Opinión
Por: Jorge Enrique Robledo.-En la corrupción de Odebrecht hay dos hechos nuevos que no han recibido la debida atención. El primero, que María Jimena Duzán y Noticias Uno, a partir de documentos de la Fiscalía de Colombia, le informaron al país que tres altos ejecutivos de Odebrecht, de los que han confesado sus sobornos, acusaron a José Elías Melo –a la sazón presidente de Corficolombiana (Grupo Aval, Episol), la socia de Odebrecht en la Concesión Ruta del Sol 2– de haber participado en el pago de las coimas con las que se consiguieron los contratos.
Aunque las autoridades deberán precisar cada dato, se quedaría sin sustento el gracejo que dice que los de Odebrecht “subsidiaron” en el soborno al Grupo Aval Corficolombiana Episol, en beneficio de Luis Carlos Sarmiento Ángulo. Porque, según las confesiones, el pago del soborno se lo repartieron como un costo del negocio entre las dos empresas asociadas, para poder apropiarse en esa misma proporción de las ganancias. Lamentar que esta denuncia periodística, que debió estallar con gran fuerza dada su gravedad, se perdió en el aguacero de noticias y nombres que al día siguiente le tiró la Fiscalía al país, entre las que esta no se realzó.
Tampoco produjo la noticia debida algo que en otro país habría generado un escándalo. El gobierno (ANI) y la Concesión Ruta del Sol 2 llegaron a un acuerdo amistoso para dar por terminado el contrato, de forma que a los beneficiarios de los sobornos se los trató como si no hubiera pasado nada, asegurándoles además 700 mil millones de pesos, 441 mil millones de los cuales fueron para Odebrecht y 235 mil millones para el Grupo Aval (Corficolombiana Episol). El premio que les dio el gobierno a Odebrecht y a Luis Carlos Sarmiento Ángulo –por cuenta de Santos y Vargas Lleras– lo justificó con la extraña e ilegal decisión de la Superintendencia de Industria de ordenar, ¡y como medida cautelar!, la terminación del contrato, acto que le sirvió a la ANI para no declararle la caducidad, justo lo que el gobierno ha debido hacer para poder sancionar a los socios de la Concesión. Tal como quedaron las cosas, el nuevo contrato para terminar la Ruta del Sol incluso se podría volver a firmar con Odebrecht y el Grupo Aval. ¡Impunidad absoluta, para fiesta de un puñado!
Y Juan Manuel Santos, con su famoso cinismo, que pocos pero poderosos le celebran, fue capaz de afirmar que a Odebrecht “le había ido como a los perros en misa” en su gobierno, ocultando que tan distinguidos canes salieron de la ceremonia con las alforjas llenas, dándole otra poderosa razón al clamor ciudadano que dice que “¡estamos mamados de los mismos con las mismas!”.
El país también está hasta la coronilla con la desvergonzada posición de Néstor Humberto Martínez Neira de no declararse impedido para actuar como Fiscal frente estas corruptelas, en razón de sus conocidos vínculos de negocios con el Grupo Aval y con Odebrecht, según lo he probado hasta la saciedad. Odebrecht, Corficolombiana y firmas de Martínez y de su hijo aparecen juntas en el negocio de Navelena, luego de que fracasara el intento del Fiscal de presentar a Navelena como libre de toda sospecha. También se demostraron dos asesorías de Martínez Neira a la Concesión Ruta del Sol 2, en 2012 y 2015. Y probé el contubernio doloso entre el Fiscal y Corficolombiana con el objetivo de manipular mis comprobadas denuncias, manguala ocurrida cuando ya la Fiscalía tenía que estar investigando por corrupción a Corficolombiana, tanto por Navelena como por la Ruta del Sol 2. ¡El propio Fiscal, acomodando pruebas amañadas con una entidad a la que él mismo investiga por corrupción y en contra de un senador que hace control por mandato de la Constitucion y la ley! En la globalización, “los inescrupulosos aparecen en la cumbre”, explica George Soros.
Entre las nuevas pruebas del impedimento del Fiscal pesa una asesoría de 52 páginas de MNA Martínez Abogados, firmada por su hijo, Néstor Camilo Martínez Beltrán. Está dirigida a Navelena SAS, tiene sello de recibido de Constructora Norberto Odebrecht S.A. y es del 23 de julio de 2015, fecha en la que Martínez Neira afirmó que no podía haber una asesoría como esta. El documento tiene como fin “emitir un concepto con destino a los Bancos que financiarán el proyecto”. Y me lo entregó el vicepresidente Jurídico del Banco Agrario, que lo recibió de Corficolombiana. ¿Con qué nueva astucia politiquera saldrá el Fiscal, que aumenta las sospechas por su actitud de no hacerse a un lado y que se empeña en atropellar la dignidad de un país hastiado también del derecho a la matonería que se arrogan algunos que se sienten muy poderosos? (para todos los detalles: video http://bit.ly/2mt4qSy y audio http://bit.ly/2n76Dob.)
