Opinión
El Presidente electo debería liberarse del juramento de obediencia y acatamiento a USA renunciando a esa ciudadanía, pudiendo actuar “LIBREMENTE” y sin ningún impedimento.
Por Carlos Ibáñez Muñoz*. - De todos es conocida la injerencia del gobierno de usa en la campaña que eligió a Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia. Ahora la inquietud es determinar si esa influencia incidirá en la gobernanza y si el presidente electo tiene la autonomía y capacidad para gobernar alejado de la intromisión de usa.
Esa inquietud ronda en la cabeza de millones de colombianos ya que además de la nacionalidad colombiana el Presidente electo es ciudadano norteamericano.
Sus primeros anuncios, la intromisión de Marcos Rubio Secretario de Estado Norteamericano en la campaña presidencial, la orden de deportación, con firma y todo, contra un influencer antagonista del gobierno electo quien tramitaba asilo, su reunión con el vice presidente electo José Manuel Restrepo, las manifestaciones y amenazas verbales del Presidente electo de enviar al departamento de Estado documentos que comprometen al gobierno que entrega, dejan un rastro de que el país será manejado bajo la órbita e influencia política de USA.
Antecedente importante fue la alabanza de Trump al presidente electo cuando fue elegido al expresar que era : “INTELIGENTE, FUERTE Y DECIDIDO” .
Abelardo de la Espriella como presidente electo de Colombia se ha expresado en retribución al elogio de usa con un tono de alineación y cooperación.
Los temas centrales en que intervendrá USA fueron SEGURIDAD, EMIGRACIÓN Y ECONOMÍA.
De destacar esos tres temas fundamentales para los dos países, pero ¿será que el gobierno entrante tendrá la autonomía suficiente para gestionar esos aspectos trascendentales del gobierno de la Nación, o el poder económico, militar y la política de intimidación y presión del país del norte se impone como suele suceder con muchos países en el mundo?
No desconozcamos así mismo que en términos de geopolítica a los EEUU les interesa tener control sobre Latinoamérica y Colombia está en una esquina estratégica, así mismo desean aniquilar el progresismo o la izquierda, y neutralizar la influencia de China y Rusia en la América hispana. De por sí, los países limítrofes con Colombia con excepción de Brasil, están cooperando con EEUU y hacen parte de su línea política.
Con un hipotético ejemplo saquemos la deducción: El gobierno de USA solicita al presidente de Colombia quien además es ciudadano norteamericano, que es importante instalar una base militar de USA en la península de la guajira frente al tema de seguridad y persecución del narcotráfico.
¿Cuál sería la respuesta del Presidente de Colombia? ¿Se declararía impedido o sería recusado por la oposición ya que al tener doble nacionalidad como ciudadano norteamericano juró obediencia y fidelidad al Estado Norte Americano al entregársele su ciudadanía?
¿Si no le obedece a su país de naturalización que implicaciones legales tendría con ellos? ¿Si el presidente electo acata la imposición del gobierno de USA estaría cometiendo el delito de Traición a la Patria?
En fin, el Presidente electo debería liberarse del juramento de obediencia y acatamiento a USA renunciando a esa ciudadanía, pudiendo actuar “LIBREMENTE” y sin ningún impedimento.
Escribiendo este artículo me entero de las desavenencias de la derecha por la conformación de los cuadros de dirección del Congreso de la República entre aliados, el Centro Democrático y el movimiento Firmes Por la Patria que eligieron al presidente De la Espriella.
Confrontación de balcón imperdibles que vaticina un gobierno tormentoso.
Bucaramanga, julio 21 de 2026
*Abogado. Exalcalde de Bucaramanga.
Así ocurrió el fin de semana con los colombianos que cayeron en poder del presidente Petro, cuyos últimos días le quedan enanos para confiscar las libertades de una nación.
Por: Gabriel Ortíz*. - Cuatro disparatados e irregulares años, sometidos a sustancias, climas y cercanías, conducen a graves pérdidas de memoria, a juicios y actuaciones anómalas, que desvían a los seres humanos. Muchos tratan de eludir los destrozos cerebrales con medicamentos y terapias profesionales, que quienes las burlan, profundizan la enfermedad.
Un caso crítico hemos venido soportando los colombianos durante esta cuarta parte del siglo XXI, cuando un ejemplar muy conocido, se involucró en esta sociedad, vendiéndose como salvador y único líder con certeras capacidades para eliminar los traumas de una nación.
Pero existen tiempos durante los cuales el engaño y la falacia se apoderan de la imaginación de estos seres, a los que rapan su voluntad, ad libintum y libertades.
Así ocurrió el fin de semana con los colombianos que cayeron en poder del presidente Petro, cuyos últimos días le quedan enanos para confiscar las libertades de una nación. Tenía que reportarse ante el Congreso, como la ley lo dispone, para inaugurar la legislatura y relatar su obra de gobierno, si la hubiere.
Esa tarde gris inició una perorata de más de dos horas, durante las cuales se inventó acciones que nunca realizó y que nadie conocía, pero que tal vez, reposan en el interior de ese emblema de la última letra del alfabeto Arameo, que cuelga de su mano derecha.
