Mauricio Cabrera Galvis

Por Mauricio Cabrera Galvis.-Cuando teníamos la esperanza de que después de décadas de conflicto por fin en Colombia habían empezado a disminuir las víctimas de la violencia política, vuelven a aparecer señales de recrudecimiento. Ahora las víctimas son líderes sociales, defensores de derechos humanos y exguerrilleros desarmados.

El más reciente llamado de atención lo hizo la ONU: “Estamos muy preocupados por el alto número de defensores y defensoras de los derechos humanos que han sido asesinados, hostigados y amenazados en Colombia, y por el hecho de que esta terrible tendencia parece estar empeorando”.

La preocupación no es en vano. Según la Defensoría del Pueblo, “la violencia contra los líderes recrudeció tanto en homicidios como en amenazas. Los homicidios pasaron de 126 en 2017; a 178 en el 2018, lo cual significa un aumento del 27% en asesinatos”, a pesar de que este organismo había emitido hace un año una Alerta Temprana solicitando una acción decidida del Estado para controlar una situación que venía empeorando desde el 2016.

No son solo asesinatos, y no es solo a los líderes sociales. El Cinep acaba de publicar un informe titulado “Violencia Camuflada. La base social en riesgo” (https://bit.ly/2LylxAN) en el que documenta con nombres y apellidos cómo la violencia política en 2018 dejó 648 muertos, 48 atentados, 1.151 personas amenazadas, 304 heridos, 66 torturados, 3 víctimas de violencia sexual, 22 desaparecidos y 243 detenidas de forma arbitraria (falsos positivos judiciales). Por su parte, el mismo Gobierno ha confirmado que desde que la firma del acuerdo de paz con las Farc, se tiene registro de 128 excombatientes de ese grupo asesinados.

Es cierto que hay avances pero muy insuficientes. El primero, que ya el Estado reconoció la sistematicidad de los asesinatos y actos de violencia; es decir que no son casos aislados y aleatorios, sino que responden a un patrón definido de debilitar las organizaciones sociales de base, reprimir los reclamos por sus derechos y evitar la restitución de las tierras expropiadas.

También es un avance que la Fiscalía haya logrado identificar a algunos –todavía muy pocos- de los autores materiales de los asesinatos y atentados como el reciente contra líderes afro en el norte del Cauca. Pero, como en este caso, nadie cree que inexpertos muchachos de 17 años tengan la capacidad ni los recursos para planear y ejecutar el atentado. ¿Quién les dio las armas y las granadas?

Si se quiere detener esta violencia es indispensable llegar a los instigadores y responsables, para lo cual todos los organismos del Estado deben actuar de manera decidida, porque la cuestión relevante no es quién está matando a los líderes sociales sino ¿Quién los manda matar?

Cali, 12 de mayo de 2019

Filósofo, Economista y Consultor.

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Jorge Enrique Robledo

Por Jorge Enrique Robledo.- Lo peor que faltaba por saberse sobre los Bonos Carrasquilla acaba de destaparlo la Contraloría General de la República en su análisis sobre el “esquema de financiación” usado para recaudar entre el público y prestarles 440.637 millones de pesos a 117 municipios: “esta situación evidencia –dice luego de describirla– debilidades en el control ejercido por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), toda vez que no se debió permitir –¡no se debió permitir!, repito– que el Grupo Financiero de Infraestructura (GFI) ejerciera estas actividades de intermediación financiera”, porque dicha actividad es “exclusiva de los establecimientos de crédito (…) calidad que definitivamente no acreditaron los patrimonios autónomos GFI 2008-1 y GFI 2010”. Acusación mayor.

Para agravar las ilegalidades del Superintendente Roberto Borrás y Andrés Flórez –representante legal del GFI–, estos patrimonios autónomos los montaron con un capital de apenas un millón de pesos, cuando el mínimo legal era de 17.405 millones, explica la Contraloría, al denunciar además la irresponsabilidad de crear ese negocio con una garantía ínfima (http://bit.ly/2Vf0ym7). Y violar la ley es corrupción. ¿O tampoco?

¿Se imaginan qué hubiera pasado si el Estado no “rescata” a los que compraron los bonos, ¡incluidos los fondos privados de pensiones comprometidos en sumas enormes! –y a un costo a hoy de 31.902 millones de pesos–, cuando se supo que los municipios no podrían pagar montos e intereses tan altos y a un plazo inmodificable de 19 años? Seguramente fue por ello que los del GFI aceptaron renunciar anticipadamente a semejante teta, por lo que recibieron del gobierno 37.451 millones de pesos, que se sumaron a otras utilidades por 49.535 millones.

No solo debe investigarse a Roberto Borrás y a Andrés Flórez, sino también a Alberto Carrasquilla, porque era socio y jefe de Andrés Flórez en Konfigura y Navenby, montadas para este negociado, y porque fue quien diseñó la operación financiera y reclutó a los alcaldes que dilapidaron o se robaron los recursos, aprovechándose de que en los contratos de los créditos se estableció que el prestamista no controlaría lo que hicieran con la plata y que la deuda, hay que tenerlo siempre presente, la pagaría directamente el Ministerio de Hacienda con los recursos del Sistema General de Participaciones, de propiedad de los municipios.

En su exhaustivo informe de 700 páginas, la Contraloría detalla además lo que pasó en cada uno de los 108 municipios que pudo visitar y analizar, verdades que confirman que el ministro Carrasquilla le mintió al Congreso al minimizar la desgracia que su inmoralidad les provocó a tantas gentes sencillas de Colombia. El ente de control califica de la peor manera posible lo ocurrido –“Incumplimiento material, Conclusión adversa”–, porque en 73 municipios –¡el 68 por ciento!– el fracaso fue total entre obras “sin ejecutar”, “inconclusas” y “terminadas sin funcionar”, elefantes blancos en los que perdieron los 277.249 millones de pesos que les prestaron, más 274.268 millones pagados hasta ahora por intereses (http://bit.ly/2LOExvl) (http://bit.ly/2vSCtrk).

Por culpa de Carrasquilla y de sus compinches, en esos municipios sufren 3,2 millones de compatriotas que carecen de las obras de las que deberían estar disfrutando. Y tampoco pueden construirlas pues por ocho o diez años más tendrán que seguir pagando el capital y los intereses con los que los tumbaron.

En un país que no padeciera a Iván Duque, Carrasquilla ya habría tenido que renunciar. Pero aquí quienes lo que lo absolvieron dirán: “pero si también sostenemos a Néstor Humberto”.

Coletilla: por la forma y por el fondo, el Plan aprobado sin debate en el Senado es en realidad de Subdesarrollo. Por la forma porque, violando los criterios democráticos, embutieron 349 artículos en la ley para que a los colombianos no pudieran debatirlos. Y miren lo que sí va o no va. Nada contra la corrupción. Nada para detener y echar atrás la ruina agraria e industrial, luego nada en serio contra el desempleo y la pobreza, y hay que ver la piedra de #DuqueCarrasquilla y de sus favorecidos porque el Congreso elevó los aranceles a las confecciones extranjeras. Más privatización de la salud y la educación. Viejas y nuevas agresiones ambientales. Cinco billones de pesos en recortes a los subsidios a los pobres en salud, electricidad, combustibles y gas. Trece nuevas sobretasas y contribuciones, entre ellas otra a la electricidad por 120 mil millones al año a la clase media. Otro código laboral con salarios por debajo del mínimo y sin prestaciones. Feria a favor de unos cuantos de los bienes culturales de la Nación… ¡Qué viva el subdesarrollo!

Bogotá, 12 de mayo de 2019.

Senador del Polo Democrático Alternativo

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Víctor Manuel Ochoa Cadavid

Por: Mons. Víctor Manuel Ochoa Cadavid -  En la tradición y en la fe sencilla del Pueblo de Dios este mes es de María, el mes que, con especiales signos de afecto, se honra a la Madre del Señor.

En el hemisferio norte, corresponde al tiempo de la primavera, el momento en el cual la naturaleza despierta y muestra lo mejor de su belleza, las flores que animan y alegran con su color los campos y los jardines. Ello llevó al pueblo de Dios a venerar con la belleza de las flores a la Santísima Virgen María. De la evangelización española hemos recibido esta profunda devoción a la Madre de Dios que cooperó en la salvación del mundo. En este mes de mayo los cristianos van a visitar a la Virgen Santa cargados de flores y de oraciones llenas de piedad.

En el gozo del tiempo de la Pascua, contemplamos gozosamente la victoria de Jesús sobre el pecado y sobre la muerte; además, este mes nos ofrece el modelo de gloriosos testigos de la fe. Lo abre San José, Obrero -el carpintero de Nazareth- y Señor de su casa, modelo de dedicación y de laboriosidad unidas a la oración.

