Opinión
Por: Jorge Enrique Robledo.-Colombia aparece en las estadísticas como uno de los países más corruptos del mundo, deshonor que, como sabemos, tiene todo el asidero en la realidad. Ahí están los inmensos escándalos de Reficar y Odebrecht, que involucran a los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, tanto por las fechas de las determinaciones como por los momentos en que se pagaron los sobornos, más las acusaciones de financiación ilegal a los dos candidatos presidenciales en 2014. Se sabe además que en la foto de la campaña Santos 2010, lubricada con dineros ilegales y de trasnacional, aparecen todos los dirigentes de todos los sectores de todos los partidos tradicionales que han gobernado al país desde hace, por lo menos, medio siglo. Y son incontables las corruptelas nacionales, departamentales y municipales, con actores del sector público y el privado, nacionales y extranjeros.
También se conoce que en las elecciones, en proporciones determinantes, no se compite con análisis, ideas y propuestas sino con inmensas sumas de dinero de todos los orígenes, con las que se arrea a votar a millones de empobrecidos compatriotas; que una corrupción salida de madre como esta hace inviable el progreso nacional; y que los colombianos, con razón hasta la coronilla, exigen correctivos inmediatos.
Ante la pregunta de cómo salir de desvergüenzas tan dañinas, lo primero es señalar que no hay solución a un problema si no se establecen sus causas y si no se toman, a partir de ellas, los correctivos acertados. Por ello se dice que no se va al médico a que nos diga dónde nos duele, lo que ya sabemos, sino a que nos señale las causas del dolor y la manera de curarlo, y que si se equivoca en el diagnóstico, fallará de seguro en el remedio. Luego también hay que empezar por establecer los orígenes de la pavorosa corrupción nacional, haciéndose la pregunta clave: ¿se trata de un problema de manzanas podridas, aisladas entre sí, o de una corrupción sistémica, general, en la que está conscientemente involucrada una porción determinante de quienes, en la esfera pública y privada, mandan en Colombia?
De acuerdo con Fernando Cepeda Ulloa, más que corrupción, “lo que hay en Colombia, es evidente, es crimen organizado para apropiarse de los recursos del Estado o (…) en el sector empresarial o donde ustedes quieran (…) Además se ha vuelto trasnacional, con connivencia nacional” (http://bit.ly/2o0txuz). Una buena manera de expresar lo que ocurre y de que no se trata, que es el punto clave a debatir, de manzanas podridas, para seguir con la imagen.
¿Cómo fue que llegamos a esta desgracia? Como lo he citado en otras ocasiones, según el ministro Alejandro Gaviria, desde el Frente Nacional, los partidos tradicionales y las élites económicas acordaron darle un determinado manejo a “la macroeconomía”, a sus negocios, y ganar las elecciones mediante el “clientelismo”, es decir, con el uso “de una fracción del presupuesto y la burocracia estatal, de auxilios parlamentarios, partidas regionales y puestos” (http://bit.ly/2o0dOM0), mecanismos que están en la base de la corrupción nacional. “El clientelismo, detalla Hommes, puede verse como una forma deliberada de extraer recursos para la élite y sus colaboradores” (http://bit.ly/2nlmGgY) y Guillermo Perry ha narrado la evolución clientelista (http://bit.ly/2o0v4AP). Y así se gobierna a Colombia, con el agravante de que las determinaciones, además de corruptas, están diseñadas para que la economía no prospere, en un juego en el que unos pocos divorcian sus intereses personales de los de la Nación, a la que arruinan o empobrecen con sus medidas, mientras ellos prosperan.
Entonces, a lo que asistimos hoy es al natural aumento de la descomposición de un sistema político al que hace mucho tiempo le inyectaron la corrupción en su ADN, y con el objetivo de poder gobernar de la peor manera y aun así ganar elección tras elección, sistema en el que lo único en verdad nuevo reside en que las corruptelas y el cinismo rompen récords mundiales y en que crecen los excluidos de la francachela. Porque las políticas neoliberales y su asalto a los recursos públicos, con su capitalismo raquítico y de extrema desigualdad social que corona como reyes a las trasnacionales, operan sobre esta perversidad.
Es obvio que con solo tomar medidas legales contra la corrupción, aunque deban tomarse, no cambiará el tétrico rumbo del país, si lo mangonean los cuarenta ladrones de Alí Babá. De ahí que la primera determinación para enfrentar en serio este problema consiste en que los colombianos de todos los orígenes nos unamos y derrotemos a todas y cada una de las fuerzas que han gobernado al país, hundiéndolo en este desastre.
Bogotá, 24 de marzo de 2017.
Por Jairo Gómez.-Cambio Radical ya comenzó a hacer política electoral con el proceso de paz, su propuesta de acotar la presencia de terceros a un ejercicio voluntario y no obligatorio ante la Justicia Especial Para la paz (JEP), revela las intenciones de su candidato presidencial Vargas Lleras.
Ese partido, inmerso en una crisis de credibilidad por motivos ampliamente conocidos, junto con su Fiscal, van al amparo de quienes crearon grupos paramilitares dizque para salvaguardar sus intereses amenazados por la guerrilla.
Quieren atravesarle un palo a la rueda de la JEP que garantiza a las víctimas, centro del acuerdo de paz, Justicia, Reparación, No repetición y, por sobre todo, la verdad para que los millones de supervivientes logren superar lo efectos devastadores del conflicto.
