casi diez puntos frente al registro de abril, cuando obtenía 9.6%. Se destaca en esta encuesta que el resto de los candidatos no pasan del 6%. El voto en blanco obtiene un 5.7%, mientras que no sabe-no responde, llega a 10 %.

La encuesta del CNC que se realizó el 13 y el 19 de mayo a 4.412 personas de 104 municipios, con un margen de error de 1,5%, destaca que entre “Fico” Gutiérrez y Rodolfo Hernández hay un empate técnico.

El resultado de esta encuesta señala que Gustavo Petro cuenta con un 40.6 %, cediendo tres puntos respecto al mes de abril, mientras que su inmediato contendor, “Fico Gutiérrez, aumenta 0.4 puntos, es decir llega a un 27.1%, comparado con el resultado de la encuesta del cuarto mes de 2022.   

El ingeniero Rodolfo Hernández llega al 20.9% (en la anterior logró 13.9%), sube siete puntos, mientras que el Voto en Blanco es de 5.7%.

Entre tanto la encuestadora Mosqueteros, realizada en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga con información recopilada del 15 al 18 de mayo de 2022, a la pregunta: “Si las elecciones para la Presidencia de la República de Colombia fueran hoy, y los candidatos fueran los que están en este tarjetón, ¿usted por cuál votaría?”.

Los encuestados respondieron porcentualmente de la siguiente manera: Gustavo Petro: 44,73%, Federico Gutiérrez: 22,42%, Rodolfo Hernández: 15,84%, Voto En Blanco: 7,93%, Sergio Fajardo: 6,92%, Jhon Milton Rodríguez: 0,97%, Ingrid Betancourt: 0,61%, Enrique Gómez: 0,58%.

Así las cosas, no hay duda, todo se define en segunda vuelta.

Bogotá, D. C, 19 de mayo de 2022

El candidato del Pacto Histórico a la Contraloria General Julio Cesar Cárdenas, fue denunciado por una serie de publicaciones en las que habría tomado extractos de otros textos académicos sin citarlos. La comisión accidental de senadores que escogerán a los 10 candidatos que pasan a la recta final, estudiarán la delicada denuncia. 

Mediante un archivo allegado a senadores y representantes de la comisión accidental, encargada de elegir a los 10 candidatos oficiales al cargo de Contralor General de la República, se conoció esta grave  denuncia.

“Que mi tesis de maestría sustentada en la Universidad presuntamente ha sido plagiada por uno de los candidatos a Contralor General de la República: el señor Julio Cesar Cárdenas Uribe”

El denunciante es un abogado y profesor universitario que indica que apartes de su tesis de maestría habría sido plagiada por el hoy candidato del Pacto Histórico a la Contraloría Julio Cesar Cárdenas.

“Esto es un hecho de gran preocupación para la ciudadanía, y como es apenas obvio estoy iniciando las acciones legales pertinentes a fin de que se inicien las correspondientes investigaciones a las que haya lugar, la verdad como ciudadano no aguantaría un nuevo caso de plagio que quede en la impunidad ante los ojos del país”

El denunciante le pidió al Congreso grandeza, y revisar cuantos antes su  denuncia que ya fue puesta en conocimiento ante autoridades competentes.

“Demando de ustedes su postura objetiva en este caso ya que ustedes como representantes del pueblo son el filtro que necesitamos todos para no dejar a personas sin criterio ético llegar a ocupar dignidades máxime cuando se trata de un órgano de control”, sostiene el denunciante.

En la hoja de vida que Julio César Cárdenas puso a consideración dentro del proceso, están descritos la publicación de tres libros y un artículo  de su autoría. El libro que más llama la atención está titulado El control a la contratación pública en la etapa precontractual, publicado por el Instituto Latinoamericano de Altos Estudios.

De acuerdo con el análisis de las plataformas especializadas en detectar coincidencias entre textos publicados en la web, el libro que Cárdenas asegura escribió, tiene un ciento por ciento de probabilidad de plagio al no tener las referencias de donde extrajo citas textuales que estarían en otras publicaciones.

Dentro de las publicaciones en las que las plataformas encontraron esas coincidencias, están dos trabajos de grado publicados por dos estudiantes de la Universidad Santo Tomás. Se trata de una tesis de Maestría en Derecho y un trabajo de doctorado en Derecho que están dedicados al análisis del Control Fiscal y desde donde, según la verificación que da la plataforma, el autor había extraído citas textuales de esas publicaciones que están colgadas en internet.

También hay coincidencias desde páginas como Wikipedia, páginas de bibliotecas virtuales y otras que contienen información de contratación estatal, como Colombia Compra Eficiente.

En el libro Control Fiscal Externo e Interno en la etapa de planeación de la contratación estatal, también de la autoría de Cárdenas, la plataforma asegura que existe un 90 por ciento de probabilidad de plagio tener coincidencias en varias páginas, entre las que figura una nueva tesis de maestría de una estudiante de derecho de la Universidad Santo Tomás.         

Esta nueva polémica se suma a la presentada el día de la sustentación del candidato Cárdenas ante el Congreso donde empezó dando explicaciones antes que propuestas.

El conocimiento público de que Cárdenas habría estafado a un ciudadano venezolano aprovechándose de su cercanía con el régimen chavista, hoy en cabeza de Nicolás Maduro, fue el tema que lo puso a desembrollar esa denuncia ante los congresistas en la audiencia del pasado 20 de abril. 

Cárdenas fue Vicecontralor y esta es la segunda vez aspira al cargo de Contralor General. Hace tres años fue apoyado por el hoy candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro.

Bogotá, D. C, 26 de abril de 2022

Fuente Pulso caribe.

-El tema ha causado división. Se trata de Julio  César Cárdenas, quien de nuevo quiere llegar al alto cargo de control.-

El proceso de selección de quien será el próximo Contralor General de la República, terminó mezclándose con la actual campaña presidencial.