El hombre justo y piadoso que cumple con la voluntad de Dios, cooperando en todo al plan de Dios para salvar al hombre. Luego la mirada se dirige a la Cruz, trono de la vida y de la paz en el que Cristo nos enseña a vivir en clave de entrega y sacrificio, la Cruz que es el trono victorioso de Cristo y que ponemos como signo de fe en nuestros campos y en nuestras casas.

El 13 de mayo veneramos a Nuestra Señora en Fátima, allí se nos propondrá la voz de María llamándonos a la penitencia, a la conversión y a la búsqueda de la paz. Luego un gran olvidado: San Isidro, campesino y santo que hizo de su simple vida un llamado a la humildad y a la bondad y cuya devoción permanece en nuestra comunidad como ejemplo de trabajo y confianza en Dios.

Más adelante se suceden momentos hondamente espirituales: María Auxiliadora de los Cristianos nos motivará a prepararnos para vivir, bajo su protección, nuestro camino de Bautizados y Enviados. Como hijos piadosos confiaremos a Ella, la protectora y auxiliadora de los cristianos nuestros dolores y esperanzas.

Celebrar en la vida la vida misma es ahora nuestro reto. María, modelo de santidad y de fidelidad, nos alienta a perfeccionar nuestra fe, a crecer en la caridad, a amar con amor verdadero al Dios de la vida y al prójimo que nos interpela constantemente y nos llama a algo más que la solidaridad: a la fraternidad iluminada por la gracia de Dios que todo lo eleva y santifica. Es un tiempo para retornar al rosario en familia, para orar con devoción a la Virgen Santa, contemplando los misterios del Evangelio.

También en mayo se nos propone pensar en la santificación del trabajo humano y en el vivir el hondo significado de fechas entrañables como el día de las Madres, celosas custodias de la fe y de la vida en los hogares. También recordaremos que nuestros Maestros han de ser no solo informadores: son modeladores de los valores que quedarán grabados en la medida en que estén respaldados por una vida coherente y fiel.

Nuestra Iglesia diocesana tiene un particular amor a la Santísima Virgen María, Madre del Salvador y Redentor, a ella miremos con fe y devoción en estos días, retornando al Santo Rosario, que en cada uno de nuestros santuarios diocesanos, lugares de amor a la Virgen Santísima, los primeros el de Nuestra Señora de Chiquinquirá, en Cúcuta y el de Nuestra Señora de Lourdes en Lourdes, además de todas las parroquias y familias se levante al unísono el saludo del Santo Rosario a la llena de gracia.

“Salve, Mayo florido”, cantábamos en otro tiempo, poniendo en cada día una flor de ternura y de confianza a los pies de María.

Qué bueno fuera que el volver la mirada a estos días de gracia, Dios nos conceda la dicha de amarlo más, de encontrarlo en la grandeza de sus signos de misericordia y de bendición, para que nuestro trabajo, nuestra vida, nuestros afectos más trascendentales, nuestra experiencia de fe y nuestras esperanzas, se iluminen con la maternal protección de la Virgen Fiel y traigan paz y esperanza a esta Iglesia que sigue su camino acogiendo, enseñando, santificando, haciendo presente el Reino del Señor Resucitado.

Cúcuta, 12 de mayo de 2019

+ Víctor Manuel Ochoa Cadavid
Obispo de la Diócesis de Cúcuta

Fuente: Conferencia Episcopal Colombiana

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Andrés Cristo

Por Andrés Cristo*.- A pesar de todos los altibajos que ha tenido la actividad legislativa, desde que comenzó este gobierno, existe un tema que venía caminando a paso lento período tras período y por varios mandatarios: la descentralización regional. Quizás la expectativa del proceso de paz del Caguán, la búsqueda de políticas de seguridad o incluso, el proceso de paz con las Farc, evitaron ponerle un lente a los procesos de autonomía regional; ningún gobierno como tal le dio el impulso necesario. Pero, fue precisamente el Congreso de la República con el liderazgo del gobernador Verano de la Rosa, quién dio el primer pago de esta deuda con la Constitución Política de 1991, con la ideología liberal y por supuesto con las regiones.

Lo que aprobamos la semana pasada en el Congreso fue en palabras menos, el impulso que necesitaban los departamentos para tener la herramienta que les permitiera “jugar” sus cartas ante un gobierno central. El poder unificar varios departamentos con similares condiciones geográficas, sociales y culturales, para crear equipos sólidos y serios de planeación que les permitieran desarrollar proyectos de verdadero impacto para las regiones creadas (RAP), pondrá a prueba la verdadera capacidad política de las dirigencias locales y regionales, y las intenciones del presidente frente a dichas regiones.

¿Qué podrá hacer un director(a) de Planeación o un ministro (a) de Hacienda al ver a un grupo de gobernadores, al lado de alcaldes y congresistas exigiendo que los “espacios” que quedan en blanco dentro del Presupuesto de Inversión no se utilicen como o cuando ellos digan, sino como lo exige la región? Es así, como el fortalecimiento de la Región Caribe; el desarrollo portuario de la Región Pacífico; el desarrollo agroindustrial del Eje Cafetero o la protección del Páramo de Santurbán en nuestros Santanderes (entre otros temas), pasarán a ser obligación de estas RAP y de esta forma, se seguirá pagando la deuda existente con las regiones que tantos intereses ha acumulado hasta ahora. Espero con optimismo que al asumir con mayor madurez y seriedad la oportunidad de  fortalecer este pago, en los próximos años se dé como consecuencia que estas regiones administrativas se consoliden como Regiones de Entidad Territorial (RET), es decir, que estas asociaciones sean fortalecidas y se eliminen las brechas que nos diferencian dentro del mismo espacio ocupado.

El banderazo fue dado; espero que el presidente de la República cumpla su palabra y sancione la “Ley de Regiones” y también, que los gobernadores terminen su tarea dando el impulso necesario a las RAP, especialmente a la de los santanderes que aún no existe. Para que así, aunque tengamos presidentes con tendencias centralistas y con poco interés en involucrarse con los verdaderos problemas de las regiones, reconozca la necesidad de contar con el apoyo de regiones fuertes y organizadas.

Cúcuta, 10 de mayo de 2019

*Senador Liberal. 

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Gabriel Ortiz

Por Gabriel Ortiz*.- El día en que Pinocho nació, nunca se imaginó los atropellos a los que debería someterse, ni la forma tan descarada como iba a ser plagiado por una humanidad cada vez más transgresora y usurpadora de las improntas del hijo de Gepetto. Su primera agresión la sufrió cuando el espantapájaros bandido, lo mandó malherido al hospital de los juguetes.

Allí, el ser humano le robó los secretos de su creciente nariz.

Por primera vez, en el mundo de las fábulas, la verdad fue golpeada y contaminada brutalmente, para esparcirla por toda la tierra, para confundir a las diferentes generaciones de entonces y a sus descendencias.

Cada día, la verdad fue disfrazándose con ropajes de mentira, calumnia, falsedad, injuria, difamación, embuste, falacia y tantos epítetos y apodos que le cuelgan.

Pero la verdad de estos tiempos es tan asombrosa que sirve para todo, porque la han penetrado, y mimetizado a tal punto que ya nunca hay que demostrarla. Simplemente la disfrazan de engaño para martillar sin piedad el pensamiento y el cerebro de las gentes, especialmente de las más débiles, ingenuas e incultas.

La manipulación de la verdad, ha convertido a su invasora, la mentira, en aliada para  transfigurar una declaración o un juicio de algo que se sabe, se cree o sospecha ser  falso en todo o en parte, en una realidad, esperando que la gente crea en ello. ¡Se trague el cuento! Esa es la forma de ocultar la realidad, en forma total o parcial.

Para mentir, no se necesita emitir palabra alguna. Así engañan quienes aparentan abominar o repudiar favores o prebendas, cuando quieren alanzarlas.

Aunque la ética rechaza la mentira, la verdad no alcanza a ganarle la parada, porque aquella es más fuerte y se utiliza en la política, la justicia, la diplomacia, el periodismo y en general en todas las actividades de la sociedad.

Las expresiones faciales, el tono de voz, el temblor de las manos, el sonrojo, ya no existen. Han desaparecido para los depredadores  y maléficos de la verdad.    

Hoy es usual, que caudillos, dirigentes y líderes acudan diariamente a centenares de anuncios sin respaldo, para engañar, corromper y convertir sus mentiras en realidades, en verdades. Ejemplos recientes nos recuerdan el NO y recientes elecciones.

El New York Times, ha contado más de 12 mil mentiras al presidente Trump. Aquí en Colombia nadie se ocupa de esas estadísticas, porque si alguien incursionara en ello, no tendría una calculadora mágica que pudiera contabilizarlas. Tenemos Fiscales, presidentes de Congreso, popurrí  de funcionarios públicos y privados, políticos, o simples amigos, vecinos y compañeros alérgicos a la verdad.

Esa es nuestra realidad y el ocaso de nuestro destino, desde que plagiamos  a Pinocho. Nuestra nariz no olfatea la verdad y lo más grave: no crece.