Una y otra vez es necesario recordarle a quienes pretenden ponerle obstáculos a la JEP que la responsabilidad de terceros o civiles en muchos casos financiadores y determinadores del conflicto no se puede escudar, entre otras cosas, en el pretexto de la extorsión para evitar su comparecencia, y eso es lo que pretende Cambio Radical con su propuesta.
Los casos sobre financiadores de la guerra están ampliamente documentados y son materia de investigación por parte de la justicia. Para la muestra un botón: Chiquita Brands –la célebre empresa bananera representada en Colombia a través de su filial Banadex- y Drummond y Glencor (Prodeco) las mineras del Cesar; así como la Organización Ardila Lulle que ha sido mencionada en múltiples ocasiones por el paramilitar Salvatore Mancuso, como financiadora de grupos pertenecientes a las AUC.
De Chiquita Brands se sabe que durante 17 años, según investigaciones que reposan en la fiscalía, le dio dinero simultáneamente a guerrilleros y paramilitares para poder operar en la zona bananera de Urabá, y entre 1997 y 2004 decidió que sólo le pagarían a las autodefensas de Carlos Castaño.
Y cómo olvidar el caso de las mineras Drummond y Glencor (Prodeco) mencionadas por postulados en Justicia y Paz –El Samario, Tolemaida etc.- de haber sido financiados por estas multinacionales para crear el grupo paramilitar “Juan Andrés Álvarez” que operó en el norte del departamento del Cesar entre los años 1996 y 2006, según investigación de la Organización No Gubernamental PAX Holanda.
Flaco servicio se le hace al proceso de paz tratando de favorecer uno de los sectores responsables en el conflicto, como es el caso de terceros. De no tomarse en serio lo acordado, se abre la ventana para que la Corte Penal Internacional mañana asuma su papel por la inoperancia de la Justicia Transicional.
“Algunos de los congresistas actuaron en función de sus intereses (…) Para nosotros lo que ha ocurrido con la ley de amnistía y la JEP es que se han puesto a consideración intereses distintos a los derechos humanos (…) no se puede ver a la JEP como una feria de beneficios, no”, dijo visiblemente molesto el representante del Alto Comisionado de las ONU para los Derechos Humanos en Colombia Todd Howland.
Viene la etapa de conciliación entre Cámara y Senado y se espera que este “mico” anti JEP no prevalezca o de lo contrario se le está aplicando, el harakiri, a la columna vertebral del acuerdo de paz: el punto cinco sobre Víctimas que incluye la Justicia Transicional.
@jairotevi
Por Jorge Gómez Pinilla.-Tomado de El Espectador.- Hay quienes creen que el retiro de la precandidatura de Óscar Iván Zuluaga le despeja el camino a Iván Duque en el Centro Democrático. Es lo que parece cuando el dueño del letrero remplaza a su extítere por una señora cuyo apellido Guerra parece escogido con propósito subliminal, pero me atrevo a sospechar que ese movimiento de fichas es fuego artificial para distraer a la galería mediática, porque sus ojitos apuntan en otra dirección.
Apuntan hacia Alejandro Ordóñez, dibujado por Matador en una caricatura premonitoria donde se le ve como un caballo cabalgado por Álvaro Uribe, quien hala de sus tirantas. Ordóñez dice “¡Vamos a recuperar el país!” y Uribe le responde: “Para nosotros”. (Ver caricatura).
El asunto de todos modos no es para chiste, pues lo que se viene es una alianza ‘diabólica’ de las fuerzas más reaccionarias en busca de recuperar el terreno perdido con Juan Manuel Santos, a quien hicieron elegir bajo la premisa de que continuaría con el nefasto régimen de la Seguridad Democrática, pero les salió “traidor” y le dio por buscar la paz.
El problema de fondo es que en lugar de la paz acordada, ellos hubieran preferido la paz de los sepulcros sobre las FARC. Sea como fuere, hoy su verdadero enemigo no es la guerrilla sino el tribunal de justicia (JEP) que trae la implementación de los acuerdos, pues son muchas las verdades que saldrán a flote. Su ‘misión divina’, entonces, procura aglutinar los esfuerzos de todos los que se verán perjudicados, para impedir que esas verdades se conozcan.
¿Y cuál es la forma de lograrlo? Reconquistando la Presidencia de Colombia en 2018. ¿Y cómo? Uniendo fuerzas, como ya pide –casi suplica- Ordóñez cuando dice que “es necesaria una gran convergencia de las fuerzas políticas que triunfaron en el plebiscito”. (Ver noticia). Ordóñez es consciente de que él solito con firmas no es capaz de hacerse elegir, considerando que tiene una imagen favorable del 22% y una desfavorable del 35%, y por eso el pasado 4 de marzo se fue a hacerle ojitos a Uribe a su finca de Rionegro, mientras aprovecha el desprestigio del gobierno Santos para tratar de atraer a su redil al Partido Conservador.
En términos de conveniencia política, le sirve más a Uribe un Ordóñez con pinta de caballo discapacitado que un Iván Duque con porte de semental. Con este último no repetirá el error que ya cometió con Santos (Duque es demasiado de centro y demasiado decente para su gusto) pero no puede descalificarlo como hacen otros sectores de ultraderecha dentro de su partido, porque eso solo contribuiría a aumentar la división que amenaza con hacer trizas al CD.
