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Por Felicia Saturno Hartt.- La emergencia de los Panamá Paper, aparte de ser uno de los mayores proyectos de periodismo de investigación informática de la historia, que se llevó a cabo a lo largo de un año, implica una perspectiva global de los paraísos fiscales y de quiénes hacen uso de estas posibilidades de inversión en la sombra.
La investigación liderada por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung,2, que posteriormente compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), reveló el ocultamiento de propiedades de empresas, activos, ganancias y evasión tributaria de jefes de Estado y de gobierno, líderes de la política mundial, personas políticamente expuestas y personalidades de las finanzas, negocios, deportes y el arte.
Los implicados contrataban con el bufete de abogados consultores de empresas, Mossack Fonseca, servicios consistentes en fundar y establecer compañías inscritas en un paraíso fiscal, de modo tal que cumpliesen con el objetivo primario de ocultar la identidad de los propietarios.
Como esta empresa existen muchas que hacen esto, incluso empresas aseguradoras, pero lo importante radica en el origen de los fondos, no tanto si pagaron o no los impuestos en los países de los titulares de las cuentas, sino que no sean operaciones de lavado de dinero, que oculten dineros de la corrupción o del tráfico de drogas, armas o personas.
La gran ventaja de estas empresas es que operan en paraísos fiscales, es decir, en territorios que ofrecen a individuos y empresas extranjeras poca o ninguna carga tributaria, en un entorno estable política y económicamente y donde se facilitan poca o ninguna información financiera a las autoridades fiscales extranjeras.
Indudablemente que estos paraísos fiscales y estas empresas son legales y tampoco son ilegales las operaciones de las empresas offshore, como han argüido políticos, intelectuales y demás personalidades.
Lo complicado son las implicaciones políticas ante el grave problema de la corrupción de muchas de las administraciones, que hoy están en tela de juicio, con desfalcos millonarios, como es el caso de Venezuela, Brasil, Argentina, entre otros.
A mediados de 2015, la Comisión Europea publicó una lista negra de paraísos fiscales considerados como no cooperativos en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal.
Para la CE, estos territorios son considerados paraísos fiscales, y son: Andorra, Liechtenstein, Guernsey, Mónaco, Islas Mauricio, Liberia, Seychelles, Brunéi, Hong Kong, Maldivas, Islas Cook, Nauru, Niue, Islas Marshall, Vanuatu, Anguilla, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Granada, Montserrat, Panamá, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, las Islas Turcas y Caicos, y las Islas Vírgenes de EE.UU.
Naciones que han estado sintonizadas con muchos escándalos y están en la mira para establecer el intercambio de información fiscal bilateral, que garantice sólo el cobro de impuestos a los países de origen, pero con pocas intenciones de intervenir en investigaciones sobre peculado y corrupción en general.
La peligrosa tendencia social a subestimar este tipo de investigaciones ya se ha expresado en medios y redes, para influir sobre el impacto de estas iniciativas periodísticas, porque nadie duda que los implicados saben que los problemas de inestabilidad económica de las naciones y la debilidad de sus instituciones han hecho posible, en el marco de la impunidad, el desvió de fondos públicos y el manejo de dineros de dudosa procedencia.
Porque el problema no sólo son las operaciones de la firma Mossack Fonseca, de Morgan & Morgan u otras entidades financieras, sino las programas no ejecutados, las empresas desfalcadas, las obras inacabadas, la población destino no atendida y los países en default financiero.
La historia de los Panamá Papers aún no ha terminado. Las más de 215 mil sociedades financieras, que operaban tanto en Panamá como en las Islas Vírgenes Británicas y otros lugares, los cerca de 14.000 bancos y despachos implicados, 1.200 de los cuales tienen su sede en Suiza y los 2.6 terabytes de información harán más de un terremoto, sobre todo político.
En la próxima entrega, reseñaremos cómo se hizo la investigación y las reacciones a esta aproximación a los dineros que crecen en la sombra financiera de los paraísos fiscales.
Redacción Ecos.- Colombia dio un paso histórico en pos de la igualdad ante la Ley: las parejas homosexuales tienen el mismo status legal que las heterosexuales. La figura del matrimonio civil se extiende en igualdad de condiciones para las parejas del mismo sexo.
Es el cuarto país de América Latina que reconoce el matrimonio de parejas del mismo sexo después de México, Argentina y Uruguay.
Con esta importante decisión de la Corte Constitucional, las parejas LGBTI podrán contraer matrimonio y su contrato les da las mismas garantías jurídicas que poseen las heterosexuales, para que no exista discriminación.
Se puede afirmar, en este orden de ideas, que Colombia reconoció el derecho de los LGBTI a constituir hogares, a compartir derechos sobre sus patrimonios de manera inmediata, sin demostrar convivencia, como lo habían hecho desde el 2007.