BLANCO: “Nos estamos aproximando a un futuro sin esperanza. Se requiere un compromiso con la verdad”, Álvaro Gómez, 1919-2019. 

NEGRO: El embajador Ordoñez debe renunciar. Dijo en la OEA una mentira, que quiso convertir en verdad.

Bogotá, D. C, 10 de mayo de 2019

*Edirector del Noticiero Nacional y de Notisuper: La Noticia Viva.

 

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José G Hernández

Por José G Hernández*.- Lo ocurrido con las objeciones presidenciales formuladas respecto a seis artículos del proyecto de ley estatutaria para la Jurisdicción Especial de Paz es una muestra palpable de la crisis que afecta a nuestras instituciones.

No quiero que estos renglones sean tomados como favorables a ninguna de las tendencias políticas  en que está partido el país desde la celebración del Acuerdo de Paz, y más concretamente desde el plebiscito del 2 de octubre de 2016. Miro las cosas desde una perspectiva más amplia, pues el desquiciamiento del sistema jurídico se ha venido produciendo de manera lenta y, en algunos aspectos,  imperceptible, pero existe. Proviene de una paulatina desfiguración de los conceptos y de una generalizada tendencia al uso de las normas –desde las constitucionales-, no para el orden que toda sociedad exige sino para el logro de objetivos personales o políticos de muy corto plazo.

Comencemos por recordar que la Constitución ha sido reformada en 47 ocasiones desde 1991, año de su entrada en vigor, bajo cambiantes y disímiles criterios y pretextos, generando una gran incoherencia en materias trascendentales que, como la vigencia efectiva del Estado Social de Derecho, la estructura de la administración de justicia, la descentralización y autonomía de las entidades territoriales, el derecho a la salud, el sistema pensional y las participaciones de las entidades territoriales en las rentas nacionales, se han desnaturalizado en razón de improvisadas modificaciones del articulado constitucional.

Además, en nuestro medio, todos los problemas que descubren y divulgan los medios de comunicación -que, son los que en la práctica señalan la agenda de las máximas autoridades- se quieren solucionar mediante la expedición de nuevas normas, sin que exista una política legislativa seria e hilvanada en materias como la  criminal, la laboral, la disciplinaria o la administrativa. Para todo hay una nueva norma que a poco andar es derogada o modificada.

Agréguese a ello la progresiva pérdida de rigor y sindéresis en la interpretación de las muchas disposiciones que integran el orden jurídico, inclusive por parte de los altos tribunales, en especial la Corte Constitucional, que cambia con enorme facilidad su jurisprudencia y que, en los últimos años, además de debilitar el control que le compete -para la defensa de la Constitución- envía a las otras ramas del poder público y a los particulares mensajes con frecuencia cambiantes y confusos que, en vez de aclarar, oscurecen y dificultan la aplicación del Derecho.

Todo eso conduce a situaciones como la que se presenta en el caso de las aludidas objeciones, en que la última palabra, que la ha debido tener el Congreso -según la Constitución-, se tuvo que trasladar a la Corte Constitucional. Ella, en la Sentencia C-784 de 2014, especuló sin fortuna acerca de lo que significa la expresión "mayoría absoluta", usada en algunas normas de la Constitución para referirse a una de las formas de mayoría calificada. Ahora no va a poder especular, porque el artículo 167 de la Constitución, para que se entiendan rechazadas las objeciones presidenciales, alude directamente a "la mitad más uno de los miembros" de la corporación respectiva.

El caso en su conjunto -una verdadera telenovela- nos muestra la inestabilidad de nuestro Derecho por la vía de las interpretaciones.

Bogotá, D. C, 9 de mayo de 2019

*Expresidente de la Corte Constitucional.

 

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Víctor G Ricardo

Por Víctor G Ricardo*.- El pasado domingo asistí a Corferias en el marco de la realización de la Feria del Libro, mejor conocida como Filbo, al lanzamiento del libro que escribió el embajador español, Rafael Dezcallar, quien ha representado a su país en distintos destinos y ante diferentes gobiernos (entre otros Alemania, el Vaticano y la China) y quien también hace algunos años estuvo en Colombia como Cónsul General. Allí, tuve la oportunidad en compañía de Rafael Santos de hacer la presentación del libro ‘Cesó la horrible noche’, un libro bien escrito, agradable de leer, y basado en el estudio que el embajador Dezcallar realizó del conflicto colombiano y de la acción de los grupos de autodefensa y paramilitares que ahora llaman bacrim.

En estilo de novela, es un excelente libro que deberíamos leer todos los colombianos para entender que la vida que tenemos la mayoría, es muy distinta a la que viven otros compatriotas en territorios con la presencia de grupos armados al margen de la ley, la falta de acción del Estado y sintiendo la indiferencia de algunos gobernantes sobre los hechos que suceden en estas regiones, como el robo de tierras o la injerencia del narcotráfico y siempre pensando en cómo mantenerse con vida.

En su libro, el embajador Dezcallar realiza reflexiones que vale la pena que todos hagamos. Incluso nos invita a que continuemos conquistando el territorio de nuestro país. Me recordó lo que nuestro expresidente de la República, Belisario Betancur, decía durante su mandato y era que, para poder construir con equidad, armonía, desarrollo social y político nuestra Nación teníamos que trabajar por la otra Colombia. La Colombia profunda que han denominado otros mandatarios y que se caracteriza por la pobreza, la falta de presencia del Estado y la presencia de grupos ilegales donde sus habitantes no tienen sueños de su futuro y están cerca de la muerte y las dificultades todos los días. Toda esta situación que ha sido aprovechada por los grupos de narcotraficantes, tanto nacionales como extranjeros, y que el peor daño que nos han causado es la desintegración de los valores de la ética y la moral y el crecimiento de la corrupción que ha llegado a los distintos niveles de las instituciones y de nuestra sociedad son temas de análisis en este libro.

Las reflexiones del embajador Dezcallar, en medio de su novela, deben llevarnos a construir un Estado donde los valores se recuperen, la defensa de la vida se garantice y la justicia impere -derrotando la impunidad y las estrategias para demorar la justicia y dilatar las sentencias de quienes son responsables.

Invito a todos mis compatriotas a leer este magnífico libro que nos deja varias lecciones y en el cual un amigo de la madre patria nos muestra el país que tenemos y que muchas veces queremos ignorar o simplemente no conocemos. Lo más importante para un país no es esconder sus problemas y dificultades, sino ser conscientes que se requiere unidad y el liderazgo para lograr consensos que acerquen las soluciones en la construcción de un país más justo, con desarrollo en equidad y el respeto por nuestro ordenamiento jurídico.

Bogotá, 8 de mayo de 2019

*Excomisionado de Paz.

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Jairo Gómez

Por Jairo Gómez*. - Es curioso el apellido con que bautizó el presidente Duque su Plan Nacional de Desarrollo (PND): “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”.

Aquí no hubo ni lo uno ni lo otro, es decir, no hubo pacto por Colombia ni hubo pacto por la equidad. La ley que aprobaron en la Cámara de Representantes, sin debate alguno, lejos de una discusión de fondo, fue un Plan nacional de negocios, así, literalmente. Más allá del contenido del PND que nadie conoce, salvo el ministro Carrasquilla, de Hacienda y algunos parlamentarios, esa Ley se delineó para favorecer netamente los privilegios de siempre: los terratenientes, a los fondos privados de pensiones, los banqueros y los poderosos grupos económicos que ejercen una influencia política directa sobre el presidente y sus ministros.

Salvo ellos, minhacienda e, insisto, algunos parlamentarios y los poderosos de siempre, los colombianos no conocimos las verdaderas intenciones de la propuesta de Duque. El trámite fue de una opacidad insultante. El gobierno convocó a partir del 5 de febrero pasado a sesiones extras a las comisiones terceras y cuartas de Cámara y Senado para darle dizque un debate amplio y de cara al país, pero, salvo el día de su instalación, los congresistas ponentes no sesionaron en las comisiones constitucionales y se trasladaron a los cómodos salones del Ministerio de Hacienda en donde “trabajaron” a puerta cerrada, sin que los demás grupos de interés, llámense sindicatos, organizaciones sociales, campesinos, etnias o demás estructuras regionales, tuvieran acceso a la discusión y al diseño de un Plan que regula la vida económica, política y social del país para los próximos cuatro años.

La propuesta original del Gobierno, radicada por el propio presidente Duque en la Cámara, llegó al Congreso con 183 artículos y el día que fue sometida a votación en comisiones, el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda incluyeron 128 artículos nuevos que, en palabras de varios congresistas, nadie supo de qué se trataban y sin mayor alteración fueron votados en las comisiones económicas.

