Roberto Córdoba Triviño

Por Roberto Córdoba Triviño*.- Trataré de explicar sucintamente el tema: La JEP, es una entidad jurisdiccional amparada por la Constitución Nacional y todo lo que la compone a la luz del Bloque de Constitucionalidad; esto es, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Jurisprudencia de las Cortes Colombianas y de órganos jurisdiccionales internacionales sobre el particular, y tiene un marco legal específico que son los acuerdos de paz.

Entonces, ni el Congreso, y mucho menos el Presidente de la República, pueden echar para atrás lo que es supralegal. Es decir, lo que tiene soporte constitucional y con ello prelación normativa.

Sin embargo, como sociedad que tiene derecho a la paz, tenemos el deber ineludible de movilizarnos para exigir al gobierno actual que evite seguir torpedeando el normal funcionamiento de la JEP, y más bien cumpla con su función de implementar la totalidad de los acuerdos, so pena de incurrir en faltas al Derecho Internacional y a los DDHH, por lo que no dudaremos en denunciar a quien viole la normativa antes mencionada.

Como es natural, de los medios de comunicación tradicionales, no esperamos eso; por lo mismo, las redes y las calles serán nuestras vías, con respeto pleno a nuestros derechos y obligaciones como ciudadanos de paz.

Bogotá, D. C, 14 de marzo de 2019

*Egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre y Bibliotecario.

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Guillermo García Realpe

Por: Guillermo García Realpe*. – Ante la polémica desatada en los últimos meses en Colombia sobre sí al país retornan las fumigaciones con el herbicida glifosato para combatir los cultivos ilícitos, muchos desde el Congreso de la República creemos que esa no es la salida para combatir un flagelo tan aberrante como el narcotráfico. 

Se preguntarán entonces ¿cuál es la salida?, se hace necesario explorar otras alternativas igual de eficientes, pero que no afecten la salud de las personas que habitan las regiones con presencia de cultivos ilícitos y por supuesto que no contamine las fuentes hídricas y mucho menos afecte el medio ambiente de esas comunidades. 

La salida más expedita de acuerdo a múltiples estudios de organizaciones de gran credibilidad como la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito UNDOC- revela en su último informe que la erradicación forzosa sea manual o fumigación tuvo resiembras superiores al 35% en los campos de cultivos ilícitos y la sustitución voluntaria con proyectos productivos acordados con las comunidades solamente tiene una resiembra inferior al 1%, la conclusión es absolutamente clara que la solución no está en la fumigación, ni en la  erradicación forzosa, sino en la sustitución con proyectos productivos rentables para promover economías legales en las zonas de presencia de cultivos ilícitos, entonces tenemos la solución más viable a la mano, con resultados a la vista y hoy se quiere desechar para cambiarla por veneno, porque eso es lo que es el glifosato. 

Según el índice de pobreza multidimensional, el 87% de los municipios con presencia de cultivos ilícitos son pobres, esto lo que traduce es que se requiere de una urgente estrategia integral territorial para consolidar el Estado Social  en las regiones afectadas, donde se logren romper los eslabones de las cadenas del narcotráfico, donde la sustitución voluntaria, pero con inversión social se apropie de esos territorios. 

Es ilógico ver departamentos como Nariño, donde no existe un Hospital de Segundo Nivel para los diez municipios que hacen parte de la Costa Pacífica Nariñense, donde en la mayoría de los casos, la única presencia estatal es la Fuerza Pública. 

Nariño es actualmente el departamento con más presencia de cultivos ilícitos en Colombia, según cifras oficiales existen 46 mil hectáreas de cultivos ilícitos sembradas por unas 50 mil familias, esa alternatividad se la dio la criminalidad y no el Estado. 

Entonces lo que hoy y siempre se reclama, es que el Estado debe tenderle la mano amiga a todas las familias campesinas dedicadas a la economía ilegal con proyectos productivos, con créditos de fácil acceso y bajo interés con acompañamiento de asistencia técnica, con una serie de herramientas que los transformen en empresarios del campo para que sustituyan esa ilegalidad, donde efectivamente haya una verdadera inversión social que tanto se vocifera en los discursos, pero que en la práctica se queda corta. 

Colombia no puede regresar a las aspersiones aéreas, eso trae graves implicaciones para la salud humana, para las fuentes hídricas, para la fauna y flora de vastas regiones con presencia de coca, es un herbicida clasificado en Categoría II por la IARC, Agencia de la Organización Mundial de la Salud como cancerígeno. 

Ante tal panorama lo más aconsejable sería que acatemos las sentencias T-300 de 2017, T-080 de 2017 y T-236 de 2017 donde la Corte Constitucional insiste sobre las graves repercusiones que trae el glifosato para las comunidades. 

La Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud, la Corte Constitucional, también el Consejo Nacional de Estupefacientes ya tuvo pronunciamientos claros al respecto, y este es un debate que lo van a perder quienes promueven la fumigación en Colombia. 

No al glifosato, sí a la ¡Paz con la Naturaleza! 

Bogotá, D. C, 13 de marzo de 2019 

*Senador Liberal

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José G Hernández

Por José G Hernández*.- El pasado 8 de marzo se celebró el Día Internacional de la Mujer. Además del saludo de felicitación a nuestras mujeres -madres, esposas, hijas, hermanas, novias, amigas, vice presidenta, ministras, jueces, profesionales, trabajadoras, estudiantes-, en “La Voz del Derecho” decidimos tomar la fecha como una oportunidad de reflexión acerca de la realidad del país en cuanto a los derechos de ellas, reivindicados de manera expresa en la Constitución, pero muy teóricos en la práctica.

Dice el artículo 43 de la Constitución:

“ARTICULO 43. La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de éste subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada.

El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia”.

En el programa radial “Debates constitucionales”, la conclusión, tras comparar el texto de la transcrita norma con lo que ocurre en la vida diaria, fue unánime: pura teoría. Incumplimiento del precepto constitucional por parte del Estado, de las instituciones públicas y privadas, de las familias, de la sociedad.

En la dura realidad, hay discriminación en contra de las mujeres respecto a las oportunidades laborales. Hay discriminación entre hombres y mujeres en materia salarial. Hay discriminación en los hogares, en las entidades públicas, en las empresas particulares. Durante el embarazo y después del parto, brillan por su ausencia la especial protección y el apoyo estatal. Por el contrario, es frecuente que las mujeres en estado de embarazo no sean contratadas, y, si se las contrata, hoy admite la Corte Constitucional que se las despida por no avisar sobre su estado al empleador.

El subsidio alimentario del que habla el precepto superior no existe. El Estado, lejos de apoyar especialmente a la mujer cabeza de familia, la deja sin trabajo cada vez que hay una reestructuración administrativa, o cuando le provoca al nominador. La protección reforzada, de la que habla la ley, es una ilusión. Y el Gobierno está buscando todos los caminos que señala el ingenio de los burócratas, con el fin de consagrar -para mujeres y para hombres-  el aumento de la edad para alcanzar la pensión y ahora pretende quedarse con el dinero aportado por los trabajadores que no se alcanzan a pensionar.

Lo más grave: se han incrementado las  modalidades de ofensa, maltrato, violencia y crímenes contra la mujer. Las conductas de muchos hombres en cualquiera de esas formas de ataque al sexo femenino no son denunciadas, y por tanto no son investigadas, ni sancionadas, como debería ocurrir.

La sociedad y el Estado están en deuda con nuestras mujeres. Estamos lejos de lograr una cultura de respeto, amor y consideración hacia ellas. Y no se ha logrado establecer condiciones reales de igualdad, en todos los campos.

Bogotá, D. C, 13 de marzo de 2019

*Expresidente de la Corte Constitucional

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Victor G Ricardo

Por Victor G. Ricardo*.- Son muchas las teorías que defienden el uso del glifosato para erradicar de cultivos ilícitos, por considerar que es el mejor elemento para fumigar y acabar los cultivos de coca en Colombia. Hay otras que consideran que el uso del glifosato es dañino y que éste es un veneno para la naturaleza y que nos hace un gran daño al medio ambiente.
Pero mientras esas discusiones se dan, tanto a nivel académico como a nivel político, la extensión de los cultivos ilícitos crece y ya es tan grande que se habla de doscientos cuarenta mil hectáreas. Esta situación tiene muy preocupadas a las autoridades de los países consumidores de drogas, en especial las americanas y más cuando las últimas publicaciones dicen que en Latinoamérica los cultivos ilícitos están en un setenta por ciento en nuestro país.

