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En medio de un Paro Nacional y en el período más delicado de las negociaciones de La Habana, Colombia se enfrenta, de nuevo, a la contingencia limítrofe con Nicaragua.
La Corte Internacional de La Haya se declaró competente para dirimir una disputa marítima entre Colombia y Nicaragua en torno a límites fijados por el propio tribunal en una sentencia de noviembre de 2012. El alto tribunal de la ONU tomó esta decisión por 14 votos contra 2, y decidió rechazar las cinco excepciones preliminares que Colombia había planteado para que la corte se declarase no competente en el caso.
El Presidente de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Ronny Abraham, leyó la sentencia y dijo que tres de las excepciones preliminares fueron rechazadas por 15 votos contra uno y las otras dos de forma unánime.
El fallo de 2012
La decisión se refiere a la demanda del 26 de noviembre de 2013 de Managua contra Colombia, en la que pidió a la CIJ declarar que Bogotá viola su obligación de no usar o no amenazar con el uso de la fuerza, y de no violar las zonas marítimas nicaragüenses delimitadas por la Corte el 19 de noviembre de 2012, así como sus derechos soberanos y su jurisdicción sobre estas zonas.
La corte definió la frontera marítima única entre la plataforma continental y las zonas económicas exclusivas de Nicaragua y de Colombia dentro del límite de las 200 millas náuticas a partir de las líneas de base desde las cuales se mide la anchura del mar territorial de Nicaragua.
Los jueces dejaron bajo soberanía colombiana siete cayos del archipiélago de San Andrés, y a Nicaragua le otorgaron una franja marina en esa zona, que Colombia calcula en unos 75.000 kilómetros cuadrados y, el país centroamericano, en más de 90.000.
Objeciones colombianas
Colombia alegó en sus objeciones que la CIJ no era competente en este caso, porque el país andino denunció el Pacto de Bogotá por el que aceptaba la jurisdicción de la CIJ el 27 de noviembre de 2012.
El artículo 56 dice que el pacto puede ser denunciado mediante aviso anticipado de un año, transcurrido el cual cesará en sus efectos, pero Colombia sostiene que la renuncia tuvo "efecto inmediato" ante la iniciación de nuevos procedimientos en su contra.
La CIJ se declaró también competente para juzgar la segunda demanda interpuesta contra Colombia, en la que Nicaragua pidió al tribunal que le reconozca los derechos sobre una plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas desde su costa.
La posición de Santos
Ante la decisión de La Corte Internacional de Justicia sobre su competencia para conocer de dos nuevas demandas presentadas por Nicaragua contra Colombia en el año 2013, a pesar de que Colombia se retiró definitivamente de la jurisdicción de la Corte en noviembre de 2012, el Presidente Juan Manuel Santos, fue severo y de manera tajante se opuso a la decisión de ese alto tribunal internacional, tras señalar: “la Corte NO podía volver a conocer de un tema sobre el cual ya había fallado”.
No obstante, el tribunal internacional –en un empate pocas veces visto en la Corte– se declaró competente para tramitar esta demanda.
“En este pronunciamiento –que es de forma– la Corte de La Haya ha incurrido en unas contradicciones de fondo: Primero, no respetó su propia sentencia del año 2012. Segundo, desconoció su Estatuto, que le indica que no puede reabrir un caso ya cerrado. Y tercero, pretende aplicar a Colombia un tratado del que NO hacemos parte, como es la Convención del Mar”, puntualizó el Presidente Santos.
“Por lo mismo –y frente a tales contradicciones–, he decidido que Colombia NO seguirá compareciendo, en este asunto, ante la Corte Internacional de Justicia”.
“He tomado esta determinación luego de un profundo análisis y diálogo con los expertos que hacen parte del equipo de defensa de Colombia y luego de haber escuchado a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores y a los sectores políticos”, informó el jefe de estado colombiano.
“Tenemos claro que –cualquiera que sea el resultado final– los límites marítimos de nuestro país sólo pueden ser establecidos o modificados mediante un tratado internacional, como lo dispone el Artículo 101 de nuestra Constitución, y como lo ha dicho nuestra Corte Constitucional en reiteradas ocasiones”.
Los temas bilaterales entre Nicaragua y Colombia NO van a seguir sujetos a la decisión de un tercero y deberán abordarse mediante negociaciones directas entre las partes, de conformidad con el derecho internacional.
“Colombia respeta el derecho, pero exige también respeto al derecho, y eso es lo que NO ha ocurrido hoy. Los colombianos pueden estar tranquilos de que Colombia preservará hasta el último centímetro de nuestro territorio”.
“Invito a los colombianos –a todos sin excepción, de todos los sectores políticos y ciudadanos– a unirnos y hacer un frente común, firme, inquebrantable, para proteger los más altos intereses de Colombia en nuestro mar Caribe” señaló el Presidente Santos al terminar su intervención.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, que se celebra cada 21 de marzo, el Ministerio del Interior de Colombia informó los casos registrados, en el año 2015, a nivel nacional, que el Observatorio contra la Discriminación y Racismo estudió.
Es interesante recordar que el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, se celebra el 21 de marzo, porque, en 1960, la policía abrió fuego y mató a 69 personas en una manifestación pacífica, contra las leyes de pases del apartheid, que se realizaba en Sharpeville, Sudáfrica.
