Opinión
Por: Jorge Enrique Robledo.- Entre todos los alcaldes de Colombia, al que peor le va en las encuestas es a Enrique Peñalosa, quien logra la casi imposible hazaña de obtener calificaciones tan mediocres como las de Santos. Pero si se mira con objetividad su pésima obra de gobierno, lo extraño sería un balance diferente, que hasta puede convertir en éxito el proceso de revocatoria de su mandato que se siente venir.
Lo primero que no le perdonan los bogotanos a Peñalosa es su anuncio de que el metro que necesita la ciudad, al que él tanto se opuso –¿o de forma astuta se sigue oponiendo?–, ya no será el subterráneo de primera calidad que demostraron como necesario serios estudios –que él botó literalmente a la basura–, sino uno elevado, al que le andan haciendo de afán unos papeles contratados para “demostrar” que el alcalde tiene razón en su disparate. Cuánta alcahuetería hace falta para ocultarle a la gente todas la veces en las que Peñalosa denunció, y con razón, que ese tipo de metro es indeseable para una urbe como Bogotá (http://bit.ly/2iy1GiH).
Muy mal caen también sus demás astucias, usadas para irse en contra de lo que más les conviene a los bogotanos: el día de su posesión, ofreció “el mejor transporte público del mundo en desarrollo”, confesión de que no busca uno de primer nivel para la ciudad. Y agregó, sin siquiera sonrojarse, que un transmilenio hace lo mismo que un metro, mentira comprensible de parte de quien se presentó con títulos universitarios que no posee y, en su primera Alcaldía, reemplazó por el tan cacareado sistema de buses el metro que debió construir por la Caracas, con lo que tomó la peor decisión técnica de la historia de la ciudad, según lo demuestra hasta la saciedad el exagerado sufrimiento ciudadano.
Para rematar, su único pretexto para cambiar un buen metro subterráneo por uno malo elevado, el de los costos menores, hace agua entre los bogotanos. Porque las propias cifras de la alcaldía señalan que la diferencia no es del triple, exageración que alcanzaron a lanzar, sino del 25 por ciento, contraste que, al decir de Eduardo Sarmiento, resulta más que compensado por los impactos negativos del aéreo. Y porque carece de toda credibilidad afirmar que una ciudad como Bogotá, con el debido respaldo de un país como Colombia, no puede pagarse el metro de primera categoría que exige no causarle más daños irreparables a su pésimo sistema de transporte público, falacia que no les impide a Peñalosa y a Santos insistir en más transmilenios, como el muy costoso y mediocre de la Carrera Séptima, al que sí le encuentran la manera de financiarlo. Las proezas de un conocido vendedor de buses.
También explica el descrédito de Peñalosa su empecinamiento en convertir la Reserva Natural Van der Hammen en otro inmenso negocio de especulación inmobiliaria a favor de unos pocos, que saben cómo es eso de multiplicar por muchas veces el precio de tierras que consiguen baratas. Su retórica despótica contra la Reserva, que incluye la viveza de convertir su ignorancia en virtud para arremeter en contra del conocimiento científico incapaz de desvirtuar, tiene como único y verdadero fundamento contar con el respaldo de los poderes que han convertido en prueba de la excelencia en la gestión pública la obtención de ganancias mayúsculas. “Son los negocios, socio”, como bien lo explica Aurelio Suárez.
Y también para usar a la Alcaldía como tenaz promotora de los grandes negocios de un puñado, Peñalosa va tras la mayor privatización de las empresas de teléfonos y de energía de Bogotá –ETB y EEB–, a pesar del naufragio de la falsa leyenda rosa con la que en el pasado se montaron tantas ventas a menosprecio del patrimonio público.
Coletilla. 92 billones de pesos, el 90 por ciento del nuevo recaudo, vendrá de impuestos regresivos, que pagarán los pobres y las clases medias. La reforma también confirma que cuando la OCDE habla de su amor por las empresas se refiere solo a las enormes, en especial, a las trasnacionales. Porque se les redujo el impuesto de renta del 43 al 33 por ciento y ya no pagarán parafiscales, que les valían el nueve por ciento por Cree. Y porque el santismo hundió un artículo que les reducía en serio la renta a las pymes, mediante tasas progresivas, como en EEUU, Alemania, Francia, Canadá, Corea y Holanda, entre otros países (http://bit.ly/2iy4hZW).
Por Jairo Gómez.- Hasta cuándo escucharemos en el hiperbólico discurso del Centro Democrático que “las FARC son el cartel de cocaína más grande del mundo”.
Entiendo que obedece a una estrategia, muy efectiva de los asesores del expresidente Uribe, por cierto, de repetir esta frase hasta la saciedad para que logre tallar en el imaginario de las personas. Y así ocurre con otras, como el famoso “castrochavismo” (A propósito: ¿todavía creerá el exmandatario que con esta Reforma Tributaria el presidente Santos nos llevará camino al castrochavismo?). Pero bueno dejemos a un lado este manido discurso, para adentrarnos en el tema del narcotráfico.
