Opinión

Por José Gregorio Hernández.-Hemos señalado varias veces que, para mal del sistema jurídico y debilitando o haciendo incierto el imperio de la Constitución, en Colombia se la modifica -o se la vulnera- de manera permanente. Diríase que nuestros dirigentes y los órganos constituidos que pueden tomar parte en los procesos de reforma constitucional le perdieron el respeto a la Carta Política, y  que, de estatuto máximo que es  -resultado del ejercicio del poder constituyente, emanado de la soberanía-,  está pasando a convertirse en abultada cartilla teórica, manipulable y "manoseable" por quienes ejercen el poder real. Ya no es -o ya no quieren que sea- la norma de normas, de la que habla su artículo 4, en virtud del principio esencial  conocido como supra legalidad o supremacía de la Constitución.

Con el denominado “fast track”, fue desconocida la Constitución y perdieron intangibilidad las reglas que consagraban los requisitos y pasos indispensables para su reforma, y ello ocurrió   -infortunadamente-  sin que se percatara la Corte Constitucional, guardiana de su integridad y supremacía.

En efecto, mediante el Acto Legislativo 1 de 2016, el órgano constituido (el Congreso),  habilitado solamente para reformar -no para sustituir la Constitución-, como lo dijo en su momento la propia Corte en Sentencia C-551 de 2003 (varias veces reiterada), se liberó de los requisitos establecidos por la Asamblea Constituyente de 1991 para reformar la Carta Política (artículo 375 C.P.). Entonces, el órgano constituido -cuyo poder de reforma era reglado, restringido, delimitado, como corresponde a una mera competencia- se auto habilitó para ejercerlo por fuera de esos  requisitos que le habían sido impuestos y que debía respetar, y ahora -supuestamente en forma transitoria- puede reformar la Constitución mediante unos procedimientos que eran complejos -como es propio de una constitución rígida- y que ahora son simplificados, no por decisión del Constituyente, que confirió tal poder, sino del mismo órgano revestido de competencia reglada. En tal medida, sustituyó la Constitución, si bien la Corte Constitucional lo admitió, modificando su aludida jurisprudencia.

Por paradoja, el Congreso, mediante el mencionado Acto Legislativo, modificó esos requisitos para facilitar el trámite rápido de las reformas pero simultáneamente se resignó a ser un “convidado de piedra” respecto a ellas, pues carecerá de toda iniciativa, no podrá modificar los textos, y dependerá del Ejecutivo y del Acuerdo Final de Paz para introducir cualquier ajuste.

Pues bien, ahora el Gobierno, por conducto del señor Ministro del Interior -al parecer sin previa coordinación con el Presidente de la República, al menos sobre los contenidos de la iniciativa-, quiere seguir modificando la Constitución, y aspira a hacerlo por la vía simplificada del llamado “fast track”, arguyendo que los temas propuestos -eliminación de la Vicepresidencia de la República, reinstauración de la figura del Designado,  voto obligatorio, disminución de la edad de ciudadanía a 16 años, supresión de la circunscripción nacional para el Senado, extensión del período presidencial a cinco años, entre otros- son indispensables para implementar el Acuerdo Final de Paz firmado entre el Gobierno y las Farc. Basta la enunciación de tales puntos, que serían objeto  de reforma,  para ver que no es así.

Ahora bien, hemos preguntado por los proyectos de Acto Legislativo, para estudiarlos, pero nos han dicho que no hay nada escrito. Y además, el Presidente Juan Manuel Santos dice que no está de acuerdo con todos los temas, y que se trata de “micos” de su Ministro del Interior. ¿Dónde queda su liderazgo y su importante función como Jefe de Gobierno?

Por Amylkar D. Acosta M.- En la cuerda floja quedaron los recursos que los departamentos, municipios y el Distrito capital esperaban recibir y por ello mismo los apropiaron en sus presupuestos aprobados a finales del año anterior provenientes del recaudo de la sobretasa a los combustibles. Ello pone en riesgo las inversiones previstas en la malla vial en las regiones, en su mantenimiento, así como en las soluciones para mejorar la movilidad y el transporte masivo de pasajeros en las ciudades.

Al estructurar los proyectos para lograr tal cometido comprometieron dichos recursos, ora a través de la pignoración de los mismos ora mediante las vigencias futuras y gracias a ello fue posible su cierre financiero. Con la expedición de la Resolución 41279 el 30 de diciembre del año anterior por parte del Ministerio de Minas y Energía, que redujo ostensiblemente el recaudo esperado por concepto de la sobretasa a los combustibles, quedarían en babia, todo es incertidumbre.

Como consecuencia de la entrada en vigencia a partir del primero de enero de este año de la Resolución 41279, que implica una reducción de $1.415.77 y $1.143.59 en el precio de referencia del galón de gasolina y ACPM de la base gravable de la sobretasa, se tiene un menor recaudo por este concepto tanto para los municipios y departamentos como para el Distrito Capital. Es de anotar que los recursos provenientes del recaudo de la sobretasa tienen como destinación específica la infraestructura vial, su ampliación y mantenimiento, así como la financiación de los proyectos tendientes a facilitar el transporte masivo y mejorar la movilidad.

En plata blanca la afectación a los 32 departamentos del país se calcula en $160.000 millones anuales. Se estima que los municipios y el Distrito Capital dejarán de recibir $500.000 millones anuales. Sólo Bogotá dejará de recibir $120.000 millones anuales. Otros damnificados serán: Medellín con $30.000 millones al año, Cartagena $8.000 millones y Cartagena $10.000 millones.

