Opinión
Por Juan Fernando Londoño.- Gran parte del problema de Colombia es que los sectores más ricos no sólo no tributan más, sino que se ven enormemente favorecidos por los beneficios y vacíos de la legislación.
Uno de los argumentos más comunes para oponerse a los aumentos de impuestos es la corrupción. Desde distintos sectores, grupos interesados y liderazgos populistas se señala con énfasis que el gobierno no debería subir los impuestos hasta que se acabe o por lo menos se combata eficazmente la corrupcion. Muchos ciudadanos a su vez consideran injusto pagar impuestos cuando hay tanto desvio de los recursos. Incluso otros grupos apelan a ello para justificar sus propias acciones en materia de evasión y elusión.
La verdad es que en el tema de la relacion entre impuestos y corrupción el asunto funciona al contrario, esto es, el aumento de impuestos es lo que provoca reducciones en la corrupcion. Los países que tienen los menors niveles de corrupción, como por ejemplo, los nórdicos y otros más de la esfera de la OECD tienen a su vez los mayores niveles de tributación y gracias a esos ingresos pueden financiar los servicios públicos que el Estado provee y que permite los altos niveles de bienestar de que gozan quienes habitan en ellos.
De otro lado, los países con mayores niveles de corrupción corresponden a Estados que no recaudan pero tienen recursos suficientes para entregar a los ciudadanos ciertas condiciones básicas de vida, un ejemplo muy claro es Venezuela, que usa los recursos del petroleo para brindar subsidios que permiten a las elites mantener el apoyo político mientras los gobernantes y sus cercanos se apropian de grandes cantidades de dinero. Los países autenticamente más pobres no presentan niveles tan altos de desviación de los recursos por la simple razón de que hay menos recursos para desviar.
Lastimosamente, el asunto no funciona tan facilmente cuando se trata de asegurar que mayores impuestos se traduzcan en acciones más efectivas del Estado. Para ello se requiere que la sociedad active diversos mecanismos de control social y rendición efectiva de cuentas. Para que esto suceda es muy importante que los ricos paguen efetivamente más impuestos y que los impuestos directos sean claros y relevantes. Son los impuestos directos los que generan una sensación de expropiación del esfuerzo propio que obliga a los afectados a preocuparse por el control de la destinación y uso efectivo de los recursos. Si alguien adquiere una fortuna con gran sacrificio no estará dispuesto a que otro más se aproveche de su esfuerzo, incluso si es el Estado.
Gran parte del problema de Colombia es que los sectores más ricos no sólo no tributan más, sino que se ven enormemente favorecidos por los beneficios y vacíos de la legislación. Esto genera dos situaciones, uno, la ausencia de autoridad moral de estos mismos sectores para emprender o financiar acciones de control, pues cualquiera iniciativa que tomen en esa dirección puede propiciar retaliaciones de parte de los agentes politicos y por lo tanto la accion se devuelve como un bumerán que afecta sus propios beneficios económicos. Segundo, la lógica con la que actúan muchos sectores poderosos es que resulta mejor usar el sistema para sacar tajada en lugar de actuar quisquillosamente con respecto a la corrupción.
Cuando la gente paga más impuestos está más atenta y dispuesta a asegurarse que los representantes politicos rindan cuentas sobre el uso que los gobierno hacen de los recursos y solo cuando los ciudadadanos, especialmente los más ricos e influyentes –que son quienes pueden dedicar mayor tiempo y energía a controlar a los otros poderosos de la sociedad- empiezan a actuar de esa manera la corrupción empieza a ceder.
Mientras en Colombia existan tantos beneficios para los ricos en las regulaciones tributarias será muy dificil que la lucha contra la corrupción realmente prospere.
Por Amylkar Acosta.- Hace mucho rato el fantasma del apagón viene rondando al Caribe colombiano y así lo hemos advertido reiteradamente. A la pésima calidad en la prestación del servicio de energía a los 2.5 millones de usuarios del Caribe por parte de ELECTRICARIBE se viene a sumar ahora el riesgo de verse sometido a un programa de racionamiento programado del mismo.
Según la Ley de Murphy, todo aquello que anda mal es susceptible de empeorar y este es el caso. Ahora resulta que no tienen caja ni para cumplir con las inversiones a las que están obligados ni para pagar la energía que le compran a los generadores para distribuirla entre sus usuarios. A causa de su incumplimiento con los generadores ELECTRICARIBE ha estado incursa permanentemente en causal de “limitación de suministro”, que no es otra cosa que racionamientos programados.
Los usuarios de ELECTRICARIBE ya están habituados a los racionamientos no programados, porque permanentemente le están racionando el fluido eléctrico, no pocas veces disfrazado de “mantenimiento” a las redes y, lo que es peor, han estado expuestos a los cortes intempestivos y a la oscilación del voltaje, con el daño subsiguiente de los electrodomésticos. Y ello, no obstante que están en la obligación legal de garantizar “la prestación continua de un servicio de buena calidad”. Y, además, incumple con la Ley eléctrica, la cual dispone que el servicio de energía se debe prestar con “eficiencia, calidad, continuidad, adaptabilidad, neutralidad, solidaridad y equidad”. Con nada de ello cumple ELECTRICARIBE. Gas Natural-Fenosa evade su responsabilidad, pues para ella “no se trata del prestador del servicio” y se escuda en que “mientras el modelo no funcione la prestación va a estar rezagada del resto del país”.
A lo que no están acostumbrados los usuarios de ELECTRICARIBE es a los racionamientos programados, XM, que es el administrador del Sistema de Intercambios comerciales del Mercado de Energía Mayorista anunció el día de ayer que dicha empresa “se encuentra en mora con la obligación de otorgar garantías financieras que tienen por objeto respaldar el pago de las transacciones comerciales en el Mercado de Energía Mayorista, que debieron ser presentadas el 18 y 20 de octubre” y no lo hizo. Estamos hablando de garantías por un monto de $27.692 millones y ello conlleva la iniciación de un programa de “limitación de suministro” de energía, que por lo pronto será un corte del suministro de energía de 3 horas diarias desde el 9 de noviembre hasta el 16 de diciembre y de 4 horas diarias a partir del 17 de diciembre.
