Opinión
La energía más costosa es aquella con la que no se cuenta justo en el momento en que se requiere.
Por Amylkar D. Acosta M*. -El Gobierno no ha hecho más que recetar placebos para aparentar que está gestionando la crisis energética que el negacionismo del Ministro de Minas y Energía Andrés Camacho lo lleva a descartarla. Son varias las dosis de ellos las que se han prescrito por parte de sus más altos funcionarios. Veamos.
La Superintendencia de servicios públicos, siguiendo sus instrucciones, expidió una Circular eliminando “el cobro de conceptos no asociados a la prestación directa de los servicios públicos domiciliarios y el cobro del impuesto de alumbrado público en la factura de servicios públicos”. En mi concepto este es un sofisma de distracción, pues se trata de simular una rebaja de la tarifa, tratando de eliminar el cobro a través de la factura de energía de otros conceptos que no hacen parte de la tarifa pero sí de la factura. Y digo que es un sofisma porque por el hecho de que no se cobren y paguen el impuesto al alumbrado público o la tasa de aseo o la tasa de seguridad con la factura de energía, el usuario lo tiene que pagar por separado.
Es más, en el caso del impuesto al alumbrado público, es una Ley 352 de 2016, de la que establece que en su artículo 352, que se debe cobrar con el servicio de energía por ser un servicio anejo al mismo. Además, si no se cobra a través de la factura de energía se afecta el recaudo, poniendo en aprietos a los municipios o distritos que tercerizan la prestación de dicho servicio mediante contratos que obligan a las partes, de tal suerte que tienen que responder garantizando el pago a la empresa a cargo del mismo. Y de paso, ello repercutirá además en la calidad y cobertura de la prestación del servicio de alumbrado público, tan indispensable en las ciudades!
Peor que la Circular anterior de la Super es la otra que dispone que no se aplique la llamada “limitación de suministro” a las empresas que lleguen a ser intervenidas, que consiste en que cuando la empresa que comercializa la energía no le paga al generador que se la vende, este queda facultado para suspender el despacho de la misma. Por consiguiente ello puede abocar a las empresas generadoras a la iliquidez y a tener problemas de flujo de caja para atender sus propios compromisos que conlleva la administración, operación, la compra de combustibles en el caso de las centrales térmicas y el pago a proveedores. Ello puede dar lugar al tan temido efecto dominó, que puede conducir a un efecto sistémico, poniendo en riesgo el suministro de energía a los usuarios. Medidas como estas son la peor forma de
1 Miembro de Número de la ACCE
2 “Defender” al usuario, como aduce el Ministro de Minas y Energía Andrés Camacho, cuando sostiene que él está “del lado de los usuarios”.
Y lo decimos porque, definitivamente, la energía más costosa es aquella con la que no se cuenta justo en el momento en que se requiere. Esta es la peor señal para los agentes del mercado, pues atenta contra la seguridad jurídica y la confianza inversionista. Además, la Superintendencia de servicios públicos se está extralimitando en sus funciones, porque ello le compete a la CREG en lo regulatorio y a XM, que es la encargada de administrar el Mercado mayorista y la operación del Sistema Interconectado nacional (SIN).
Y mientras tanto el Gobierno se las apaña para comprar tiempo y dilatar la respuesta al llamado desesperado de parte de los gremios que representan a las empresas comercializadoras y a las generadoras de energía para que le gire los subsidios que les deben. No ha valido tampoco el requerimiento que le hicieron mediante un pronunciamiento conjunto la Contraloría General y la Procuraduría, advirtiéndole del riesgo de un racionamiento en la prestación del servicio.
Esa deuda, que asciende a los $2.8 billones al corte de diciembre 31 de 2024, tiene a las empresas en serios aprietos. Después varios meses después que el Ministro Camacho manifestó que ya su Despacho había hecho la liquidación de los subsidios y que era del resorte del Ministerio de Hacienda girarlos, el anterior Ministro de Hacienda Ricardo Bonilla adujo que tenía “restricciones de caja” y que ello se lo impedía.