Fue una feria de artículos nuevos; hubo de todo como en botica. La reforma pensional que metió el Gobierno por la puerta de atrás, la habían negado y al final la revivieron de las cenizas; nos pusieron a los colombianos a pagar de nuestros impuestos la quiebra de Electricaribe, producto del pillaje y el saqueo; se legalizó el despojo de tierras que deja sin piso la Ley de Restitución de tierras; se aseguró la práctica del fracking, al tiempo que las concesiones en la minería pasaron de 30 a 60 años, solo para mencionar algunas decisiones que ya hoy son ley de la república.

Si esto no es un plan de negocios, entonces ¿qué es? Los beneficiarios tienen nombre: el gran capital, las multinacionales, el empresariado colombiano y un exclusivo círculo que llevará a sus propios bolsillos el supuesto pacto por la equidad. Nuestros empresarios o fieles representantes corporativos son unos agnósticos en materia política, solo les interesa mantener bien informados (¿O engrasados?) a los políticos cuando tienen la responsabilidad de decidir sobre el desarrollo de un país.

Por ello es razonable pensar que la idea del Gobierno sobre el PND primero la conocieron en el corazón del poder económico. Lugar en el que se diseñan los modelos de leyes fiscales y planes de desarrollo para autoabastecerse legislativamente. Eso ocurrió con este supuesto “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”.

Y para lograrlo hubo un gran director de orquesta: estuvo en el poder y trazó esquemas novedosos en las políticas de financiación para las regiones como los llamados bonos de agua, se fue al sector privado y años después el ministro Carrasquilla regresó a implementar un nuevo Plan Nacional de Desarrollo conociendo de antemano cómo funciona el Gobierno central para favorecer, sin duda, a sus clientes del pasado y, seguramente, a sus clientes del futuro.

Bogotá, D. C, 7 de mayo de 2019

*Periodista y Analista Político.

@jairotevi

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Mauricio Cabrera Galvis

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Dos noticias económicas recientes muestran una aparente paradoja en el desempeño de la economía colombiana: de una parte se reporta que se están creando muchas más empresas; de otra, el desempleo aumentó y volvió a dos dígitos. Lo primero se atribuye a los beneficios de la reforma tributaria y el despegue de la economía naranja, mientras que por el aumento del desempleo nadie responde.

En cuanto a las nuevas empresas, Confecámaras informa que el primer trimestre de 2019 se crearon 96.914 “unidades productivas”, de las cuales 77,8% corresponden a personas naturales y el 22,2% a sociedades, y señala que esta cifra representa un crecimiento de 9,7% con respecto al año anterior. En un período de 12 meses se crearon más de 350.000 empresas. Toda una clara demostración del repunte de la economía, de la confianza de los inversionistas y de las nuevas oportunidades de negocios, según análisis del presidente del gremio.

El panorama del empleo es mucho más sombrío. Según el DANE, en un año la tasa de desempleo pasó de 9,4% a 10,8%. Detrás de estos porcentajes hay una verdadera tragedia social: durante el año 435.000 personas entraron a la fuerza laboral, es decir salieron a buscar trabajo, pero solo 52.000 consiguieron empleo, es decir que el número de desempleados aumentó en 383.000. Es como si toda la población de una ciudad del tamaño de Manizales hubiera quedado desempleada.

El aumento de la informalidad y la destrucción de trabajo decente hacen que la situación sea todavía peor por: de los 22.1 millones de personas que están ocupadas en el país, 9.46 millones (el 43%) están Subempleadas, es decir que no tienen un empleo suficiente o digno, mientras que hace un año solo eran 8.54 millones. Esto significa que durante el año 920.000 personas tuvieron que aceptar empleos de menores ingresos o menor calidad, lo cual lógicamente deterioró sus condiciones de vida.

En las 13 principales ciudades del país el deterioro del mercado laboral es mayor: la tasa de desempleo llegó a 12%. y a pesar de que solo 112.000 personas salieron a buscar empleo la cantidad de ocupados disminuyó en 73.000 y los Subempleados aumentaron 576.000.

¿Cómo entender que en un año se creen 350.000 empresas nuevas pero al mismo tiempo aumente el desempleo y el subempleo y solo se generen 52.000 puestos de trabajo? Parece una paradoja pero hay dos explicaciones claras. La primera es que el informe de Confecámaras sobre el primer trimestre no menciona el número de empresas que desaparecieron, pero la misma entidad en otro estudio más detallado (https://bit.ly/2zSWIYj) muestra que por cada 10 empresas que se crean en Colombia, desaparecen unas 9.

La otra razón es que la mayoría de las “empresas” nuevas son sociedades que se crean con fines contables o tributarios y no generan empleo ni son innovadoras.

Registrar empresas de papel no es lo mismo que generar empleo.

Cali, 5 de mayo de 2019

*Folósofo, Economista y Consultor

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Amylkar D Acosta M

Por Amylkar D. Acosta M*.- Según Informe de IQAir Air Visual, entre “las principales fuentes de emisiones que contribuyen a la contaminación en todos los países” se cuenta “la quema de la biomasa para la calefacción y cocción doméstica y comercial”. Y es bien sabido que en Colombia más de 982 mil de hogares usan leña o carbón vegetal para la cocción de sus alimentos, con una eficiencia energética deplorable que va entre el 5% y el 15%, desperdiciando este recurso.

En este orden de ideas, preocupa que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del actual gobierno no contemple medidas contundentes tendientes a sustituir el consumo de leña y carbón vegetal por gas natural o gas licuado de petróleo (GLP), como una de las estrategias para reducir la deforestación, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y, de paso, reducir también las enfermedades atribuibles a la contaminación del aire al interior de las viviendas, el que inhalan especialmente  las amas de casa y los párvulos, afectando gravemente su salud.

Pese a ello, como lo advierte el ex vicepresidente de ECOPETROL y experto en el tema Luis Augusto Yepes, “el Plan Nacional de Desarrollo plantea como meta para la sustitución de leña un total de 100.000 familias en el cuatrienio, lo que quiere decir que se necesitarán aproximadamente unos 40 años para dotar a estas familias de un energético digno para atender sus necesidades de cocción de alimentos”. Y concluye, con toda razón, diciendo que “si el tema central del Plan de Desarrollo es el Pacto por la Equidad, difícilmente se entiende que las familias más pobres que viven en la periferia de las ciudades y en las zonas rurales, lejos de todos y de todo, no se les de un tratamiento especial en el Plan mediante el diseño de metas de cubrimiento más agresivas que permitan acelerar la transición de la leña a, por ejemplo, GLP, que es el combustible más apropiado para este tipo de sustitución”.

En el pasado gobierno se dio un paso importante en la dirección correcta, al demarcarse las 40.1 millones de hectáreas del territorio como frontera agrícola, de las 111.5 millones de hectáreas de la superficie continental, poniéndole limite “que separa las áreas para la actividad agropecuaria de aquellas para la conservación o protección de la biodiversidad”. Este paso se dio en cumplimiento del Acuerdo Final firmado con las FARC y en ello jugó un papel de la mayor importancia la Unidad de Planificación Rural y Agropecuaria (UPRA). Está contemplado, también, en la Ley 1776 de 2016 de las Zonas de Interés de Desarrollo, Económico y Social (ZIDRES). Se creó también la Comisión Intersectorial para el Control de la deforestación y la Gestión Integral para la Protección de Bosques Naturales (CICOD). Ello era necesario pero no suficiente, resta darle operatividad y eficacia para que todo no se quede escrito en el papel, que lo soporta todo.

Al analizar el proyecto de PND presentado por el gobierno para su trámite en el Congreso de la República destacamos el hecho de que en el mismo se categoriza “la biodiversidad y la riqueza natural como activo estratégico de la Nación”, lo cual va en línea con el compromiso del país con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), de reducir en un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) hacia el 2030 y el Informe final de la Misión de Crecimiento verde, que lideró el ex director del DNP Hernando José Gómez. Por ello nos parece inconsecuente e incoherente plantear, como lo hizo la Viceministra de Ambiente María Claudia García, que la meta de este gobierno se limite a “detener el crecimiento de la deforestación en el 2022” y a asumir resignadamente que “la deforestación se empezará a estabilizar hasta el año 2030”. Mientras tanto, que nos coma el tigre.

Interrogada sobre si “la meta es mantener la cifra actual, mejor dicho, que cada año se siga deforestando máximo 220.000 hectáreas de bosque, como ocurre hoy en día”, su respuesta fue tajante: “sí, así es. Eso significa detener la deforestaciónEsa cifra sí o sí va a seguir aumentando”. Eso significa que la ambición del gobierno, ratificada en la página 1.200 de las Bases del PND, se limita a “detener el crecimiento exponencial”. Qué resignación, por Dios, conformarse con que se siga deforestando hasta el 2030 un área de bosques equivalente al 65% del área del territorio del Departamento del Atlántico y un 120% de la del Departamento del Quindío (¡!). 

