Opinión

Por Jairo Gómez.-  No quiero parecer aguafiestas ahora que la familia presidencial recorre Europa con el Premio Nobel de paz bajo el brazo, exhibiéndolo con el peregrino mensaje de que Colombia es un país sin guerra.

Eso no es cierto y el propio presidente Santos lo sabe. Aún quedan rastros del conflicto interno por resolver como es el caso del ELN y, por supuesto, el paramilitarismo que comenzó a aflorar -¿prohijados por quién?- con mayor ímpetu tras la firma de los acuerdos de paz con las.

No se trata de quitarle importancia al acuerdo con las FARC, se trata de poner los pies sobre la tierra y pisar en firme, no sobre arena movediza. Es conveniente que la comunidad internacional sepa que la actual situación del país es delicada y que no estamos en el pórtico de la paz con el Ejército de Liberación Nacional; que el auge del paramilitarismo hoy no es una exageración de organizaciones sociales, defensores de Derechos Humanos y partidos de izquierda que ven a diario cómo sus dirigentes son asesinados.

Por cuatro días sesionó la Cumbre Agraria en Bogotá, denunció y documentó el asesinato de 94 de sus integrantes entre el primero de enero y el 4 de diciembre de 2016. De esos crímenes, 73 se lo atribuyen al paramilitarismo, siete al Ejército y la Policía y 14 a grupos desconocidos. Naciones Unidas en Colombia declara que desde que se firmó el primer acuerdo de paz, en septiembre, ya son más de cincuenta los líderes de Derechos Humanos y sociales asesinados. Desde Marcha Patriótica, movimiento social y político, claman porque se aclaren los asesinatos de más de cien de sus miembros desde que esta organización se fundó en abril de 2012, y se identifique el origen de las constantes amenazas contra su gente. Estas denuncias son flor de un día. Otra vez y por siempre la justicia desbordada ante tamaña realidad. Su tratamiento mediático es fugaz. Esto es lo que no se informa afuera de nuestras fronteras.

Lo anterior devela como deliberadamente los medios de comunicación ignoran estas graves denuncias que le imprimen angustia a la realidad del país en tiempos de paz y los mecanismos de alertas y de investigación de los órganos de justicia son inoperantes; entonces es aquí donde el Gobierno debe asumir su papel o se verá sometido a la incesante presión de una opinión pública no solo nacional sino internacional que le reclamará acciones ante unos hechos que la sociedad colombiana no quiere repetir, verbigracia el genocidio de la Unión Patriótica (ignorado por el presidente Santos en su discurso en Oslo) un ejemplo manido, pero inolvidable.

Tal vez esta última instancia, la opinión internacional, es la más apropiada para que estas organizaciones sociales dirijan sus esfuerzos a denunciar los coletazos de la paz que la opinión interna omite y omitirá, porque aspirar a que los medios de comunicación colombianos le den importancia al asesinato y persecución de reclamantes de tierras, dirigentes agrarios y activistas políticos y defensores de Derechos Fundamentales, no es prioritario, no será noticia de primera plana, y pretender que la justicia sea eficaz es una quimera. Ocurrió en el pasado ¿por qué no va a ocurrir ahora?

Por Horacio Serpa. Tomado de Ola Política.- Recuerdos de la noche en la que Ernesto Samper Pizano, Edith Camerano, Antonio José Caballero y yo, pasamos con el Presidente Fidel Castro y el Nobel Gabriel García Márquez.

Cuando hace 30 años el Senador Ernesto Samper me invitó a Cuba no pensé que fuera a vivir una de las noches más interesantes de mi vida. Viajó con nosotros la académica Edith Camerano y en La Habana nos encontramos con Antonio José Caballero. Allí los cuatro nos movilizamos en un viejo Skoda que manejaba un furibundo amigo de la revolución que no hacía otra cosa que hablarnos maravillas de Fidel Castro.

En la capital cubana visitamos sitios de interés cultural, hablamos con autoridades gubernamentales, estuvimos en la Asamblea Nacional, nos tomamos un par de mojitos en La Bodega del Medio y pasamos por La Floridita. Por supuesto que nos divertimos en el Tropicana, fuimos al Malecón y recorrimos la vieja Habana. El Senador Samper se desaparecía a ratos y al cabo de muchos años vine a saber que ante dirigentes del M-19 hacía buenos oficios para lograr la libertad de una hija secuestrada de su amigo don Jaime Michelsen.

El día anterior a nuestro regreso nos dijo Samper que Gabriel García Márquez estaba en la Habana y nos invitaba a comer esa noche en la casa de protocolo que ocupaba en sus frecuentes viajes a Cuba. La reunión fue amena, la comida sabrosa y la conversación con el Nobel interesante y divertida. Cerca de la media noche, cuando comenzábamos a despedirnos, nos dijo Gabo que nos esperáramos un rato porque nos tenía una sorpresa. ¡Sorpresota! Media hora después llegó el Comandante en Jefe Fidel Castro.

