Opinión

No es aceptable la complacencia o la complicidad o el silencio frente a comportamientos que impiden la armonía social, la convivencia y el buen trato

Por: Fernando Cepeda Ulloa*. - En estos días, los medios de comunicación han registrado doctrinas, tanto de la Corte Suprema de justicia como del Consejo de Estado, que ponen en su lugar el legítimo derecho de la protesta social y reiteran la obligación por parte de los protestantes de respetar los derechos de los demás ciudadanos.

Es que resulta muy contradictorio que el ejercicio de un legítimo derecho, como el de la protesta social, esté fundamentado en la violación flagrante del derecho de los demás ciudadanos. Así no puede funcionar un estado social de derecho; el uso legítimo de la protesta social si se desborda, si no respeta el derecho a la propiedad, el respeto a la libertad de movimiento y otros más es una invitación clara y contundente a la violencia. Precisamente el ejercicio de la protesta social pacífica es la negación de la violencia. Es una conquista que busca superar otros mecanismos para hacerse escuchar o para hacer llegar una voz de desacuerdo frente a decisiones de las autoridades legítimas.

Y se comete una gran equivocación por parte de las autoridades, cuando al tiempo que respetan un derecho legítimo permiten que se irrespeten otros derechos que son igualmente legítimos. Como la advierten las sentencias que comentamos, no existen derechos absolutos, o sea derechos que no reconocen limitaciones y que se ejercen con la idea de que se puede atropellar al resto de la ciudadanía o al vecino o al patrono o al dueño de una empresa. Lo que permite que una sociedad civilizada funcione apropiadamente es, ni más ni menos, el reconocimiento de que todos los derechos tienen límites y es esa condición la que nos permite convivir, la que nos permite vivir en santa paz, en armonía. El no respetar esos límites es el ejercicio de la ley del más fuerte, o sea la ley de la selva qué es la que hace que el salvajismo sea lo que caracteriza el comportamiento de la ciudadanía.

El comportamiento civilizado y no el salvaje es el que ejerce sus derechos legítimos con el debido respeto a los derechos legítimos del prójimo, de los demás, de toda la ciudadanía. Si las autoridades no son capaces de preservar el respeto mutuo de los derechos están propiciando, entonces, el surgimiento de la violencia y del salvajismo y, así, la vida se hace imposible. Practicar ese salvajismo es el que lleva muchos a anunciar que van a hacer invivible la República. Pues eso no se puede permitir de ninguna manera. Ya estamos viendo, y no es la primera vez, ese comportamiento salvaje en los estadios. Igual puede producirse en los eventos musicales o de otra naturaleza. Y en la vida universitaria sí que son inaceptables totalmente porque la universidad es, afortunadamente, el templo sagrado del desacuerdo, de las opiniones diferentes que se tramitan, con el mayor respeto y, en ocasiones, con enorme admiración.

No es aceptable la complacencia o la complicidad o el silencio frente a comportamientos que impiden la armonía social, la convivencia y el buen trato entre los ciudadanos aún en circunstancias de protestas propias de una democracia plena. Propiciar o tolerar esos comportamientos es contribuir al debilitamiento de esa democracia.

Bogotá, D. C, 6 de septiembre 2026

*Analista político, catedrático, exministro de Estado.

Si al agricultor se le garantiza mercado, puede sembrar hoy el alimento que la ganadería necesitará mañana.

Por: José Félix Lafaurie Rivera* - Entre ondas tropicales, como la que afectó severamente a Córdoba, y la amenaza de El Niño, que apenas empezando ya ha causado estragos y se anuncia como el más fuerte en décadas, el país ha sufrido este año inundaciones catastróficas, incendios, sequías… y un devastador terremoto.

Cuando escribo estas líneas la Organización Meteorológica Mundial, OMM, ha confirmado oficialmente el inicio del Fenómeno de El Niño y advierte sobre su intensidad, que será máxima hacia finales de año y con 100% de posibilidad, es decir, con total certeza de que se extenderá hacia febrero de 2007.

Al margen de la tragedia humana detrás de estos embates de la naturaleza, siempre prioritaria, el daño a la tierra y a los animales no es un problema menor, por su importancia para la seguridad alimentaria y la subsistencia económica de millones de personas.

Entre el 1º de junio y el 25 de agosto de 2026, FEDEGÁN registra 15.125 bovinos muertos, 392.614 desplazados y más de 2,8 millones de hectáreas afectadas. Las pérdidas rondan ya los $75.000 millones.

Lo grave es que El Niño apenas comienza y ya sabemos en qué puede terminar. En el de 2009–2010 murieron 73.927 bovinos, 1.388.878 fueron desplazados y más de 8,1 millones de hectáreas resultaron afectadas, con pérdidas que alcanzaron los $6,1 billones.

Así que las señales obligan a tomar en serio ese antecedente, pues sería irresponsable pensar que es solo un pronóstico y esperar a comprobarlo para empezar a actuar.

En 1939, Ortega y Gasset, exiliado en Argentina, lanzó una proclama en La Plata que se volvió universal: ¡Argentinos…, a las cosas, a las cosas! Mi padre, mi sabio de cabecera, me decía: “No se preocupe… ¡ocúpese!”. Pues bien, frente a la amenaza advertida… a ocuparnos de ella…, ¡a las cosas!

