Por Jairo Gómez.- No quiero parecer aguafiestas ahora que la familia presidencial recorre Europa con el Premio Nobel de paz bajo el brazo, exhibiéndolo con el peregrino mensaje de que Colombia es un país sin guerra.
Eso no es cierto y el propio presidente Santos lo sabe. Aún quedan rastros del conflicto interno por resolver como es el caso del ELN y, por supuesto, el paramilitarismo que comenzó a aflorar -¿prohijados por quién?- con mayor ímpetu tras la firma de los acuerdos de paz con las.
No se trata de quitarle importancia al acuerdo con las FARC, se trata de poner los pies sobre la tierra y pisar en firme, no sobre arena movediza. Es conveniente que la comunidad internacional sepa que la actual situación del país es delicada y que no estamos en el pórtico de la paz con el Ejército de Liberación Nacional; que el auge del paramilitarismo hoy no es una exageración de organizaciones sociales, defensores de Derechos Humanos y partidos de izquierda que ven a diario cómo sus dirigentes son asesinados.
Por cuatro días sesionó la Cumbre Agraria en Bogotá, denunció y documentó el asesinato de 94 de sus integrantes entre el primero de enero y el 4 de diciembre de 2016. De esos crímenes, 73 se lo atribuyen al paramilitarismo, siete al Ejército y la Policía y 14 a grupos desconocidos. Naciones Unidas en Colombia declara que desde que se firmó el primer acuerdo de paz, en septiembre, ya son más de cincuenta los líderes de Derechos Humanos y sociales asesinados. Desde Marcha Patriótica, movimiento social y político, claman porque se aclaren los asesinatos de más de cien de sus miembros desde que esta organización se fundó en abril de 2012, y se identifique el origen de las constantes amenazas contra su gente. Estas denuncias son flor de un día. Otra vez y por siempre la justicia desbordada ante tamaña realidad. Su tratamiento mediático es fugaz. Esto es lo que no se informa afuera de nuestras fronteras.
Lo anterior devela como deliberadamente los medios de comunicación ignoran estas graves denuncias que le imprimen angustia a la realidad del país en tiempos de paz y los mecanismos de alertas y de investigación de los órganos de justicia son inoperantes; entonces es aquí donde el Gobierno debe asumir su papel o se verá sometido a la incesante presión de una opinión pública no solo nacional sino internacional que le reclamará acciones ante unos hechos que la sociedad colombiana no quiere repetir, verbigracia el genocidio de la Unión Patriótica (ignorado por el presidente Santos en su discurso en Oslo) un ejemplo manido, pero inolvidable.
Tal vez esta última instancia, la opinión internacional, es la más apropiada para que estas organizaciones sociales dirijan sus esfuerzos a denunciar los coletazos de la paz que la opinión interna omite y omitirá, porque aspirar a que los medios de comunicación colombianos le den importancia al asesinato y persecución de reclamantes de tierras, dirigentes agrarios y activistas políticos y defensores de Derechos Fundamentales, no es prioritario, no será noticia de primera plana, y pretender que la justicia sea eficaz es una quimera. Ocurrió en el pasado ¿por qué no va a ocurrir ahora?