Pero el punto donde se debe fijar la atención, es en la manera como Uribe y Ordóñez han venido cooptando (incluso comprando, no tengo duda) a los líderes de las iglesias evangélicas y cristianas. Esto comenzó a gestarse desde los días del plebiscito y fue la fórmula que condujo al triunfo del NO, sumado a la propaganda negra que diseminaron por las redes sociales y a la altísima abstención de los que no fueron a votar convencidos de que iba a ganar el SÍ.
Para ellos no existen ciudadanos sino feligreses, como plantea Germán Ayala en brillante columna. Ahora quieren repetir la misma fórmula hacia el 2018, y es por eso que Ordóñez ha comenzado a hablar de “la fuerza del voto religioso”, y en consonancia está dedicado de nuevo a exacerbar las pasiones en defensa de la familia y de “los altares”, los cuales ve amenazados por los homosexuales, según confiesa en entrevista dentro de un carro con el supuesto pastor –en realidad embaucador- Oswaldo Ortiz, quien pasó de predicador a rabioso activista político del uribismo, hoy convertido además en el principal lamesuelas de Ordóñez. (Ver entrevista).
Lo cierto es que estamos frente a un peligro inminente, considerando que Colombia es un país religioso hasta los tuétanos, tal vez ya no con mayorías católicas sino evangélicas y cristianas, pero en todo caso contaminado con el ‘temor a Dios’ desde la Colonia por una moral judeo-cristiana incorporada en las mentes a fuerza de púlpito y de cátedra escolar.
En columna publicada ocho días antes del plebiscito del 2 de octubre (Usan a Dios para seguir la guerra), advertí tardíamente que “la extrema derecha recurre a Dios como su caballito de batalla. Bajo la fachada de combatir el “lobby gay” quieren impedir que se consolide la paz, con un objetivo político embozado: llevar a la Presidencia de Colombia al ultra-católico, corrupto y clientelista exprocurador Alejandro Ordóñez”.
El inesperado triunfo del NO terminó por darme la razón, y ahora la alerta se extiende a advertir que ha comenzado la implementación de la segunda fase de dicho plan, consistente en un maridaje incestuoso entre Uribe y Ordóñez. Incestuoso porque comparten hermandad ideológica en su orientación ultraderechista, y peligroso porque no solo comprende la incorporación de católicos, evangélicos y cristianos –hasta la muy ‘liberal’ Viviane Morales tiene cabida ahí- sino porque podría desembocar en la fórmula Ordóñez presidente – Uribe vicepresidente.
La Corte Constitucional le impide a Uribe ser presidente de nuevo, pero no le impide ser candidato a vicepresidente. Y si esa fórmula saliera elegida, no habría forma de desacatarla: el constituyente primario no puede estar limitado, porque es la fuente de la Constitución. He ahí el peligro, y por eso se requiere de una muy amplia y sólida coalición de fuerzas de centro e izquierda que impida que semejantes exponentes de la más rancia caverna se apoderen del Estado.
DE REMATE: Respecto a la marcha “contra la corrupción” del 1 de abril, esto pienso: si sorprendieran a Uribe violando a una monjita, los uribistas marcharían contra la monja abusadora que lo hizo caer en el pecado.
Por José Gregorio Hernández.-La Constitución colombiana de 1991 alcanzó a pasar del cuarto de siglo, pero el uso irresponsable de las facultades reformatorias, en cabeza del Congreso, ha hecho que su vigencia haya sido accidentada, y que en muchos aspectos hayan sido frustrados o se hayan quedado irrealizados sus objetivos.
No se permitió que rigiera en su integridad, al menos durante un tiempo, una Constitución innovadora, democrática, pluralista, participativa, rica en valores y principios, amplia y generosa en materia de derechos, libertades y garantías, con todas las bases institucionales para la realización del Estado Social de Derecho. Comenzó a ser modificada a muy poco andar y desde 1993 ha sido evidente un afán reformista desordenado, que ha llevado a promulgar normas constitucionales sin sentido alguno de coherencia y sin sustento en la necesidad o en la probada conveniencia de las enmiendas.
Como contrapeso a la incontinencia reformadora, la jurisprudencia sentada por la Corte Constitucional y la doctrina permitieron extraer de la Constitución numerosos efectos, con base en sus valores y principios esenciales, y por tanto, la Carta Política de 1991 logró introducir cambios sustanciales en la concepción del Derecho Público, habiendo conformado una dogmática verdaderamente importante, reconocida y exaltada no solamente dentro del país sino fuera de él. La jurisprudencia de la Corte Constitucional es citada y acogida como una de las más modernas y progresistas, y ha servido de ejemplo a otros tribunales constitucionales.
Pero lo cierto es que, a estas alturas, la Constitución colombiana de 1991 está deshecha. Durante este tiempo, a pesar de los inocultables progresos que significó, porque introdujo numerosos elementos renovadores en nuestro Derecho Público, se ha ido desvirtuando su espíritu original, democrático y participativo. Cuarenta y dos reformas aprobadas para distintas coyunturas, en una gran improvisación, han venido socavando el sistema, mediante una creciente pérdida de respeto a la intangibilidad constitucional. Se ha venido “manoseando” la Constitución, hasta convertirla en una verdadera "colcha de retazos".
