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-Aunque estamos en un momento trascendental para alcanzar la paz, no hay duda que la terna designada para la elección de Fiscal General de la Nación, es directamente proporcional a la politización de la justicia en Colombia.-
Por la Redacción ECOS.-En la historia presente de Colombia todos los hechos políticos podrán estimarse, a futuro, como extraordinarios. Uno de ellos y que pasará a la historia es la elección del Fiscal General de la Nación, el funcionario clave del PostAcuerdo.
Para este fin se realizó una convocatoria pública, postulados y 16 finalistas. Y luego, la terna definitiva, donde hubo sorpresas y no estuvieron los esperados, como el Fiscal General encargado Jorge Perdomo.
El Presidente Juan Manuel Santos desde Cartagena de Indias hizo el histórico anuncio. La última palabra, luego de la convocatoria y la selección, la tendría el primer mandatario. La terna estratégica que apuesta a ser Fiscal ya estaba escogida: Mónica Cifuentes, Yesid Reyes y Néstor Humberto Martínez.
Aunque se crea que esta decisión ya estaba anunciada, no era una selección fácil, porque si bien siempre los intereses de las élites pactan, la Agenda del PostConflicto, no es precisamente un trabajo administrativo, un trámite fácil, ni un memorándum definitivo.
La Fiscalía será uno de los escenarios que definirá el cambio de Colombia, porque la paz duradera dependerá de la certeza de la justicia y, su rol, es fundamental para la ansiada reconciliación nacional.
El Fiscal del Postconflicto tiene ya 3 posibles rostros: dos muy cercanos a las negociaciones del proceso de paz, en roles distintos, pero importantes, y el otro, muy controvertido, por sus apoyos y trayectoria.
Mónica Cifuentes es una de los ternados. De excelentes credenciales, Cifuentes es la candidata más próxima al Proceso de Paz. Durante los últimos años se ha desempeñado como Directora Jurídica del Alto Comisionado para la Paz. Es suficiente leer su hoja de vida para comprender que posee la mayor experiencia y formación en temas capitales en el Postconflicto como son “desarme, desmovilización, reintegración (DDR) y justicia transicional”. Preparación que la puede definir con idoneidad para tan importante cargo, en el momento más crucial del proceso de paz, aparte de su experiencia en temas de defensoría y transparencia.
Yesid Reyes, es el otro candidato que está cercano al proceso de paz. Como Ministro de Justicia ha tenido un rol muy importante en el desarrollo del proceso, aparte de ser un reputado jurista, libre de innecesarias polémicas y ha abanderado importantes proyectos de ley en su cartera ministerial. Es reconocido como un funcionario de gestión transparente y lo ha demostrado al cerrar su despacho para integrarse al gobierno. Además es un convencido de la Paz, sin rencores, sin venganza, toda vez que es víctima del conflicto, porque su padre Alfonso Reyes Echandia, Presidente de la Corte Suprema, fue inmolado en la toma del Palacio de Justicia por el M19.
El tercer candidato, Néstor Humberto Martínez, si es estimado como un hombre polémico y de cercanos y poderosos apoyos políticos. Ponderado, sabe lo que es el manejo de la política en la administración del estado y ha desempeñado importantes posiciones públicas, desde ser Ministro de Justicia y del Interior hasta ser embajador. Pero, a diferencia de los otros 2 ternados, no es abogado penalista y es muy difícil, por tradición jurídica y visión y misión de la institución, que esto pase desapercibido por los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
El funcionario que defiende los intereses del Estado, la Sociedad y los Ciudadanos no solo debe ser abogado, sino tener sentido de la realidad de los delitos, las penas y las víctimas, como garante de la legalidad y del estado social de derecho.
Si bien la experiencia del exministro Néstor Humberto Martínez es amplia y puede ser apropiada a los nuevos retos de la fiscalía con los nuevos delitos, el momento histórico de la justicia transicional amerita otras capacidades principalmente en materia penal.
La Corte Suprema de Justicia tendrá la última palabra para decidir quién debe ser el Fiscal General de la Nación máximo organismo investigador de la justicia en Colombia, que va a protagonizar uno de los papeles más complejos, difíciles y controvertidos de nuestra Historia en estos primeros 50 años del Siglo XXI.
Aunque estamos en un momento trascendental para alcanzar la Paz, se debe destacar que la terna es directamente proporcional a la politización de la Justicia.
Foto Leonardo Vargas.-Mientras el presidente Juan Manuel Santos presentaba la baraja de cartas con tres nombres: Yesid Reyes, Mónica Cifuentes y Néstor Humberto Martínez, para que la Corte Suprema de Justicia elija el Fiscal General de la Nación, en el Congreso de la República, el Senado le daba el último retoque y aprobaba el Proyecto de Acto Legislativo para la paz.
Sólo queda pendiente la aprobación por parte de la Cámara de Representantes a una iniciativa que le da facultades del presidente para que a través de "herramientas constitucionales y legales", se inicien las grandes reformas de acuerdo a lo que se firme entre el Gobierno y las Farc, que vienen negociando desde hace más de tres años en La Habana.
Eliminan Congresito
Sin embargo eliminó la creación de la Comisión Legislativa Especial planteada en el proyecto y reiteró el deseo de crear un plan de financiamiento para el posconflicto.