Desde el punto de vista de la unión conyugal, esta decisión también les permitirá acceder a la porción conyugal en un proceso de herencia y a la pensión de sobreviviente de su pareja, en las mismas condiciones que los esposos o esposas que hacen parte de matrimonios heterosexuales, dando la garantía de la viudedad protegida.
Asimismo, las parejas LGBTI tendrán el derecho a disolver la unión, a través de la figura civil del divorcio, como ocurre con el matrimonio celebrado por hombre y mujer, y separar cuerpos y bienes.
La Corte Constitucional Colombiana asumió que las personas LGBTI tienen derechos y los derechos humanos no se negocian, tienen que ser reconocidos para que la sociedad sea realmente equitativa, progresista y con futuro.
Antes no era humano negar la posibilidad de constituir familias a las personas por su orientación sexual. A partir de ahora en Colombia es ilegal no permitirlo.
Desde 2011 la Corte Constitucional había tomado la decisión que reconoció que las parejas del mismo sexo son familia y que el Congreso debía regular el matrimonio igualitario.
Aún esta cuestión de estado está en mora legislativa, pero existe una autorización de la Corte Constitucional para que jueces y notarios protegiesen a estas familias, desde el 20 de junio de 2013.
El Magistrado ponente, Alberto Rojas Ríos, no sólo hizo posible la igualdad de derechos de las parejas LGBTI, sino se logró en términos de dignidad humana, libertad e igualdad.
Las reacciones indudablemente no iban a esperarse. Los conservadores reiteraron el poco conocimiento de la diversidad humana; otros arguyeron que se acabaría la especie por ser infértiles por naturaleza los LGBTI; algunos fueron más folklóricos y hablaron que la constitución no hablaba de eso y otros callaron, sus prejuicios no los dejan hacer su papel de garantes de los DDHH de los ciudadanos.
Y queremos dejar en la mesa una reflexión, sobre todo a los políticos en ejercicio de funciones de representación política, que sólo hay democracia cuando hay pluralidad, porque, incluso, esa cualidad es lo que le da sentido a la igualdad y soporte a la libertad.
Los derechos de los LBGTI son inherentes a su condición humana plural y, por ende, si ellos tributan, si ellos estudian, si ellos se profesionalizan y cumplen con sus obligaciones, votan y contribuyen al bienestar de todos, ellos tienen el derecho de edificar parejas y constituir familia.
Ojalá existiese tanto fervor para denunciar y extinguir la desigualdad, la pedofilia, la pederastia, la iniquidad, el maltrato intrafamiliar, la violencia sexual tanto como el derecho legítimo de las personas de vivir con dignidad y respeto.
Desde esta tribuna digital, Ecos felicita a la Corte y al Magistrado Rojas Ríos por comprender que la libertad democrática depende del respeto a la dignidad humana y de la igualdad ante la ley.
Otro escándalo rodea la Casa de la Democracia. Implica a una funcionaria de la corporación en un hecho que ha tenido impacto en los medios y las redes de Colombia: un vehículo que perteneció al Congreso de la República, subastado y vendido hace un par de años, pero sin cambio de propietarios y con placa oficial y conducido por el hijo de la hoy Jefe de la División Financiera de esa entidad, Magdalena Morera, fue capturado por el hallazgo de 12.999 billetes, 640 millones de pesos, que se presume transportaba para su lavado en otras ciudades, perteneciente a bandas criminales.
Luis Javier Rojas Morera, el conductor, un joven politólogo de una familia del Huila, al ser capturado con la alta suma de dinero, les ofreció a los policías cien millones de pesos para que lo dejaran seguir su camino, pero los uniformados no aceptaron su petición.
De hecho, este delito de soborno a la autoridad, fue el que hizo que el Juez le dictara detención domiciliaria.
Luis Fernando Velasco, Presidente del Congreso de Colombia expresó que la investigación interna puede durar hasta tres meses, tras cuestionarse: “qué hacia el hijo de la Jefe de la División Financiera manejando un carro que se había subastado con la participación de dicha funcionaria hace más de dos años y por qué no se le habían transferido papeles a los nuevos dueños? ¿Por qué mantenía papeles de ese vehículo como si fuera del Congreso de la República?”.
El Presidente de la corporación sostuvo que "los informes preliminares de dicha funcionaria señalan que tuvo una amplísima participación en la subasta de los carros" y agregó que "ya la Dirección Administrativa pidió a la Superintendencia de Vigilancia y a la Policía Nacional, para que los carros que se vendieron a particulares y no han trasladado sus papeles y tienen medidas de protección como blindaje, sean retenidos".
La Jefe de la Dirección Financiera del senado, Magdalena Morera, quedó suspendida de su cargo hasta tanto la Oficina de Control Interno del Senado de la República concluya la investigación por relación con el caso.