Su narrativa impresionó a los presentes y los televidentes con sus ejecuciones desde la Casa de Nariño. Ha acabado con la pobreza, ya nadie roba o asalta, incautó la totalidad de los cultivos de coca, hizo brillar la economía que hoy está en ruinas, ya no hay hambre, solo deja hoy a unos cuantos ricos, porque los demás colombianos pertenecen a una clase media muy pudiente. Calificó de servicio eficiente y muy profesional a la salud, que dejó de existir en Colombia, como se advierte en las interminables colas para alcanzar un médico o unos medicamentos. Mostró sí un barco que el Estado negoció con la esposa del ministro Jaramillo por una millonada, para atender zonas marítimas o fluviales.
Nada se diga de la fracasada paz total, ni de los 27 mil guerrilleros que asesinan y desplazan a los campesinos y habitantes de 850 municipios, expertos también en los votos fusil de las pasadas elecciones. Ni una palabra del “congelamiento” y destitución de calificados miembros del Ejército.
Como todas las mentiras que surgen cuando nada hay que mostrar, sacó de la manga la cruz del Arameo, un falso o desconocido “desarrollo empresarial de altísima tecnología, que nos coloca hoy en el primer mundo” con la fabricación, producción y exportación de carros eléctricos. No supo la ubicación de la fábrica, ni clase de vehículos. Pura imaginación. Le falló la memoria.
Así transcurrieron tres horas de mentiras en cadena, apoyadas con descompuestas imágenes y cuadros de televisión para sorprender y engañar a un congreso que esperaba conocer algo del mandatario que por fin deja el gobierno para fortuna de Colombia.
Petro olvidó la cortesía, porque abandonó furtivamente la reunión de inauguración del Congreso, sin siquiera despedirse, ni escuchar, como lo ordena la ley, a los senadores Julio Cesar Triana y Andrés Forero, quienes replicaron los engaños y falacias de Petro. Ellos sí dejaron en claro la farsa “petruna”, que infortunadamente desapareció de las pantallas de televisión.
BLANCO: Siguen las celebraciones en Colombia: solo faltan 13 días para que la hecatombe termine. Pero, pero: ya anuncian protestas y desmanes de ciertos enmascarados.
NEGRO: Petro no se va sin su acostumbrado acoso y agresiones contra la prensa durante el desfile del 20 de julio. Su integración estuvo en riesgo. El CPB, elevó su protesta por este hecho violento contra los medios.
Bogotá, D. C, julio 22 de 2026.
*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.
La moderación es una característica esencial de la vida democrática, y las buenas maneras son una principalísima expresión de esa virtud.
Por Fernando Cepeda Ulloa*. - Quizás el acto solemne más rutinario en nuestra vida política es el de la transmisión del mando, cuando un nuevo presidente accede al ejercicio del poder. Existen ritos mayores y menores a este respecto en diferentes partes del mundo. Entre nosotros ha sido un proceso tranquilo, sencillo, y hasta se podría decir que elegante. Y se entiende que no siempre el nuevo presidente goza de la admiración y el aprecio del saliente.
Pero parte de esos ritos buscan superar ese tipo de situaciones y mostrarle a la ciudadanía que, el más alto nivel, aún de antipatía por decir lo menos, no implica una entrega del poder a un adversario rodeada de malas maneras. Se busca exactamente lo contrario, dar un ejemplo a la ciudadanía de elegancia, de buen trato, civilidad, de respeto a la Majestad de la presidencia, en este caso encarnada en el presidente saliente y en el presidente entrante. Una lección importantísima que contribuye a civilizar las costumbres, a fortalecer la convivencia y a exaltar las buenas maneras y el buen trato y esto al más alto nivel y aún en las circunstancias más difíciles.
Es por ello muy deplorable que no esté ocurriendo así en Colombia en este momento. No recuerdo otra situación similar. Que no haya un gesto de simpatía entre el presidente que termina su periodo y el que lo va a iniciar es una pésima lección qué desborda hasta los principios más elementales de la urbanidad de Carreño ("compendio ilustrado del manual de urbanidad y buenas maneras de Manuel Antonio Carreño, editado en PARIS en 1895 y ahora en Colombia por Cuéllar editores")
Es que la vida política está plagada de ese tipo de situaciones, siendo, por supuesto, la de la transmisión del poder presidencial, una muy notoria. Pero en la vida de los partidos políticos, en el funcionamiento del Congreso, de las asambleas y los concejos y en las transferencias de poder que ocurren con el cambio de ministros y de gerentes, de gobernadores y alcaldes, es una circunstancia que siempre da lugar, en el peor de los casos, a gestos mínimos de cordialidad.
Que no exista, no hablemos de un empalme entre el presidente en ejercicio y su reemplazo, sino simplemente la entrega de unas oficinas y de una residencia, un intercambio precario entre dos personalidades, ofrece una pésima lección de descortesía y me atrevería decir que de ausencia de convivencia a los ciudadanos de una República.
Nada se pierde con un gesto de esta naturaleza, y si mucho daño se hace al omitir el más fugaz de los ritos, en una transmisión del más alto poder en una democracia. Es que ese mínimo gesto le dice mucho a cada ciudadano que en muy diversas circunstancias se ve colocado en situaciones similares, así sean de poca monta y no de tanta significación como la de la presidencia de la República.