El senador Roy Barreras ponente de la iniciativa agradeció el respaldo democrático de todos los partidos en la discusión e hizo referencia a su designación como negociador del proceso y dijo: “acepto la petición que ha hecho pública el presidente Santos de ayudar a empujar en esa etapa final del proceso de paz acompañando la comisión negociadora, con la autorización de mi partido hay estaré para aportar mi granito de arena”.
El artículo primero sobre el procedimiento legislativo especial para la paz, que proponía la creación de una Comisión Legislativa Especial para la Paz dentro del Congreso, fue rechazado por todas las bancadas, por iniciativa de la senadora liberal Vivian Morales. De esta manera paso el fantasma de lo que se denominó el “congresito” y que podría haber llevado a la revocatoria de la Cámara y el Senado.
Respecto a las facultades al Presidente de la República, se limitaron. Por iniciativa del senador Carlos Fernando Motoa, dichas facultades “no podrán ser utilizadas para expedir actos legislativos, leyes estatutarias, orgánicas, códigos y leyes que necesitan mayorías calificada o absoluta para su aprobación, ni para decretar impuestos”.
Se incluyó que las autoridades departamentales, municipales y distritales tendrán la facultad de hacer los ajustes necesarios a sus planes de desarrollo y adecuarlos al Plan de Inversiones para la Paz, iniciativa de la senadora Claudia López: “le podemos decir a los colombianos que hay un compromiso hecho desde este Congreso que le va cumplir a los posteriores gobiernos en los próximos veinte años, que se invertirá en la construcción del Estado en las regiones con o sin acuerdos de La Habana”.
Por Felicia Saturno Hartt.*- Las Naciones Unidas y la comunidad mundial debate, desde el 19 al 21 de abril, en Nueva York, sobre la problemática de las drogas en el mundo, en sesión especial de la Asamblea General, siendo éste el primer encuentro de este tipo en casi dos décadas, impulsado, principalmente, por los gobiernos de México, Guatemala y Colombia. Se observará, luego de más de 40 años de fracasos, éxitos legislativos e inmensos costos humanos, qué será, en esta materia, lo prioritario en el desarrollo de políticas públicas, según sus deliberaciones y acuerdos.
La iniciativa de esta sesión especial provino de países de América Latina, que han sido especialmente afectados por décadas con las consecuencias de la "guerra contra las drogas". Sus resultados han sido violencia masiva, corrupción sin límite, prisiones desbordadas, alianzas con el terrorismo, nuevas y más sofisticadas sustancias, uso de modelos foráneos y las nuevas y más eficaces formas de tráfico.
Indudablemente que esta cita mundial es un escenario propicio para promover decisiones políticas, que repercutan en mejores rumbos y estrategias para enfrentar este delicadísimo problema que, a pesar de agravarse cada vez, se sigue enfocando sólo en sus consecuencias más visibles, el microtráfico y el consumidor marginal.
De hecho, no es asombroso que los reportes aportados por los mismos organismos internacionales transmitan estos enfoques y sólo traten la realidad del consumo, como lo expresó al inicio del mes pasado el Director Ejecutivo de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), Yuri Fedotov, en Viena, al señalar que casi 200.000 personas mueren cada año por el consumo de “narcóticos ilegales”, por sobredosis o por otros problemas médicos relacionados con las drogas", al inicio de la Comisión de Estupefacientes de la ONU.
El embajador Fedotov aún habla de narcóticos ilegales, cuando la misma Organización Mundial de la Salud (OMS) desde 1979 definió que el término más apropiado es estupefacientes y psicotrópicos, ya que los derivados de cannabis, las drogas sintéticas (hoy muy de moda) y los derivados de la coca no entrarían en esa denominación.
Sin estimar que esa oficina contra la Droga y el Delito no publicó la información de la cara dinámica del problema, el Tráfico de Drogas, la empresa transnacional más poderosa y hábil que existe, sólo a la par de las empresas transnacionales productoras de armamentos y de la trata de personas y órganos.
En Europa, por ejemplo, el negocio de las drogas representa cerca de una tercera parte del volumen de ventas del crimen organizado, como informó Europol, en mayo de 2015. Además, algunas organizaciones terroristas se financian a través de este negocio.
Matthias von Hein que ha quedado claro que existe una fisura que divide a la Comunidad Internacional; por un lado están los países que desean terminar con "la insensata guerra contra las drogas", sobre todo en América Latina; y, por otro, países como China, Irán y Arabia Saudí, que penalizan delitos de drogas con la muerte.
El citado periodista alemán es categórico al afirmar que debe haber un acto de equilibrio entre ambos extremos. Y un nuevo enfoque es urgentemente necesario: hay que terminar con la penalización, apostar por la política de salud pública y regular en lugar de prohibir.
Claro está desde el punto de vista de los consumidores, quienes ya han sido estimados como enfermos, bajo la tutela sanitaria de los estados desde los ochenta, por disposiciones de OMS, pero se quedan cortos en materia de los DDHH de esta población, que requiere ser identificada según las causas que lo condujeron al consumo, legal o ilegal de drogas.
Porque hay que ser categórico al afirmar que todos los consumidores o dependientes al consumo o uso de drogas no responden a la misma causa histórica reconocida y estigmatizada, el disfrute o uso hedónico, sino muchos llegan a usarlas en terapias de sustitución, en tratamientos contra el dolor o por su manipulación ilegal por los traficantes de personas y profesionales que desvían el uso lícito, sobre todos de sustancias legales bajo receta o por oferta en páginas de internet, falsas farmacias que, de forma anónima, mercadean drogas.