Bien lo dijo el presidente Santos, al recibir el premio nobel de paz: “hay que modificar sustancialmente el modelo de la lucha contra las drogas ilegales en el mundo”. En eso Colombia ha dado un paso importante y fue el acuerdo de paz con las FARC, guerrilla que ya comenzó a abandonar cualquier relación con este flagelo y, a partir de allí, en la implementación se aplicarán los programas de sustitución de cultivos y otros compromisos que mitiguen la pobreza campesina.
Es evidente que los resultados no serán inmediatos y que el uribismo encontrará en ellos un caldo de cultivo para acrecentar sus críticas basadas en el incremento de cultivos de hoja de coca que aún sigue atribuyendo a las FARC. Pero no hay tal, pretender enlodar una sola de las partes es ocultar que hay organizaciones de narcotraficantes –muchos cartelitos que auspician el neoparamilitarismo y pretenden controlar los territorios antes bajo la presencia guerrillera- que están ocupando el espacio de los antiguos insurgentes y suplantando al Estado que nunca llegó a las apartadas regiones en donde el campesino no encuentra otra forma de sustento.
La producción de cocaína y los cultivo ilícitos no van a desaparecer porque las FARC se acojan a la paz, pensarlo así sería un exabrupto. Este negocio es un monstro de mil cabezas que moviliza miles de millones de dólares y que comienza en Bolivia, pasa por Perú y Colombia, sigue su ruta por Centroamérica y México hasta llegar a las costas de Estados Unidos en donde un kilo de Cocaína puesto en su calles se multiplica en valor; el sector financiero, un ambicioso e invisible actor de esta cadena de ilegalidad, usufructúa sin ningún tipo de control los beneficios del multimillonario negocio; igual ocurre en Europa y Asia.
Y es ahí donde cala la propuesta del Presidente Santos: en esas condiciones la guerra la estamos perdiendo los países que ponemos las drogas ilícitas y los muertos. En Colombia, México, Centroamérica, etc, sabemos que existen los carteles y quiénes son sus cabecillas; en Estados Unidos, Europa y Asia no hay carteles ni nombres detrás de ellos: allá la mafia simplemente administra esa ilegalidad de la cual “somos culpables los países pobres”.
Quien sabe qué pensará el impredecible Trump, el nuevo presidente del coloso del norte. ¿Qué tipo de lucha propondrá? Sabrá Dios, o el propio Donald que se cree un dios. No hay que olvidar que un sector del cual el próximo mandatario estadounidense se ha enriquecido y ha hecho parte de su fortuna es el inmobiliario, y este ha sido, según cientos de investigaciones, uno de los grandes beneficiados de dineros provenientes del narcotráfico.
La complejidad del asunto en nuestro discurso doméstico va más allá de estar señalando a un grupo como las FARC de la responsabilidad del narcotráfico en el país, ocultando, de paso, otros intereses; esa doble moral ya no tiene cabida cuando muchos analistas aseguran que si no fuera por la economía subterránea (léase dineros del narcotráfico) nuestra empobrecida Colombia, sumida además en la corrupción, no tendría sustento. Realidad no sólo coyuntural, sino también propia de los anteriores gobiernos.
Por Juan Manuel Galán.-Termina el año, y los congresistas nos enfrentamos quizás a uno de los mayores retos que hemos tenido como legisladores. Me refiero a la refrendación del acuerdo de paz en el Capitolio Nacional. Ese día, asumimos la responsabilidad histórica de cambiar el rumbo del país y los ciudadanos tomaron la decisión de ejercer un control político directo de nuestra labor, desde la calle y las redes sociales.
Fue una iniciativa espontánea de cientos de jóvenes y movimientos ciudadanos, que nos hicieron un llamado sobre la importancia de rendir cuentas ante la sociedad sobre el ejercicio de las facultades que nos fueron conferidas, y en mi caso, del cumplimiento de la promesa de crear una nueva forma de hacer política con base en la transparencia, el interés general y la concertación.
Dado que la mayor fragilidad de nuestro sistema democrático es la desconfianza de la ciudadanía en sus representantes y en la manera como se toman las decisiones relacionadas con los problemas sociales, es necesario que todos los servidores públicos apliquen criterios de transparencia en el ejercicio de sus funciones para recuperar esa confianza perdida. La transparencia y la rendición de cuentas deben hacer parte de una cultura cívica, que se extienda y sea parte esencial de las actitudes y comportamientos de los servidores públicos en todas sus actuaciones.
Hoy, no podemos hablar de un gobierno transparente sin pedir por parte de quienes ejercen el poder, una rendición de cuentas clara y oportuna. Por eso, como legisladores no podemos esperar a que una ley nos ordene rendir cuentas ante nuestros electores y ciudadanos.
Este ejercicio debe ser una constante en nuestra labor diaria, a través de las redes sociales, los medios de comunicación y los portales institucionales e informativos.
Desde el 2010, hemos rendido cuentas semestralmente de nuestra labor legislativa en el Congreso de la República, sobre debates de control político, proyectos de autoría, ponencias, participación en Comisiones legales y especiales, entre otros.
Así, extiendo una invitación a que iniciativas ciudadanas de control político como la expresada en la votación del plebiscito por la paz en el Congreso, se multipliquen. La transparencia, la rendición de cuentas y unos ciudadanos activos, son un trinomio inseparable que debe arraigarse en la cultura democrática de nuestro país.