Tras la culminación de los diálogos de paz en La Habana -que si bien sabíamos debían producir algún impacto en el ordenamiento superior y en la legislación, jamás pensamos que se tradujeran en un quiebre institucional-, ha ocurrido que el Congreso, por iniciativa del Gobierno y con la supuesta finalidad de desarrollar los acuerdos, ha venido a convertir la Constitución en un verdadero caos. En un manojo de normas, que hoy por hoy no sabemos cuántas ni cuáles son. Con notoria influencia extranjera, el Congreso simplificó, mediante el "fast track", los requisitos a él exigidos por el Constituyente para modificar la Carta Política; se ha introducido la Justicia Especial de Paz -JEP-, cambiando por completo la estructura de la rama judicial y el sistema de administración de justicia, incorporando el Acuerdo Final de Paz al bloque de constitucionalidad, y se avecinan otras reformas, tanto en la Constitución como en las leyes, además de que la Corte Constitucional ha relajado el sistema de control y defensa de la integridad y supremacía del Estatuto Fundamental.
Cuando las cosas están así -sin el orden, la coherencia y la razonabilidad que deben caracterizar a una Constitución política-, se precisa iniciar cuanto antes una reingeniería, en este caso constitucional. Hay que volver a hacer la Constitución, retomando sus principios básicos y registrando los nuevos hechos, acabando de paso con la polarización hoy existente. Ante la crisis institucional, se necesita con urgencia convocar a una Asamblea Constituyente, claro está, siempre que se quiera restablecer un sistema jurídico y un legítimo Estado Social de Derecho.
Por Horacio Serpa.-En Colombia muchos se dedicaron a las guerras. Las declararon, las lucharon, las ganaron o las perdieron, en un ejercicio que lleva dos siglos de muertes, ignominia y pobreza. De todos los que en ellas participaron, de todas y todos los que las vivieron y las sufrieron, los únicos que valen la pena, los únicos que el pueblo recuerda, son los que trataron de hacer la paz y buscaron maneras de lograr convivencia. Como en el mundo entero, aquí también se aprecia y respeta más a “las palomas” que a “los halcones”.
En nuestro País el hombre de la paz es Juan Manuel Santos. Aun cuando a muchos les duela, será Presidente de la República hasta el 7 de Agosto de 2018. También en el mundo el Presidente Santos es el hombre de la paz, por lo cual le concedieron el Premio Nobel.
El Partido Liberal recibió hace tres semanas a 354 líderes políticos progresistas del mundo, los cuales vinieron desde 104 Países a congratular a los colombianos por los adelantos logrados en la búsqueda de nuestra paz interna. Escucharon a Santos alelados y cuando terminó el discurso lo aplaudieron, de pie, durante 4 minutos. Fue un espectáculo emocionante en el Centro de Convenciones de Cartagena.
El mundo entero aclama a Colombia y al Presidente Santos. La ONU, la OEA, UNASUR, la Unión Europea, el Parlamento Africano, los Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Japón, Rusia, todas las naciones del orbe. Es maravilloso. También Su Santidad el Papa, Universidades, Intelectuales, deportistas, actores y actrices, el mundo Islámico, todos ven en lo nuestro un ejemplo extraordinario de convivencia.
En Colombia, sin embargo, hay sectores que por política, por egoísmo o por miopía desconocen la obra colosal que en beneficio de todos nuestros compatriotas está construyendo, ladrillo a ladrillo, el Presidente Nobel.
¡Increíble e injusto! No solo lo desconocen en su dimensión nacional e internacional, sino que lo critican por todo, lo insultan, le faltan al respeto con una estulticia sin límites. Son radicales, obcecados, sistemáticos en la diatriba, ciegos en extremo porque no quieren ver lo que, además de la paz, se ha logrado en el actual gobierno. Ha sido bastante, en medio de las miserias, los desajustes y la corrupción que nos han azotado en las últimas décadas, como consecuencia de la guerra que se está acabando.
“No hay peor cuña que la del mismo palo”. Cuña inmerecida, cuña injusta, cuña desalmada, proveniente no solo de la política sino de los medios de comunicación, de los empresarios, de los que, para no comprometerse, con cobardía se autodenominan neutrales, imparciales o independientes.
La hipocresía nos carcome, la envidia y la falta de carácter. Entre la guerra y la paz no puede existir neutralidad. Se está por la muerte o por la vida, entre la democracia y el autoritarismo, con la equidad o la discriminación. Quiérase que no, Santos encarna la vida, la democracia, la equidad y la paz.
Por Amylkar D. Acosta M.-La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medioambiente y el Desarrollo (CNUMAD) de 1992, que tuvo lugar en Río de Janeiro y que marcó un hito histórico, declaró el 22 de marzo de cada año como el Día mundial del agua. Se trataba y se trata de llamar la atención de la comunidad internacional sobre la importancia del recurso hídrico, sobre la necesidad de protegerlo y hacer un uso más racional del mismo. Ello es cada día más apremiante, dada la severidad y recurrencia de la variabilidad climática con sus fenómenos extremos de sequías e inundaciones prolongadas. Tanto más, habida cuenta de que las distintas actividades humanas dependen de su disponibilidad, de tal suerte que no se puede prescindir del agua.
Como es bien sabido el agua dulce es un liquido vital e infaltable, que apenas representa el 3.5%, en contraste con el 96.5% de agua salada en el planeta tierra. El 30% de ella se encuentra en reservorios subterráneos y si descontamos los casquetes polares y los glaciales constituye el 95% del agua dulce líquida. Paradójicamente, el agua es un elemento que abunda en la naturaleza, toda vez que el 71% de la superficie de la tierra está cubierta de agua, pero a la vez escasea en muchos lugares, en donde se dificulta el acceso a la misma. Se estima que un tercio de los 7.505´452.038 de habitantes en el mundo están asentados en zonas en donde no es fácilmente asequible, al tiempo que el 20% de dicha población no cuenta con agua tratada para saciar su sed.