Más recientemente, ante la insistencia de los organismos de control el actual Ministro de Hacienda Diego Guevara se comprometió a cancelarles a las empresas la suma de $1 billón, en cómodas cuotas mensuales, entre los meses de enero y abril de este año. Pero las empresas quedarán en las mismas, pues cada mes se causan $300.000 millones por concepto de subsidios al consumo de los estratos 1, 2 y 3, de tal suerte que de llegar a cumplir lo prometido por parte del Ministro para el mes de abril la deuda acumulada con las empresas comercializadoras de energía no sólo no se habrá saldado sino que será mayor.
Pasará de los 2.8 billones a los $3 billones. Mientras tanto, sobre la deuda de los estratos 1, 2 y 3 con las empresas comercializadoras por concepto de la Opción tarifaria, que asciende aproximadamente a los $2.5 billones y que el propio Presidente Gustavo Petro se comprometió en mayo del año pasado a que la asumiría la Nación, no se ha vuelto a hablar. Y este es el otro lastre que viene afectando la liquidez, la solvencia y el flujo de caja de las empresas comercializadoras, que amenaza con extenderse a las generadoras, causando un efecto dominó con graves repercusiones!
Bogotá, febrero 22 de 2025
*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.
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En plena campaña de cara al 2026, la clase política se presenta insaciable, la negociación política se hace más sensible y cada jugada se mide con precisión de relojero
Por Hubert Ariza*. -A 15 meses de que Colombia cumpla el calendario electoral y se convoque la primera vuelta presidencial para elegir el sucesor del presidente Gustavo Petro, el país vive en un estado de permanente ebullición política, inseguridad en las regiones, envalentonamiento de los grupos armados ilegales, fracaso de la paz total, aumento de la percepción de caos institucional y disminución de la transparencia de la administración pública. Mientras, el Gobierno nacional siente los efectos de la implosión autoinfringida, enfrenta diversos frentes de batalla, una aguda crisis de gobernabilidad y el ataque permanente de fuego amigo que tiene contra las cuerdas la sobrevivencia del primer mandato de la izquierda democrática y sin oxígeno hoy cualquier posibilidad de reelección del proyecto político del petrismo.
La implosión descontrolada del Gobierno, promovida por el propio presidente Petro con su decisión de transmitir, el pasado 4 de febrero, un Consejo de Ministros que se convirtió en una sublevación interna del ala más radical del Gobierno contra la llegada de Armando Benedetti, como jefe de Gabinete, liderada por la vicepresidenta Francia Márquez y secundada por varios ministros, sigue teniendo efectos en la reconstrucción de la gobernabilidad perdida. Es como si después de un gran movimiento telúrico las placas tectónicas siguieran sin acomodarse, la falla geológica continuara creciendo y nada lograra estabilizarse, impidiendo el regreso a la normalidad, afectando la vida democrática de la nación y la confianza en la institucionalidad.
Después de propiciar un tsunami político, pedir la renuncia de todo su gabinete y luego tratar de calmar las aguas diciendo que solo se irían quienes tuvieran aspiraciones electorales, el presidente sigue sin resolver la interinidad de su equipo. Las renuncias irrevocables y protocolarias llegaron en cascada, pero los reemplazos han aparecido a cuentagotas.
En ese último período de crisis quedaron lesionadas las aspiraciones presidenciales del excanciller Luis Gilberto Murillo y del exministro del Interior Juan Fernando Cristo. Aún no se sabe qué pasará con la vicepresidenta Francia Márquez, cuya permanencia en el Gobierno y futuro electoral son fuente de toda clase de conjeturas. Lo evidente es que reconfigurar el Gabinete no parece tarea fácil, porque aceptar ministerios en la recta final de un gobierno en turbulencia, con el sol a las espaldas, las encuestas en contra y Trump respirándole en la nuca a Petro y demás mandatarios de izquierda, amenazando con quitar visas a los amigos y aliados de estos, no parece estar de moda. Ser ministro, ahora, semeja un acto de arrojo, lealtad y valentía.