Pero, sin hablar aún del tráfico, ¿qué se hace entonces con el problema de la reinserción social? La Penalización ya no se hará, el consumidor recibirá tratamiento y se controlará el uso y, entonces, ¿cuáles son las alternativas de los consumidores ya rehabilitados?
Este aspecto nos remite de nuevo a las políticas gubernamentales que deberían estar en la Agenda de ONU y de los países miembros. Las estrategias materiales de la incorporación social de las personas, que no sólo abarca a los usuarios de drogas sino incluso a los traficantes, sobre todo en América Latina, donde la violencia, con rostros de criminalidad y delito, es una invitación permanente a sus rentables filas.
La realidad del tráfico se ha tornado en compleja y desgarradora. A lo largo de las más de cuatro décadas de la guerra contra las drogas lejos de desaparecer, el negocio de los estupefacientes y los psicotrópicos ha afirmado sus relaciones con otros delitos y especialmente ha nutrido de recursos suficientes a las organizaciones criminales, para crecer en la diversificación de sus actividades ilegales.
Como bien lo expresa Ericka Rodríguez, es especialmente sensible la relación del tráfico de drogas, con el tráfico de armas y el de seres humanos. “Los narcos en Centro América, África y Asia han ampliado sus operaciones al tráfico de migrantes que, a su vez son, en muchas ocasiones utilizados, como correos humanos, extorsionados, secuestrados o retenidos como trabajadores esclavos. Todavía recordamos la masacre en 2010 de 72 inmigrantes mexicanos que se negaron a unirse a la banda de los Zetas” expone Rodríguez.
El Director del Instituto Español de Estudios Estratégicos de España, Miguel Ángel Ballesteros Martín ha insistido en la vinculación entre narcotráfico y terrorismo yihadista. Aunque esto no puede generalizarse, sí que se han encontrado evidencias del uso del dinero proveniente del microtráfico en la financiación de atentados, como los de Madrid en 2004.
Otro hecho importante para estimar es que las hectáreas cultivadas no disminuyen y los precios no bajan. A pesar de que Afganistán, por ejemplo, ha pasado por una cruenta guerra y que se mantuvo bajo el control de la OTAN hasta 2015, los cultivos y procesamiento de opiáceos han aumentado en este país. De hecho, en 2014, el cultivo mundial de amapola alcanzó su nivel más alto desde finales de la década de 1930.
Y la oferta de drogas, sean estupefacientes, psicotrópicos o drogas sintéticas, sigue siendo el tema tabú. La innovación no cesa y las políticas públicas o no existen o siguen con los enfoques equivocados.
Los traficantes y su organización criminal si han sabido interpretar los mercados, las posibilidades infinitas de las redes sociales, la falta de coherencia y de compromiso de los dirigentes políticos y la tendencia a sonreír a la corrupción de algunos sectores de la sociedad.
Cada semana surgen nuevos estupefacientes, y se haya nuevas evidencias de policonsumos y de formas alternativas de consumo. Ellos si están estudiando las tendencias, las expectativas, los deseos y las necesidades, de toda índole, de los grupos vulnerables, al igual que los terroristas.
Los gobiernos y los organismos internacionales aún quieren sólo estimar una cara, pero la dinámica incluye a las 2, en una sola moneda.
El informe mundial de drogas señala que, en diciembre de 2014, 95 países y territorios habían informado sobre un total de 541 nuevas sustancias psicoactivas al sistema de alerta temprana de la UNODC y la respuesta ha sido débil a pesar de su magnitud.
Existen unos enemigos poderosos y apoyados en asociaciones transnacionales, que percibe a los estados como actores ciegos débiles ante un comercio cada vez más lucrativo e impune.
Lo que sí ha quedado claro en 40 años de errores y desaciertos es que la Política qué intente aproximarse al tráfico y consumo de drogas tiene que ser una Política de Desarrollo y de Seguridad de Estado.
Se requiere un cambio del modelo de gestión de esta problemática, que vaya más allá de la despenalización, el tratamiento y la prohibición. Un enfoque que los incluya, pero estime otras vías como los controles sanitarios, aduaneros y financieros, el análisis la oferta de drogas en medios locales, redes sociales y medios digitales, el estudio de las tendencias societales y, sobre todo, el desarrollo de la prevención como política pública, porque prevenir es educar para la acción.
Si se diseña una política pública, basada en el contexto sociocultural, político y económico, donde va a desarrollarse, que estime los cambios y tendencias del mundo globalizado y digitalizado, con equipos interdisciplinarios, legislación actualizada a las realidades humanas asociadas al tráfico y consumo de drogas, capaz de generar alianzas sociales y comunitarias y considerando las dimensiones del problema, sería posible, en mediano plazo, generar cambios importantes y progresivos.
*Drogas Mundi diseñado con Photo.to por Felicia Saturno Hartt .-
En el reciente informe ‘Criminalización de la labor de las defensoras y los defensores de derechos humanos en Colombia", la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoce los esfuerzos del Estado colombiano por garantizar y legitimar la labor de los defensores de DD. HH. y líderes sociales como una actividad legítima y necesaria para la democracia y la construcción de la paz.