Según la Viceministra de Energía Rutty Paola Ortiz, tal medida se tomó “atendiendo a una realidad mundial y es la reducción de los precios del petróleo” y acota que “el año pasado los precios del crudo cayeron en promedio 42% y la reducción que se le da a la base de la sobretasa a la gasolina es del 28% y no se traslada todo ese impacto”. Es decir, que antes de quejarse departamentos y municipios del país, así como el Distrito Capital, se deben dar por bien servidos, pues la están sacando barata!

Pero es que en ninguna parte está dicho que el precio de referencia para establecer la base gravable de la sobretasa a la gasolina y al ACPM está atado al comportamiento de los precios internacionales del petróleo y no al “valor de referencia de venta al público” del combustible motor, que es lo que dispone la norma. Es más, según estudio realizado por el ex contralor general Antonio Hernández Gamarra para la Federación Nacional de Departamentos, a consecuencia del congelamiento del precio de referencia entre el 2008 y el 2013 las entidades territoriales dejaron de percibir $1.6 billones. Sólo en el 2013 se dejaron de recibir por parte de los departamentos, municipios y el Distrito Capital $500.000 millones, distribuidos así: $285.000 millones los municipios, $115.000 millones el Distrito Capital y $100.000 millones los departamentos.

Llama poderosamente la atención que mientras se menguaron con la Resolución de marras los ingresos esperados por los departamentos, los municipios y el Distrito capital por concepto de la sobretasa, el ingreso al productor ($4.102.64/galón) con el que se liquida el IVA, que recauda la Nación, subió 6.52%, más del doble del que establece la fórmula de cálculo de precios (3%). Ello contrasta, además, con el hecho de que los ingresos para el Gobierno Central en enero de 2017 suben el 22% ($247) en el caso de la gasolina motor y 20% ($222,1) con respecto a diciembre de 2016 al fijarse en $1.388.4/galón. Ello en la práctica significa una transferencia de recursos desde las entidades territoriales hacia la Nación, lo cual va a contrapelo de los principios de la descentralización y la autonomía territorial.

Se ha dicho por parte del Ministro de Minas y Energía Germán Arce que si se deroga la Resolución que provocó la airada protesta de gobernadores y alcaldes “los usuarios pagarán una gasolina más cara para garantizar la estabilidad en los ingresos”. Nos parece sensata la posición del Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas cuando plantea que la solución a este impasse “hay que buscarla por el mismo camino que se hizo, hay que hacerlo, hay que lograrlo de una forma que tenga el mínimo impacto al precio del consumidor”. Él debe ser el más interesado en resarcir a las entidades territoriales, pues su estrategia de reactivación de la economía, Colombia repunta, cuenta con el gran impulso que se le dará desde las regiones con la inversión en infraestructura. Revisando y reconsiderando los términos de la Resolución 41279 de 2016 se le quita el freno de mano que impediría la marcha de los proyectos en curso.

Bogotá, febrero 19 de 2017

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Por Mauricio Cabrera.-Aunque en el pasado ya se escuchaba decir a algunos analistas que el principal problema de Colombia no era la guerrilla sino la corrupción, la intensidad del conflicto y el manejo mediático de quienes construyeron su capital político con la promesa de acabar con la guerrilla, no dejaban que la opinión pública le prestara toda la atención a los crecientes y generalizados casos de corrupción pública y privada.

Dos circunstancias han cambiado el foco de atención de los medios y la ciudadanía: el éxito del gobierno al lograr el fin de la guerra con las Farc con la desmovilización de 6.300 guerrilleros y la próxima entrega de las armas y, de otra parte, el escándalo mundial por los sobornos de Odebrecht.

El problema no es nuevo. Se recordaba en estos días que, desde el mismo inicio de la vida republicana, Bolívar y Santander promulgaron sendos decretos ordenando la pena de muerte para los funcionarios acusados de malversación o hurto de fondos públicos. Pero también es cierto que ha crecido a unas proporciones capaces de desestabilizar una sociedad.

Varios son los factores que han incrementado la corrupción desde los años 70 del siglo pasado cuando Turbay planteaba “reducirla a sus justas proporciones”. En primer lugar el auge del narcotráfico y la cultura mafiosa del dinero fácil, que permeó buena parte de la sociedad; en segundo lugar cambios políticos como el debilitamiento de los partidos políticos por el voto preferente, la elección popular de alcaldes y gobernadores que descentralizó la corrupción, o la circunscripción nacional para senadores; y tercero, factores económicos como el enorme incremento de los recursos estatales para la contratación por las regalías petroleras y los aportes para salud y educación.

Ante la indignación ciudadana por los innumerables casos de corrupción, vuelven a surgir propuestas para combatirla, sobretodo en el ámbito de la política electoral y la contratación pública.

La Consulta Popular Anticorrupción impulsada por la senadora Claudia López y los verdes, incluye medidas que pueden ser efectivas, aunque insuficientes, como la mayor transparencia en la contratación pública, la cárcel para los corruptos y la inhabilidad para contratar con el Estado, o la obligación de los funcionarios públicos de hacer públicas sus propiedades e ingresos.

Por su parte el gobierno ha presentado una reforma política que debe complementar las propuestas de la Consulta con medidas como la eliminación del voto preferente para acabar con las microempresas electorales, la financiación estatal de las campañas y la eliminación de la circunscripción nacional para el Senado, excepto para las minorías.

Por Aquiles Esté.- Avanza la antipolítica y con ella su relato sobre la incapacidad estructural de las instituciones, los sindicatos, los partidos y los propios líderes políticos para resolver los problemas de los ciudadanos. En esa estela, poco sorprende el aumento sin precedentes del número de hombres y mujeres de negocios que saltan directamente de las empresas a los asuntos públicos.