El Ministerio Público acompañará la investigación y se espera que en menos de 90 días haya decisiones en contra de la madre del joven que conducía este vehículo con dineros de origen desconocido.
“Esa red tiene varias modalidades para mover la plata a grandes ciudades y realizar operaciones para lavar el dinero ilegal”, señalaron los investigadores.
Aunque el fiscal del caso le imputó a Rojas los cargos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y cohecho, el juez del caso justificó su decisión de mandarlo a la casa por cárcel porque, señaló: “Luis Javier se sintió acorralado y ante ese temor buscó evitar que un servidor cumpliera con su función, abordó al funcionario y le hizo dos ofrecimientos, en primer lugar por 50 millones de pesos y en una segunda ocasión por 100 millones de pesos”.
Dijo que, como no se ha demostrado el origen ilegal de la plata, no dictaba captura por lavado.
Así las cosas, comienza una nueva investigación que sólo es la punta del iceberg de lo que se presume serán las irregularidades, posiblemente con carácter delictivo, de la subasta que permitió la venta de carros en el congreso y que según Caracol Noticias, son 88 vehículos que fueron subastados y que están como propiedad, en estos momentos, del Congreso de Colombia.
Por Luis Fernando García Forero.-Un connotado colega colombiano que se la ha jugado como reportero de guerra, por defender a los más vulnerables que han caído en manos del secuestro o la extorsión por parte de las atrocidades de los protagonistas de la violencia, pero además, en denunciar los cientos de falsos testigos que rondan en Colombia: es Herbin Hoyos.
Lo vimos denunciando en el debate de la Comisión Primera del Senado todo cuanto está ocurriendo en la justicia por lo de los llamados falsos testigos y que ha llevado a la cárcel inocentemente a miles de compatriotas, incluyendo hasta los legisladores.
ECOS: ¿Quiénes son los falsos testigos, quienes los patrocinan?
HH: Los falsos testigos no llegan solos, no se preparan solos, no caen en paracaídas a los procesos. Llegan porque el ente investigador llámese Sijin, CTI, llámese el que sea, los pone allá. Los prepara, les entrega esa parte procesal que necesitan para cuadrar la versión y hacer que el proceso empate. Por eso judicializan a una persona. Los falsos testigos son preparados por la justicia.
ECOS: ¿Por quienes administran justicia?
HH: Son preparados por los sujetos investigadores, fiscales, los preparan también los abogados en defensas, los usan para cuadrar venganzas políticas, venganzas de relaciones afectivas mal llevadas: las esposas tristemente ponen muchas veces falsos testigos o usan a los hijos, los manipulan para que ese niño diga que el papá lo manoseó y ese señor se va a la cárcel 18 años y el niño, como es inimputable, la mamá le dice: cuando le pregunten que le hizo su papá, usted solamente llore. Hoy en día me llaman muchos muchachos que ya son mayores de quince o 18 años y me dicen ayúdeme para que mi papá nunca abusó de mí, fue mi mamá en una venganza con él la que lo hizo.
ECOS: ¿Hasta en los delitos sexuales y de pareja montan los falsos testigos?
HH: Sí. Al que acusan de un delito sexual nadie lo defiende, ni siquiera un abogado se atreve a defenderlo y esos se están pudriendo en la cárcel. Puedo decir que el 40 por ciento de las acusaciones de delito sexual, son venganzas afectivas, por tierra, herencias, por problemas familiares que acuden a ese método para hacer que esa persona se le acabe la vida. Para no matarla lo mandan a que se pudra en la cárcel. Así que esto es absolutamente aberrante, yo lo llamo el cáncer de la justicia promovido por la misma justicia.
ECOS: ¿Quién está detrás de todo esto?
HH: Todo el mundo pone un falso testigo: los abogados, la Fiscalía: los fiscales se van a las cárceles a buscar quien declare contra alguien significativo e importante con tal que tenga prestigio social. La parapolítica es la que más falsos testigos ha botado en el país. Se iban los fiscales a las cárceles a decir quién quiere declarar contra Herbín Hoyos, contra Sigifredo López y le consigo rebaja de penas. Pues un bandido que está condenado a sesenta años con señalar a Sigifredo López de que fue uno de los que causo la masacre a los diputados del Valle declaró y pudimos demostrar que los 17 testigos falsos fueron puestos por el fiscal 38. Así que es una cosa absolutamente horrorosa. Aca ponen testigos todos los entes de investigación, los que entran a investigar afianzan sus argumentos y sus versiones poniendo un falso testigo.
ECOS: ¿Un negocio que descuartiza más la crisis de la justicia?
HH: No hay duda. Traje el caso a la Comisión Primera del Senado de Diego Daniel Palomino, un muchacho que lo llevaron a la cárcel y lo condenaron a 58 años de prisión, acusado de haberle puesto la bomba a la séptima Brigada en Villavicencio y resulta que lo hicieron por cobrar una recompensa. Lo peor que puede hacer el gobierno es ofrecer recompensas porque la corrupción, para robarse la recompensa, ponen falsos testigos y quiénes están ahí involucrados son investigadores judiciales, policías. Hay un cartel de las recompensas.