Bogotá, D. C, mayo 5 de 2019

*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net

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Mauricio Cabrera Galvis

Por Mauricio Cabrera Galvis.-Cuando teníamos la esperanza de que después de décadas de conflicto por fin en Colombia habían empezado a disminuir las víctimas de la violencia política, vuelven a aparecer señales de recrudecimiento. Ahora las víctimas son líderes sociales, defensores de derechos humanos y exguerrilleros desarmados.

El más reciente llamado de atención lo hizo la ONU: “Estamos muy preocupados por el alto número de defensores y defensoras de los derechos humanos que han sido asesinados, hostigados y amenazados en Colombia, y por el hecho de que esta terrible tendencia parece estar empeorando”.

La preocupación no es en vano. Según la Defensoría del Pueblo, “la violencia contra los líderes recrudeció tanto en homicidios como en amenazas. Los homicidios pasaron de 126 en 2017; a 178 en el 2018, lo cual significa un aumento del 27% en asesinatos”, a pesar de que este organismo había emitido hace un año una Alerta Temprana solicitando una acción decidida del Estado para controlar una situación que venía empeorando desde el 2016.

No son solo asesinatos, y no es solo a los líderes sociales. El Cinep acaba de publicar un informe titulado “Violencia Camuflada. La base social en riesgo” (https://bit.ly/2LylxAN) en el que documenta con nombres y apellidos cómo la violencia política en 2018 dejó 648 muertos, 48 atentados, 1.151 personas amenazadas, 304 heridos, 66 torturados, 3 víctimas de violencia sexual, 22 desaparecidos y 243 detenidas de forma arbitraria (falsos positivos judiciales). Por su parte, el mismo Gobierno ha confirmado que desde que la firma del acuerdo de paz con las Farc, se tiene registro de 128 excombatientes de ese grupo asesinados.

Es cierto que hay avances pero muy insuficientes. El primero, que ya el Estado reconoció la sistematicidad de los asesinatos y actos de violencia; es decir que no son casos aislados y aleatorios, sino que responden a un patrón definido de debilitar las organizaciones sociales de base, reprimir los reclamos por sus derechos y evitar la restitución de las tierras expropiadas.

También es un avance que la Fiscalía haya logrado identificar a algunos –todavía muy pocos- de los autores materiales de los asesinatos y atentados como el reciente contra líderes afro en el norte del Cauca. Pero, como en este caso, nadie cree que inexpertos muchachos de 17 años tengan la capacidad ni los recursos para planear y ejecutar el atentado. ¿Quién les dio las armas y las granadas?

Si se quiere detener esta violencia es indispensable llegar a los instigadores y responsables, para lo cual todos los organismos del Estado deben actuar de manera decidida, porque la cuestión relevante no es quién está matando a los líderes sociales sino ¿Quién los manda matar?

Cali, 12 de mayo de 2019

Filósofo, Economista y Consultor.

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Jorge Enrique Robledo

Por Jorge Enrique Robledo.- Lo peor que faltaba por saberse sobre los Bonos Carrasquilla acaba de destaparlo la Contraloría General de la República en su análisis sobre el “esquema de financiación” usado para recaudar entre el público y prestarles 440.637 millones de pesos a 117 municipios: “esta situación evidencia –dice luego de describirla– debilidades en el control ejercido por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), toda vez que no se debió permitir –¡no se debió permitir!, repito– que el Grupo Financiero de Infraestructura (GFI) ejerciera estas actividades de intermediación financiera”, porque dicha actividad es “exclusiva de los establecimientos de crédito (…) calidad que definitivamente no acreditaron los patrimonios autónomos GFI 2008-1 y GFI 2010”. Acusación mayor.

Para agravar las ilegalidades del Superintendente Roberto Borrás y Andrés Flórez –representante legal del GFI–, estos patrimonios autónomos los montaron con un capital de apenas un millón de pesos, cuando el mínimo legal era de 17.405 millones, explica la Contraloría, al denunciar además la irresponsabilidad de crear ese negocio con una garantía ínfima (http://bit.ly/2Vf0ym7). Y violar la ley es corrupción. ¿O tampoco?

¿Se imaginan qué hubiera pasado si el Estado no “rescata” a los que compraron los bonos, ¡incluidos los fondos privados de pensiones comprometidos en sumas enormes! –y a un costo a hoy de 31.902 millones de pesos–, cuando se supo que los municipios no podrían pagar montos e intereses tan altos y a un plazo inmodificable de 19 años? Seguramente fue por ello que los del GFI aceptaron renunciar anticipadamente a semejante teta, por lo que recibieron del gobierno 37.451 millones de pesos, que se sumaron a otras utilidades por 49.535 millones.

No solo debe investigarse a Roberto Borrás y a Andrés Flórez, sino también a Alberto Carrasquilla, porque era socio y jefe de Andrés Flórez en Konfigura y Navenby, montadas para este negociado, y porque fue quien diseñó la operación financiera y reclutó a los alcaldes que dilapidaron o se robaron los recursos, aprovechándose de que en los contratos de los créditos se estableció que el prestamista no controlaría lo que hicieran con la plata y que la deuda, hay que tenerlo siempre presente, la pagaría directamente el Ministerio de Hacienda con los recursos del Sistema General de Participaciones, de propiedad de los municipios.

En su exhaustivo informe de 700 páginas, la Contraloría detalla además lo que pasó en cada uno de los 108 municipios que pudo visitar y analizar, verdades que confirman que el ministro Carrasquilla le mintió al Congreso al minimizar la desgracia que su inmoralidad les provocó a tantas gentes sencillas de Colombia. El ente de control califica de la peor manera posible lo ocurrido –“Incumplimiento material, Conclusión adversa”–, porque en 73 municipios –¡el 68 por ciento!– el fracaso fue total entre obras “sin ejecutar”, “inconclusas” y “terminadas sin funcionar”, elefantes blancos en los que perdieron los 277.249 millones de pesos que les prestaron, más 274.268 millones pagados hasta ahora por intereses (http://bit.ly/2LOExvl) (http://bit.ly/2vSCtrk).

Por culpa de Carrasquilla y de sus compinches, en esos municipios sufren 3,2 millones de compatriotas que carecen de las obras de las que deberían estar disfrutando. Y tampoco pueden construirlas pues por ocho o diez años más tendrán que seguir pagando el capital y los intereses con los que los tumbaron.

En un país que no padeciera a Iván Duque, Carrasquilla ya habría tenido que renunciar. Pero aquí quienes lo que lo absolvieron dirán: “pero si también sostenemos a Néstor Humberto”.

Coletilla: por la forma y por el fondo, el Plan aprobado sin debate en el Senado es en realidad de Subdesarrollo. Por la forma porque, violando los criterios democráticos, embutieron 349 artículos en la ley para que a los colombianos no pudieran debatirlos. Y miren lo que sí va o no va. Nada contra la corrupción. Nada para detener y echar atrás la ruina agraria e industrial, luego nada en serio contra el desempleo y la pobreza, y hay que ver la piedra de #DuqueCarrasquilla y de sus favorecidos porque el Congreso elevó los aranceles a las confecciones extranjeras. Más privatización de la salud y la educación. Viejas y nuevas agresiones ambientales. Cinco billones de pesos en recortes a los subsidios a los pobres en salud, electricidad, combustibles y gas. Trece nuevas sobretasas y contribuciones, entre ellas otra a la electricidad por 120 mil millones al año a la clase media. Otro código laboral con salarios por debajo del mínimo y sin prestaciones. Feria a favor de unos cuantos de los bienes culturales de la Nación… ¡Qué viva el subdesarrollo!

Bogotá, 12 de mayo de 2019.

Senador del Polo Democrático Alternativo

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Víctor Manuel Ochoa Cadavid

Por: Mons. Víctor Manuel Ochoa Cadavid -  En la tradición y en la fe sencilla del Pueblo de Dios este mes es de María, el mes que, con especiales signos de afecto, se honra a la Madre del Señor.

En el hemisferio norte, corresponde al tiempo de la primavera, el momento en el cual la naturaleza despierta y muestra lo mejor de su belleza, las flores que animan y alegran con su color los campos y los jardines. Ello llevó al pueblo de Dios a venerar con la belleza de las flores a la Santísima Virgen María. De la evangelización española hemos recibido esta profunda devoción a la Madre de Dios que cooperó en la salvación del mundo. En este mes de mayo los cristianos van a visitar a la Virgen Santa cargados de flores y de oraciones llenas de piedad.

En el gozo del tiempo de la Pascua, contemplamos gozosamente la victoria de Jesús sobre el pecado y sobre la muerte; además, este mes nos ofrece el modelo de gloriosos testigos de la fe. Lo abre San José, Obrero -el carpintero de Nazareth- y Señor de su casa, modelo de dedicación y de laboriosidad unidas a la oración.