Lo acompañaba uno de los históricos de la revolución, el Comandante Barba Roja. No podía creerlo. Desde la Universidad deseaba conocerlo personalmente y esa noche lo tenía a un metro de distancia, vestido con uniforme de fatiga, hablando con su conocida voz suave pero enérgica, gesticulando, preguntando, opinando de lo divino y de lo humano. Habló con conocimientos de la agricultura colombiana, de nuestra economía como el mejor de los expertos con cifras actualizadas y opiniones de la mejor factura. García Márquez y Ernesto Samper fueron magníficos interlocutores, mientras Edith y yo los escuchábamos atentos, con esporádicas intervenciones. García Márquez, gentilísimo, cuidaba de que no faltaran bocadillos ni ron.

Caballero no participó de la charla porque los asistentes del Presidente Castro fueron enfáticos en decir que para esa reunión no clasificaban los periodistas.   A lo largo de la noche Samper, Edith y yo le pedimos insistentemente  al personaje que le diera una entrevista, a lo que se negó con argumentos respetuosos asegurando que no hablaba con periodistas a tan altas horas de la noche.

Ya era tarde. Habíamos charlado más de tres horas, mejor, el Comandante había hablado sin interrupción todo ese tiempo, sin probar siquiera la copa de vino que toda la noche tuvo en su mano. Solo la acariciaba. En un momento de pausa metí la cucharada y le dije: “Comandante, ¿es cierto que usted estaba en Bogotá el 9 de Abril, cuando mataron a Gaitán?”. ¡Quién dijo miedo! El Presidente de Cuba, alto, elegante, de tupida barba negra, todo vestido de verde oliva, se acomodó en los baldosines sobre los cuales estaba parado y comenzó a hablar entusiasmado, con su conocida voz entre ronca y suave, comentando con precisión fechas y horas, aconteceres, situaciones, antecedentes, personajes, demostrando a sus contertulios que conocía al detalle la vida del mártir, su pensamiento político y el transcurrir entero de esa vida que seguía admirando profundamente.

Castro, lo mismo que centenares de estudiantes de América, había viajado a Bogotá a protestar contra la Conferencia Panamericana de Naciones, en la que participaba como Jefe de la Delegación de los Estados Unidos el famoso general Marshall, héroe de la segunda guerra mundial, quien era el encargado de dirigir la reconstrucción de Europa después de terminado el conflicto. Esa tarde luctuosa de 1948, Castro, de 22 años, y otros jóvenes latinoamericanos  tenían cita con Gaitán, a quien el Presidente Ospina Pérez no incluyó en la Delegación de Colombia ante la Conferencia, a pesar de ser Senador y Jefe del Partido Liberal, lo que había generado mucho inconformismo en el País.

El personaje nos contó con pelos y señales la vertiginosa aventura en la que se involucró durante tres días, hasta cuando pudo regresar a La Habana abordo de un avión que transportaba toros de lidia. Reconoció haber participado en la refriega, fusil al hombro, al lado de los amotinados liberales que lloraban a su jefe inmolado. Nos dijo que había vivido intensamente esa revolución frustrada por las indecisiones y falta de liderazgo de la Dirección Nacional Liberal, la cual, a su juicio, terminó maniobrada por doña Berta, la esposa del Presidente.

Tres horas después concluyó  el relato, que todos escuchamos hipnotizados, como viendo una película espectacular. Mucho después en El Bogotazo leí la entrevista que le tomó Arturo Alape y no encontré ninguna contradicción o equivocación con el relato de aquella noche extraordinaria.

Por ahí a las 8 am, al despedirnos, el Senador volvió a la carga diciéndole: “Presidente, Caballero trabaja en RCN bajo la orientación de Juan Gossain, y cuando allá sepan que estuvo 7 horas al lado de la sala donde se encontraba Fidel Castro y no fue capaz de tomarle una entrevista, lo van a echar del empleo. Caballero se va a quedar sin trabajo”. El Comandante nos miró a todos, tomó aire con pausa y nos dijo: “Ese si es un argumento revolucionario”.

Todos aplaudimos encabezados por el Nobel, y Antonio José hizo esa mañana una de sus mejores entrevistas. La reunión quedó plasmada en una foto casi artesanal que Edith nos tomó con una cámara desechable de turista a la que solo le quedaba la última foto. Después, cada vez que hablé con el Comandante, siempre recordamos esa noche alucinante.

Por Paul Krugman.- Donald Trump obtuvo la victoria en el Colegio Electoral (pero no la del voto popular) gracias a la fuerza de un abrumador apoyo por parte de los blancos de la clase trabajadora, quienes se sentían relegados por la sociedad y la economía cambiante. Están a punto de obtener su recompensa: la misma que, a lo largo de la carrera de Trump, ha recibido todo aquel que ha confiado en su benevolencia. Recuerden que pasó con Trump University.

Sí, la clase blanca trabajadora está a punto de ser traicionada.