ECOS: ¿Cómo operan?
HH: Ponen inmediatamente falsos testigos para cobrar las recompensas y señalan a personas inocentes mostrándolas a los medios como los más grandes delincuentes o terroristas y resultan que son personas humildes, campesinos que no tienen como defenderse ni tienen quien los defienda y que son los que yo me he encargado de defender desde hace más de 20 años haciendo este proceso.
ECOS: Monstruoso el tema. ¿Cree que con esta situación logramos la paz?
HH: Lo decía en el congreso, creo que a los que no nos han podido matar las Farc o ELN, cuando se desmovilicen van a venir a poner los falsos testigos para que nos pudramos en una cárcel. Es horroroso. Si no se reglamenta la versión y se le quita la fuerza procesal a la misma y se le da carga probatoria a la prueba técnica, o sea, la que debe tener fuerza probatoria es la prueba técnica y no la versión. Si no modificamos el código penal, la ley 906, que es la que más ha proporcionado falsos testigos, nos va a llevar el que nos trajo, porque aquí van a venir los desmovilizados a llevarse a quien sea con una versión y acabarle la vida.
ECOS: ¿En los casos del narcotráfico, peor?
HH: Son muchísimos. Denuncié 142 casos de colombianos que fueron mandados a los Estados Unidos. La DEA vino a Colombia a darle plata a policías, a agentes del DAS en su momento, a todos los investigadores, para que chuzaran, falsificaran pruebas y extraditaran personas a ese país. Lo hicieron durante un buen tiempo. Por denunciar ese caso llamado “Las Trampas de la DEA en Colombia” me gané un premio Simón Bolívar de Periodismo. Es algo aberrante, se siguen falsificando pruebas en las salas técnicas para meter a personas en el delito del narcotráfico y ser extraditados. Es un gran negocio porque todo colombiano puesto ante una corte en los Estados Unidos, a los investigadores y delegados de la DEA en cada país, le dan 125 mil dólares de comisiones. Imagínese que se lleven diez personas nada más, ya tienen un millón de dólares que se lo ganan por sentar a un colombiano ante una corte en el país del norte.
ECOS: ¿Cómo combatir este fenómeno delictivo?
HH: Modificar la norma. Esta norma tiene bastantes errores, fue copiada de un modelo jurídico en Italia, luego modificado con otro de estados unidos y nos hemos copiado una ley que sólo aplica para países muy avanzados y desarrollados en temas judiciales y lo pusieron en un país donde la corrupción es rampante y donde no hay ética ni moral en la aplicación de la justicia y la aplicación de la justicia se la ponen a los más humildes a los más pobres, los más pendejos. Esa ley no cabía en Colombia, es uno de los errores garrafales que cometió el legislador cuando se creó la ley 906.
ECOS: Hasta los mismos legisladores han sido víctimas de los falsos testigos…
HH: Así es, porque en Colombia se hace venganza política por un falso testigo. Al senador Luis Fernando Velasco, actual Presidente del Congreso, lo metieron a la cárcel porque era comandante político de un frente de las Farc, por qué: por una venganza política. Como él otros de sus colegas, entre ellos Nancy Patricia Gutiérrez y muchos, les pasó lo mismo. El slogan en la justicia, incluso en la fiscalía, es que a nadie se le niega un carcelazo. Eso es horroroso.
Ecos: ¿Hay y vendrán pagos multimillonarios del Estado por demandas de inocentes que cayeron por los falsos testigos?
HH: La plata que ha pagado el Estado colombiano por las detenciones arbitrarias y por los errores de la justicia, con esa plata podría construir dos ciudades como Girardot. Así de sencillo. Pero lo que viene es lo peor porque los argumentos están dados porque fue el Estado el que abusó del poder, de las leyes, manipuló, utilizó a sus propias entidades para tergiversar y meter a personas inocentes a la cárcel. El Estado mismo se autocondena porque es el garante de la honra, de la vida y de los bienes de los ciudadanos. Cuando una persona se va a la cárcel le acaban la honra, la vida y los bienes. Eso lo tiene que pagar el Estado y se está desfalcando por los errores que comete.
ECOS: ¿En el caso del proceso que se lleva con las Farc en La Habana, considera que este tema debe tratarse y darle claridad, antes de la firma del fin del conflicto?
HH: La ley se debe modificar ahora antes de que ellos regresen, porque no podemos permitir que la ley sea la principal herramienta para que ellos logren impunidad y venir aquí a acusar a personas inocentes para ganar rebaja de penas.
ECOS: ¿Cree en la paz de Colombia?