Con esa intención le escribí tres cartas al ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Indalecio Dangond, con sendas propuestas concretas que esperan voluntad política:

La primera es la convocatoria de una Mesa Nacional de abastecimiento para la alimentación ganadera, liderada por el Ministerio, con FEDEGÁN y los principales sectores agroindustriales.

Los ingenios tienen melaza; el sector palmicultor, palmiste; el arrocero y el algodonero diferentes subproductos; y otras cadenas agroindustriales disponen de materias primas utilizables para la alimentación bovina. La tarea es saber qué hay, dónde, en qué cantidades y a qué precio, para conectar esa oferta con las regiones que la necesitan.

Pero no basta con distribuir lo que existe. Por ello la segunda apunta a la necesidad de producir hoy lo que se necesitará en los próximos meses. El Gobierno puede convocar agricultores de ciclo corto para sembrar maíz, sorgo y otros cultivos forrajeros para ensilaje y henificación, mediante contratos de producción o compromisos de compra. Si al agricultor se le garantiza mercado, puede sembrar hoy el alimento que la ganadería necesitará mañana.

La tercera tiene que ver con un cuello de botella logístico: el transporte. Puede haber palmiste, melaza o forraje disponibles, pero si llevarlos a las zonas afectadas hace inviable su adquisición, para el ganadero ese alimento no existe. Se requiere un mecanismo temporal de cofinanciación del transporte y el bodegaje local.

Igualmente, deben habilitarse líneas de crédito de contingencia para compra de alimento, suplementación y movilización de ganado, con tasas y plazos acordes con la emergencia.

FEDEGÁN pone a disposición del Gobierno su capacidad institucional, técnica y territorial para identificar zonas críticas y productores afectados, cuantificar necesidades, articular oferta y demanda y apoyar la ejecución verificable de estas medidas.

Todavía estamos a tiempo. En 2009 aprendimos cuánto cuesta llegar tarde. Hoy, sencillamente, debemos ocuparnos de enfrentar un riesgo conocido. ¡A las cosas! 

Bogotá, D. C, 5 de septiembre de 2026

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie

No se puede confundir la situación irregular de un migrante con la comisión de delitos.

Por José G. Hernández*- Uno de los fundamentos esenciales de nuestras instituciones es el respeto a la dignidad de la persona humana. Así lo declara expresamente el artículo 1 de la Carta Política.

Las autoridades de la República, de conformidad con el artículo 2, “están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. Subrayo: deben proteger a todas las personas residentes en Colombia, no solamente a los nacionales colombianos.

En nuestro territorio habitan miles de migrantes, de distintas nacionalidades, pero especialmente venezolanos, quienes han salido de su país por causa de la situación política y económica, que ha venido siendo afectada en los últimos años. Y, por supuesto, hay millones de colombianos migrantes en países como la misma Venezuela, Estados Unidos, España, Canadá, Perú, Argentina y Ecuador.

Así como exigimos respeto a los derechos y libertades de los colombianos migrantes -que ha faltado en muchos casos, como se ha visto en Estados Unidos por causa de la actividad represiva del denominado ICE-, debemos preservar los que corresponden a personas extranjeras que habitan en nuestro suelo.

Claro está, esos extranjeros migrantes están sometidos al ordenamiento jurídico colombiano, deben cumplir las exigencias señaladas en las leyes para la migración y han de responder ante nuestras autoridades judiciales si incurren en conductas delictivas.

Rechazar o expulsar a los migrantes que quieren permanecer en Colombia, por el solo hecho de no ser colombianos, es arbitrario. Al tenor del artículo 100 de la Constitución “los extranjeros disfrutarán en Colombia de los mismos derechos civiles que se conceden a los colombianos”, aunque, por razones de orden público, se podrá subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de ciertos derechos civiles.

En principio, todo extranjero requiere autorización y el cumplimiento de requisitos para ingresar y permanecer en Colombia. El ingreso o permanencia en el territorio nacional de ciudadanos extranjeros no autorizados o que no cumplen las exigencias respectivas es lo que se denomina “migración irregular”, que puede llevar a  la deportación, aunque el artículo 14 de la Ley 2136 de 2021 previó que, cuando las circunstancias especiales de un país o nacionalidad lo hagan necesario, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Migración Colombia podrán definir mecanismos temporales o especiales de flexibilización migratoria y emitir los documentos o permisos de permanencia temporal y autorizar el ingreso, salida o permanencia de extranjeros en Colombia sin el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normatividad vigente.

El Decreto 1067 de 2015 establece que se otorgará un salvoconducto “al extranjero que, pudiendo solicitar visa en el territorio nacional, haya incurrido en permanencia irregular, previa la cancelación de la sanción a la que hubiere lugar". Según el caso, se fijará el término de duración del salvoconducto, que -se repite- es puramente transitorio.

En el contexto de esas disposiciones constitucionales y legales y sobre la base del respeto a los derechos esenciales, no se puede confundir la situación irregular de un migrante con la comisión de delitos, ni se ajusta a nuestro orden jurídico proceder, sin las consideraciones sobre cada caso, a capturas y expulsiones masivas, con el argumento de la irregularidad.