Los argumentos del empresario para hacerse con el poder son casi siempre los mismos, en casi todas partes: “Tengo suficiente dinero y, por lo tanto, no voy a robar o aprovecharme de mi posición de poder; soy persona de hechos, no de palabras” y, finalmente, “los políticos no saben resolver problemas ni saben de finanzas, gerencia e innovación”.

En el clima dominante actual estos son argumentos poderosos para ganar una carrera electoral, pero casi siempre se vuelven vacíos o son minuciosamente traicionados una vez que se llega al poder. Al menos así se confirma en Estados Unidos.

Casi la mitad de los presidentes de Estados Unidos, al igual que en muchas otras democracias occidentales, han sido abogados o políticos de carrera. Veintiuno han tenido ambas profesiones. El resto se reparte esencialmente entre militares, profesores, un ingeniero y un actor. De este selecto club, Washington, Jefferson, Lincoln, los dos Roosevelt, Wilson y Truman sobresalen como los mejor evaluados según la mayoría de los estudios modernos. De ellos, solo Truman podría considerarse como un hombre de negocios. Llegó a tener una tienda de ropa para caballeros que no alcanzó a sobrevivir la crisis de la década de 1920.

Al contrario, según una comparación de varios estudios hecha por The Hill, ningún presidente estadounidense proveniente del mundo privado es recordado como exitoso, siendo los hombres de negocios los que tienen las peores evaluaciones. Entre ellos destacan Herbert Hoover (magnate de la minería), George W. Bush (ejecutivo petrolero, dueño de los Texas Rangers) y Warren Harding (editor), el más desastroso de todos, nítidamente asociado a escándalos de corrupción y aventuras amorosas.

Un presidente tiene una responsabilidad enorme pero una autoridad limitada para hacer las cosas. Manejar ese país como un director general es una fórmula segura para crear trabas a las decisiones a lo largo y ancho del aparato del Estado.

La realidad es que la experiencia empresarial puede ser irrelevante o incluso volverse un impedimento para una buena gestión presidencial. Eso ayudaría a explicar por qué en la era moderna, tres de los siete presidentes venidos del campo empresarial tuvieron que desalojar la Casa Blanca luego del primer período. Es el caso concreto de Herbert Hoover y Jimmy Carter.

¿Qué explica esa tendencia? El principal motivo es que el poder en Estados Unidos está efectivamente compartido. En la práctica, un presidente tiene una responsabilidad enorme pero una autoridad limitada para hacer las cosas. Manejar ese país como un director general es una fórmula segura para crear trabas a las decisiones a lo largo y ancho del aparato del Estado.

Para hacer una analogía con el ámbito corporativo, sirve decir que un presidente tiene que lidiar con al menos tres juntas directivas: el poder judicial, su propio gabinete y el Congreso. Respecto a esto dos últimos, sólo habrá de conseguir lo que le permitan obtener sus capacidades persuasivas y no su poder vertical sobre unos empleados.

Donald Trump, por cierto, presenta algunas limitaciones adicionales que no tienen muchos capitanes corporativos que han llegado al poder. Trump nunca ha sido parte de ninguna junta directiva que no sea la suya, o sea, solo ha tenido que responderle a un único accionista, que es él mismo. Nunca ha manejado una empresa de capital público, ni ha tenido impedimentos para contratar a quien le da la gana. Como presidente, tiene que manejar una fuerza laboral que en su inmensa mayoría no puede ser despedida. Son los 4,2 millones de profesionales de carrera —incluyendo militares— que han trabajado en sus respectivas agencias de gobierno por más de dos décadas como promedio y bajo las órdenes de otros presidentes. Para alguien que ha forjado su marca personal despidiendo empleados, ésta es una experiencia totalmente novedosa.

También cuenta el tamaño de la operación económica que maneja un presidente actual, algo que ningún empresario del mundo puede realmente comprender si no tiene alguna relación previa con el cargo o con los vericuetos de la gerencia del gobierno. Al sentarse en la silla presidencial, Trump toma en sus manos un presupuesto de más de 3,6 billones de dólares, bastante mayor que cualquiera de las corporaciones listadas en Forbes. Ese dinero se recaba para prestar un servicio, vale decir, para atender las necesidades de los ciudadanos –pagar la seguridad social, las cuentas de retiro de los militares, los gastos de defensa. Esos programas deben funcionar y tienen que ser bien gerenciados, pero no están allí para generar lucro, que es el objetivo central de un líder empresarial. Eso es radicalmente distinto al proceso de toma de decisiones al que Trump está acostumbrado.

Otra limitación severa del actual presidente-empresario es la indisposición a evitar conflictos de interés entre la investidura de jefe de gobierno y sus negocios. Algunos eventos de este último mes muestra que el nuevo presidente no dejará intactas las ilusiones de quienes pensaban que habría separación de intereses entre su gobierno y las rentas familiares. El asunto ha llegado al paroxismo al inmiscuirse Trump personalmente en una disputa entre su hija y la cadena Nordstrom.

La empresa advirtió que ya no ofrecería en sus tiendas las líneas de joyería y ropa “Ivanka Trump”, aduciendo un declive de ventas importante. Trump salió al paso con un tweet de su propia mano reclamando que su hija “había sido tratada injustamente”. La cuenta oficial de la Casa Blanca @POTUS, reenvió el mensaje, lo que ya implica el uso de recursos públicos para resolver una vendetta personal. El desabotonado jefe de prensa Sean Spicer, complicó aún más el dilema ético al asegurar que “el presidente tiene todo el derecho de apoyar a su familia”.