HH: Sí y la necesitamos. A pesar de esto tenemos que seguir luchando y avanzar. Hacer que esta gente deje de asesinar, dejen y entreguen las armas, las entreguen y aplazar la justicia. La justicia va a llegar algún día, pero es necesario aplazarla con tal de alcanzar la paz, pero la justicia llega porque llega, algún día.
Con el propósito de conocer de primera mano la grave situación de las madres comunitarias, hoy en día, en paro, y de los hogares del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Senador Alexander López, Vicepresidente del Senado, acompañado de otros congresistas y funcionarios de entidades incluyendo al ICBF, realizó una reunión, con la participación de las mencionadas trabajadoras, con la misión de adelantar mecanismos para solucionar la crisis que ha surgido de este grave problema.
En el diálogo realizado en su despacho pudo constatar las denuncias que han hecho las madres comunitarias sobre la falta de atención de los niños en materia de alimentación, en los Departamentos del Valle y la Guajira, siendo éste último unas de las entidades donde se han presentado menores con desnutrición crónica y avanzada, que han fallecido. Un hecho totalmente cuestionable en la actualidad. La crisis de atención alimentaria está afectando a más de un millón de niños en Colombia.
Las madres comunitarias informaron a López que la asignación de alimentos para los niños, en varias regiones de Colombia, no es la adecuada, la ideal y, mucho menos, posee la cantidad que se requiere para proteger la vida de los niños. “Las cantidades son mínimas, en proporción al número de niños por alimentar", subrayaron al término.
En este sentido, el Senador Alexander López, en diálogo con las madres comunitarias y con la prensa nacional e internacional, que siguen el desarrollo del paro de estas trabajadoras y el drama humanitario de los niños del ICBF, instó a la Directora del ICBF, Cristina Plaza, para que acuda al debate de control político en la plenaria de la Corporación, este martes 12 de abril.
Asimismo, recordó que bajo su investidura- presentó a la entidad estatal cientos de casos de falta de atención de menores en el país. "Quiero que la señora Cristina Plazas responda sobre este panorama preocupante en la plenaria del Senado” expresó López.
Advirtiendo, de forma enfática, a la funcionaria Plazas que “ella, no me puede mezclar con los bandidos que ella contrata. Me tiene que respetar. Si ella me quiere montar en el esquema de los politiqueros o personas que se están robando el ICBF, se equivoca conmigo. Ella, lleva año y medio en el manejo de la entidad. En mi caso llevo toda mi vida", comentó el Vicepresidente del Senado Colombiano.
En este orden de ideas, el senador del Polo Democrático, señaló, a manera de referencia personal: "Me crié en un hogar comunitario. Un hogar infantil. Yo sé lo que significan esos hogares infantiles. Lo que significan para Colombia. La señora Plazas no me puede montar en el ranking de los bandidos.Se equivoca de manera grave”
“No estamos defendiendo el presente y futuro de ICBF apenas ahora. No es un momento coyuntural, ni las elecciones son mañana. Este es un problema histórico. De vida. Lo digo como ser humano. No defiendo la contratación de nadie. Es más, hoy, no deberían existir operadores, ni asociaciones. Sería un paso para salvaguardar la entidad, que se contrate a las madres comunitarias directamente”, expuso López.
Por último el Senador López señaló, de manera enfática, que “no se puede seguir con el tema de tercerización con las madres comunitarias”.
Desde Ecos esperamos que el debate de control político, que se realizará en la plenaria del senado, este martes 12 de abril, pueda contribuir a conocer la verdadera situación del estado alimentario de los niños del ICBF y, de inmediato, proponer una salida a esta grave problemática, que ha tenido el peor desenlace que un programa de asistencia ha podido presentar, la muerte de los asistidos, como ha pasado en La Guajira.
El presidente de Colombia Juan Manuel Santos al agradecer el respaldo de El Salvador al proceso de paz en Colombia, sostuvo que la finalización del conflicto colombiano significará el logro de la paz en toda América Latina y el Caribe porque es el último conflicto armado interno en todo el hemisferio americano, señaló el Mandatario colombiano.
Ante los medios de comunicación que cubren la visita oficial del Presidente colombiano a ese país caribeño, Santos sostuvo que la finalización del conflicto de Colombia “será el broche final de esos procesos que se vivieron en toda esta región”.
“Valoro muchísimo, Presidente Sánchez, el firme apoyo que usted, su Gobierno y su país, están dando al nuestro, a este servidor en el proceso de paz”, dijo Santos quien destacó la importancia de la experiencia salvadoreña para las actuales negociaciones de paz en Colombia.
“Hace más de 24 años se firmó la paz aquí en El Salvador, con el acuerdo de Chapultepec (…). Queremos aprender de la experiencia, lo que funcionó, lo que no funcionó; qué podíamos replicar, qué no podíamos replicar”, reiteró.