Al proclamar el Día en 1966, la Asamblea General de la ONU instó a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos para eliminar todas las formas de discriminación racial y xenofobia.
En Colombia, en este sentido, se registraron 41 casos de discriminación racial reportados, ocurridos en el territorio nacional y dos en el exterior. El 50% de los casos fueron en Bogotá, el 14% en Cartagena, el 7% en el exterior, y el 29% en el resto del país.
El 64% de los casos de discriminación aún se encuentran en proceso en la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo u otras instancias competentes; y el 36% restante se encuentran con fallo de Juzgado, conciliación o archivo por no cubrir parámetros ley 1482 de 2011, que garantiza la protección de los derechos de una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo, que son vulnerados a través de actos de racismo o discriminación.
El 17% de los casos están dirigidos hacia mujeres y el 69% hacia hombres, el 2% a población afro LGBTI y el 12% a grupos que incluyen a la vez a hombres y mujeres.
La Viceministra del Interior para la Participación e Igualdad de Derechos, Carmen Inés Vásquez, indicó que se espera que la Fiscalía General de la Nación entregue, en el segundo semestre de 2016, resultados concretos frente a los casos reportados desde el Observatorio contra la Discriminación Racial, de los recibidos directamente, o de los iniciados de oficio por el ente acusador, los cuales se encuentran en la etapa de indagación y recopilación de elementos materiales probatorios para proceder, si así se determina, a la etapa de investigación y posterior juicio.
Vásquez invitó a todos los colombianos a denunciar, con las pruebas correspondientes, los casos de discriminación racial y racismo, ante las Direccionales Nacionales Seccionales y Unidades de Recepción Inmediata- URI, de la Fiscalía General de la Nación; la Personería; la Defensoría del Pueblo; la Procuraduría; la Contraloría; el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en los casos de Discriminación a menores; las Comisarias de Familia y la Policía Nacional.
De la misma manera, convocó a todos a participar en la campaña “+IGUALDAD –DISCRIMINACIÖN” que permita la reflexión y promoción de derechos de todas las etnias que cohabitan en el país.
Anunció, además la Viceministra, que avanza el diseño y aplicación de la Encuesta Nacional de Discriminación, datos requeridos para diseñar una política pública que contribuya a la prevención de este complejo problema social, en el marco de los DDHH.
Asimismo, informó que las personas que requieran asesoría por parte del Observatorio Contra las Discriminación, pueden solicitarla a través del email:
WEF.-Científicos, líderes gubernamentales, empresarios, activistas sociales y artistas de menos de 40 años que transforman la política, sociedad y el mundo alrededor de ellos, fueron presentados este miércoles como los 121 Jóvenes Líderes Globales 2016 del Foro Económico Mundial, de ellos siete de América Latina. Más de la mitad son mujeres y de economías emergentes.
“Todos ellos representan lo mejor de esta generación y mientras los servicios públicos alrededor del mundo enfrentan recortes, estos jóvenes enfatizan la necesidad de que los futuros líderes sean expertos en tecnología e innovadores civiles”, según el organismo.
La organización escogió líderes por región: Asia Pacífico, Eurasia, Europa, China Continental, Latinoamérica, Medio Oriente y el norte de África, Norte América, Asia del sur, y la región Subsahariana de África.
Entre los designados destacan Amal Alamuddin, la abogada especialista en derechos humanos, activista y escritora británica, que ha representado a clientes de alto perfil en cortes internacionales. Amal se casó en 2014 con el actor George Clooney.
Ashton Kutcher, el actor de Hollywood e inversionista en tecnología, que lanzó un laboratorio de innovación para combatir la explotación sexual de niños, es otro de los elegidos.
En América Latina, 5 mujeres y dos hombres fueron los elegidos: dos colombianos (María López Castaño, Directora de la Revista Semana Sostenible y de la División de Sostenibilidad de Publicaciones Semana y Simón Gaviria Muñoz, Director del Departamento Nacional de Planeación y Director Nacional del Partido Liberal Colombiano), dos brasileños (Carolina Rossini, Vicepresidenta de Política Internacional y Estrategia de Public Knowledge y Patricia Ellen, Directora en McKinsey & Company), una argentina (Pia Mancini, Directora Ejecutiva de la Fundación DemocracyOS), un guatemalteco (Jonathan Nathusius, Director ejecutivo en Cemaco) y una haitiana (Stephanie Villedrouin, Ministra de Turismo de Haití).
El Foro Económico Mundial informó que la clase de Jóvenes Líderes Globales 2016, acordó, en mayoría, unirse a los YGLs, una comunidad diversa cuyos integrantes trabajan en conjunto en iniciativas que benefician a la sociedad.
“Estos esfuerzos han dirigido iniciativas y negocios que buscan combatir la escasez de agua mundial, las condiciones laborales de las fábricas en países pobres, el desperdicio de comida, un sistema de salud pública pobre y las lesiones de menores”, dijo el WEF.
Los nuevos miembros de este grupo deberán trabajar en conjunto durante los próximos cinco años, para resolver algunos de los mayores desafíos del mundo.
“La tecnología está transformando la manera en que funcionan las economías globales y como se crean los empleos. Queremos que estos jóvenes sean parte de la solución y proveer una comunidad que los ayude a tener las herramientas necesarias para que puedan dirigir organizaciones civiles, privadas y públicas”, dijo John Dutton, jefe de Jóvenes Líderes Globales.