Por Felicia Saturno Hartt.- 2016 cierra su ciclo y las contradicciones de los actores políticos muestran la mayor crisis de liderazgo de la historia. El debate es, hoy por hoy, un encuentro de intereses complejos. No son las ideas, no son los intereses de clase, no son los valores los que están en pugna.
La Política, con mayúsculas, a diecisiete años del siglo, vibra en el universo bipolar. Incluso hay quienes expresan que la Guerra Fría y las guerras mundiales están detrás de la puerta. Mas no es así.
Existe un conflicto mayor, pero no irreconciliable. El Populismo, esa tendencia que hace de la diferencia un dividendo, ha engendrado, desde inicios del siglo, paradójicamente, mayores exclusiones.
Y los más angustiante es observar a los conservadores, en un escenario, complejo y contradictorio, de sobrevivencia. A diferencia de décadas anteriores, los hijos del status quo, en este momento, son populistas. Y son más amenazantes que los herederos de Stalin.
Élites oportunistas para algunos, crisis de identidad para otros, el Populismo de Derecha es una contradicción, porque el antagonismo que alimenta la relación entre las élites (económicas, intelectuales, etc) y el pueblo, no se puede resolver si no se rompe con las estructuras institucionales burguesas, oligárquicas y del staquo quo imperante, lo cual deja sin patrimonio político a los neopopulistas.
Objetivamente lo que sí existe, en la actualidad, es una respuesta a los desmanes de la clase dirigente, cada vez más corrupta, ineficiente y de espalda al momento presente de las naciones.
Pero ese descontento, también ha sido capital político de los Populistas de Derecha y tuvieron expresiones tan temibles como las del Brexit, las de la Reforma Constitucional de Italia, el No al Plebiscito de la Paz en Colombia e incluso la victoria de Trump.
El resultado de estos procesos no abrió posibilidades, más bien las destruyó. Y el votante, posteriormente, midió que las consecuencias de una decisión emocional se pagan. Ejemplo de ello, es el riesgo que tomaron los jóvenes en el Reino Unido al votar el Brexit. Las ventajas de ser europeos y poder trabajar y estudiar, el sueño de superación de todos los británicos, en cualquier parte de Europa, se esfumó.
El ciudadano de a pié no se siente representado. Las maquinarias políticas del Populismo han sido eficaces pero no efectivas, ganan elecciones, pero no manejan los indicadores de gestión de los clientes de los políticos, los ciudadanos. Sólo multiplican el discurso de la igualdad de derechos y oportunidades, ante el deterioro de la sociedad, de las instituciones y las economías nacionales.
Pero para eso, creen los Populistas, está el discurso de la intolerancia y la exclusión de los enemigos: inmigrantes, comunidad sexodiversa, intelectuales, ONGs, defensores de derechos humanos, etc, que deben callar, exilarse o morir.
Francisco Panizza, Profesor de Política Latinoamericana y comparada de la London School of Economics, advierte sanamente que “cuando hablamos de las razones comunes del Populismo, y esto afecta tanto a EEUU como a Europa, vemos que es el coletazo de la Gran Depresión del 2008 y 2010, que creó un sentimiento de injusticia entre mucha gente, que pensó que los gobiernos salvaban a los bancos a costa de la población. Eso deslegitimó mucho el orden político y económico y la visión de la globalización que subyace".
Todo esto ha alimentado las contradicciones y ellas pueden llevar al poder a los oportunistas, de cualquier signo, que actuarán en contra de las conquistas ciudadanas, en materia de derechos humanos, porque la ingobernabilidad elevará las voces de la gente, en un mundo donde lo único que libera, paradójicamente, es la tecnología.
Por ello, los neodictadores populistas odian el internet, porque han podido asfixiar los medios de comunicación, pero no el poder de las redes sociales, que, con sus defectos y virtudes, han abierto canales de comunicación y de legítima protesta.
Queda observar. Todos esos fenómenos aún no han aportado sus consecuencias. Pero los populistas siguen dando muestras tangibles de su identidad. No es poco lo que trae consigo el escándalo de Odebrecht, más que dinero es la muestra del proyecto cleptocrático de los dirigentes.
Espero que el 2017 sea un mundo infinitamente menos raro.
Por Amylkar D. Acosta M.-La región Pacífica, integrada por los departamentos del Valle, Nariño, Cauca y Chocó, acaba de dar un paso histórico. El pasado diciembre 12 se constituyó como Región Administrativa y de Planificación (RAP), figura esta contemplada en la Constitución Política en su artículo 306 y en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT), Ley 1454 de 2011, artículo 17. Dicho sea de paso, esta región posee el 22% del territorio nacional, 17% de la población y 15% del PIB y junto con la región Caribe, acusa el mayor Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) del país.
