Reportajes
Por Luis Fernando García Forero. –Ante una multitud de asistentes en la histórica Plaza de Bolívar, el presidente Gustavo Petro, firmó la ley que establece una nueva reforma al sistema pensional, que ampara a colombianos(as) residentes tanto en el país como en el exterior y que empezará a regir el 1 de julio del 2025.
El objetivo fundamental de dicha iniciativa es establecer un Sistema de Protección Social Integral para la Vejez que permita a los adultos mayores gozar de una pensión inclusiva y en condiciones de dignidad.
Para nuestros lectores destacamos aspectos fundamentales de la nueva ley:
Pilar solidario
Estarán cubiertas todas las personas nacionales residentes en el país mayores de 65 años para el caso de los hombres y mayores de 60 años para el caso de las mujeres, y en el caso de las personas con discapacidad, hombres mayores de 55 años y mujeres mayores de 50 años que tengan pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50 por ciento, y que estén en condición de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad (hasta el nivel C3 del Sisbén), se les otorgará una renta equivalente a 223.800 pesos, correspondiente al umbral de pobreza extrema proyectado para 2024.
Pilar semicontributivo
Otorgará una renta vitalicia a las personas que no se pudieron pensionar, pero que tienen semanas en Colpensiones o ahorros en su cuenta individual en una Administradora de los Fondos de Pensiones.
El requisito para recibir esta renta consiste en ser mayor de 65 años para los hombres y haber cotizado mínimo 300 semanas o 60 años para las mujeres y haber cotizado máximo 999 semanas.
Se otorgará una renta vitalicia, con base en lo ahorrado más el 3% efectivo anual, y un subsidio equivalente al 20% para los hombres y un 30% para las mujeres del saldo restante.
También cobijará a los colombianos residentes en el territorio nacional mayores de 65 años, en el caso de los hombres, y de 60 años en las mujeres, que hayan contribuido al Sistema de Protección Social Integral para la Vejez entre 300 y menos de mil semanas y que sean elegibles para el Pilar Solidario.
Pilar contributivo
En este pilar estarán todas las personas afiliadas al Sistema donde podrán acceder a una pensión integral de vejez, invalidez o sobrevivientes.
Colpensiones recibirá los aportes hasta los 2,3 primeros salarios mínimos legales mensuales vigentes cotizados y las Administradoras de los Fondos de Pensiones recibirán las cotizaciones que exceden los 2,3 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Esas dos prestaciones se unirán o complementarán para sumar una única pensión de vejez y la totalidad de la pensión deberá ser reconocida en un tiempo no superior a cuatro meses después de radicada la solicitud.
Los parámetros para reconocer la pensión de vejez, tales como edad, semanas y taza de reemplazo se mantienen.
El Estado garantiza los ahorros de la persona y el pago del componente complementario de Ahorro Individual a que este tenga derecho, cuando las entidades administradoras incumplan sus obligaciones, revirtiendo contra el patrimonio de las entidades administradoras y aplicando las sanciones pertinentes por incumplimiento.
Pilar de ahorro individual voluntario
Las personas que tengan capacidad de pago pueden ahorrar en él, para obtener una mejor pensión.
Para este pilar no aplicará ninguna de las modificaciones de la Reforma Pensional.
-Los dineros que tienen las personas afiliadas en sus cuentas de ahorro continuarán siendo administrados por las AFP y solo se usarán para el reconocimiento de sus pensiones. Estos dineros se trasladarán a Colpensiones solo en el momento del reconocimiento pensional.
Monto de las cotizaciones
En el Pilar Contributivo la tasa de cotización es del 16% del ingreso base de cotización, donde los empleadores pagarán el 75% de la cotización total y los trabajadores el 25% restante.
Quienes tengan un ingreso mensual igual o superior a cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales vigentes, tendrán a su cargo un aporte adicional de un punto y medio porcentual (1,5%) sobre su base de cotización, destinado al Fondo de Solidaridad Pensional.
Las personas con ingreso igual o superior a 7 salarios mínimos deberán un aporte de uno punto ocho por ciento (1,8%) adicional sobre su ingreso base de cotización así: de 11 a 19 SMLMV de un 2,5%, de 19 a 20 SMLMV de un 2,8%, y superiores a 20 SMLMV de 3% destinado al Fondo de Solidaridad Pensional de que trata la presente ley.
En ningún caso la base de cotización en el Pilar Contributivo podrá ser inferior al monto del salario mínimo legal vigente, salvo para aquellas personas que cotizan por semanas, quienes lo harán sobre la correspondiente proporción.
Las mujeres que tengan ingresos menores a un salario mínimo legal mensual vigente, y que no cuenten con vinculación laboral o contractual y se encuentren afiliadas al sistema de salud, sea como beneficiarias o en el régimen subsidiado, podrán realizar sus aportes al pilar contributivo por un salario mínimo legal mensual vigente, el cual será pagado a través de tercero sin necesidad de realizar el aporte obligatorio en salud.
El auxilio funerario
El auxilio funerario será pagado por parte del Componente de Prima Media administrado por Colpensiones, y tendrá derecho a percibir esta prestación la persona que compruebe haber sufragado los gastos de entierro de un afiliado o pensionado, la cual será equivalente al último salario base de cotización, o al valor correspondiente a la última mesada pensional recibida, según sea el caso, sin que pueda ser inferior a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, ni superior a 10 veces dicho salario.