Previos ganadores de esta distinción incluyen a David Cameron, Primer Ministro de Reino Unido; Jack Ma, Director Ejecutivo del Grupo Alibaba; Marissa Mayer, directora ejecutiva de Yahoo, y Larry Page, cofundador y jefe ejecutivo de Google.
Hoy el Senado de Colombia tiene 60 días, a partir de la designación de la Comisión de Instrucción, que estará conformada por siete senadores, para que admitan o rechacen la acusación de la Cámara de Representantes contra el Magistrado Pretelt.
Prensa-Senado.- Después de 57 años, el Senado de la República asume un juicio político contra un alto dignatario del estado, esta vez, al Magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Ignacio Pretelt, con el anuncio del Presidente del Congreso, Luis Fernando Velasco, de designar la Comisión de Instrucción, que se encargará de analizar y votar el informe de la Cámara de Representantes, que le pidió al Senado declarar indigno al alto funcionario judicial, por encontrarlo responsable del delito de concusión.
Entre el 18 de agosto de 1958 y el 2 de abril de 1959, el Senado llevó a cabo un proceso judicial contra el general Gustavo Rojas Pinilla, "por corrupción, abuso de autoridad, enriquecimiento indebido e indignidad en el ejercicio del cargo", luego de haber dejado la Presidencia de la República. La decisión final de la cámara alta fue acusarlo, pero otras instancias judiciales lograron absolver al Expresidente Rojas.
Hoy el senado de Colombia tiene 60 días, a partir de la designación de la Comisión de Instrucción, que estará conformada por siete senadores, para que admitan o rechacen la acusación de la Cámara de Representantes contra el Magistrado Pretelt.
El presidente del Congreso, Luis Fernando Velasco Cháves, no descartó un acuerdo político entre todas las bancadas para la designación de los siete senadores que asumirán el caso y señaló que dichos integrantes deben tener unas características especiales, entre ellas, la de tener conocimiento en el derecho penal y además se deben elegir por el mecanismo de cociente, por parte de la plenaria.
Velasco Cháves sostuvo que buscará con los voceros de las bancadas un acuerdo para que los partidos como La U, El Liberal, El Conservador, el Centro Democrático, que tienen los suficientes votos, logren sus cuatro representantes en la Comisión de Instrucción, mientras que las otras colectividades, se deben poner de acuerdo para designar los otros tres senadores.
Para dar claridad al trámite del juicio político, el Presidente de la Corporación explicó que la Comisión de Instrucción "puede solicitar nuevas pruebas, evaluar y deliberar para decidir: recomendar a la plenaria del Senado acusar al señor magistrado porque infringió la ley penal y lo acusa ante la Corte Suprema. Si la plenaria asume esa acusación y vota afirmativamente, automáticamente es declarado indigno el señor magistrado y se aparta del cargo. Si la rechaza continua en su cargo".
Por Luis Fernando García Forero.Foto Leonardo Vargas.-Los acuerdos de la última plenaria del senado, no sólo se extendieron al avance del proceso de paz, sino que se decidió una cumbre, convocada por el presidente del senado, Luis Fernando Velasco, para que la Canciller María Ángela Holguín diera a conocer a instancias del congreso, la posición de Colombia frente a la nueva decisión que tomará la Corte Internacional de Justicia en el diferendo marítimo con Nicaragua, el próximo jueves 17 de marzo.
Pese que en la mañana de este martes, en debate en la comisión primera de la corporación, uribistas y bancada de unidad nacional polemizaron de nuevo por el proceso de paz, más directamente por el encuentro en La Guajira de varios negociadores de las Farc, no sólo con guerrilleros, sino con la población civil, las mismas bancadas, se encontraron en la tarde en un tono de conciliación, pero con otro objetivo: la defensa de la soberanía nacional por las ambiciones de Nicaragua.
La cita fue en la presidencia del senado donde además del presidente de la corporación Luis Fernando Velasco, senadores integrantes de la comisión segunda, el ex presidente Álvaro Uribe y su copartidario Alfredo Rangel, entre otros congresistas, escucharon a la canciller María Ángela Holguín, quien afirmó que la posición del Gobierno es no aceptar la competencia de La Haya en la nueva demanda presentada por ese país contra Colombia, en la que expone nuevas pretensiones sobre nuestro territorio marítimo.
“Exactamente las excepciones preliminares son eso, decirle a la Corte que no es competente y eso es lo que hemos hecho en este trabajo de año y medio y La Haya tendrá que decir si es competente o no. Vamos a ver, vamos a oír lo que dice la Corte, no es una decisión de fondo, es simplemente decir si hay o no competencia”, aseguró la ministra Holguín.
El ex presidente y senador Álvaro Uribe le insistió al Gobierno que no reconozca los fallos de la corte de La Haya en este caso. “Colombia no debe aceptar la sentencia inconsistente, ilegal y de despojo del año 2012 y Colombia no acepta que la corte, en los nuevos episodios, intente afectar los derechos del país al oriente del meridiano 82”, enfatizó el jefe del Centro Democrático.
Sobre el tema el congresista opositor del Presidente Santos, Álvaro Uribe Vélez, le presentó al Gobierno su propuesta para que por medio de una consulta popular la ciudadanía diga que el único límite que se aceptará con Nicaragua es el meridiano 82.