Para superar la crisis, lo que ha hecho el mandatario es tratar de organizar una especie de gabinete de cierre, a 18 meses de entregar el mandato, cuando su Gobierno padece una campaña brutal de guerra sucia por parte de la oposición, que incluso en redes sociales ha cruzado todos los límites éticos y lanzó, el pasado domingo, el perverso e irresponsable bulo de la supuesta muerte por sobredosis de Petro. El presidente soporta, además, la creciente inconformidad de los gobernadores por la caótica situación de orden público, en especial en Chocó y Norte de Santander, y el incandescente fuego amigo por la financiación de la campaña electoral y las relaciones con el llamado zar del contrabando, conocido con el alias de Papá Pitufo, y su relación con el catalán Xavier Vendrell, amigo personal del jefe de Estado, quien recibió 500 millones de pesos del mencionado delincuente, los cuales, supuestamente, devolvió por orden de Petro.
La truculencia del escándalo de la financiación de la campaña presidencial ha mantenido al país siguiendo cada denuncia como si fuera un programa de telerealidad. Que el funcionario más cercano de Petro haya denunciado la entrega de ese dinero ilegal a un asesor de campaña extranjero, con la presencia de Benedetti, y que el candidato se haya reunido con ese oscuro personaje, son temas que desmoronan la columna vertebral de la narrativa con la que se eligió Petro. La lucha contra la corrupción ha sido demolida por el propio petrismo. La batalla interna por el poder ha dejado sin aire a un Gobierno que se hizo elegir para derrotar a la cloaca política y, hoy, ante los ojos del mundo, pareciera hundido en esa cloaca, colapsado por la tragedia de la deslealtad, ineficacia y falta de resultados.
Nada garantiza que de verdad este sea el Gabinete que acompañe a Petro hasta el final. El carácter explosivo del presidente, su inclinación a no soportar críticas ni reparos a sus órdenes, su desdén por las opiniones contrarias, la terquedad en sus objetivos y su obsesión con escenarios catastróficos de golpes de Estado, atentados, inmolaciones heroicas y sucesos extraordinarios que lo martiricen y conviertan en símbolo inmortal de resistencia, hacen que cada día a su lado sea una gran victoria para sus colaboradores, o un suplicio, dependiendo de cómo se perciba el nivel de sacrificio en el servicio público. Conocedores del estilo de toma de decisiones de Petro, es posible que haya nuevas crisis ministeriales y más recambios antes de que suene el pitazo final de su gestión.
Frente a la tormenta, el jefe de Estado parece estar decidido a jugársela con una nueva generación de jóvenes dispuestos a servirle a su proyecto de país, procedentes de diferentes escenarios y con formación técnica, excepto el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, firmante de paz en el Gobierno de César Gaviria, como disidente del ELN. Su nombramiento es un guiño a un sector más pragmático de la izquierda democrática, cercano a Claudia López.
Los primeros nombres del nuevo equipo parecen mostrar la voluntad de Petro de formar una nueva élite de jóvenes progresistas, entre quienes se cuenta el ministro del Interior, Gustavo García Figueroa, nariñense de origen liberal y excelente trayectoria. El Mininterior tendrá un camino lleno de espinas, con una oposición obsesionada con frenar la agenda legislativa gubernamental y dinamitar la campaña presidencial de la izquierda.
En plena campaña de cara al 2026, la clase política se presenta insaciable, la negociación política se hace más sensible y cada jugada se mide con precisión de relojero. Lograr consensos, convertir proyectos en leyes, y limpiar de nubarrones el futuro de la Administración son tareas de altísima complejidad política, que el ministro del Interior deberá cumplir en cohabitación permanente con el todopoderoso e inamovible jefe de Gabinete, Armando Benedetti.
La gran sorpresa del relevo ministerial ha sido el nombramiento del general Pedro Sánchez como ministro de Defensa, que envía un fuerte mensaje sobre el reconocimiento de Petro a la trayectoria de un militar respetuoso de la vida y los derechos humanos, dejando atrás 30 años de civiles en Mindefensa. La gran paradoja es que un firmante de paz como Petro devuelva al país a las épocas anteriores a la Constituyente de 1991, cuando el M-19 exigía que un civil definiera los asuntos de la defensa nacional.
Qué tanto significará esta jugada en el fortalecimiento de la democracia está por verse, pero sin duda Petro se está blindando con un general de su entera confianza, de probada lealtad, en tiempos en que denuncia públicamente que hay un complot para asesinarlo y que la ilegalidad compró dos misiles antiaéreos para derribar la aeronave en que se desplaza. También, consolida una línea de comunicación con la tropa para retomar el control territorial y detener la agresividad de los ejércitos irregulares y bandas criminales, que como denunció la valiente gobernadora del Chocó, tiene sitiados a los colombianos en las regiones.