En Colombia también debe ser motivo de profunda preocupación, pues el consumo de droga ha aumentado en forma notoria y el número personas dedicadas a ello, así como los carteles dedicados al narcotráfico también han crecido de forma considerable.

Además, ya hay distintas zonas del país donde hoy se encuentran, ya no pequeños cultivos sino grandes extensiones que destruyen zonas ambientales o reservas forestales, lo cual hará mucho daño para el futuro ecológico colombiano además de que aumentará el nivel de crimen y la destrucción de valores que esta actividad y el narcotráfico en todas sus formas conlleva.

Por esta razón es muy importante tener en cuenta que el mejor sistema para erradicar los cultivos es la sustitución voluntaria con el apoyo del Estado, para lo cual el gobierno debe ser eficiente en presentar y promover alternativas que garanticen la asesoría adecuada al campesino. Por otra parte, se requiere que para que los nuevos productos lícitos cultivados lleguen a los mercados de consumo, el Ministerio de Agricultura o la institución pública adecuada garantice la compra, de manera que no vuelvan los campesinos a caer en plantaciones ilegales y así lograr estabilizar una economía legal y formal en estas regiones.
En medio de estos debates, la Corte Constitucional convocó a unas audiencias públicas con el propósito de escuchar al gobierno y a algunos expresidentes, y abrir espacio al debate sobre el tema del glifosato, con el propósito de tomar una sustentada e ilustrada decisión sobre el uso de este químico en Colombia. La verdad es que me hubiera gustado más que en representación del gobierno hubieran llevado la vocería los Ministros a los que les correspondía el tema como el del Interior, Defensa, Agricultura y el de Medio ambiente, que para eso están y no exponer la majestad presidencial. 

Los colombianos esperamos muy atentos la decisión de la Corte Constitucional, pues de ella depende en gran parte la posibilidad de disminuir los cultivos ilícitos en nuestro país.

En el entorno de esta audiencia, la opinión pública se vio sorprendida con un almuerzo entre algunos magistrados y el expresidente Juan Manuel Santos, que tiene una teoría en este tema contraria a la del gobierno. Yo salgo en defensa de los Magistrados porque estoy seguro de que su conciencia jurídica y la justicia que buscan está por encima de los encuentros sociales. Pero, por decir lo menos, fue inoportuna y levantó suspicacias.

Bogotá, D. C, 13 de marzo de 2019

*Excomisionado de Paz

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Por Jairo Gómez*.- Para que el país aterrice y salga del engaño propiciado por este régimen que interpreta la historia y administra justicia a su antojo, es necesaria la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

Cuando Álvaro Gómez Hurtado comenzó a cuestionar severamente el régimen colombiano, propuso un acuerdo sobre lo fundamental para cambiarlo en su estructura perversa y maloliente; construyó un discurso que comenzó a tocar la fibra nacional enfocado en la necesidad de extirpar ese sistema corrupto y dañino para la democracia; pasaron los días y tras su desafiante y provocadora propuesta, ese mismo régimen lo mató, dicen sus seguidores.

Claro, el líder político conservador insistía en desnudar toda esa clase dirigente putrefacta que por décadas y décadas venía usurpando el sistema democrático colombiano para privilegio de unos pocos y, para hacerlo, implicaba auscultar la verdad entre otros objetivos. Pues bien, ese régimen que se estremeció con la propuesta de un hombre que venía de sus entrañas, hoy, horrorizado, quiere eliminar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y evitar que se sepa todo lo que pasó en el conflicto armado colombiano.

Más allá de los cuestionamientos que se le puedan hacer a una joven y novedosa institución, todavía en proceso de formación, el temor que embarga a estas élites corruptas que tienen secuestrada y capturada las instituciones del país hace 200 años, es que por fin los colombianos conozcamos los verdaderos responsables de esta guerra que nos instalaron por más de 50 años para adueñarse de las tierras, despojar a los campesinos y propiciar cerca de 8 millones de víctimas; víctimas que hoy son el centro del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

Ese es el quid del asunto. Y para que el país aterrice y salga del engaño propiciado por este régimen que interpreta la historia y administra justicia a su antojo, es necesaria la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

Buscan, el presidente Duque, el Fiscal Martínez y los parlamentarios del Centro Democrático, acabar o eliminar la JEP; no nos llamemos a engaños, ese es el propósito: las reformas constitucionales sabemos cómo empiezan, pero no como terminan y las propuestas por el Gobierno tienen ese objetivo, si se examina la perpleja decisión de la Casa de Nariño de ignorar el principio democrático del equilibrio de poderes pasándose por la faja la Corte Constitucional que obliga a los próximos tres gobiernos a respetar el Acuerdo de Paz suscrito entre el Estado y las FARC.

Esta reacción del régimen no es solitaria y la explica, por ejemplo, el hecho de que la JEP haya vinculado formalmente a los generales Rito Alejo del Río, Jaime Humberto Uscátegui y 16 miembros de la Fuerza Pública con el asesinato de cientos de militantes de la Unión Patriótica (UP). Esa etapa oscura de nuestra historia reciente, para nadie es un secreto, obedeció a un plan premeditadamente diseñado para exterminar la UP. Ese establecimiento dio las órdenes y los militares las cumplieron a cabalidad. Saben los militares en retiro que la salida es la JEP y por ello están ahí; más de dos mil se acogieron voluntariamente y gozan de sus beneficios.

Decisiones como estas y las que están por venir explican la arremetida del Centro Democrático, partido que no disimula su estrategia de desprestigiar a la JEP, también como estrategia política y electoral ahora que se aproximan las elecciones regionales para tratar de galvanizar un electorado que hoy se les esfuma.

Bogotá, D.C, 12 de marzo de 2019

*Periodista y Analista Político.

@jairotevi

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Horacio Serpa Uribe

Por Horacio Serpa Uribe*.- Acabo de escuchar al Presidente Duque en su alocución sobre el Proyecto de Ley Estatutaria de la Justicia especial de paz, en la que anunció su decisión de objetar por inconveniencia seis artículos del texto aprobado por el Congreso Nacional y revisado por la Honorable Corte Constitucional. Escribo de inmediato unos comentarios, en espera de que se abra un debate público que permita escuchar la opinión de mucha gente versada en la materia.

Según la Constitución Nacional, toda ley aprobada por el Congreso debe pasar al despacho presidencial para la respectiva sanción, que es la oportunidad que tiene el Ejecutivo para pronunciarse sobre su contenido. Si el Presidente tiene observaciones, puede objetarla, en todo o en parte, por razones constitucionales o porque es, a su juicio, inconveniente para los intereses nacionales. Cuando la ley es estatutaria, porque se refiere a aspectos básicos del Estado y de la sociedad, como la paz, los derechos humanos o los derechos fundamentales de los colombianos, antes de llegar al conocimiento del Jefe del Estado el proyecto se envía para su revisión constitucional a la Corte respectiva. Si esta le da el visto bueno, el Mandatario no puede objetarla por razones de inconstitucionalidad, como es el caso comentado.

El Doctor Iván Duque señaló unas inconveniencias, respeto de las cuales se debe pronunciar el Congreso Nacional. Si el Congreso acepta las objeciones presidenciales esos textos serán eliminados del proyecto. Si el Congreso desatiende las observaciones presidenciales esas normas serán parte del ordenamiento legal.

Hay que estudiar a fondo las objeciones y darle la razón al gobierno si son fundadas, o rechazarlas con énfasis si solo son pretextos para comenzar a hacer trizas los Acuerdos de Paz. El Congreso debe obrar con ecuanimidad pero con carácter.  El Congreso Nacional debe tener en cuenta que la paz es un bien supremo y un mandato de la Constitución Nacional y no debe prestarse de ninguna manera para obstaculizar los Acuerdos que en nombre del País firmó el anterior gobierno con las Farc.

Desconocer esos Acuerdos o, como se dice, “meterles el palo en las ruedas”, sería grave, muy grave. Lo digo sin titubeos, sería un acto de traición al pueblo colombiano, al País, a la Patria.