"Ese tratado es un embeleco. Aquí lo que se necesita es claridad para dar esa sentencia. Nosotros repetimos lo que hemos venido diciendo en los dos últimos años y medio. Colombia debería –decir que no se acepta la Corte de La Haya, que afecte cualquier derecho del país al este del meridiano 82. El único límite que Colombia debe aceptar, es el que se fijó en el año de 1930, que es el meridiano 82", destacó.
Así lo dio a conocer la Ministra de la Cancillería del Reino Unido, la Baronesa Anelay de St. Johns, quien notificó que esa decisión corresponde al compromiso de Gran Bretaña con la solución pacífica del conflicto armado en Colombia.
El aporte permite establecer que el apoyo al proceso de paz sigue sumando adeptos dentro de otras naciones: “somos fuertes y orgullosos partidarios del proceso de paz y elogiamos el progreso que se ha hecho para alcanzar un acuerdo sostenible. Colombia ya está disfrutando del periodo más pacífico en más de una generación”, aseguró la Ministra de la Cancillería de Reino Unido, Anelay de St. Johns.
Dichos recursos del Reino Unido se distribuyen: 4,2 millones de libras esterlinas al Fondo Multidonante de las Naciones Unidas. Además el Reino Unido contribuye con 1,5 millones de euros al Fondo para el Posconflicto de la Unión Europea.
Así mismo habrá inversiones por más de 5 millones de libras esterlinas que el Reino Unido liderará en proyectos para apoyar la planeación del posconflicto, especialmente en seguridad y justicia.
Por su parte, el Ministro Consejero del Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad, Rafael Pardo, agradeció a la Baronesa por el apoyo financiero que el Reino Unido le dará a Colombia de cara a la paz y, además, por su apoyo en su posición en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para ayudar a la consecución de la Resolución en donde se ordena la misión de verificación de las Naciones Unidas para un eventual cese al fuego bilateral y definitivo en Colombia.
“Gran Bretaña cuenta con un gran recorrido en la paz mundial. También representa un caso de éxito al haber liderado de manera exitosa un proceso de paz en Irlanda de Norte. De esta manera su experiencia será un gran apoyo para la paz en Colombia”, advirtió el Ministro del Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad, Rafael Pardo.
La Presidenta del Polo Democrático Alternativo, Clara López, le pidió a la Corte Constitucional declarar excequible la ley estatutaria que convoca a un plebiscito para lograr el fin del conflicto en Colombia.
“La razón es muy sencilla”, enfatizó López Obregón: la “refrendación no se requiere para la validez de los acuerdos sino para su obligatoriedad como política de Estado”.
Aun cuando la mesa de La Habana puede o no determinar que sea el plebiscito u otro de los mecanismos previstos en la Constitución para la refrendación de los acuerdos, López Obregón precisa que con esta Ley Estatutaria que está bajo examen de la Corte Constitucional, se establece un blindaje especial para el cumplimiento de los acuerdos de paz.
Expresa en su escrito López Obregón que la ley estatutaria ordena en su artículo 3º que la decisión de la votación popular “tendrá un carácter vinculante para efectos del desarrollo constitucional y legal del Acuerdo”.
Anexamos el documento que la Presidenta del Polo Democrático, Clara López Obregón, radicó sobre el tema a la Corte Costitucional:
Bogotá, 11 de marzo de 2016
H Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Ponente P. L. E. del Plebiscito
CORTE CONSTITUCIONAL
Ciudad.
Ref. Participación ciudadana a favor de la constitucionalidad de la Ley Estatutaria que regula el Plebiscito para la Paz
Honorable Magistrado:
CLARA LÓPEZ OBREGÓN, identificada como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de ciudadana y presidenta del Partido POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO, partido que formalmente ha declarado su oposición al Gobierno del Presidente JUAN MANUEL SANTOS, pero no obstante apoya los diálogos de paz por este emprendidos para ponerle fin al conflicto armado mediante la negociación, atiendo su llamado a presentar ante la Corte Constitucional intervención ciudadana, en mi caso, a favor de la exequibilidad del proyecto de ley estatutaria que regula el plebiscito como posible mecanismo de refrendación del Acuerdo Final para la terminación del conflicto que se firme con la insurgencia armada de las FARC en La Habana, Cuba.
Me animo a ello por la muy publicitada polémica pública originada en los conceptos rendidos ante la Corte por los señores Fiscal General de la Nación y Contralor General de la República y la respuesta ofrecida por el señor Presidente de la República. Argumentan los primeros que el plebiscito es innecesario por cuanto el Presidente cuenta con las facultades para firmar acuerdos de paz y que siendo la paz un derecho y un deber de todos, someter los acuerdos a refrendación popular no sólo sería inocuo sino inconstitucional. Por su parte el señor Presidente de la República responde que, si bien es cierto que el Presidente tiene las facultades para suscribir los acuerdos de paz, le prometió “al pueblo colombiano que sería él el que tendría la última palabra sobre los acuerdos de paz”.
Con el respeto que merecen tan serios argumentos, la realidad es que la refrendación está contemplada dentro del Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradero, suscrito el 26 de agosto de 2012 por los plenipotenciarios del Gobierno Nacional, en uso de las facultades constitucionales que recuerdan el señor Fiscal y el señor Contralor. En efecto, el punto 6 de la agenda detallada en dicho Acuerdo sobre Implementación, verificación y refrendación, en su numeral 6º, contempla como tema a acordar el Mecanismo de refrendación de los acuerdos. La razón es muy sencilla. La refrendación no se requiere para la validez de los acuerdos sino para su obligatoriedad como política de Estado.