Esta situación le habrá de significar muy serios traumatismos a toda la región Caribe, en una circunstancia que está mediada por la “controversia” planteada por Gas Natural-Fenosa, la cual le resta capacidad de maniobra al Gobierno, pero ello no lo puede llevar a cruzarse de brazos. En el pasado, no ha faltado quien platee la intervención de ELECTRICARIBE para evitar males mayores, sin embargo se ha descartado de plano por considerarla indeseable y contraproducente, pues podría resultar peor el remedio que la enfermedad. Pero, ante el acecho del fantasma de un apagón a la Superintendencia de Servicios Públicos no le está quedando otro camino a seguir, ya que, según la Resolución 116 de 1988 de la CREG, es lo único que puede interrumpir la “limitación de suministro”, eso sí, “antes de la iniciación del programa” y si así lo dispone “se suspenderá la iniciación del programa y se ordenará la publicación de un aviso informando ampliamente sobre tal hecho”.
Lo cierto es que ante el riesgo de que a la región Caribe se le vayan las luces, el Gobierno Nacional, particularmente el Ministerio de Minas y Energía y la Superintendencia de Servicios Públicos, tiene que actuar ya, antes de que sea demasiado tarde. Al fin y al cabo, como lo prescribe la Constitución Política, “los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional”. Huelga decir que, como lo afirma XM, “los daños y perjuicios que el programa de limitación de suministro cause a sus usuarios y/o terceros afectados con esta medida son de responsabilidad exclusiva de ELECTRICARIBE” y de nadie más.
Bogotá, noviembre 7 de 2016
www.fnd.org.co
Por Jorge Enrique Robledo.- De acuerdo con la Dian, en 2017, el recaudo por IVA y combustibles, que gravan por sobre todo a los sectores populares y a las clases medias, aumentará en 9.0 billones de pesos, al tiempo que el impuesto de renta disminuirá en 1.89 billones. Y al 2022 las cosas serán peores: IVA y combustibles llegarán a 15.6 billones y el cuatro por mil –que también es indirecto–, a 11.35 billones, en tanto la renta apenas se incrementará en 0.38 billones. En resumen, entre 2017 y 2022, los impuestos regresivos se incrementarán en 26.9 billones y la renta en casi nada. Como si fuera poco, la casi totalidad de la disminución en renta favorecerá a las trasnacionales y a otras cuantas empresas mayores –de 43 a 32 por ciento–, antes que a las pequeñas y medianas –de 34 a 32 por ciento– (http://bit.ly/2dHAXjc). Y a la clase media asalariada o que gana honorarios le aumentarán los tributos.
La reforma viola entonces el artículo 363 de la Constitución –que establece que los impuestos deben ser progresivos, lo contrario de regresivos– y empeora el estado de cosas inconstitucional que padece Colombia, porque ya hoy, antes de estos cambios, los impuestos indirectos –IVA, combustibles, 4×1.000 y aranceles–, aportan la mitad del recaudo.
En cualquier texto elemental sobre asuntos tributarios se explica que lo que debe debatirse en una reforma tributaria no es en qué se gastará la plata –¡ojo!, porque los desplumadores siempre harán demagogia sobre los fines “nobles” de sus gastos–, sino quién la pagará y si los impuestos serán progresivos o regresivos, de signo democrático o no. En general, son regresivos, y deben repudiarse, los que gravan igual a quien tiene mucho que a quien tiene poco o nada. Y progresivos, aquellos cuya tasa se eleva en proporción al aumento de la suma a gravar. Por ejemplo, 10 por ciento de tributo sobre un monto de X, 20 por ciento sobre 3X, y así.
El carácter inevitablemente regresivo del IVA es fácil de visualizar. El mismo 19 por ciento pagarán por un jabón de dos mil pesos el más pobre y el más rico, pero para el primero esos 380 pesos –multiplicados por todos los que consuma al año– representan una suma considerable, mientras que para el segundo, en cambio, es despreciable. Uno tendrá que reducir su escasa alimentación para poder pagarla, en tanto que el otro se enriquecerá menos en una suma microscópica para él. Además, como los pobres y las clases medias son casi todos, ellos aportarán la casi totalidad del recaudo. Igual pasa con el aumento del impuesto a los combustibles –los desplumadores lo etiquetan como “verde”, y posan para la foto–, que grava proporcionalmente menos al magnate que al dueño de un pichirilo o que al pobre que monta en bus o compra una panela. El impuesto a las gaseosas es regresivo por el simple hecho de ser IVA –¡un billón de pesos les sacarán a las gentes!–, aun si fuera cierto, que no lo es, que esa es la mejor manera de cuidar la salud. Y también por ser de 300 pesos por litro, con independencia del precio de cada litro, cuando hay grandes diferencias entre las marcas.
La progresividad también debe expresarse en cada una de las partes de un sistema tributario. Es regresivo que todas las empresas paguen la misma renta del 32 por ciento, como lo ha denunciado la Acopi Bogotá-Cundinamarca. En Estados Unidos, valga el caso, las tasas de las empresas se inician en 15 por ciento y se elevan, por escalones, hasta el 39 por ciento. La regresividad del 4×1.000 salta a la vista: los mismos cuatro paga el mayor movimiento financiero que el menor. Es el colmo de lo regresivo que a los tenderos, además, los quieran gravar no por sus ganancias sino por sus ventas. Con toda la razón, ¿cómo sería la protesta de las mineras si las trataran igual? Entonces, no hay que dejarse engañar por los neoliberales, que siempre actúan como Colbert, el ministro de Luis XIV: una reforma tributaria es el arte de desplumar al ganso sin que chille demasiado. Y el truco principal suele ser ocultar quién la paga y cacarear en qué se gasta.
Entre las astucias calculadas para que los desplumados queden en deuda con Santos y Cárdenas está que habrá cárcel para los evasores de impuestos. Paja. Porque el artículo que la ordena tiene un parágrafo que establece que el pillo no la pagará si llega a un acuerdo con la Dian, lo que siempre ocurrirá porque nadie prefiere terminar tras las rejas que pagar una plata. Y esto ocurre cuando ascienden a 18 billones de pesos los impuestos que no pagan los colombianos que tienen 100 mil millones de dólares escondidos en paraísos fiscales en el extranjero.