Las pensiones de invalidez y de sobrevivientes continúan igual, con los mismos requisitos, y serán reconocidas por Colpensiones.
Nuevo Fondo de Ahorro financiará esquema de pilares
Se creará el Fondo de Ahorro, que es el respaldo más importante del Pilar Contributivo, y será para financiar las pensiones del nuevo esquema de pilares a cargo del Componente de Prima Media del Pilar Contributivo. Este Fondo será administrado por el Banco de la República y sus recursos no serán usados para gastos diferentes al pago de pensiones.
El nuevo sistema funcionará bajo un esquema de fondos generacionales, el cual permite que las cotizaciones con las que contribuyó una generación se destinen para el pago de las pensiones de esa misma generación.
Régimen de transición
Se establece un régimen de transición para aquellas personas afiliadas al sistema que, a la entrada en vigencia de este Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, es decir, al 1° de julio de 2025, cuenten con 900 semanas si son hombres o 750 semanas si son mujeres, a quienes se les respetará las condiciones establecidas en el régimen anterior (Ley 100 de 1993).
Se respetarán los derechos adquiridos, es decir, las personas pensionadas continúan en las mismas condiciones.
Dos años para traslado de régimen
Se establece un término de 2 años para que las personas que, aunque les falte menos de 10 años para pensionarse y tengan 750 semanas cotizadas, para el caso de las mujeres, y 900 semanas cotizadas para el caso de los hombres, puedan trasladarse al régimen que más les convenga de Ley 100 de 1993, una vez hayan recibido la doble asesoría.
Las personas que hayan realizado aportes a los regímenes pensionales anteriores a la vigencia de la presente Ley, tendrán derecho a que se le reconozcan los valores aportados a través de la expedición de un Bono, Título Pensional o Devolución de Aportes con destino a la administradora que reconocerá la Pensión Integral de Vejez.
El jefe del Estado le solicitó a la justicia que mire la reforma pensional “desde los ojos, no del dólar, sino del amor, que es otra manera de medir y puede ser más eficiente y eficaz”.
El presidente Petro dijo que que la Cámara de Representantes actuó con sabiduría y demostró dignidad, al aprobar la reforma.
Bogotá, D. C, 15 de julio 2024
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Por Luis Fernando García Forero. -Las horas están contadas para que la Reforma Pensional sobreviva.
La plenaria de la cámara fue convocada para que este martes 11 de junio, a las 10 AM, inicie la discusión y votación en su último debate, mientras que las manecillas del reloj avanzan acortando el tiempo de sesiones ordinarias del Congreso, que culminan el 20 de junio del 2024.
Nada está fácil para que esa iniciativa, bandera del gobierno del cambio, alcance sus objetivos: establecer una nueva legislación en materia pensional para que los colombianos tengan un sistema más equitativo, sostenible y cobije a la población más pobre.
Elección contralor y mociones
Otros aspectos que pueden frenar el ritmo del trámite de la reforma pensional, tiene que ver con las proposiciones para moción de censura a altos funcionarios del Gobierno: los ministros de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; Defensa, Iván Velásquez; de Minas Andrés Camacho; ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.
Gobierno y directivas del Congreso buscarán mecanismos para aplazar esos debates de control político y logren avanzar en el tema legislativo, principalmente dando prelación a la reforma pensional.
En la agenda de la plenaria para la sesión de este martes, se tiene previsto escuchar a los candidatos a ser contralor general de la república, tema que de todas maneras reduce el tiempo en la discusión y votación de dicha iniciativa.
Urge el nuevo sistema
Diferentes sectores del Estado colombiano: políticos, económicos, sociales, gremiales, entre otros, coinciden de todas maneras en la necesidad de establecer, de una vez por todas, una nueva legislación en esa materia. Pero a qué costo, se preguntan los diferentes sectores que inciden en el proyecto.
El tire y afloje en varios temas ha demorado el avance del proyecto: el umbral de cotización en Colpensiones y que hasta el momento está en 2.3 %; la administración del fondo de ahorro y que según lo aprobado lo hará el banco emisor; la vigencia de la iniciativa y las comisiones para los fondos privados; serán aspectos complejos y de discusión que enfrentará el proyecto en la plenaria de la Cámara.
También el impacto que tendrá en las finanzas públicas es y seguirá siendo un punto álgido. Ha tenido críticas en el Comité de la Regla Fiscal, Asofondos, la Procuraduría General de la Nación, como también en la bancada independiente y de oposición.
Umbral de cotización
Un punto que ha causado mucha discusión y puede poner en peligro el proyecto, es el umbral de cotización obligatoria en el fondo público Colpensiones. El Senado lo redujo de la propuesta inicial del Gobierno de 3 a 2,3 salarios mínimos mensuales, aspecto que también lo aprobó la comisión Séptima de la Cámara. El Gobierno insiste en subirlo, según palabras del presidente Gustavo Petro, que no descarta que sea incluido en el último debate.
Otro tema que ha causado controversia es la vigencia de la reforma que entraría a aplicarse en julio del 2025. Tanto la oposición y sectores independientes señalan que es poco tiempo para establecer los ajustes en el nuevo sistema pensional.
Respecto a la administración del Fondo de Pensión, que inicialmente quedaba en Colpensiones, ahora pasaría al Banco de la República, pero no están de acuerdo los opositores porque consideran que la escogencia de sus integrantes, sería facultad del presidente de la república.