Son muy diversas las prácticas en los diferentes países. En algunos se realiza por ejemplo un almuerzo familiar. Y, en otros, las señoras hacen un recorrido de la residencia para así llamar la atención sobre sus ventajas y sus problemas. Y cuando situaciones de este estilo no ocurren, lo mínimo es el saludo en la puerta del palacio presidencial o de la residencia de los primeros ministros. Nadie pide ni exige que se abracen o que haya una extensa conversación o que haya una presentación de la señora y de la familia, pero el saludo que no se le niega a nadie, a no ser a un enemigo feroz.
Se transmite un sentimiento de respeto y de buenas maneras, y además es una expresión que alimenta el civismo en toda la ciudadanía.
No hay indicios de que algo parecido, así sea muy precario, vaya a ocurrir en la próxima transmisión del mando. Deplorable. En un país donde es tan grande la desconfianza en las relaciones humanas ayuda mucho ver que dos contradictores, en el más alto nivel, no son ajenos a los gestos más elementales de la convivencia ciudadana.
Muy estimulante en una sociedad donde el desacuerdo puede llevar a la intolerancia, la intolerancia a la violencia y ésta a una inseguridad que, en ocasiones, ha hecho invivible la República. No es para tanto... No es tan imposible realizar un gesto de esa naturaleza, y si son muy positivos los impactos de actitudes semejantes. Hace mucha falta entre nosotros.
Lo cortés no quita lo valiente. La moderación es una característica esencial de la vida democrática, y las buenas maneras son una principalísima expresión de esa virtud.
Bogotá, D. C, julio 21 de 2026
*Analista Político, Catedrático. Exministro de Estado
El caso más crítico es el de la región Caribe, en la que desde 2023 se viene presentando un agotamiento de las redes de transmisión que transportan la energía desde el interior del país.
Por: Amylkar Acosta M*. - El riesgo de un racionamiento simultáneo de energía eléctrica y de gas natural en Colombia es real, no es alarmismo y quienes lo hemos venido advirtiendo no somos catastrofistas, como se nos ha endilgado por parte de los escépticos, especialmente desde el Gobierno Nacional. Su materialización dependerá de las condiciones hidrológicas, de la disponibilidad de combustibles para la generación térmica y de la rapidez con que se adopten medidas de contingencia.
El cuadro actual es patético: la demanda de energía crece a un ritmo endiablado del 5.75%, alcanzando una demanda máxima histórica de 261.86 GWHD y con tendencia a seguir creciendo debido al aumento del consumo atribuido a las altas temperaturas y a la creciente movilidad eléctrica, al punto que la demanda supera en este momento en 1971 GWH/año la Oferta de energía firme. Es más, según XM, que es la empresa que opera el Sistema interconectado nacional (SIN) y administra el mercado mayorista, actualmente en horas pico, que es cuando la demanda de energía es mayor, la capacidad instalada sólo está en capacidad de cubrir hasta el 90% de la demanda, es decir, se presenta un descalce del 10%.
El caso más crítico es el de la región Caribe, en la que desde 2023 se viene presentando un agotamiento de las redes de transmisión que transportan la energía desde el interior del país y en consecuencia se registra lo que se denomina demanda no atendida, que es un término eufemístico, pero que en la práctica es un racionamiento en la prestación del servicio.
De hecho, en un Comunicado reciente de XM se informó que 5.69 GWH “podrán no ser atendidos debido a la saturación del STR y debilidad es en la configuración de la red, que hoy dificultan una operación segura”. A ello se viene a añadir la crisis que afronta el SIN por cuenta de la abultada deuda que tiene contraída la empresa Air-e, que le presta el servicio de energía a los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.
En efecto, de los $4 billones que adeuda $1.5 billones corresponde a la energía que le despachan las térmicas, poniendo a estas en calzas prietas, afectando su flujo de caja para la compra del gas que requieren para operar, amenazando con un efecto dominó que puede llegar a comprometer la prestación del servicio. Es de advertir que el caso Air-e es sólo la punta del iceberg, porque el riesgo de un apagón financiero, que es como lo han denominado la Contraloría General y la Procuraduría, está en ciernes hace rato.
En cuanto al gas natural, la situación es igualmente delicada: la producción nacional ha venido disminuyendo debido al agotamiento natural de campos maduros y la declinación de los mismos. El porcentaje de gas importado desde diciembre de 2024 a esta fecha se ha incrementado desde el 20% al 33% (¡!) y se estima que para el año entrante este porcentaje se elevará hasta el 40%, por lo menos. Huelga decir que la mayor utilización de plantas térmicas durante el Niño incrementa significativamente la demanda de gas para generación eléctrica, compitiendo con la demanda residencial e industrial. Estamos, entonces, ante un estrés energético dual sin precedente y ante el riesgo inminente de un racionamiento en simultánea de energía y gas natural.
Bogotá, D. C, julio 22 de 2026
*Economista. Expresidente del Congreso y Exminisrtro de Minas y Energía.
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La posesión presidencial no es un acto de espectáculo ni un juego mediático.