Ser presidente en Estados Unidos requiere de muchas cualidades. Donald Trump tiene algunas. No le falta coraje, habla directo, tiene algo de credibilidad financiera y sobre todo, sabe dominar la conversación e identificar los temas que le preocupan a la gente. Pero pareciera no saber para quién y cómo debe gobernar. Su reclamo a Nordstrom acentúa las dudas sobre su motivaciones para estar en el poder. Según Public Policy Polling, un 61 por ciento de los electores considera que el presidente debería separarse totalmente de sus intereses como empresario.

Los niveles de aprobación de Trump no han cesado de caer desde que entró a la Casa Blanca y eso es muy problemático para un líder que está comenzando su mandato.

Barack Obama tuvo a su lado a los grandes periódicos, los canales de TV y a un batallón de opinadores, intelectuales y académicos. Contó además con un partido unificado y la adoración internacional. Trump no tiene nada de eso. Decenas de capitanes corporativos le han dado la espalda. Los intelectuales conservadores abrazaron el movimiento NeverTrump y el Partido Republicano le brinda por ahora un apoyo dudoso. Apenas Fox y algunos portales de internet extremistas lo respaldan sin reservas.

Mientras domine el congreso podrá avanzar, pero si los demócratas vuelven a ser mayoría podrían sacarlo del poder. En rigor no le queda mucho tiempo para aprender y tender puentes. Si quiere ser la excepción entre los presidentes empresarios, Trump tiene que verse en el espejo, admitir que es un aprendiz de político y pedir ayuda.

Debe rodearse de patriotas, gerentes públicos experimentados y no solo de oportunistas. De lo contrario, puede terminar perdido en un drama de corrupción, parálisis y desconexión del elector. Algo muy parecido a los reclamos que él mismo le hace a la clase política.

Por Guillermo García Realpe.-Durante más de 50 años consecutivos el pueblo colombiano se acostumbró de cierta manera a convivir con la violencia, fueron cinco largas décadas en que el país fue sacudido por tomas guerrilleras, voladuras de oleoductos, secuestros, extorsiones, atentados contra la infraestructura, desapariciones, tortura, desplazamiento forzado, impactos al medio ambiente y en general, un escenario desolador de sangre y muerte que hoy, por fortuna, está llegando a su fin.

Después de tres intentos fallidos, en los años 1984, 1991, y 1999, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, logró algo inimaginable por muchos en Colombia, la neutralización de la principal guerrilla del país y del mundo y uno de los grupos al margen de la ley que más generó violencia. No fue fácil llegar a estas instancias, el gobierno, tuvo que superar toda clase de obstáculos, propios de una negociación tan compleja, como la llevada a cabo con la guerrilla más vieja del continente.

Hoy, después de cuatro años de negociaciones, el proceso ha llegado a feliz término, los guerrilleros han mostrado su plena disposición de desmovilizarse, hoy parecen tener otra concepción de país y se alistan para su reincorporación a la vida civil, acogerlos plenamente de vuelta a la sociedad, es tarea de todos.

Serán 5765 insurgentes quienes dejarán las armas y 9000 milicianos que hacen parte de las redes de apoyo de las FARC también se aprestan a cambiar de vida.

Silenciar los fusiles de las FARC, significa que desaparecerá para siempre la guerrilla más grande de Colombia y del mundo, y con ella se apagará el principal foco de violencia, que dejó 260 mil muertos, 8 millones de víctimas, 45 mil desaparecidos, más de 11 mil víctimas de minas antipersonas y miles de secuestros y otros delitos que afectaron a muchas generaciones de colombianos.

Ahora, el reto enorme del gobierno estará en copar las antiguas zonas dejadas por las FARC a fin de evitar que otros actores armados ilegales entren a seguir delinquiendo, la lucha contra el narcotráfico debe ser frontal y los diálogos de paz con el ELN deben concluir con la firma definitiva de la paz también con esa guerrilla, sólo así Colombia podrá dejar plenamente el conflicto armado que tanto daño causo.

Sin el lastre de la violencia y con el silenciamiento de los fusiles, sin duda, Colombia, tendrá un nuevo amanecer que en rutará al país por el sendero del progreso y el desarrollo, donde la paz estable, duradera y con justicia social, será nuestra mejor conquista y el mejor legado para las nuevas generaciones de colombianos. Luego de esto, es imperativo una lucha frontal contra la corrupción y una revolución pacífica en lo político y lo social.

Por Jorge Gómez Pinilla. Tomado de El Espectador.- Una columna del brillante economista y filósofo Mauricio Cabrera para Vanguardia Liberal puso el dedo en la llaga por la escandalosa declaración de Otto Bula que el fiscal Néstor Humberto Martínez acogió como epifanía, o sea como verdad revelada, cuando este habló de “un millón de dólares cuyo beneficiario final habría sido la gerencia de la campaña Santos Presidente2014”. (Ver columna).

De ahí en adelante se formó la verraca confusión, para decirlo en términos del nadaísta Pablus Gallinazo. Ahora Cabrera pide que se comprueben “las condiciones de modo necesarias para entregar tal cantidad de dinero en efectivo”, y a continuación pregunta: “¿cuánto espacio ocupan $1.000 millones en billetes? ¿Cuánto pesan? ¿Qué tipo de maleta se necesita para transportarlos?”.

Si juntamos la columna de Cabrera con la de Daniel Coronell (ver aquí) el coctel se vuelve explosivo, pues mientras el primero se vale del sentido común para delatar el embuste de Bula, el segundo brinda la información para entender la clase de ‘fichita’ que detona semejante bomba incendiaria sin inmutarse: un hombre que “se enriqueció comprando tierras de campesinos desplazados por los paramilitares y (…)  ha sido un caracterizado uribista de la línea de Mario Uribe”, a quien logró sacarle las más altas votaciones en Córdoba, el departamento paramilitar por excelencia donde el expresidente Uribe –simple coincidencia, por supuesto- tiene su hacienda El Ubérrimo.