Que nadie se siga llamando a engaño. Desconocer las bondades del Acuerdo no solo es torpe sino desconocer la palabra empeñada y echar por la borda el hecho más conveniente que en favor del pueblo ha ocurrido desde la Independencia. Aquí no puede caber la politiquería ni el pedestre argumento de que fue firmado por el anterior gobierno y no obliga al actual. Nos obliga a todos, pues además fue aprobado por el Congreso Nacional y legitimado por la Honorable Corte Constitucional.

Se espera del Congreso un pronunciamiento claro, comprometido con la paz y digno. El pueblo quiere la convivencia y que cese la violencia. El Congreso tiene la responsabilidad de defender la JEP y de rechazar tanta malquerencia, tanta cizaña, y tanto daño a la democracia.

Bogotá, D. C 11 de marzo de 2019

*Abogado. Excongresista, Exministro del Interior, Excandidato Presidencial, Exdiplomático, Exgobernador de Santander.

 

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Amylkar D Acosta M

Por Amylkar D. Acosta M*.- ¡Ni con el pétalo de una rosa!. A propósito del día de la mujer, escribió la Secretaria ejecutiva de la CEPAL Alicia Bárcena que en dicha entidad se tiene “la convicción de que la desigualdad de género además de ser injusta, es profundamente ineficiente, es un obstáculo que conspira para alcanzar el desarrollo sostenible”. Como advierte ella misma esa es la realidad palpable en Latinoamérica y el Caribe y Colombia no escapa a ella.

Como lo sostiene la Directora Ejecutiva de la CEPAL, en esta región la pobreza tiene rostro de mujer, ya que por cada 100 hombres pobres se cuentan 118 mujeres en la misma condición. Y de contera, la mujer se ve afectada además por la brecha salarial adversa que bordea en promedio el 16.1% y en las zonas rurales de Colombia alcanza el 45% (¡!). Y en cuanto al desempleo, este afecta mucho más a la mujer, habida cuenta que, según el DANE, mientras el desempleo entre los hombres es del 9.8% entre las mujeres casi duplica dicha proporción con el 16.9%.

Y ello ocurre pese a que la igualdad de género y la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer hacen parte de los derechos fundamentales y de los valores que ampara y promueve las Naciones Unidas. De allí su lema para la conmemoración del día de la mujer este año: “Pensemos  en igualdad, construyamos con inteligencia, innovemos para el cambio”.

Pero, en América Latina, peor que la discriminación que sigue sufriendo la mujer, a pesar de algunos avances en la reivindicación de sus derechos, es el flagelo del feminicidio, que atenta contra el sagrado derecho a la vida. Como lo afirma Alicia Bárcena, “el feminicidio es la expresión mas extrema de violencia contra las mujeres. Ni la tipificación del delito, ni su visualización estadística han sido suficientes para erradicar este  flagelo que nos alarma y horroriza cada día”. Es el caso de Colombia en donde, no obstante que se expidieron la Ley 1257 de 2008, que busca sensibilizar, prevenir y sancionar la violencia y la discriminación contra la mujer y la Ley 1761 de 2015, que reconoce como el feminicidio como delito autónomo, no se ha podido detener la comisión de este vitando delito.

Según la CEPAL, en 2016 fueron asesinadas 1.971 mujeres en solo 17 países de América Latina y en el 2017 en 19 países 2.795. En el caso específico de Colombia este fenómeno tan execrable ha venido in crescendo. Es así como en el transcurso del año 2015 se registraron 100 víctimas fatales, en el año 2016 122 y en el 2017 alcanzó la cifra de160, a los que se le vinieron a sumar 142 casos mas en el grado de tentativa.

De acuerdo con los registros de Medicina legal, hasta el 5 de diciembre del año anterior se habían presentado 103.481 casos de violencia contra la mujer. Se estima que una de cada tres mujeres han sufrido en carne propia alguna forma de violencia. Lo más triste y deplorable es que la principal fuente generadora de este cuadro dantesco es la violencia intrafamiliar y la mujer es la principal víctima de la misma.

Según Medicina legal en el 2018 se registraron 24.684 casos de los cuales en el 86% de ellos la afectada fue una mujer y de acuerdo con la Fiscalía General cada 12 minutos una mujer es agredida por su pareja. Según las Naciones Unidas el 34% de los feminicidios en todo el mundo fueron perpetrados por su propia pareja y un 24% por un miembro de su familia. Según el ex director de Medicina legal Carlos Valdés, el mayor peligro para las mujeres está en donde reside, el 62% de los casos de feminicidios en el 2018 ocurrieron en el seno del hogar. Según el experto en criminalística Germán Antía “las víctimas del maltrato familiar  no terminan ya en las salas de urgencias de los hospitales sino que están llegando a las morgues".

Esta horripilante modalidad delictual se ha venido dando a contrapelo de lo prescrito por las normas internacionales de derechos humanos, que le impone a los estados la obligación de condenar todas las formas de violencia contra la mujer. También la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer vela por su cumplimiento. Pero las escalofriantes estadísticas que dan cuenta del número de víctimas fatales del feminicidio indican que esta tragedia sigue cobrando mas y mas vidas entre las fémines, sin que la sociedad reaccione con la contundencia requerida, será acaso porque como afirmó Albert Camus que “hasta la tragedia se vuelve monótona”.  

Bogotá, marzo 10 de 2019

*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas Y Energía.

www.amylkaracosta.net

  

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Juan Camilo Restrepo Salazar

Los últimos días han estado marcados por las discusiones sobre la JEP, sobre si el Presidente va a objetar o no la ley estatutaria, y naturalmente por los tristes escándalos que el país ha presenciado y cuya autoría parecen recaer en un fiscal de la JEP y en un exsenador de la República. Ojalá estos asuntos se aclaren y sancionen pronto para poder dedicarnos a los temas de fondo. Que no son otros que responder a la pregunta fundamental: ¿cómo va la implementación de los acuerdos de paz?

Existen dos entidades que periódicamente evalúan con rigor cómo va la implementación de los acuerdos de paz. Y constituyen la referencia más seria de que disponemos para evaluar la marcha que trae el llamado postconflicto. El primero, es el Instituto Kroc adscrito a la universidad de Notre Dame y especializado en el seguimiento de procesos de paz en todo el mundo. Y el segundo, es el grupo conformado por Cerac, Cinep y el Programa por la paz. Se publicará próximamente el último informe del Instituto Kroc que cubrirá los primeros meses de la administración Duque; el informe del segundo grupo evaluador acaba de divulgarse y cubre el trimestre del 1 de noviembre 2018 al 31 de enero 2019.

Como la implementación de la Reforma Rural Integral (que corresponde al primer punto de los acuerdos de La Habana) es el más importante cuantitativamente, toda vez que según el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) demanda el 80% de los recursos exigidos para la implementación de la paz, quiero detenerme brevemente en registrar las conclusiones a las que llega el informe Cerac – Cinep y Programa por la Paz.

Las conclusiones no pueden ser más desalentadoras. Y podríamos decir que durante los primeros meses de la administración Duque poco, poquísimo, se ha hecho para desarrollar el punto fundamental de los acuerdos de paz, a saber, el de la Reforma Rural Integral.

Uno no sabe realmente si estamos frente a un asunto de displicencia presupuestal (cosa que heredó la nueva administración de la anterior), o si estamos frente a algo todavía más grave: falta de voluntad política para implementar los acuerdos de paz.

Que la implementación de los acuerdos de paz, y muy especialmente el de la Reforma Rural Integral va mal, lo demuestran algunos párrafos del informe Cerac - Cinep y Programa por la paz, que a continuación cito textualmente:

“Durante el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2018 y 31 de enero de 2019, la verificación realizada le permite concluir a esta Secretaria Técnica que, por segundo trimestre consecutivo, hubo pocos avances en materia de acceso y uso de la tierra (acuerdo final 1.1.1.). De la lectura de las bases del Plan Nacional de Desarrollo presentado al Congreso de la República el 5 de febrero de 2019, se destacan la ausencia de metas en matera de acceso a la tierra, así como las bajas metas en materia de formalización de tierras. Las propias declaraciones de la directora de la Agencia Nacional de tierras, según las cuales la ANT planea entregar este año 7.000 títulos, confirma el lento avance en materia de formalización puesto que, de acuerdo a la funcionaria, con las metas previstas, se espera formalizar la tenencia de 8.400 hectáreas”.