Se supo que Julio César Cárdenas quien por segunda vez aspira a dirigir el ente de control, busca el respaldo  del candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro y de ese sector de la izquierda.

Hace tres años cuando Cárdenas aspiro por primera vez al mismo cargo, Gustavo Petro expresó públicamente su respaldo. Hoy el tema causa controversia dentro del Pacto Histórico.

Al principio de todo este proceso, los integrantes de la bancada de la Colombia Humana en el Congreso habían hecho algunos cuestionamientos por el aparente afán en la selección de los aspirantes a la Contraloría, pero una vez Cárdenas resultó dentro del grupo de clasificados, hubo alunas voces de respaldo y de llamado a la calma.

Sin embargo, surgió otra preocupación dentro del propio Pacto Histórico porque dentro quienes apoyan a Cárdenas figura el abogado Vladimir Fernández Andrade,  que en 2011 fue retirado de la  Comisión de Empalme del entonces alcalde electo de Bogotá, Gustavo Petro, luego de que fuera dictada una  medida de aseguramiento en su contra, en medio de un proceso penal por presunto interés indebido en la celebración de contratos.

Voceros del Pacto Histórico que pidieron reserva de su nombre recordaron que Fernández Andrade fue condenado en primera y segunda instancia, pero finalmente absuelto por la Corte Suprema de Justicia por el delito de infidelidad a sus deberes profesionales como abogado. Y que esto generaría un ruido innecesario en medio de esta campaña.

Incluso en una reciente reunión la misma fuente dijo que salió a relucir que Fernández Andrade fue imputado por la Contraloría junto a otros funcionarios del Instituto Nacional de Vías, Invías, del cual fue Jefe de Oficina entre 2003 y 2006 por un presunta responsabilidad fiscal basada en una inadecuada defensa del Estado en el trámite de un millonario proceso de conciliación.

Por estos hechos, no hay tranquilidad dentro  del Pacto Histórico y ya se habla de una profunda división alrededor de la candidatura de Julio César Cárdenas.

Bogotá, D. C, 24 de marzo de 2022.

Nota tomada de la Otra Cara

Por Paola Saldaña Bejarano.- El Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Iván Duque Márquez, radicó ante el Congreso el proyecto de ley 400 Senado en marzo del 2021, con el propósito de renovar y reestructurar el marco normativo que promueva la conformación de un Sistema Nacional del Deporte integral, sostenible e inclusivo.

En atención a las exigencias de los estándares internacionales, el Gobierno colombiano presentó a consideración del Congreso, con el apoyo del Ministerio del Deporte y senadores de distintos partidos, lo que reemplazaría la legislación que regula este sector desde 1995.

Esta iniciativa obedece también a la necesidad de posicionar el deporte como industria en el país y dar una nueva dirección mucho más articulada, teniendo en cuenta la coyuntura del covid-19 y las necesidades en todo el territorio para lograr el desarrollo y bienestar físico, mental, así como el mejoramiento del tejido social a través del deporte, la recreación y el uso del tiempo libre.

Una propuesta que nace por compromisos adquiridos por Colombia que es signataria de la Carta Internacional de la Educación Física, Actividad Física y Deporte (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 2015, UNESCO, 2015) donde se establece que “la práctica de la educación física, la actividad física y el deporte es un derecho fundamental para todos”.

Además se tiene presente que es un mandato constitucional, en el artículo 52 de la Carta Fundamental y en la sentencia T-242/16 de la Corte Constitucional que dicta: “el deporte es indispensable para que el individuo desarrolle su vida dignamente; esto se relaciona con los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la educación, a la libre asociación, a la salud y al trabajo”.

Es importante destacar que el gobierno ha hecho la mayor inversión hasta ahora en la historia de este sector, destinando un promedio de 583.000 millones de pesos anualmente invertidos en infraestructura, profesionalización, promoción y fortalecimiento de las instituciones veedoras y reguladoras del deporte.

En la elaboración del proyecto de ley se tuvieron en cuenta conceptos y peticiones de las  organizaciones deportivas y la misma ciudadanía. Fueron siete jornadas de socialización en foros regionales, así como la recepción de propuestas en su página web y redes sociales, donde también fueron transmitidos dichos encuentros de participación ciudadana.

Actualmente el proyecto se encuentra a la espera del segundo debate en la Plenaria de Senado, tras pasar su aprobación por unanimidad en mayo del 2021, en la Comisión Séptima de la corporación, con ponencia presentada por la senadora Laura Fortich Sánchez. (Partido Liberal Colombiano).

Deporte promueve la unidad nacional

No cabe duda de que Colombia ha obtenido importantes resultados en el escenario deportivo. Una muestra de ello han sido las clasificaciones a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en el que se completó una delegación de 149 deportistas, logrando el puesto 23º en el medallero general y registrando también el mejor balance técnico. Adicional a esto, el deporte se ha consolidado como un elemento de identidad nacional que promueve la unidad como sociedad. Tal como indica el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), casi 6 de cada 10 latinoamericanos considera que el deporte nacional es lo que más caracteriza a su país y de lo que más se siente orgulloso.

Si bien esta iniciativa tiene como eje fundamental el reconocimiento de los deportistas de alto rendimiento así como otorgarles garantías a través de protección y seguridad social para seguir representando al país y forjando su proyecto de vida; este nuevo paquete normativo pretende ir más allá: brindar una cobertura mucho más integral que, de manera articulada, pueda contribuir al bienestar de todos los colombianos.

La propuesta legislativa contempla una intervención transversal y multisectorial con alianzas para aunar esfuerzos que multipliquen el alcance de los proyectos y programas. Por ejemplo, junto al Ministerio de Educación, se priorizará la definición de mallas curriculares ajustadas a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes de las instituciones educativas, fortaleciendo la capacitación a docentes y acondicionamiento a la infraestructura para  robustecer la inclusión de los discapacitados.