En consecuencia y como primera consideración a tener en cuenta, la habilitación de un mecanismo de refrendación idóneo para darle cumplimiento a los acuerdos que se concreten se hace necesaria no solo por la promesa presidencial sino por la palabra empeñada, conforme a las atribuciones presidenciales, en el acuerdo que dio inicio a la mesa de conversaciones de La Habana. Además de no tratarse de materia de disponible, el mecanismo de refrendación cumple la función primordial de conferirle obligatoriedad, de ser aprobado, al contenido de los acuerdos para todos los órganos del Estado, para la insurgencia y para la sociedad en su conjunto. Es así como el Congreso y el Ejecutivo en su implementación por medio normas constitucionales, legales y actos administrativas, así como la Rama Judicial en sus atribuciones sobre la materia, quedarían vinculados a guardar fidelidad a lo convenido en el acuerdo que le ponga fin al conflicto armado.
La Constitución, en su artículo 103, ofrece varios mecanismos de participación ciudadana dentro de los cuales se encuentran el plebiscito, el referendo y la consulta popular. De otra parte, el artículo 374 contempla el referendo y la asamblea constituyente como instrumentos para reformar la Constitución. El Congreso de la República y el Gobierno Nacional han optado, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, por la habilitación de un plebiscito de carácter especial “para la refrendación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” (P.L.E. 156 de 2015 Cámara, 94 de 2015 Senado).
Aun cuando la mesa de La Habana puede o no determinar que sea este u otro de los mecanismos previstos en la Constitución para la refrendación de los acuerdos, con la Ley Estatutaria bajo examen se establece un blindaje especial para el cumplimiento de los acuerdos a que se llegue en La Habana. Ello es así porque el proyecto de ley estatutaria ordena en su artículo 3º que la decisión de la votación popular “tendrá un carácter vinculante para efectos del desarrollo constitucional y legal del Acuerdo.” Y prosigue: “En consecuencia, el Congreso, el Presidente de la República y los demás órganos, instituciones y funcionarios de Estado, dentro de la órbita de sus respectivas competencias, dictarán las disposiciones que les correspondan para acatar el mandato proveniente del veredicto del pueblo expresado en las urnas.”
Sobre el particular cabe aclarar que el plebiscito no introduce reforma constitucional alguna, sino que ofrece al constituyente primario la decisión sobre el marco dentro del cual el Congreso deberá ejercer su poder constituyente derivado para dar cumplimiento a los acuerdos de La Habana.
En tercer lugar, la firma del Acuerdo de La Habana no es suficiente para la realización material del derecho deber a la paz. Estampadas las firmas de las partes queda la enorme tarea de la implementación y aplicación de las cláusulas acordadas y la tarea de traducirlas en normas que guarden fidelidad al texto y a la finalidad de los acuerdos, convertidos por ministerio de la aprobación del voto popular en marco de obligatorio acatamiento.
Finalmente, debe mencionarse que la atribución constitucional del Congreso (Art. 152, literal d.) para regular las instituciones y mecanismos de participación ciudadana no se agotó con la expedición de la Ley 134 de 1994. Cuando las necesidades lo exigen, el Congreso puede modificar los contenidos como de hecho lo hizo al modificar la regulación de la revocatoria del mandato mediante Ley 741 de 2002. En esta oportunidad, el Congreso optó por reemplazar los incentivos perversos hacia la abstención de la Ley 134 de 1994 al disponer un requisito equivalente, pero por la positiva para estimular la participación ciudadana en el plebiscito para la paz bajo estudio. Ese es el sentido del numeral 3º del artículo 2º que no reduce, sino que reemplaza el umbral de votación necesaria para que pase el plebiscito.
En atención a las anteriores consideraciones, presento esta intervención ciudadana en favor de la exequibilidad del proyecto de ley estatutaria 156 de 2015 Cámara, 94 de 2015 Senado.
Atentamente,
CLARA LÓPEZ OBREGÓN
C.C No. 41.481.937 de Bogotá
Prensa Senado.-Una histórica sesión enmarcó la plenaria del senado del pasado 8 de marzo, donde el Congreso no sólo dio un paso fundamental para viabilizar el avance del proceso de paz en Colombia, al aprobar la reforma de la ley de orden público, sino, que permitió un Acuerdo Político, entre todas las bancadas, incluyendo al Centro Democrático, y que permite el avance de la reconciliación entre los colombianos.
Ocho horas de deliberación y discusión con altura política e ideológica, llenaron el recinto de ideas en torno al tema que mueve a los colombianos en los últimos años: la paz. Una sesión que permitió demostrarle a quienes han optado por las armas, que ese no es el camino, sino que deben reivindicarse con la sociedad buscando a través de la democracia, de los votos, lo que decidieron escoger por la vía armada en la lucha por el poder.
Uno de los artífices de lograr el Acuerdo Político para establecer las zonas de concentración con el objeto que la guerrilla se desmovilice, entregue las armas y permita que el jefe de Estado levante las órdenes de captura, insertadas en el proyecto de Orden Público, fue el presidente del senado Luis Fernando Velasco. Días antes, el alto dignatario del congreso, tuvo encuentros con voceros del Centro Democrático, logrando el consenso político y normativo que solo le falta la firma del Presidente Santos.