El informe resalta el trabajo adelantado en la Mesa Nacional de Garantías para Defensores de Derechos Humanos, Líderes Sociales y Comunales, desde su creación en 2009. Destaca que esta instancia fue creada de común acuerdo con organizaciones de la sociedad civil y el acompañamiento de la comunidad internacional. Esta “permite contar con espacios directos de interlocución con las autoridades estatales, para el diseño e implementación de las estrategias y acciones de defensa a la labor de las y los defensores de derechos humanos”, señala la publicación.
Igualmente, la CIDH indica que las iniciativas desarrolladas por la Unidad Nacional de Protección (UNP) facilitan a las defensoras y los defensores realizar sus actividades en condiciones de seguridad.
Los Premios Ortega y Gasset 2016, otorgados por el diario EL PAÍS a los mejores trabajos periodísticos escritos en español, han correspondido, en la categoría de Mejor historia o investigación periodística, a Joseph Zárate Salazar por el reportaje La dama de la laguna azul versus la laguna negra, publicado en la Revista Etiqueta Verde de Perú.
Es un relato sobre una mujer que se niega a abandonar su casa, ubicada en un terreno que reclama una empresa minera. El jurado ha valorado que “se trata de una historia local que se hace universal. Es un relato de lucha que hace partícipe al lector. Integra muy bien la información con el relato y se acerca a un tema que ha generado un importante conflicto social en el Perú. Plantea, además, el debate entre el bien individual y el de la mayoría” expresó el jurado.
En la categoría de Mejor trabajo Multimedia, el premio se otorgó a Desaparecidos de Lilia Saúl y Ginna Morelo, publicado en El Universal de México y El Tiempo de Colombia. Se trata de un especial sobre la alta tasa de personas desaparecidas que hay en ambos países.
El jurado ha destacado que se trata de “un gran trabajo de denuncia” y ha valorado “la gran cantidad de información, la técnica narrativa y las soluciones gráficas que incluye este trabajo sobre un drama social como el de las desapariciones”.
En la categoría de Mejor fotografía premiaron a Samuel Aranda, por una imagen de la serie “Llegando al paraíso” publicada en el Diario ARA. La fotografía, en blanco y negro, muestra a una madre abrazada a su hijo en el mar, en la costa de Lesbos. El jurado ha resaltado “la fuerza y el dramatismo de una imagen que representa el drama de los refugiados que intentan cruzar el Mediterráneo”.
En la categoría de Trayectoria Profesional fue galardonodo Adam Michnik, fundador y director del Diario Gazeta Wyborcza, en reconocimiento a su labor periodística, que inició en 1965.
El jurado ha calificado a Michnik como un “periodista extraordinario, que ha jugado un papel muy importante en el periodismo polaco y europeo y ha elogiado su contribución al desarrollo de la democracia y la libertad de expresión en Polonia”.
El jurado estuvo formado por Adela Cortina, Catedrática de Ética de la Universidad de Valencia; Elena Anaya, Actriz; Benedetta Tagliabue, Arquitecta; Juan José Millás, Escritor; Juan Luis Cebrián, Presidente de EL PAÍS; Javier Moreno, Director Editorial de PRISA, Joaquín Estefanía y Jesús Ceberio, exdirectores de EL PAÍS y Antonio Caño, Director de EL PAÍS. Como secretario, sin derecho a voto, ejerció Pedro Zuazua, Director de Comunicación de PRISA NOTICIAS.
Los Premios Ortega y Gasset, creados en 1984 por EL PAÍS y que llevan el nombre del pensador y periodista español, pretenden resaltar la defensa de las libertades, la independencia y el rigor como virtudes esenciales del periodismo y dar reconocimiento a aquellos trabajos que a lo largo de un año hayan destacado por su calidad.
Pueden optar a estos premios los trabajos escritos o gráficos publicados en español, en diarios y revistas de todo el mundo. Cada uno de los premios está dotado con 15.000 euros y con una obra del artista donostiarra Eduardo Chillida.
Los galardones se entregarán el próximo jueves 5 de mayo en el Palacio de Cibeles, en Madrid.
Desde Ecos felicitamos a los periodistas galardonados por ser la voz de los sin voz y llevar su situación vital a conocimiento del mundo entero.
El Presidente de la Comisión Primera del Senado, Manuel Enríquez Rosero, puso de presente que el tema de la atención a las víctimas ha sido un avance que ha oxigenado el proceso de la paz, pero a la vez, es un campanazo que pone en alerta al gobierno para garantizar los recursos necesarios que permitan sus derechos de indemnización y vivienda. Como están las cosas, el faltante es nada más y nada menos de 33.6 billones.
Por eso el senador Enríquez Rosero propone, al igual que la comisión que le hace seguimiento a la aplicación de la ley, que se extienda la vigencia de la Ley de Víctimas –va hasta el 2021– para enfrentar adecuadamente el impacto financiero, por el crecimiento en el número de población afectada por el conflicto armado.
Señala el senador nariñense, que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas, piedra angular de esta política estatal, no cuenta con la jerarquía para realizar la tarea que se le encomendó, es decir, “posee un rango inferior a las entidades que encabezan los sectores del Gobierno que tienen la responsabilidad de implementar las políticas públicas”.