Bogotá, 10 de marzo de 2017
Por Jorge Gómez Pinilla. Tomado de El Espectador.-Lo que acaba de pasar en la agria disputa entre Claudia López y Julio César Londoño se ajusta al refrán según el cual “al mejor panadero se le quema el pan”. Lo digo por el escritor y columnista valluno cuya lectura he disfrutado desde años atrás, gracias a su erudición borgiana y al depurado manejo de una ironía que en ocasiones llega hasta el más demoledor de los sarcasmos, al mejor estilo Óscar Wilde.
Pero el sábado anterior pasé de la admiración a la decepción con la columna ‘Yo también admiraba a Claudia López’, donde la acusa de haber querido tapar un caso de corrupción en un pueblo de cuyo nombre no quiso acordarse, y de quien dice actuó así porque “no quiere enemistarse con el alcalde y mucho menos con el jefe del alcalde”. Pero no da nombre alguno ni ubicación geográfica, lo deja todo en una sindicación temeraria y gaseosa, y el menos capcioso llega a pensar que pudo tratarse de un ejercicio de ‘mala leche’, sobre todo si incurre en una grave falta a la ética periodística: no consulta antes de su publicación la versión de la persona sobre la cual lanza una acusación… que llega de terceros.
Al principio pensé que Julio César Londoño se equivocó de buena fe y que todo fue producto de un malentendido cuando interpretó erróneamente una información que le llegó de oídas, aunque no descarté que hubiera sido un mandado para algún político o sector rival –como suele ocurrir con inusitada frecuencia- mediante el cual se hubiera pretendido meterle zancadilla al prestigio que la senadora bogotana ha venido conquistando con su campaña contra los corruptos.
El mismo día de la etérea columna se vino a saber que la fuente de Londoño había sido William Fernando Rendón, quien en el canal CNC de Palmira se presentó como el coordinador del Partido Verde en esa ciudad (ver video), y entabló una denuncia contra un contratista de nombre Henry Díaz, copartidario suyo y cercano a un concejal que le había conseguido un contrato de vacunación de animales, donde a todas luces se presentaron actos de corrupción. Pero cuando Londoño en su columna pretendió estirar la culpa hasta la senadora… fue él mismo quien quedó muy mal parado.
El malentendido o tergiversación estaría en que mientras Londoño afirma que a Claudia López le llegaron con la denuncia y respondió arrogante “no voy a tratar ese tema, punto”, ella explica que su tajante rechazo fue a que la llevaran de “gancho ciego” a un almuerzo con gente que no conocía y donde querían ponerla a resolver “semejante alacranera”. (Ver columna).
El mismo Londoño en su muro de Facebook aportó como soporte de su acusación el video del canal CNC donde Rendón expone sus fundamentadas pruebas contra el contratista. Lo sorprendente es que allí se le escucha decir de Claudia López que “ella está enterada, ella apoya totalmente el proceso" (minuto 24:44), lo cual desvirtúa lo manifestado por el columnista, respecto a que la senadora se hubiera negado a escuchar a Rendón. Si vamos a hablar del obligatorio compromiso del periodista con la objetividad, a Londoño se le refundió en su columna.
Ahora bien, me atrevo a pensar que algo similar pudo ocurrirle a Claudia en su reciente visita a Santander, cuando a falta de ser objetiva habría sido utilizada precisamente como gancho ciego por los dueños de Vanguardia Liberal, opositores acérrimos del gobernador actual, quienes le habrían suministrado una información para que se fuera lanza en ristre contra el Programa de Alimentación Escolar (PAE), sin haber conocido antes los planteamientos que en su defensa ha expuesto la gobernación de ese departamento. Al margen de quién tiene ahí la razón, yo la vi fue lanzándole un salvavidas a la maltrecha imagen del alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández (consentido de Vanguardia, por cierto), a raíz de una desatinada reglamentación del Pico y Placa y de un rabo de paja manifiesto cuando el burgomaestre local se enfrentó a Germán Vargas por la utilización política de unas casas para conseguir votos.
Algo bien llamativo fue cuando el también columnista de El Espectador y El País de Cali, Ramiro Bejarano (a quien Londoño acusa de haber sido “director del DAS” en 1994), terció en la pelea y desde el lado valluno le mandó a decir en un trino que “si va denunciar que se atreva, en vez de asustarse”; y a continuación soltó una carga profunda que podría estar dando en la pepa del corozo: “En disputa entre columnista Julio Cesar Londoño y Senadora Claudia López, por supuesto hay que creerle a ella, que no anda detrás de los momios”. (Ver trino).