Bogotá, D. C, 3 de septiembre 2026

*Expresidente de la Corte Constitucional

Esta desafortunada tragedia debe servir para iniciar la construcción de una ciudad moderna, segura e incluyente.

Por Humberto Tobón*. - No es posible ni será comprensible y tampoco una decisión responsable emprender la reconstrucción de Pereira manteniendo el mismo modelo que todos los gobiernos pasados han adoptado, que se traduce en que se siga reparando, reforzando o ignorando las recomendaciones técnicas, en los mismos sitios que se han caído una y otra vez, causando muerte y destrucción.

La presión social está manifestándose hoy, exigiendo, por ejemplo, que sobre el colector de Egoyá y sus alrededores no se vuelva a construir y que ese espacio se convierta en un gran bulevar, lo que le cambiaría para siempre la fisonomía a Pereira y abriría nuevos escenarios de desarrollo urbano.

Una decisión de esta dimensión requiere un plan de ordenamiento territorial visionario e innovador, además de un cambio de paradigma para las próximas tres o cuatro décadas. También la necesidad de prohibir la ejecución de proyectos habitacionales, comerciales e industriales en una porción muy importante del territorio y destinar apreciables sumas de dinero para comprar las propiedades actuales y/o reubicar a los residentes.

Pero no puede ser solo Egoyá el que se intervenga. También se debe incluir la zona céntrica, los deprimidos sectores de la antigua galería y la comuna Villavicencio y el desastroso territorio paralelo a la avenida 30 de agosto desde la calle 21. ¿Será que tendremos una autoridad capaz de medírsele a semejante reto?

Esta desafortunada tragedia debe servir para iniciar la construcción de una ciudad moderna, segura e incluyente. Pereira merece avanzar en un profundo proceso de renovación urbana. Con una inversión de 10 billones es posible hacerlo y hacerlo muy bien.

Las autoridades y los planificadores deben ser conscientes que levantar la ciudad sobre las mismas ruinas será condenar a cerca de 120 mil personas a vivir en condiciones especialmente indignas y peligrosas. No se puede olvidar que volverá a temblar dentro de poco o de mucho tiempo. Y el propósito debe ser que ese fenómeno telúrico nos coja mejor preparados y no tengamos que lamentar tantas muertes, sumar tantas pérdidas materiales y multiplicar las afectaciones económicas

Así mismo, el ordenamiento territorial debe contemplar la posibilidad de consolidar una ciudad que se acerque al óptimo donde sus habitantes puedan encontrar servicios de salud, educación, comercio, ocio, transporte alternativo y trabajo en un tiempo no mayor de 15 minutos.

Una Pereira competitiva y atractiva es posible si entendemos que debemos pensar en grande, con títulos en mayúsculas, como lo hicieron muchos de quienes forjaron una historia de éxito en estos 163 años de nuestra ciudad.

Pereira, 31 de agosto 2026

*Economista y Periodista

Los costos económicos de este desgobierno son apabullantes.

Por Juan C. Restrepo Salazar*.  -  Se dice que durante la colonia a los virreyes los recibían por entre arcos festivos y los despedían con agresivas flechas al final de sus mandatos.

Lo que sucedió la semana pasada frente a la embajada de los Estados Unidos no difiere mucho de lo que acontecía en la colonia. Los guardianes de la embajada fueron agredidos a flechazos por el llamado “congreso de los pueblos” y despedidos con una lluvia de piedras.

¿Quiénes conforman el congreso de los pueblos, el mismo grupo que tomó a la brava la universidad nacional, varios edificios públicos y ha estropeado el mobiliario urbano?

No se sabe con certeza. El ministro del interior, Armando Benedetti, dijo que sin duda alguna obedecían a instrucciones de grupos criminales; otras informaciones dan cuenta de los estrechos vínculos que parece tener con grupos allegados a los parlamentarios más beligerantes de la Colombia humana.

Sería bueno que el propio gobierno aclarara cuál es el ADN de este agresivo “congreso de los pueblos” que dirigió una carta a Gustavo Petro declarándose en “beligerancia pacífica”, que se hacen fotografiar con miembros de las unidades legislativas de los congresistas de la Colombia Humana, y a quienes Benedetti señala como cercanos a grupos criminales.

Lo cierto es que se trata de una organización que busca desesperadamente prender de nuevo la mecha del estallido social del 2021 obedeciendo a claras consignas políticas.

La situación de las carreteras del país no es mejor. Según Colfecar, ajustamos este año más de 600 bloqueos en las vías nacionales. Este tipo de cerramientos está prohibido por la ley. Pero las autoridades no hacen cumplir la ley. O porque están desbordados o porque no les importa a sus comandantes que se viole la ley en sus narices.

Cualquiera de las dos hipótesis es inaceptable. La protesta social está amparada por la constitución, pero desde las bermas de las carreteras: no en la mitad de las calzadas interrumpiendo el tráfico de pasajeros y mercancías.