Por José G. Hernández*. - Ante algunas propuestas que sugieren una posible posesión del presidente de la República electo ante un batallón militar y no ante el Congreso, caben algunas reflexiones, desde el punto de vista constitucional.
Digamos en primer lugar que, en nuestra democracia, el poder no está concentrado en cabeza del presidente, quien está sometido, como todas las ramas y órganos del poder público, a la Constitución y a las leyes.
Recordemos también que, en el sistema político que nos rige existe lo que se ha conocido como la separación de poderes, que en realidad significa equilibrio entre quienes ejercen el poder público. Como escribió Montesquieu, es necesario que el poder detenga al poder. Según el artículo 113 de la Constitución, son ramas del poder público, la legislativa, la ejecutiva, y la judicial. La legislativa es el Congreso -compuesto por el Senado de la República y la Cámara de Representantes-, cuyos integrantes son elegidos por el pueblo.
El Congreso tiene, entre sus funciones más importantes, el control político sobre el presidente de la República, al cual puede juzgar en los casos y por las razones que la Carta Política contempla. La Cámara lo puede investigar y acusar ante el Senado y el Senado lo puede condenar políticamente y lo puede destituir. La Corte Suprema de Justicia lo puede juzgar desde el punto de vista penal y lo puede condenar.
De modo que es apenas natural que sea ante el Congreso, que lo controla, el órgano ante el cual debe tomar posesión de su cargo y prestar solemne juramento.
Dice el artículo 192 de la Constitución: “El presidente de la República tomará posesión de su destino ante el Congreso, y prestará juramento en estos términos: "Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia". Si por cualquier motivo el presidente de la República no pudiere tomar posesión ante el Congreso, lo hará ante la Corte Suprema de Justicia o, en defecto de ésta, ante dos testigos”.
Desde luego, no se trata de que el presidente escoja o seleccione -según su gusto- ante quién debe tomar posesión. La Constitución le ordena hacerlo ante el Congreso. La posible posesión ante la Corte Suprema de Justicia tiene lugar únicamente cuando se presenten circunstancias o situaciones extraordinarias que impidan la posesión ante el Congreso. Si, también por causas extraordinarias, no puede posesionarse ante la Corte Suprema de Justicia, el presidente puede tomar posesión ante dos testigos. Tiene que haber un motivo, como dice la norma superior. No es válido que, en tiempo de normalidad, pase por encima de las reglas y prefiera, según su parecer, posesionarse ante dos testigos o ante órganos diferentes. Si el Congreso está dispuesto a darle posesión y se reúne para ello, debe posesionarse ante el Congreso.
La posesión presidencial no es un acto de espectáculo ni un juego mediático. Implica un compromiso serio y solemne, nada menos que por parte de quien habrá de ejercer, a lo largo de cuatro años, como jefe de Estado, jefe de Gobierno y suprema autoridad administrativa. Ha de jurar, ante Dios y ante el pueblo, frente al Congreso de la República, cumplir la Constitución y leyes de Colombia.
Bogotá, D. C, julio 20 de 2026
*Expresidente de la Corte Constitucional.
Los problemas que hoy enfrenta el país no obedecen a un agotamiento de la Constitución, sino a las dificultades para cumplirla y hacerla efectiva.
Por: Amylkar Acosta*. - Fueron múltiples los intentos del actual gobierno de promover la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, so pretexto de superar el supuesto “bloqueo institucional”, atribuido al Congreso de la República y a las altas cortes por el hecho de ser deliberantes y ejercer a plenitud sus funciones y competencias. Bien dijo el constitucionalista Mauricio Gaona, cuando en respuesta al alegato del Gobierno afirmó que “eso que llaman bloqueo institucional es el ejercicio de la oposición y de la separación de poderes”, esto es al sistema de frenos y contrapesos, evitando la concentración de poder en el ejecutivo.
La convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente ha sido y sigue siendo la bandera del Partido de gobierno El pacto histórico y desde luego de su candidato a la Presidencia Iván Cepeda, así este, tácticamente la condicionara al Acuerdo Nacional que le sirve de señuelo para atraer a otros sectores del centro de la política, como ya lo hizo el Presidente Gustavo Petro hace cuatro años cuando pasó a la segunda vuelta gracias a este as que sacó de la manga, para después ponerles conejo.
El fantasma de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente persiste, como nos lo recordó el 1º de mayo el candidato Cepeda cuando afirmó en la Plaza de Bolívar que “ha llegado el tiempo de ser poder constituyente…ha llegado el tiempo de ser poder constituyente”. A última hora, después del revés de la candidatura de Cepeda en primera vuelta añagaza con desistir de su cometido de convocarla, más que como estrategia como estratagema electoral para embaucar incautos y atraer al esquivo centro político para la segunda vuelta. Lo dijo el Presidente Petro, dicha convocatoria se “suspende”, no se descarta.
La convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia resulta a todas luces inconveniente en las actuales circunstancias políticas, económicas e institucionales del país. La Constitución de 1991, fruto de un amplio consenso nacional, dotó a Colombia de un robusto Estado Social de Derecho, fortaleció la descentralización, amplió los derechos fundamentales y creó mecanismos de participación ciudadana que aún conservan plena vigencia.