Coletilla. Le solicité al Polo que iniciara el proceso para escoger su candidato presidencial para el 2018 (detalles en http://bit.ly/2eWtONI).
Por Marc Bassets.- El populismo que sacude las instituciones a ambas orillas del Atlántico libra su batalla decisiva el martes en las elecciones presidenciales de EE.UU. Una victoria del republicano Donald Trump, el magnate inmobiliario y estrella de la telerrealidad, que ha sabido conectar con el malestar de la clase trabajadora blanca, significaría la caída en manos de un insurgente de la fortaleza más preciada, la Casa Blanca. Un novato de la política con un mensaje estridente entraría en la sala de mandos de la primera potencia mundial. Una victoria de la demócrata Hillary Clinton, una veterana de la política identificada con el establishment, daría claves sobre la manera de responder a los movimientos que cuestionan el sistema.
EE.UU., país que se enorgullece de su carácter excepcional, sintoniza a veces con las corrientes de fondo del resto del mundo y en particular de Europa. Ocurrió a principios de los años ochenta, cuando la victoria del republicano Ronald Reagan coincidió con el Gobierno en Reino Unido de la conservadora Margaret Thatcher. Ambos captaron el espíritu de los tiempos. Su revolución económica todavía define el campo de juego de las sociedades occidentales. La sintonía se repitió en los noventa, cuando en EE UU, Reino Unido y Alemania llegaron al poder políticos de la tercera vía, pragmáticos de centroizquierda que querían adaptar la socialdemocracia al mundo posterior a la caída del Muro de Berlín.
Las elecciones del martes son otro de estos momentos. Tras la Gran Recesión, que golpeó a las clases medias, EE UU y Europa vuelven a coincidir. Desde el voto a favor del Brexit al ascenso del Frente Nacional de Le Pen en Francia, desde la irrupción de Podemos en España y Syriza en Grecia al fenómeno Beppe Grillo en Italia o los avances de los contrarios a la inmigración en Holanda o Alemania, es la hora del populismo.
Para los estadounidenses, la palabra populismo no tiene connotaciones positivas ni negativas. No es progresista ni conservadora. Como sostiene el historiador Michael Kazin en The populist persuasion (La persuasión populista), más que una ideología es una retórica que define el terreno en términos de enfrentamiento entre los de abajo y los de arriba, el pueblo y las élites.
"Desde hace ocho años, en EE.UU. para el 80% de personas los sueldos no han crecido. Solo el 20% de arriba ha experimentado crecimiento económico", dice en Washington a EL PAÍS, Arthur Brooks, Presidente del American Enterprise Institute y uno de los intelectuales de peso en la nueva derecha estadounidense. "Cuando pasan estas cosas, y durante tantos años, hay más populismo. Ha pasado muchas veces en Europa. De vez en cuando, en EE UU. Ya somos Europa. Tenemos un candidato como Le Pen o como Nigel Farage o Beppe Grillo o cualquier otro".
"Y cuando la gente tiene que esperar tanto [a la recuperación económica] llega un momento de frustración en el que aparece un político que tiene explicaciones", continúa Brooks. "Y dice: "Yo te puedo explicar lo que está pasando aquí. Los inmigrantes vienen de México y te quitan el trabajo. O los chinos. O las guerras chupan el dinero del país". No es verdad, pero la gente dice: "Por lo menos hay alguien con explicaciones"".
Cuando Trump asegura que el sistema está amañado, o que existe un complot de los medios de comunicación, los bancos y oscuros intereses internacionales en su contra, apela a los agravios de sus votantes ante un establishment que creen que les da la espalda. Pero sus mentirosas teorías conspirativas reflejan, quizá involuntariamente, una realidad: a las élites —la prensa, Wall Street, los viejos jefes republicanos, los laboratorios de ideas, el aparato de defensa, grandes instituciones internacionales— les asusta la posibilidad de verle en la Casa Blanca.
Un nuevo Frente Popular
Una victoria de Trump y su nacionalpopulismo políticamente incorrecto supondría una derrota de estas Élites, una sacudida al sistema en el país con el que se mide, por emulación u oposición, el resto del mundo. Y sería una prueba de que las salvaguardas de los sistemas democráticos son insuficientes para impedir la llegada al poder de un político con un discurso demagógico y autoritario. Si puede ocurrir aquí, puede ocurrir en cualquier lugar.
También puede haber lecciones en una victoria de Clinton, como su coalición con las minorías raciales insultadas por Trump. O la alianza con el senador por Vermont Bernie Sanders, afín al populismo de izquierdas. Y otra lección: la unión transversal con los republicanos anti-Trump.
"Que tengas a republicanos de siempre como George H. W. Bush apoyando a Clinton, significa que debes construir una especie de Frente Popular, por usar este viejo término inspirado por los comunistas", dice Kazin, Codirector de la revista socialdemócrata Dissent. "Lo que Hillary no ha hecho es impulsar un programa atractivo", añade. "Ha decidido: Haremos campaña contra Trump. Esto bastar· para ganaría. Habría podido convencer a personas de clase trabajadora si hubiera hablado más de universidades gratuitas, de aumentar el salario mínimo. Los partidos socialdemócratas deben recordar a la gente lo que les gusta sobre el orden socialdemócrata. Y si no lo hacen, de alguna manera merecen perder".
Si en el mayor momento de furia contra el establishment gana Clinton, enviará un mensaje: aunque el malestar esté aquí para quedarse, el sistema es capaz de resistir.
Por Mauricio Cabrera Galvis.- Se critica al régimen tributario colombiano porque está muy recargado en unos pocos contribuyentes, pues solo unas 3.000 empresas aportan el 70% de lo recaudado por impuesto de renta. Además se utiliza la misma cifra para pretender demostrar que los ricos sí pagan impuestos; es cierto, pero solo porque los ricos se quedan con casi todo el ingreso, de manera que esta asombrosa concentración en los impuestos es solo el reflejo de una más impresionante concentración en el ingreso y la riqueza.
Uno de los criterios más relevantes para evaluar un sistema tributario es su contribución a la equidad, es decir a una mejor distribución del ingreso y la riqueza, indispensable para disminuir las tensiones sociales que impiden el progreso y la consolidación de la paz en el país.