Cuando se reclama autoridad no se hace otra cosa que recordarles a las autoridades que su deber es hacer cumplir la ley imperiosamente. No más, pero tampoco menos.

Al momento de escribir estas notas la vía Cali-Buenaventura (el principal puerto de Colombia) lleva cerca de seis días cerrada. Ningún país del mundo toleraría que la carretera que une al principal puerto marítimo con su centro económico permanezca cerrada por cerca de una semana. La indolencia del gobierno central, que es a la postre el responsable del mantenimiento del orden público, es pasmosa.

Los costos económicos de este desgobierno son apabullantes. Según datos divulgados por la cámara de comercio de Cali ésta sola interrupción en la vía al puerto de Buenaventura le está costando a la economía nacional $ 10.000 millones diarios. Por la vía terrestre que une al puerto del pacífico con el interior del país circulan 3.090 vehículos de carga y 2.200 de pasajeros por día. La interrupción arbitraria de esta vía neurálgica está generando pérdidas de 25% en productos perecederos. Y el bloqueo, por último, está causando grave perjuicio a cerca de 8.000 empleos en la cadena logística del puerto.

Los bloqueos sobre la vía Panamericana no son menos inquietantes y repetidos. Según el general Hernando Africano (comandante de la tercera división del ejército) “integrantes del Eln estarían presionando a las comunidades para que participen en las protestas”. Según la cámara de comercio de Pasto este bloqueo de la Panamericana tiene un costo sobre la golpeada economía nariñense de $ 50.000 millones diarios.

Estamos pues, tanto en lo urbano como en la conectividad a través de las vías nacionales, cayendo en manos de los que quieren sembrar el desorden y el caos.

Y lo más grave: ante la impasible reacción de las autoridades que, así tengan buena voluntad para actuar, están tolerando en sus narices actitudes inaceptables y devastadoras contra la economía nacional.

Bogotá, D.C, 31 de agosto 2027

*Abogado y Economista. Exministro de Estado.

Lo que ocurrió con el caso de cinco embajadores que el nuevo gobierno tuvo que destituir es algo no sólo innecesario, sino que no debió tener lugar.

Por: Fernando Cepeda Ulloa*. - Éste es un tema que debería dar lugar a alguna reflexión seria por tratarse de asuntos de gran importancia y que en las últimas semanas han estado en la mesa de discusión.

El primero de ellos tiene que ver con el de las renuncias que cuando se acerca un nuevo gobierno, ciertos altos funcionarios están en la obligación de presentar por razones protocolarias y para facilitar la tarea de la administración entrante.

Lo que ocurrió con el caso de cinco embajadores que el nuevo gobierno tuvo que destituir es algo no sólo innecesario, sino que no debió tener lugar. Me explico. En mis recuerdos, la Cancillería tres meses antes de la inauguración de un nuevo presidente le recuerda por medio de una circular a los embajadores que deben presentar su renuncia, protocolaria o definitiva, para que el gobierno disponga de esos cargos que son de representación, no sólo del gobierno, sino del propio presidente. Y es su tarea obtenerlas.

Sorprendió que al parecer eso no ocurrió en esta ocasión, o que la Cancillería no hizo bien la tarea, y por eso se supo de algunas renuncias que aparecieron por una decisión individual y no colectiva y, al final, pues el nuevo gobierno se vio enfrentado a una situación muy incómoda, como es la de tomar la decisión de destituir cinco embajadores. Algo desagradable para todos.

El gobierno de Petro fue abiertamente sectario en esta materia y abusó del poder notoriamente al hacer designaciones los últimos días de su mandato, en cargos en los cuales, si ello fuera indispensable, era de rigor consultar con el nuevo gobierno. Eso es lo que aconsejan las buenas maneras. Los cambios de gobierno en países con un servicio civil, es decir, con una burocracia profesional escogida sobre la base del concurso y el mérito, la casi totalidad de los funcionarios, igual prestan su servicio a un gobierno laborista o a uno conservador en el Reino Unido, por ejemplo. Ello garantiza seriedad, rigor y, en muchos casos, la continuidad de políticas de Estado que son muy necesarias.

Creo que la vieja época del sectarismo partidista en Colombia quedó superada con el Frente Nacional y con las prácticas que caracterizaron el comportamiento de los gobiernos que siguieron. Aún en el caso del esquema gobierno -oposición que se implantó durante el gobierno del presidente Virgilio Barco, varias instituciones continuaron siendo regidas por conservadores, no obstante, la orden que ese partido dio para que todos se retiraran del gobierno y, sobra decirlo, el gobierno de Barco no tenía ningún interés de naturaleza partidista para prescindir de esas personalidades entre las que recuerdo, por ejemplo, a Pedro Javier Soto o a Mariano Ospina. Y, por ejemplo, en el servicio diplomático, se consideró que era muy aconsejable continuar con la tradición de participación de ambos partidos políticos, hoy diría de todas las fuerzas políticas existentes, como una expresión del consenso que debe existir en torno de la política internacional, y así en otros casos.