Razón tiene La Silla Vacía al afirmar que Odebrecht se convirtió en “el Sigifredo de Néstor Humberto”, cuando un avezado delincuente de la más rancia estirpe uribista logra meterle el dedo en la boca acomodando una falacia con medias verdades y evidentes mentiras, en recuerdo de lo ocurrido con el fiscal Eduardo Montealegre, a quien varios testigos falsos le hicieron creer que el diputado Sigifredo López era un miembro más de la guerrilla que lo secuestró. (Ver artículo).

Durante el proceso 8.000 estuvieron desde la DEA hasta María Isabel Rueda (y las demás Marías) buscando desesperados la comprobación física de que el presidente Ernesto Samper sí sabía del dinero sucio que entró a su campaña. Y nunca la encontraron, hasta el día presente. Pero Mauricio Cabrera señala la prueba reina de que el señor Bula miente… y ningún medio se da por enterado.

Según la ‘confesión’ de Otto Bula fueron dos entregas de dinero las que le hizo a Andrés Giraldo en un maletín, luego de apropiarse de una comisión de 200 millones. Un millón de dólares al cambio de esa época eran 2.000 millones de pesos ya “monetizados”, o sea que Bula habría tenido que entregar 800 millones la primera vez y 1.000 millones la segunda, o 900 millones en cada una.

El busilis en la versión de este sujeto reside en que transportar semejante cantidad de dinero de ningún modo pasa desapercibido, motivo por el cual no habría podido ser un solo maletín popocho sino por lo menos dos tulas para levantar el peso de algo que si fuera en la más alta denominación, la de $50.000, correspondería a 20.000 billetes. Y así fuera la mitad: ¿carga alguien semejante cantidad de dinero con la tranquilidad de que no va a levantar ninguna sospecha y el ‘cruce’ va a quedar entre donante y receptor?

Lo que hoy cuesta entender del fiscal es ese afán de andar contando a los medios absolutamente todo lo que hace, piensa, supone, cavila, opina o investiga desde que se levanta hasta que se acuesta, en un ejercicio de vanidad que entorpece el desarrollo de la justicia y en últimas fue el causante del segundo ‘chorro de babas’ durante su cortísima gestión: el primero cuando se apresuró a declarar que en Navelena no hubo corrupción y al aparecer un préstamo de 120 mil millones de pesos del Banco Agrario hubo de retractarse, y la segunda en días pasados, cuando acogió como verdad el libelo de Bula que tan grave daño le hizo a la imagen de Colombia y a la del presidente Santos. Al día siguiente el inefable Martínez Neira metió un reversazo diciendo que "la prueba de entrega física de dinero a Roberto Prieto no la tiene la Fiscalía" (ver noticia), pero el daño ya estaba hecho. Como reza el refrán, “después del ojo afuera no hay Santa Lucía que valga”.

Antes de armar semejante tierrero Martínez Neira pudo haber ordenado pruebas tan obvias como revisar las cámaras del lugar en busca del momento de la entrega, o preguntarle al avieso incriminador de qué denominación eran los billetes, o dónde compró los dos maletines en los que transportó el dinero para sendas entregas. Al fiscal no le corresponde contar que al parecer de pronto, tal vez, quién quita, todo indica que quizás, etc. Lo que debe hacer es investigar con la discreción que le compete a la justicia, llegar a una conclusión en sus pesquisas y luego sí, con la responsabilidad inherente a la majestad del cargo, revelar el resultado de las averiguaciones.

Es la justicia-show en cuyas tentadores redes también cayó con la misma lujuria mediática el fiscal anterior, solo que éste comienza en forma precoz con un coitus interruptus de demoledoras consecuencias institucionales, que conduce a pensar que confunde sus facultades judiciales con las políticas. Es aquí cuando uno no logra dilucidar si se trató de una (otra) torpeza como la de cualquier precipitado amante, o si fue que al repartir la culpa por partes iguales en ambas campañas urdió una muy hábil carambola a dos bandas: fortalece una alianza a futuro entre Cambio Radical y el uribismo, y deja tendido en el camino del desprestigio a Juan Manuel Santos. ¿Quién habría sido entonces el verdadero traidor? Averígüelo Vargas...

Otto Bula sabe que está mintiendo pero no le preocupa, porque lo importante era cumplirle al patrón en lo de encochinar a todo el mundo y poner al país a mirar hacia otro lado. Puedo estar equivocado, pero conociendo el modus operandi mafioso de esa gentecita (por no decir gentuza), me atrevo a recelar que Bula citó a Andrés Giraldo a un restaurante para comprar un seguro en caso de que necesitara ‘untar’ a otros ante una eventual detención. Y fue ahora, ya en su celda, cuando puso a funcionar el seguro. Y el Fiscal cayó enterito.

DE REMATE: Si el senador Álvaro Uribe arremete contra periodistas de la derecha otrora aliados suyos como María Isabel Rueda o Mauricio Vargas y a la vez acusa al prestigioso Yamid Amat de hacer periodismo prepago para el gobierno Santos, debe ser porque en su desesperación siente pasos de animal grande o porque algo más poderoso que él (la JEP, por ejemplo) comienza a respirarle en la nuca. ¿O estaré pensando con el deseo…?