Lo de los momios hace referencia a la élite valluna con la que Bejarano anda a toda hora cogido de las greñas, y basta seguir la pista cual hilo de Ariadna para aterrizar en el grupo de industriales cobijados bajo el ingenio Manuelita, cuyos intereses entrarían en choque ante una eventual presidencia de Claudia López.
Moraleja y conclusión: Un escritor y columnista como Julio César Londoño está en su derecho de trabajar para unos empresarios del azúcar, pero no tiene la mejor presentación que de ñapa les haga mandados políticos. Como Claudia con Vanguardia, digamos, pero con la diferencia entre el que se deja utilizar y la que es -en apariencia- utilizada.
DE REMATE: De algún modo se entiende el desprestigio del gobierno Santos, en parte por la poderosa campaña de propaganda negra contra la paz que con tan afinada puntería ha desplegado la extrema derecha, pero lo inaudito es que el gobierno más corrupto y criminal en la historia de Colombia –el de Álvaro Uribe, por supuesto- haya sido hasta ahora el que más prestigio tuvo. País enfermo.
En Twitter: @Jorgomezpinilla
Por José Gregorio Hernández.-Se adelanta el proceso mediante el cual serán elegidos cuatro nuevos magistrados de la Corte Constitucional.
En efecto, acaban de culminar cinco magistrados que venían ejerciendo su período de ocho años. Uno de ellos fue sucedido por el Dr. Lizarazo elegido en propiedad por el Senado, y debidamente posesionado. Otro estaba encargado, en reemplazo del Magistrado Pretelt, acusado por la Cámara de Representantes y suspendido por decisión del Senado. Los otros cuatro salieron de la corporación y hay magistrados en encargo. Es decir, la mayoría en interinidad.
Nos parece que el trámite de postulación y elección se ha demorado demasiado, y por tanto los nuevos magistrados titulares ya no se posesionaron el 1 de marzo, como siempre había ocurrido desde 1993.
En lo que atañe al perfil de los nuevos integrantes de la Corte debemos decir que resulta indispensable recuperar el prestigio de la institución, que se ha venido perdiendo aceleradamente, no sólo por las denuncias formuladas y por el caso Pretelt -que ya cumple dos años sin resolverse-, sino por fallos de muy dudosa factura jurídica como el relativo a las pensiones o el que respaldó el "fast track", además de otros contrarios a reiterada jurisprudencia constitucional.
Es indispensable que los nuevos magistrados sean juristas conocedores del Derecho, con una impecable trayectoria jurídica, y en especial de una gran independencia. Ellos no se deben al Gobierno, ni a partido o sector político alguno, ni a una determinada creencia o religión, ni a organizaciones privadas o empresas con las cuales hayan estado vinculados en el pasado. Su único compromiso es y debe ser con la Constitución de 1991. No se olvide que su función consiste en la guarda de la integridad y supremacía de la Carta Política colombiana.
Ahora tienen el desafío de fallar acerca de las normas constitucionales y legales que se están expidiendo con el objeto de implementar y desarrollar el Acuerdo de Paz.
Tiene que prevalecer el criterio jurídico imparcial y objetivo. No puede ser la Corte un tribunal dependiente del Gobierno, ni dar esa apariencia. Independencia, imparcialidad, juridicidad, rectitud, limpia trayectoria, respeto a los valores y principios constitucionales, comportamiento incorruptible, verticalidad, fundamento jurídico de las sentencias. Es lo que se espera de los nuevos magistrados.
Los jueces constitucionales no deben lealtad a quienes los postularon o apoyaron para llegar a sus cargos, ni a quienes votaron por ellos en el Senado, y quizá su mejor cualidad al respecto consiste en ser desagradecidos. Por ello, mal pueden haber asumido compromisos de ninguna índole. Tampoco les corresponde representar al Gobierno, ni ponerse en el papel que a éste compete, por ejemplo en el caso del estado de cosas inconstitucional, sino que deben impartir las órdenes necesarias para la protección o restablecimiento de los derechos fundamentales de las personas, y a la administración toca obedecer esas órdenes, so pena de desacato.
Los magistrados no deben considerar la conveniencia u oportunidad de las normas sobre cuya constitucionalidad deben decidir en el control abstracto. Esa es tarea del Congreso y del Gobierno. Su función es exclusivamente jurídica.
Ojalá se escoja a los magistrados con esos criterios, para que la Corte Constitucional recobre su puesto de honor en el más alto nivel del sistema y en la estructura de la rama jurisdiccional.