Evaluado con este criterio, el sistema tributario de Colombia se raja con una de las peores notas en el contexto mundial: la estructura de los impuestos es altamente inequitativa, y su impacto sobre la distribución del ingreso y la riqueza es prácticamente nulo.
La compleja telaraña de exenciones y gabelas tributarias, aumentada por las políticas de la “confianza inversionista”, hace que los impuestos sean inequitativos porque es enorme la dispersión de las tarifas tributarias que efectivamente pagan las empresas. En teoría todas deberían pagar el 34% de sus utilidades (más la sobretasa temporal del Cree), pero en la realidad la tarifa efectiva promedio de las empresas es menor al 25%, porque muchas pagan menos e inclusive algunas no pagan nada. Tampoco son progresivos los impuestos en Colombia, porque la única tarifa progresiva es la de renta de personas naturales, pero estas solo contribuyen con el 5% del total de impuestos recaudados, mientras que en los países de la OECD representan el 75% del de renta.
El diagnóstico y las recomendaciones de la Comisión de Expertos tributarios apuntaban a cambiar esta situación y hacer más equitativo y progresivo el sistema, pero el proyecto de reforma presentado por el Gobierno se quedó corto y no incluyó todas las propuestas del Informe, en particular las referentes a la renta de personas con altos ingresos y la eliminación de exenciones. Corresponde al Congreso mejorar la plana para lograr un régimen tributario que contribuya a un país con menor desigualdad.
Por Carol Pires.- Tres razones llevaron a Dilma Rousseff a enfrentar el impeachment que la sacó de la presidencia: la crisis económica, el avance de las investigaciones de la Operación Lava Jato sobre sus aliados, y las maniobras del expresidente de la cámara de diputados, Eduardo Cunha. Desde que Michel Temer sustituyó a Rousseff en mayo, la estabilidad de su gobierno ha estado amenazada por los mismos factores: la crisis económica, el avance de la Lava Jato (Operación Autolavado) sobre sus aliados y Eduardo Cunha. Los tres elementos, además, están estrechamente conectados.
Es por eso que la detención del extitular de diputados, el 19 de octubre, es un punto de inflexión para la Lava Jato. La operación llegó a su segundo año de investigaciones dando pasos en falso que causaron severas críticas entre quienes antes le ofrecían apoyo incondicional. Si la prisión de Cunha —que pasó de diputado todopoderoso a enemigo público— le garantiza a las investigaciones el respaldo popular que necesitan para seguir adelante, un posible acuerdo para que Cunha revele información a cambio de disminuir su condena representa una amenaza para el gobierno de Temer.
Como presidente de la cámara baja, Cunha controlaba aproximadamente a 250 de los 513 diputados y condujo la agenda nacional mientras Rousseff no tenía capacidad política para hacerlo. Miembro del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), igual que Temer, siempre trabajó como un efectivo recaudador de fondos para sus aliados. Y aquí radica el problema. Rodrigo Maia, el diputado que lo reemplazó en la presidencia de la cámara, dijo que una delación de Cunha podría exponer a por lo menos 50 diputados y 15 empresas con las que habría negociado sobornos a cambio de ventajas en negocios con el gobierno o en la aprobación de proyectos legislativos de su interés.
Cunha negociaba con grandes empresas y políticos de alto rango. Si llega a involucrarlos en sus delitos, Lava Jato tendrá en sus manos un material que podría hacer explotar al gobierno y sus planes de estabilizar la economía. Sin embargo, a medida que esta posibilidad aumenta, también crece la amenaza a Lava Jato. Es lo que podríamos llamar el “efecto Cunha”.
En el parlamento ya se discuten proyectos para prohibir la firma de acuerdos de delación con acusados que estén presos, o amnistías para los investigados por crímenes electorales. Ambas cosas pueden vaciar los poderes de investigación de la operación anticorrupción.
Lava Jato pasaba por malos momentos antes del arresto de Cunha. En una ruidosa conferencia de prensa que prometía comprobar que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva era el “maestro” de toda la corrupción en Petrobras, el jefe de los fiscales, Deltan Dallagnol, realizó una presentación en PowerPoint de estética escolar en la que todos los círculos con nombres de investigados y acusaciones apuntaban hacia Lula. La falta de pruebas debilitó la credibilidad de la operación, acusada por algunos sectores de tener fines políticos, por perseguir con más determinación a los miembros del Partido de los Trabajadores que a los demás partidos igualmente implicados.
En las semanas siguientes, los principales exministros de Economía del gobierno del PT fueron detenidos. Primero, Guido Mantega fue arrestado por la Policía Federal mientras acompañaba a su mujer en el hospital donde sería sometida a una cirugía para tratamiento de un cáncer. Al conocer la situación, el juez federal Sergio Moro lo puso en libertad.
El exministro Antonio Palocci también fue arrestado. Menos de veinticuatro horas antes, el ministro de Justicia de Temer, Alexandre de Moraes, había vaticinado que Lava Jato haría nuevas operaciones. Moraes no debería haber estado al tanto sobre nuevas operaciones de la Lava Jato porque —en teoría— el ministro de Justicia tiene prohibido tener acceso a informaciones sobre las investigaciones de la Policía Federal. Pese a haber despertado la sospecha de que el gobierno influía en la operación, Temer lo mantuvo en su puesto.
Con la detención de Cunha, la Lava Jato se redimió. Acusado de corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal, el exdiputado podría ser condenado a 55 años de cárcel. Lava Jato tiene pruebas rotundas en su contra. Si quiere disminuir su condena, tendrá que dar buena y abundante información sobre sus delitos. Y como el sistema político está comprometido con las delaciones que el Ministerio Público negocia con 80 personas relacionadas con el conglomerado Odebrecht, es posible que las delaciones de Cunha apunten contra el sistema financiero o el propio presidente de la República, de quien era aliado hasta hace poco.
Durante las conversaciones con el Ministerio Público para lograr un acuerdo de delación premiada, un exvicepresidente de Odebrecht dijo que había negociado sobornos con los tres principales aliados de Temer. En un viaje a Japón, el presidente comentó: “Si cada vez que alguien menciona el nombre de alguien en una declaración el gobierno se detiene, va a ser difícil”. ¿Debería Temer prepararse para una parálisis total del gobierno?