El hombre justo y piadoso que cumple con la voluntad de Dios, cooperando en todo al plan de Dios para salvar al hombre. Luego la mirada se dirige a la Cruz, trono de la vida y de la paz en el que Cristo nos enseña a vivir en clave de entrega y sacrificio, la Cruz que es el trono victorioso de Cristo y que ponemos como signo de fe en nuestros campos y en nuestras casas.

El 13 de mayo veneramos a Nuestra Señora en Fátima, allí se nos propondrá la voz de María llamándonos a la penitencia, a la conversión y a la búsqueda de la paz. Luego un gran olvidado: San Isidro, campesino y santo que hizo de su simple vida un llamado a la humildad y a la bondad y cuya devoción permanece en nuestra comunidad como ejemplo de trabajo y confianza en Dios.

Más adelante se suceden momentos hondamente espirituales: María Auxiliadora de los Cristianos nos motivará a prepararnos para vivir, bajo su protección, nuestro camino de Bautizados y Enviados. Como hijos piadosos confiaremos a Ella, la protectora y auxiliadora de los cristianos nuestros dolores y esperanzas.

Celebrar en la vida la vida misma es ahora nuestro reto. María, modelo de santidad y de fidelidad, nos alienta a perfeccionar nuestra fe, a crecer en la caridad, a amar con amor verdadero al Dios de la vida y al prójimo que nos interpela constantemente y nos llama a algo más que la solidaridad: a la fraternidad iluminada por la gracia de Dios que todo lo eleva y santifica. Es un tiempo para retornar al rosario en familia, para orar con devoción a la Virgen Santa, contemplando los misterios del Evangelio.

También en mayo se nos propone pensar en la santificación del trabajo humano y en el vivir el hondo significado de fechas entrañables como el día de las Madres, celosas custodias de la fe y de la vida en los hogares. También recordaremos que nuestros Maestros han de ser no solo informadores: son modeladores de los valores que quedarán grabados en la medida en que estén respaldados por una vida coherente y fiel.

Nuestra Iglesia diocesana tiene un particular amor a la Santísima Virgen María, Madre del Salvador y Redentor, a ella miremos con fe y devoción en estos días, retornando al Santo Rosario, que en cada uno de nuestros santuarios diocesanos, lugares de amor a la Virgen Santísima, los primeros el de Nuestra Señora de Chiquinquirá, en Cúcuta y el de Nuestra Señora de Lourdes en Lourdes, además de todas las parroquias y familias se levante al unísono el saludo del Santo Rosario a la llena de gracia.

“Salve, Mayo florido”, cantábamos en otro tiempo, poniendo en cada día una flor de ternura y de confianza a los pies de María.

Qué bueno fuera que el volver la mirada a estos días de gracia, Dios nos conceda la dicha de amarlo más, de encontrarlo en la grandeza de sus signos de misericordia y de bendición, para que nuestro trabajo, nuestra vida, nuestros afectos más trascendentales, nuestra experiencia de fe y nuestras esperanzas, se iluminen con la maternal protección de la Virgen Fiel y traigan paz y esperanza a esta Iglesia que sigue su camino acogiendo, enseñando, santificando, haciendo presente el Reino del Señor Resucitado.

Cúcuta, 12 de mayo de 2019

+ Víctor Manuel Ochoa Cadavid
Obispo de la Diócesis de Cúcuta

Fuente: Conferencia Episcopal Colombiana

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Andrés Cristo

Por Andrés Cristo*.- A pesar de todos los altibajos que ha tenido la actividad legislativa, desde que comenzó este gobierno, existe un tema que venía caminando a paso lento período tras período y por varios mandatarios: la descentralización regional. Quizás la expectativa del proceso de paz del Caguán, la búsqueda de políticas de seguridad o incluso, el proceso de paz con las Farc, evitaron ponerle un lente a los procesos de autonomía regional; ningún gobierno como tal le dio el impulso necesario. Pero, fue precisamente el Congreso de la República con el liderazgo del gobernador Verano de la Rosa, quién dio el primer pago de esta deuda con la Constitución Política de 1991, con la ideología liberal y por supuesto con las regiones.

Lo que aprobamos la semana pasada en el Congreso fue en palabras menos, el impulso que necesitaban los departamentos para tener la herramienta que les permitiera “jugar” sus cartas ante un gobierno central. El poder unificar varios departamentos con similares condiciones geográficas, sociales y culturales, para crear equipos sólidos y serios de planeación que les permitieran desarrollar proyectos de verdadero impacto para las regiones creadas (RAP), pondrá a prueba la verdadera capacidad política de las dirigencias locales y regionales, y las intenciones del presidente frente a dichas regiones.

¿Qué podrá hacer un director(a) de Planeación o un ministro (a) de Hacienda al ver a un grupo de gobernadores, al lado de alcaldes y congresistas exigiendo que los “espacios” que quedan en blanco dentro del Presupuesto de Inversión no se utilicen como o cuando ellos digan, sino como lo exige la región? Es así, como el fortalecimiento de la Región Caribe; el desarrollo portuario de la Región Pacífico; el desarrollo agroindustrial del Eje Cafetero o la protección del Páramo de Santurbán en nuestros Santanderes (entre otros temas), pasarán a ser obligación de estas RAP y de esta forma, se seguirá pagando la deuda existente con las regiones que tantos intereses ha acumulado hasta ahora. Espero con optimismo que al asumir con mayor madurez y seriedad la oportunidad de  fortalecer este pago, en los próximos años se dé como consecuencia que estas regiones administrativas se consoliden como Regiones de Entidad Territorial (RET), es decir, que estas asociaciones sean fortalecidas y se eliminen las brechas que nos diferencian dentro del mismo espacio ocupado.

El banderazo fue dado; espero que el presidente de la República cumpla su palabra y sancione la “Ley de Regiones” y también, que los gobernadores terminen su tarea dando el impulso necesario a las RAP, especialmente a la de los santanderes que aún no existe. Para que así, aunque tengamos presidentes con tendencias centralistas y con poco interés en involucrarse con los verdaderos problemas de las regiones, reconozca la necesidad de contar con el apoyo de regiones fuertes y organizadas.

Cúcuta, 10 de mayo de 2019

*Senador Liberal. 

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Gabriel Ortiz

Por Gabriel Ortiz*.- El día en que Pinocho nació, nunca se imaginó los atropellos a los que debería someterse, ni la forma tan descarada como iba a ser plagiado por una humanidad cada vez más transgresora y usurpadora de las improntas del hijo de Gepetto. Su primera agresión la sufrió cuando el espantapájaros bandido, lo mandó malherido al hospital de los juguetes.

Allí, el ser humano le robó los secretos de su creciente nariz.

Por primera vez, en el mundo de las fábulas, la verdad fue golpeada y contaminada brutalmente, para esparcirla por toda la tierra, para confundir a las diferentes generaciones de entonces y a sus descendencias.

Cada día, la verdad fue disfrazándose con ropajes de mentira, calumnia, falsedad, injuria, difamación, embuste, falacia y tantos epítetos y apodos que le cuelgan.

Pero la verdad de estos tiempos es tan asombrosa que sirve para todo, porque la han penetrado, y mimetizado a tal punto que ya nunca hay que demostrarla. Simplemente la disfrazan de engaño para martillar sin piedad el pensamiento y el cerebro de las gentes, especialmente de las más débiles, ingenuas e incultas.

La manipulación de la verdad, ha convertido a su invasora, la mentira, en aliada para  transfigurar una declaración o un juicio de algo que se sabe, se cree o sospecha ser  falso en todo o en parte, en una realidad, esperando que la gente crea en ello. ¡Se trague el cuento! Esa es la forma de ocultar la realidad, en forma total o parcial.

Para mentir, no se necesita emitir palabra alguna. Así engañan quienes aparentan abominar o repudiar favores o prebendas, cuando quieren alanzarlas.

Aunque la ética rechaza la mentira, la verdad no alcanza a ganarle la parada, porque aquella es más fuerte y se utiliza en la política, la justicia, la diplomacia, el periodismo y en general en todas las actividades de la sociedad.

Las expresiones faciales, el tono de voz, el temblor de las manos, el sonrojo, ya no existen. Han desaparecido para los depredadores  y maléficos de la verdad.    

Hoy es usual, que caudillos, dirigentes y líderes acudan diariamente a centenares de anuncios sin respaldo, para engañar, corromper y convertir sus mentiras en realidades, en verdades. Ejemplos recientes nos recuerdan el NO y recientes elecciones.

El New York Times, ha contado más de 12 mil mentiras al presidente Trump. Aquí en Colombia nadie se ocupa de esas estadísticas, porque si alguien incursionara en ello, no tendría una calculadora mágica que pudiera contabilizarlas. Tenemos Fiscales, presidentes de Congreso, popurrí  de funcionarios públicos y privados, políticos, o simples amigos, vecinos y compañeros alérgicos a la verdad.

Esa es nuestra realidad y el ocaso de nuestro destino, desde que plagiamos  a Pinocho. Nuestra nariz no olfatea la verdad y lo más grave: no crece.