Recuérdese que el punto No. 1 de los acuerdos de La Habana contempla la formalización de 7 millones de hectáreas, lo que permite visualizar el gran abismo que se está ahondando entre el ritmo que trae la implementación y los objetivos acordados.

No se ha avanzado tampoco prácticamente nada en la creación de la Jurisdicción Agraria, en el programa de riego y drenaje, en la creación del Fondo de tierras y en el del Catastro multipropósito cuya implementación está colgada de un crédito externo que apenas se está empezando a tramitar.

En síntesis: el panorama que traza en este informe evaluativo es desolador. Vamos a paso de tortuga cuando la importancia del asunto ameritaría algo de mucha más celeridad y envergadura. De continuarse este ritmo le habremos quedado bien a la paz (firmando los acuerdos del Teatro Colón) pero mal, muy mal, al postconflicto.

Bogotá, D. C, 10 de marzo de 2019

*Abogado, Economista y Exministro de Estado.

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Juan Manuel Galán

Por Juan Manuel Galán*.- Vergüenza, tristeza e impotencia es la sensación que le queda a millones de colombianos después de la nefasta decisión de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) de no continuar con la liga femenina de fútbol profesional. Lo preocupante y desconcertante es que esta disposición se tomó luego de que unas valientes jugadoras de la selección de mayores pusieron el “dedo en la llaga” denunciando en un video irregularidades, desigualdades y acoso por parte de las directivas.

Lo anterior, irónicamente sucedió en la semana del día internacional de la mujer, fecha en que luego de la muerte de 130 mujeres en un incendio en la fábrica Cotton de Nueva York, se declararon en huelga con permanencia en el lugar de trabajo. En esta, reclamaban una reducción de la jornada laboral, un salario igual al de los hombres y solicitaban una mejora en sus condiciones de trabajo.

Hoy, 111 años después, la FCF tomó la misma decisión del dueño de la fábrica de Nueva York, quien cerró la fábrica para que las mujeres desistieran de su idea y así se fueran del lugar. Esto demuestra que la lucha por la igualdad de derechos, de justicia, de participación política que inició hace más de un siglo sigue vigente.

La FCF ignora que las redes sociales permiten que los ciudadanos estén más informados y puedan expresarse, esto no lo vamos a aguantar ni lo vamos a permitir. Lo que ellos no ven es que si acaban con la liga, terminan con el trabajo de mujeres que han dedicado su vida a representarnos a nivel mundial, dejando el nombre de Colombia en alto.

También desconoce que hay 2 equipos campeones de la liga –Independiente Santa Fe y Atlético Huila- este último campeón de la Copa Libertadores. Por voluntad de unos pocos se quiere borrar el éxito y reconocimiento que se han ganado, esto no tiene sentido ni ningún fundamento.

Por eso, exijo que se reverse la desaparición de la liga femenina. Claramente, la decisión no fue por falta de rentabilidad sino por una represalia que es una clara discriminación de género por reclamar derechos. Señores de la FCF, paren el maltrato ya, respeten a las jugadoras y a los colombianos, sus acciones revictimizan a quienes denunciaron las injusticias en su contra.

Bogotá, D. C, 10 de marzo de 2019

*Exsenador de la República  

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Monseñor Víctor Manuel Ochoa

Por: Mons. Víctor Manuel Ochoa Cadavid* - Es un drama humano, de tristeza y dolor el que vivimos actualmente en la frontera.  La Diócesis de Cúcuta tiene dos de los puentes que unen a Venezuela y a nuestra nación, Colombia: los puentes Simón Bolívar y el General Santander, tenemos también el nuevo puente de “Tienditas”.  Por ellos pasan diariamente entre 45 y 70 mil personas para aprovisionamiento de alimentos o para buscar atención médica y hospitalaria, como para hacer provisión de todo cuanto falta en la hermana nación, también para emigrar a Colombia o a otras naciones de América Latina.

Desde el inicio de esta crisis, en agosto de 2015, hemos querido poner a Cristo en el corazón y en la vida de estos hermanos que sufren, dando esperanza y aliento a sus urgencias y necesidades.  La caridad de Cristo nos ha inspirado y el Padre José David Caña y un grupo de más de 800 servidores, miembros de grupos apostólicos y Movimientos Eclesiales han asumido este servicio a los necesitados. 

Precisamente, este drama ha comenzado  desde el día 17 de agosto de 2015, cuando inició  la deportación de más de 22 mil colombianos desde Venezuela.  Es esta la historia que nos ha unido fuertemente, la frontera en esta zona es algo “vivo”, donde familias están emparentadas desde siglos pasados, se cruzaba con libertad y fraternidad en ambos lados del territorio.  Ciertamente esta situación de dolor del pueblo venezolano nos afecta a todos.  

Nuestra Diócesis y especialmente nuestra ciudad de San José de Cúcuta  han aumentado notoriamente el asentamiento de personas en las periferias pobres de la ciudad.  Muchas parroquias han recibido centenares de familias.  Solo una parroquia, la Parroquia Nuestra Señora de la Esperanza ha tenido el asentamiento de más de 1500 familias en el transcurso de un año.   Esta emergencia ha suscitado también la urgencia de otras necesidades que tienen que resolverse: son más de 6.000 niños venezolanos que vienen a las escuelas en nuestra ciudad.   El área metropolitana de Cúcuta tiene más del 20% de desempleo y una tasa de informalidad del 75%, personas que trabajan sin sus aportes a seguridad social, buscando de alguna manera completar sus necesidades.

En nuestros centros de atención, la Casa de Paso y los comedores de caridad,  entregamos unos 10.000 almuerzos diarios.  Solo la Casa de Paso la ‘Divina Providencia’ entrega unas 5.000 raciones calientes cada día, sin contar cuanto entregamos al final de estas, lo que llamamos con gracia, “el repele”, que es pasta , atún y alverjas, con un pan. Entregamos también otro tanto en ocho (8) parroquias de Cúcuta: Parroquia Nuestra Señora del Rosario, Nuestra Señora de los Dolores, Jesús Cautivo, La Sagrada Familia, San Antonio, Inmaculado Corazón de María, Nuestra Señora de Fátima,  Comedor La Misericordia, San Alberto Hurtado.

Esta situación ha sacado lo mejor de nuestra Diócesis, son 800 voluntarios que atienden esta emergencia de humanidad y de caridad.   Los agentes pastorales, los miembros de los movimientos apostólicos,  los sacerdotes, los diáconos y religiosas atienden a estos hermanos con necesidades.  Hemos repartido un millón de raciones en 18 meses, ordenadamente, a personas en grandes necesidades.  También hemos procurado atender en un dispensario médico a unas 800 personas diariamente, con cuatro médicos, solo para la entrega de medicinas en atención y direccionamiento hacia los hospitales.   Nuestro gran aliado es San José, que procura los alimentos y trae a los servidores que entregan su tiempo y su amor a estos hermanos en “la caridad de Cristo”.

La Iglesia Católica, está dando esta ayuda desde hace más de tres años, hemos entregado muchos alimentos a hermanos que sufren y tienen necesidad, muchas toneladas de amor y caridad.  En ocasión de la Navidad 2018, el Nuncio Apostólico, Monseñor Luis Mariano Montemayor, entregó más de tres toneladas de alimentos en nombre del Papa Francisco a familias venezolanas en Cúcuta, para hacerles vivir el nacimiento de Cristo con más alegría.

También, un grupo de médicos y enfermeras que trabajan por los enfermos y necesitados han prestado su ayuda para el cuidado de los enfermos y de los niños, entregando medicinas gratuitamente.   

Esa ayuda es urgente,  necesaria, esperada por muchas madres de familia, por ancianos.  Muchos venezolanos sienten cansancio, manifiestan la tristeza por ver a su nación en estas circunstancias, esperan con fe en Dios que puedan retornar a condiciones de vida digna, donde no les  falte el pan y la atención médica.  Tenemos delante de nosotros el drama de familias enteras que caminan por Colombia buscando el pan y un poco de abrigo. 

Es la hora de la oración y la petición a Dios por estos hermanos que tanto lo necesitan.  Sigamos todos apoyando la caridad y el cuidado a estos hermanos que en otros momentos nos ayudaron y acogieron. 