Por lo demás, el agua potable dejó de ser hace rato un bien libre para convertirse en un bien económico, después de considerarse un recurso natural renovable, por cuenta del cambio climático, se tornó en un recurso natural no renovable y por lo tanto expuesto a su agotamiento. Como bien lo plantea el experto Álvaro Sánchez “para que un recurso natural pueda ser considerado renovable sus ciclos de regeneración deberán ser superiores a su velocidad de extracción. Ahora, si bien se puede afirmar que el agua tiene un sistema de ciclos, también se puede afirmar que si se descompone o se contamina con determinados materiales, jamás volverá a ser recuperada por la naturaleza. El planeta no produce agua nueva, el agua es estable sobre la tierra”.
La presión de la demanda de agua es cada vez mayor, debido tanto al crecimiento vegetativo de la población como al uso más intensivo del preciado líquido. Según la FAO en los últimos 60 años se ha triplicado el consumo de agua en el mundo, siendo el sector industrial y agrícola los que acaparan el 92% del mismo. Hay que recordar que la Asamblea General de las Naciones Unidas expidió en el 2010 la Resolución 64/292 que reconoce “el derecho humano al agua potable y al saneamiento” y reafirmó lo ya dispuesto en el 2008, en el sentido que “un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos”. Inexplicablemente el Proyecto de ley que convertía el acceso al agua potable como un derecho fundamental en Colombia se hundió en el Congreso de la República en diciembre del año anterior.
Los 17 Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 2000 – 2015, con sus 40 indicadores, cedieron su lugar a los 17 objetivos y 169 metas de los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2016 -2030. El agua, como tenía que ser, la defensa y protección, así como el acceso al agua potable y su gobernanza, están en el centro de los ODS. El Objetivo 6 (agua limpia y saneamiento) tiene entre otras metas: lograr el acceso universal y equitativo al agua potable y a los servicios de saneamiento, a un precio asequible para todos, la utilización eficiente del recurso hídrico. Se procura también mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la contaminación, la eliminación del vertimiento y la reducción al mínimo de la descarga de materiales y productos químicos peligrosos. Se propone, así mismo, la reducción para el 2030 a la mitad del porcentaje de aguas residuales sin tratar y un aumento sustancial del reciclado y la reutilización en condiciones de seguridad a nivel mundial.
De allí que este año haya dispuesto las Naciones Unidas poner el foco en el agua residual o servida que se desecha después de su uso, propendiendo por su reducción, así como la posibilidad de su reciclaje y reutilización de la misma, desde luego después de ser tratada. Mucha de esa agua residual que se vierte a ríos, quebradas y afluentes, así como al sistema de alcantarillado, puede aprovecharse ya sea para usos industriales o en la agricultura. De esta manera se puede lograr que el ciclo del agua funcione de forma más satisfactoria y así optimizar su aprovechamiento.
Cota, marzo 18 de 2017
www.amylkaracosta.net
Por Jorge Gómez Pinilla. Tomado de El Espectador.- Aunque usted no lo crea, del mismo modo que hoy se da el absurdo de una mujer ‘liberal’ con una hija lesbiana que promueve un referendo para recortar los derechos de la población LGBT, hubo un momento de nuestra historia en el que un prohombre del liberalismo se opuso a que las mujeres votaran, sustentado en que ellas mismas no querían recibir ese “funesto obsequio”.
Transcurría el año 1944 y quien así se expresaba era Enrique Santos Montejo en El Tiempo, bajo el seudónimo Calibán, con estas palabras: “El 90 por ciento de las mujeres colombianas no acepta el funesto obsequio que les quieren dar. Si la parte más numerosa y sana del elemento femenino rechaza el derecho al sufragio, sería falta de equidad imponerlo. Afortunadamente, el Senado cerrará el paso a esta alocada iniciativa”.
Justo el día que Calibán publicó esa columna la Cámara de Representantes aprobó un proyecto para reconocerles a las mujeres el derecho a influir en los destinos de la nación, pero la iniciativa fue hundida por una disciplinada bancada del Partido Conservador y… nueve senadores del Partido Liberal. La preocupación de estos últimos residía en que el voto femenino quedaría sujeto al mandar de los curas desde los púlpitos, a quienes las mujeres brindaban la misma obediencia que a sus maridos, como ordena la Biblia. Además, ellas se convertían en competencia para aspirar a las curules del Congreso ocupadas por hombres, aunque eso no lo decían porque era ‘políticamente incorrecto’.
Cuentan los hagiógrafos de la época que se hicieron encuestas y en la radio se les preguntó a las mujeres si querían ejercer su derecho a votar y la mayoría… ¡se manifestó contraria! Tal vez en ese contexto se entiende por qué Julio Abril, de El Siglo, decía por esos días que “ser feas es lo único que no se les puede perdonar a las mujeres, de la misma manera que ser sufragista es lo único que no se les puede perdonar a las feas”. (Al menos tenían buen humor los godos de entonces…).
Visto desde ese ángulo, en consideración al poderoso aparato de adoctrinamiento que la Iglesia Católica ejercía sobre “el elemento femenino”, eran quizá fundados los temores de los liberales para tratar de impedir que las mujeres votaran.