Por Juan Manuel Galán.-¿Qué significa ser defensor de derechos humanos en Colombia? Es cierto que, como resultado de los diálogos de paz, Colombia cuenta hoy con la tasa de homicidios más baja de los últimos 40 años, que se ha disminuido el desplazamiento armado, y que en general se han reducido las confrontaciones contra la población civil. Sin embargo, quienes denuncian con valentía problemas sociales y discursos de odio, siguen enfrentando amenazas, agresiones y asesinatos en todo el país.
En el reciente informe de Amnistía Internacional, se observa que estas amenazas y homicidios se concentran especialmente contra líderes comunitarios y activistas ambientales. Por su parte, el Programa No Gubernamental de Protección a Defensores de derechos humanos -Somos Defensores-, reveló que durante 2016, 481 defensores fueron víctimas de agresiones contra su vida e integridad o fueron presa de obstaculización de su labor. Las agresiones que se le atribuyen al trabajo en favor de los derechos humanos, van desde robos de información hasta asesinatos, detenciones arbitrarias, desapariciones, y violencia sexual.
El informe afirma que los sectores con más líderes muertos fueron los comunales (20), seguido de indígenas (15), campesinos (13), comunitarios (10) y afro (7). Finalmente Pacifista, -plataforma digital administrada por la revista VICE-, revela que en 2016, 80 defensores y líderes sociales fueron asesinados; 17 más que en 2015 y que en 22 de los 32 departamentos de Colombia -68% del territorio nacional- se presentaron homicidios contra defensores.
Solucionar esta situación no es fácil, pero plantea la necesidad de aplicar acciones inmediatas. Empecemos por la urgencia de diagnosticar el problema. Hoy el Estado Colombiano recoge información de organizaciones civiles como Cinep, Cerac, Indepaz, Cceeu, y Movice, entre otros.
Por Amylkar D. Acosta M.- Según lo ha advertido el Presidente de la ANDI Bruce MacMaster, “preocupa el resultado observado durante el primer mes del año, en el que el consumo decreció 3.5%. Las alarmas deben estar prendidas y esperamos que las autoridades económicas y monetarias reaccionen a ellas, de lo contrario este año podremos tener un crecimiento muy regular”. Por ello ha sido muy bien recibido tanto el anuncio del Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas de darle un nuevo impulso a la economía con su estrategia Colombia repunta, como la decisión que tomó la Junta del Banco Emisor de reducir en 25 puntos básicos la tasa de intervención, medidas estas que deberán servir de galvanizador de la economía.
Con la supresión de aranceles a más de 3 mil productos, entre materias primas y bienes de capital tanto para la industria como para la agricultura, le significará menores costos a las empresas por valor de $1 billón. Con esta y otras medidas contempladas en la estrategia Colombia repunta, como la ejecución de obras de infraestructura por valor de $9.2 billones, la construcción de 18.000 aulas escolares y la inversión de $4 billones en la implementación de los acuerdos con las FARC, se espera apalancar el crecimiento del PIB este año en 1.3 puntos porcentuales.
El Banco de la República tiene como su principal misión mantener a raya la inflación, pero no puede desentenderse del crecimiento de la economía y el empleo. Estos dos objetivos siempre entran en tensión a la hora de tomar decisiones sobre la tasa de intervención, que ya había alcanzado en diciembre del año anterior el 7.5%. Después de una pausa en enero de este año, en su segunda reunión esta semana, la Junta del Banco de la República sorprendió a los analistas al recortar en 25 puntos básicos su tasa de intervención, dejándola en 7.25%.
Para dar este paso la Junta del Banco Emisor tuvo en consideración “la debilidad de la actividad económica y el riesgo de una desaceleración excesiva”. Y al referirse al desánimo de los consumidores que pone de manifiesto la pérdida de confianza de los mismos, manifiesta la Junta del Banco que “si esto termina reflejándose en el gasto de los hogares, el pronóstico de crecimiento para el 2017 podría reducirse (2% en un rango entre 0.7% y 2.7%)”. El Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas es más optimista y le apuesta a un crecimiento del 2.5%, para lo cual será menester lograr revertir la tendencia que traíamos.
Y no le faltan razones al Ministro Cárdenas para su optimismo, pues, como el mismo lo advierte “no estamos satisfechos, este año Colombia repunta. Ya no tenemos fenómeno de El Niño y se ha despejado la incertidumbre, se aprobó la reforma tributaria así como los acuerdos de paz, que ya están en implementación”. De otra parte, el sector de minas y canteras tocó fondo en 2016 y ahora repunta de nuevo.