Aspectos fundamentales
Entre las decisiones que se han aprobado dentro del articulado se destacan cuatro modelos que serían pilares: el solidario, semicontributivo, contributivo y ahorro voluntario.
También se establece el régimen de prima media, manejado por Colpensiones y que deberá complementarse con el de ahorro individual, administrado por las entidades de fondos de pensiones y cesantías.
En el solidario, se determina la creación de un subsidio para cerca de tres millones de adultos mayores que se encuentran bajo la línea de pobreza. Recibirán un auxilio de $223.000. También se aprueba la creación de un fondo de ahorro a cargo del Banco de la República para garantizar el manejo autónomo de los recursos cotizados.
Se mantienen edades
Si es aprobado el nuevo sistema se mantendrían las edades de pensión en 57 años para mujeres y 62 años para hombres. Se elimina el subsidio a las pensiones altas y se establece un régimen de transición de dos años a partir de la vigencia de la norma.
Las mujeres que hayan cotizado 750 semanas, los hombres 900, y que estén a menos de 10 años de pensionarse, podrán escoger el sistema que deseen, excluyéndolas de esta reforma.
También se establece la pensión familiar y se incrementan los porcentajes para acceder al reconocimiento de la mesada de jubilación por invalidez.
En lo que tiene que ver con la pensión anticipada de vejez, se establece que las personas que cumplan 62 años si son mujeres y 65 si son hombres, que no reúnan las semanas mínimas para acceder a la pensión de vejez del pilar contributivo, pero que tengan más de 1.000 semanas cotizadas, podrán disfrutar de la prestación anticipada de vejez.
El proyecto no es de poca monta. La plenaria de la Cámara en menos de 10 días tiene la última palabra, y será ratificada en el voto de cada representante, para que por fin, se logre un nuevo sistema pensional: que sea equitativo, se sostenga en el futuro y beneficie a los colombianos más pobres.
Esperamos que en su último debate dicha iniciativa no sea inferior a una necesidad sentida, en pro de mejorar la calidad de vida de los adultos mayores más pobres y vulnerables, pero también legislando para el futuro de quienes laboralmente avanzan buscando alcanzar una pensión justa, después de haberle servido al desarrollo institucional de la nación.
Bogotá, D. C, 10 de junio 2024
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Por Luis Fernando García Forero.- Un revolcón en materia de residuos sólidos, protegiendo el medio ambiente, la salud y el fomento de acciones para enfrentar el cambio climático, avanza en el Congreso, al ser aprobado en la Comisión Quinta del Senado, el proyecto que establece un marco de gestión integral para reutilizar bienes y productos que permitan impulsar la economía circular en Colombia.
Las medidas planteadas en el proyecto, de origen parlamentario y liderado por congresistas de senado y cámara, permite impulsar, a través de una gestión integral de residuos sólidos y participación activa de recicladores, la transición a la economía circular, bajo una premisa fundamental: evitar en años venideros, una emergencia sanitaria en las grandes urbes del país y una emisión alta de efecto invernadero.
Actualmente en Colombia el 83 % de los residuos domiciliarios van a rellenos sanitarios y solo un 17 % se recupera a un ciclo productivo, cifras que fundamentan la necesidad de establecer una nueva normatividad en materia de residuos sólidos.
El presidente de la Comisión Quinta del Senado, Jaime Durán Barrera, del Partido Liberal, enfatizó que actualizar la legislación de residuos sólidos es una necesidad sentida y que no da espera en Colombia.
“Se trata de políticas que permitan proteger la salud y el ambiente. Prevenir la generación de residuos fomentando la reutilización con la participación de recicladores, bajo estrategias territoriales y cultura ciudadana, entre otros aspectos, que serán directamente proporcional al avance de la economía circular en Colombia”, afirmó el senador Durán Barrera.
El proyecto establece un Consejo Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que será articulado con otros instrumentos de planeación para dar paso de la economía lineal a la economía circular. También sensibiliza a la población para prevenir la generación de residuos y las medidas asociadas a la perdida y desperdicio de bienes duraderos.
Justificación
Destaca la exposición de motivos del proyecto de ley que Colombia, a pesar de los avances en la gestión de residuos, enfrenta problemas estructurales asociados a su crecimiento constante y su deficiente aprovechamiento.
El senador y coordinador ponente del proyecto, Didier Lobo, de Cambio Radical, afirmó que es muy grave el tema por la incapacidad que tiene el país para gestión de residuos. Dijo que en el 2030 se generarían 18 millones de toneladas de basura y agregó que los rellenos sanitarios enfrentan una problemática creciente en la capacidad para recibir residuos.
Por ello los congresistas, autores de la iniciativa, consideran la necesidad de impulsar cambios estructurales en la gestión de las diferentes corrientes de residuos para que impacten a todos los municipios, impulsando la producción, consumo responsable y el cambio de la economía lineal, a la economía circular.
Señalan los legisladores que en la última década el volumen de residuos gestionados en el marco del servicio público de aseo, creció más del 30% con más 13.5 millones de toneladas anuales en 2020.
De acuerdo a las proyecciones, en el 2050 la población urbana crecerá en 14.5 millones lo que puede representar un incremento de más del 30% de residuos; aspecto que se vuelve más complejo si se consideran residuos los de demolición y construcción, que oscila en más de 20 millones de toneladas al año.