La evidencia de esa traición inminente se hace obvia en la elección de figuras corporativas y antitrabajadores para cargos clave. En particular, la historia más importante de la semana pasada (de verdad, dejen de enfocarse en el Twitter de Trump) fue la elección de Tom Price, un feroz opositor de Obamacare y defensor de la privatización de Medicare, como Secretario de Salud y Servicios Sociales. Que lo haya escogido significa quizá que la Ley de Atención Médica Asequible tienen los días contados… y los adeptos más entusiastas de Trump estarán entre quienes más pierdan con esto.

Lo primero que debe entenderse al respecto es que el discurso republicano de “repeler y remplazar” siempre ha sido un fraude. El Comité Nacional Republicano lleva seis años diciendo que presentará un reemplazo para Obamacare cualquier día de estos, pero la verdadera razón por la que no lo ha hecho es porque no puede.

Cualquier plan que lo sustituya se parecerá mucho al Obamacare, o retirará la cobertura a muchos que la necesitan desesperadamente.

Lo que la elección de Price sugiere es que el gobierno de Trump en realidad está listo para ver cómo millones de estadounidenses pierden su seguro médico. Muchos de quienes lo pierdan serán simpatizantes de Trump.

Es posible notar eso al observar los datos del censo entre 2013 y 2015, que muestran el impacto de la implementación completa del Obamacare. En ese periodo, la cantidad de estadounidenses sin seguro se redujo por 13 millones; los blancos sin título universitario, quienes votaron por Trump en una proporción de dos a uno, representan ocho millones de esos 13. Así que probablemente estemos frente a más de cinco millones de defensores de Trump, muchos con problemas de salud crónicos y que recientemente habían obtenido un seguro médico por primera vez, que acaban de votar para hacer sus vidas más desagradables, más bestiales y más cortas.

¿Por qué lo hicieron? Puede que no se hayan dado cuenta de que su cobertura estaba en juego: a lo largo de la campaña, los medios apenas hablaron sobre políticas. O quizá le creyeron a Trump cuando aseguraba que sustituiría el plan Obamacare con algo grandioso.

De cualquier manera, les espera un duro despertar y todo empeorará cuando los republicanos avancen con sus planes de acabar con la versión actual de Medicare, lo que parecía estar en marcha aun cuando el presidente electo prometió específicamente que no haría tal cosa.

Además, en caso de que se lo estén preguntando, no, Trump no puede hacer que aparezcan de repente los trabajos de manufactura que se han perdido en las décadas anteriores. Esos empleos se perdieron sobre todo debido a cambios tecnológicos —no a las importaciones— y no pueden recuperarse.

No habrá nada que compense el daño que los trabajadores sufrirán cuando los republicanos hagan trizas los beneficios sociales.

¿Habrá una especie de contragolpe, una oleada de remordimiento del comprador? Tal vez. Ciertamente los demócratas harían bien en evidenciar y combatir la traición de Trump a la clase trabajadora. Sin embargo, debemos considerar las tácticas que usará para disimular el alcance de su traición.

Una de ellas, que ya pudimos observar con su rimbombante anuncio de un trato para conservar algunos empleos de Carrier en EE.UU., será distraer al país con baratijas relucientes. En verdad, esta táctica funcionará solo si la cobertura de los medios es simplista e ignora las cifras.

No, Trump no se “enfrentó” a Carrier, más bien parece haberle ofrecido un soborno. Estamos hablando de mil empleos dentro de una enorme economía; al ritmo de un acuerdo como el de Carrier a la semana, Trump necesitaría 30 años para salvar tantos empleos como lo hizo el Presidente Obama con el rescate financiero de la industria automotriz, y le tomaría un siglo compensar la pérdida generalizada de empleos en el sector manufacturero desde el año 2000.

No obstante, a juzgar por la cobertura dada a este acuerdo hasta ahora, la suposición de que los medios noticiosos serán simplistas e ignorantes parece muy probable.

Cuando empiece a concretarse la realidad de que los trabajadores pierden terreno, si así sucede, me preocupa que la administración de Trump haga lo que los gobiernos autoritarios hacen a menudo para desviar la atención de un mal desempeño: buscar un enemigo.

Recuerden lo que dije sobre el Twitter de Trump. Mientras daba un gran paso hacia quitar a millones su seguro de salud, Trump comenzó a vociferar acerca de retirar la ciudadanía a quien quemara banderas. No fue una coincidencia.

El punto es mantener la vista en lo importante. Millones de estadounidenses acaban de recibir un golpe inesperado. Y todavía no lo saben.

Por Amylkar D. Acosta M.-En la reciente Cumbre de la OPEP en Viena se acordó por parte de los 14 países que la integran reducir las cuotas de producción de crudos de todos ellos, tratando así de detener la caída de sus precios más allá de los US $50 el barril e impulsarlos al alza. Se trata de reducir su oferta en 1.2 millones de barriles diarios a partir de enero del año entrante y de esta manera contrarrestar la sobreoferta que ha empujado los precios a la baja desde mediados de 2014. Se excluyen de este compromiso Irán, Irak y Nigeria, cuya producción se ha visto afectada por la sanción que le impusieron al primero de ellos y por los conflictos que asolan a los otros dos. El sólo anuncio del acuerdo al que arribaron elevó los precios hasta alcanzar un nivel récord en lo corrido del año, de US $55 el barril de la referencia Brent, 15% más alto que a mediados de noviembre.