Por Amylkar D. Acosta M.- En estos últimos días los residentes y transeúntes de la Bogotá que se preciaba de estar 2.600 metros más cerca de las estrellas, acostumbrados a echar manos de las gabardinas, los abrigos, buzos y chaquetas de su perchero, han tenido que apelar a prendas veraniegas propias de calentanos, al tiempo que les ha tocado reemplazar los paraguas, que les servía para guarecerse de la inclemente lluvia, por las sombrillas para protegerse de los rayos de un sol canicular. El pasado 8 de febrero el termómetro marcó una temperatura de 25.1 grados Celsius, con una sensación térmica aún mayor, la más alta desde que se llevan registros hace 60 años.

Lo más preocupante de esta alarmante ola de calor es que no sólo no es coyuntural ni local, sino que es una tendencia en todo el orbe y se debe al calentamiento global, que tiene un impacto planetario. Como lo sostiene el columnista del Financial Times Martín Wolf, “no está ocurriendo ninguna desaceleración en los índices subyacentes de aumento de la temperatura”.

De hecho 2016 fue el año más cálido que se haya registrado en el mundo desde 1880, superando el record alcanzado en 2015, el cual superó el record anterior de 2014 en 0.3 grados. Aparentemente, la “pausa” del calentamiento global sólo duró 15 años, entre 1998 y 2013 y a lo mejor la temperatura promedio del 2017 llegue a superar la del año anterior. Las últimas tres décadas se destacan por ser las que se han caracterizado por las más altas temperaturas del Planeta, por encima de las décadas anteriores desde 1850. 16 de los 17 años más calientes en la historia han tenido lugar en este siglo (¡!). Se calcula en 22 millones el número de desplazados por desastres naturales causados por el mismo. La temperatura media global, según la Organización Meteorológica Mundial, ya supera 1.2 grados Celsius la de la era preindustrial, a apenas 0.8 grados de los 2 grados considerados como el punto de no retorno del apocalipsis al que puede precipitar el cambio climático a nuestro estragado Planeta.

No hay duda que existe una estrecha correlación entre la elevación de la temperatura promedio en el planeta Tierra y la creciente concentración de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera, así lo pudo comprobar el Panel Intergubernamental del Cambio climático de las Naciones Unidas, conocido por el acrónimo en inglés IPCC, integrado en 1988, al reconocer la validez de la teoría del “efecto invernadero” y conformado por más de doscientos expertos de todo el mundo. Con la revolución industrial se dispararon las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y desde entonces su concentración en la atmósfera no ha hecho más que crecer exponencialmente. Según la Organización Meteorológica Mundial, coincidencialmente el 2015, uno de los más calurosos, fue el año en que la Tierra experimentó un mayor crecimiento de las emisiones de dióxido de carbono, de 3.05 partes por millón (ppm). El mayor incremento en 56 años de medición, superando por primera vez la barrera simbólica de las 400 ppm, para un crecimiento del 33% con respecto a la era preindustrial que nunca superó las 300 ppm. Es de anotar que en  2016  se batieron todos los records anteriores al sobrepasar peligrosamente el umbral de las 440 ppm. Por ello no es de extrañar que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) cada año se registran 7 millones de muertes prematuras atribuibles a la mala calidad del aire.

No hay duda de que el calentamiento global es una realidad y llegó para quedarse. El cambio climático que lo provoca y los “fenómenos” extremos de sequía e inundaciones que lo acompañan no obedece a ciclos, lo que permitiría su predicción, son, en cambio recurrentes e intempestivos. De allí que sea más apropiado hablar de desorden climático, pues llueve en verano y escasean las lluvias en la temporada invernal. Es más, nos atrevemos a decir que ya no podemos seguir registrando al Niño y a la Niña como “fenómenos”, porque dejaron de serlo para convertirse en la nueva normalidad.

El impacto y los estragos del calentamiento global no se han hecho esperar, de manera imperceptible primero y catastrófica después ha venido amenazando la sostenibilidad ambiental y comprometiendo la habitabilidad de este Planeta, sin que la humanidad tenga un Plan B porque no hay otro Planeta  en el que podamos subsistir, por lo menos por ahora. Las sequías, las inundaciones, los incendios forestales y huracanes, cada vez más frecuentes e intensos, se han duplicado desde 1990. En el lapso comprendido entre 1996 y 2015 se presentaron 11 mil “fenómenos” extremos y devastadores, los cuales causaron más de 500 mil muertes aquí, allá y acullá. Se estima que de 8.688 especies amenazadas o cuasi-amenazadas de verse extinguidas un 20% lo son por cuenta del calentamiento global. La seguridad alimentaria, particularmente, tiene el cambio climático su mayor reto habida cuenta de que, según la FAO, para el año 2050 la población mundial superará los 9.000 millones de habitantes y para procurarle su congrua subsistencia la producción agropecuaria deberá crecer un 70%.

Cota, febrero 12 de 2017

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Por Mauricio Cabrera Galvis.- La declaración del Fiscal de que “habrían” entrado dineros de Odebrecht a la gerencia de la campaña de Santos en el 2014 generó uno de esos fenómenos mediáticos típicos de la era de la posverdad: la opinión pública convirtió en un hecho real e indiscutible que esos dineros sí entraron, y por anticipado condenaron a los implicados, sin siquiera esperar a los resultados de las investigaciones de la justicia.

La pregunta relevante es por la veracidad de las declaraciones del excongresista Otto Bula, según las cuales él entrego a Andrés Giraldo, amigo de Roberto Prieto, gerente de la campaña de Santos, un millón de dólares en efectivo y en dos entregas de 500.000 dólares, ambas en un restaurante de un hotel en la calle 85 en el norte de Bogotá.