Colombia Consume Responsable
Contempla el proyecto crear la política pública "Colombia Consume Responsable" para prevenir la pérdida y el desperdicio de bienes duraderos, con medidas que contribuyan al desarrollo sostenible, desde la inclusión social, sostenibilidad ambiental y desarrollo económico, que logre una vida digna a todos los habitantes en Colombia.
La propuesta parlamentaria plantea la prevención y la reducción de pérdidas y desperdicios de bienes duraderos para sensibilizar, formar, movilizar y responsabilizar a productores, procesadores, distribuidores de bienes duraderos, consumidores y asociaciones a nivel local, departamental y nacional, con el objeto de realizar un manejo adecuado de dichos residuos, priorizando como destino final, el uso y el bienestar humano.
Se entenderá como bienes duraderos los productos destinados al vestido, a la construcción, al deporte, a la música y la cultura, electrodomésticos, tecnologías, y mobiliarios del hogar.
Entidad rectora
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio sería la entidad rectora de la política nacional de la gestión integral de residuos sólidos no peligrosos, de acuerdo al texto de la iniciativa legislativa.
“Las políticas, planes, programas, desarrollos normativos y regulatorios que expida el Ministerio, deberán incluir análisis y medidas para asegurar la articulación y eficiencia desde la perspectiva del servicio público de aseo y las demás corrientes de residuos, a partir de los diferentes sistemas de recolección y transporte, buscando reducir el impacto económico en la población..., incluyendo el impulso a la comercialización de materiales y subproductos resultados del aprovechamiento y tratamiento”, establece el texto dentro de los 65 artículos que contiene el proyecto de ley.
El gobierno nacional deberá expedir, mediante un proceso participativo, la Política Nacional de Producción Consumo Responsables y la Política de Economía Circular, dentro de los doce meses de expedida la ley, incentivando su implementación con el apoyo del Consejo Nacional de la Gestión Integral de Residuos Sólidos.
Sello circular verde
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible promoverá estrategias para que las personas naturales independientes, asociaciones o colectivos organizados y organizaciones de recicladores de oficio, legalmente constituidos, puedan ser acreedoras del Sello Circular Verde Colombiano, que será expedido por Mesas Regionales de Economía Circular, las Corporaciones Autónomas Regionales, entre otros actores ambientales, que autorice dicho Ministerio y que tendrá la misión cada año de entregar un reconocimiento público a las mejores que logren el mayor volumen de aprovechamiento y valorización de residuos sólidos urbanos y también contribuyan a la apertura de nuevos negocios verdes, a partir de dichos mercados.
“La iniciativa no genera impacto fiscal” destaca el proyecto, no obstante, se insta al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que durante el trámite de la propuesta legislativa, exprese la proyección del impacto que causaría sobre el Presupuesto General de la Nación, de conformidad a lo establecido por la Corte Constitucional.
El proyecto continúa su trámite a la plenaria del Senado y de ahí, si es aprobado, pasa a sus dos últimos debates en la Cámara de Representantes.
Bogotá, D. C, 15 de mayo de 2024
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Por Luis Fernando García Forero.- Cientos de miles de personas se manifestaron este domingo, 21 de abril de 2024, en las principales ciudades de Colombia, como protesta contra el plan de reformas sociales del presidente Petro, y que la derecha, concentrada en el Centro Democrático, entre otros partidos, ponen en jaque, el futuro del gobierno del ‘Cambio’, lo que llevaría a una posible frustración de la actual administración y derrota electoral del Pacto Histórico.
El eco de los coros de los marchantes se reflejaba en los temas que tienen que ver con la reforma al sistema de salud y que fue archivado por el Congreso, pero que el gobierno insiste en llevarla a cabo por decreto o una constituyente, entre otros mecanismos. También los proyectos en materia laboral, pensional, de educación, entre otras iniciativas, que siguen su trámite en las cámaras y que son puntos de rechazo de algunos sectores de la nación.
Las críticas e inconformismo de los manifestantes, se desprenden también por la inseguridad, el aumento de la violencia en muchas regiones del país, argumentos que ponen en vilo varias mesas de negociación para fin del conflicto entre el Gobierno y organizaciones criminales, dentro de la propuesta denominada “La Paz Total”.
Respecto a establecer un nuevo sistema de salud, el presidente Petro insiste en reducir la participación del sector privado en la prestación de servicios de salud, precisamente por la crisis que viven las empresas promotoras de salud, razón por la cual la superintendencia de los servicios públicos ha intervenido varias de ellas. Esta iniciativa quedó por fuera de su trámite a través del congreso, al archivarla en tercer debate. Sin embargo, el gobierno ha expresado que las llevará a cabo posiblemente con decretos o convocando a otros mecanismos de participación ciudadana, como una constituyente, para viabilizar la iniciativa dentro del entorno constitucional como un derecho fundamental de los colombianos.
Según un reciente informe de la Contraloría se establece que 18 de las 26 EPS que operan en el país, han desviado dinero que no ha sido destinado a la atención de salud de la población, elemento que le da al gobierno argumentos para justificar la crisis de los prestadores de los servicios de salud. Destaca dicho organismo de control que entre los años 2020 y 2021, $9 billones, se desviaron a otras arcas del Estado.