BLANCO: “Nos estamos aproximando a un futuro sin esperanza. Se requiere un compromiso con la verdad”, Álvaro Gómez, 1919-2019. 

NEGRO: El embajador Ordoñez debe renunciar. Dijo en la OEA una mentira, que quiso convertir en verdad.

Bogotá, D. C, 10 de mayo de 2019

*Edirector del Noticiero Nacional y de Notisuper: La Noticia Viva.

 

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José G Hernández

Por José G Hernández*.- Lo ocurrido con las objeciones presidenciales formuladas respecto a seis artículos del proyecto de ley estatutaria para la Jurisdicción Especial de Paz es una muestra palpable de la crisis que afecta a nuestras instituciones.

No quiero que estos renglones sean tomados como favorables a ninguna de las tendencias políticas  en que está partido el país desde la celebración del Acuerdo de Paz, y más concretamente desde el plebiscito del 2 de octubre de 2016. Miro las cosas desde una perspectiva más amplia, pues el desquiciamiento del sistema jurídico se ha venido produciendo de manera lenta y, en algunos aspectos,  imperceptible, pero existe. Proviene de una paulatina desfiguración de los conceptos y de una generalizada tendencia al uso de las normas –desde las constitucionales-, no para el orden que toda sociedad exige sino para el logro de objetivos personales o políticos de muy corto plazo.

Comencemos por recordar que la Constitución ha sido reformada en 47 ocasiones desde 1991, año de su entrada en vigor, bajo cambiantes y disímiles criterios y pretextos, generando una gran incoherencia en materias trascendentales que, como la vigencia efectiva del Estado Social de Derecho, la estructura de la administración de justicia, la descentralización y autonomía de las entidades territoriales, el derecho a la salud, el sistema pensional y las participaciones de las entidades territoriales en las rentas nacionales, se han desnaturalizado en razón de improvisadas modificaciones del articulado constitucional.

Además, en nuestro medio, todos los problemas que descubren y divulgan los medios de comunicación -que, son los que en la práctica señalan la agenda de las máximas autoridades- se quieren solucionar mediante la expedición de nuevas normas, sin que exista una política legislativa seria e hilvanada en materias como la  criminal, la laboral, la disciplinaria o la administrativa. Para todo hay una nueva norma que a poco andar es derogada o modificada.

Agréguese a ello la progresiva pérdida de rigor y sindéresis en la interpretación de las muchas disposiciones que integran el orden jurídico, inclusive por parte de los altos tribunales, en especial la Corte Constitucional, que cambia con enorme facilidad su jurisprudencia y que, en los últimos años, además de debilitar el control que le compete -para la defensa de la Constitución- envía a las otras ramas del poder público y a los particulares mensajes con frecuencia cambiantes y confusos que, en vez de aclarar, oscurecen y dificultan la aplicación del Derecho.

Todo eso conduce a situaciones como la que se presenta en el caso de las aludidas objeciones, en que la última palabra, que la ha debido tener el Congreso -según la Constitución-, se tuvo que trasladar a la Corte Constitucional. Ella, en la Sentencia C-784 de 2014, especuló sin fortuna acerca de lo que significa la expresión "mayoría absoluta", usada en algunas normas de la Constitución para referirse a una de las formas de mayoría calificada. Ahora no va a poder especular, porque el artículo 167 de la Constitución, para que se entiendan rechazadas las objeciones presidenciales, alude directamente a "la mitad más uno de los miembros" de la corporación respectiva.

El caso en su conjunto -una verdadera telenovela- nos muestra la inestabilidad de nuestro Derecho por la vía de las interpretaciones.

Bogotá, D. C, 9 de mayo de 2019

*Expresidente de la Corte Constitucional.

 

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Víctor G Ricardo

Por Víctor G Ricardo*.- El pasado domingo asistí a Corferias en el marco de la realización de la Feria del Libro, mejor conocida como Filbo, al lanzamiento del libro que escribió el embajador español, Rafael Dezcallar, quien ha representado a su país en distintos destinos y ante diferentes gobiernos (entre otros Alemania, el Vaticano y la China) y quien también hace algunos años estuvo en Colombia como Cónsul General. Allí, tuve la oportunidad en compañía de Rafael Santos de hacer la presentación del libro ‘Cesó la horrible noche’, un libro bien escrito, agradable de leer, y basado en el estudio que el embajador Dezcallar realizó del conflicto colombiano y de la acción de los grupos de autodefensa y paramilitares que ahora llaman bacrim.

En estilo de novela, es un excelente libro que deberíamos leer todos los colombianos para entender que la vida que tenemos la mayoría, es muy distinta a la que viven otros compatriotas en territorios con la presencia de grupos armados al margen de la ley, la falta de acción del Estado y sintiendo la indiferencia de algunos gobernantes sobre los hechos que suceden en estas regiones, como el robo de tierras o la injerencia del narcotráfico y siempre pensando en cómo mantenerse con vida.

En su libro, el embajador Dezcallar realiza reflexiones que vale la pena que todos hagamos. Incluso nos invita a que continuemos conquistando el territorio de nuestro país. Me recordó lo que nuestro expresidente de la República, Belisario Betancur, decía durante su mandato y era que, para poder construir con equidad, armonía, desarrollo social y político nuestra Nación teníamos que trabajar por la otra Colombia. La Colombia profunda que han denominado otros mandatarios y que se caracteriza por la pobreza, la falta de presencia del Estado y la presencia de grupos ilegales donde sus habitantes no tienen sueños de su futuro y están cerca de la muerte y las dificultades todos los días. Toda esta situación que ha sido aprovechada por los grupos de narcotraficantes, tanto nacionales como extranjeros, y que el peor daño que nos han causado es la desintegración de los valores de la ética y la moral y el crecimiento de la corrupción que ha llegado a los distintos niveles de las instituciones y de nuestra sociedad son temas de análisis en este libro.

Las reflexiones del embajador Dezcallar, en medio de su novela, deben llevarnos a construir un Estado donde los valores se recuperen, la defensa de la vida se garantice y la justicia impere -derrotando la impunidad y las estrategias para demorar la justicia y dilatar las sentencias de quienes son responsables.

Invito a todos mis compatriotas a leer este magnífico libro que nos deja varias lecciones y en el cual un amigo de la madre patria nos muestra el país que tenemos y que muchas veces queremos ignorar o simplemente no conocemos. Lo más importante para un país no es esconder sus problemas y dificultades, sino ser conscientes que se requiere unidad y el liderazgo para lograr consensos que acerquen las soluciones en la construcción de un país más justo, con desarrollo en equidad y el respeto por nuestro ordenamiento jurídico.

Bogotá, 8 de mayo de 2019

*Excomisionado de Paz.

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Jairo Gómez

Por Jairo Gómez*. - Es curioso el apellido con que bautizó el presidente Duque su Plan Nacional de Desarrollo (PND): “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”.

Aquí no hubo ni lo uno ni lo otro, es decir, no hubo pacto por Colombia ni hubo pacto por la equidad. La ley que aprobaron en la Cámara de Representantes, sin debate alguno, lejos de una discusión de fondo, fue un Plan nacional de negocios, así, literalmente. Más allá del contenido del PND que nadie conoce, salvo el ministro Carrasquilla, de Hacienda y algunos parlamentarios, esa Ley se delineó para favorecer netamente los privilegios de siempre: los terratenientes, a los fondos privados de pensiones, los banqueros y los poderosos grupos económicos que ejercen una influencia política directa sobre el presidente y sus ministros.

Salvo ellos, minhacienda e, insisto, algunos parlamentarios y los poderosos de siempre, los colombianos no conocimos las verdaderas intenciones de la propuesta de Duque. El trámite fue de una opacidad insultante. El gobierno convocó a partir del 5 de febrero pasado a sesiones extras a las comisiones terceras y cuartas de Cámara y Senado para darle dizque un debate amplio y de cara al país, pero, salvo el día de su instalación, los congresistas ponentes no sesionaron en las comisiones constitucionales y se trasladaron a los cómodos salones del Ministerio de Hacienda en donde “trabajaron” a puerta cerrada, sin que los demás grupos de interés, llámense sindicatos, organizaciones sociales, campesinos, etnias o demás estructuras regionales, tuvieran acceso a la discusión y al diseño de un Plan que regula la vida económica, política y social del país para los próximos cuatro años.

La propuesta original del Gobierno, radicada por el propio presidente Duque en la Cámara, llegó al Congreso con 183 artículos y el día que fue sometida a votación en comisiones, el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda incluyeron 128 artículos nuevos que, en palabras de varios congresistas, nadie supo de qué se trataban y sin mayor alteración fueron votados en las comisiones económicas.