Cúcuta 10 de marzo de 2019

*Obispo de Cúcuta

Fuente: Conferencia Episcopal Colombiana

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Roberto Córdoba Triviño

Por Roberto Córdoba Triviño*.- Trataré de explicar sucintamente el tema: La JEP, es una entidad jurisdiccional amparada por la Constitución Nacional y todo lo que la compone a la luz del Bloque de Constitucionalidad; esto es, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Jurisprudencia de las Cortes Colombianas y de órganos jurisdiccionales internacionales sobre el particular, y tiene un marco legal específico que son los acuerdos de paz.

Entonces, ni el Congreso, y mucho menos el Presidente de la República, pueden echar para atrás lo que es supralegal. Es decir, lo que tiene soporte constitucional y con ello prelación normativa.

Sin embargo, como sociedad que tiene derecho a la paz, tenemos el deber ineludible de movilizarnos para exigir al gobierno actual que evite seguir torpedeando el normal funcionamiento de la JEP, y más bien cumpla con su función de implementar la totalidad de los acuerdos, so pena de incurrir en faltas al Derecho Internacional y a los DDHH, por lo que no dudaremos en denunciar a quien viole la normativa antes mencionada.

Como es natural, de los medios de comunicación tradicionales, no esperamos eso; por lo mismo, las redes y las calles serán nuestras vías, con respeto pleno a nuestros derechos y obligaciones como ciudadanos de paz.

Bogotá, D. C, 14 de marzo de 2019

*Egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre y Bibliotecario.

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Guillermo García Realpe

Por: Guillermo García Realpe*. – Ante la polémica desatada en los últimos meses en Colombia sobre sí al país retornan las fumigaciones con el herbicida glifosato para combatir los cultivos ilícitos, muchos desde el Congreso de la República creemos que esa no es la salida para combatir un flagelo tan aberrante como el narcotráfico. 

Se preguntarán entonces ¿cuál es la salida?, se hace necesario explorar otras alternativas igual de eficientes, pero que no afecten la salud de las personas que habitan las regiones con presencia de cultivos ilícitos y por supuesto que no contamine las fuentes hídricas y mucho menos afecte el medio ambiente de esas comunidades. 

La salida más expedita de acuerdo a múltiples estudios de organizaciones de gran credibilidad como la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito UNDOC- revela en su último informe que la erradicación forzosa sea manual o fumigación tuvo resiembras superiores al 35% en los campos de cultivos ilícitos y la sustitución voluntaria con proyectos productivos acordados con las comunidades solamente tiene una resiembra inferior al 1%, la conclusión es absolutamente clara que la solución no está en la fumigación, ni en la  erradicación forzosa, sino en la sustitución con proyectos productivos rentables para promover economías legales en las zonas de presencia de cultivos ilícitos, entonces tenemos la solución más viable a la mano, con resultados a la vista y hoy se quiere desechar para cambiarla por veneno, porque eso es lo que es el glifosato. 

Según el índice de pobreza multidimensional, el 87% de los municipios con presencia de cultivos ilícitos son pobres, esto lo que traduce es que se requiere de una urgente estrategia integral territorial para consolidar el Estado Social  en las regiones afectadas, donde se logren romper los eslabones de las cadenas del narcotráfico, donde la sustitución voluntaria, pero con inversión social se apropie de esos territorios. 

Es ilógico ver departamentos como Nariño, donde no existe un Hospital de Segundo Nivel para los diez municipios que hacen parte de la Costa Pacífica Nariñense, donde en la mayoría de los casos, la única presencia estatal es la Fuerza Pública. 

Nariño es actualmente el departamento con más presencia de cultivos ilícitos en Colombia, según cifras oficiales existen 46 mil hectáreas de cultivos ilícitos sembradas por unas 50 mil familias, esa alternatividad se la dio la criminalidad y no el Estado. 

Entonces lo que hoy y siempre se reclama, es que el Estado debe tenderle la mano amiga a todas las familias campesinas dedicadas a la economía ilegal con proyectos productivos, con créditos de fácil acceso y bajo interés con acompañamiento de asistencia técnica, con una serie de herramientas que los transformen en empresarios del campo para que sustituyan esa ilegalidad, donde efectivamente haya una verdadera inversión social que tanto se vocifera en los discursos, pero que en la práctica se queda corta. 

Colombia no puede regresar a las aspersiones aéreas, eso trae graves implicaciones para la salud humana, para las fuentes hídricas, para la fauna y flora de vastas regiones con presencia de coca, es un herbicida clasificado en Categoría II por la IARC, Agencia de la Organización Mundial de la Salud como cancerígeno. 

Ante tal panorama lo más aconsejable sería que acatemos las sentencias T-300 de 2017, T-080 de 2017 y T-236 de 2017 donde la Corte Constitucional insiste sobre las graves repercusiones que trae el glifosato para las comunidades. 

La Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud, la Corte Constitucional, también el Consejo Nacional de Estupefacientes ya tuvo pronunciamientos claros al respecto, y este es un debate que lo van a perder quienes promueven la fumigación en Colombia. 

No al glifosato, sí a la ¡Paz con la Naturaleza! 

Bogotá, D. C, 13 de marzo de 2019 

*Senador Liberal

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José G Hernández

Por José G Hernández*.- El pasado 8 de marzo se celebró el Día Internacional de la Mujer. Además del saludo de felicitación a nuestras mujeres -madres, esposas, hijas, hermanas, novias, amigas, vice presidenta, ministras, jueces, profesionales, trabajadoras, estudiantes-, en “La Voz del Derecho” decidimos tomar la fecha como una oportunidad de reflexión acerca de la realidad del país en cuanto a los derechos de ellas, reivindicados de manera expresa en la Constitución, pero muy teóricos en la práctica.

Dice el artículo 43 de la Constitución:

“ARTICULO 43. La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de éste subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada.

El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia”.

En el programa radial “Debates constitucionales”, la conclusión, tras comparar el texto de la transcrita norma con lo que ocurre en la vida diaria, fue unánime: pura teoría. Incumplimiento del precepto constitucional por parte del Estado, de las instituciones públicas y privadas, de las familias, de la sociedad.

En la dura realidad, hay discriminación en contra de las mujeres respecto a las oportunidades laborales. Hay discriminación entre hombres y mujeres en materia salarial. Hay discriminación en los hogares, en las entidades públicas, en las empresas particulares. Durante el embarazo y después del parto, brillan por su ausencia la especial protección y el apoyo estatal. Por el contrario, es frecuente que las mujeres en estado de embarazo no sean contratadas, y, si se las contrata, hoy admite la Corte Constitucional que se las despida por no avisar sobre su estado al empleador.

El subsidio alimentario del que habla el precepto superior no existe. El Estado, lejos de apoyar especialmente a la mujer cabeza de familia, la deja sin trabajo cada vez que hay una reestructuración administrativa, o cuando le provoca al nominador. La protección reforzada, de la que habla la ley, es una ilusión. Y el Gobierno está buscando todos los caminos que señala el ingenio de los burócratas, con el fin de consagrar -para mujeres y para hombres-  el aumento de la edad para alcanzar la pensión y ahora pretende quedarse con el dinero aportado por los trabajadores que no se alcanzan a pensionar.

Lo más grave: se han incrementado las  modalidades de ofensa, maltrato, violencia y crímenes contra la mujer. Las conductas de muchos hombres en cualquiera de esas formas de ataque al sexo femenino no son denunciadas, y por tanto no son investigadas, ni sancionadas, como debería ocurrir.

La sociedad y el Estado están en deuda con nuestras mujeres. Estamos lejos de lograr una cultura de respeto, amor y consideración hacia ellas. Y no se ha logrado establecer condiciones reales de igualdad, en todos los campos.

Bogotá, D. C, 13 de marzo de 2019

*Expresidente de la Corte Constitucional

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Victor G Ricardo

Por Victor G. Ricardo*.- Son muchas las teorías que defienden el uso del glifosato para erradicar de cultivos ilícitos, por considerar que es el mejor elemento para fumigar y acabar los cultivos de coca en Colombia. Hay otras que consideran que el uso del glifosato es dañino y que éste es un veneno para la naturaleza y que nos hace un gran daño al medio ambiente.
Pero mientras esas discusiones se dan, tanto a nivel académico como a nivel político, la extensión de los cultivos ilícitos crece y ya es tan grande que se habla de doscientos cuarenta mil hectáreas. Esta situación tiene muy preocupadas a las autoridades de los países consumidores de drogas, en especial las americanas y más cuando las últimas publicaciones dicen que en Latinoamérica los cultivos ilícitos están en un setenta por ciento en nuestro país.