De manera que está bien que un gobierno en algunos institutos o agencias, por supuesto en su gabinete, busque mantener una línea de la orientación gubernamental, pero no se aprecia que ocurra así en otras agencias. Es que no solamente se gobierna para todos sino, también, con todos. Precisamente uno de los factores muy positivos de la elección popular de alcaldes y gobernadores, es precisamente la de que fuerzas políticas que no han logrado el control del gobierno central puedan participar en alguna forma en el gobierno de la nación. Es lo más civilizado. Es lo que contribuye a la convivencia y a la paz pública. La exclusión en la vida política no lleva a buenos resultados.

Sé que eso es difícil de entender y como ministro de gobierno del presidente Barco fracasé en tratar de implementar una forma de gobierno con esas características. Recibimos con mucha complacencia que el alcalde elegido de Bogotá, en 1988, fuera Andrés Pastrana Arango. Es que esa es la esencia de un gobierno democrático y con frecuencia así no se entiende.

Bogotá, D. C, 30 de agosto 2026

*Analista político, catedrático, exministro de Estado.

La crisis fiscal no es un asunto abstracto reservado a los economistas. Se refleja en carreteras que no se construyen, hospitales que no se terminan, escuelas que no se mejoran y proyectos estratégicos que quedan aplazados indefinidamente.

Por Amylkar D. Acosta M*. - La nueva administración del presidente Abelardo de la Espriella no recibe simplemente unas finanzas públicas deterioradas sino desbarajustadas. Recibe una verdadera bomba fiscal de tiempo, cebada durante los cuatro años del gobierno Petro por el crecimiento excesivo del gasto, la caída del recaudo, la acumulación de obligaciones sin financiación y el recurso cada vez más frecuente al endeudamiento.

Esa es la herencia maldita que le deja el gobierno saliente al país: un déficit fiscal desbordado, una deuda creciente, un presupuesto cada vez más inflexible y un margen de maniobra prácticamente inexistente. Lo que se gastó irresponsablemente ayer tendrá que pagarse mañana, y la factura recaerá sobre la nueva administración y, en últimas, sobre todos los colombianos.

El llamado “Presupuesto de la Verdad”, presentado por el nuevo Gobierno para la vigencia de 2027, asciende a $634,9 billones, equivalente al 29.9% del PIB, $59 billones más que el proyecto devuelto por las Comisiones Económicas del Congreso ($575.6 billones), alegando que estaba desfinanciado en $30 billones. Ello se explica, según el Ministro de Hacienda Miguel Gómez Martínez, porque el proyecto presentado por el ex ministro Germán Ávila “dejó desfinanciados sectores clave como la salud ($2 billones), las pensiones ($6.5 billones), la educación superior (($0.7 billones), los subsidios de energía ($5.8 billones) y el Fondo de estabilización de los precios de los combustibles (9.6 billones)”.

Del total presupuestado, el 62 % se destinará a funcionamiento ($392.5 billones), el 24 % al servicio de la deuda ($155.4 billones) y apenas el 14 % a inversión ($86.9 billones). Aunque el funcionamiento continúa siendo el componente de mayor tamaño, el servicio de la deuda alcanza su nivel histórico más elevado. Mientras que la contrapartida de sus ingresos se reparte de la siguiente manera: ingresos corrientes $315.1 billones (49.6%), recursos de capital (préstamos) $287.7 billones (45.3%), fondos especiales $20.7 billones (3.3%) y contribuciones parafiscales (11.4 billones (1.8%).

Estas cifras muestran la magnitud del problema. Casi una cuarta parte del presupuesto nacional tendrá que utilizarse para atender las obligaciones financieras del Estado, por aquello de que no hay plazo que no se venza ni deuda que no se pague. Son recursos que no podrán destinarse a construir carreteras, acueductos, escuelas y hospitales; tampoco a impulsar la vivienda, la seguridad, la transición energética, el desarrollo rural o la reactivación económica.

El presupuesto ha dejado de ser principalmente un instrumento para promover el desarrollo y se convirtió, en buena medida, en una caja destinada a pagar las obligaciones acumuladas en el pasado. La deuda contraída ayer desplaza la inversión de hoy y compromete los ingresos del mañana. Así de claro! Lo más preocupante es que el país tendrá que contratar nueva deuda para atender la deuda existente. Una parte de los recursos obtenidos mediante la colocación de títulos y la contratación de créditos no financiará nuevas obras ni proyectos productivos. Se destinará a refinanciar vencimientos, pagar altos intereses y sustituir obligaciones anteriores. En términos coloquiales, habrá que abrir un hueco para tapar otro, recurriendo a la figura del “jineteo” bancario cebando la bomba.

Esta práctica no es excepcional dentro del manejo financiero de un Estado. Los gobiernos refinancian normalmente una parte de sus obligaciones. Lo peligroso aparece cuando el endeudamiento deja de ser un mecanismo para financiar inversión y se convierte en una práctica consuetudinaria para cubrir déficits estructurales y pagar deudas anteriores.

Entonces se configura un círculo vicioso: el déficit obliga a contratar más deuda; la nueva deuda incrementa el pago de intereses; los mayores intereses agravan el déficit y este, a su vez, exige más endeudamiento. Es la temida bola de nieve de la deuda pública.