Los cuatro gobernadores que integran esta RAP, Dilian Francisca Toro (Presidenta de la FND), Camilo Romero, Óscar Campo y Jhoany Carlos Alberto Palacios firmaron el convenio que le da vida a la RAP del Pacífico. Esta es la segunda RAP que se crea en el país, después de la Región Administrativa y de Planificación Especial (RAPE) integrada por Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Meta y Tolima. Estas dos regiones le tomaron la delantera a la región Caribe, que siempre ha estado a la vanguardia en la lucha por la autonomía regional y en donde se impuso el voto Caribe con 2.5 millones de votos el 14 de marzo de 2010 reivindicándola.
Han transcurrido 16 años desde que desaparecieron las regiones de Planificación (CORPES), que fueron creados a través de la Ley 76 de 1985, después de 13 años de su funcionamiento. En la Constitución Política, artículo 286, se prevé que la Ley podrá darles el carácter de entidades territoriales a las regiones, lo que sólo le estaba reservado hasta 1991 a los municipios y departamentos. El paso previo para ellos es la RAP, por ello hemos sostenido que esta es la “escala técnica” para llegar a las regiones como entidades territoriales (RET). Desafortunadamente el Congreso de la República al expedir la LOOT malogró la oportunidad de establecer “la distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales”, entre ellas las RET, como lo manda la Constitución Política en su artículo 288.
Este paso se está dando después de 25 años de espera para darlo, pero, como dice el adagio popular, nunca es tarde cuando la dicha es buena. El vacío que quedo con la supresión de los CORPES y la larga espera para constituir las RAP le abrió el espacio a la re-centralización que se ha venido experimentando en el país, a contrapelo de lo dispuesto por la propia Constitución Nacional. Ha venido haciendo carrera la descentralización disfuncional, consistente en delegarle funciones y competencias a las entidades territoriales pero sin recursos, tal como ha sucedido con el no POS y el PAE. Todavía en Colombia, mientras no llueva en Bogotá no se reconoce que hay invierno en el país, ello en razón de que, como lo afirmó el líder indígena Juvenal, Bogotá está muy lejos de Colombia, para significar el desdén y la apatía con que se ven los problemas de las regiones por parte de la burocracia citadina.
A falta de los CORPES y de las RAP, las regiones han estado carentes de sus planes regionales de desarrollo, lo cual ha llevado al incumplimiento de lo dispuesto por la Constitución y la Ley Orgánica de Planeación, que prevén que el Plan Nacional de Desarrollo debe insertar los planes regionales de desarrollo. Por sustracción de materia se sigue pretermitiendo dicha normatividad.
Ahora, gracias a las RAP, las regiones, por fin, tendrán sus planes regionales de desarrollo, lo que permitirá que hacia el futuro los recursos del Sistema General de Regalías (SGR) se podrán enfocar y concentrar en los proyectos de mayor impacto regional, que son los que más contribuyen a ganar en competitividad, en lugar de seguir atomizándolos en proyectos de bajo impacto. Integrados y unidos en las RAPs las regiones tendrán una mayor capacidad de gestión e interlocución frente al Gobierno Nacional. Es la oportunidad para trabajar en procura de superar una de las principales falencias de las regiones, que tiene que ver con la necesidad de desarrollar capacidades para la estructuración de buenos proyectos, que les permita su viabilización y aprobación por parte de los OCADs para ser financiados con los recursos del SGR.
El Director del DNP Simón Gaviria les ofreció todo su respaldo a esta RAP y les dejó planteadas varias tareas, entre ellas el Plan de Ordenamiento Territorial Regional, servir de Unidad de ejecución para sacar avante los proyectos estratégicos de la región, sin necesidad de más burocracia sino aprovechando las sinergias del esfuerzo conjunto, superando la dispersión y la duplicidad de esfuerzos. La región Pacífica tiene un terreno ganado, dado el avance en la formulación de su Plan Todos somos Pacífico.
De cara al Post conflicto, las RAPs están llamadas a cumplir un papel de la mayor importancia, empezando por la participación de las regiones en la formulación y elaboración tanto del Plan Marco de la Implementación de los Acuerdos, así como de los planes de desarrollo con enfoque territorial ((PDETs). Estos serán la base para concertar con el Gobierno Nacional los Contratos - Paz y acceder así al apalancamiento de recursos provenientes del Presupuesto de Paz, el cual tendrá como una de sus fuentes la cooperación internacional. Sí, porque La Paz se tiene que construir desde los territorios y no desde los escritorios!
Medellín diciembre 23 de 2016
www.fnd.org.co
Por Juan Fernando Londoño.-El proceso de paz de Colombia se concibió no sólo como una manera de propiciar el desarme de las FARC, sino como una manera de resolver los problemas que han ido aparejados con el conflicto.
Para algunos, como las FARC, estos problemas: inequidad, desatención del campo, falta de garantías democráticas, son la causa del conflicto. Para otros, como el gobierno, son la consecuencia del mismo.
En cualquiera de las dos perspectivas, la paz representa una oportunidad para que reformemos muchas de las instituciones que han adquirido su especificidad al amparo de los 50 años de guerra que hemos vivido. Por ello resulta tan importante que hayan sido escogidos lo miembros de la Misión Electoral Especial, que deberán elaborar las recomendaciones que sirvan de base para las reformas electorales que el país necesita y anhela.