Las otras reformas sociales avanzan en el congreso, pero su futuro es incierto y se marcará aún más, con las consecuencias en las manifestaciones de este domingo. Sin embargo, las fuerzas del apoyo en el congreso, aunque son débiles por lo que sucedió con la reforma a la salud, puede ser una votación diferente, teniendo en cuenta la fuerza del presidencialismo en Colombia.
Un futuro incierto muestra la política colombiana, en torno al Gobierno del Cambio, ofrecido por el presidente Petro en su campaña que lo llevó a la jefatura de Estado. La otra arista de la democracia participativa que tiene el actual gobierno es mostrar este primero de mayo, Día Internacional del Trabajo, que sus seguidores asistan masivamente a las calles de las grandes urbes y los municipios del país. Si será igual o mayor, a la magnitud demostrada por la oposición que es directamente proporcional a las últimas encuestas que reflejan la caída de imagen del jefe de Estado.
De acuerdo a muchas comentarios de los líderes políticos del país, expresados en las últimas horas, en las redes sociales, si el presidente Petro y sus inmediatos colaboradores, no abren la puerta de un diálogo sincero y efectivo, entre todos los sectores de la sociedad, para lograr un verdadero consenso, en torno a los soluciones de los problemas sociales y económicos del país, el “Cambio”, prometido en su administración, se puede convertir en un efecto bumerang, que llevará al fracaso del Pacto Histórico y del primer presidente de izquierda en la historia de Colombia.
Bogotá, D. E, 22 de abril 2024
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“Es necesario acabar con dos lacras: la insensibilidad social y la corrupción…”
“Víctimas y victimarios estamos atrapados en un pasado y en un presente de hechos inhumanos”.
Por Luis Fernando García Forero. - Los jerarcas de la iglesia católica colombiana, en el sermón de las siete palabras, este viernes santo, enviaron un mensaje de reflexión donde instaron a la nación a perdonar, como una cultura para romper la violencia y la guerra, tras destacar que “perdonar no es de ingenuos ni de débiles sino de sabios, con la sabiduría de la Cruz, y de los fuertes, con la fortaleza de Jesús crucificado”.
Al recordar la primera palabra de Jesús crucificado: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”, el cardenal y arzobispo emérito de Bogotá, Luis José Rueda Aparicio, fue contundente en afirmar: “¡Arriesguémonos a perdonar! La verdadera paz y la verdadera reconciliación de Colombia se fundamentan allí́, en la conciencia de hombres y mujeres que están libres de la reacción tóxica del rencor y de la venganza, que migran de la lógica del desquite y se dejan conducir por el Espíritu Santo”.
El cardenal Rueda Aparicio, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, exaltó a quienes han dado ejemplo de perdón: ¡Son personas valientes que llenan de esperanza la vida de las familias y de la sociedad! ¡Son personas valientes que saben que el perdón solo es posible cuando nos hemos sentido perdonados por Dios! ¡Son personas valientes, serenas, llenas de sabiduría que llevan a las familias y a la sociedad colombiana a la madurez humana en Jesucristo el hombre nuevo!
En sus palabras con un tono de oración y meditación, la máxima autoridad de la iglesia católica colombiana le pidió a Dios: “Señor Jesús: Mira a Colombia y libéranos del odio, libéranos del resentimiento, libéranos de la venganza, danos un nuevo corazón, un corazón semejante al tuyo y enséñanos a perdonar, para que la humanidad pueda vivir en paz. Amén”.
Insensibilidad social y corrupción
Otro de los aspectos que llevó a la reflexión, en el tema social, lo hizo el obispo de Medellín, monseñor Ricardo Tobón Restrepo, quien fue certero en señalar: “Es necesario acabar con dos lacras: la insensibilidad social y la corrupción que impiden que todos trabajemos con honestidad y responsabilidad por el bien común” y agregó que el compromiso con las realidades terrenas no puede ensombrecer la esperanza de la vida eterna en Dios.
Desde la Basilica de Medellín, monseñor Restrepo dijo que la experiencia de encontrar la vida verdadera en Cristo debe llevar a compromisos serios en la construcción de “una tierra nueva donde habite la justicia, haya oportunidades de salud, educación, empleo, convivencia en la libertad y de vida con dignidad para todos”.
Destaco que la esperanza del cielo no puede desentender la responsabilidad de instaurar la justicia social en el mundo y lograr que haya equidad para todos, que cada persona humana sea valorada y respetada en sus derechos fundamentales.
Demasiado sufrimiento
Desde Popayán, el arzobispo y vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, monseñor Omar Alberto Sánchez Cubillos, señaló que en Colombia se ha acumulado demasiado el sufrimiento y el sentido del dolor humano. “Víctimas y victimarios estamos atrapados en un pasado y en un presente de hechos inhumanos”, aseveró y dijo: “Tenemos que enfrentar esa verdad, asumir esa realidad y escandalizarnos por nuestra capacidad de mal. El camino nunca será́ normalizar el horror, maquillar lo impresentable, ignorar toda forma de sufrimiento y dolor y borrar sin vergüenza este drama en el pasado. Estemos ciertos que los males de Colombia que hemos vivido, de muerte, de hambre, de injusticia, tienen un lugar en el corazón de Dios y de María”.
Entre tanto monseñor Gabriel Ángel Villa Vahos, arzobispo de Tunja, precisó que “Mientras primen los intereses particulares, los egoísmos y campeen el desprecio por el valor de la persona, ni aún las leyes humanas más perfectas, los códigos mejor formulados, o las sanciones más onerosas, podrán crear una sociedad justa y pacífica.