Los problemas que hoy enfrenta el país no obedecen a un agotamiento de la Constitución, sino a las dificultades para cumplirla y hacerla efectiva. La inseguridad, la crisis fiscal, la pobreza, la informalidad laboral, la corrupción y la debilidad institucional no se solucionan cambiando las reglas de juego, sino garantizando su aplicación y fortaleciendo las instituciones existentes. No podemos caer en lo que el ex fiscal y ex ministro Alfonso Gómez Méndez no duda en catalogar como fetichismo constitucional, un espejismo que lleva a crear la ilusión de que los problemas del país pueden resolverse mágicamente mediante cambios de la Constitución o de Constitución, como ahora se pretende.
Además, existe el riesgo de que una Asamblea Constituyente desborde sus competencias iniciales, como ya sucedió en el pasado. Ello puede terminar concentrando excesivo poder en el Ejecutivo, alterando el equilibrio entre los poderes públicos y debilitando los controles democráticos. La Constitución de 1991 estableció precisamente un sistema de pesos y contrapesos justamente para evitar la concentración del poder y preservar las libertades ciudadanas. De prosperar la convocatoria de la Asamblea Constituyente, ello puede dar pábulo para pasar del régimen presidencialista actual a otro de absolutismo presidencial.
Bogotá, D. C, 15 de junio 2026
*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.
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La paz de Colombia, y su democracia, pasan necesariamente por la recuperación integral del campo.
Por: José Félix Lafaurie Rivera*. - Es mi pregunta de cada cuatro años desde hace más de veinte, junto con una convicción convertida en frase –“La paz de Colombia pasa necesariamente por la recuperación del campo”–, quizás buscando convencer a candidatos y votantes de algo que, para mí, es obvio.
Para mí es obvio que la paz del silencio de los fusiles, la que se negocia o se impone, es apenas una condición para apagar el incendio de la violencia. De ahí que resulte obvio garantizar la seguridad rural como derecho fundamental y política de Estado, pues la paz verdadera, la del bienestar, no será posible en un campo infestado de ilegalidad y violencia, en vez de ser la locomotora del desarrollo muchas veces prometida y nunca cumplida.
Para mí es obvio que la causa de la pobreza rural, del narcotráfico y la violencia no es la tierra, como pretenden las narrativas de la izquierda para captar votos, alebrestar el odio entre colombianos y justificar la expropiación. La causa es el abandono estatal de la Colombia rural…, la Colombia de segunda.
Sin desconocer el derecho del campesino a la tierra, es obvio que una parcela no saca a nadie de la pobreza, sin los factores que la hacen rentable, además de su condición agrológica: vías, riego, crédito, asociatividad competitiva y proyectos productivos con asistencia técnica, que siempre han faltado, incluso en el convenio para compra de tierras ganaderas firmado entre el Gobierno y FEDEGÁN, al cual no le faltó presupuesto, pero si voluntad política, mientras se insistía en la expropiación administrativa sin recursos de defensa para los propietarios.
Por ello no entiendo las declaraciones de Iván Cepeda contra la ganadería extensiva, “ganadería verde” en pastoreo y hoy en franca transformación hacia la sostenibilidad ambiental, que hizo parte de los proyectos productivos elegibles en el Acuerdo que él mismo propició. Otra cosa es la ganadería en grandes extensiones y baja carga animal, improductiva sí, mas no siempre por negligencia ganadera, sino por la pobreza de los suelos, al punto que el gobierno mismo no quiso comprar tierras en buena parte de la Orinoquía de suelos ácidos; una región que podría ser despensa alimentaria, pero con un gigantesco programa estatal de adecuación de tierras, también muchas veces prometido y nunca cumplido.
Son muchas las necesidades del campo para seguir en el debate estéril de la tierra. De ahí que las candidaturas deben pasar de las promesas y los lugares comunes a las propuestas concretas, factibles y realistas frente a un abandono centenario; propuestas que abran caminos y demuestren que “sí se puede”; con recursos que no se desvíen y voluntad política que se anuncia en campaña y desaparece en el gobierno.
Para mí es obvio que la recuperación del campo empieza por una red vial terciaria digna, no para pobres, como todo lo rural, no de retazos de placa-huella y barrizales donde se entierran los vehículos… y la esperanza. No se trata de prometer kilómetros, sino de generar condiciones, de articular recursos nacionales, departamentales y locales; de contratar con eficiencia y vigilancia efectiva contra la corrupción.
Ante tantas y tan profundas carencias, también en educación, salud, vivienda, servicios básicos y mil cosas más, la urgencia en las soluciones es para mí una obviedad, aunque no parece serlo para algunos candidatos, a juzgar por el poco peso específico del campo en sus propuestas.
Por ello, mi voto será por la seguridad como bien público y condición de futuro, y guiado por mi convicción de que la paz de Colombia, y su democracia, pasan necesariamente por la recuperación integral del campo. Mi voto será por Abelardo de la Espriella.
