Por Luis Fernando García Forero. El 97 por ciento de los casos de corrupción en Colombia, en los últimos años, sigue en impunidad, afirma en forma contundente el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga quien destaca el avance de un proyecto de ley para proteger a los periodistas que denuncian el constante delito al desfalco del erario público.
Idárraga Franco señaló que contra la corrupción es preciso luchar contra el miedo. Dijo que es tiempo de actuar y seguir denunciando a los corruptos promoviendo la veeduría ciudadana, vigilando el buen uso de los recursos públicos y enfrentando a quienes delinquen y no continúe la impunidad.
El Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga, precisamente sobre el tema, se reunió con un equipo del más alto nivel jurídico de España y magistrados de las cortes colombianas y españolas, con el objeto de hacer un llamado para conformar redes internacionales de protección a los denunciantes de todas las formas de corrupción: saqueo a las finanzas del Estado, alianzas con grupos al margen de la ley, acoso laboral y acoso sexual.
Los expertos alertaron que el fenómeno de la corrupción se ha extendido a nivel internacional y llamaron a emprender una acción conjunta a nivel global.
Explicó Idárraga Franco que buena parte de la problemática radica en la falta de confianza de los ciudadanos en el poder judicial, al tiempo que expresó que es vital proteger al denunciante y garantizar su seguridad jurídica.
Al alto funcionario destacó que el Gobierno del Cambio logró consensos con la mayoría de partidos políticos en el Congreso de la República alrededor del proyecto de ley Jorge Pizano, denominado así en homenaje al controller de Corficolombiana en uno de los casos más sonados de corrupción, el de la Ruta del Sol II de Odebrecht.
“En el artículo 28 se define como sujeto especial de protección a los periodistas en Colombia, porque son los que han venido coadyuvando en denuncias muy importantes en Colombia sobre actos de corrupción y nos parece definitivo un capítulo especial para la prensa”, precisó Idárraga Franco.
Resaltó la importancia del proyecto de ley respecto al enfoque de género. “No es lo mismo que un hombre a que una mujer denuncie. Hay claras asimetrías en las voces de quien denuncia de un subalterno a una subalterna, en el mundo del trabajo es peor, en especial cuando estamos hablando de relaciones personales”, dijo.
Alerta Ética
Idárraga fue convocado por Alerta Ética en el Primer Seminario de Protección al Denunciante que se celebró en Colombia en Bogotá y en Medellín donde se encontró con Jorge Rosado, profesor colaborador del área derecho penal de la Universidad de Extremadura grupo Kaizen control; Julián Sánchez Melgar magistrado del Tribunal Supremo ex fiscal general de España; Rafael Catalá, ex -ministro de justicia de España; Teresa Del Caso, magistrada el gabinete del Tribunal Supremo, asistieron desde España.
De acuerdo con el consolidado del estado de denuncias asociadas a corrupción de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, “hay en total 57.582, entre los años 2010 y 2023, de las cuales el 93.99 por cierto no tienen condena; el 89.7 por cierto sin captura, y el 77.15 por ciento están en indagación”.
Al especto, el experto colombiano, partner de Alerta Ética, Omar Suárez, manifestó que los datos aportados por Transparencia por Colombia y la Secretaría de Transparencia preocupan no sólo en el ámbito público sino en el privado, pues “enfrentamos un reto frente a los actos de corrupción, los cuales deben ser denunciados con contundencia ante autoridades competentes, pero se requiere de un Estado garantista frente a la protección del denunciante”.
La española Alerta Ética, filial de la firma española Canal denuncias SL, especializada en la implantación de líneas éticas desde 2016, expertos en anticorrupción, ingresa a Colombia a apoyar a las empresas y organizaciones en el manejo de canales de denuncias, con la plataforma M2 Compliance, que gestiona denuncias de forma eficaz y con garantías para el empleado y la compañía en su calidad de miembro del World Compliance Association.
En el evento debatieron con el Secretario de Transparencia de la presidencia de la República de Colombia; Paula Andrea Ramírez Barbosa, conjuez de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia y de la Universidad Católica de Colombia, Jorge Edilson Portocarrero Banguera, magistrado de la sección segunda del Consejo de Estado y el magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral, Alfonso Yepez.
En el índice de percepción de la corrupción entre 180 países, Transparencia Internacional ubicó a Colombia en el puesto 87 con una calificación de 40 puntos sobre 100.
Suárez destacó que “la utilización de fiduciarias para la administración de recursos o la bolsa mercantil para las compras públicas generan transparencia en la celebración y manejo de recursos públicos”.
El consejero de Estado, Jorge Edilson Portocarrero Banguera resaltó la importancia de los derechos de petición, las tutelas y la recopilación de pruebas para lograr denuncias más robustas en Colombia como mecanismos de protección al denunciante.
Prevención
Otra línea de trabajo contra la corrupción señalada es fomentar el hábito de la denuncia, conformar canales de denuncia y eliminar la cultura patriarcal dominante en la sociedad.
En ese último aspecto relacionado con el hostigamiento laboral y abuso de poder el magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia Alfonso Yepez advirtió sobre el daño mental para sus víctimas. ”Este es un problema más grave de lo imaginable porque gran parte de los agresores son los jefes y la gente no denuncia por temor a perder su trabajo”, dijo el jurista.
Concluyó que es clave que las organizaciones desarrollen formatos para detectar problemas de salud mental en los futuros jefes y líderes en cargos de responsabilidad para prevenir los abusos a sus subalternos, fomentar comités internos e intervención del Ministerio de Trabajo.
Bogotá, D. C, 14 de marzo de 2024