En la Oficina de información y Presa del Senado, hemos querido resaltar los principales aspectos de las disertaciones de los voceros de los Partidos Políticos representados en la corporación, que dieron muestra que la democracia en Colombia está por encima de cualquier fuerza ilegítima que quiera acabar con la voluntad popular.
El ponente del proyecto de ley fue el senador Roosvelt Rodríguez, quien en una exposición clarividente, política y jurídica, presentó a sus colegas un informe pormenorizado de los alcances de esa iniciativa gubernamental donde señaló: “establecer la temporalidad y funcionamiento de las zonas de concentración, se convierte en la columna vertebral de la ley de orden público”.
En su intervención como vocera de la Alianza Verde, la senadora Claudia López explicó que esta ley no es para crear: “una zona de despeje; si no una zona delimitada y específica para iniciar el desarme de las FARC. Tantas veces hemos protestado en contra de la violencia, hemos dicho ¡No a las FARC!, ahora que estamos a punto de lograr la desaparición de esta organización no es momento de dudar. Es fundamental autorizar estas facultades”.
Resaltó que las zonas de concentración no podrán estar en áreas urbanas, que estas no podrán ser establecidas en regiones fronterizas, que las armas entregadas por las FARC tendrán que ser destruidas y que el proceso de verificación del desarme estará únicamente a cargo de organismos internacionales.
El jefe del Partido Liberal, senador Horacio Serpa, quien formó parte de la comisión interpartidista, destacó la decisión y aporte del partido de oposición Centro Democrático de participar en el Acuerdo y dijo que el liberalismo sigue y seguirá apoyando iniciativas que conlleven a una paz por la vía política, como lo está haciendo el actual gobierno donde ha avanzado por lograr ese propósito como ningún otro lo había hecho.
Acuerdos en el desacuerdo
El senador del Partido de la U Roy Barreras fue certero en señalar que la aprobación de la iniciativa y el acuerdo deja varios mensajes: “no sólo que la paz avanza y será una realidad pronto, sino que puede haber acuerdos en el desacuerdo y diálogo entre los partidos a pesar de las diferencias. Es hora de bajarle a la polarización la irritación y construir país entre todos”.
El senador del partido conservador Hernán Andrade, resaltó que la colectividad a la que representa ha estado y sigue apoyando la apuesta por la paz en Colombia. “El Partido se mantiene fiel y firme en la búsqueda de la paz. El rumbo nuestro es la paz”, anotó Andrade.
Se refirió a lo que se aprobó y dijo que las zonas de concentración serán “temporales y no para que lleven carros robados, ni para que produzcan coca, ni para delinquir, sino para producir en un tiempo breve y preciso, el desarme del grupo subversivo más asesino en la historia política de Colombia. Para eso son esas zonas de ubicación”, destacó el senador huilense Hernán Andrade.
El partido opositor Polo Democrático Alternativo, que ha apoyado el proceso de paz del Gobierno, se sumó al apoyo de la iniciativa y del Acuerdo político que se consolidó en la plenaria de la corporación.
La paz social
Alexander López, Vicepresidente del Senado, a nombre de esa colectividad de la izquierda democrática dijo que los alcances del proceso de negociación con las Farc, van a posibilitar que el país empiece a mirar de otra manera.
Señaló que para el Polo es muy complicado entregar facultades al Presidente de la República, pero destacó el apoyo al Acuerdo y a esa iniciativa, porque la colectividad que representa quiere que las nuevas generaciones tengan la posibilidad de resolver otros problemas y preocupaciones, distintas a la guerra.
“Las nuevas generaciones quieren apostarle al país en una forma diferente al que hemos vivido en estos 60 años: un sistema de salud que garantice la vida de los colombianos. Que los niños y niñas puedan acceder al sistema educativo sin ningún tipo de restricción, que los niños de La Guajira y del territorio nacional no se mueran por desnutrición, todas esas falencias, entre otras, causadas por el modelo económico”.
Para el senador Alexander López “nos falta discutir es la otra paz: la social; la que tenemos que deliberar en este recinto para solucionar las necesidades básicas e insatisfechas de millones de colombianos”.
El senador Carlos Fernando Motoa, Cambio Radical, expresó que este es un paso necesario para poder avanzar en los diálogos y en la concreción de la paz: “sino tenemos donde ubicar a los miembros de la guerrilla de las Farc difícilmente vamos a generar la dejación de armas y culminar este proceso que ya lleva tres años en discusión”. Sostuvo que Cambio Radical acompañará este tema al máximo con el anuncio del Gobierno que esas zonas de concentración van a tener la verificación internacional, “esto da tranquilidad al país, al Congreso de la República y se elimina esa zozobra de repetir historias como las que se vivieron en el Caguan”.
Para que Farc no sigan delinquiendo
El expresidente y senador Álvaro Uribe explicó los motivos por los cuales su bancada decidió apoyar la iniciativa.
“Encontramos aspectos positivos en el proyecto. “No es el afán nuestro, como algunos lo dicen, de buscar excusas para cabalgar en el proceso de La Habana” , anotó y agregó: “entenderán ustedes senadores que, en mi caso, las circunstancias de la edad y del recorrido de la vida, van reduciendo las pasiones y aumentando el cuidado para incurrir en la menor subjetividad”.