En Colombia también debe ser motivo de profunda preocupación, pues el consumo de droga ha aumentado en forma notoria y el número personas dedicadas a ello, así como los carteles dedicados al narcotráfico también han crecido de forma considerable.

Además, ya hay distintas zonas del país donde hoy se encuentran, ya no pequeños cultivos sino grandes extensiones que destruyen zonas ambientales o reservas forestales, lo cual hará mucho daño para el futuro ecológico colombiano además de que aumentará el nivel de crimen y la destrucción de valores que esta actividad y el narcotráfico en todas sus formas conlleva.

Por esta razón es muy importante tener en cuenta que el mejor sistema para erradicar los cultivos es la sustitución voluntaria con el apoyo del Estado, para lo cual el gobierno debe ser eficiente en presentar y promover alternativas que garanticen la asesoría adecuada al campesino. Por otra parte, se requiere que para que los nuevos productos lícitos cultivados lleguen a los mercados de consumo, el Ministerio de Agricultura o la institución pública adecuada garantice la compra, de manera que no vuelvan los campesinos a caer en plantaciones ilegales y así lograr estabilizar una economía legal y formal en estas regiones.
En medio de estos debates, la Corte Constitucional convocó a unas audiencias públicas con el propósito de escuchar al gobierno y a algunos expresidentes, y abrir espacio al debate sobre el tema del glifosato, con el propósito de tomar una sustentada e ilustrada decisión sobre el uso de este químico en Colombia. La verdad es que me hubiera gustado más que en representación del gobierno hubieran llevado la vocería los Ministros a los que les correspondía el tema como el del Interior, Defensa, Agricultura y el de Medio ambiente, que para eso están y no exponer la majestad presidencial. 

Los colombianos esperamos muy atentos la decisión de la Corte Constitucional, pues de ella depende en gran parte la posibilidad de disminuir los cultivos ilícitos en nuestro país.

En el entorno de esta audiencia, la opinión pública se vio sorprendida con un almuerzo entre algunos magistrados y el expresidente Juan Manuel Santos, que tiene una teoría en este tema contraria a la del gobierno. Yo salgo en defensa de los Magistrados porque estoy seguro de que su conciencia jurídica y la justicia que buscan está por encima de los encuentros sociales. Pero, por decir lo menos, fue inoportuna y levantó suspicacias.

Bogotá, D. C, 13 de marzo de 2019

*Excomisionado de Paz

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Por Jairo Gómez*.- Para que el país aterrice y salga del engaño propiciado por este régimen que interpreta la historia y administra justicia a su antojo, es necesaria la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

Cuando Álvaro Gómez Hurtado comenzó a cuestionar severamente el régimen colombiano, propuso un acuerdo sobre lo fundamental para cambiarlo en su estructura perversa y maloliente; construyó un discurso que comenzó a tocar la fibra nacional enfocado en la necesidad de extirpar ese sistema corrupto y dañino para la democracia; pasaron los días y tras su desafiante y provocadora propuesta, ese mismo régimen lo mató, dicen sus seguidores.

Claro, el líder político conservador insistía en desnudar toda esa clase dirigente putrefacta que por décadas y décadas venía usurpando el sistema democrático colombiano para privilegio de unos pocos y, para hacerlo, implicaba auscultar la verdad entre otros objetivos. Pues bien, ese régimen que se estremeció con la propuesta de un hombre que venía de sus entrañas, hoy, horrorizado, quiere eliminar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y evitar que se sepa todo lo que pasó en el conflicto armado colombiano.

Más allá de los cuestionamientos que se le puedan hacer a una joven y novedosa institución, todavía en proceso de formación, el temor que embarga a estas élites corruptas que tienen secuestrada y capturada las instituciones del país hace 200 años, es que por fin los colombianos conozcamos los verdaderos responsables de esta guerra que nos instalaron por más de 50 años para adueñarse de las tierras, despojar a los campesinos y propiciar cerca de 8 millones de víctimas; víctimas que hoy son el centro del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

Ese es el quid del asunto. Y para que el país aterrice y salga del engaño propiciado por este régimen que interpreta la historia y administra justicia a su antojo, es necesaria la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

Buscan, el presidente Duque, el Fiscal Martínez y los parlamentarios del Centro Democrático, acabar o eliminar la JEP; no nos llamemos a engaños, ese es el propósito: las reformas constitucionales sabemos cómo empiezan, pero no como terminan y las propuestas por el Gobierno tienen ese objetivo, si se examina la perpleja decisión de la Casa de Nariño de ignorar el principio democrático del equilibrio de poderes pasándose por la faja la Corte Constitucional que obliga a los próximos tres gobiernos a respetar el Acuerdo de Paz suscrito entre el Estado y las FARC.

Esta reacción del régimen no es solitaria y la explica, por ejemplo, el hecho de que la JEP haya vinculado formalmente a los generales Rito Alejo del Río, Jaime Humberto Uscátegui y 16 miembros de la Fuerza Pública con el asesinato de cientos de militantes de la Unión Patriótica (UP). Esa etapa oscura de nuestra historia reciente, para nadie es un secreto, obedeció a un plan premeditadamente diseñado para exterminar la UP. Ese establecimiento dio las órdenes y los militares las cumplieron a cabalidad. Saben los militares en retiro que la salida es la JEP y por ello están ahí; más de dos mil se acogieron voluntariamente y gozan de sus beneficios.

Decisiones como estas y las que están por venir explican la arremetida del Centro Democrático, partido que no disimula su estrategia de desprestigiar a la JEP, también como estrategia política y electoral ahora que se aproximan las elecciones regionales para tratar de galvanizar un electorado que hoy se les esfuma.

Bogotá, D.C, 12 de marzo de 2019

*Periodista y Analista Político.

@jairotevi

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Horacio Serpa Uribe

Por Horacio Serpa Uribe*.- Acabo de escuchar al Presidente Duque en su alocución sobre el Proyecto de Ley Estatutaria de la Justicia especial de paz, en la que anunció su decisión de objetar por inconveniencia seis artículos del texto aprobado por el Congreso Nacional y revisado por la Honorable Corte Constitucional. Escribo de inmediato unos comentarios, en espera de que se abra un debate público que permita escuchar la opinión de mucha gente versada en la materia.

Según la Constitución Nacional, toda ley aprobada por el Congreso debe pasar al despacho presidencial para la respectiva sanción, que es la oportunidad que tiene el Ejecutivo para pronunciarse sobre su contenido. Si el Presidente tiene observaciones, puede objetarla, en todo o en parte, por razones constitucionales o porque es, a su juicio, inconveniente para los intereses nacionales. Cuando la ley es estatutaria, porque se refiere a aspectos básicos del Estado y de la sociedad, como la paz, los derechos humanos o los derechos fundamentales de los colombianos, antes de llegar al conocimiento del Jefe del Estado el proyecto se envía para su revisión constitucional a la Corte respectiva. Si esta le da el visto bueno, el Mandatario no puede objetarla por razones de inconstitucionalidad, como es el caso comentado.

El Doctor Iván Duque señaló unas inconveniencias, respeto de las cuales se debe pronunciar el Congreso Nacional. Si el Congreso acepta las objeciones presidenciales esos textos serán eliminados del proyecto. Si el Congreso desatiende las observaciones presidenciales esas normas serán parte del ordenamiento legal.

Hay que estudiar a fondo las objeciones y darle la razón al gobierno si son fundadas, o rechazarlas con énfasis si solo son pretextos para comenzar a hacer trizas los Acuerdos de Paz. El Congreso debe obrar con ecuanimidad pero con carácter.  El Congreso Nacional debe tener en cuenta que la paz es un bien supremo y un mandato de la Constitución Nacional y no debe prestarse de ninguna manera para obstaculizar los Acuerdos que en nombre del País firmó el anterior gobierno con las Farc.

Desconocer esos Acuerdos o, como se dice, “meterles el palo en las ruedas”, sería grave, muy grave. Lo digo sin titubeos, sería un acto de traición al pueblo colombiano, al País, a la Patria.