En conclusión, el 2025 ha sido un tsunami de hechos políticos que han descuadernado la Administración, desmoronado su narrativa de transparencia y eficiencia, y mostrado, a la vez, la poca capacidad de respuesta de la derecha, que se ha conformado con sentarse a mirar desde el andén la implosión del Gobierno del cambio sin ofrecer una alternativa diferente a insultar al presidente y viralizar bulos llenos de odio.
Bogotá, D. C, 22 de febrero 2025
*Periodista, internacionalista y analista político.
Tomado de EL País.
Claro que necesitamos una reforma pensional que elimine subsidios, pero a esta le falta mucho para ser aceptable.
Por Paloma Valencia*. -Defender la institucionalidad es defender la ley, es hacer cumplir la Constitución. Este gobierno todo, pero en especial el Presidente Petro considera que están por encima de la ley. Es evidente que preferiría ser un emperador. El desdén con el que afrontan los límites legales es desconcertante. Por eso, en varias ocasiones le he pedido a la rama judicial que derogue actos abiertamente ilegales. Demandé el Ministerio de la Igualdad, el nombramiento del Embajador de México, los decretos de emergencia de la Guajira, la hostil toma de la Universidad Nacional, la reforma pensional, entre otros.
La Corte Constitucional evaluará en los próximos días mi demanda sobre la reforma pensional que fue aprobada violentando la ley 5 y eliminando el derecho de los congresistas a discutir y proponer modificaciones al proyecto. Es un vicio mayúsculo. En los 10 años que llevo como senadora solo había visto un atropello igual durante el llamado “fast track” que fue una habilitación legal para obviar las proposiciones de los congresistas y cabe recordar que la Corte declaró inexequibles varios apartes. No es menor que más de 500 proposiciones quedaran sin discutirse en la pensional, que no permitieran intervenir a nadie decretando ilegalmente una suficiente ilustración.
El petrismo ha decretado un tremendo ataque basado en mentiras en mi contra, liderado por Gustavo Bolívar y seguido por Petro y sus bodegas. Mentirosamente afirman que busco eliminar el subsidio al adulto mayor; que quiero quitarle el pan de la boca a los viejitos pobres de Colombia. Incluso han citado a protestas y el Presidente dice que no entiende que existan personas como yo.
Todos sus argumentos son mentiras. El subsidio a los adultos mayores no lo crea la reforma pensional; lo creó la ley 100 de 1993. Era para pobreza extrema e indigencia, y preveía que el subsidio puede llegar hasta medio salario mínimo. La ley ha cambiado desde entonces. En los años 2000 se reorganizó con el SISBEN III y cobijó adultos de las categorías 1 y 2. En 2021 el Presidente Duque, mediante una resolución amplió su cobertura a pobreza y vulnerabilidad usando el SISBEN IV en categorías A, B y C (hasta el subgrupo C1). Lo que contradice las mentiras de Bolívar, que sostiene que sin la reforma pensional no pueden dar los 230 mil pesos o que no pueden llegar sino hasta adultos mayores en extrema pobreza. Hoy el gobierno paga subsidios de 225 mil pesos mensuales sin reforma, pues la ley 100 como lo expliqué, permite un pago de hasta el 50% del salario mínimo - 700 mil pesos.
El petrismo no está creando nada nuevo con la reforma pensional. Solo le ponen el nombre de “renta básica solidaria” al programa de “Colombia Mayor”. Cómo lo hace en general toda la reforma pensional, cambiar los nombres. El sistema BEPS pasa a llamarse pilar semicontributivo.
Hoy en “Colombia Mayor” se benefician 1,7 millones de adultos mayores y tiene un costo de 1,4 billones de pesos. Si un gobierno quisiera llegar a 3 millones de adultos beneficiarios podría, pero necesita recursos, por eso ningún gobierno ha podido hacerlo. Pero la reforma pensional tampoco aumenta los recursos. Hoy el programa se sostiene con recursos del Presupuesto de la Nación, y una parte minoritaria con el Fondo de Solidaridad Pensional, todo queda igual en la pensional. Y el artículo 11 de la reforma pensional destruye cualquier duda: expresamente prohíbe que los recursos de ahorro pensional se utilicen para subsidios.