Cota, marzo 4 de 2017
www.amylkaracosta.net
Por José Gregorio Hernández.-Está visto que la pena de muerte, además de ser una sanción bárbara -aún para los peores delincuentes- no tiene un efecto benéfico en el seno de la sociedad por cuanto está muy lejos de desestimular o amedrentar al delincuente. El Estado no tiene el derecho para disponer de la vida de una persona, ni para torturarla -y es bien sabido que mantener a una persona a la espera de su ejecución es, en sí misma, una tortura sicológica, aunque no la haya física-, y muy pocas veces, pese a los avances de la tecnología, cuenta con la absoluta certeza, fuera de toda duda, sobre la justicia de la condena y la plena certeza de la responsabilidad penal. Son muchos los casos que registra el Derecho Penal, en los cuales se ha errado -inclusive en varias instancias-, haciendo inútil e inoperante cualquier recurso cuando ya la pena ha sido aplicada.
De cuando en cuando, ante delitos graves, no falta quienes vuelven a proponer que se reinstaure la pena de muerte.
El artículo 11 de la Constitución Política de 1991 la prohíbe de manera expresa, y el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969 (Pacto de San José de Costa Rica) -ratificada por Colombia- establece, entre otras reglas -exigibles a las partes por el Derecho Internacional-, la siguiente:
“Artículo 4.- Derecho a la vida
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.
2. En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente.
3. No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido.
(…)”.
Desde luego, es repudiable y merece penas más drásticas el delito de narcotráfico -una verdadera maldición para Colombia-, por el cual han sido condenados en China nacionales colombianos –Ismael Enrique Arciniegas Valencia acaba de ser ejecutado- , pero la pena capital es una sanción desproporcionada, que además hemos rechazado por razones humanitarias y de justicia.
En consecuencia, y con mayor razón cuando se trata de reos colombianos, hemos lamentado -y así lo expresamos directamente hace varios años al Embajador de la China en Colombia y a legisladores estatales norteamericanos- que ciudadanos compatriotas hayan sido condenados a la pena capital en otros países, cuando se trata de un castigo prohibido en nuestro sistema desde 1910 y que, además, no se podría restablecer mediante reforma constitucional, según tales perentorios compromisos internacionales.
A pesar de lo ocurrido con el señor Arciniégas -cuando fueron inútiles las gestiones de nuestra diplomacia- el Gobierno colombiano debe insistir con las autoridades chinas para que varios compatriotas ya condenados no sean ejecutados.
Por: Jorge Enrique Robledo.- El 21 de diciembre pasado, la trasnacional Odebrecht le confesó a la Justicia de Estados Unidos el pago de sobornos por 778 millones de dólares en doce países, incluidos once millones en Colombia. Al otro día, en la que puede ser la más rápida reacción de un fiscal en la historia, Néstor Humberto Martínez Neira decidió investigar a Navelena SAS, empresa perteneciente al Grupo Odebrecht en el 87 por ciento. Y el 5 de enero de 2017, ¡en una decisión exprés, en solo once días hábiles!, Martínez Neira dijo que “la Fiscalía ha descartado la posibilidad de corrupción en Odebrecht”, afirmación que repitieron todos los medios y que pudo llevar a que nadie más pusiera sus ojos en ese negocio.
Los siguientes son algunos de los elefantes que no vio el Fiscal Martínez, con sus 30 mil funcionarios, pero que sí vimos otros: en diciembre de 2015, en un trámite plagado de irregularidades, el Banco Agrario le prestó a Navelena Odebrecht 120 mil millones de pesos (http://bit.ly/2l4GORW). Para el 5 de enero, el día de la extraña absolución del Fiscal, dicha deuda ya se encontraba en mora y en peligro de no ser cancelada. El 28 de diciembre de 2016 la Contraloría advirtió que el cambio de los materiales en el proyecto del río Magdalena “pone en riesgo la estabilidad y durabilidad de las obras” (http://bit.ly/2lS1Vd8). Hay dudas sobre por qué se retiraron las otras empresas que competían. Y Otto Bula se menciona en una sospechosa prima de éxito de cuatro mil millones de pesos en este negocio (http://bit.ly/2lbRocP).
Para hacer peor su muy extraña decisión de darle una absolución política a Navelena en pleno escándalo de corrupción de Odebrecht –y digo que política porque en once días difícilmente puede ser legal–, el Fiscal actuó mal por otras dos razones: su bufete, Martínez Neira Abogados, es “asesor legal e institucional” de Navelena Odebrecht. Y Corficolombiana y Fiduoccidente son partes claves en este negocio, firmas del Grupo Aval de Luis Carlos Sarmiento Angulo, cuyo principal abogado es Martínez Neira. Tan fuertes son sus vínculos económicos y personales, que en solo cinco momentos Martínez le asesoró negocios por 3.567 millones de dólares (http://bit.ly/2kGdT5f), al igual que asesoró a Sarmiento y a Odebrecht, porque son socios, en el contrato de estabilidad jurídica de la Concesionaria Ruta del Sol 2, la beneficiaria del soborno de los once millones de dólares .