Que nadie se siga llamando a engaño. Desconocer las bondades del Acuerdo no solo es torpe sino desconocer la palabra empeñada y echar por la borda el hecho más conveniente que en favor del pueblo ha ocurrido desde la Independencia. Aquí no puede caber la politiquería ni el pedestre argumento de que fue firmado por el anterior gobierno y no obliga al actual. Nos obliga a todos, pues además fue aprobado por el Congreso Nacional y legitimado por la Honorable Corte Constitucional.

Se espera del Congreso un pronunciamiento claro, comprometido con la paz y digno. El pueblo quiere la convivencia y que cese la violencia. El Congreso tiene la responsabilidad de defender la JEP y de rechazar tanta malquerencia, tanta cizaña, y tanto daño a la democracia.

Bogotá, D. C 11 de marzo de 2019

*Abogado. Excongresista, Exministro del Interior, Excandidato Presidencial, Exdiplomático, Exgobernador de Santander.

 

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Amylkar D Acosta M

Por Amylkar D. Acosta M*.- ¡Ni con el pétalo de una rosa!. A propósito del día de la mujer, escribió la Secretaria ejecutiva de la CEPAL Alicia Bárcena que en dicha entidad se tiene “la convicción de que la desigualdad de género además de ser injusta, es profundamente ineficiente, es un obstáculo que conspira para alcanzar el desarrollo sostenible”. Como advierte ella misma esa es la realidad palpable en Latinoamérica y el Caribe y Colombia no escapa a ella.

Como lo sostiene la Directora Ejecutiva de la CEPAL, en esta región la pobreza tiene rostro de mujer, ya que por cada 100 hombres pobres se cuentan 118 mujeres en la misma condición. Y de contera, la mujer se ve afectada además por la brecha salarial adversa que bordea en promedio el 16.1% y en las zonas rurales de Colombia alcanza el 45% (¡!). Y en cuanto al desempleo, este afecta mucho más a la mujer, habida cuenta que, según el DANE, mientras el desempleo entre los hombres es del 9.8% entre las mujeres casi duplica dicha proporción con el 16.9%.

Y ello ocurre pese a que la igualdad de género y la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer hacen parte de los derechos fundamentales y de los valores que ampara y promueve las Naciones Unidas. De allí su lema para la conmemoración del día de la mujer este año: “Pensemos  en igualdad, construyamos con inteligencia, innovemos para el cambio”.

Pero, en América Latina, peor que la discriminación que sigue sufriendo la mujer, a pesar de algunos avances en la reivindicación de sus derechos, es el flagelo del feminicidio, que atenta contra el sagrado derecho a la vida. Como lo afirma Alicia Bárcena, “el feminicidio es la expresión mas extrema de violencia contra las mujeres. Ni la tipificación del delito, ni su visualización estadística han sido suficientes para erradicar este  flagelo que nos alarma y horroriza cada día”. Es el caso de Colombia en donde, no obstante que se expidieron la Ley 1257 de 2008, que busca sensibilizar, prevenir y sancionar la violencia y la discriminación contra la mujer y la Ley 1761 de 2015, que reconoce como el feminicidio como delito autónomo, no se ha podido detener la comisión de este vitando delito.

Según la CEPAL, en 2016 fueron asesinadas 1.971 mujeres en solo 17 países de América Latina y en el 2017 en 19 países 2.795. En el caso específico de Colombia este fenómeno tan execrable ha venido in crescendo. Es así como en el transcurso del año 2015 se registraron 100 víctimas fatales, en el año 2016 122 y en el 2017 alcanzó la cifra de160, a los que se le vinieron a sumar 142 casos mas en el grado de tentativa.

De acuerdo con los registros de Medicina legal, hasta el 5 de diciembre del año anterior se habían presentado 103.481 casos de violencia contra la mujer. Se estima que una de cada tres mujeres han sufrido en carne propia alguna forma de violencia. Lo más triste y deplorable es que la principal fuente generadora de este cuadro dantesco es la violencia intrafamiliar y la mujer es la principal víctima de la misma.

Según Medicina legal en el 2018 se registraron 24.684 casos de los cuales en el 86% de ellos la afectada fue una mujer y de acuerdo con la Fiscalía General cada 12 minutos una mujer es agredida por su pareja. Según las Naciones Unidas el 34% de los feminicidios en todo el mundo fueron perpetrados por su propia pareja y un 24% por un miembro de su familia. Según el ex director de Medicina legal Carlos Valdés, el mayor peligro para las mujeres está en donde reside, el 62% de los casos de feminicidios en el 2018 ocurrieron en el seno del hogar. Según el experto en criminalística Germán Antía “las víctimas del maltrato familiar  no terminan ya en las salas de urgencias de los hospitales sino que están llegando a las morgues".

Esta horripilante modalidad delictual se ha venido dando a contrapelo de lo prescrito por las normas internacionales de derechos humanos, que le impone a los estados la obligación de condenar todas las formas de violencia contra la mujer. También la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer vela por su cumplimiento. Pero las escalofriantes estadísticas que dan cuenta del número de víctimas fatales del feminicidio indican que esta tragedia sigue cobrando mas y mas vidas entre las fémines, sin que la sociedad reaccione con la contundencia requerida, será acaso porque como afirmó Albert Camus que “hasta la tragedia se vuelve monótona”.  

Bogotá, marzo 10 de 2019

*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas Y Energía.

www.amylkaracosta.net

  

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Juan Camilo Restrepo Salazar

Los últimos días han estado marcados por las discusiones sobre la JEP, sobre si el Presidente va a objetar o no la ley estatutaria, y naturalmente por los tristes escándalos que el país ha presenciado y cuya autoría parecen recaer en un fiscal de la JEP y en un exsenador de la República. Ojalá estos asuntos se aclaren y sancionen pronto para poder dedicarnos a los temas de fondo. Que no son otros que responder a la pregunta fundamental: ¿cómo va la implementación de los acuerdos de paz?

Existen dos entidades que periódicamente evalúan con rigor cómo va la implementación de los acuerdos de paz. Y constituyen la referencia más seria de que disponemos para evaluar la marcha que trae el llamado postconflicto. El primero, es el Instituto Kroc adscrito a la universidad de Notre Dame y especializado en el seguimiento de procesos de paz en todo el mundo. Y el segundo, es el grupo conformado por Cerac, Cinep y el Programa por la paz. Se publicará próximamente el último informe del Instituto Kroc que cubrirá los primeros meses de la administración Duque; el informe del segundo grupo evaluador acaba de divulgarse y cubre el trimestre del 1 de noviembre 2018 al 31 de enero 2019.

Como la implementación de la Reforma Rural Integral (que corresponde al primer punto de los acuerdos de La Habana) es el más importante cuantitativamente, toda vez que según el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) demanda el 80% de los recursos exigidos para la implementación de la paz, quiero detenerme brevemente en registrar las conclusiones a las que llega el informe Cerac – Cinep y Programa por la Paz.

Las conclusiones no pueden ser más desalentadoras. Y podríamos decir que durante los primeros meses de la administración Duque poco, poquísimo, se ha hecho para desarrollar el punto fundamental de los acuerdos de paz, a saber, el de la Reforma Rural Integral.

Uno no sabe realmente si estamos frente a un asunto de displicencia presupuestal (cosa que heredó la nueva administración de la anterior), o si estamos frente a algo todavía más grave: falta de voluntad política para implementar los acuerdos de paz.

Que la implementación de los acuerdos de paz, y muy especialmente el de la Reforma Rural Integral va mal, lo demuestran algunos párrafos del informe Cerac - Cinep y Programa por la paz, que a continuación cito textualmente:

“Durante el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2018 y 31 de enero de 2019, la verificación realizada le permite concluir a esta Secretaria Técnica que, por segundo trimestre consecutivo, hubo pocos avances en materia de acceso y uso de la tierra (acuerdo final 1.1.1.). De la lectura de las bases del Plan Nacional de Desarrollo presentado al Congreso de la República el 5 de febrero de 2019, se destacan la ausencia de metas en matera de acceso a la tierra, así como las bajas metas en materia de formalización de tierras. Las propias declaraciones de la directora de la Agencia Nacional de tierras, según las cuales la ANT planea entregar este año 7.000 títulos, confirma el lento avance en materia de formalización puesto que, de acuerdo a la funcionaria, con las metas previstas, se espera formalizar la tenencia de 8.400 hectáreas”.