Cuanto mayor sea la percepción de riesgo, más alta será la tasa que deberá pagar Colombia para conseguir recursos. Y cuanto más costoso resulte el financiamiento, mayor será la proporción del presupuesto que deberá destinarse al servicio de la deuda. La pérdida de confianza termina traduciéndose en mayores intereses, los que ya superan el 15%, menor inversión, menor crecimiento y menos oportunidades para los colombianos.

El endeudamiento no es gratuito. Toda deuda pública de hoy se paga mañana mediante impuestos, reducción del gasto, venta de activos o contratación de nuevas obligaciones. En cualquiera de estos casos, alguien termina pagando la cuenta.

La nueva administración no solo recibe un presupuesto desfinanciado, sino también altamente inflexible. Buena parte del gasto está amarrado estructuralmente por disposiciones constitucionales y legales, compromisos pensionales, transferencias territoriales, aseguramiento en salud, subsidios, gastos de personal y obligaciones previamente adquiridas. Sumadas estas partidas del presupuesto representan alrededor del 90% del total de su aforo, convirtiéndose en una camisa de fuerza para cuerdos.

Esto significa que el Gobierno dispone de muy poco espacio fiscal para efectuar recortes sin afectar programas esenciales o provocar fuertes resistencias sociales y políticas. Por eso, cuando las cuentas no cuadran, la inversión pública suele convertirse en la principal variable de ajuste.

Y allí reside otra de las grandes paradojas fiscales: para pagar el gasto acumulado y el servicio de la deuda se termina sacrificando la inversión que permitiría crecer más, elevar la productividad y generar los ingresos necesarios para sanear las finanzas públicas. Es el equivalente a vender las herramientas de trabajo para pagar las cuentas de la casa. Puede aliviar temporalmente la caja, pero reduce la capacidad futura para generar ingresos.

La baja inversión pública afecta especialmente a los territorios más rezagados. Los departamentos y municipios que padecen déficits históricos de infraestructura, agua potable, conectividad, educación, salud y energía son los primeros damnificados cuando el Gobierno nacional tiene que recortar sus programas de inversión.

Por eso, la crisis fiscal no es un asunto abstracto reservado a los economistas. Se refleja en carreteras que no se construyen, hospitales que no se terminan, escuelas que no se mejoran y proyectos estratégicos que quedan aplazados indefinidamente.

El primer deber de la nueva administración es sincerarse y decir la verdad. Durante demasiado tiempo las cuentas públicas se presentaron bajo supuestos excesivamente optimistas de crecimiento, recaudo y eficiencia tributaria. Se presupuestaron ingresos inciertos para financiar gastos ciertos y permanentes.

Cota, agosto 29 de 2026

*Economista. Ex-presidente del Congreso, ex-ministro de Minas y Energía.

www.amylkaracosta.net 

Después de catorce años de TLC, nunca las circunstancias habían coincidido de manera tan favorable: Estados Unidos necesita carne, Colombia puede producirla y estamos negociando con ellos. Es ahora… o nunca.

Por: José Félix Lafaurie Rivera*. - Estados Unidos, uno de los grandes consumidores de carne bovina, atraviesa una escasez de ganado sin precedentes en su historia reciente, con un inventario que cayó a 86,2 millones de cabezas, el nivel más bajo en 75 años.

Y como el mercado no perdona, la reducción del hato disparó los precios de la carne y de su expresión más popular: la hamburguesa, el “lunch” de la inmensa clase media de Estados Unidos, ante lo cual el olfato político de Trump, con los precios de la carne subiendo y las elecciones de noviembre a la vista, lo llevó a autorizar la importación adicional de 300.000 toneladas de carne bovina en 90 días.

No parece, sin embargo, una necesidad pasajera, pues Estados Unidos puede recomponer rápidamente su economía ganadera, pero el crecimiento de la población mundial viene generando una escasez permanente que podría extender las importaciones adicionales más allá de los 90 días.

Estados Unidos necesita carne y Colombia tiene ganado, lo cual representa una oportunidad para nuestra ganadería. Con cerca de 30 millones de bovinos y un gran componente de razas cebuinas alimentadas a pasto, tenemos lo que necesita el mercado estadounidense: carne magra para mezclar con sus cortes grasos y abastecer su gigantesco mercado de carne molida; necesidad que no es de poca monta en un país que consume 150 hamburguesas/habitante/año, para un total que ronda los ¡50 mil millones! Lo dicho: Trump parece estar resuelto a ganar las legislativas de noviembre.

En este momento, cuando los dos gobiernos negocian un Acuerdo de Comercio Recíproco y muestran interés en avanzar en medio de una coyuntura política también favorable, nuestro ministro de Comercio llevó nuestra carne a esa mesa de negociación para que pueda llegar luego a la mesa de los estadounidenses, pues durante catorce años de vigencia del TLC con ese país, su carne ingresa a Colombia sin que la nuestra logre acceso a ese mercado.

Y mientras esperamos, nuestros competidores siguen vendiéndole carne a Estados Unidos y aprovecharán el cupo adicional. Después de grandes logros sanitarios, no podemos perder esta oportunidad, que coincide con mi carta muy reciente a los ministros de Comercio y Agricultura, insistiendo precisamente en la necesidad de abrir ese mercado.