Lamentable, para él, la respuesta del Fiscal Martínez a mis denuncias en su contra en la Procuraduría y en la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Porque con rabulerías no se puede tapar que fue la Vicepresidencia Jurídica del Banco Agrario la que me informó dos veces que Martínez Neira Abogados es asesor de Navelena Odebrecht, verdad que en un caso aportó la propia Corficolombiana, tan cercana a sus afectos y negocios (http://bit.ly/2mfODHE).
En otro país que no estuviera tan descompuesto y con tantos poderes económicos y políticos interesados en que triunfe el tapen-tapen en el caso Odebrecht, el Fiscal Martínez Neira ya habría tenido que renunciar a su cargo o por lo menos declararse impedido, cediéndole a otro servidor público la función que él se empecina en asumir. Porque por razones éticas y legales los funcionarios no pueden actuar –acusando o defendiendo– si se dan cierto tipo de relaciones entre ellos y los interesados, como ocurre en este caso.
Para completar tantas desvergüenzas, el gobierno, a través de la ANI, acaba de acordar con la Concesionaria Ruta del Sol 2 dar por terminado el contrato, como si no tuviera origen en los sobornos confesados por Odebrecht, y pagar a los socios 700 mil millones de pesos, repartidos así: 441 mil millones a Odebrecht –¡sí, a Odebrecht!–, 235 mil millones a Episol, brazo de Corficolombiana y el Grupo Aval, y 36 mil millones a los Solarte. Según la revista Dinero, el pago no será inmediato porque consideran que “no estaría bien visto” (http://bit.ly/2mr0hvH). Y quien haya seguido las noticias sabrá que las filtraciones del proceso legal ya no tratan a Otto Bula como un sobornador, sino como alguien que, simplemente, trajo una plata del exterior para una campaña electoral y que las mayorías del Consejo Nacional Electoral, en acuerdo entre la Unidad Nacional y el Centro Democrático, inhabilitaron para actuar sobre las financiaciones de las elecciones presidenciales a Armando Novoa, el único consejero que no milita en esas fuerzas.¡Al consejero independiente lo sacan del asunto ¡¡¡y el Fiscal sigue tan campante!!!
Bogotá, 24 de febrero de 2017.
Por Roger Cohen.- La frase “periodismo basado en hechos” es ridícula y tautológica. Es como hablar de vida humana basada en oxígeno. No hay otro tipo. Los hechos son las bases del periodismo; ir tras ellos, sin miedo y sin favoritismo, es el principal objetivo.
Pero en una época en la que el presidente Trump acusa a The New York Times casi a diario de publicar “noticias falsas”, en la que su consejera Kellyanne Conway presenta “hechos alternativos” y en la que las mentiras llegan como una plaga desde la oficina más importante de Estados Unidos, cada vez se habla más del periodismo “real” o “basado en hechos”.
Eso es un mal augurio. Hablamos de periodismo basado en hechos, pero ¿cuál es el otro tipo de periodismo? Es obvio que los sitios de noticias falsas que se publican desde Macedonia para ganar dinero fácil no son periodismo. Esas páginas de internet utilizan noticias inventadas y disfrazadas de periodismo para cumplir objetivos políticos.
A los periodistas se les presenta información falsa para sembrar dudas. Esa información ahora emana de la Casa Blanca y su objetivo es que todos caigamos en ese hoyo negro donde 2+2=5.
La velocidad le gana a la veracidad. Ese es el acertijo y la amenaza de esta época.
La velocidad y la perturbación tienen más impacto psicológico que la verdad y la ciencia. Pueden moldear la retórica. Desacreditar noticias falsas rara vez es tan poderoso como la historia en sí. Trump dice “tal cosa”. ¡Alboroto! Hordas de periodistas se apresuran a desacreditar “tal cosa”. El presidente continúa con otro asunto y jamás vuelve a mencionarlo, afirma que no dijo eso o insiste en que realmente lo que dijo fue “otra cosa”.
La gente comienza a preguntarse: “¿Me estoy imaginando esto?”. Sienten que algún mecanismo interno ha tomado el control y los está arrastrando hacia un abismo. El presidente es un punto de referencia: si él miente, la costumbre de mentir se infiltra en la cultura. Los estadounidenses empiezan a preguntarse: “¿Acaso seremos capaces de expulsar del poder a estas personas? ¿De qué son capaces?”.
Simon Schama, un historiador británico, hace poco publicó este mensaje en Twitter: “La indiferencia en cuanto a la distinción entre la verdad y las mentiras es la precondición del fascismo. Cuando la verdad desaparece, la libertad también lo hace”.