La gran incógnita es saber hasta donde este efecto sobre los precios es perdurable o, si acaso, es sólo flor de un día. El primer interrogante surge frente a la postura de los países productores que no hacen parte de la OPEP, empezando por Rusia, que es el principal productor del mundo con 11.21 millones de barriles de petróleo diarios. En vísperas de la Cumbre su Ministro de Energía Alexander Nóvak dijo que Rusia estaría dispuesta a congelar su producción, no sin antes llevarla al máximo de su potencial en casi 30 años, pero no a recortarla. Además, estuvo al margen de las deliberaciones de los socios de la OPEP y sigue sin comprometerse a recortar su producción, como se lo pidió y lo necesita la OPEP para tratar de lograr su cometido. Además, no es de buen augurio el hecho de que la producción de la propia OPEP se anotó un nuevo récord en noviembre, con un volumen de 34.19 millones de barriles, 370.000 barriles/día más que el mes anterior. Ello da para pensar que la sobreoferta va a continuar en 2017 y con ella la tendencia al alza de los precios del crudo. De hecho, después que tocaron techo, los precios rebotaron y están nuevamente a la baja.

Podemos, entonces colegir, que este paso dado por la OPEP no garantiza que se vaya a reequilibrar el mercado de los crudos y que con ello se vaya a revertir la tendencia a la baja de los precios. Es más, si llegara a tener algún efecto positivo, el tiro les puede salir por la culata, como ya sucedió en el pasado. Como lo afirma el analista Michael Tran “la OPEP tratando de apuntalar el precio del petróleo, sin querer ayudó a los productores estadounidenses”, refiriéndose a la reactivación del fracking para extraer crudo de yacimientos no convencionales, gracias a los mejores precios. Según Daniel Yergin, Vicepresidente de IHS Markit. “las empresas de perforación estadounidenses, que son ágiles y veloces, le han quitado parte del poder a la OPEP...Ahora hay mucho más petróleo que no es de la OPEP”.

Y para rematar, la llegada de Trump a la Casa Blanca les dará un respiro a las petroleras, que tendrán en él al defensor que ha sido de su actividad, sin ambages. Lo dijo con toda claridad en una conferencia sobre fracking, “producir más energía estadounidense es una parte central de mi plan para que EEUU vuelva a ser rico...Voy a eliminar las restricciones sobre la energía estadounidense y permitir que esta riqueza llegue a nuestras comunidades”. Y ya ha dado los primeros pasos en esa dirección al designar para la Agencia de Protección Ambiental (EPA) nada menos que a Scott Pruit, a la que este ha catalogado como demasiado “activista”.

Huelga decir que el “umbral” del dolor que sacaba del mercado al Shale oil por razones de costo de extracción de crudos de yacimientos no convencionales se redujo ostensiblemente, al punto que, según la firma de investigación Wood Mackenzie, los más eficientes pueden llegar a ser comerciales a un precio de US $20 el barril. La mayor producción proveniente de estos terminó por anular el efecto de un recorte en la producción en los yacimientos convencionales, máxime cuando ya en estos se ha empezado a utilizar también la técnica del fracking, aumentando la productividad y la producción de los campos petroleros en explotación.

Y si se mira el otro lado de la ecuación, el de la demanda, muy seguramente las razones para pensar que la decisión de la OPEP en el mediano y en el largo plazo puede resultar, además de tardía, inocua. A la ralentización del crecimiento de la economía global, sobre todo la de los países emergentes encabezados por China y la India, que son los mayores consumidores de crudo, se vino a sumar el menor consumo de este tanto por cuenta del ahorro y el uso más eficiente de la energía, como por la irrupción, con mucha fuerza, de las energías alternativas, sobre todo aquellas que son renovables y limpias.

Barranquilla, diciembre 10 de 2016

www.fnd.org.co

Por Jairo Gómez.- El Vicepresidente o ya ¿candidato presidencial? Germán Vargas Lleras, en su propio laberinto, está jugando con candela al asumir con indiferencia el acuerdo de paz con las FARC.

Que poco aconsejable se revela su actitud al creer, anticipadamente, que el proceso de paz va a fracasar, y hacer de esa hipotética premisa su bastión electoral para disputarle desde ya el espacio a la marca Uribe.

La posición de Cambio Radical en el Senado dejó muchas dudas y pretender comprometerse solo “políticamente con la refrendación del acuerdo” a sabiendas de que si el llamado “Fats Track” no opera no habrá paz, es un palo en la rueda de la implementación.