Monseñor Luis Fernando Rodríguez Velásquez, arzobispo de Cali, pidió buscar a Dios. “Que el deseo de encontrarlo nos impulse a buscarlo de la mejor manera. Para ello está su Evangelio y los sacramentos, en especial la Eucaristía”.
Bogotá, D. E, 29 de marzo 2024
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Por Luis Fernando García Forero. El 97 por ciento de los casos de corrupción en Colombia, en los últimos años, sigue en impunidad, afirma en forma contundente el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga quien destaca el avance de un proyecto de ley para proteger a los periodistas que denuncian el constante delito al desfalco del erario público.
Idárraga Franco señaló que contra la corrupción es preciso luchar contra el miedo. Dijo que es tiempo de actuar y seguir denunciando a los corruptos promoviendo la veeduría ciudadana, vigilando el buen uso de los recursos públicos y enfrentando a quienes delinquen y no continúe la impunidad.
El Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga, precisamente sobre el tema, se reunió con un equipo del más alto nivel jurídico de España y magistrados de las cortes colombianas y españolas, con el objeto de hacer un llamado para conformar redes internacionales de protección a los denunciantes de todas las formas de corrupción: saqueo a las finanzas del Estado, alianzas con grupos al margen de la ley, acoso laboral y acoso sexual.
Los expertos alertaron que el fenómeno de la corrupción se ha extendido a nivel internacional y llamaron a emprender una acción conjunta a nivel global.
Explicó Idárraga Franco que buena parte de la problemática radica en la falta de confianza de los ciudadanos en el poder judicial, al tiempo que expresó que es vital proteger al denunciante y garantizar su seguridad jurídica.
Al alto funcionario destacó que el Gobierno del Cambio logró consensos con la mayoría de partidos políticos en el Congreso de la República alrededor del proyecto de ley Jorge Pizano, denominado así en homenaje al controller de Corficolombiana en uno de los casos más sonados de corrupción, el de la Ruta del Sol II de Odebrecht.
“En el artículo 28 se define como sujeto especial de protección a los periodistas en Colombia, porque son los que han venido coadyuvando en denuncias muy importantes en Colombia sobre actos de corrupción y nos parece definitivo un capítulo especial para la prensa”, precisó Idárraga Franco.
Resaltó la importancia del proyecto de ley respecto al enfoque de género. “No es lo mismo que un hombre a que una mujer denuncie. Hay claras asimetrías en las voces de quien denuncia de un subalterno a una subalterna, en el mundo del trabajo es peor, en especial cuando estamos hablando de relaciones personales”, dijo.
Alerta Ética
Idárraga fue convocado por Alerta Ética en el Primer Seminario de Protección al Denunciante que se celebró en Colombia en Bogotá y en Medellín donde se encontró con Jorge Rosado, profesor colaborador del área derecho penal de la Universidad de Extremadura grupo Kaizen control; Julián Sánchez Melgar magistrado del Tribunal Supremo ex fiscal general de España; Rafael Catalá, ex -ministro de justicia de España; Teresa Del Caso, magistrada el gabinete del Tribunal Supremo, asistieron desde España.
De acuerdo con el consolidado del estado de denuncias asociadas a corrupción de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, “hay en total 57.582, entre los años 2010 y 2023, de las cuales el 93.99 por cierto no tienen condena; el 89.7 por cierto sin captura, y el 77.15 por ciento están en indagación”.
Al especto, el experto colombiano, partner de Alerta Ética, Omar Suárez, manifestó que los datos aportados por Transparencia por Colombia y la Secretaría de Transparencia preocupan no sólo en el ámbito público sino en el privado, pues “enfrentamos un reto frente a los actos de corrupción, los cuales deben ser denunciados con contundencia ante autoridades competentes, pero se requiere de un Estado garantista frente a la protección del denunciante”.
La española Alerta Ética, filial de la firma española Canal denuncias SL, especializada en la implantación de líneas éticas desde 2016, expertos en anticorrupción, ingresa a Colombia a apoyar a las empresas y organizaciones en el manejo de canales de denuncias, con la plataforma M2 Compliance, que gestiona denuncias de forma eficaz y con garantías para el empleado y la compañía en su calidad de miembro del World Compliance Association.
En el evento debatieron con el Secretario de Transparencia de la presidencia de la República de Colombia; Paula Andrea Ramírez Barbosa, conjuez de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia y de la Universidad Católica de Colombia, Jorge Edilson Portocarrero Banguera, magistrado de la sección segunda del Consejo de Estado y el magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral, Alfonso Yepez.
En el índice de percepción de la corrupción entre 180 países, Transparencia Internacional ubicó a Colombia en el puesto 87 con una calificación de 40 puntos sobre 100.
Suárez destacó que “la utilización de fiduciarias para la administración de recursos o la bolsa mercantil para las compras públicas generan transparencia en la celebración y manejo de recursos públicos”.
El consejero de Estado, Jorge Edilson Portocarrero Banguera resaltó la importancia de los derechos de petición, las tutelas y la recopilación de pruebas para lograr denuncias más robustas en Colombia como mecanismos de protección al denunciante.