En esa medida, el Presidente colombiano resaltó la utilidad que tiene para Colombia lo vivido por El Salvador tras la suscripción de los acuerdos, en enero de 1992. “Bien dicen que El Salvador (…) lleva 24 años construyendo la paz. Por eso también queremos aprender del proceso después de la firma, el llamado posconflicto”, aseveró.
El salvador Clave en la paz de Colombia
El Salvador fue invitado por Naciones Unidas para proponer expertos que colaboren en consolidación de la paz en Colombia, por ello el mandatario salvadoreño, Salvador Sánchez Ceren, felicitó al Presidente Santos por su tenacidad para buscar la paz y recordó que solo mediante el diálogo se puso a fin la guerra en su país.
“Me complace anunciar que hemos recibido invitación oficial de Naciones Unidas para proponer personas que tuvieran experiencia el proceso de paz en El Salvador, para que colaboren con el proceso de consolidación de la paz en Colombia”, dijo Sánchez Cerén quien manifestó su total disposición para ayudar a Colombia en la consecución de la paz.
“Lo haremos con mucho honor pues ya habíamos mostrado nuestro interés por colaborar en la realización de ese sueño de los colombianos”, afirmó al Presidente de El Salvador Sánchez Ceret quien destacó del su colega colombiano: “su tenacidad por alcanzar la paz en Colombia. Cuente con nuestro respaldo”.
Foto Revista Semana.- Las bancadas de la Unidad Nacional salieron al paso a la propuesta de una moción de censura contra el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas por la venta de Isagen.
Cerca de 10 horas de duración tuvo la plenaria del Senado y fue el escenario para que el Centro Democrático y el Polo Democrático Alternativo criticaran la decisión del Gobierno Nacional de vender este patrimonio estatal y pedir la cabeza del Ministro Cárdenas Santamaría.
El senador Ernesto Macías, a nombre del Centro Democrático, centró su debate en torno a varios episodios de la vida pública del ministro; en los negocios con el Estado de su hermano, Jorge Hernán Cárdenas, y lo acusó de haberse hecho el sordo ante las advertencias de diferentes sectores del país sobre que dicha venta fue “un gran error”.
El senador Jorge Robledo, del Polo Democrático Alternativo, aseguró que la venta de Isagén fue “un torcido”, que implicó un acuerdo entre el Gobierno y las dos firmas que anunciaron su participación en la subasta (la canadiense Brookfield y la chilena Colbún, que finalmente se retiró), para “defraudar el patrimonio público”.
Hubo una cerrada defensa del Ministro de Hacienda por parte de varios congresantes. El primero en hacerlo fue su partido, el Conservador, cuya vocería estuvo en cabeza del senador nariñense Eduardo Enríquez Maya, quien desvirtuó varios de los argumentos de los citantes del debate de moción de censura.
Enríquez Maya afirmó que a la subasta de Isagén fueron “invitadas 95 empresas”, se presentaron 17, cumplieron con los requisitos 8, se inscribieron 3 “y llegaron al final 2”. Esta explicación del senador conservador desvirtuó la afirmación de que la subasta se realizó con un solo proponente.
Igualmente, el congresista afirmó que el proceso para la venta de la generadora de energía “comenzó en el 2009” –al final de los gobiernos del expresidente Álvaro Uribe- y recordó que los recursos de ese negocio irán para construir vías. “Vender las acciones de Isagén para ponernos a tono con el mundo no es mal negocio”, dijo.
El senador Ángel Custodio Cabrera, quien tomó la vocería del partido de ‘la U’, afirmó que “todos los colombianos ganan con ese negocio”. “La venta de Isagén ha molestado a mucha gente desde el punto de vista político, pero con la cifras han engañado políticamente”, afirmó el congresista.
Horacio Serpa, codirector del Partido Liberal, anunció que la bancada de su colectividad votará en contra de la moción de censura y dijo que los únicos tres senadores que “no participaron de esa decisión" fueron Sofía Gaviria, Viviane Morales y Javier Álvarez.
“Nuestro partido tuvo una posición ampliamente mayoritaria en contra de la venta (…), lo que pasa es que la mayoría de los miembros del Senado y de la Dirección de la colectividad no consideramos que esa circunstancia sea suficiente para justificar la moción de censura al señor Ministro de Hacienda”, afirmó Serpa.
En su defensa, Cárdenas dijo que el negocio fue “pensando y estructurado, y no se hizo por capricho”. También recordó que desde 2007, cuando Álvaro Uribe era presidente, en un consejo de ministros se acordó enajenar varios activos del Estado para financiar obras de infraestructura y que el mismo FMI calificó la venta como “oportuna”. “Quienes critican se están oponiendo al desarrollo”.
“Mi única función y objetivo como Ministro de Hacienda es cumplirle a Colombia y tomar las decisiones correctas (…) No me estoy guiando por motivaciones personales o políticas”, afirmó Cárdenas.