Lo ocurrido en el debate del Senado para refrendar el acuerdo de paz,  le midió el pulso a las elecciones del 2018 y evidentemente vaticina que el próximo año será intenso en términos políticos y su hilo conductor lo tensará el acuerdo del Teatro Colón.

Vargas Lleras ya destapó cuáles son sus líneas rojas de cara al proceso de paz y la implementación: no le gusta la Justicia Especial de Paz y su mecanismo de resolución del conflicto: la Justicia Transicional, el núcleo del acuerdo con las FARC.     

La ambigüedad de Vargas Lleras de permanecer en un gobierno que hizo de la paz su proyecto, lo desnuda como un político tradicional del que las nuevas generaciones se quieren desprender, y lo quieren hacer porque se niegan a aceptar ese poder jerarquizado que representa el mismísimo vicepresidente-candidato; estima el Jefe de Cambio Radical que ocultándole a las masas de votantes lo que piensa sobre la paz de ello va a depender su elección.

En cualquier caso, creo que se equivoca el vicepresidente-candidato al hacer la lectura que el acuerdo de paz es la ruptura de lo institucional y que esa es la misma que harán los colombianos. Una cosa es hoy en la calentura del debate pretender descalificar el contenido de lo firmado entre el gobierno Santos y las FARC, y otra mañana o pasado mañana o en meses cuando el país sienta que efectivamente la paz, valió la pena.

Como dice el dicho popular en el desayuno se sabe cómo será el almuerzo, y las más recientes estadísticas sobre el conflicto interno develan que en el país es posible la paz; que así como las FARC confrontó a las instituciones, hoy quiere desde esas mismas instancias, que no pudo deponer vía las armas, hacer política sin ellas.

El Centro Democrático ya asumió su rol electoral, su propuesta es reversar todo lo negociado en el 2018 si son factor de poder. Entonces, ¿qué le queda a Cambio Radical? Siendo una agrupación política con solo nueve senadores su fuerza electoral es débil y necesitará de coaliciones, escenario difícil en la actual coyuntura en donde sus pares de la Unidad Nacional, liberales y del partido de la U, no toleran al vicepresidente-candidato, y menos ahora que su ambigua posición frente a la paz, es más evidente. Difícil panorama para el “bogocentrista” partido Cambio Radical.  

Por Guillermo García Realpe.- Con gran tristeza e indignación el país despertó el pasado lunes cinco de diciembre tan pronto se conoció la trágica noticia de la muerte de la pequeña YULIANA ANDREA SAMBONÍ, de tan sólo siete años, a manos de Rafael Uribe Noguera, un arquitecto bogotano sindicado de ser el autor material de semejante barbarie.

Toda esta situación conllevó a reabrir un gran debate nacional sobre sí es necesario que Colombia aplique cadena perpetua o pena de muerte para violadores y asesinos de niños y niñas.

En mi caso particular, soy partidario de que se aplique la inhibición hormonal o en su defecto que se aplique cadena perpetua para este tipo de antisociales que acaban con las ilusiones de pequeños indefensos, destruyen el seno de sus familias, e impactan a nuestra sociedad.

En el Senado por octava ocasión se radicó un proyecto orientado en dar cadena perpetua a estos violadores de niños, ojalá esta vez sea la vencida y así poder frenar este gran flagelo nacional que afecta a cientos de familias colombianas.

Las estadísticas sobre violencia infantil en el país, son cada vez más alarmantes. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal, en lo corrido de éste año ya van 18 mil casos denunciados de violencia sexual contra menores y se cree que son muchos más los casos no denunciados.

A raíz de este triste caso, estudios científicos demuestran que las personas con este tipo de conductas son reincidentes, sus acciones son irregenerables y por tanto solicitamos este tipo de sanciones drásticas.

Ojalá el lamentable caso de la pequeña Yuliana sea el inició para que el Congreso muestre señales contundentes en la búsqueda de ofrecer al país una legislación fuerte para ponerle fin a este agobiante fenómeno que cada vez se repite más.

Cientos de psicópatas pululan todos los días en los municipios colombianos, estos dementes no tienen distinción social, los hay desde estrato uno hasta estrato seis. Combatirlos es tarea de todos. Los derechos de nuestros niños son prevalentes por encima de cualquier otra cosa. Ellos son el futuro del país, la alegría y la esperanza de sus padres, no merecen que sus sueños le sean arrebatados de un momento a otro por personas dementes y cobardes que se ensañan contra ellos.

Ojalá en éste y en todos los demás casos, la justicia logré operar al máximo y los responsables paguen por sus hechos con penas significativas, sin subrogados penales, esto es, sin que tengan rebajas de penas o prisión domiciliaria, sólo así se garantizará que no haya impunidad.

A la humilde familia de la pequeña Yuliana Samboní nuestra solidaridad y al pueblo colombiano manifestarle nuestro total apoyo al proyecto de cadena perpetua para violadores y asesinos de niños.