Por la misma vía, en alianza con el Ministerio de Salud, se proyecta la formulación conjunta de políticas públicas que promuevan estilos de vida saludables teniendo en cuenta que el deporte forma parte de los pilares más importantes para aumentar la esperanza de vida. Destaca la iniciativa trabajar desde el sector económico en la investigación y el emprendimiento, apoyando e investigando en emprendimiento e innovación ya que el deporte se consolida también como una industria en sí misma que puede competir junto a otros renglones de la economía.

Fondo Cuenta del Mindeporte

Otro de los alcances más importantes del proyecto es la creación del Fondo Cuenta del Ministerio del Deporte como fuente de financiación de los recursos que se generen por concepto de la prestación y venta de servicios, donaciones recibidas, desarrollo de proyectos o cualquier otro concepto. Esto favorecerá y fortalecerá a las ligas y federaciones de deportistas de todo el país.

El ministro del deporte, Guillermo Herrera Castaño, que es el segundo funcionario público en ejercer este cargo, se ha mostrado optimista y comprometido con los cambios que adelanta esta cartera pues desde su posesión anunció que una de las premisas que determinaría el rumbo de su gestión sería procurar que el deporte tenga un impacto social, diseñando estrategias que mejoren la calidad de vida de la población, desde primera infancia hasta persona mayor. Todo ello con el apoyo de los actores del sector público-privado, quienes han tenido un papel protagónico en la trayectoria del deporte colombiano y quienes también están dispuestos a sumar esfuerzos para seguir fortaleciendo esta industria en el país.

Más allá del incremento en los recursos y la profesionalización de la actividad deportiva, se pretende que la práctica del deporte reduzca la delincuencia y el consumo de estupefacientes; apoyen la cohesión, resolución de conflictos, promoción de la igualdad de género, integración social de personas que habitan zonas marginadas, contribuyendo así al desarrollo integral del ser humano, respaldado por múltiples instituciones oficiales que a través de políticas públicas, trabajarán para un nuevo Sistema Nacional del Deporte con un sentido social, sostenible y competitivo.

En suma, este proyecto de ley tiene un objetivo ambicioso: constituir el deporte como una herramienta de transformación social en Colombia y como una industria competitiva en el mundo.

Bogotá, D. C, 19 de marzo de 2022

Fuente: Prensa Senado de Colombia

-En el Día Internacional de la Mujer se destaca que las remesas de las migrantes colombianas, impactan positivamente en su inclusión financiera.

Por Alejandra Buitrago.- Unos 100 millones de mujeres migrantes envían la mayor parte de sus ingresos y lo hacen con frecuencia a otras mujeres en Colombia, de acuerdo con Naciones Unidas Mujer y con la plataforma inglesa de remesas WorldRemit.

El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA, organismo de Naciones Unidas, estima que las remesas tocan directamente la vida de mil millones de personas en todo el mundo, manteniendo a millones de familias receptoras por encima del umbral de la pobreza y a menudo suman el 60 por ciento o más de los ingresos del hogar.

“Cuando una mujer migra se enfrenta a muchos retos como las brechas salariales y las ofertas laborales que se les presentan en los países a donde migran. Además, ellas deciden quién va a recibir ese dinero y cómo va a ser administrado. Allí empieza su empoderamiento. Es por eso que en los últimos once años la proporción de los usuarios de la plataforma WorldRemit, ha crecido en un 19 por ciento; hoy el 42 por ciento son mujeres en comparación con solo 23 por ciento en el año 2010”, dijo Paula Valle, Gerente para Latinoamérica en Colombia de WorldRemit, plataforma inglesa que envía dinero desde 50 países a más de 150 países alrededor del mundo.

Paula Valle, Gerente para Latinoamérica en Colombia de WorldRemi.

Al celebrarse el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer, la ejecutiva informó que de acuerdo a un estudio que se realizó sobre las remesas internacionales y la migración en Colombia, más del 52 por ciento de las remesas son enviadas por mujeres, principalmente desde Estados Unidos y España.

Valle informó que aproximadamente el 60 por ciento de los beneficiarios en Colombia son mujeres jefe de hogar y la edad promedio está entre 25 y 40 años.

Mujeres: Motor de la economía familiar

Resaltó Paola Valle que son precisamente las mujeres la piedra angular, el motor de las economías familiares, y a su vez, las que representan la mayoría de los receptores de remesas. Asimismo, dijo, son las primeras usuarias de dinero móvil a través de los celulares lo cual les permite no sólo cubrir las necesidades básicas de sus familias sino educarse, ahorrar e invertir.

De acuerdo con el Banco de la República, Colombia registró en 2021 una cifra récord de remesas enviadas al país por colombianos en el exterior, por segundo año consecutivo en aumento, con un crecimiento del 24,4 por ciento frente al 2.020, es decir, 830,8 millones de dólares más que en 2020.

“Son claves además porque envían dinero de fuera para los emprendimientos locales, y por eso proporcionamos las herramientas tecnológicas para que sus envíos de dinero sean rápidos, sencillos y seguros, y así ayudar a las familias a mantenerse unidas a pesar de las distancias”, agregó Valle.

Las mayores receptoras

De acuerdo con información recogida por WorldRemit, en casa las mujeres y los hombres tienden a utilizar el dinero recibido de manera diferente. Las mujeres que reciben remesas canalizan más fondos que los hombres hacia la atención médica, la alimentación, la nutrición, la vivienda y la educación de sus familias.

Pandemia las desafió

La pandemia de COVID-19 amplió el desafío económico pues más mujeres que hombres perdieron sus trabajos. Los sectores que absorben a mujeres trabajadoras, como el turismo y los servicios personales, fueron los más golpeados.