Fue una feria de artículos nuevos; hubo de todo como en botica. La reforma pensional que metió el Gobierno por la puerta de atrás, la habían negado y al final la revivieron de las cenizas; nos pusieron a los colombianos a pagar de nuestros impuestos la quiebra de Electricaribe, producto del pillaje y el saqueo; se legalizó el despojo de tierras que deja sin piso la Ley de Restitución de tierras; se aseguró la práctica del fracking, al tiempo que las concesiones en la minería pasaron de 30 a 60 años, solo para mencionar algunas decisiones que ya hoy son ley de la república.

Si esto no es un plan de negocios, entonces ¿qué es? Los beneficiarios tienen nombre: el gran capital, las multinacionales, el empresariado colombiano y un exclusivo círculo que llevará a sus propios bolsillos el supuesto pacto por la equidad. Nuestros empresarios o fieles representantes corporativos son unos agnósticos en materia política, solo les interesa mantener bien informados (¿O engrasados?) a los políticos cuando tienen la responsabilidad de decidir sobre el desarrollo de un país.

Por ello es razonable pensar que la idea del Gobierno sobre el PND primero la conocieron en el corazón del poder económico. Lugar en el que se diseñan los modelos de leyes fiscales y planes de desarrollo para autoabastecerse legislativamente. Eso ocurrió con este supuesto “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”.

Y para lograrlo hubo un gran director de orquesta: estuvo en el poder y trazó esquemas novedosos en las políticas de financiación para las regiones como los llamados bonos de agua, se fue al sector privado y años después el ministro Carrasquilla regresó a implementar un nuevo Plan Nacional de Desarrollo conociendo de antemano cómo funciona el Gobierno central para favorecer, sin duda, a sus clientes del pasado y, seguramente, a sus clientes del futuro.

Bogotá, D. C, 7 de mayo de 2019

*Periodista y Analista Político.

@jairotevi

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Mauricio Cabrera Galvis

Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Dos noticias económicas recientes muestran una aparente paradoja en el desempeño de la economía colombiana: de una parte se reporta que se están creando muchas más empresas; de otra, el desempleo aumentó y volvió a dos dígitos. Lo primero se atribuye a los beneficios de la reforma tributaria y el despegue de la economía naranja, mientras que por el aumento del desempleo nadie responde.

En cuanto a las nuevas empresas, Confecámaras informa que el primer trimestre de 2019 se crearon 96.914 “unidades productivas”, de las cuales 77,8% corresponden a personas naturales y el 22,2% a sociedades, y señala que esta cifra representa un crecimiento de 9,7% con respecto al año anterior. En un período de 12 meses se crearon más de 350.000 empresas. Toda una clara demostración del repunte de la economía, de la confianza de los inversionistas y de las nuevas oportunidades de negocios, según análisis del presidente del gremio.

El panorama del empleo es mucho más sombrío. Según el DANE, en un año la tasa de desempleo pasó de 9,4% a 10,8%. Detrás de estos porcentajes hay una verdadera tragedia social: durante el año 435.000 personas entraron a la fuerza laboral, es decir salieron a buscar trabajo, pero solo 52.000 consiguieron empleo, es decir que el número de desempleados aumentó en 383.000. Es como si toda la población de una ciudad del tamaño de Manizales hubiera quedado desempleada.

El aumento de la informalidad y la destrucción de trabajo decente hacen que la situación sea todavía peor por: de los 22.1 millones de personas que están ocupadas en el país, 9.46 millones (el 43%) están Subempleadas, es decir que no tienen un empleo suficiente o digno, mientras que hace un año solo eran 8.54 millones. Esto significa que durante el año 920.000 personas tuvieron que aceptar empleos de menores ingresos o menor calidad, lo cual lógicamente deterioró sus condiciones de vida.

En las 13 principales ciudades del país el deterioro del mercado laboral es mayor: la tasa de desempleo llegó a 12%. y a pesar de que solo 112.000 personas salieron a buscar empleo la cantidad de ocupados disminuyó en 73.000 y los Subempleados aumentaron 576.000.

¿Cómo entender que en un año se creen 350.000 empresas nuevas pero al mismo tiempo aumente el desempleo y el subempleo y solo se generen 52.000 puestos de trabajo? Parece una paradoja pero hay dos explicaciones claras. La primera es que el informe de Confecámaras sobre el primer trimestre no menciona el número de empresas que desaparecieron, pero la misma entidad en otro estudio más detallado (https://bit.ly/2zSWIYj) muestra que por cada 10 empresas que se crean en Colombia, desaparecen unas 9.

La otra razón es que la mayoría de las “empresas” nuevas son sociedades que se crean con fines contables o tributarios y no generan empleo ni son innovadoras.

Registrar empresas de papel no es lo mismo que generar empleo.

Cali, 5 de mayo de 2019

*Folósofo, Economista y Consultor

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Amylkar D Acosta M

Por Amylkar D. Acosta M*.- Según Informe de IQAir Air Visual, entre “las principales fuentes de emisiones que contribuyen a la contaminación en todos los países” se cuenta “la quema de la biomasa para la calefacción y cocción doméstica y comercial”. Y es bien sabido que en Colombia más de 982 mil de hogares usan leña o carbón vegetal para la cocción de sus alimentos, con una eficiencia energética deplorable que va entre el 5% y el 15%, desperdiciando este recurso.

En este orden de ideas, preocupa que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del actual gobierno no contemple medidas contundentes tendientes a sustituir el consumo de leña y carbón vegetal por gas natural o gas licuado de petróleo (GLP), como una de las estrategias para reducir la deforestación, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y, de paso, reducir también las enfermedades atribuibles a la contaminación del aire al interior de las viviendas, el que inhalan especialmente  las amas de casa y los párvulos, afectando gravemente su salud.

Pese a ello, como lo advierte el ex vicepresidente de ECOPETROL y experto en el tema Luis Augusto Yepes, “el Plan Nacional de Desarrollo plantea como meta para la sustitución de leña un total de 100.000 familias en el cuatrienio, lo que quiere decir que se necesitarán aproximadamente unos 40 años para dotar a estas familias de un energético digno para atender sus necesidades de cocción de alimentos”. Y concluye, con toda razón, diciendo que “si el tema central del Plan de Desarrollo es el Pacto por la Equidad, difícilmente se entiende que las familias más pobres que viven en la periferia de las ciudades y en las zonas rurales, lejos de todos y de todo, no se les de un tratamiento especial en el Plan mediante el diseño de metas de cubrimiento más agresivas que permitan acelerar la transición de la leña a, por ejemplo, GLP, que es el combustible más apropiado para este tipo de sustitución”.

En el pasado gobierno se dio un paso importante en la dirección correcta, al demarcarse las 40.1 millones de hectáreas del territorio como frontera agrícola, de las 111.5 millones de hectáreas de la superficie continental, poniéndole limite “que separa las áreas para la actividad agropecuaria de aquellas para la conservación o protección de la biodiversidad”. Este paso se dio en cumplimiento del Acuerdo Final firmado con las FARC y en ello jugó un papel de la mayor importancia la Unidad de Planificación Rural y Agropecuaria (UPRA). Está contemplado, también, en la Ley 1776 de 2016 de las Zonas de Interés de Desarrollo, Económico y Social (ZIDRES). Se creó también la Comisión Intersectorial para el Control de la deforestación y la Gestión Integral para la Protección de Bosques Naturales (CICOD). Ello era necesario pero no suficiente, resta darle operatividad y eficacia para que todo no se quede escrito en el papel, que lo soporta todo.

Al analizar el proyecto de PND presentado por el gobierno para su trámite en el Congreso de la República destacamos el hecho de que en el mismo se categoriza “la biodiversidad y la riqueza natural como activo estratégico de la Nación”, lo cual va en línea con el compromiso del país con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), de reducir en un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) hacia el 2030 y el Informe final de la Misión de Crecimiento verde, que lideró el ex director del DNP Hernando José Gómez. Por ello nos parece inconsecuente e incoherente plantear, como lo hizo la Viceministra de Ambiente María Claudia García, que la meta de este gobierno se limite a “detener el crecimiento de la deforestación en el 2022” y a asumir resignadamente que “la deforestación se empezará a estabilizar hasta el año 2030”. Mientras tanto, que nos coma el tigre.

Interrogada sobre si “la meta es mantener la cifra actual, mejor dicho, que cada año se siga deforestando máximo 220.000 hectáreas de bosque, como ocurre hoy en día”, su respuesta fue tajante: “sí, así es. Eso significa detener la deforestaciónEsa cifra sí o sí va a seguir aumentando”. Eso significa que la ambición del gobierno, ratificada en la página 1.200 de las Bases del PND, se limita a “detener el crecimiento exponencial”. Qué resignación, por Dios, conformarse con que se siga deforestando hasta el 2030 un área de bosques equivalente al 65% del área del territorio del Departamento del Atlántico y un 120% de la del Departamento del Quindío (¡!). 

Bogotá, D. C, mayo 5 de 2019

*Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía

www.amylkaracosta.net

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