Recuérdese que el punto No. 1 de los acuerdos de La Habana contempla la formalización de 7 millones de hectáreas, lo que permite visualizar el gran abismo que se está ahondando entre el ritmo que trae la implementación y los objetivos acordados.

No se ha avanzado tampoco prácticamente nada en la creación de la Jurisdicción Agraria, en el programa de riego y drenaje, en la creación del Fondo de tierras y en el del Catastro multipropósito cuya implementación está colgada de un crédito externo que apenas se está empezando a tramitar.

En síntesis: el panorama que traza en este informe evaluativo es desolador. Vamos a paso de tortuga cuando la importancia del asunto ameritaría algo de mucha más celeridad y envergadura. De continuarse este ritmo le habremos quedado bien a la paz (firmando los acuerdos del Teatro Colón) pero mal, muy mal, al postconflicto.

Bogotá, D. C, 10 de marzo de 2019

*Abogado, Economista y Exministro de Estado.

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Juan Manuel Galán

Por Juan Manuel Galán*.- Vergüenza, tristeza e impotencia es la sensación que le queda a millones de colombianos después de la nefasta decisión de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) de no continuar con la liga femenina de fútbol profesional. Lo preocupante y desconcertante es que esta disposición se tomó luego de que unas valientes jugadoras de la selección de mayores pusieron el “dedo en la llaga” denunciando en un video irregularidades, desigualdades y acoso por parte de las directivas.

Lo anterior, irónicamente sucedió en la semana del día internacional de la mujer, fecha en que luego de la muerte de 130 mujeres en un incendio en la fábrica Cotton de Nueva York, se declararon en huelga con permanencia en el lugar de trabajo. En esta, reclamaban una reducción de la jornada laboral, un salario igual al de los hombres y solicitaban una mejora en sus condiciones de trabajo.

Hoy, 111 años después, la FCF tomó la misma decisión del dueño de la fábrica de Nueva York, quien cerró la fábrica para que las mujeres desistieran de su idea y así se fueran del lugar. Esto demuestra que la lucha por la igualdad de derechos, de justicia, de participación política que inició hace más de un siglo sigue vigente.

La FCF ignora que las redes sociales permiten que los ciudadanos estén más informados y puedan expresarse, esto no lo vamos a aguantar ni lo vamos a permitir. Lo que ellos no ven es que si acaban con la liga, terminan con el trabajo de mujeres que han dedicado su vida a representarnos a nivel mundial, dejando el nombre de Colombia en alto.

También desconoce que hay 2 equipos campeones de la liga –Independiente Santa Fe y Atlético Huila- este último campeón de la Copa Libertadores. Por voluntad de unos pocos se quiere borrar el éxito y reconocimiento que se han ganado, esto no tiene sentido ni ningún fundamento.

Por eso, exijo que se reverse la desaparición de la liga femenina. Claramente, la decisión no fue por falta de rentabilidad sino por una represalia que es una clara discriminación de género por reclamar derechos. Señores de la FCF, paren el maltrato ya, respeten a las jugadoras y a los colombianos, sus acciones revictimizan a quienes denunciaron las injusticias en su contra.

Bogotá, D. C, 10 de marzo de 2019

*Exsenador de la República  

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Monseñor Víctor Manuel Ochoa

Por: Mons. Víctor Manuel Ochoa Cadavid* - Es un drama humano, de tristeza y dolor el que vivimos actualmente en la frontera.  La Diócesis de Cúcuta tiene dos de los puentes que unen a Venezuela y a nuestra nación, Colombia: los puentes Simón Bolívar y el General Santander, tenemos también el nuevo puente de “Tienditas”.  Por ellos pasan diariamente entre 45 y 70 mil personas para aprovisionamiento de alimentos o para buscar atención médica y hospitalaria, como para hacer provisión de todo cuanto falta en la hermana nación, también para emigrar a Colombia o a otras naciones de América Latina.

Desde el inicio de esta crisis, en agosto de 2015, hemos querido poner a Cristo en el corazón y en la vida de estos hermanos que sufren, dando esperanza y aliento a sus urgencias y necesidades.  La caridad de Cristo nos ha inspirado y el Padre José David Caña y un grupo de más de 800 servidores, miembros de grupos apostólicos y Movimientos Eclesiales han asumido este servicio a los necesitados. 

Precisamente, este drama ha comenzado  desde el día 17 de agosto de 2015, cuando inició  la deportación de más de 22 mil colombianos desde Venezuela.  Es esta la historia que nos ha unido fuertemente, la frontera en esta zona es algo “vivo”, donde familias están emparentadas desde siglos pasados, se cruzaba con libertad y fraternidad en ambos lados del territorio.  Ciertamente esta situación de dolor del pueblo venezolano nos afecta a todos.  

Nuestra Diócesis y especialmente nuestra ciudad de San José de Cúcuta  han aumentado notoriamente el asentamiento de personas en las periferias pobres de la ciudad.  Muchas parroquias han recibido centenares de familias.  Solo una parroquia, la Parroquia Nuestra Señora de la Esperanza ha tenido el asentamiento de más de 1500 familias en el transcurso de un año.   Esta emergencia ha suscitado también la urgencia de otras necesidades que tienen que resolverse: son más de 6.000 niños venezolanos que vienen a las escuelas en nuestra ciudad.   El área metropolitana de Cúcuta tiene más del 20% de desempleo y una tasa de informalidad del 75%, personas que trabajan sin sus aportes a seguridad social, buscando de alguna manera completar sus necesidades.

En nuestros centros de atención, la Casa de Paso y los comedores de caridad,  entregamos unos 10.000 almuerzos diarios.  Solo la Casa de Paso la ‘Divina Providencia’ entrega unas 5.000 raciones calientes cada día, sin contar cuanto entregamos al final de estas, lo que llamamos con gracia, “el repele”, que es pasta , atún y alverjas, con un pan. Entregamos también otro tanto en ocho (8) parroquias de Cúcuta: Parroquia Nuestra Señora del Rosario, Nuestra Señora de los Dolores, Jesús Cautivo, La Sagrada Familia, San Antonio, Inmaculado Corazón de María, Nuestra Señora de Fátima,  Comedor La Misericordia, San Alberto Hurtado.

Esta situación ha sacado lo mejor de nuestra Diócesis, son 800 voluntarios que atienden esta emergencia de humanidad y de caridad.   Los agentes pastorales, los miembros de los movimientos apostólicos,  los sacerdotes, los diáconos y religiosas atienden a estos hermanos con necesidades.  Hemos repartido un millón de raciones en 18 meses, ordenadamente, a personas en grandes necesidades.  También hemos procurado atender en un dispensario médico a unas 800 personas diariamente, con cuatro médicos, solo para la entrega de medicinas en atención y direccionamiento hacia los hospitales.   Nuestro gran aliado es San José, que procura los alimentos y trae a los servidores que entregan su tiempo y su amor a estos hermanos en “la caridad de Cristo”.

La Iglesia Católica, está dando esta ayuda desde hace más de tres años, hemos entregado muchos alimentos a hermanos que sufren y tienen necesidad, muchas toneladas de amor y caridad.  En ocasión de la Navidad 2018, el Nuncio Apostólico, Monseñor Luis Mariano Montemayor, entregó más de tres toneladas de alimentos en nombre del Papa Francisco a familias venezolanas en Cúcuta, para hacerles vivir el nacimiento de Cristo con más alegría.

También, un grupo de médicos y enfermeras que trabajan por los enfermos y necesitados han prestado su ayuda para el cuidado de los enfermos y de los niños, entregando medicinas gratuitamente.   

Esa ayuda es urgente,  necesaria, esperada por muchas madres de familia, por ancianos.  Muchos venezolanos sienten cansancio, manifiestan la tristeza por ver a su nación en estas circunstancias, esperan con fe en Dios que puedan retornar a condiciones de vida digna, donde no les  falte el pan y la atención médica.  Tenemos delante de nosotros el drama de familias enteras que caminan por Colombia buscando el pan y un poco de abrigo. 

Es la hora de la oración y la petición a Dios por estos hermanos que tanto lo necesitan.  Sigamos todos apoyando la caridad y el cuidado a estos hermanos que en otros momentos nos ayudaron y acogieron. 

Cúcuta 10 de marzo de 2019

*Obispo de Cúcuta

Fuente: Conferencia Episcopal Colombiana

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