Bogotá, D. C, 14 de junio 2026
*Presidente de FEDEGAN
@jflafaurie
En una clara injerencia en las elecciones, Estados Unidos demuestra que la nueva versión de la Doctrina Monroe encarna una guerra anticomunista en América Latina
Por Hubert Ariza*. - Como si fuera una profecía que se cumple en América Latina, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha sacado tiempo de su apretada agenda en la guerra con Irán, para meterle la mano al proceso democrático en Colombia y tratar de imponer a Abelardo de la Espriella, el candidato de la extrema derecha, como el próximo presidente, blanqueando su historial de abogado de los más peligrosos delincuentes relacionados con la corrupción, el narcotráfico y el paramilitarismo.
En una clara injerencia en las elecciones, Estados Unidos está demostrando que la Estrategia de Seguridad Nacional se redactó para cumplirse, y que el Donroismo, la nueva versión de la Doctrina Monroe, encarna una guerra anticomunista en América Latina y la intervención de la superpotencia en los asuntos internos de su patio trasero. Venezuela, Cuba, Brasil, Colombia y México forman parte de las naciones donde Trump y su jefe del Departamento de Estado, Marco Rubio, libran una batalla a fondo para diseñar un modelo de democracia y economía, Made in USA, en el que no importa el pasado de los gobernantes, sino su compromiso con la agenda trumpista.
Una nueva demostración de esa injerencia estadounidense se dio mientras el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, asumía como presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en Nueva York, uno de los máximos honores de la diplomacia colombiana en décadas. Trump, en respuesta a la denuncia de Petro, de la mencionada injerencia, ratificó, en un nuevo mensaje en sus redes sociales, su apoyo a De la Espriella.
Antes, tras la primera vuelta presidencial, del pasado 31 de mayo, Trump había expresado su apoyo irrestricto al Tigre y su desprecio por Cepeda. Desde el día en que se presentó en sociedad la nueva Estrategia de Seguridad Nacional, quedó sellada la suerte de las aspiraciones presidenciales del eventual sucesor de izquierda del presidente Petro. Por ello, que Cepeda haya conseguido cerca de diez millones de votos en la primera vuelta ratifica el rechazo de casi la mitad de los colombianos a las políticas de Trump para el continente.
Estados Unidos quiere fuera de la región a Rusia y China. Por tanto, ningún mandatario cercano a esas potencias será bienvenido. Y De la Espriella se ha esforzado en demostrar que su juramento a la bandera de Estados Unidos, país del que es ciudadano, no será en vano. Por ello, cuando el candidato grita con furia “Firmes con la patria”, la pregunta que se hacen desde la izquierda y el centro político es ¿cuál patria?
Hay que recordar que el candidato en mención es ciudadano norteamericano e italiano. Será la primera vez en Colombia que un aspirante al primer cargo de la nación exhibe abiertamente tres pasaportes, se enorgullece de su ciudadanía norteamericana, muestra la foto del día del otorgamiento de su nacionalidad norteamericana, y declara en los medios que es militante del Partido Republicano, al que financia, y cuya lealtad con esa superpotencia no está en duda.
E investido de esa nacionalidad amenaza con llevar a las cortes de Estados Unidos a sus rivales políticos, a quienes señala de comprar votos para Iván Cepeda. Pero desde la campaña de Cepeda le recuerdan que hay ríos de dinero comprando votos para el Tigre, y que con él está la poderosa familia Char, de Barranquilla, uno de cuyos líderes, Arturo, está acusado por la Corte Suprema de Justicia por compra de votos.
La ciudadanía norteamericana de De la Espriella se ha convertido en el tema central de la campaña en la antesala de la segunda vuelta presidencial. El primero en revelar esa situación fue el destacado periodista Gonzalo Guillen, y luego le han seguido una serie de líderes de opinión, exmagistrados y juristas, que han subrayado la eventual inhabilidad en podría estar el candidato. La última noticia, al respecto, fue la demanda del exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, Luis Guillermo Pérez, quien pidió anular, por esa situación, la inscripción de la mencionada candidatura.
La campaña que está a punto de culminar ha sido la más atípica en décadas, en medio de la aguda polarización, el delirio populista de De la Espriella, el sudor de la camiseta de La Selección Colombiana de Fútbol como insignia de la extrema derecha, la ausencia de debates televisivos, el uso desmedido de la Inteligencia Artificial como un arma política para desacreditar al adversario, y un lenguaje de guerra verbal sin precedentes en la política, que opaca cualquier horizonte de reconciliación.
En la recta final de la campaña, las noticias electorales que se registran suceden en los tribunales y no en las plazas públicas. Iván Cepeda denunció ante la Corte Penal Internacional, CPI, y la Fiscalía a su adversario, a quien acusó por delitos de lesa humanidad relacionados con el paramilitarismo.
Cepeda señaló, en rueda de prensa, que las fuentes de sus graves denuncias están en las declaraciones, investigaciones y demás documentos existentes en las comisiones de la verdad, órganos de justicia, y el Centro Nacional de Memoria Histórica.
Con estas graves denuncias, a 10 días de la segunda vuelta, Cepeda pareciera tratar de movilizar el voto consciente de los indecisos y de quienes han apoyado los diferentes procesos de paz. Y recuerda, por lo demás, una denuncia similar presentada en 2002 por el entonces candidato Horacio Serpa Uribe contra su rival Álvaro Uribe, a quien acusó de ser el candidato del paramilitarismo.