De los 281 millones de migrantes internacionales Naciones Unidas sostuvo que la mitad son mujeres, muchas de las cuales viven en condiciones de desigualdad de género generalizada, racismo sistemático, violencia, desempleo o con empleos vulnerables, mal remunerados y sin protección laboral, sólo el 22 por ciento de ellas cuentan con protección social, expuestas a ser víctimas de violaciones de derechos humanos y laborales, o de las redes de trata antes de llegar a su destino.

Las redes de seguridad financiera que algunos países establecen para mitigar la pérdida de ingresos a menudo no están disponibles para las mujeres migrantes y sus familias.

La solución para romper esta brecha ha sido el dinero móvil, es decir las transferencias electrónicas vía celulares, por las características distintivas que lo hacen especialmente atractivo para las mujeres en comparación con otros canales de envío de remesas.

En algunos mercados, las mujeres han sido las primeras en adoptar el dinero móvil como canal para recibir remesas.

Datos de WorldRemit indican que, en 2014, el 20,46 por ciento de sus usuarias en todo el mundo utilizarían el dinero móvil como mecanismo de pago en comparación con solo el 13,99 por ciento de los hombres. En 2018, este fue el caso del 28,24 por ciento de las mujeres que recibieron fondos a través de WorldRemit y del 28,16 por ciento de los hombres.

El dinero móvil es especialmente importante para los hogares encabezados por mujeres, pues ofrece oportunidades potenciales para pasar de trabajos agrícolas a carreras de mayores ingresos, o para que las mujeres establezcan sus propios negocios, especialmente para aquellas que pueden no tener acceso a una cuenta bancaria.

Bogotá, D. C, 7 de marzo de 2022

Ecos Reportaje

La Misión de Observación Electoral-MOE- publicó el resultado de una investigación donde se destaca que en 131 municipios hay riesgo indicativos de fraude electoral como alarmas por factores de violencia.

Del total de municipios en peligro, 49 están en riesgo extremo, 65 en riesgo alto y 17 en riesgo medio. El departamento de Antioquia es el que tiene el mayor número de municipios en riesgo.

Alejandra Barrios Cabrera, directora de la Misión de Observación Electoral, resalta en el informe que  “Al comparar los ‘Mapas consolidados de riesgo’ de 2018 y 2022, se puede evidenciar que hay 38 municipios en los que el nivel de riesgo por coincidencia de factores indicativos de fraude electoral y violencia ha aumentado, mientras que 43 se mantuvieron en el mismo nivel”.

Sostiene Barrios cabrera que si bien el número consolidado de municipios en riesgo es el menor registrado desde que la MOE inició con la elaboración de los Mapas de Riesgo Electoral, el resultado está lejos de ser una buena noticia, pues no obstante el número de municipios en los que coinciden ambos riesgos disminuyó en un 23% con relación al 2018 (pasando de 170 a 131), las variables asociadas al conflicto y la violencia revelan un recrudecimiento con mayor intensidad en las zonas históricamente afectadas y en las que hoy se encuentran las Circunscripciones.

Los riesgos electorales se concentran en 23 de los 32 departamentos, de manera particular en las siguientes 5 subregiones: El Catatumbo; el Sur de Bolívar y el Nordeste Antioqueño; el Bajo Putumayo; la Orinoquía y la Amazonía; y el Andén Pacífico. Se destaca el departamento de Arauca, donde casi la totalidad de los municipios se encuentran en riesgo extremo.

Riesgo extremo por violencia

La MOE alerta de forma especial sobre 49 municipios que presentan un riesgo extremo por violencia y factores indicativos de fraude electoral, lo mismos que se ubican en los departamentos de: Putumayo, Arauca, Sucre, Norte de Santander, Nariño, Meta, La Guajira, Chocó, Antioquia, Bolívar, Caquetá, Cauca y Córdoba. De estos, 21 se mantienen en riesgo extremo desde el 2018.

Asimismo, de los 167 municipios que conforman las Elecciones Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz – CITREP -, 66 se encuentran dentro de los 131 municipios que presentan riesgos tanto indicativos de fraude electoral como de violencia.

Para las elecciones de 2022, el número de municipios en riesgo por factores de violencia es 319, nueve (9) más que los que se reportaron en el del 2018. Si bien desde las elecciones a Congreso de 2010 se venía presentando una disminución constante de los municipios en riesgo por violencia, en este proceso electoral se observa un incremento de los mismos.

La MOE atribuye este hecho a la reconfiguración y disputa por el control territorial por parte de los Grupos Armados al margen de la Ley, fenómeno que precisamente se está dando en las mismas regiones en las que se esperaba que el impacto del Proceso de Paz contribuyera a la disminución y posterior desaparición de la violencia.

Un ejemplo de esto es la situación en el departamento de Arauca, en donde la crisis humanitaria es de proporciones mayúsculas pues 5 de sus 7 municipios se encuentran en riesgo extremo y dos en nivel alto, a saber: Puerto Rondón y Cravo Norte. La presencia del Frente 10 de las disidencias de las Farc, así como la del ELN, y la crudeza de sus acciones terroristas tienen secuestrada en su propio territorio a la población civil.

En el caso de los 167 municipios que conforman las CITREP, 145 de ellos -es decir el 86.8%- hacen parte de la totalidad de los municipios que presentan riesgos por factores de violencia. Lo anterior genera una preocupación particular, al identificar que 52 de los municipios CITREP se encuentran dentro de los de riesgo extremo.

Amenaza a la democracia

De acuerdo con Barrios, ante un conflicto armado que muta de actores “el recrudecimiento de la violencia es una amenaza latente para la democracia colombiana. Un claro ejemplo de ello es la escalada violenta del pasado mes de enero; en la que hubo ataques a delegaciones humanitarias, líderes políticos, sociales y comunales, además de atentados coordinados contra la Fuerza Pública.