Informaciones publicadas por la prensa señalan que hasta 200 congresistas podrían ser denunciados. Y si el congreso se detiene, las propuestas para la recuperación de la economía lideradas por Temer pararán también.
Lava Jato investiga toda la plata desviada por las empresas involucradas en el esquema de corrupción pública, ya sea para pagar soborno a políticos o para financiar sus campañas políticas, lo que se denomina “caja dos”. Bajo la amenaza de que tantos de los suyos sean denunciados, los diputados intentaron votar una propuesta sorpresa que amnistiaba a los políticos que hicieron “caja dos”.
Este primer intento fracasó, pero los legisladores siguen conspirando para detener o limitar la operación. Recientemente, el equipo Lava Jato envió al congreso 10 propuestas para prevenir la corrupción, entre ellas la de una ley más efectiva contra la práctica de “caja dos”. Los legisladores investigados quieren aprobarla pero con una condición: que todos los que cometieron el crimen anteriormente a esta ley sean perdonados. Buscan salvarse, disfrazando su trampa como buena acción.
Durante el impeachment contra Rousseff, el entonces senador Romero Jucá, presidente del PMDB de Temer, fue grabado por un exdirector de Petrobras diciendo: “Hay que cambiar el gobierno para poder poner fin a esta sangría”. En aquel momento, la izquierda dijo que la declaración probaba que el juicio político era un golpe para frenar las investigaciones. Días después de asumir como presidente interino, un Temer preocupado por su legitimidad despidió a Jucá, a quien recién había nombrado ministro de Planificación.
Pero Jucá solo pagó por decir en voz alta lo que quieren muchos: detener Lava Jato para salvarse.
Por Francisco Monaldi.- En Venezuela, el país con una de las más abundantes reservas de crudo del planeta, la industria petrolera está colapsando. La producción ha caído en casi un tercio, más de un millón de barriles diarios, desde que el chavismo llegó al poder; más de trescientos mil barriles diarios, solo en el último año.
Día a día aparecen en los medios historias que reflejan la destrucción de la estatal Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA), otrora una de las más respetadas del mundo. Inversión declinante, corrupción, mal manejo de los yacimientos, accidentes, desastres ambientales, robo de equipos, emigración del capital humano constituyen la realidad detrás de este colapso. Los altos precios del petróleo ocultaban dicha realidad, pero su desplome la ha hecho evidente y dramática.
Cuando Chávez ganó las elecciones en 1998, el precio del barril tocó su mínimo desde los años setenta, por debajo de los 10 dólares. Cuando él murió, en 2013, estaba por encima de los 100 dólares. La estadía de Chávez en el poder tuvo una sincronía singular con el ciclo de precios y con el ciclo de inversión en Venezuela. No solo se benefició del auge del precio, sino de la apertura de la industria petrolera al capital privado en los años noventa.
Dicha apertura logró sumar más de un millón de barriles diarios, con empresas internacionales como Exxon, Conoco y Total. Los ingresos extraordinarios entre 2004 y 2013 representaron para Venezuela más de 300 por ciento de su producto interno bruto anual. La bonanza más grande en la historia de la región.
Durante sus primeros seis años en el poder, Chávez respetó los contratos con las empresas internacionales, a pesar de haber sido un duro crítico de la apertura. No fue sino hasta 2005 —cuando aprovechando que el auge de precios estaba encaminado y los proyectos de inversión iniciados en los noventa habían sido concluidos— que el gobierno inició la renegociación forzosa de los contratos y la nacionalización de las empresas.
Sin embargo, para sorpresa de muchos, en 2008 y 2009 el gobierno abría de nuevo el sector a la inversión extranjera. Chevron y CNPC, entre otras empresas, firmaron contratos para ejecutar ambiciosos proyectos. Para ese entonces, la producción había caído en más de cuatrocientos mil barriles diarios, producto de las expropiaciones y del desmantelamiento de la empresa estatal –que sufrió un duro golpe con el despido de más de 18.000 trabajadores, casi la mitad de su nómina, por su participación en el llamado “paro petrolero” de diciembre de 2002 y enero de 2003—.
El gobierno necesitaba un nuevo ciclo de inversiones y pensaba que, con los altos precios, las empresas internacionales invertirían a pesar de la debilidad de los derechos de propiedad y las duras condiciones fiscales. Se logró atraer muy poca inversión y la producción siguió decayendo.
En 2012 el gobierno empezó a negociar sigilosamente con sus socios nuevos contratos más atractivos a cambio de inyecciones de capital. Dichos contratos daban mayor control a los socios sobre la operación y los ingresos, garantizándoles recuperar su inversión.
Luego del colapso de los precios en 2014, el pragmatismo se tornó en desesperación. PDVSA, que ya en pleno auge de precios tenía problemas de flujo de caja por la voracidad fiscal del chavismo, no tenía cómo emprender las inversiones necesarias para evitar el colapso de producción y entonces tuvo graves dificultades para honrar sus compromisos. Con los precios actuales es menos atractivo invertir en el crudo extrapesado venezolano, de bajos márgenes.
El nerviosismo es notable. En 2016, PDVSA vendió a la estatal rusa Rosneft una participación en un proyecto de crudo extrapesado y en otro de gas costa afuera, con un significativo descuento. A cambio de acceso a crédito, también le otorgó a empresas de servicios petroleros, contratos en condiciones muy desfavorables, y sigue negociando nuevas concesiones contractuales con sus socios.
Para intentar evitar el impago de su deuda y ganar tiempo, PDVSA ofreció a los tenedores de sus bonos de próximo vencimiento un canje por bonos de más largo plazo. Como respaldo, PDVSA garantizó los nuevos bonos con acciones de CITGO, su subsidiaria en Estados Unidos y uno de sus activos más valiosos. La petrolera advirtió que, de no lograrse el canje, sería “difícil” pagar los bonos existentes a su vencimiento, una amenaza implícita de impago. A pesar de eso, solo 39 por ciento de los bonos han sido presentados para el canje. Con un alto costo futuro, obtiene apenas un respiro.
Pero el fenómeno descrito no se limitó a Venezuela. Paradójicamente, durante la década dorada, la producción total de Latinoamérica cayó 7 por ciento. En contraste, Estados Unidos y Canadá aprovecharon la oportunidad para incrementar su producción en 73 por ciento, con una geología menos abundante que la de sus vecinos del sur.