Fue enfático en señalar que el éxito de la aplicación de la ley de víctimas y restitución de tierras, “es el inicio de la consecución del tan anhelado derecho fundamental a la paz que todos los colombianos necesitamos”.
El Presidente de la Comisión Primera del Senado, Manuel Enríquez Rosero, con sencillez y rigor, hizo una disertación sobre cómo había asumido Colombia a las víctimas del Conflicto Armado.
“La atención, asistencia y reparación a las víctimas del conflicto armado siempre ha sido una decisión de Estado”…“Con anterioridad a la expedición de la ley de víctimas y restitución de tierras se habían producido importantísimas políticas estatales en aras de proteger a los colombianos que por causa de la guerra habían sufrido la devastación de sus derechos mínimos inherentes a su condición de ser humano”.
En ese sentido, apuntó Enríquez, “se encuentra la política de atención al desplazamiento forzado, que tantos beneficios trajo a miles de colombianos, o la política antiminas, que procuró por reparar a las víctimas de las minas personales, pero también prevenir este cruel delito, o también la política de reparación por vía administrativa, dispuesta en el Decreto 1290 de 2008”.
El Senador fue contundente en destacar que esa norma consecuencia de la ley 975 de 2005, fue fundamental para las víctimas, porque el Estado dio un giro trascendental en su atención, ya que pasó de un concepto de solidaridad a uno de responsabilidad estatal, el cual sigue vigente en la actualidad.
En ese orden de ideas, el Senador de Nariño y del Partido de la U, dijo que esas iniciativas del Estado fueron posibles por “la robusta voluntad política con la que se logró un gran esfuerzo presupuestal, institucional y humano para ejecutarlas. Muestra de ello son las cifras que en su momento informó la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional – Acción Social, en las que evidenció que, para los años 2003 y 2006, el presupuesto asignado para la atención a la población en situación de desplazamiento fue de $1.9 billones de pesos y entre los años 2007 y 2010 el presupuesto ascendió a la suma de $5.2 billones.”
En palabras del senador Enríquez, “hubo una inversión económica sin las cuales las consecuencias del desplazamiento forzado se hubieran agudizado aún más” señaló el Presidente de la Comisión Primera del Senado, Enríquez Rosero.
Posteriormente el Congreso de la República, en el año 2011, señaló Enríquez, “decidió adoptar una política de Estado en la que todas esas acciones institucionales quedaran condensadas en una sola, con la cual se brindaría a las víctimas la atención, asistencia, reparación integral y garantías de no repetición por los hechos ocurridos en el conflicto armado o con ocasión de éste”.
Esta decisión de Estado, afirma, fue plasmada en la ley 1448, en la que el Congreso de Colombia, por unanimidad, decidió entregar las garantías suficientes para que gocen efectivamente de sus derechos.
Un análisis exhaustivo de la norma “muestra que sus componentes verticales y transversales fueron diseñados para que cada uno de ellos entre sí se relacionen, de tal manera, que el resultado se vea reflejado en el cumplimiento de los derechos de las víctimas del conflicto armado, proceso en el cual las autoridades nacionales y regionales debían jugar un papel trascendental en su función de articulación nación – territorio pero también en su ejercicio de planeación interno con el objeto de que esta política tenga el éxito esperado”.
Enríquez Rosero reconoció que cinco años después de expedida la norma se observan grandes avances en la materia. Las entidades encargadas de ejecutar la política de víctimas y restitución de tierras han hecho un esfuerzo enorme por conseguir los objetivos trazados por la ley 1448 de 2011 en conjunto con sus desarrollos reglamentarios y de planeación.
Dijo que es tanto así la decisión de Estado en el cumplimiento de la política de víctimas y restitución de tierras que, en un gesto de voluntad política, el presupuesto del anterior año asignado para cumplir las obligaciones contenidas en la ley 1448 de 2011 ascendió al 1% del total del PIB, es decir, aumentó en un 6% en comparación al año anterior, lo que quiere decir que de $7.4 billones de pesos destinados para la implementación de la esta ley pasó a $7.9 billones, como lo informó en su momento el Departamento Nacional de Planeación.
“Estamos hablando”, advierte Enríquez, “de un costo similar a la financiación de las vías 4G con las que el país obtendrá el desarrollo esperado, o si lo queremos poner en otro plano, se trata de un presupuesto con el que se podría financiar gran parte de la política de vivienda en Colombia”.
Desde otra perspectiva, expresó el Senador Enríquez “no puede olvidarse que el eje transversal y central del proceso de paz son las víctimas del conflicto armado, y que además, el punto quinto de la Agenda de Paz de la Habana puntualmente contempla varias acciones en pro de los derechos de esos colombianos”.
Agregó que “los pasos dados con anterioridad a este proceso de negociación en la ley 1448 de 2011 serán el insumo necesario para concretar todas las medidas en el posconflicto”.
Por Felicia Saturno Hartt.- La Cámara de Diputados de Brasil aprobó la apertura de un juicio político contra la Presidenta Dilma Rousseff, medida que deberá ser sometida ahora a votación en el Senado.
El pedido de apertura de juicio contra Rousseff se basa en la presunción de que violó la Ley de Responsabilidad al practicar maniobras contables irregulares y decretar la apertura de líneas de crédito sin el aval del Congreso, acción típica de los presidentes populistas suramericanos, como Chávez, Kirchner y Morales que, en su momento y sin consecuencias, no consultaron importantes decisiones al Poder Legislativo.