En esta ocasión, el tema del acceso al mercado estadounidense no puede seguir patinando entre trámites y estudios mientras otros países ocupan el espacio que hoy se abre; una oportunidad a la que, además, se suma la creciente demanda de China, configurando una oferta insuficiente de carne en los principales mercados.

El tema trasciende las exportaciones y es un factor impulsor de la ganadería con implicaciones sociales, pues una demanda sostenida de carne enviaría una señal económica a toda la cadena, hasta llegar al pequeño criador del Caribe y el trópico bajo para acelerar la reconversión de miles de productores que sobreviven ordeñando vacas de cuatro o cinco litros y destetando terneros de apenas 160 kilos. Con un mercado atractivo para la carne, producir a toda leche terneros de 200 kilos o más en menos tiempo, sería un mejor negocio.

No pretendemos preferencias ni desconocer exigencias sanitarias. De ahí que los ministerios de Comercio y Agricultura, la Cancillería, el ICA y el INVIMA, de la mano con el gremio ganadero, deben sentarse a evaluar pendientes, con la trazabilidad regionalizada como prioridad inaplazable, como parte de una hoja de ruta con metas y responsables, para ser presentada en la negociación que se adelanta en Washington.

Después de catorce años de TLC, nunca las circunstancias habían coincidido de manera tan favorable: Estados Unidos necesita carne, Colombia puede producirla y estamos negociando con ellos. Es ahora… o nunca.

Bogotá, D, C, agosto 28 de 2026

*Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie

La “Patria Milagro” dice poco en términos normativos, pero produce mucho en términos de identificación, movilización y narrativa de salvación nacional.

Por Roberto Córdoba Triviño*. - La expresión “Patria Milagro”, usada por Abelardo de la Espriella, no es un concepto jurídico ni una categoría técnica del derecho público, sino un lema retórico que condensa una promesa de transformación nacional extraordinaria. Su fuerza no está en su precisión conceptual, sino en su capacidad para movilizar emociones colectivas (identidad, esperanza, orden, lealtad) y presentar un programa electoral como una “misión de salvación” más que como un conjunto de políticas verificables.

En términos prácticos, funciona como un cartel político: dice poco en contenido normativo, pero produce mucho en efecto simbólico y electoral. Me atrevo por razones de metodología, de manera condensada, explicar mi tesis en cuatro puntos definidos así:

1. Qué significa (y qué no significa) “Patria Milagro”
2. No es una institución jurídica.No define competencias, derechos, obligaciones, fuentes de financiación ni mecanismos de ejecución. 
3. “Patria”es una noción afectiva y simbólica: tierra natal/adopción + comunidad organizada + vínculos históricos, culturales y emocional. 
4. “Milagro”sugiere un cambio rápido, excepcional y casi providencial frente a un país percibido como deteriorado (inseguridad, pobreza, corrupción, desconfianza institucional).
5. La combinación es retórica, no normativa: crea una imagen de renacimiento nacional, pero no una nueva categoría constitucional ni administrativa. 

Por eso, desde el derecho constitucional y administrativo, la fórmula carece de precisión técnica, pero eso no la hace políticamente inocua: al contrario, su vaguedad es parte de su eficacia.

2. Por qué funciona como “cartel” emocional en política
3. Un cartel político no necesita ser técnicamente riguroso; necesita ser memorable, movilizadora y moralizante. “Patria Milagro” logra esto al:
4. Simplificar problemas complejosen una narrativa de “salvación nacional”.
5. Convertir la propuesta en deber moral: quien apoya “la patria” aparece como patriota; quien critica, como desleal o fuera de la comunidad, 
6. Generar esperanza rápidafrente a fatiga institucional, usando la idea de “milagro” como respuesta emocional a crisis estructurales.
7. Anclar la marca del candidatoen un eslogan que se repite como eje del discurso (en el discurso de posesión, por ejemplo, se menciona repetidamente).

El resultado es un efecto de identificación fuerte con un proyecto presentado como causa nacional, más que como alternativa programática detallada.

3. El complemento: “Firmes por la Patria” y el saludo militar

La campaña no solo promete un futuro (“Patria Milagro”), sino que exige una disposición presente: “Firmes por la Patria”. 

1. “Patria Milagro”= promesa de transformación excepcional.
2. “Firmes por la Patria”= llamado a disciplina, unidad y lealtad para alcanzarla.
3. Saludo con la mano en la sien= gesto que corporiza esa disposición, con estética castrense. 

Este trío construye una secuencia simbólica potente:

1. La patria está en crisis.
2. El líder ofrece convertirla en “Patria Milagro”.
3. Los seguidores deben mantenerse “firmes”, con gesto de disciplina, para lograrlo. El gesto, descrito en medios como saludo militar o “con visera”, transmite: disciplina, autoridad, orden e identificación con las Fuerzas Militares, sin que eso implique, jurídicamente, convertir a civiles en miembros de la Fuerza Pública. 
4. Límites jurídicos vs. eficacia política

Ha habido controversias judiciales sobre el uso de símbolos patrios, imágenes alusivas a instituciones militares y el lema “Firmes por la Patria” en propaganda. 