Estos hechos tienen un efecto sobre el proceso electoral, pues se impide la realización de actos de proselitismo político y se infunde miedo a la ciudadanía a la hora de ejercer su derecho al voto”.

En un análisis de los datos a partir de las estructuras que operan en los territorios:

• 91 municipios presentaron algún nivel de riesgo por la presencia del ELN en 2022.
• 124 municipios presentaron algún nivel de riesgo por la presencia de las disidencias de las FARC en 2022.
• 157 municipios presentaron algún nivel de riesgo por la presencia de Grupos Armados Organizados en 2022.

Cabe añadir que la presencia de grupos armados ilegales en los distintos municipios da cuenta también de la existencia de diversas economías ilegales (la producción y comercialización de cocaína, la minería ilegal, el contrabando y el tráfico de migrantes), pues estas están detrás de la financiación de estos grupos.

Riesgo en elecciones para Congreso:

Estando a 33 días de las elecciones parlamentarias, el nivel de riesgo de fraude electoral para la Cámara y el Senado se ubica de la siguiente manera:

• Riesgo de fraude Cámara 2022: 51 municipios en riesgo extremo, 98 en riesgo alto y 186 en riesgo medio, para un total de 335 municipios con algún nivel de riesgo.
• Riesgo de fraude Senado 2022: 30 municipios en riesgo extremo, 99 en riesgo alto y 194 en riesgo medio. Para un total de 323 municipios en riesgo.

Son 18 los municipios que coinciden en riesgo extremo indicativo de fraude electoral tanto para las elecciones de Cámara como de Senado. Sobre este grupo de municipios la MOE recomienda a las autoridades electorales, la Fiscalía y Procuraduría hacer un seguimiento especial, tanto en lo que resta del proceso electoral como en las jornadas de escrutinios.

En este sentido, “al comparar los ‘Mapas de riesgo’ de 2018 y 2022, son 127 los municipios que mantienen niveles de riesgo coincidentes por estos factores. Lo anterior significa que se requieren de mayores esfuerzos, dentro de ellos, fortalecer la capacidad de la autoridad electoral para realizar una efectiva vigilancia y control de la financiación de las campañas políticas”, afirma Barrios.

Para hacerle frente a los riesgos anteriormente mencionados, la Misión de Observación Electoral - MOE, reitera a las Autoridades, tanto del orden nacional, como departamental y municipal, la urgencia de convocar Comisiones de Seguimiento Electoral con el objetivo de brindar las garantías necesarias a todos los actores participantes de la contienda electoral, incluyendo a la sociedad civil.

Bogotá, D. C, 10 de febrero de 2022

Fuente: MOE.

Estados Unidos es el 5to socio comercial de Cuba por su volumen de comercio y, según el Departamento de Agricultura de EE.UU., suministra alrededor del 96% del arroz y el 70% de los productos de carne avícola que se consumen en Cuba.

Esto se debe en parte que, a lo largo de estos años, presidentes de Estados Unidos modificaron las restricciones impuestas por el embargo, en busca de mejoras en la situación de los derechos humanos en la isla.

Con estas cifras diferentes líderes cubanos exiliados han cuestionado el supuesto bloqueo liderado por Estados Unidos al régimen cubano.

El exprisionero político cubano y diplomático Luis Zúñiga, publicó recientemente un informe donde evalúa, según sus propias palabras,  el uso a conveniencia, por parte del régimen comunista, del término ‘bloqueo’.

Zúñiga asegura que su uso por parte del gobierno cubano, tiene el evidente propósito de magnificar su impacto y presentarse como “una víctima” que suscita simpatía o lástima del resto de las naciones (por ser Cuba un país pequeño y Estados Unidos uno grande y poderoso).

En su escrito, señala que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba tiene años llevando a votación en la ONU la resolución sobre la “necesidad de poner fin al bloqueo’… y recitando las pérdidas que durante los 60 años de embargo, Cuba ha tenido: “Más de 930 mil millones de dólares estadounidenses”.

No obstante, Zúñiga indica que la raíz del embargo fue la agresión del régimen castrista, mediante su acción confiscatoria (sin compensación) contra compañías estadounidenses como “Texaco”, “Shell” y “Esso” en el año 1960, poco después del triunfo de la ‘revolución cubana’ y en un contexto de Guerra Fría.

Más confiscaciones

Según reseña Zúñiga, a las mencionadas empresas petroleras se sumaron otras 38 empresas de norteamericanos, entre ellas los 36 centrales azucareros que poseían, como también las compañías de teléfonos y electricidad. Aunque en el mundo entero las nacionalizaciones requieren que los gobiernos compensen adecuadamente a los dueños extranjeros, todas esas empresas fueron nacionalizadas sin compensación por orden de Fidel Castro.

La primera respuesta del presidente de Estados Unidos fue cancelar la cuota azucarera de 3 millones de toneladas que le compraba anualmente a Cuba. Luego, ante la elevación de aranceles a las importaciones de productos estadounidenses, el gobierno de ese país decidió suspender la exportación de mercancías a Cuba, excepto medicinas y alimentos.

Por último, Fidel Castro ordenó “la nacionalización de todos los bancos extranjeros”, y el 24 de octubre “dispuso la confiscación de todas las empresas norteamericanas que permanecían en Cuba. Las confiscaciones a estadounidenses fueron valoradas en ese momento en poco más de $1.000 millones de dólares”, expone Zúñiga.

La situación escaló hasta que el 3 de enero de 1961, las relaciones diplomáticas se cortaron.

¿Embargo o bloqueo?