El Fiscal General de la Nación de la época, Luis Camilo Osorio, aparte de tomarse un café con el candidato liberal, no tuvo interés en ahondar en las investigaciones y el caso fue archivado. Luego se acusó a ese fiscal de estar al servicio de los paramilitares. Y la historia se encargó de comprobar la enorme incidencia de los paramilitares, que pusieron cerca de dos millones de votos, a favor de Uribe y eligieron al 35% del Congreso de la época. Muchos de esos congresistas terminaron en la cárcel.
¿Qué efectos tendrá esa denuncia en la definición del voto a favor de Abelardo? Nadie lo sabe. Lo que sí parece seguro es que esa demanda, en caso de ganar De la Espriella no terminará en nada. En un régimen presidencialista como el de Colombia, ningún fiscal ha tumbado un presidente.
A nueve días de las elecciones presidenciales, la injerencia del presidente Trump, el presidente de Ecuador, y la extrema derecha internacional, cobijada bajo el Escudo de las Américas, dejó de ser un bulo político. De la Espriella ruge con fuerza en las encuestas, mientras Cepeda contiene la avalancha de propaganda negra y la injerencia de Trump en el proceso. Con casi diez millones de votos en la primera vuelta necesita tres millones para ganar. Una tarea titánica que muchos ven imposible. Los resultados en Perú, parecieran abrir una puerta de esperanza de que en Colombia la remontada también sea posible.
Mientras tanto, De la Espriella y su vicepresidente dan espectáculo de ciencia ficción: luego de que el candidato mete la pata, el vicepresidente interviene para minorizar los daños colaterales, negando o matizando lo que dice su jefe. En medio de un mar de contradicciones de la extrema derecha, que respira un intenso triunfalismo y la injerencia de Trump, las elecciones mantienen a los colombianos sumidos en la más profunda polarización y crispación. Como en los años del proceso 8000, la política rompe amistades y destroza familias. El odio se respira donde el debate electoral llega.
Por ello, sin importar quién sea el ganador, el país quedará profundamente dividido, no habrá espacio para la unidad nacional, el Congreso de la República será el muro de contención del perdedor, y será la calle el escenario donde la política tendrá un nuevo sentido para la izquierda. Si ganara De La Espriella, nacería con fuerza Petro como Jefe de la Oposición y el antiimperialismo. Si ocurriera lo contrario, Estados Unidos le declararía la guerra política a Cepeda y Colombia vería con mayor ímpetu el rugir del imperio.
Bogotá, D. C, 15 de junio 2026
*Periodista, internacionalista y analista político.
Tomado de El País.
El presidente de Colombia debe obediencia a la Constitución colombiana, a sus leyes y al mandato soberano de su pueblo. No admite doble comando.
Por: Clara López Obregón*. - En América Latina conocemos demasiado bien la diferencia entre cooperación internacional y subordinación. Una cosa es construir relaciones respetuosas con Estados Unidos, Europa, China o cualquier otro actor global. Otra, muy distinta, es convertir la política exterior, la seguridad nacional y la economía de un país en anexos de una potencia extranjera. Esa diferencia vuelve a estar sobre la mesa en Colombia de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se celebrará el 21 de junio.
Abelardo de la Espriella ha hecho tres afirmaciones que no pueden tomarse como simples provocaciones de campaña. Ha dicho que quiere un “Plan Colombia 2” y que vuelvan las bases americanas; que votó por Donald Trump y se declara republicano en Estados Unidos; y que lo ideal para la economía colombiana sería dolarizarla. Cada una de esas frases abre una pregunta de fondo. Juntas configuran un cuadro de riesgo para la soberanía nacional.
La Constitución colombiana no prohíbe la cooperación militar ni el tránsito excepcional de tropas extranjeras. Pero sí establece controles democráticos. Corresponde al Senado permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República. Y no es lo mismo autorizar un tránsito puntual, sometido a reglas constitucionales, que entregar bases, instalaciones o presencia permanente a una fuerza militar extranjera. Esa diferencia fue central cuando, durante el gobierno de Álvaro Uribe, se intentó ampliar la presencia de personal militar estadounidense en bases colombianas mediante un acuerdo que no había pasado por el trámite constitucional correspondiente. La Corte Constitucional no aceptó que una decisión de semejante envergadura se tramitara como simple arreglo administrativo. Un acuerdo que compromete defensa, territorio, soberanía y presencia extranjera requiere aprobación conforme a la Constitución.
Por eso resulta tan grave que hoy se hable con ligereza de “volver” a las bases americanas. América Latina sabe lo que significa cuando la seguridad se diseña desde fuera. Lo vivieron Centroamérica, el Caribe, el Cono Sur y también Colombia bajo la doctrina de la seguridad nacional. La lucha contra el narcotráfico, la criminalidad y las economías ilegales es indispensable; pero no puede hacerse a costa de convertir el territorio nacional en plataforma estratégica de otro Estado.
La segunda afirmación es igualmente delicada: dolarizar la economía. Dolarizar no es una medida técnica neutra ni una varita mágica contra la inflación. Es renunciar a la soberanía monetaria. Significa que Colombia dejaría de manejar su propia moneda, su tasa de interés, su política cambiaria y buena parte de su capacidad de respuesta ante crisis internas. En la práctica, sometería decisiones esenciales de la economía colombiana a la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, cuyo mandato no es proteger el empleo, la producción ni la estabilidad social de Colombia, sino los intereses de Estados Unidos.