El Presidente Luis Fernando Velasco invitará a la votación de esa moción de censura el miércoles de la próxima semana.
Así las cosas como sucedieron en la plenaria, las mayorías representadas en la bancada de la Unidad Nacional votarán negativamente la moción contra el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas y las fuerzas minoritarias dejarán constancia con su voto.
El gran ganador: la Democracia.
Guatemala y Colombia afianzarán "cooperación económica, de seguridad y paz”, dijo el presidente de Colombia, en la primera escala de su gira Guatemala, que lo llevará luego a El Salvador y Honduras.
El presidente Juan Manuel Santos, hizo referencia a este aspecto desde su primer acto público en su visita oficial a Guatemala, un desayuno empresarial con inversores de su país y también locales que buscaban fomentar las inversiones mutuas.
En su disertación, Santos recordó que tener una economía sólida es una condición fundamental para desarrollar cualquier política pública y así poder combatir problemas sociales como la inseguridad o la pobreza, pero para ello, advirtió, hay que estimular un crecimiento económico "sano".
Colombia, el cuarto inversionista más importante en Guatemala, desea profundizar esta senda, según Santos, para lo que él mismo propondrá a los otros miembros de la Alianza del Pacífico -Perú, Chile y México- la integración gradual de Guatemala.
Todo esto, junto con el Tratado de Libre Comercio que Colombia firmó con los países del Triángulo Norte de Centroamérica en 2007, ayudará a aumentar el comercio entre ambos países, que en 2015 alcanzó los 438 millones de dólares.
La seguridad es otra materia en la que Guatemala y Colombia colaborarán. Desde la llegada de Santos al Gobierno en el año 2010, más de 3.000 agentes guatemaltecos fueron entrenados en las fuerzas armadas colombianas y el mandatario indicó que continuarán porque la lucha contra el crimen organizado requiere afrontarlo de esta forma: "cooperando a nivel internacional".
En este mismo sentido, Santos anunció la asistencia de su país para buscar la institucionalización de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, porque "se requiere de una policía fuerte para que sea más efectiva" en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Precisamente las drogas, a las que se les declaró la guerra a nivel mundial hace más de 40 años, continúan siendo una problemática, contó Santos, quien abogó por "cambiar el énfasis y el enfoque para ser más efectivos" y centrarse no solo en el aspecto punitivo.
"Tenemos la obligación de sentarnos a preguntarnos cómo lo podemos hacer mejor", manifestó Santos, aunque apuntó que no se trata de hablar de la legalización de las drogas, sino de hacer "enfoques más efectivos y más flexibles a nivel mundial".
El presidente guatemalteco, Jimmy Morales, dispuesto a profundizar en seguridad y en las relaciones económicas, no dudó en ofrecer el apoyo de su país al proceso de paz que vive Colombia, algo que Santos agradeció y a lo que respondió proponiendo a Guatemala la experiencia adquirida durante el Plan Colombia.
Este programa, ideado con la ayuda de EEUU para luchar contra el narcotráfico y la guerrilla, también puede servir de experiencia para la implementación del plan Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte de Centroamérica, por su "componente social", aseguró Morales.
"En la lucha contra el crimen organizado, contra la inseguridad, tiene que haber también un componente social para ser más efectivos", enfatizó el presidente y añadió: "Hay experiencias que pueden ser muy útiles". Antes de continuar con su gira por Centroamérica, que lo llevará a El Salvador y Honduras, Santos impartirá en Guatemala una conferencia sobre el proceso de paz en su país.
No obstante los avances para lograr la paz en Colombia, ahora con el inicio de los diálogos entre el Gobierno y el ELN, hay preocupación en muchos sectores de la sociedad colombiana, por el rearme paramilitar en muchas regiones del país, que pueden complicar, no sólo la firma del fin del conflicto, sino restablecer la violencia de nuevo en las regiones.
Las iglesias, que hacen parte de Redipaz y la Organización Nacional Indígena, llamaron la atención al resaltar su preocupación por el aumento de la presencia paramilitar en varias regiones del país, que atentan contra los movimientos sociales y la construcción de la paz, que viene llevando a cabo el Gobierno del Presidente Santos con dos grupos insurgentes: Farc y ELN.
“Vemos con preocupación que la búsqueda de la paz está siendo amenazada por la creciente presencia paramilitar en amplias regiones de Colombia y por los crímenes cometidos contra personas que hacen parte de los movimientos sociales”, dice la Iglesia en un comunicado.
En el texto de siete puntos, la agremiación hace “un llamado al gobierno de Colombia para buscar salidas efectivas que permitan resolver esta amenaza, que afecta a las comunidades en los territorios, como también a quienes trabajan por la construcción de la paz”.