Hoy la cosa es a otro precio, pues la preocupación reside es en los altísimos niveles de abstención, ante los cuales surge imperativa la necesidad más bien de proponer el voto obligatorio femenino, aunque haciendo la debida aclaración: con el titular de arriba el suscrito columnista solo pretendía atraer la curiosidad del ávido lector… para hacer extensiva dicha obligación al voto masculino, por supuesto.
En el Congreso cursa una reforma política impulsada por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, entre cuyas iniciativas para sanear la democracia es decisiva la aprobación de las dos más importantes, el voto obligatorio y las listas cerradas. En lo segundo, ya es hora de acabar con esa dañina ‘operación avispa’ que se inventó Alfonso López Michelsen y que mandó a la trastienda el debate ideológico entre partidos, convirtió a los candidatos en traficantes de votos y encareció las campañas a niveles astronómicos.
En cuanto a lo primero, toda elección donde vota menos del 50 por ciento del censo electoral debería declararse ilegítima, y el único modo de remediar semejante absurdo es con el voto obligatorio, bajo una premisa fundamental: del mismo modo que pagar impuestos es un deber ciudadano, para el caso que nos ocupa acudir a las urnas constituye un deber ídem.
No sobra recordar que para la primera presidencia de Juan Manuel Santos votaron por él 9’004.221 colombianos, la más alta votación que hasta ahora ha habido por candidato alguno. Pero si miramos el otro lado de la moneda, esa cifra correspondió al 30,5 por ciento de votantes potenciales, que correspondía a 29’530.415 personas. En otras palabras, en 2010 el 69,5 por ciento del censo electoral no votó por Santos. Es por eso que los abstencionistas son la primera fuerza política del país, pero eso no puede ser motivo de orgullo, pues con su apatía siembran la semilla de la ilegitimidad en cada voto que no se deja contar. Vaya paradoja: no votan porque los políticos son corruptos, y es con su abstención como patrocinan la elección de los que tanto odian.
Soy el primer convencido de que acudir a las urnas debería ser un acto libre y voluntario, pero eso aplica para una democracia perfecta, no para una imperfecta –o mejor, ‘imperfectísima’- como la colombiana, donde la mayoría de los políticos se hace elegir con prácticas clientelistas o fraudulentas gracias a que más de la mitad de la población se abstiene de votar. El día que vote al menos el 90 por ciento de los colombianos se la habremos puesto de pa’ arriba a los que se hacen elegir comprando votos, pues tendrían que cuadruplicar o quintuplicar la inversión, y sería mayor el riesgo de que esa platica se les perdiera.
Otra consecuencia inmediata del voto obligatorio es que fortalecería el voto en blanco, pues muchos al sentirse forzados a votar contra su voluntad elegirían esta opción como forma de protesta de protesta, y si llegaran a ser más de la mitad de los votantes obligarían a una nueva elección, con otros candidatos.
¿Así sí les suena, les suena?
DE REMATE: Las amenazas de muerte del ‘pastor’ Miguel Arrázola contra el periodista Lucio Torres por haber publicado las cuentas de su iglesia muestran el talante mafioso de esos embaucadores, que se dan vida de reyes a costa de esquilmarles el diezmo a sus ingenuas ovejitas. No es por coincidencia que el sujeto en cuestión es uribista, y que en cerrada defensa suya ha salido el también charlatán Oswaldo Ortiz, futuro aspirante a la Cámara por el Centro Democrático.
En Twitter: @Jorgomezpinilla
Por José Gregorio Hernández.-Definitivamente no solo se está aplicando el llamado “fast track” para reformar la Constitución y hasta para sustituirla, sino que el Congreso ya no es libre. Carece de iniciativa en materias que, por su misma naturaleza -como la justicia- son de su resorte, y no puede modificar las iniciativas a su conocimiento.
El “debate” de este 13 de marzo en el Senado, sobre JEP, fue deplorable. Porque no hubo discusión, porque faltó el intercambio de ideas y criterios -que es algo esencial en todo cuerpo colegiado, más todavía cuando se trata de modificar el Estatuto Fundamental del Estado y la base del orden jurídico- y porque se declaró arbitrariamente la “suficiente ilustración” cuando era evidente que no la había. Claro está: si algo ha brillado por su ausencia en la recta final del proceso de paz, antes y después de los acuerdos, incluido el caso del plebiscito del 2 de octubre, ha sido la ilustración. Todo ha ocurrido de espaldas a la opinión pública y a los sufragantes, y ahora vemos a los congresistas votando como autómatas, sin entender lo que votan, ejerciendo su función bajo la batuta del Gobierno, sin poderse apartar de sus mandatos. Un Gobierno que, a su vez, está sometido a los acuerdos, como si en La Habana hubiese sesionado una Constituyente, o como si el pueblo hubiese aprobado tales acuerdos -que los negó el 2 de octubre de 2016-.
En materia de Justicia Especial de Paz, el más importante de todos los temas provenientes de los acuerdos, y en donde era natural que afloraran las inquietudes, las preguntas y las dudas, así como las respuestas y las soluciones, resulta que no hubo verdadero debate, porque no hubo discusión. No fueron escuchados los argumentos de quienes formularon proposiciones, ni siquiera aquellas que contaban con el aval del Gobierno -todo un engendro introducido, a ciencia y paciencia de la Corte Constitucional, pues sencillamente implica que el Ejecutivo desplaza y sustituye al legislador, aun en su papel de reformador de la Constitución-.