Sin pretender sustituir a la Fiscalía, existe una prueba elemental para determinar la veracidad de esas acusaciones: se trata de comprobar las condiciones de modo necesarias para entregar tales cantidades de dinero en efectivo.

Está demostrado que la entrega se hizo en pesos colombianos. Según la Fiscalía, “el señor Otto Bula tramitó durante el año 2014 dos giros hacia Colombia, que fueron monetizados en su momento, por la suma total de 1 millón de dólares…”. Ese año, esta suma equivalía a $2.000 millones, y cada una de las supuestas entregas fue por $1.000 millones.

Entonces, cabe preguntarse, ¿cuánto espacio ocupan $1.000 millones en billetes? ¿Cuánto pesan? ¿Qué tipo de maletas se necesita para transportarlos?

En las bolsas en que los bancos transportan el efectivo caben unos 8.000 billetes. Si son de $50.000 serían unos $400 millones por bolsa, y si son de $20.000 serían $160 millones. Como estas bolsas son unos 12 cm más grandes que un maletín de los que permiten llevar en la cabina de un avión, se puede estimar que en uno de esos maletines cabrían, en el mejor de los casos, unos $350 millones.

Si fuera cierta la entrega del dinero, el señor Bula ha debido entrar al restaurante por lo menos con tres maletines, y no hubiera pasado desapercibido.

Antes de dar por ciertas acusaciones temerarias y divulgarlas al mundo entero, la justicia debería por lo menos verificar hechos simples como el mencionado. Además, los bancos tienen la obligación de reportar las operaciones en efectivo superiores a $10 millones, de manera que resulta fácil identificar si alguien retiró esa cantidad de dinero. Pero en la era de la posverdad, parece que los hechos no importan.

Por Jorge Enrique Robledo.-El escándalo de corrupción de Odebrecht es de lo peor en la historia de un país en el que las corruptelas político-público-privadas son el pan de cada día. En razón de su resonancia, puede compararse con el Proceso Ocho Mil, cuando la plata de los narcotraficantes definió la elección presidencial de 1994.

Los hechos probados son gravísimos. El primero señala que estamos ante una trasnacional corrupta como la que más, a tal punto que su directiva confesó haber pagado 788 millones de dólares en sobornos a gobiernos de doce países, lo que la define más como asociación para delinquir que como empresa de infraestructura. Y también ha reconocido –aunque los casos y el monto pueden ser mayores– que en Colombia pagó once millones de dólares en coimas para asegurarse que en los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos les adjudicaran los dos contratos de la Ruta del Sol (http://bit.ly/2klqwpF). Insistamos en que los sobornos no los paga Odebrecht sino los colombianos. Con los peajes, por ejemplo.

También está demostrado que entre los cómplices de sus corruptelas aparecen, por confesión de ellos mismos ante las autoridades de Brasil y Colombia, Duda Mendoza y Otto Bula, respectivamente. Y los dos denuncian que, con su intermediación, Odebrecht financió con millones de dólares las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos y Germán Vargas Lleras, de una parte, y de Óscar Iván Zuluaga y Carlos Holmes Trujillo, de la otra. Ofende la inteligencia de los colombianos afirmar que esas platas pudieron beneficiar a los candidatos a la Presidencia mas no a sus vicepresidentes.

Las autoridades deberán establecer las realidades procesales y acusar y condenar a los culpables. Pero este proceso tropieza con una gran dificultad: en las dos campañas electorales se concentró el ciento por ciento del poder político que gobierna a Colombia desde 1990 por lo menos, más el sector privado que también ha hecho de las suyas en ese lapso. Luego estamos en una gran lucha entre quienes queremos que se establezca la verdad y quienes desean que triunfe el tapen-tapen, de manera que no caigan los peces gordos y los mismos sigan con lo mismo.

Muy mal cayó la decisión del Fiscal Néstor Humberto Martínez –el principal abogado del socio de Odebrecht en la Ruta del Sol y quien cuenta con el respaldo de la Unidad Nacional y el Centro Democrático– de trasladar al Consejo Nacional Electoral la investigación y decisión sobre los dineros de Odebrecht en las campañas de Santos y Zuluaga. Porque ese organismo carece de la capacidad técnica necesaria para adelantar las investigaciones y porque los dos sectores políticos afectados por el escándalo detentan el control político de dicho Consejo. Y preocupa más que en la Fiscalía las cosas evolucionen hacia convertir en una mera infracción por aportes a las campañas lo que empezó como un mayúsculo delito de soborno de una trasnacional para que el gobierno le otorgara contratos corruptos.

Los colombianos estamos mamados, ¡mamados!, con que a cada rato estallen escándalos como este y con que cada cuatro años se escoja de Presidente a uno de los mismos para que siga pasando lo mismo. De derrotar toda forma de tapen-tapen depende que el país empiece a salir del hueco oscuro en el que lo han sumergido.

Coletilla: Están de fiesta Carlos Urrutia, Néstor Humberto Martínez y los demás abogados “sofisticados” que defendieron las acumulaciones ilegales de tierras que fueron baldíos. Porque la Corte Constitucional, mediante la Ley de Zidres, le dio viso de legalidad a esas ilegalidades y porque, además, actuando en contra de su sentencia C-644 de 2012, decidió que los pobres del campo sí pueden ser despojados –mediante una argucia– del derecho constitucional que les otorgaba en exclusividad las tierras baldías del Estado. Sin duda, la peor ley de tierras que se recuerde. Otro caso de aprobación en llave entre la Unidad Nacional y el Centro Democrático, en el que Juan Manuel Santos logró lo que no pudo Álvaro Uribe, quien, en 2009, advirtió que no se atrevía a proponer en el Congreso una reforma como esta.