PDVSA es solo el caso más extremo de lo que ocurrió en buena parte de la región. La interpretación cortoplacista del “nacionalismo petrolero” —que lideró el chavismo— es en buena parte responsable del pobre desempeño regional. En Argentina, Bolivia y Ecuador, luego de una exitosa apertura al capital privado, expropiaron contratos y nacionalizaron empresas. Como consecuencia, la inversión cayó, o se estancó, en pleno auge de precios. En México, el endeudado monopolio estatal, Pemex, desaprovechó la oportunidad del auge y su producción también colapsó.
La ola de expropiaciones tuvo dos importantes excepciones que lograron atraer inversiones con un sólido marco institucional: Brasil y Colombia. Sin embargo, incluso en Brasil, el descubrimiento de recursos masivos en aguas profundas promovió un endurecimiento de las condiciones de inversión y la politización del sector, cuyas consecuencias se están viendo en el escándalo de Petrobras.
Ahora, con precios bajos y la necesidad perentoria de un nuevo ciclo de inversión, todos los países le ponen la alfombra roja a los inversionistas extranjeros y compiten entre sí.
¿Aprenderemos la lección esta vez? Venezuela casi mata a la “gallina de los huevos de oro” y otros países siguieron su ejemplo, aunque con menor saña. Para ellos fue una “década perdida”. Los vaivenes pendulares, del control estatal a la liberalización, han limitado el desarrollo del inmenso potencial de la región. Lo que esta requiere es una verdadera política “nacionalista” de largo plazo, a partir de la creación de instituciones estables que permitan el desarrollo sostenido del sector y garanticen los derechos de propiedad de los inversionistas, y la eficiencia y sostenibilidad financiera de las empresas del Estado.
Una política pragmática con amplio consenso político es la única solución perdurable. Aunque llegó tarde, la reforma de México parece estar más cerca de lograrlo. Inspirándose en Brasil y Colombia, creó una estructura institucional sólida con rango constitucional, basada en entes reguladores independientes. Promueve la inversión privada con un marco contractual y fiscal que se adapta a la rentabilidad de los proyectos, y reduce así los incentivos para la renegociación oportunista.
El optimismo que esta reforma genera solo se ve atemperado debido a que la historia regional nos enseña que, si las condiciones que han dado origen al “nacionalismo petrolero” regresan, podríamos tropezar una vez más con la misma piedra.
Por Jorge Gómez Pinilla .- Para medir el grado de postración moral en que se encuentra Colombia, basta conocer las ‘hazañas’ de un personaje como Alejandro Ordóñez Maldonado.
¿Cómo así que el Consejo de Estado lo retiró de su cargo por haberse hecho reelegir de modo fraudulento, pero fue como si lo hubieran premiado? Mejor dicho, ¿por qué después de que lo echan se gana un puesto en la renegociación del Acuerdo de Paz? ¿Y a quién representa, si por el Partido Conservador está Martha Lucía Ramírez? Con razón dicen que en el país de los ciegos el tuerto es rey.
Si tuviera vergüenza propia estaría devolviendo el aparatoso esquema de seguridad que se adjudicó por cuatro años posteriores a su salida, sin olvidar que tras su destitución quiso evitar ser notificado y corrió a presentar renuncia al Congreso, pero allá no le pararon bolas porque ya conocen sus marrullas.
Según Semana, en artículo titulado Derroche de Seguridad, “el exprocurador cuenta con 19 escoltas y 9 carros, lo cual es una exageración y un costo enorme para los contribuyentes”. Si es así, pregunto: ¿por qué en lugar de aplicar la sanción que corresponde a quien ha obrado contra la ley o de mala fe, los medios siguen acogiendo su ‘teología de género’ como si fuera un hombre virtuoso?
Teología de género es cuando pretende justificar el detrimento patrimonial diciendo que “nosotros estamos amparados por el manto de la Virgen y por san Miguel Arcángel, que es el comandante y jefe de mi esquema de seguridad”. Hombre, en ese caso no solo podría prescindir por completo de su servicio de seguridad, sino que, ya tan cercano a San Miguel Arcángel... ¡debería encomendarle a él la seguridad del país entero!
No se trata de burlarnos de sus creencias, es que cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto. Y es obligación ética del periodista lanzar una voz de alerta, máxime si de por medio está la estabilidad institucional que Ordóñez y las fuerzas oscuras que lo acompañan se empeñan en alterar, con un objetivo claro: impedir que la guerrilla se incorpore a la vida política de la nación, para que no se conozcan las verdades que saldrían a la luz pública con el tribunal de justicia previsto en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Teología de género fue también cuando Ordóñez comenzó a ver ‘ideología de género’ en el Acuerdo de Paz, y enfiló su artillería aplicando la teoría del enemigo imaginario que tan buenos resultados le dio al ministro nazi de la Propaganda, Joseph Goebbels. Para el caso que nos ocupa, el enemigo imaginario es la supuesta alianza ‘diabólica’ entre Santos y Timochenko, que le traería a Colombia la dictadura homosexual y el castrochavismo. Con semejante embuchado, la rancia extrema derecha que huele a naftalina logró embolatarnos la paz.
Estamos hablando además de un funcionario bajo cuya administración –según editorial de El Espectador- “convirtió el Ministerio Público en un ente hostil para los ciudadanos a los que debía proteger (…) y desperdició recursos en una cruzada organizada para obstaculizar todos los progresos en los derechos de las mujeres y las personas LGBTI”.
Cruzada, sí, con sustento religioso y propósito político. Como cuando le puso de penitencia al ‘pecador’ ex Alcalde de Medellín, Alonso Salazar, 12 años de inhabilidad para ocupar cargos públicos porque quiso crear una clínica para ayudar a mujeres a abortar en condiciones seguras, bajo los tres atenuantes permitidos por la Corte Constitucional: violación, malformación del feto o peligro para la vida de la madre. Eso para la religión que practica Ordóñez es pecado, y debía recibir castigo.
Durante sus casi ocho años de gestión Ordóñez actuó con criterio selectivo, descargando su furia sobre sus rivales políticos (Piedad Córdoba, Gustavo Petro, Juan Manuel Santos, etc.) con base en una agenda que en el último año incluyó usar los recursos del Estado para ambientar su candidatura a la presidencia por todo el paísrepartiendo regalos, como denunció en su momento La Silla Vacía. (Ver La campaña del Procurador).