Eso es muy grave en una democracia. Que unos proyectos de ley y de reforma constitucional sean llevados el Congreso, pero el Congreso no pueda hacer nada. No pueda reformarlos sin permiso del Gobierno, y deba votarlos en bloque. Y, a la vez, que el Gobierno diga, como lo dijo textualmente el Ministro del Interior Juan Fernando Cristo, que “no puede avalar proposiciones que se oponen a los acuerdos” (los pactados en La Habana), es algo que refleja un poder público rehén y hasta esclavo.
Surgen allí muchas preguntas, desde la perspectiva constitucional: ¿Entonces, para qué el Congreso? ¿Es apenas, como lo hemos advertido aquí varias veces, un convidado de piedra? ¿Un monigote, que apenas va a dar la apariencia de legitimidad de lo actuado? ¿Quiere dar la impresión engañosa en el sentido de que todo ha pasado por su previa deliberación y análisis? ¿Qué validez puede tener un acto reformatorio de la Constitución cuando ni siquiera se ha dado lugar a debatir puntos tan importantes como la propuesta de aplicar la meritocracia en la selección de los magistrados, o el de la impunidad para el narcotráfico, claramente planteado por el Fiscal General de la Nación? ¿La Corte Constitucional se entregará definitivamente y claudicará en el ejercicio de su función esencial?
Con toda razón, por cuanto el pueblo no es tan torpe como están creyendo, Congreso, Gobierno y Corte Constitucional presentan los más altos niveles de impopularidad y desaprobación.
Por Juan Fernando Londoño.-Los últimos 50 años de la vida nacional han tenido como antagonistas privilegiados a la guerrilla y a los partidos tradicionales. De una parte, las guerrillas tratando de derrotar por las vías armadas las instituciones que representaban el estatus quo. Y del otro, los partidos liberal y conservador configurando y sirviendo de soporte a ese sistema. Tal parece que el fin de la guerra acarreará también el fin de los partidos tradicionales.
El enfrentamiento militar e irregular entre estas dos fuerzas configuró el Estado y la sociedad en la cual vivimos el último medio siglo. Tiene sentido entonces que al desaparecer la confrontación los protagonistas dejen de ejercer el rol que han tenido hasta ahora. Las FARC sin armas ya no son las FARC, serán otra cosa y evolucionarán hasta convertirse en una fuerza política, fusionarse con otras fuerzas de izquierda o desaparecer en la bruma de la historia. Su contraparte, los partidos tradicionales, parecen también destinados a evolucionar o desaparecer.
La encuesta aparecida esta semana, elaborada por la compañía Guarumo, del exregistrador Carlos Ariel Sánchez, muestra que las simpatías políticas de los ciudadanos se inclinan preferencialmente hacia fuerzas nuevas en el panorama político. Por una parte, el Centro Democrático, se ha convertido en el más férreo vocero del estatus quo y de los intereses de los privilegiados, como corresponde normalmente a las fuerzas de derecha y ultraderecha en cualquier sociedad. Que una cuarta parte del electorado se identifique con ellos muestra tanto la capacidad que ha tenido de posicionarse bajo el liderazgo del expresidente Uribe, como el declive de la influencia del conservatismo en la opinión pública, pues la colectividad azul tan solo se acerca al 3 % de la identificación partidaria.
Por otro lado, la Alianza Verde, con el 19 % aparece como la segunda fuerza en las preferencias ciudadanas. Con un claro discurso y sobre todo enorme credibilidad en la lucha anticorrupción, los verdes parecen recoger las fuerzas modernizadoras de las clases medias de las capas urbanas. Igualmente significativo resulta que las siguientes fuerzas que capturan las identidades partidarias sean el progresismo con el 11,5 % y el Polo Democrático con el 7,7 %, es decir que dos alas de la izquierda no ligada a la lucha armada alcanzan también una cifra cercana al 20 % y sumados a los verdes rayan el 40 %.
Liberales y conservadores suman, respectivamente, 4,1 % y 2,7 %, sus partidos adláteres carentes de cualquier tipo identidad programática, Cambio Radical y La U, obtienen 7,3 % y 1,3 %. Es decir que el porcentaje de ciudadanos que se identifican con las fuerzas tradicionales del establecimiento sólo alcanzan, sumados, el 15,4 % de las identificaciones partidistas.
¿Significa esto que hay que expedirles la partida de defunción a los partidos tradicionales?
No lo creo.
En primer lugar, no hay que confundir las identidades partidarias con las preferencias electorales. Estas últimas están determinadas por el contexto de cada elección. El uribismo, por ejemplo, puede movilizar consistentemente el 20 % del electorado en aquellas contiendas donde Uribe está implicado, pero sin el jefe a bordo su masa electoral se contrae significativamente, como ocurrió en las elecciones locales, donde escasamente obtuvo el 8 % de respaldo popular.
En segundo lugar, hace rato que los partidos tradicionales dejaron de ser votados por identificación partidaria. En la campaña del 2006 el conservatismo tenía el 4 % de identificación partidaria y el liberalismo, el 35 %. Al final el conservatismo obtuvo el 20 % de los votos y el liberalismo, sólo el 18 %.
Tercero, el peso de los personalismos en nuestra política es enorme. Principalmente para la elección presidencial, donde los ciudadanos votan al que les da la gana, independientemente de sus militancias partidistas, pero también en la política local, donde los compadrazgos, el clientelismo y el peso de la corrupción generan más votos que cualquier oferta programática de los partidos.