Dijo que “si las Farc entran en esas zonas con vigilancia nacional e internacional, el respeto al Estado de Derecho, el compromiso de no delinquir más, creo que le queda a las autoridades más fácil saber que los delitos que se cometen por fuera de esa zona no son imputables a las Farc”.
El máximo crítico del proceso, senador Álvaro Uribe, fue claro en señalar ante sus colegas: “nosotros hemos dicho que la circunstancia de que estén armados allí, desde que haya buena voluntad con el proceso y desde que cumpla con todo el cese de actividades criminales, nosotros la aceptamos. Nosotros creemos que la condición para avanzar en el proceso tiene que ser el cese de actividades criminales y la entrega de armas tiene que ser un puerto de llegada del proceso”.
De otra parte el senador Marco Aníbal Avirama (ASI), señaló que el partido apoyó la iniciativa para que se avance en la terminación del conflicto y agregó que es importante “que los combatientes a los que se les llama ‘rasos’ puedan tener la oportunidad de beneficiarse de esta Ley”.
Respecto a las zonas de concentración indicó que, si se va a elegir algún asentamiento indígena, se debe consultar y acordar con los pueblos indígenas pues “no queremos que los sitios de concentración sean un problema durante y después del tiempo establecido”.
A su vez, el senador del partido MAIS, Evelis Andrade, resaltó que los territorios indígenas han sido de los más azotados por la violencia por su ubicación geográfica. Mencionó que se ha estudiado la posibilidad de que estos territorios hagan parte de las zonas de concentración, por lo que se “ha planteado que Argelia, en el sur del departamento del Cauca, sea una zona de territorio de discusión del proceso de paz. Ahí están los campesinos y los indígenas de acuerdo”.
Para la historia de Colombia, el senado le cumplió al país entregando herramientas políticas y jurídicas al Gobierno para que continúe con el proceso de paz. Ese hecho lo resume el presidente del congreso, Luis Fernando Velasco Chaves, en una frase: “Hicimos un ejercicio civilizado de hacer política”.
Por Luis Fernando García Forero.- Esta semana el Congreso de la República de Colombia dio un paso fundamental e histórico para impulsar el Proceso de Paz, que lidera el Presidente Juan Manuel Santos y la Cámara de Representantes fue protagonista, de lo que es ya un hito, el acuerdo interpartidario para la Reforma de la Ley de Orden Público, que faculta al jefe de estado para el establecimiento de las zonas de concentración de las guerrillas de la FARC.
Ecos Políticos, en el contexto de este evento fundamental para el futuro de Colombia, entrevistó al Presidente de la Cámara de Representantes, Alfredo Deluque Zuleta.
ECOS: El Congreso fue protagonista de un acuerdo político por y para la paz, ¿cómo lo considera?
ADL: Es un paso fundamental para el futuro de los acuerdos de paz y la implementación de ellos, el haber aprobado en el Congreso de la República no solamente esta importante ley, que va a permitir avanzar en los acuerdos sobre la zonas de concentración en La Habana, sino de la forma como lo hicimos. De una forma muy madura y mesurada, se logró un acuerdo con el Centro Democrático para apoyar esa iniciativa. Y ojalá no sea el único acuerdo, ojalá que sigamos avanzando en acuerdos por la paz con el Centro Democrático, en un tema que es importante para todo el país.
ECOS: Desde el punto de vista del ciudadano de la calle, ¿cómo y en qué aspectos fundamentales se logró ese consenso?
ADL: Se escogieron unos puntos, por ejemplo, dónde el Centro Democrático planteaba que las zonas de concentración no estuviesen en sitios urbanos, que no estuviesen en zonas de frontera, ni que existieran cultivos ilícitos, minería ilegal y otros. Esos fueron los temas que se tocaron con el Centro Democrático.
ECOS: Eso quedó dentro del acuerdo, más no dentro del articulado.
ADL: Fue un acuerdo, en el articulado quedó que no fueran zonas urbanas. Es un acuerdo que tiene toda la lógica del mundo; se darán facultades al Presidente de la República para la creación de esas zonas, se respetará eso.
ECOS: ¿Se podría llamar como un paso del Centro Democrático para aprobar el plebiscito, si la corte constitucional le da la asequibilidad a esa ley?
ADL: Esperemos que estemos todos en la misma línea de la paz. El acuerdo logrado ayer es una ventaja para el país. En la medida que el Centro Democrático pueda lograr acuerdos de ese tipo por la paz con la Unidad Nacional, creo que vamos a avanzar más rápido.
ECOS: La gente se pregunta si hubo una antesala antes de las sesiones plenarias de las dos corporaciones. ¿Si fue así?
ADL: No conozco ninguna antesala de ningún acuerdo antes del desarrollo de esas sesiones. Simplemente conozco las discusiones en la plenaria donde se logró ese acuerdo.
ECOS: ¿Qué sucederá, de ahora en adelante en el Congreso, con el tema del proceso de paz en Colombia?
ADL: Seguir comprometidos con el proceso y estar prestos a implementar lo que suceda en las negociaciones en La Habana.
ECOS: ¿Desde el punto de vista de las bancadas y del Partido de la U al que usted representa, como está la estrategia para el plebiscito, donde el pueblo va a definir el sí o no de lo que se firme en La Habana, para el fin del conflicto que logre la paz?