Los partidarios del proceso contra la mandataria del Partido de los Trabajadores (PT) reunieron los 342 votos mínimos necesarios sobre un total de 513 legisladores para que la acción avance a la Cámara Alta.
En una tensa y extensa sesión de más de 9 horas, que comenzó con gritos de “¡Fuera PT!” por un lado y “No habrá golpe” por parte del oficialismo, que califica de golpe institucional el juicio a la presidenta, los defensores del “impeachment” alcanzaron los votos necesarios cuando aún no habían emitido su voto 36 legisladores.
La acción quedó en manos ahora de la Cámara Alta, donde será creada una comisión especial que, en 10 días como máximo, emitirá un dictamen respecto a la recomendación de los diputados.
Luego, el fallo de la comisión será votado en el plenario del Senado, donde bastan 41 votos, sobre un total de 81 legisladores, para que se abra definitivamente el juicio político contra Rousseff.
A partir de ese momento, la presidenta sería alejada del cargo y asumiría en forma interina el vicepresidente disidente, Michel Temer.
De celebrarse, el juicio tendrá un plazo máximo de 180 días. En la votación final, que será presidida por el Presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lewandowski, se necesitan 54 votos, que equivalen a dos tercios del Senado, para que la presidenta sea condenada. Si por el contrario, no se llega a esos votos, Rousseff será absuelta y reanudará en forma inmediata sus funciones al frente del gobierno nacional.
Es imposible imaginar una tramitación tan rápida y precisa del proceso de destitución de Dilma Rousseff en Brasil sin la participación de Eduardo Cunha, diputado del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), investigado en el caso Petrobras por tener millones no declarados en Suiza y vivir como un sultán: él tiene la presidencia de la Cámara de Diputados.
Esta crisis política, que se produce mientras Brasil vive su peor recesión desde los años 1930, ha dividido profundamente al país y provocó una durísima pulseada entre Rousseff y su vicepresidente, Michel Temer, quien la sucedería si es destituida.
Tal como ha señalado el politólogo Leon Victor de Queiroz, el cargo de Cunha es más importante que el de jefe de gabinete de la presidenta. No solo por el poder de aceptar o rechazar las peticiones de impeachment (juicio político), sino por la potestad de gobernar en la agenda real del país. Dilma Rousseff podría haber considerado eso antes de pelearse con él, si hubiera pensado más en estrategia política y menos en la lógica de guerra y resistencia que parece guiarla.
El carismático predecesor de Rousseff, Luiz Inácio Lula da Silva, lideró la ofensiva negociadora para mantenerla en el cargo e hizo que gobernadores de varios estados presionaran a los parlamentarios en favor de la mandataria, cuya estrategia era que los legisladores no se presentaran a la sesión y fue un rotundo fracaso.
Miles de personas tomaron las calles de Brasil para manifestarse a favor y en contra del Gobierno de Dilma Rousseff, en una expresión de la profunda división y polarización ante la histórica jornada.
En medio de un fuerte despliegue de seguridad, en especial en Brasilia, Sao Paulo y Río de Janeiro, donde se convocaron las movilizaciones más multitudinarias, las protestas se desarrollaron sin incidentes.
La capital brasileña amaneció blindada por 4.000 policías en su zona central y otros 7.000 listos para actuar en caso necesario. En la Explanada de los Ministerios, corazón de Brasilia, se apreció como ningún otro lado la fractura que vive Brasil, con el llamado “muro del impeachment”, una gigantesca valla de casi un kilómetro de largo y dos metros de alto.
Los sondeos sugieren que más del 60% de los 200 millones de habitantes de Brasil está a favor del juicio político a Rousseff, cuyo círculo íntimo se ha visto salpicado por un gran escándalo de corrupción en la compañía estatal Petrobras.
Más es importante señalar que los diputados brasileños no gozan de una gran reputación. El 60% de los miembros del Congreso tienen causas pendientes con la Justicia, según la ONG Transparencia Brasil.
Y la histórica sesión vivida este fin de semana decide el futuro de la Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, pero no ayuda precisamente a mejorar su imagen, ni la situación del país que es intensamente crítica.
Durante los días 14, 15 y 16 de mayo, el Partido Liberal realiza el Congreso que reúne a las bases y dirigencia de la colectividad del territorio nacional, con el objeto de revisar temas de actualidad y decidir aspectos que tienen que ver con el presente y futuro político del Liberalismo Colombiano.
Sobre esa magna Asamblea, dialogamos con el Secretario General del partido, Héctor Olimpo Espinosa, quien se refiere a la preparación, participantes y temas que se desarrollarán en el Centro de Convenciones de Bogotá.
ECOS: ¿Cómo van los preparativos para el Congreso Liberal?
HOE: Bien. El 15 de mayo desarrollaremos nuestro Congreso, dentro del marco legal de acuerdo a nuestros estatutos, donde se van a tomar decisiones fundamentales, no sólo para el partido sino para el presente y futuro del país.
ECOS: ¿Qué decisiones fundamentalmente?
HOE: Qué va a pasar con la dirección del partido, la secretaría general, los órganos de control. Se va a aprobar la nueva plataforma política programática e ideológica del partido, la reforma de los estatutos y se van a tomar determinaciones respecto a las elecciones presidenciales en el 2018, entre otros aspectos.