Para Elías Amor, experto de Cuba Study Group, quienes afirman que el embargo a Cuba es inmoral e ilegal no tienen sustento alguno. “Lo que muestran es un gran desconocimiento de la historia. El origen del embargo se produjo cuando el régimen de Fidel Castro, de forma unilateral y sin justificación alguna, procedió, a partir de 1959, a confiscar y expropiar, sin pagar las compensaciones, al capital empresarial y productivo de Estados Unidos en Cuba. Decisiones de ese calibre llevaron al gobierno de Estados Unidos a exigir el pago (no se aceptaron los bonos emitidos por el régimen, porque carecían de respaldo financiero al ir condicionados a la cuota azucarera que mantenía Cuba en Estados Unidos y que también fue cuestionada)”.

Precisa que Estados Unidos, para defender los intereses económicos de sus nacionales expropiados por el régimen revolucionario, decretó el embargo en la administración Eisenhower. “Después, en 1962 Kennedy amplió la regulación del embargo extendiendo las restricciones a las importaciones cubanas con referencia a la Foreign Assistance Act., aprobada por el Congreso en 1961 y que autorizaba al presidente a imponer estas medidas hasta que el gobierno cubano avanzara en la compensación de ciudadanos estadounidenses por las nacionalizaciones”.

No hay bloqueo

Los expertos declaran que bloquear económicamente a un país implica medidas que no se han usado en el caso de Cuba: rodear el país con barcos de guerra, bloquear el espacio aéreo para impedir que lleguen mercancías y suministros.

Además, un bloqueo impide comerciar y realizar transacciones bancarias y financieras con otros países. En cambio, Cuba comercia con una gran cantidad de países y realiza transacciones normales con ellos.

Solo las transacciones directas con Estados Unidos —o las sujetas a restricciones por sospechas de tener vínculos con grupos terroristas, lavadores de dinero o sus testaferros—, están limitadas o controladas; así como está prohibido darle a Cuba acceso a créditos en Estados Unidos.

Aun así, Estados Unidos es el 5to socio comercial de Cuba por su volumen de comercio y, según el Departamento de Agricultura de EE.UU., suministra alrededor del 96% del arroz y el 70% de los productos de carne avícola que se consumen en Cuba. Esto se debe en parte que a lo largo de estos años, presidentes de Estados Unidos modificaron las restricciones impuestas por el embargo, en busca de mejoras en la situación de los derechos humanos en la isla.

“No ha habido bloqueo jamás, salvo unos días durante la crisis de los misiles en octubre de 1962. Pero al régimen comunista cubano le ha venido muy bien mantener esa imagen de hostigamiento que es falsa, porque en realidad Cuba puede comerciar libremente con todos los países del mundo y recibir inversiones, créditos y préstamos, turistas y remesas igualmente sin restricción alguna de los países que así lo deseen. Incluso existe un comercio de alimentos, medicinas, etc. con Estados Unidos que ha alcanzado cifras importantes en 2021, y que la única salvedad es que se encuentra tasado con las normas del embargo (por ejemplo, se tiene que pagar al contado, no hay crédito)”, explica Amor.

-Claman por sus dineros tras más de diez años de espera de una rentabilidad que no llega.-

-Anuncian pleitos judiciales y búsquedas policiacas internacionales para dar con los responsables.- 

Más de 6.000 inversionistas que depositaron sus ahorros o sus pensiones, cerca de medio billón de pesos, en el complejo inmobiliario más alto de Colombia, el BD Bacatá, de 57 y 67 pisos de altura, llevan más de una década sin recibir retorno de su inversión y se encuentran en vilo a la espera de la decisión del liquidador asignado por la Superintendencia de Sociedades, Alejandro Revollo Rueda, de si los declara o no acreedores.

Esa decisión partirá su historia en dos pues podrían pasar de ser propietarios a víctimas y se sentaría un precedente en el ámbito jurídico financiero colombiano ya que o se reconoce a los inversionistas como aportantes, en contra de varios conceptos de la Superintendencia Financiera, o como acreedores de BD Promotores, caso en el cual engrosarán la lista de proveedores damnificados con lo que para algunos juristas podría ser un desfalco, autorizado o consentido por Acción Fiduciartia, destacan los afectados.

Torre sur podría irse a remate

Por eso rechazaron el hecho de que la torre sur podría irse a remate, el peor de los escenarios para los inversionistas que no alcanzarían a recuperar ni el 20 por ciento de lo que depositaron, pues la ley establece que se debe pagar primero a los trabajadores, segundo a la Dian e impuestos, tercero a las hipotecas, cuarto a los proveedores y quinto a los acreedores e inversionistas.

Así, lo que era una de las obras arquitectónicas colosales del país y de Suramérica, una promesa de inversion única, sería un elefante blanco para rematar a cualquier precio y se convertiría en un desafío jurídico según anunciaron inversionistas y acreedores afectados que unidos buscarán restablecer sus derechos, determinar responsabilidades y recuperar su dinero.

Es quizás por eso que el liquidador Revollo Rueda no la tiene fácil y se ha tomado varios meses para anunciar su decisión que puede ser: una, que diga a los dueños de los fideicomisos que no son acreedores sino aportantes, contradiciendo lo que ha reiterado la Superintendencia Financiera de Colombia, generando un nuevo choque de trenes; sus hoteles y sus áreas comerciales les pertenecen con autonomía sobre sus activos. “Sería la más conveniente para nosotros”, indicó uno de los afectados.

La opción dos, que es la más factible, es que Revollo diga: ustedes son acreedores, traíganme sus activos (hoteles, zonas comerciales), los voy a meter en la bolsa para rematarlos y pagarles así los más de 132.000 millones de pesos que se deben y les devuelvo una pequeña porción de su plata. 