Por José Gregorio Hernández.-Al país se le quiere hacer creer que la demora en la implementación y desarrollo del Acuerdo de Paz es culpa de quienes votaron por el No el 2 de octubre, o de la Corte Constitucional. Ninguna de las dos cosas corresponde a la verdad, y el Gobierno debería reconocerlo.

En efecto,  una vez más decimos que el Presidente de la República no estaba obligado a convocar a un plebiscito para legitimación del Acuerdo Final firmado con las Farc  el 26 de septiembre en Cartagena. Pero -convencido por sus asesores y por las encuestas sobre el triunfo seguro del Sí-, lo convocó y la opción triunfadora fue la del No. ¿Un error estratégico de Santos? Probablemente. Pero achacable a él y no al resultado en las urnas, que fue legítimo, pues las opciones existentes, las dos, era legítimas, pese a la polarización estimulada por el Ejecutivo y a la campaña de descrédito que se ejerció contra quienes no compartíamos total o parcialmente el texto  sobre el cual se preguntaba.

Por otro lado, en cuanto al mal llamado Fast Track, que en castellano -nuestro idioma- alude a un trámite o procedimiento legislativo abreviado, las mayorías en el Congreso, violando el principio de consecutividad, introdujeron en el último debate de la reforma constitucional -Acto Legislativo 1 de 2016- el artículo 5, que dispuso: “Artículo 5°. Vigencia. El presente acto legislativo rige a partir de la refrendación popular del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. Como el pueblo no refrendó, sino que rechazó el Acuerdo Final, el Acto Legislativo, y por tanto el procedimiento abreviado y las facultades extraordinarias concedidas al Presidente no entraron en vigencia. Y no entrarán en vigencia, a menos que la Corte Constitucional falle la inexequibilidad del precepto transcrito, o que se vote mayoritariamente por el SÍ en otro plebiscito. El apoyo político del Congreso al Acuerdo, votado la semana pasada, nunca podrá entenderse, a nuestro juicio, como “refrendación popular”.

Tampoco puede asignarse a la Corte Constitucional la responsabilidad de que la entrada en vigencia del procedimiento abreviado y de las facultades extraordinarias se estén demorando. Ella tiene sus términos, que han sido previstos por  la propia Constitución. No se los puede imponer el Presidente de la República en reportajes.

Claro está que la Sala Plena puede decidir dar prioridad al tema en el orden del día. Pero debe debatir el tema, como lo está haciendo, con seriedad y en Derecho, particularmente cuando se trata de asunto tan trascendental.

Además la Corte es un tribunal independiente del Gobierno. Está mal que se la presione y está peor que funcionarios oficiales quieran visitar a los magistrados para “convencerlos” de votar en un cierto sentido. Confiamos en que no aceptarán ni una cosa ni otra, y fallarán en Derecho.

¿Qué se debe hacer ahora? Esperar el fallo y acatarlo. Nada más.

Por Jorge Enrique Robledo.- Aunque no se introdujeron todas las peticiones de los principales promotores del no, es evidente que hay un nuevo Acuerdo de La Habana, que incluye numerosas de sus exigencias. Lo pactado mantiene como aspecto principal, determinante para valorar lo suscrito, el desarme de las Farc y su fin como organización ilegal. Luego no hay que coincidir con cada aspecto del acuerdo para respaldar, como lo expliqué en el Senado (http://bit.ly/2gOyLJn), que se finiquite el proceso, dado el gran avance que para Colombia significa ponerle fin a un alzamiento armado que nunca debió darse y cuyos daños a la Nación han sido enormes.

Se contrapone con el programa del Polo, por ejemplo, que allí se diga que “La RRI (Reforma Rural Integral) se adelantará en un contexto de globalización y de políticas de inserción ella por parte del Estado”. Durante la implementación legal de lo pactado deberá corregirse que el acceso de las Farc a unas curules –participación que no objetamos– se acordara de forma que pone en riesgo la presencia del Polo y de otras fuerzas minoritarias en el Congreso, a pesar de que el reclamo se le planteó formalmente al presidente Santos.

También es comprensible que a otros sectores los contraríen aspectos del nuevo acuerdo. Pero no resiste análisis afirmar que por ello el país pierde más de lo que gana y que entonces es mejor que no haya acuerdo, porque no es así. Y no lo es porque nada en el texto desquicia a Colombia ni le impide avanzar por el camino de resolver sus demás problemas, que seguirán iguales tras lo pactado en La Habana. Esas son exageraciones que pueden decirse mas no probarse y que están conduciendo a que, según lo expresado por los voceros del Centro Democrático y de la Unidad Nacional, los colombianos sigamos, como corcho en remolino, presos del debate sobre qué hacer con las Farc, controversia que se ha usado para escoger en línea a cinco presidentes neoliberales, mientras tapaban que en todo los demás, los candidatos, supuestamente diferentes, representaban los mismos intereses.