Todos los miembros de la Misión Electoral son destacados profesionales y expertos, la mayor parte de ellos destacados académicos, o líderes de sociedad civil con notables trayectorias en los ámbitos de la academia. La Misión ha sido reforzada con dos importantes juristas, uno en representación del Consejo Nacional Electoral y otro del Consejo de Estado, que sin duda ayudarán a que las recomendaciones tengan mayor solidez jurídica y posiblemente mayor viabilidad política.
Dado que el tiempo que se le ha otorgado a la Misión para su labor es de tan solo 4 meses, resulta muy importante intentar establecer una agenda de trabajo para el país en los años venideros, en relación con este tema, y señalar claramente cuales deberían ser las prioridades de las iniciativas de reforma. Si la Misión entrega una lista de mercado sin coherencia, ni énfasis en la secuencia que deben tener las reformas, su trabajo quedaría a medias, así que vale la pena proponer algunas ideas sobre los énfasis que podría tener una reforma de esta naturaleza.
En primer lugar, la Misión podría ofrecer luces sobre la falta de participación electoral. Lamentablemente, nos hemos acostumbrado a que sólo la mitad de la gente asista a los comicios. Que en eventos tan importantes como la conformación de una Asamblea Constituyente sólo lo haga un cuarto de la población. O que para saldar cincuenta años de guerra sólo acuda un tercio de los habilitados a las urnas. Una democracia que funciona sin la participación de los ciudadanos produce –como en efecto sucede– una política dominada por unos pocos grupos (que suelen denominarse oligarquías) que además usan el poder que obtienen para perpetuarse en el mismo y defender las ventajas que nos convierten en una sociedad persistentemente desigual.
Sería interesante que la Misión nos ofreciera alternativas a este flagelo, o si no lo considera como tal, que nos diga porque es sano para una democracia que la gente no participe. Si se acoge la idea de que la falta de participación es un déficit de nuestra democracia, sería útil considerar la conveniencia del voto obligatorio en Colombia.
El segundo problema que la Misión podría analizar es el relativo a la corrupción en el sistema electoral. Es un drama para una democracia que la gente no crea en la transparencia de las elecciones, pero existen muchos lugares comunes sobre el tema. Uno de ellos, por ejemplo, es creer que el voto electrónico va a resolver todos los problemas de corrupción. Las raíces más profundas de la corrupción se asientan en nuestra cultura política y en el poco valor que la gente le atribuye al voto. Sin embargo, son múltiples las ramificaciones que hacen que la política hoy sea una competencia de dinero, y que gracias al financiamiento político terminemos con el Estado capturado por mafias de la contratación. ¿Cómo salir de esta situación, dada la metástasis tan profunda que ha hecho en nuestro sistema? Si los miembros de la Comisión ofrecen alternativas de solución, se abriría un debate tan importante como necesario.
Hay que entender que las recomendaciones de la Misión servirán para abrir el debate, pues su trabajo será un insumo para el gobierno y los partidos con el cual deben concertar una reforma política y electoral. Desafortunadamente, las recomendaciones de la Comisión llegarán en el momento en que los partidos se alistan para emprender el año electoral, y como es tradición en Colombia, no deben realizarse reformas en el año previo a las elecciones.
En el caso de que alguien piense que sería posible usar los mecanismos de ‘fast track’ para realizar una reforma electoral, conviene advertir que esa es una pésima idea, pues si algo requiere consenso entre las fuerzas políticas o al menos un grado importante de apoyo (pues el consenso en estas materias es imposible) son las reformas políticas y electorales. Por lo tanto, lo mejor será dejar trabajar a la Misión y que sean los partidos, el gobierno, y todos los actores interesados en mejorar nuestra democracia quienes le den una valoración a su trabajo, y que éste se convierta en la guía de las acciones futuras en esta materia. Ojalá los precandidatos presidenciales decidan incluirlo en sus programas políticos, por ejemplo.
La paz abre las puertas a una democracia distinta, y las recomendaciones de la Misión Electoral seguramente ofrecerán claves sobre cómo empezar a perfeccionar nuestro sistema electoral.
Por Jorge Gómez Pinilla. Tomado de El Espectador.- El año que ya casi termina recuerda la película ‘El año que vivimos demasiado’, cuyo título iba a ser utilizado para esta columna, pero es preferible meterle clasificación a lo ocurrido.
LO BUENO
Lo bueno es que se acaba este año, aunque deja dos sucesos de grata recordación: uno, el Consejo de Estado determinó que hubo "engaño generalizado" en la campaña del No en el plebiscito. De manera clara, categórica y cortante sentenció que “crearon y divulgaron mensajes alejados de la realidad, con los que ejercieron violencia por engaño contra el electorado, lo cual produjo el resultado conocido”.
Dos, al presidente Juan Manuel Santos le dieron el Premio Nobel de Paz. Esto debió ser motivo de orgullo nacional, si no fuera porque se lo adjudicaron para impedir que la paz fuera boicoteada por los que ganaron el plebiscito a punta de fotomontajes, mentiras y pastores evangélicos reclutados para sembrar el miedo.