Ordóñez ya salió de la Procuraduría pero su ominosa figura no deja de aparecer hasta en la sopa, y es cuando nos preguntamos si los medios olvidan su responsabilidad social al darle tanta pantalla, o si será que la Virgen María le está haciendo el milagrito que tanto le suplicó desde su tesis de grado: “la restauración del Orden Cristiano y el aplastamiento del comunismo ateo, para que brille por doquier la Fé Católica”. (Ver La tesis degrada).
Ordóñez nunca ha dejado de usar la religión para su provecho político, y en este contexto son llamativas las habilidades de camaleón que viene mostrando, como cuando acudió de la mano de su paisana la diputada homofóbica Ángela Hernández a una iglesia cristiana de garaje para ser ungido por un pastor evangélico. (Ver unción).
No poseo el privilegio de hablarle al oído a la madre de Nuestro Señor Jesucristo, pero si la ocasión se presentara le recordaría que los evangélicos no le rezan a ella porque “en la Biblia no existe un solo versículo donde diga que se debe creer en María para la Salvación o para la vida eterna” (me lo dijo un evangélico), ni permiten la adoración de imágenes religiosas por considerarlo idolatría. ¿Por qué llegó entonces el católico ortodoxo Alejandro Ordóñez al extremo de apostatar de su creencia en la Virgen para dejarse ungir por un evangélico, él que asiste todos los domingos a la iglesia Los Sagrados Corazones de Jesús y María a la misa lefebvriana practicada bajo el primigenio ritual de los cristianos de las catacumbas, en riguroso latín y con el sacerdote dando la espalda a los feligreses?
Hombre, muy fácil: porque está en campaña y cualquier votico cuenta…
DE REMATE: La foto que aquí incluyo de Alejandro Ordóñez en condición de sumisa inferioridad, dejándose tocar la cabeza por un pastor evangélico en acto de unción, fue retirada de la página de Facebook de Ángela Hernández. No es difícil adivinar de dónde provino la solicitud del retiro...
@Jorgomezpinilla
http://jorgegomezpinilla.blogspot.com.co/
Por Sergio Fajardo. Tomado del NYTimes en Español.- En marzo de 2004, pocos meses después de asumir como alcalde de Medellín, llegó a mi oficina un reconocido gurú del mercadeo de ciudades. Proponía una marca para la ciudad basada en el esplendor de su eterna primavera. No nos entendimos. Medellín ya tenía una marca. El problema no era el desconocimiento, sino las razones por las que era conocida: el narcotráfico, asociado con el Cartel de Medellín que encabezó Pablo Escobar. Después de reparar en esto, concluimos que la única forma de cambiar la percepción de nuestra ciudad era lograr que el mundo viera y entendiera cómo superamos tantos años de terror.
Más de una década después, Medellín vuelve a estar de moda. La serie Narcos de Netflix nos pone de nuevo bajo los reflectores internacionales y de nuevo de la mano de Escobar y su mundo de criminalidad y barbarie.
Narcos es una versión light de una realidad profundamente compleja. La serie presenta la historia de Escobar desde la perspectiva de la DEA en la llamada Guerra contra el Narcotráfico, sin el más mínimo conocimiento ni interés por la condición de nuestra sociedad: un thriller con héroes americanos que termina por dibujar y reforzar una caricatura de país. La confusión entre hechos reales y ficción da como resultado una versión desfigurada de lo que realmente ocurrió.
Las interpretaciones de nuestra tragedia que solo reafirman un cliché facilista terminan convirtiéndose en una “verdad” enlatada para audiencias desprevenidas. El caso de Narcos nos duele, porque volver a representar a Medellín a través de Escobar y su violencia demencial es reabrir una herida que todavía no sana completamente. Preferiríamos que nos reconocieran por el arte de Botero o la música de Juanes o la bicicleta de Mariana Pajón. Y mucho más aun por la historia de cómo Medellín ha ido recuperándose del periodo que retrata Narcos.
El narcotráfico empezó en Medellín a finales de los años setenta, en una ciudad donde muchos jóvenes crecían sin oportunidades ni esperanza. Eran hijos de familias campesinas que llegaron a la ciudad huyendo de la confrontación violenta entre conservadores y liberales que dejó miles de víctimas y mucho resentimiento. La sociedad no tuvo respuestas para la realidad socioeconómica que creció en sus barrios. La desigualdad no fue entendida y mucho menos atendida.
La primera generación de narcotraficantes apareció en ese contexto. Descubrieron que la cocaína era un mercado a explotar en Estados Unidos y se dedicaron a conquistarlo.
Al comienzo, Escobar se convirtió en el “Robin Hood Paisa”: repartió dinero a diestra y siniestra, entró a la política y soñó con ser presidente de Colombia. De su mano, muchos jóvenes buscaron en el tráfico de drogas y la criminalidad las oportunidades que no tenían, y a cambio encontraron la muerte. Después de corromper y estremecer los cimientos de nuestra sociedad, Escobar terminó solo, pistola en mano, asesinado en el techo de una casa en Medellín. Sin duda cambió el rumbo de nuestra historia ganándose, en su lugar, un capítulo estelar en la historia universal de la infamia.
Los guionistas de Narcos no hacen ni el más mínimo esfuerzo por mostrar hasta qué punto el miedo y la zozobra permearon todos los rincones de Medellín y Colombia. En los momentos culminantes en la batalla contra Escobar, en lugar de reconocer la realidad social que se vivía, presentan a César Gaviria, entonces Presidente de Colombia, como un hombre mediocre y pusilánime, e ignoran olímpicamente el valor de los colombianos que en esa época tomaron decisiones y acciones que no permitieron que el país sucumbiera ante el narcotráfico. Sin duda la ayuda internacional fue muy importante para vencer a Escobar. Pero en Colombia muchos piensan que los verdaderos enemigos son los consumidores en el exterior y que los mártires han sido los miles de colombianos que han muerto atrapados en esta guerra.