Ya los formadores de opinión empezaron a martillar con que en 2018 todo se limitará a escoger entre los candidatos que promuevan los dos últimos presidentes de la República, pretensión calculada para que sin importar quién gane, ganen los mismos, con el mismo modelo económico, social y político de la globalización neoliberal, para que siga pasando lo mismo. Se trata de regresar a días como los del monopolio liberal-conservador, en los que las elecciones –con una ciudadanía políticamente manipulada mediante un sectarismo feroz– eran como carreras de caballos en las que competían varios ejemplares, pero, eso sí, todos del mismo dueño. El aporte aparentemente innovador de Santos consistiría en lograr la tercera presidencia de la Unidad Nacional, con el mismo programa que hoy ejecuta, más el Acuerdo de La Habana, y el respaldo de sectores provenientes de la izquierda.

Es obvio que la jugada de Santos consiste en regresar a Colombia a algo semejante al Frente Nacional –con sus contubernios fundamentales y peleas superficiales–, mediante el desarme militar de las Farc y, además, desarmar políticamente a los ex alzados en armas y a todos aquellos que en la legalidad hemos estado en la oposición al régimen, cosa que, así no lo digan, les suena a gloria a los líderes del Centro Democrático. Porque bien saben ellos que sus diferencias con el santismo, en asuntos medulares, no van más allá del proceso de paz.

Salta a la vista que el nuevo Acuerdo de La Habana sirve para desarmar a las Farc y para que estas, comprometidas con el respeto a la Constitución, se reintegren con garantías legales y políticas a la vida civil. Pero también es cierto que los demás problemas nacionales –y no lo digo como una crítica al proceso de paz– seguirán iguales, con sus graves carencias en soberanía y democracia auténtica, TLC y privatizaciones, sector financiero, monopolización económica extrema, medio ambiente, empleo y pobreza, salud y educación, agro, industria y servicios públicos, y ni qué decir que en corrupción política y de todos los tipos. Luego Colombia necesita en el 2018 un gobierno Ni-Ni, ni de la Unidad Nacional ni del Centro Democrático, que si bien respete el Acuerdo y la legalidad que lo respalde, también derrote las concepciones de la clase política que desde siempre, y en especial a partir de 1990, ha mandado muy mal en Colombia.

Bogotá, 2 de diciembre de 2016.

Por Amylkar D. Acosta M.-Este es un sueño hecho realidad. Por años la región Caribe venía impulsando el proyecto para instalar una planta regasificadora, que permitiera importar gas natural cuando este escaseara en el mercado regional y se presentara un déficit de suministro. Como es bien sabido, el mayor parque térmico de generación del país se encuentra en la región Caribe y este es de lejos el mayor consumidor de gas natural, al tiempo que, por una disposición regulatoria, está en la cola de las prioridades de abastecimiento del mismo ante eventos de escasez.

En los últimos años se pasó de la abundancia de gas natural, proveniente básicamente de los campos de Ballenas, Riohacha y Chuchupa en La guajira, a cierta holgura, que se tornó en escasez más recientemente como consecuencia de la declinación de sus reservas. El efecto no se hizo esperar, el año anterior y a comienzos de este, debido al fenómeno de El Niño, que esta vez fue más severo y prolongado que los anteriores, se requirió al máximo la capacidad de generación de las térmicas, lo cual estresó aún más la demanda de gas natural. Ello, además de disparar los precios del gas natural en la región Caribe, con todas sus consecuencias, obligó a varias de las plantas eléctricas a operar con combustibles líquidos, especialmente fuel oil, mucho más costosos, lo cual repercutió a su vez en alzas de las tarifas de la energía que tuvieron que pagar los usuarios.

Precisamente, por previsión, justamente para que esto no fuera a ocurrir, fue por lo que le dimos toda la prioridad a nuestro paso por el Ministerio de Minas y Energía sacar este Proyecto adelante, el cual fue promovido por el Grupo Térmico, integrado por TEPSA, Termocandelaria, y Zona Franca Celsia, liderado por PROMIGAS, el cual puso al frente como desarrollador del mismo a la Sociedad Portuaria El Cayao.

Pero, más vale tarde que nunca y con su entrada en operación el país gana en seguridad energética y esta planta regasificadora va a cumplir el papel de estabilizador de los precios del gas natural, ya que va a servir de respaldo a la oferta y le va a evitar al país unos costos mayores como aquellos en los que se ha incurrido anteriormente, los cuales terminaron pagando los usuarios. Colombia se integra ahora al mercado internacional del gas natural, en el cual EEUU se ha convertido en uno de los principales jugadores merced a su revolución del shale gas. Se estima que el costo de oportunidad de no contar con esta planta sería del orden de los US $600 millones anuales, que ahora se los ahorrará el país. Esta planta posee una capacidad de suministro de 400 millones de piés cúbicos diarios de gas natural, los cuales servirán de colchón de seguridad para todo el sistema energético del país. Con la disponibilidad permanente de este volúmen de gas natural se podría generar el equivalente a 17.000 GWH/año de energía, satisfaciendo el 100% de la demanda de energía de la región Caribe, 27% de toda la energía que se consume en Colombia, aproximadamente.