En lo deportivo Colombia obtuvo resonantes triunfos con las ocho medallas en los Olímpicos de Rio, la titánica victoria de Nairo Quintana en la Vuelta a España y el tercer puesto de Atlético Nacional en el Mundial de Clubes. En lo musical, estuvo el Grammy Latino para Shakira y Carlos Vives por su canción de La Bicicleta.
¿Algo más que clasifique como bueno? Ah, sí: el jueves 24 de noviembre se selló la paz entre el gobierno y las FARC mediante el Acuerdo de Colón, que ya fue ratificado por el Congreso.
LO MALO
Malo que por cuenta de la apatía de casi el 70 por ciento de los colombianos ante un tema tan crucial como la paz, el 2 de octubre el uribismo le dio un zarpazo al Acuerdo y casi manda de nuevo a las FARC para el monte. Pero Santos asimiló el golpe, en 40 días escuchó a las partes y recompuso un nuevo Acuerdo, y la respuesta de los ‘amigos del NO’ fue el rompimiento de las relaciones con el gobierno. ¿Amigos del NO? Indulgente nombre para quienes en realidad son los enemigos de la paz, agrupados en esa mano negra que ya tiene nombre propio, Centro Democrático, desde que a su dirección llegó el ideólogo de la extrema derecha que en alguna ocasión definió al comandante de las AUC, Carlos Castaño, como “un intelectual hecho a pulso”.
Malo que los pastores evangélicos y cristianos hayan adquirido tanto poder político de la noche a la mañana, porque en todo Estado laico que se respete la política y la religión no deben mezclarse, so pena de que se contamine con fanatismos de fe irracional el agua en la que todos nos bañamos. Biblia en mano, pretenden imponer un Estado confesional.
En coincidencia con lo anterior, MUY MALO que el corrupto exprocurador Alejandro Ordóñez haya quedado posicionado como candidato a la Presidencia de la República, pese a que fue destituido por el Consejo de Estado tras haberse hecho reelegir con trampas. Malo porque seguirá los mismos pasos de Trump en cuanto a decir barbaridades de alto rating, como cuando dijo que “la Corte Constitucional le ha hecho más daño al país que las FARC”.
A Ordóñez lo veremos ondeando banderas rabiosamente católicas, y como ya cuenta con la complicidad de los embaucadores pastores cristianos y evangélicos (en una de cuyas iglesias de garaje se hizo ungir), el peligro es inminente. Peligro de que conquiste la Presidencia por la vía de exacerbar pasiones religiosas, y a la vuelta de la esquina caigamos en un régimen similar al de Francisco Franco en España, y esto desemboque en una guerra civil.
LO PÉSIMO
El diccionario RAE define pésimo como “lo que es extraordinariamente malo o no puede ser peor”. En tal sentido es pésimo para la paz universal el triunfo en EE UU del energúmeno, bocón, patán, acosador de mujeres, racista y xenófobo Donald Trump, rey del matoneo político. Razón tuvo Semana en decir que Trump ‘¡se enloqueció del todo!’. Mi humilde opinión es que se avecina la III Guerra Mundial, ahora entre las civilizaciones cristiana y musulmana. Un cowboy con ansias de supremacía al mando de la nación más poderosa del planeta ha llegado para aplastar al "terrorismo islámico" y traerle paz al planeta a su manera, y en su euforia de primíparo del poder omnímodo no hará sino crecer al enemigo, que se multiplicará como hormigas que suben silenciosas por entre los pantalones del imperio hasta alcanzar sus testículos.
LO FEO
Feo lo que pasó con la reunión ‘tripartita’ entre el Papa Francisco, Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe. Pese a la buena voluntad del Santo Padre, al intermediar entre dos fuerzas en pugna hizo valer el refrán según el cual “de buenas intenciones está empedrado el camino hacia el infierno”. El Papa terminó por legitimar al comandante en Jefe de esas fuerzas oscuras que en Colombia se han alineado contra la paz y que ya han comenzado a dejar un reguero de cadáveres por toda la geografía nacional, como en los ‘buenos tiempos’ de los falsos positivos. Hay una bestia herida a la que ni el Papa pudo amansar, y esa bestia viene por todo.
No les extrañe si en 2017 Uribe vuelve con el cirirí de que el acuerdo de Paz “justifica nuevas formas de violencia”, en coincidencia con la reactivación del paramilitarismo, las amenazas (que ya llegan hasta el arzobispo de Cali) y el recrudecimiento de asesinatos selectivos contra líderes sociales, cuya “sistematicidad” no ve el Fiscal General pero se aprecia en que los asesinos siempre actúan sobre seguro, porque nunca hay capturas significativas.
Perdonarán la negrura justo en Navidad, pero solo cuando aparezca un gobierno con los suficientes pantalones para ponerle el tatequieto a la mano negra, dejará de tener sentido la frase de Woody Allen: “siempre he esperado lo peor, pero nunca pensé que fuera peor de lo que yo esperaba”.
DE REMATE: Un Feliz 2017 para todos y, si la candidatura del nefasto Ordóñez se concreta, Dios nos coja confesados.
