Por Felicia Saturno Hartt.- La Cámara de Diputados de Brasil aprobó la apertura de un juicio político contra la Presidenta Dilma Rousseff, medida que deberá ser sometida ahora a votación en el Senado.
El pedido de apertura de juicio contra Rousseff se basa en la presunción de que violó la Ley de Responsabilidad al practicar maniobras contables irregulares y decretar la apertura de líneas de crédito sin el aval del Congreso, acción típica de los presidentes populistas suramericanos, como Chávez, Kirchner y Morales que, en su momento y sin consecuencias, no consultaron importantes decisiones al Poder Legislativo.
Los partidarios del proceso contra la mandataria del Partido de los Trabajadores (PT) reunieron los 342 votos mínimos necesarios sobre un total de 513 legisladores para que la acción avance a la Cámara Alta.
En una tensa y extensa sesión de más de 9 horas, que comenzó con gritos de “¡Fuera PT!” por un lado y “No habrá golpe” por parte del oficialismo, que califica de golpe institucional el juicio a la presidenta, los defensores del “impeachment” alcanzaron los votos necesarios cuando aún no habían emitido su voto 36 legisladores.
La acción quedó en manos ahora de la Cámara Alta, donde será creada una comisión especial que, en 10 días como máximo, emitirá un dictamen respecto a la recomendación de los diputados.
Luego, el fallo de la comisión será votado en el plenario del Senado, donde bastan 41 votos, sobre un total de 81 legisladores, para que se abra definitivamente el juicio político contra Rousseff.
A partir de ese momento, la presidenta sería alejada del cargo y asumiría en forma interina el vicepresidente disidente, Michel Temer.
De celebrarse, el juicio tendrá un plazo máximo de 180 días. En la votación final, que será presidida por el Presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lewandowski, se necesitan 54 votos, que equivalen a dos tercios del Senado, para que la presidenta sea condenada. Si por el contrario, no se llega a esos votos, Rousseff será absuelta y reanudará en forma inmediata sus funciones al frente del gobierno nacional.
Es imposible imaginar una tramitación tan rápida y precisa del proceso de destitución de Dilma Rousseff en Brasil sin la participación de Eduardo Cunha, diputado del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), investigado en el caso Petrobras por tener millones no declarados en Suiza y vivir como un sultán: él tiene la presidencia de la Cámara de Diputados.
Esta crisis política, que se produce mientras Brasil vive su peor recesión desde los años 1930, ha dividido profundamente al país y provocó una durísima pulseada entre Rousseff y su vicepresidente, Michel Temer, quien la sucedería si es destituida.
Tal como ha señalado el politólogo Leon Victor de Queiroz, el cargo de Cunha es más importante que el de jefe de gabinete de la presidenta. No solo por el poder de aceptar o rechazar las peticiones de impeachment (juicio político), sino por la potestad de gobernar en la agenda real del país. Dilma Rousseff podría haber considerado eso antes de pelearse con él, si hubiera pensado más en estrategia política y menos en la lógica de guerra y resistencia que parece guiarla.
El carismático predecesor de Rousseff, Luiz Inácio Lula da Silva, lideró la ofensiva negociadora para mantenerla en el cargo e hizo que gobernadores de varios estados presionaran a los parlamentarios en favor de la mandataria, cuya estrategia era que los legisladores no se presentaran a la sesión y fue un rotundo fracaso.
Miles de personas tomaron las calles de Brasil para manifestarse a favor y en contra del Gobierno de Dilma Rousseff, en una expresión de la profunda división y polarización ante la histórica jornada.
En medio de un fuerte despliegue de seguridad, en especial en Brasilia, Sao Paulo y Río de Janeiro, donde se convocaron las movilizaciones más multitudinarias, las protestas se desarrollaron sin incidentes.
La capital brasileña amaneció blindada por 4.000 policías en su zona central y otros 7.000 listos para actuar en caso necesario. En la Explanada de los Ministerios, corazón de Brasilia, se apreció como ningún otro lado la fractura que vive Brasil, con el llamado “muro del impeachment”, una gigantesca valla de casi un kilómetro de largo y dos metros de alto.
Los sondeos sugieren que más del 60% de los 200 millones de habitantes de Brasil está a favor del juicio político a Rousseff, cuyo círculo íntimo se ha visto salpicado por un gran escándalo de corrupción en la compañía estatal Petrobras.
Más es importante señalar que los diputados brasileños no gozan de una gran reputación. El 60% de los miembros del Congreso tienen causas pendientes con la Justicia, según la ONG Transparencia Brasil.
Y la histórica sesión vivida este fin de semana decide el futuro de la Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, pero no ayuda precisamente a mejorar su imagen, ni la situación del país que es intensamente crítica.