ECOS: ¿Cuántas personas van a participar y quienes tienen el derecho de asistir al Congreso?
HOE: Más o menos 1.500 personas. La mitad son delegados del sector político, la otra, de los sectores sociales y abiertos, que se elegirán en las Asambleas Territoriales del partido el 24 de abril, para escoger la mitad de los delegados y los otros van con el sector político por derecho propio: actuales senadores y representantes, diputados, los 20 concejales más votados, los presidentes de los concejos del país, exministros , exembajadores, directores de medios de comunicación y rectores de universidades que militan en el partido. En fin, hay un conjunto de 20 calidades, aproximadamente, de personas que pueden ir por derecho propio al Congreso del Partido.
ECOS: ¿Se va a elegir dirección única o conjunta?
HOE: Ese tema está por verse. No le puedo anticipar nada al respecto. La máxima autoridad, que es el Congreso, determinará quién es, o quienes serán los que orientarán el futuro de nuestra colectividad.
ECOS: ¿Cómo es el tema de la plataforma ideológica y programática y su desarrollo en el Congreso?
HOE: Dos días antes del Congreso Nacional vamos a hacer el Foro Programático Nacional. Se va a aprobar la nueva plataforma ideológica y programática y al día siguiente aprobaremos la reforma de estatutos y el último día del Congreso, tomaremos decisiones sobre dignatarios y autoridades.
ECOS: ¿El Congreso decidirá las reglas de juego para la escogencia del candidato presidencial a la presidencia de la República en el 2018?
HOE: Sí, decidiremos el mecanismo para determinar el candidato.
ECOS: ¿Parece ser que la consulta interna para escoger el candidato a la Presidencia de la República sólo quedó en la historia, si recordamos que ese siempre sería el mecanismo que se acordó y permitió que el Nuevo Liberalismo, de Luis Carlos Galán, volviera al partido, pero además llevó al triunfo de César Gaviria?
HOE: Creo que la decisión del partido y la que mayor fuerza observo es la de escoger candidato por consulta. Hay mucho ambiente para que sea a través de ese mecanismo y logremos tener el aspirante único a la presidencia de la República.
ECOS: ¿Qué nombres rodean el ambiente en la colectividad para dicha aspiración?
HOE: El partido tiene una nómina de lujo para ese propósito. Cuando tienes nombres como Humberto de la Calle, el Presidente del Senado Luis Fernando Velasco, el Ministro del Interior Juan Fernando Cristo, la senadora Vivian Morales, el ex alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, el senador Juan Manuel Galán y Simón Gaviria, aunque este último ha manifestado no tener esas aspiraciones por ahora. De todas maneras, debemos desarrollar un mecanismo con suficientes garantías para que se tome la mejor decisión.
ECOS: ¿El tema del proceso de paz del Gobierno Santos no escapa a un análisis y discusión de esa importante Asamblea?
HOE: Es muy importante resaltar que este Congreso va a tomar decisiones fundamentales. Entre ellas, la de refrendar la política de paz del Gobierno, es la primera participación en voto de la militancia de un partido para decidir sobre un tema más que fundamental y que está plasmado en la Constitución: el Derecho a la Paz. Hemos sido muy claros en apoyar las negociaciones de paz. Los liberales seremos los primeros en refrendar los acuerdos de paz.
ECOS: ¿Incluyendo los avances y lo que se va a negociar con el ELN en Ecuador?
HOE: Claro que también lo estamos apoyando y seguiremos haciéndolo. No tenemos dudas en eso. El Partido tiene una confianza en el Gobierno y en sus decisiones para ese propósito. Se sabe que no hay diálogos perfectos ni acuerdos perfectos, pero lo mejor y lo que le conviene a nuestra sociedad es resolver nuestros conflictos por la vía de la civilidad, para que los colombianos ejerzan el derecho a vivir en forma tranquila. Nosotros vemos que lo que está haciendo el gobierno es un propósito loable, además hace parte de nuestra plataforma, es lo que ha sido y ha pedido el partido históricamente y creemos que eso va a hacer refrendado en el Congreso Nacional.
ECOS: ¿Qué hacer con los enemigos de la paz, las Bacrim por ejemplo, que quieren acabar como sea con el proceso y que no haya paz en Colombia?
HOE: Hay una amenaza de consolidación de bandas criminales financiadas con el negocio del narcotráfico que produce problemas de seguridad no sólo en el campo, sino también en la ciudad. Son un peligro para nuestra sociedad. Partidos como el nuestro no puede bajo ningún punto de vista y bajo ninguna circunstancia eludir ese debate. Tenemos que hablar de eso, presentarle al país una plataforma en materia de seguridad ciudadana. Los ciudadanos tienen derecho a vivir de manera tranquila y el partido liberal tiene que ser capaz de hacer una propuesta política de seguridad que le permita consolidar la tranquilidad ciudadana. Fortalecer una política pública en ese aspecto, con inversiones, acciones y decisión en el menor tiempo. Ese tema no puede ser secundario en nuestra agenda política.
ECOS: ¿En el Congreso se debatirá ese tema?