El nivel de la deshonra que ha caído sobre la Casa Blanca tras solo semanas es asombroso. Durante décadas, la palabra de los estadounidenses era fundamental para afianzar la seguridad del mundo. El continente europeo y aliados como Japón fundaron su seguridad de posguerra en lo que expresaba Estados Unidos a través del presidente.
Ahora las palabras que salen de los labios fruncidos de Trump o desde sus mensajes en Twitter —a menudo con faltas ortográficas— son mensajes triviales, falsos o sin sentido. Por el amor de Dios… está enojado con Nordstrom porque la cadena de tiendas dejó de vender la línea de ropa de su hija Ivanka. Eso es lo que le preocupa al líder de Estados Unidos.
Me sorprendió cómo Paul Horner, quien dirige una gran operación de noticias falsas en Facebook, describió esta época en The Washington Post: “Para ser honesto, la gente definitivamente es más tonta. Sigue divulgando cualquier cosa. Ya nadie verifica los datos… o sea, así fue como Trump resultó electo. Tan solo dijo lo que se le antojó y la gente le creyó todo; cuando las cosas que dijo resultaron ser mentira, a la gente no le importó porque ya lo habían aceptado. De verdad es aterrador. Jamás he visto algo así”.
Durante la campaña, a Horner se le ocurrió una noticia falsa de que le habían pagado 3500 dólares a un manifestante en un mitin de Trump. Se hizo viral. Hemos visto noticias falsas de cómo Hillary Clinton le pagó 62 millones de dólares a Beyoncé y a Jay-Z para que se presentaran en Cleveland y de cómo Khizr Khan, el padre del oficial musulmán-estadounidense que fue asesinado en Irak, era un agente de los Hermanos Musulmanes. Las noticias falsas cambiaron el resultado de la elección… ¡NOTICIA DE ÚLTIMA HORA! ¡IMPRESIONANTE!
Ahora el presidente Trump insinúa que sus índices negativos en las encuestas son noticias falsas… junto con CNN, The New York Times, The Washington Post y cualquier otra organización noticiosa que esté haciendo su trabajo, que lo obligue a rendir cuentas de su autoridad o que sea testigo de sus actos. Stephen Bannon, el hombre detrás de Trump, cree que los medios deberían “callarse la boca”.
Pero no lo haremos.
A veces, intento imaginar cuál podría ser el momento del “incendio del Reichstag” para Trump. En febrero de 1933, unas semanas después de que Hitler se hizo canciller, el parlamento de Berlín se envolvió en llamas. Fue un incendio provocado cuyo origen todavía no es claro. Un artículo reciente en The New Yorker, escrito por George Prochnik, utilizó una cita del escritor austriaco Stefan Zweig acerca de la reacción salvaje de Hitler: “Con un solo golpe, fue destruida toda la justicia en Alemania”.
Con un presidente que aborrece a la prensa, que insulta al poder judicial, que no tiene tiempo para ideales como la libertad ni la democracia y cuya predilección por la violencia es evidente, ¿cuál sería la respuesta a un incendio Reichstag en Estados Unidos? ¿Podría ser un gran acto de terrorismo?
Tan solo podemos estremecernos con esa idea.
Los hechos importan. La judicatura federal está respondiendo a los empujones. El gobierno tiene fallas. El periodismo (sin necesidad de adjetivarlo) jamás ha sido más importante. La verdad no ha muerto aún, pero negar que está bajo asedio sería una invitación a la catástrofe.
Por Juan Fernando Londoño.- Los países que han pasado por períodos traumáticos de su historia, como es el caso de las guerras, aprenden las lecciones de su pasado y construyen mejores sociedades. A este fenómeno se le llama hoy “resiliencia” y consiste en sobreponerse a las dificultades y salir más fuerte de ellas.
Implementación de acuerdos de paz con las FARC, opinión de Juan Fernando Londoño Paz sí, pero que la paguen otros Foto: Daniel Reina Romero
La implementación de los Acuerdos de Paz ha puesto de presente el verdadero problema del posconflicto en Colombia: querer la paz sin asumir sus costos. Nos sucede algo parecido al mundo que propone Trump, querer un muro para nuestra casa, pero que lo paguen los vecinos.
El modelo de paz que resultó de la negociación del Gobierno con las FARC va mucho más allá de garantizar la reinserción de las guerrillas e implica que como sociedad afrontemos las reformas que necesitamos. Por eso, los acuerdos consisten en rutas participativas para las reformas en lugar de Acuerdos sustantivos. Ese camino de cambios apenas se empieza a transitar.
Los opositores de la paz, tal como lo he mencionado en otras ocasiones, no se oponen al cese de la guerra, ni a la reincorporación de los alzados en armas. Así lo ratificó el propio jefe de las fuerzas reaccionarias, el senador Uribe, en su mendaz declaración de esta semana. Lo que a Uribe, sus seguidores y muchos colombianos más les asusta no es amnistiar a unos cuantos guerrilleros, lo que les aterra realmente es que la paz cambie el estatus quo con el que hemos vivido durante todos estos años.