Así lo manifestó con preocupación un grupo de inversionistas de los fidis de las áreas comercial y de hoteles, ubicados en la torre sur, la más alta, “la joya de la corona”. Acción Fiduciaria se niega a entregarles los espacios a pesar de que ya se encuentran en uso desde abril de 2.017 desde cuando los locales se han arrendado, con el argumento de que BD Promotores no les ha entregado la torre sur terminada; pero “¿dónde está la plata que se recauda de esa explotación económica. Parece que el único interesado en mantener ese estatu quo es Acción Fiduciaria, la cual sigue cobrando sus comisiones por cada movida que se da en cualquier dirección”, indicó Javier Eduardo Rosero, inversionista de comercio.

Tres años para terminar obra

Y eso no sucederá antes de tres años pues según un concepto de ingeniería externa que solicitó una de las inversionistas de hoteles, Johana Rozo, se requeriría de un ejército de obreros trabajando de noche y de día por tres años para terminar la obra.

Los afectados, asesorados por expertos abogados, consideran que en este instante tienen dos salidas: 1. Perder el 80 por ciento de su inversión si es que aún se puede recuperar algo. 2. Pedir la intervención de la Superintendencia Financiera de Colombia para que proteja sus ahorros; este caso, puede resultar aún más grave que el de Interbolsa y Elite “el edificio no se sabe, a ciencia cierta si puede terminar afectado por las obras inconclusas y los rios que corren bajo los sótanos”, indicó la líder de una asociación de víctimas del BD Bacatá.

Fuentes cercanas al liquidador aseguran que este podría acogerse a un par de artículos que contempla la ley porque no tiene plata por fuera de los fideicomisos y en los fideicomisos tiene el hotel que está terminado en un 85 por ciento; claro está sin dotación (Aunque fuentes al interior de la fiduciaria sostienen que el operador puso en la Fiduciaria la plata para el efecto, ¿dónde estará?), y los locales comerciales.

“Aquí llegó el español Venerando Lamelas a hacer lo que quiso y nadie lo frenó ni la Superintendencia Financiera, ni la de Sociedades, ni Acción Fiduciaria, ni Pablo Trujillo su presidente. Más de seis mil inversionistas depositamos mucho más dinero del que costaba el Proyecto y resultó que no alcanzó ni para terminarlo?”, indicó Javier Eduardo Rosero propietario de dos fidis comerciales de 55 millones cada uno en los años 2.011 y 2013  quien sólo ha recibido $300.000 de rentabilidad.

Los afectados crearon cuatro grupos según los usos de las torres (hoteles, comercio, vivienda, oficinas y parqueaderos), cuentan con diversos bufetes de abogados para enfrentar la decisión que tome el liquidador en caso de serles desfavorable y reclamar a entidades de control y a Acción Fiduciaria por los niveles de responsabilidad que les corresponda.

“Vamos a pedir una auditoría forense internacional con el apoyo de entidades policiacas transnacionales e ir a todas las intancias necesarias para seguir la huella del dinero porque las sumas no nos dan”, aseguró otra propietaria.

¿Por qué se quebró Bd Bacatá?

El éxito en ventas sin precedents en Colombia de fidis, Figura Internacional de Derecho Fiduciario Inmobiliario, con autorización de la Superintendencia Financiera fueron comercializados públicamente, el primer macro proyecto al alcance de los ahorradores y pensionados que a través de cocteles y una agresiva campaña publicitaria, alcanzó su punto de equilibrio, sin necesidad de crédito constructor. Pero ¿por qué quebró?

El Presidente de Acción Fiduciaria, Pablo Trujillo Tealdo, señalado por multiples inversionistas de co responsable de esta situación, reconoció que “BD Promotores tenía otros negocios, y en esos otros negocios perdió dinero y no tuvo la capacidad de sostener la liquidez que necesitaba para este Proyecto”, https://www.youtube.com/watch?v=oJhr-bYpg40 (al minuto y 29 segundos).

Esa declaración es delicada viniendo del presidente de la entidad financiera en la cual los inversionistas depositaron su confianza y dinero, ya que los negocios fiduciarios se basan en “confianza”, un tercero vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia que administra el proyecto inmobiliario, según reza la circular básica jurídica, y su función es mínimo garantizar que se paguen los costos directos de obra del Proyecto; para lo cual existe la famosa figura de Fiducia Inmobiliaria.

Por eso quienes se declaran perjudicados se mostraron sorprendidos de que existan pasivos de Bd Bacatá por más de 132 mil millones de pesos, directamente relacionados con el proyecto, donde aparece otra víctima, la constructota Prabyc, a la que le deben más de 20 mil millones de pesos y otros proveedores que confiaron en Acción Fiduciaria y que hoy también están incusos en procesos de insolvencia.

Hasta al perro y al gato

Y es que Venerando Lamelas Fernández, cabeza de BD promotores Colombia s.a.s., en liquidación judicial, quedó debiendo hasta a los proveedores de alimentos del Hotel Augusta.

Carlos Parra, directivo de Etrining, contratista de toda la infraestructura del servicio de telecomunicaciones de circuitos cerrados de televisión, firmó contrato de 10 mil millones de pesos para abastecer las dos torres de una sofisticada tecnología pero entre los años 2.016 y 2.017 mercancía por valor de 3.000 millones de pesos equipos para la torre sur quedaron atrapados en el aeropuerto Eldorado. Su empresa tambien se debió acoger a la ley 1116 y el gobierno le dió plazo de diez años para pagar sus deudas.

“Acción Fiduciaria no hizo una buena gestión para administrar la plata ques se suponía velaba por el dinero para nosotros como proveedores y de los inversionistas. Esa plata está desaparecida. El perjuicio es mucho porque igual a ese edificio no hay en Colombia que puedan utilizar esa tecnología para controlar los sistemas de circuito cerrado de tv, son demasiado grandes y complejos. El costo de impuestos y bodegajes muy elevado”.