HOE: Es el verdadero escenario para plantear alternativas y contrarrestar esas fuerzas antisociales y delincuenciales que se le quieren atravesar a la convivencia nacional. Es que la situación es tan crítica respecto a ese fenómeno, que nos da miedo hablar del tema de seguridad porque vamos a ser tildados de derecha. Pero nosotros tenemos que entender que desde la fundación del partido en 1848 una de las banderas principales son la seguridad, la libertad y la educación. Nosotros tenemos que honrar ese legado histórico y ser capaces de hablarle al país de seguridad y tener una propuesta clara en ese sentido.
ECOS: Está en condiciones el Partido Liberal de recuperar el poder y lograr la Presidencia de la República?
HOE: Cuando uno mira al país cambiando sus prioridades en la agenda pública y ve que están los temas de equidad, la paz para la convivencia ciudadana, la lucha contra la pobreza, entre otros, pero además, que contamos con líderes y dirigentes para lograr y liderar esos retos, no me cabe duda que el Partido puede elegir presidente en el 2018.
Foto Leonardo Vargas.- Por ley, el Congreso Pleno, abrió la sesión bajo la Presidencia del senador Luis Fernando Velasco, quien expresó que las víctimas del conflicto armado, son las protagonistas más importantes para sacar adelante el proceso de paz e iniciar una nueva era, que permita la verdadera reconciliación nacional.
Este sábado 9 de abril, el Congreso de Colombia en pleno sesiona en el salón elíptico del Capitolio Nacional escuchando a las víctimas del conflicto armado, quienes expresan su situación desde la órbita nacional y regional ante los senadores y representantes, presentando un balance de su situación desde el punto de vista de la reparación y resarcimiento, para que el legislativo tome en cuenta dichos aspectos que permitan impulsar más la ley y conlleve a lograr y acelerar la verdadera paz en Colombia.
Desde las 9:30 de la mañana, este grupo poblacional que llegó desde los custro puntos cardinales del país luego de 5 años de sancionada la ley por parte del presidente Juan Manuel Santos, presentando un balance de la aplicación de la ley con críticas en algunos sectores, principalmente desde el punto de vista local, pero con el ánimo de seguir apoyando el proceso de paz que adelanta el gobierno con las Farc y el que inicia con el ELN.
A la sesión asisten las asociaciones de víctimas registradas en el territorio nacional, que son escuchadas no sólo por los senadores y representantes, sino por el ministro del interior, Juan Fernanfo Cristo, la Directora de la Unidad de Víctimas, Paula Gaviria, el Alto Consejero Presidencial para los DDHH, Guillermo Rivera, entre otros funcionarios, del gobierno nacional.
La sesión en pleno del Congreso es transmitida en directo por el Canal del Congreso, el Canal Institucional y el portal del Senado de Colombia: www.senado.gov.co.
Por SIG.-El Jefe de Estado y su esposa encabezaron en la Casa de Nariño la iniciativa para plantar especies en memoria de las víctimas del conflicto. El Mandatario sembró un arrayán en memoria de Angélica Bello y su señora María Clemencia otro para honrar al soldado Wilson de Jesús Martínez.
El Presidente Juan Manuel Santos invitó este viernes a los colombianos a sembrar árboles y sembrar vida, luego de plantar varios en el jardín adyacente a la Casa de Nariño, en el marco del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto, que se conmemora mañana sábado.
“Haremos de Colombia un verdadero bosque de vida y lo haremos por nuestras víctimas”, expresó el Mandatario, acompañado por su esposa María Clemencia, varios ministros y víctimas del conflicto armado.
Esta manera de honrar la memoria de las víctimas empezó en la plazoleta Galán, frente a la sede presidencial, con la siembra de 20 árboles, 18 de ellos arrayanes.
El Presidente Santos sembró un árbol en memoria de la líder Angelica Bello, fallecida en febrero de 2013 en el departamento del Cesar; mientras que su esposa plantó otro para honrar la memoria del soldado Wilson de Jesús Martínez Jaraba, muerto en julio del año pasado en labores de desminado en la vereda El Orejón, del municipio antioqueño de Briceño.
Mientras se sembraban los arbustos, cantaron las integrantes del Grupo Cantadoras de Pogue, pueblo afrodescendiente que vive en un territorio chocoano bañado por los ríos Atrato y Bojayá.
“Hemos decidido a partir de hoy rendir tributo a las víctimas con un símbolo muy poderoso, que creemos que debe convertirse en un procedimiento normal, regular, en este país: sembrar árboles para sembrar vida”.
Indicó que se sembrarán árboles en cada lugar que visiten, como funcionarios y como ciudadanos.
“Haremos de Colombia un verdadero bosque de vida y lo haremos por nuestras víctimas”, expresó.
El Presidente Santos comentó que los arrayanes son muy resistentes, “como han sido las víctimas en este país”.
Subrayó que su compromiso con las víctimas “es total, es absoluto” y señaló que las víctimas han sido parte de la fuerza que ha tenido para perseverar en la búsqueda de la paz.
Manifestó que “el reconocimiento internacional a este conflicto tiene que ver con que se ha colocado por primera vez a las víctimas en el centro de la solución de este conflicto”.
Por último Invitó a los colombianos a unirse a esta iniciativa. “Sembremos vida, sembremos paz. No permitamos que el rencor, que el odio, persistan. Sembremos árboles para cambiarle a Colombia esa forma de ver las cosas, para permitirnos reconciliarnos, dejar este capítulo triste. E iniciar es capítulo alegre, un capítulo de reconciliación, un capítulo sin víctimas”.