Destacaron que “se trata solo de un comienzo, un comienzo significa la formulación de los pasos que se van a dar de ahí en adelante, no se puede pensar que todo quede resuelto ya con la formulación inicial, es obvio que falta algo porque hasta ahora se está empezando”, dijo a la cadena radial RCN Radio, Monseñor Luis Augusto Castro, Presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana.
En la misiva dirigida al Presidente Juan Manuel Santos, la iglesia pide la necesidad de implementar estrategias que permitan el acuerdo del cese bilateral al fuego y exhorta a las partes para que el fin de los diálogos, tanto con las Farc como con el ELN, no terminen simultáneamente, ya que así no se respetarían las características de cada negociación y quedarían en duda temas como la firma de un cese bilateral al fuego, la firma de un acuerdo final o los mecanismos que se adopten para la refrendación de los acuerdos.
“El Gobierno y el ELN deberían disponerse a la construcción de formulas creativas, que posibiliten el acuerdo de un cese bilateral al fuego. Continuar con la confrontación armada generará más pérdidas de vidas que por decisión de las partes se pueden evitar. Asimismo generaría un ambiente de distensión para el desarrollo de la importante agenda acordada”, agregó Monseñor Luis Augusto Castro.
Indígenas Denuncian
Por otra parte el Consejero Mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia y vocero de la Cumbre Agraria, Luis Fernando Arias, denunció que el paramilitarismo ha tomado varias regiones del país, entre ellas el Chocó. De acuerdo con Arias, los grupos armados ilegales también han tomado el control de las principales vías de Quimbo – Medellín y Quimbo – Pereira.
“Regiones como el norte del Chocó, Urabá, Córdoba, en este momento, están siendo controladas por los grupos paramilitares y eso es una situación supremamente grave, es decir, lo que se conoce como las ‘Águilas Negras’, los ‘Urabeños’, los ‘Gaitanistas, los ejércitos anti-restitución, hacen parte de toda esta estrategia de reparamilitarización de los territorios” aseguró el líder indígena.
Aseguró que el paramilitarismo representa una amenaza para la construcción de la paz en Colombia.
Redacción Ecos. Foto El País América.- El Senador y Ex Presidente Álvaro Uribe Vélez convocó una marcha con la excusa de protestar a la Administración Santos, pero con un tema en específico, el rechazo del proceso de paz, en momentos en los que un acuerdo para poner fin al conflicto armado, está a punto de materializarse, gracias a los esfuerzos del Gobierno colombiano y la FARC- EP.
Este evento contó con la asistencia disciplinada de toda la bancada parlamentaria y demás representantes del Centro Democrático y la participación de algunos miles de seguidores, en varias ciudades del país.
Los corresponsales extranjeros, como el País, reportan que la movilización, preparada desde febrero y que se esperaba masiva, muestra la polarización política que existe en el país. Un proceso político tremendamente costoso para Colombia, porque implica que la opinión pública, los grupos, las personas, pueden estar divididos en extremos opuestos.
La imposibilidad de un consenso o de un disenso racional es un peligroso componente para un escenario político que aún resiste el peso del más antiguo conflicto armado y ha vivido fallidos intentos de su superación.
Indudablemente, el Centro Democrático, organización política signada por el polémico carisma de su líder fundador y principal figura, no posee ni los liderazgos ni la maquinaria para generar una movilización masiva. Prueba de esta afirmación es el balance de las elecciones territoriales, el Centro Democrático no logró concretar respaldo en todos los municipios, ni siquiera en los emblemáticos espacios donde Uribe tuvo importante participación política en el pasado.
Afortunadamente la democracia aúpa estos eventos. Porque ciertamente las cualidades que debe poseer una democracia real y verdadera, pluralismo y equidad, en Colombia aún son aspiraciones, pero, en su imperfección, hace posible que los grupos políticos se expresen, como hoy lo hizo el Centro Democrático.
Es innegable la magnitud del desafío del proceso de paz en Colombia, no sólo para la firma del acuerdo, que ya implicaba tener a los actores históricos antagónicos, frente a frente, en una mesa de negociación, con los observadores internacionales y los garantes del proceso, sino por su etapa posterior, el Postconflicto, que implica, en grandes rasgos, reeducar al país entero a vivir en paz, a reconciliarse, a integrar los actores del conflicto en la generosa diversidad humana que es Colombia.
Los procesos humanos como los políticos jamás serán perfectos. Pero la intención de crear la posibilidad de una Colombia con una paz perfectible, debería ser la misión actual de todos sus líderes y dirigentes.
Los escenarios de la democracia orientados a parlamentar las diferencias y defender las posiciones contrarias a sus tesis políticas o intereses partidistas, son los espacios que deben utilizar sus líderes para definir sus antagonismos.
Calentar la calle es una estrategia útil para hacerse visible, para alentar la polarización, pero que no afectará al acuerdo de paz, pero si puede suponer un alto riesgo para el postconflicto.