A medida que se anuncian reformas y estas empiezan a amenazar distintos intereses de la sociedad, los apoyos para la implementación se van reduciendo y el número de preocupados crece. En todos los procesos de transformaciones sociales, los afectados ejercen una férrea oposición y los posibles beneficiarios una débil defensa. Como lo ha señalado repetidamente el comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, la negociación del Acuerdo fue muy difícil, pero su implementación lo será aún más.
La puesta en marcha de los Acuerdos va a incrementar las tensiones latentes en la sociedad y abrirá la puerta para cambiar la relación de poderes que mantiene el actual status quo. Por eso, el interés de las fuerzas reaccionarias en evitar que se produzcan los avances y de allí su amenaza de echarlos para atrás, que era el verdadero propósito del comunicado del expresidente Uribe.
Los países que han pasado por períodos traumáticos de su historia, como es el caso de las guerras, aprenden las lecciones de su pasado y construyen mejores sociedades. A este fenómeno se le llama hoy “resiliencia” y consiste en sobreponerse a las dificultades y salir más fuerte de ellas.
Colombia se halla ante su más importante prueba de resiliencia, la historia que estamos escribiendo dirá si aprendimos algo de nuestros años de guerra y fuimos capaces de construir una mejor sociedad, o si toda nuestra violencia y todos nuestros muertos han sido en vano.
*Ex vice ministro del Interior
@JuanFdoLondono
Por Jairo Gómez.- La Justicia Especial de Paz (JEP) es tal vez la conquista más añorada por las víctimas del conflicto armado en Colombia. Con ella garantizan verdad, justicia, reparación y no repetición.
Es la mejor noticia para los más de siete millones de víctimas que han dejado estos 52 años de guerra protagonizada por fuerzas del Estado, las FARC, ELN y la macabra manera como obraron poderes regionales en connivencia con paramilitares y narcotraficantes, para matar, despojar y desplazar a humildes campesinos, indígenas y afros.
Ejemplos hay muchos, pero hablemos de las más de 11.000 víctimas del departamento de Cesar que vienen por décadas reclamando su derecho a las tierras que les fueron quitadas violentamente. Víctimas que alzan la voz no obstante la arbitrariedad con que son tratadas por una burocracia política y judicial capturada por las castas de la región que no ceden un ápice y, al contrario, responden con más represión.
Un ejemplo sobresaliente, que las autoridades judiciales pasaron de agache, es la investigación de la Organización No Gubernamental PAX Holanda en la que denuncia en su libro El Lado Oscuro del Carbón, cómo las multinacionales Drummond y Glencore (Prodeco) financiaron durante siete años al grupo paramilitar “Juan Andrés Álvarez” (1999-2006 gobiernos de Pastrana y Uribe primera parte), banda que sembró el terror en el norte del departamento de Cesar, mató, desplazó y despojó campesinos para apropiarse de grandes extensiones de tierra sin que los órganos de justicia regionales y nacionales asumieran con decisión investigación alguna.
Dirán que referir este asunto es llover sobre mojado, no. Este es un relato pertinente porque las víctimas son el eje del proceso de paz y el acuerdo final. En el Congreso se desgañitan algunos sectores políticos hablando de las víctimas de las FARC (organización que debe reconocer su responsabilidad y reparar a las víctimas), pero nunca se menciona la atroz persecución de los miles de campesinos de Cesar que aún lloran a sus seres queridos, muchos de ellos desaparecidos o muertos en las masacres de los corregimientos de El Toco, Estados Unidos y El Platanal, entre otras.
El miedo agobia a una región que se parece más a un régimen feudal que a una sociedad del siglo XXI en donde unas castas terratenientes imponen su voluntad y controlan, además de la política, todos los órganos de justicia a través de sus familiares o aliados que no dejan mover un papel sin que previamente sea revisado; por supuesto las precarias decisiones de la oficina de Restitución de Tierras pasan por el tamiz de los caciques de la zona.
Nadie imprime atención a esta crisis humanitaria que vive el departamento de Cesar, en el que han sido asesinados cinco líderes de restitución de tierras en lo que va del año 2017.
El contralor general de la República, Edgardo Maya, patriarca de esa región, debería poner el ojo en su tierra natal, pues ahí la corrupción campea y la indiferencia asusta.
Hoy en Cesar nadie se atreve a hablar por temor a los paramilitares que nunca se fueron de la zona. A esta región llegará la Justicia Especial de Paz, un instrumento que romperá el silencio porque es mucha la verdad que hay que inquirir.
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