1. Un tribunal llegó a prohibir el uso de ciertos símbolos y frases en la campaña, argumentando que los emblemas nacionales no deben usarse para obtener ventajas electorales. 
2. La Corte Suprema luego suspendió esa prohibición, señalando que el saludo castrense no equivale a símbolo patrio y que no hay prohibición legal expresa para que particulares lo usen en política. 

Lo brevemente expuesto demuestra que:

1. El debate jurídico se centra en conductas concretas de propaganda(uso de bandera, escudo, imágenes militares), no en convertir “Patria Milagro” o “Firmes por la Patria” en conceptos jurídicos. 
2. La eficacia política del lemaes independiente de su estatus jurídico: puede ser muy exitoso como herramienta de comunicación, aunque no tenga definición técnica. 
3. Corolario: “Patria Milagro” como cartel de alto rendimiento emocional
4. Significado técnico:bajo o nulo. No es una categoría de Estado, régimen, entidad territorial ni política pública delimitada. 
5. Significado político-emocional:muy alto. Opera como un cartel que:
6. Condensa una promesa de renacimiento nacional.
7. Moviliza identidad, esperanza y sentido de misión.
8. Facilita la personalización del liderazgo y la simplificación del conflicto político (“firmes” vs. “débiles/traidores”). 
9. Resultado práctico:una fórmula que “sacude lo más profundo del sentimiento” y genera emociones positivas masivas hacia la campaña, incluso si su contenido programático requiere traducción posterior a leyes, presupuestos, indicadores y controles. 

Terminamos concluyendo que: “Patria Milagro” es un cartel político más que un concepto jurídico: dice poco en términos normativos, pero produce mucho en términos de identificación, movilización y narrativa de salvación nacional.

Bogotá, D. C, 27 de agosto 2026

*Egresado de la facultad de derecho de la Universidad Libre, especializado en informática jurídica. 

El Tratado de Roma fue ratificado porque hicimos parte del consenso internacional que se perfeccionó con la entrada en vigor del Estatuto de la Corte Penal Internacional

Por: José G. Hernández*.  - En la capital italiana, el 17 de julio de 1998 -con la participación y firma de Colombia-, se pactó el Estatuto de Roma, mediante el cual fue creada la Corte Penal Internacional. El Congreso colombiano lo aprobó mediante la Ley 742 del 5 de junio de 2002.

En cumplimiento de lo previsto por el artículo 241, numeral 10, de la Constitución, la Corte Constitucional adelantó el correspondiente proceso oficioso de revisión y declaró exequible la Ley 742, según Sentencia C-578 del 30 de julio de 2002.

El presidente de la República, Andrés Pastrana Arango, sancionó la ley aprobatoria y procedió a ratificar el Tratado, con base en la expresa autorización impartida por el Acto Legislativo 2 de 2001, que dispuso: “El Estado Colombiano puede reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en los términos previstos en el Estatuto de Roma adoptado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas y, consecuentemente, ratificar este tratado de conformidad con el procedimiento establecido en esta Constitución”.

Según puede verse, fue un proceso complejo y muy especial, pues -a diferencia de otros tratados internacionales- fue ratificado por disposición directa y singular de una reforma de la Constitución Política. Así que la reciente propuesta gubernamental de sacar a Colombia de la Corte Penal Internacional, para apoyar a Estados y dirigentes que se han dedicado a vulnerar los derechos humanos y a desconocer el Derecho Internacional Humanitario, no puede cristalizarse mediante un plumazo, ni por el capricho del Canciller o del presidente de la República, quien ejerce la jefatura del Estado y maneja las relaciones internacionales de Colombia, pero tiene que hacerlo según la Constitución colombiana.

En su fallo, la Corte Constitucional manifestó: “La creación de una Corte Penal Internacional de carácter permanente e independiente es el resultado de un prolongado proceso de construcción de consensos en el seno de la comunidad internacional en torno a la necesidad de garantizar la protección efectiva de la dignidad humana frente a actos de barbarie y de proscribir los más graves crímenes internacionales. Su establecimiento constituye un avance para la protección efectiva de los derechos humanos y el respeto al derecho internacional humanitario”.

Téngase en cuenta que la creación de este tribunal internacional obedeció a los antecedentes de muchos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos a lo largo del siglo XX, toda vez que el mundo entero reclamaba una lucha integral y coordinada contra la impunidad, en búsqueda de la efectividad de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Ello generó un consenso entre muchos Estados sobre la necesidad de establecer una instancia internacional de carácter permanente para juzgar y sancionar a los responsables de crímenes atroces.

El Tratado de Roma fue ratificado porque hicimos parte del consenso internacional que se perfeccionó con la entrada en vigor del Estatuto de la Corte Penal Internacional en el año 2002, después de haber sido ratificado por más de ciento veinte Estados.

Colombia no puede respaldar a quienes, en cualquier parte del mundo, cometen genocidio o adelantan la guerra contra los postulados esenciales del Derecho Internacional Humanitario. Abandonar el Estatuto de Roma sería un adefesio.

Bogotá, D. C, 26 de agosto 2026

*Expresidente de la Corte Constitucional.