La tercera dimensión es la más sensible: la lealtad política. No se trata de cuestionar la doble nacionalidad como tal. Muchos colombianos viven en el exterior, adquieren otra ciudadanía y siguen amando profundamente a Colombia. El problema surge cuando un aspirante a dirigir el Estado colombiano no solo tiene ciudadanía estadounidense, sino que se declara militante republicano, votante de Trump, donante de campañas de ese partido y partidario de políticas que alinean a Colombia con la agenda estratégica de Washington.
El juramento de naturalización estadounidense no es un detalle menor. En él, quien adquiere esa ciudadanía declara renunciar y abjurar toda lealtad y fidelidad a cualquier soberanía extranjera anterior, y promete apoyar y defender la Constitución y las leyes de Estados Unidos. Jurídicamente, ello no borra la nacionalidad colombiana. Pero políticamente sí plantea una pregunta inevitable: si llegara a la Presidencia, ¿cuál juramento orientaría sus decisiones cuando entren en tensión el interés nacional colombiano y el interés nacional de Estados Unidos?
El presidente de Colombia debe obediencia a la Constitución colombiana, a sus leyes y al mandato soberano de su pueblo. No admite doble comando. No puede haber ambigüedad cuando están en juego el territorio, la moneda, los recursos naturales, la política exterior y la paz.
Colombia puede y debe cooperar con Estados Unidos. Pero cooperar no es subordinarse. Combatir el crimen no exige entregar bases. Estabilizar la economía no exige renunciar a la moneda. Tener relaciones internacionales no exige convertir la Casa de Nariño en una extensión ideológica de la Casa Blanca.
Por eso la pregunta no es retórica. Es constitucional, democrática y latinoamericana: cuando Abelardo de la Espriella dice “firmes por la patria”, hay que preguntarle, con serenidad, pero con firmeza: ¿por cuál patria?
Bogotá, D. C, 8 de junio 2025
*Senadora del Pacto Histórico.
Si la nueva situación da lugar a un resurgimiento del bipartidismo… es algo que está por verse.
Por: Fernando Cepeda Ulloa*. Si no existiera la segunda vuelta para la elección de presidente de la República, pues ya habría quedado establecido que Abelardo de la Espriella ganó esa elección y es un nuevo presidente. Pero la Constitución de 1991 se propuso reforzar la legitimidad de todo el sistema político, y para ello estableció que no era conveniente que el presidente de la República fuera elegido con un voto que no sobrepasaba la mitad +1 de los votantes.
El sistema de dos vueltas no se aplica en Colombia para la elección de miembros del Congreso o diputados o concejales municipales y no me sorprendería que en algún momento ese tema se considere en Francia, el parlamento llamado Asamblea Nacional, se elige por el sistema de dos vueltas y el periodo para la realización de la segunda es casi inmediato, se hace el domingo siguiente. Una manera también de revestir de mayor legitimidad a cada uno de los miembros de la Asamblea y así del principal órgano legislativo y se recuerda que se trata de un de un sistema multiparty vista que hace necesario que el sistema de dos vueltas se aplique tanto para la Presidencia como para la elección del cuerpo colegiado más importante.
En esta ocasión hubo dos candidatos que se propusieron ganar en primera vuelta y no solamente obtener el primero y el segundo lugar para entonces decidir la elección presidencial en la segunda vuelta no. Se propusieron convertir la primera vuelta en la etapa decisoria de este proceso electoral. Y casi lo logra. Y la gran sorpresa fue el porcentaje de votos que obtuvo el candidato. Abelardo de la Espriella, que sobrepasó en casi 3% a Cepeda de una votación con amplia participación de los ciudadanos, quizás la más grande después del Frente Nacional. Digamos que casi se decidió quien era el presidente de Colombia para el periodo 2026-2030.
Es que el sistema de dos vueltas, de alguna manera, busca propiciar el bipartidismo. Lo tolera y lo reconoce en la primera vuelta y en la segunda o abriga que el proceso electoral gire en torno de dos candidaturas, o sea de dos movimientos políticos o dos partidos políticos, una manera de rescatar el bipartidismo para así otorgarle mayor legitimidad a la tarea gobernar.
En efecto, Abelardo de la Espriella está representando casi medio país, tras rechazar el apoyo de todos los partidos políticos, grandes medianos y pequeños. A los que no simpatizaban con la candidatura de izquierda o la que se proclamaba como la continuación del gobierno del presidente Petro y que representaba una amplia coalición de partidos, grupos y movimientos políticos de izquierdo.
Si la nueva situación da lugar aún resurgimiento del bipartidismo, claro, flexible con matices, o como el IVA equivalente de dos coaliciones que van a operar a lo largo de la vida política cotidiana, es algo que está por verse.
Es un proceso electoral que está definiendo asuntos tan importantes o más, como el de la escogencia de un ciudadano para presidir la nación durante cuatro años.
Bogotá, D. C, 7 de junio 2026
*Analista Político, Catedrático. Exministro de Estado