En Twitter: @Jorgomezpinilla
Por José Gregorio Hernández.- La Corte Constitucional es el más alto tribunal de la República; se supone independiente de todo otro poder e interés; compuesto por magistrados insobornables, cuyo compromiso y juramento representan -o tendrían que representar- la mejor garantía del imperio de los valores y principios constitucionales, de la vigencia efectiva de los derechos y de la intangibilidad de la soberanía popular proclamada por el artículo 3 de la Carta Política. Sus fallos obligan a las autoridades y a los particulares.
Pero para que sus sentencias sean acatadas y cumplidas -como debe ser- tienen que existir, ser conocidas oficialmente; entendidos los considerandos y claramente expuestas en la parte resolutiva las decisiones y órdenes de las que se trata, para que sus destinatarios puedan proceder de conformidad.
La Corte Constitucional tenía que resolver sobre la primera de varias demandas contra el Acto Legislativo 1 de 2016, pero aquélla se refería solamente a los artículos 1 y 2, que consagraron el llamado “fast track” (procedimiento legislativo abreviado) y las facultades súper extraordinarias conferidas al Presidente de la República. Según el comunicado, fueron declarados exequibles los artículos impugnados, pero la Corte, mediante lo que se conoce como “obiter dicta”, entró a pronunciarse sobre el sentido de la norma no demandada, cuya exequibilidad no se ha definido.
Nos encontramos con una curiosa situación, originada en esa providencia, que ha sido anunciada por la Corte, destacada por los medios y celebrada con alborozo por el Gobierno y parte del Congreso, pero que -hasta el momento de escribir estas líneas- no existe. No ha sido firmada por los magistrados, no está redactada, ni oficialmente comunicada.
Lo supuestamente resuelto no puede ser cumplido de manera inmediata, como quiere el Presidente de la República, porque ese fallo -que es el que obliga y produce efectos jurídicos- brilla por su ausencia, aunque ha sido invocado ya para poner en marcha el procedimiento legislativo especial previsto en un Acto Legislativo que, según la misma Corte, tampoco ha comenzado a regir.
El comunicado emitido no solamente es contradictorio, porque permite aplicar en la práctica unas normas que, según expresa, no han entrado en vigencia, sino que no es claro en punto de la refrendación popular, ni sobre la vigencia del Acto Legislativo 1 de 2016, ni tampoco acerca de si está o no vigente el “fast-track”; ni si están vigentes las facultades extraordinarias conferidas al Presidente. Ni tampoco logra explicar lo que, modificando el concepto de soberanía -cuyo titular es el pueblo-, parece entender ella por "refrendación popular".
En suma, un conjunto mal estructurado de errores que, si se recobrara el sentido de lo jurídico, debería conducir a que los nuevos magistrados, en el curso del año entrante y en cumplimiento de su función de control constitucional -ejercida con independencia-, se atrevieran a declarar inexequibles muchas de las normas que se aprueben.
Desde luego, eso en nada beneficiará el proceso de paz en cuyo nombre se ha quebrantado el orden jurídico. Todo se puede caer, como un castillo de naipes, frustrando una vez más las ilusiones de verdadera paz del pueblo colombiano.
Por Luis Fernando García Forero.- En la historia republicana de Colombia nunca unos comicios plantean desafíos como los que se aproximan en el inmediato futuro. Tanto para las elecciones a la Presidencia como para las del Congreso en el 2018, el Proceso de Paz cambiará el clima de opinión y generará otros escenarios posibles.
Indudablemente que, como proceso, el de Paz es aún un reto, pero en perspectiva, es un asunto intenso de aprendizaje político y ciudadano, que va a generar mayores desafíos a la clase política.
Queramos o no aceptar, Colombia no es el mismo país antes del Proceso de Paz. Existe un aprendizaje intenso, tal vez basado en el ensayo y error, pero poderoso de cambios, donde todos estamos involucrados. Desde nuestra dimensión personal y desde nuestros roles sociales.
A pesar de la manipulación política y los escarceos de la oposición, el ciudadano de a pié tiene una posición y esa postura es el verdadero reto para los políticos que aspiran dirigir al país a partir del 2018.
Decir que la sociedad en Colombia será una sociedad verdaderamente en paz, después del Proceso, es imposible. Pero si podemos aspirar a tener más más democracia, que es el verdadero activo del cambio social.
Los políticos colombianos tienen una obligación y compromiso histórico: por un lado hay que hacer las transformaciones requeridas para controlar la etiología de la violencia y, por otro, construir los mecanismos de intervención de la sociedad, desde las regiones y las comunidades, porque las causas del conflicto aún vibran en el suelo de la nación y se transforman, cada día, en formas difíciles de abordar, con la globalización.
Un desafío político impostergable será crear la gobernabilidad regional y la gobernanza del aparato del estado. Romper con el centralismo bogotano y abrir la posibilidad de construir alianzas, entre los diversos sectores sociales (gobierno, comunidad, asociaciones, ex guerrilla, etc).
Los políticos que asuman el reto de postularse a la Presidencia y al Parlamento, no sólo requieren capital político, sino propuestas desde el poder, no sólo para generar auténtica convivencia, fortalecimiento del estado de derecho y prosperidad para superar la pobreza extrema, sino asumir que la Paz no es un valor abstracto, sino una proposición vestida de realidad y asociada a la superación de la exclusión, del miedo y de la cultura de la violencia.