En el anexo de la resolución que declara la liquidación de BD Bacatá se revela que a la Dian y la Secretaría de hacienda de Bogotá adeudan más de 3 mil millones de pesos, a Bancóldex supera los 10 mil millones de pesos y a Davivienda 2.238 millones de pesos.

Al prestigioso arquitecto Alonso Balaguer le deben 243 millones de pesos, al proveedor de plantas eléctricas Antonio Spath y compañía le debe 1.673 millones de pesos; Arista de Colombia empresa de diseño especializado le deben más de 291 millones de pesos; a la ferretería Assa Abloy le deben 322 millones de pesos.

Acción Fiduciria ha dicho a los inversionistas que no tiene ninguna obligación legal ni en la operación ni en los resultados del negocio; que lo único que hizo fue recaudar la plata y entregársela al español, hoy inlocalizable.

Y como la cereza sobre el pastel el interventor Alejandro Gartner respondió al teléfono que “estoy en Nueva York hace rato alejado de ese tema”; pero lo extraño es que su socio, Guillermo Trujillo, primo hermano de Pablo Trujillo, era quien junto a este autorizaban los giros al español.

¿Y la Superfinanciera qué?

Los afectados preguntan por la responsabilidad que le cabe a la Superintendencia Financiera que autorizó los contratos sin mayores exigencias con relación a la captación masiva de recursos del público y la negativa de determinar que los famosos fidis son un valor. “Reconocerlos como tal habría hecho que la venta de estos se hiciera por canales idóneos de comercialización, profesionales, comisionistas de bolsa, con registro y exámenes del Atorregulador del Mercado de Valores de Colombia, AMV, no de modelos o vendedores de cuentos y leyendas”, indicó uno de los abogados expertos en fiducia.

César Zuluaga compró dos fidis cada uno a 35 millones de pesos. “Nos mostraron  todas las bondades. No explicaron en qué consiste un fidi. Tarde nos dimos cuenta que no compramos ni un ladrillo y yo fui el que convencí a mi esposa en una feria del hogar en un stand muy grande; todo el mundo hablaba de eso, que el edificio más grande de Colombia iba a recuperar el centro de Bogotá”.

“Las cosas no iban bien. Eso empezó de para atrás hasta que se paró. Siento que Acción Fiduciaria tiene gran responsabilidad porque autorizó desembolsos. Es un tema como de captación illegal. Se llevaron toda la plata y no les pagaron a los proveedores, no se terminó el edificio. La Fiduciaria autorizó desembolsos para que esta gente se llevara esa plata y una de sus obligaciones es adminsitrar los dineros para que no pase esto”, dijo Zuluaga.

Agregó que “girábamos directamente era a Acción Fiduciaria que un día dijo “se acabó la plata”; claro porque ya se la habían sacado para otro lado. Hubo mucha gente que invirtió todos sus ahorros ahí y sus pensiones y lastimosamente se perdió. Para recuperar esos 65 millones tardaríamos 60 años”.

El caso de otra víctima ilustra el tamaño de esta crisis porque compró un fidi en comercio y otro en hoteles de 55 millones de pesos cada uno a 40 cuotas, “fueron fidis que llegaron a costar 110 millones de pesos y ahora no nos dan ni 20 millones de pesos”.

“Muchos nos sentimos engañados y nadie, ni el Gobierno, ni la fiduciaria nos resuelven nada”, agregó Johana Rozo que compró un fidi cuando su bebé nació para costearle sus estudios. Hoy su hijo tiene 11 años y no ha recibido ni un peso.

Delitos Transnacionales Impunes

Lamelas Fernández llegó a Colombia hacia 2.008 mientras era investigado por las autoridades españolas(https://agenciapi.co/investigacion/empresas/el-desplome-financiero-de-seis-mil-inversionistas-por-el-edificio-mas-alto-de-colombia); en Colombia dejó la obra sin terminar, deudas por salarios y seguridad social a empleados, a un centenar de proveedores, se declara insolvente  entre los años 2.016 y 2.017. (https://www.supersociedades.gov.co/Noticias/Paginas/2018/SuperSociedades-admite-al-proceso-de-reorganizacion-a-BD-Promotores-Colombia.aspx).

A los pocos días inaugura el Proyecto de un mega viñedo en Argentina al lado de autoridades del Gobierno en Mendoza (https://www.ojoprivado.com/bdbacatavenerandolamelasbdpromotore).

Más de 300 trabajadores dolidos por la falta de pagos acudieron a múltiples instancias, incluso al Concejo de Bogotá y a la sede de BD Promotores, el antiguo y colonial hotel en La Candelaria, Augusta, y Lamelas lo vendió quedándose sin la fuente de pago de nóminas y seguridad social. Esto precipitó la siguente decisión de la Superintendencia de Sociedades, la liquidación. En el 2.021 el Gobierno inició la liquidación (https://www.supersociedades.gov.co/Noticias/Paginas/2021/Termina-proceso-de-reorganizacion-de-la-sociedad-BD-Promotores-Colombia-S-A-S-e-inicia-proceso-de-Liquidacion-Judicial.aspx y Lamelas habría salido del país pues no se ha podido localizar.

“Debe pasar algo con un tipo de personajes como este que va por el mundo estafando a diestra y siniestra de país en país. Deberíamos unirnos varios países para que le emitan una circular de la Interpol y no siga engañando incautos por todas partes”, agregó Johana Rozo, inversionista de hoteles.

“Esa plata se perdió. No puedo creer que no genere ingresos. ¿Qué hacen con la plata que recogen de los arriendos del comercio? No se sabe, dicen que en gastos de adminsitración y que siguen en construcción, que el complejo no se dividió por usos, no podemos realizar asamblea de la torre sur”, concluyó Javier Eduardo Rosero.

Bogotá, D. C, 20 de noviembre de 2021

Ecos Reportaje.