Prevención
Otra línea de trabajo contra la corrupción señalada es fomentar el hábito de la denuncia, conformar canales de denuncia y eliminar la cultura patriarcal dominante en la sociedad.
En ese último aspecto relacionado con el hostigamiento laboral y abuso de poder el magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia Alfonso Yepez advirtió sobre el daño mental para sus víctimas. ”Este es un problema más grave de lo imaginable porque gran parte de los agresores son los jefes y la gente no denuncia por temor a perder su trabajo”, dijo el jurista.
Concluyó que es clave que las organizaciones desarrollen formatos para detectar problemas de salud mental en los futuros jefes y líderes en cargos de responsabilidad para prevenir los abusos a sus subalternos, fomentar comités internos e intervención del Ministerio de Trabajo.
Bogotá, D. C, 14 de marzo de 2024
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Por Luis Fernando García Forero.- El tema más polémico en materia del ecosistema y vida marina, en los últimos días, se abrió paso esta semana en la Comisión Quinta de Senado, con un debate donde se controvirtieron las medidas, a través de decreto y resolución, para la protección y conservación de los tiburones y rayas marinas, escenario que permitió al Gobierno dar claridad respecto a la pesca de esas especies, y donde se sintió, presencialmente, el reclamo de pescadores, que claman se les tenga en cuenta y no le afecten su supervivencia, ‘que es su vida misma’.
En el debate en dicha célula legislativa, la senadora Andrea Padilla, Alianza Verde, hizo un contundente llamado al Gobierno para que en un “plan de choque se revise decreto y resolución, que proteja el ecosistema, incluyendo las especies marinas: tiburones, rayas y quimeras, con medidas de Estado”.
La senadora Andrea Padilla, protagonista del debate, fue contundente en señalar que “los tiburones en el país están en riesgo por factores como la pérdida de hábitat, la erosión costera, la minería ilegal, tráfico ilegal y, sobre todo, la sobreexplotación. Agregó la congresista que “En un informe de 2023 del Ministerio de Defensa, se reveló que las autoridades incautaron, entre 2012 y 2022, más de 334 toneladas de tiburones, rayas y otras especies marinas; la mayoría en la costa pacífica colombiana.”
Al debate de control político asistieron la ministras de agricultura, Jheniffer Mojica y de ambiente, Susana Muhamad; entre otros funcionarios, y presidido por el senador liberal, Jaime Durán Barrera, quien brindó todas las garantías para los participantes, incluyendo a las comunidades pesqueras que se trasladaron desde la costa pacífica al recinto de dicha célula legislativa.
La senadora Andrea Padilla enfatizó que la nueva resolución que se expidió, por parte del Gobierno, se llevó a cabo a pesar del decreto 281 de 2022, que excluyó de la categoría de recurso pesquero a 50 especies de peces cartilaginosos.
Agregó: “Estamos ante una situación normativa irregular porque se expide una resolución que van en contravía de un decreto, con superior jerarquía”. Insistió que en la resolución se utilizó información desactualizada de la vulnerabilidad de especies de tiburón, así como de los volúmenes de pesca y añadió que el “uso de las fuentes científicas estuvieron amañadas”.
La ministra de ambiente, Susana Muhamad, fue categórica en señalar: “Esto no es un debate entre prácticas tradicionales y cuidado ambiental, eso no es constructivo. La pregunta es cómo trabajamos de la mano con los que trabajan en el territorio, con el sistema ambiental, con un objetivo común: proteger la vida y la biodiversidad”.
La ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, precisó que “la pesca deportiva, industrial, dirigida y comercial de estas especies está prohibida, y esto no tiene ninguna discusión. Estas decisiones se tomaron con elementos técnicos y concertados con el objetivo de garantizar medidas para las prácticas de las comunidades pesqueras para que sean sostenibles, así como la formalización de estas actividades”.
Agregó la ministra Mojica que la “respuesta no es militarizar y poner un policía a las 60 mil personas que viven de la pesca en la costa Pacífica. Lo que creemos, y es un cambio de paradigma, es que hay trabajar con ellos".
Destacó que ahora, cuando se conocieron los informes sobre las estructuras criminales relacionadas con el aleteo y comercio ilegal de estas especies, “yo misma fui a la Fiscalía a preguntar que investigaciones tenían al respecto, y aún no tengo respuesta sobre eso”, expresó Mojica.
Finalmente la senadora Andrea Padilla señaló que “El Estado es para todas las formas de vida, para todos los actores sociales, para la vida en general…y por supuesto a las comunidades humanas que están pidiendo a gritos soluciones de Estado”.
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Las dos entidades advierten que, con las importaciones ficticias realizadas a través de empresas del citado empresario, se habría afectado al erario público.
Su extinción de dominio está catalogada como la más grande de la historia: más de $700 mil millones en bienes.
En un texto radicado por la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, se solicita que se revoque la decisión de un juez de extinción de dominio sobre los bienes del empresario Aroch Mugrabi.
Para la Dian, el juez no valoró las pruebas que existen en la Fiscalía sobre el ilícito al dar la apariencia de legalidad de los dineros ingresados y extraídos del país. Según la entidad, esto dejaría en evidencia que: “Al aparentar un origen en movimientos de comercio exterior los mismos eran lavados y sobre estos dineros, cuyo origen es altamente desconocido, y sobre los cuales ni siquiera es posible rastrear su origen”, dice el documentode la Dian sobre Alberto Aroch Mugrabi el cual puede leer completo AQUÍ.