De hecho, el conflicto intrafamiliar, la exclusión de la Comunidad LGBTB, el feminicidio y las desigualdades regionales son muestra de la violencia, profunda y aceptada como normal en muchas regiones.
Una paz estable y duradera en Colombia es un propósito político de todos, pero dependerá de un estado que amplié los márgenes democráticos, que crezca económicamente y tenga índices de gobernabilidad aceptables.
La visión que tengan del Postconflicto y de la Paz los aspirantes a la presidencia y al Congreso, será decisiva.
Por Jaime Enrique Durán Barrera.- La situación de Colombia y el impacto que significa el Proceso de Paz, en todos los órdenes de la vida nacional, no acepta demoras.
Más allá de lo que significa para una nación superar más de 50 años de conflicto armado, está el desafío de construir una democracia mejor que la que tenemos en Colombia, va a exigir que los papeles y roles que desempañamos todos sean cumplidos a cabalidad.
Por ello, el mecanismo transitorio especial del Fast Track, que avaló la Corte Constitucional para la implementación de los Acuerdos de la Habana, según el cual el Congreso puede promulgar leyes y/o hacer reformas constitucionales, a través de un trámite más acelerado, es un significativo paso para lograr la Paz.
Se requiere la celeridad. Se tiene que andar ligero, porque existe un país desangrado por la violencia, hay un futuro que se avizora mejor si el país invierte en el desarrollo y no permanece una cultura que sonríe al horror para mantener sus privilegios excluyentes y que hay que derrotar.
Detrás de la Oposición al Proceso de Paz, avalado por la Comunidad de la Paz y la Academia Noruega con el Premio Nobel de la Paz, no está otra cosa que la exclusión, el mecanismo más perverso de control social, que ha sido efectivo para mantener posiciones, pero atrasar a Colombia.
Para los colombianos de a pié no hay tiempo que esperar. Por ello, todas las leyes o reformas constitucionales para implementar los acuerdos, que deben ser de iniciativa gubernamental y solo se requerirá de dos votaciones en el Congreso para las leyes y cuatro para las reformas, donde sesionarán conjuntamente las comisiones de Senado y Cámara y entre una votación y otra, no pasarán más de ocho días, son garantizar que las demoras y las prácticas dilatorias no tengan efecto.
Asimismo, que el Gobierno, en menos de 180 días, tenga la facultad de dictar Decretos con fuerza de Ley, cuando lo estime pertinente y en función de garantizar el cumplimiento de los acuerdos, es otro paso a la búsqueda de convivencia en Colombia.
Se requieren leyes urgentes para articular los engranajes del Proceso de Paz. Leyes fundamentales para integrar a la Guerrilla de la Farc- EP a la vida ciudadana, como la de amnistía y garantizar el cese al fuego y las hostilidades, que afectan a la Colombia profunda, que ha sufrido con creces el conflicto en las regiones.
La incertidumbre que sembró el débil y poco legítimo triunfo del No al Plebiscito de la Paz, que movió fuertemente a la opinión pública y generó reacciones en la ciudadanía ante la importancia de esta decisión, con movilizaciones en lo ancho y largo del país, tenía que ser atacada, porque existía la posibilidad de discusiones y extensiones en debates estériles y la perdida de la voluntad del cambio en los actores del proceso, sobre todo aquellos que ya habían decidido las vías democráticas.
Afortunadamente las Farc- Ep asumió su compromiso histórico con la Paz y se mantuvo ecuánime junto al Presidente Santos, los negociadores y todos los que creemos que edificar la Paz es el mejor desafío para nuestras vidas.
Tenía que privar la razón y el requerimiento de la necesidad. No es justo que el tema de la Paz, fuese la herramienta electoral, con la cercanía de las elecciones del 2018, tanto parlamentarias como presidenciales.
Colombia merece que la oferta electoral sea de propuestas que, desde el poder, hagan realidad las expectativas y resuelvan los graves problemas de los colombianos, porque la administración del gobierno y el rol de los parlamentarios tienen que apuntar a edificar un país donde ya la ausencia del estado no sea una de las causas del deterioro de la sociedad y de la fragilidad de los programas en las regiones.
Y sobre todo quiero expresar que este mecanismo no es un aval para la impunidad, ni una forma de violación al ordenamiento jurídico colombiano. Es una respuesta eficaz y realista del máximo tribunal de la nación al proceso que hará posible un futuro real de Colombia. De todas maneras, existen los mecanismos de consulta y refrendación.
Como Presidente de la Comisión Segunda del Senado, de Asuntos Internacionales y Defensa, poseo la facultad de manifestar a las naciones del mundo, primero que la Paz es posible y que los formalismos jurídicos que superamos para la Justicia Transicional eran legales y, en segundo lugar, que este Proceso es una referencia legislativa y jurídica y un impulso significativo para superar la guerra y motivar la construcción de un mundo menos violento. La implementación política y jurídica para lograr la reconciliación nacional es digna de mostrarla globalmente.
Nos toca ser sabios y razonables a los que elegimos la representación del Pueblo de Colombia en el Parlamento, ya que un error nos puede conducir al fin de la esperanza.