ADL: Como partido político vamos a hacer una gran campaña por la paz, porque en el plebiscito no nos vamos a conformar con el umbral, sino que tenemos que sobrepasarlo con muchos votos. El Sí por la Paz debe ser contundente y los partidos que estamos enfocados en sacar adelante el proceso de paz, que somos la mayoría en el Congreso, vamos a lograr que así suceda.
ECOS: ¿Qué viene en la agenda en la Cámara de Representantes?
ADL: Vamos a iniciar las sesiones ordinarias en donde vamos a tramitar los proyectos que nos quedaron pendientes. Hay iniciativas muy importantes, vamos a hacer un balance antes de iniciar las sesiones, para poder organizar el trabajo y, además, iniciar los debates de control político.
ECOS: ¿Qué debates?
ADL: Vamos a organizarlos con la bancadas.
ECOS: Hablando del Gobierno Santos y su gabinete, ¿cree que ya debe haber cambio de ministros?
ADL: Ese es un balance que debe hacer el Presidente Santos al interior. Creo que son necesarios esos cambios, no quiero hacer señalamientos de ministros que deban salir. Los cambios son necesarios y es un momento importante ahora cuando se avecina el proceso de paz.
ECOS: Los escándalos de corrupción no paran cada semana, ¿qué pasa? ¿Dónde está la moral de la dirigencia del país?
ADL: Hay que trabajar en todos esos aspectos con el fin de que podamos tener la confianza de los ciudadanos. Los políticos tienen un desgaste bastante importante dentro de la sociedad y cualquier intervención que hagan, en cualquier tema, es un escándalo. Creo que tenemos que cambiarlo, no con palabras, sino con hechos.
ECOS: ¿Oxigenaría la política la convocatoria de una constituyente, después del plebiscito de la paz?
ADL: Eso no oxigena la política en Colombia. El proceso de una constituyente lo que daría simplemente es que eligieran los mismos que eligen a los mismos políticos de los cuales se quejan y ahí está la raíz del proceso. Es decir, en una constituyente nadie da garantías que no sean electas las personas, por ejemplo, que los ciudadanos en las regiones no quieran que se elijan.
ECOS: ¿Ya hay acuerdo entre el Gobierno y las Farc para que no sea el 23 de marzo la firma del fin del conflicto? ¿Ese día se debiera establecer entre las partes para el cese el fuego bilateral?
ADL: Esperemos a ver qué pasa, lo que creo es que la paz hay que hacerla bien hecha y no simplemente por el afán de cumplir una fecha vayamos a faltar a los compromisos, que tenemos con el país, que es lo principal.
ECOS: ¿Las Farc han desgastado al Presidente Santos?
ADL: No, el Presidente Santos está haciendo lo que debe hacer que, a veces no es popular, pero es lo que se debe hacer.
Hoy el Pueblo de Venezuela salió a la calle. Hoy fue otro sábado de marchas. Por un lado, seguidores de la oposición y opositores de la Pesadilla Chavista salieron a exigir la renuncia de Nicolás Maduro, a sólo un mes de sus 3 años de su nefasta administración.
Por el otro, los oficialistas, en teoría, marcharon para reprocharle a Barack Obama su insistencia en mantener el decreto "injerencista contra Venezuela", con la ventaja de la presión del principal empleador, que empuja a funcionarios y a beneficiarios de las misiones sociales a asistir, además de proporcionarles transporte, comida y bebida, sin sonrojo alguno.
Al grito de “¡Renuncia, renuncia!”, miles de opositores marcharon por el municipio de Chacao (este de Caracas), mientras una multitud de chavistas tomó el centro de la capital con consignas como “¡Maduro no se va!” y “¡Yankees, go home!”.
El chavismo intenta revivir la corriente de simpatía que recorrió el país el año pasado. Al renovarse ahora el decreto de Obama, la revolución lo considera una oportunidad para subir en las encuestas que hoy les proporcionan mínimos históricos, inclusive en firmas afectas al oficialismo como Hinterlaces.
Ramos Allup, presidente del Parlamento de mayoría opositora, en un discurso que cerró la movilización de la MUD, expresó: “Venezuela no aguanta más. Imagínese tres años más de esta vaina. Cada día su fracaso es mayor en todo. Por eso queremos salir de esto de manera democrática, pacífica, electoral y constitucional”.
Cerca de la tarima, en un puesto habilitado para recoger firmas por el revocatorio, Moisés Carvallo aclaró que la oposición no tendrá inconvenientes para recoger las cuatro millones de rubricas que exige la ley para convocar la consulta.
De momento no trascendieron cifras oficiales de participación en los actos, que transcurrieron sin incidentes. Como bien lo expresa Daniel Lozano del Mundo.es de España “En los últimos tres años, ni Gobierno ni oposición consiguen llenar las calles. Como este sábado, con unos pocas miles de personas sumando las dos concentraciones”.
El país está hastiado, señala Lozano, de más de una década de marchas y bastante tiene con resolver el día a día, de cola en cola para conseguir alimentos o medicinas”
Ante lo difícil de la situación política de Venezuela, lo que sí se puede estimar como positivo es la tendencia del pueblo a buscar salidas democráticas, porque a pesar del autoritarismo populista del gobierno.