Por último, las reglas de juego no están diseñadas para traducir adecuadamente las preferencias generales en resultados políticos. Con el voto preferente y el sistema de financiamiento actual de las campañas, sumado a las garantías de impunidad para quienes cometan actos de corrupción, será imposible que las preferencias políticas se reflejen en los resultados electorales.
Por eso parece muy temprano, por ahora, para la misa de réquiem para los partidos tradicionales. Pero las campanas empezaron a doblar.
Por William Ospina.-Si hubo una guerra, todos delinquieron, todos cometieron crímenes, todos profanaron la condición humana, todos se envilecieron. Y la sombra de esa profanación y de esa vileza cae sobre la sociedad entera, por acción, por omisión, por haber visto, por haber callado, por haber cerrado los oídos, por haber cerrado los ojos.
Si para poder perdonar tienen que hacer la lista de los crímenes, hagan la lista de los crímenes. Pero esas listas sólo sirven si son completas, y quién sabe qué ángel podrá lograr el listado exhaustivo.
Ya comete un error el que trata de convertir en héroes a unos y en villanos a los otros. Lo que hace que una guerra sea una guerra es que ha pasado del nivel del crimen al de una inmensa tragedia colectiva, y en ella puede haber héroes en todos los bandos, canallas en todos los bandos, en todos los bandos cosas que no merecen perdón.
Y ahí sí estoy con Cristo: hasta las cosas más imperdonables tienen que ser perdonadas, a cambio de que la guerra de verdad se termine, y no sólo en los campos, los barrios y las cárceles, sino en las noticias, en los hogares y en los corazones.
Pero qué difícil es pasar la página de una guerra: la ciudadanía mira en una dirección, y ve crímenes, mira en sentido contrario, y ve crímenes.
Es verdad. La guerra ha durado 50 años: de asaltos, de emboscadas, de bombardeos, de extorsiones, de secuestros, de destierros, de tomas de pueblos, de tomas de cuarteles, de operaciones de tierra arrasada, de tomas de rehenes, de masacres, de estrategias de terror, de cárceles, de ejecuciones, de torturas, de asesinatos voluntarios, de asesinatos involuntarios, de minas, de orfandades, de infancias malogradas, de bajas colaterales, de balas perdidas. Medio siglo de crímenes a los que nos toca llamar la guerra.
Pero cuando las guerras no terminan con el triunfo de un bando y la derrota de otro, cuando las guerras terminan por un acuerdo de buena voluntad de las partes, no se puede pretender montar un tribunal que administre justicia sobre la interminable lista de horrores y de crímenes que, hilo tras hilo, tejieron la historia.
Lo que hay que hacer con las guerras es pasar la página, y eso no significa olvidar, sino todo lo contrario: elaborar el recuerdo, reconciliarse con la memoria. Como en el hermoso poema “Después de la guerra”, de Robert Graves, cuando uno sabe que la guerra ha terminado, ya puede mostrar con honor las cicatrices. Y hasta abrazar al adversario.
Y todos debemos pedir reparación.
Hay una teoría de las víctimas, pero en una guerra de 50 años ¿habrá quién no haya sido víctima? Basta profundizar un poco en sus vidas, y lo más probable es que hasta los victimarios lo hayan sido, como en esas historias de la violencia de los años 50, donde bastaba retroceder hasta la infancia de los monstruos para encontrar unos niños espantados.
También eso son las guerras largas: cadenas y cadenas de ofendidos. Por eso es preciso hablar del principal victimario: no los guerrilleros, ni los paramilitares, ni los soldados, colombianos todos, muchachos de la misma edad y los mismos orígenes, hijos de la misma desdicha y víctimas del mismo enemigo.
Un orden inicuo, de injusticia, de menosprecio, de arrogancia, que aquí no sólo acaba con las gentes: ha matado los bosques, los ríos, la fauna silvestre, la inocencia, los manantiales.
Un orden absurdo, excluyente, mezquino, que hemos tolerado entre todos, y del que todos somos responsables. Aunque hay que añadir lo que se sabe: que todos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros.
Enumeren los crímenes, pero eso no pondrá fin al conflicto. La guerra, más que un crimen, es una gran tragedia. Y más importante y urgente que castigar sus atrocidades es corregir sus causas, unas causas tan hondas que ya las señaló Gaitán hace 80 años.
Por eso se equivoca el procurador pidiendo castigo sólo para unos, y se equivocan los elocuentes vengadores, señalando sólo un culpable, y se equivoca el expresidente que sólo señala las malas acciones de los otros, y se equivoca el presidente, que habla como si, precisamente él, fuera el único inocente.
Señores: aquí hubo una guerra. Y aún no ha terminado.
Y no la resolverán las denuncias, ni los tribunales, ni las cárceles, sino la corrección de este orden inicuo, donde ya se sabe quién nació para ser mendigo y quién para ser presidente.
Si, como tantos creemos, es la falta de democracia lo que ha producido esta guerra, sólo la democracia puede ponerle fin.
Al final de las guerras, cuando estas se resuelven por el diálogo, hay un momento en que se alza el coro de los vengadores que rechaza el perdón, que reclama justicia.
*Pero los dioses de la justicia tenían que estar al comienzo para impedir la guerra. Cuando aparecen al final, solo llegan para impedir la paz*.
Difunde: Circulo de Humanidades Unaula