Ello es tanto más importante si tenemos en cuenta que, según la UPME, las reservas probadas de gas natural sólo le alcanzarán al país para autoabastecerse hasta el año 2023. Al disponer de las facilidadades de esta terminal regasificadora y hacia el futuro otra en el Pacífico se podrá asegurar el abastecimiento, toda vez que ahora se contará con esta nueva opción como fuente de suministro. Saludamos, entonces, este acontecimiento que, a no dudarlo, constituye un aporte importantísimo a la dinámica económica de la región Caribe que se había visto frenada por cuenta de la escasez del gas natural.  

Huelga decir que la instalación de estas plantas regasificadoras no tiene por qué desanimar la inversión ni a los inversionistas en su apuesta por encontrar más reservas en el país, para lo cual se precisa estimular la exploración, tal como se viene haciendo con las expedición de toda una batería de medidas por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) entre ellas las zonas francas off shore, de las cuales la Sociedad Portuaria El Cayao es una de ellas. Por el contrario, en la medida que dichas plantas robustecen la capacidad de suministro con una mayor disponibilidad de moléculas de gas natural, ello contribuirá a ensanchar el mercado y bien dijo John Maynard Keynes que “toda demanda crea su propia oferta”.

Colombia, dada su envidiable posición geográfica, por ser, como lo dijo López de Mesa, está llamada a convertirse en un hub regional en el mercado del gas natural, como ya lo es en el eléctrico. De modo que la instalación de esta planta regasificadora en el Caribe y hacia el futuro la del Pacífico van a dar lugar a un círculo virtuoso del gas natural del cual van a salir gananciosos los consumidores del mismo. Enhorabuena!

Barranquilla, diciembre 3 de 2016

www.fnd.org.co

Por Diego González.- Luego de que el Presidente Santos firmara el nuevo acuerdo de paz con las Farc y anunciara que su refrendación se hará a través del Congreso de la República, las voces disidentes no se hicieron esperar y han manifestado que el legislativo carece de legitimidad para la refrendación de los mismos.

Esto obedece posiblemente a la expectativa que existe en torno a la decisión que debe adoptar en los próximos días la Corte Constitucional, sobre la posibilidad de aplicar un procedimiento abreviado para la aprobación de las leyes de implementación de los acuerdos, toda vez que el artículo quinto del acto legislativo señala expresamente que el denominado “Fast Track” está estrechamente ligado a la refrendación popular.

La vía rápida o  “Fast Track” es el único procedimiento que le permite al Gobierno nacional aprobar de manera expedita y maratónica todo lo acordado, además lo dota de facultades que normalmente no ostenta y que requiere para culminar con éxito su labor en favor de la construcción de la Paz, como por ejemplo, tener mayor poder para impulsar el trámite legislativo y la exclusividad de los contenidos de los textos normativos que han de ser aprobados por el Congreso, la facultad para establecer la primacía del trámite de estos actos normativos sobre el trámite de cualquier otra iniciativa, la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias para la discusión de las mismas y el poder de veto Presidencial a las modificaciones que sean que sean introducidas por el Congreso durante el trámite Legislativo.

Sin embargo, sin importar cuál sea la decisión que adopte la Corte Constitucional frente a este tema, el Congreso de la República es constitucionalmente legítimo para refrendar el nuevo acuerdo de paz firmado entre el gobierno nacional y las Farc, así lo estableció el constituyente del noventa y uno, cuando decidió modificar la Constitución de 1886 que consagraba que la soberanía reside esencial y exclusivamente en la nación.

La asamblea nacional constituyente en la discusión del capítulo sobre principios generales de la nueva Carta Política, quiso modificar el espíritu sobre el concepto de soberanía y considero, tal como quedo establecido en el artículo tercero de nuestra actual constitución, que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo y que de él emana el poder público, esta soberanía se ejerce directamente, como por ejemplo en el plebiscito, pero también la ejerce el pueblo a través de sus representantes en los términos que la constitución establece, es decir a través de los Senadores y Representantes a la Cámara que han sido legítimamente elegidos para representar los intereses de todos los colombianos.           

La verdadera preocupación de todos los sectores interesados debe orientarse a la etapa de implementación, en la que el Congreso aprobará temas que definirán el mapa político y social de nuestro país, como por ejemplo la reglamentación de la amnistía en donde se discutirá si el narcotráfico, el secuestro y la extorción pueden ser considerados como delitos conexos al político, la jurisdicción especial para la paz, en donde se buscará reglamentar los procedimientos de las investigaciones y el juzgamiento para las Farc y los militares con procesos relacionados con el conflicto y algunos civiles, el acto legislativo para definir la llegada de los miembros de las Farc al Congreso y garantizar sus curules, cinco en Cámara y cinco en Senado, también todo lo referente al estatuto de la oposición, la creación de nuevos partidos políticos y la  ampliación del número de curules en el Congreso.