Bogotá, 10 de febrero de 2017.

Por Paul Krugman.- Apenas ha pasado una semana del régimen de Trump y Putin, y ya nos está costando trabajo llevar la cuenta de los desastres. ¿Recuerdan el berrinche de Trump sobre la multitud vergonzosamente escasa de su toma de protesta? Ya lo vemos como una cosa del pasado.

Pero me gustaría hacer una pausa, solo por un minuto, en la historia que acaparó las noticias el jueves, antes de ser superada, a lo Trump, por el escándalo en torno a prohibir a los refugiados la entrada al país. Como tal vez recuerden —o tal vez no, con tanta cosa descabellada sucediendo tan rápido— la Casa Blanca primero pareció decir que impondría aranceles del 20 por ciento a las importaciones de México, pero tal vez estaba hablando de un plan fiscal propuesto por los republicanos del congreso que no implica un arancel a productos mexicanos; después dijeron que era solo una idea para luego olvidarse del tema, al menos por ahora.

Por su crueldad, las habladurías sobre los aranceles no se comparan con cerrarle la puerta a los refugiados, nada más y nada menos que en el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto. No obstante, la historia de los aranceles es un epítome del patrón que estamos viendo en este gobierno caótico: un patrón de disfunción, ignorancia, incompetencia y traición de la confianza.

La historia, como mucho de lo que ha sucedido últimamente, parece haber iniciado con el ego inseguro del presidente Trump: la gente se mofa de él porque México no pagará el muro inútil a lo largo de la frontera, tal como él prometió durante la campaña. Y así fue como su vocero, Sean Spicer, apareció ante los medios y declaró que el impuesto fronterizo a los productos mexicanos, de hecho, financiaría el muro. ¡Ahí tienen!

Sin embargo, como se apresuraron a señalar los economistas, el exportador no es quien paga los aranceles. Con algunas reservas menores, en esencia, son los compradores quienes los pagan, es decir, un arancel impuesto a los productos mexicanos sería un impuesto a los consumidores estadounidenses. Por ende, quien acabaría pagando el muro sería Estados Unidos, y no México.

Ups. No obstante, ese no era el único problema. Estados Unidos forma parte de un sistema de acuerdos —un sistema que construimos nosotros— que establece reglas para las políticas comerciales y una de las reglas clave es que los aranceles que se había acordado disminuir en las negociaciones previas no se pueden elevar unilateralmente.

Si a Estados Unidos se le ocurriera romper esta regla, las consecuencias serían graves. El riesgo no tendría tanto que ver con las represalias, aunque también está eso, sino con la imitación: si despreciamos las reglas, los demás harán lo mismo. El sistema de comercio en su totalidad podría comenzar a desbaratarse, con efectos tremendamente perturbadores en todos lados, incluyendo, en gran medida, la manufactura estadounidense.

¿De verdad la Casa Blanca planea tomar ese camino? Al concentrarse en las importaciones de México, Spicer dio esa impresión; sin embargo, también dijo que estaba hablando sobre “una reforma fiscal integral cuya finalidad era cobrar impuestos a las importaciones de países con los que tenemos un déficit comercial”. Esta pareció ser una referencia a un ajuste propuesto a los impuestos corporativos, que incluiría “impuestos fronterizos ajustables”.

La cosa es que ese ajuste no tendría para nada los efectos que él sugirió. No estaría dirigido a los países con los que tenemos déficits, y no hablo solo de México; también aplicaría a todo el comercio. Y no se trataría en realidad de un impuesto a las importaciones.

Para ser honestos, este es un punto ampliamente malinterpretado. Muchas personas que deberían saber mejor lo que hacen creen que los impuestos al valor agregado, que imponen muchos países, desalientan las importaciones y subsidian las exportaciones. Spicer hizo eco de esa malinterpretación.

Sin embargo, los impuestos al valor agregado son, en esencia, impuestos nacionales sobre las ventas, que no desalientan ni fomentan las importaciones (sí, las importaciones acaban pagando ese impuesto, al igual que los productos locales).

El cambio propuesto a los impuestos corporativos, aunque en cierto sentido difiere del impuesto al valor agregado, tendría, de igual modo, un efecto neutral en el comercio. Esto quiere decir en específico que, si algo no lograría, es hacer que México pague el muro.

Lo que menciono aquí es un tanto técnico; consulten mi blog para mayor información. Pero ¿no se supone que el gobierno estadounidense entendería bien las cosas antes de lanzar lo que suena como una declaración de guerra comercial?

En resumen: el Secretario de Prensa de la Casa Blanca dio lugar a una crisis diplomática al intentar proteger al presidente de hacer el ridículo en cuanto a su fanfarronería, hecha tan a la ligera. En el proceso, demostró que nadie con autoridad sabe de economía básica. Después trató de recular en todo lo que dijo.

Todo esto debería interpretarse en el más amplio contexto de la credibilidad en picada de Estados Unidos.

Nuestro gobierno no siempre ha hecho lo correcto, pero sí había cumplido sus promesas, tanto a las naciones como a las personas. Ahora todo eso está en duda.

Todo el mundo, desde las naciones pequeñas que creían estar protegidas de la agresión rusa hasta los empresarios mexicanos que pensaron que tenían acceso garantizado a nuestros mercados, así como los intérpretes iraquíes que pensaron que el servicio que prestan a Estados Unidos significaba una garantía de asilo, ahora tienen que preguntarse si se les tratará como a los engañados proveedores de un hotel de Trump.

Esta es una gran pérdida. Y, muy probablemente, irreversible.