Advierte la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), que con las exportaciones que buscaron darle apariencia de legalidad en el sistema financiero se afectaron los recursos del recaudo de impuestos.
“Por último la relación y en relación con los testigos indiciados sólo basta valoración objetiva de las pruebas, los montos, la trazabilidad en las operaciones en el mercado cambiario para por lo menos obtener la certeza de la existencia de una fuente de financiamiento desconocida, soportada únicamente en documentos de papel, como lo señalan los testigos en los cuales se fundamenta el fallo”, recalca la Dian.
Por su parte, la Procuraduría, se sumó a la petición de la Fiscalía y la Dian de declarar la extinción de dominio de los bienes de Aroch Mugrabi.
“Mediante sus empleados el señor Aroch Mugrabi manejaba las operaciones irregulares, es decir que tenía el control de las operaciones utilizando a sus empleados como intermediarios para realizar las operaciones”, dice el texto del Ministerio Público.
Para el Ministerio Público, se habla de la existencia de un patrimonio surgido mediante prácticas opacas.
“Existen pruebas que permiten concluir que existió un patrimonio surgido de la nada y con escaso reconocimiento social y construido mediante practicas opacas, de operatividad, empleabilidad bancarización y formalización”, sostiene el organismo de control.
Este miércoles 6 de marzo de 2024, Alberto Aroch deberá presentarse de nuevo ante la justicia, en medio de las audiencias preparatorias de juicio por enriquecimiento ilícito de particulares dolosa y en calidad de autor.
Bogotá, D. E, 6 de marzo de 2024
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La reforma al código electoral que aprobó el Congreso de Colombia y que está en revisión en la Corte Constitucional, se quedó corta en paridad de género y es una tarea pendiente en la legislación colombiana.
La experta en derecho electoral, Alejandra Salazar, en diálogo con Ecos, fue enfática en señalar que al legislador le faltó igualar el porcentaje en un 50 % en el genero femenino, para competir con los hombres en los procesos electorales, principalmente en las corporaciones públicas, “porque no estamos construyendo en nuestra legislación un enfoque de participación política en escenarios de igualdad, porque están incluso, alejados de la equidad”.
Destacó Alejandra Salazar, quien asesora a la organización electoral, que “ha sido un gran reto que desde los partidos políticos se creen programas de fortalecimiento, de empoderamiento para que sus militantes entiendan la importancia de que más mujeres participen en la política”.
Dijo que debe seguir siendo un reto que desde los partidos políticos se creen programas de fortalecimiento y empoderamiento para que sus militantes entiendan la importancia de que más mujeres participen en la política para bien del desarrollo de nuestra democracia”.
Aseguró Alejandra Salazar que si bien es cierto que la reforma al código electoral que recientemente aprobó el Congreso y que no se hacía desde 1986, es un gran avance en modernizar los procesos electorales y adaptarla al desarrollo tecnológico, la iniciativa, se quedó corta en establecer mayor participación del género femenino, en las elecciones.
Fue contundente en señalar que apostarle a la paridad de género en los procesos electorales conlleva a mayor promoción a la igualdad, a la diversidad y al pluralismo político.
“La voz de las mujeres en la participación y representación política, es fundamental en la agenda del Estado, porque se ha subestimado el poder y la capacidad que tiene el género para contribuir al desarrollo institucional de Colombia”, aseguró Alejandra Salazar.
Bogotá, D. C, 14 de diciembre de 2025
Redacción Ecos Reportaje
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La propuesta de reforma al Código Electoral en Colombia ha alcanzado puntos clave en su proceso legislativo. El proyecto, de naturaleza estatutaria, se encuentra en camino hacia una revisión constitucional que lo convertirá en ley.
El objetivo central de esta iniciativa es regular el derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegidos, así como las atribuciones de las autoridades públicas con funciones electorales. Se busca asegurar que el proceso electoral refleje fidelidad, autenticidad, imparcialidad, transparencia y efectividad en las elecciones y demás manifestaciones de participación política electoral.
Según Juan Daniel Peñuela, coordinador ponente del Partido Conservador, la reforma pretende "actualizar nuestra normatividad y unificarla a los nuevos actores políticos y democráticos de la Constitución del 91 y el Acuerdo de Paz".
Uno de los cambios más destacados es la implementación del voto electrónico mixto, que permitirá a los ciudadanos seleccionar electrónicamente a los candidatos o listas. Este sistema generará una constancia física del voto para ser depositada en una urna, producirá actas de escrutinio de mesa y registros de votantes, transmitirá resultados electorales y facilitará la auditoría ciudadana. Este mecanismo entrará en vigor a partir del 2029.
Además, se espera fortalecer funcionalmente al Consejo Nacional Electoral (CNE) para brindar más garantías al sistema democrático. El CNE adquirirá personería jurídica y más autonomía, con una estructura mínima que operará en las capitales de los departamentos para garantizar su presencia en las regiones. Los consejos seccionales electorales serán designados por el CNE y deberán acreditar las mismas calidades que un magistrado de tribunal superior.
En cuanto a la Registraduría, se aguardan detalles sobre el modelo que implementará para adaptarse a estos cambios, completando así un conjunto de reformas que buscan modernizar y fortalecer el sistema democrático colombiano.
Bogotá, Octubre 20 de 2023
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