Más importante aún: Colombia y Medellín no cayeron. Resiliencia es la palabra que mejor nos describe. Medellín es un ejemplo digno de mostrar. De 380 homicidios por cada 100.000 habitantes a comienzos de los noventa, pasamos a tener hoy cerca de 20 homicidios por cada 100.000 habitantes. Todavía suceden muertes violentas, pero hemos avanzado bastante en los últimos 30 años. Después de vivir sometidos por el miedo, y gracias al sacrificio y esfuerzo de personas y organizaciones que enfrentaron lo peor, llegó el momento de la esperanza.
La esperanza se construye y surge cuando la sociedad recupera la confianza. Es una expresión de la calidad de la política, el pacto de confianza entre los líderes y los ciudadanos que permite señalar camino creíble hacia un objetivo común y tangible, y empezar a alcanzarlo.
La ruptura con la política tradicional, asociada con la corrupción, fue el pacto de confianza que hicimos en Medellín y significó un punto de quiebre. En lugar de seguir actuando bajo la premisa de que “el fin justifica los medios”, estábamos convencidos de que los medios justifican el fin. Para transformar Medellín optamos por la transparencia, y confiamos en las capacidades de las personas y las comunidades.
De esta forma empezamos a recorrer el camino hacia una profunda transformación de la ciudad a través de una combinación de ética, política y estética. Las comunidades fueron los actores principales de nuestros programas sociales, basados en el criterio “lo más bello para los más humildes”.
¿El resultado? Construimos nuevos colegios, parques-bibliotecas, viviendas, centros de salud, canchas deportivas, centros de emprendimiento barrial, espacios culturales. El Parque Explora, dedicado a la divulgación de la ciencia, y el Parque del Emprendimiento se convirtieron en nuevos símbolos urbanos. Esta transformación de los espacios públicos le cambió la piel a la ciudad. Y todo fue apuntalado con programas de desarrollo humano, becas para estudios universitarios que apoyaron la reinserción de autodefensas y crearon un futuro mejor para los jóvenes.
Al mismo tiempo, sacudimos algunas de nuestras tradiciones más retrógradas como los reinados de belleza, típicos de Medellín, que convertimos en concursos de talento para las jóvenes, en contraposición con la idea de que la belleza física es un requisito para ser aceptadas en la sociedad.
Este conjunto de iniciativas de cultura urbana y ciudadana nos ayudó a recuperar la esperanza y la autoestima, indispensables para pasar la página de la violencia y la destrucción, y empezar a escribir un nuevo capítulo en la historia de Medellín.
Escobar murió en 1993, pero después de cuatro décadas, su herencia sigue presente en las principales discusiones del país. Narcos ignora los profundos males culturales que introdujo la búsqueda de la riqueza fácil que aún perduran y también los nuevos marcadores sociales de poder asociados a la denominada “cultura traqueta”. El poder corruptor con el que Escobar infectó la política sigue presente. Así pues, el camino es largo, las heridas muy profundas y muchos los obstáculos por superar.
La industria de la televisión juega un papel importante en todo esto. Puede prolongar los lugares comunes que nos estigmatizan o transmitir de manera creativa los valores que nos ayudaron a superar la violencia. En Medellín ya vimos el rostro de la esperanza y sabemos que mejores series están por escribirse.
Por Jairo Gómez.- En el uribismo no hay transparente voluntad de paz; su maniobra es una estrategia electoral abroquelada en el desprestigio ideológico de los acuerdos.
Con la negociación de paz, a la final, lo que se busca es que las FARC dejen las armas y vengan a hacer política bajo las reglas de la democracia.
Que lo que querían imponer a través de las balas ahora lo hagan buscando los votos y, si los favorecen en las urnas, pues que pongan en práctica su modelo de gobierno, ese es el juego democrático. Así ganó el No.
Pero no se puede exigir, como lo sugiere el Centro Democrático y parte de la sociedad, que el “partido de las FARC” se abstenga de hacer política de acuerdo con sus convicciones ideológicas, eso sería volver a la violencia.
En el pasado el proyecto político que llevó a la presidencia al hoy senador Uribe, fue su propuesta antiterrorista –“antifarc”-, y sobre la base de exterminarlos militar y políticamente convenció a un electorado hastiado por la presencia insurgente. Fue el antagonista perfecto, incluso, para buscar la reelección.
Tras ese resultado, positivo para sus aspiraciones, ahora el expresidente Uribe busca un nuevo pretexto electoral que le permita labrar en el imaginario de la gente el temor a cualquier proceso democratizador. Y, desde ya, se propone construir un mensaje a muerte contra otro demonio: el marxismo-leninismo representado en las FARC.
En recientes entrevistas le he escuchado al senador Uribe, repetir una y otra vez, su preocupación por lo que representa ese grupo insurgente en términos políticos y, para sembrar el miedo, con contundencia lo asocia al “castrochavismo”, y a las tesis marxistas-leninistas.
En su acostumbrado tono clerical colmado de diminutivos, decía en una reciente entrevista radial: “leía yo lo que escribió las FARC producto de la conferencia del Yarí toda la reivindicación de su agenda marxista-leninista y me daba pánico que, por el futuro de este país, no se le hagan reformas de fondo a los textos de La Habana”.
Vaya sorpresa, resulta que ahora las 297 páginas no son solo impunidad sino un manual de extrema izquierda que el presidente Santos, con membrecía en el politburó uribista, negoció con las FARC.
Salta a la vista la estrategia electoral del Centro Democrático cuando recoge la pita y cuestiona, incluso, temas por fuera del acuerdo como la ley de restitución de tierras. Uribe se mueve en un parque ideológico conservador y excluyente del que no quiere que el país evolucione un ápice, por eso hablar de derechos de la víctimas, de la verdad, de la participación política y de devolverle al campesino despojado sus tierras, le da “pánico”.
El dibujo básico con que el Centro Democrático describe el acuerdo de La Habana revela el desprecio que siente hacia el proceso de paz y su deliberada resistencia al cambio institucional, y para potenciar esa postura política se apoya, maquiavélicamente, en los hábitos tradicionales y continuistas que representan los grupos religiosos y, en muchos casos, una sociedad desinformada.
En conclusión, en el uribismo no hay transparente voluntad de paz; su maniobra es una estrategia electoral abroquelada en el desprestigio ideológico de los acuerdos.