El país tiene una bomba pensional, pero con la reforma de Petro se convertiría en una bomba atómica. El pasivo pensional aumentaría a más del 190% del PIB. Además, por un articulito que metieron a última hora, el 41% de la población entraría en un régimen especial donde no está claro ni la edad ni las semanas necesarias para pensionarse. Es una habilitación para que el gobierno, en su infinito populismo, aumente aún más la deuda; todos conocemos su forma irresponsable de pensar que las deudas del futuro no hay que pagarlas.
Esta demanda defiende sobre todo a las nuevas generaciones de colombianos, los recién nacidos, los pocos que están por nacer (pues la tasa de fertilidad está cayendo dramáticamente). Ellos no tienen voz, pero heredarán una tremenda deuda. En ellos deberá pensar la Corte Constitucional al decidir sobre esta demanda. Claro que necesitamos una reforma pensional que elimine subsidios, pero a esta le falta mucho para ser aceptable.
Bogotá, D. C, 22 de febrero 2025
*Senadora del Centro Democrático
Colombia tiene una oportunidad histórica para modernizar su economía, atraer inversión y facilitar la vida de los ciudadanos.
Por José Manuel Restrepo*. -Pensando en construir con unidad y de esperanza, e invitando desde la academia a sumarnos en propuestas, más allá de la agotadora “petrificación”, una primera invitación es a diseñar caminos para que Colombia crezca al 6 o 7%. Una forma para lograrlo es reconocer que los emprendedores, negocios y ciudadanos están “mamados” de tantas trabas, trámites, permisos, certificados o autenticaciones, que cuando los comparan con otros países del mundo, nos ponen como uno de los más enredados para invertir o crecer y que además fomentan la corrupción.
El nuevo gobierno en 2026 tiene la oportunidad de cambiar esta realidad desde el primer día con una reforma regulatoria ambiciosa. Países como Reino Unido o Canadá, han implementado estrategias como la política “One-In, Two-Out”, que obliga a eliminar dos regulaciones por cada nueva aprobada.
En nuestro caso la cosa debe ser más ambiciosa. Urge que la Dian unifique en declaraciones semestrales o anuales impuestos, más allá del régimen simple. Que Invima convierta la aprobación de medicamentos en un trámite de semanas y no años, incluso cuando estos ya han sido validados en mercados avanzados. Que ICA avance en facilitación de comercio internacional, que las notarías no sigan cobrando por autenticar documentos que podrían verificarse digitalmente, y que las superintendencias y cámaras de comercio no encarezcan y entorpezcan la labor empresarial con trabas muchas veces innecesarias.
Los permisos de construcción pueden tardar hasta dos años, frenando proyectos claves, mientras que la importación de maquinaria y tecnología se ve afectada por papeleo excesivo que no agrega valor. Un caso emblemático es el registro de proponentes en las Cámaras de Comercio, que, en teoría, certifica la idoneidad de las empresas para contratar con el Estado, pero en la práctica solo impone costos adicionales sin garantizar transparencia ni eficiencia. Súmele la inflación de reglamentos técnicos o la demora de más de un día en crear o cerrar empresas.
Otro obstáculo absurdo es la obligación de actualizar documentos sin cambios reales, como el RUT generando filas y trámites innecesarios. Con tecnología, estos procesos deberían ser automáticos o eliminarse.
A todo este letargo agréguele nuestra creatividad legislativa inagotable con más de 7,000 regulaciones nuevas cada año. O usted ve necesario 20 nuevas normas diarias entre leyes, decretos, resoluciones o circulares. No se trataría de eliminar controles esenciales, sino de hacerlos más eficientes e incluso ante más libertad de permisos, fortalecer el control ex post de obligaciones con sanciones más severas a quienes incumplan.
Dos casos exitosos recientes, de los cuales aprender, son el que lidera Elon Musk en USA, quien ha advertido sobre el peligro de sobre-regulación, argumentando que muchas normas deberían tener una fecha de expiración para evitar su acumulación innecesaria. Y de otro lado el Ministerio de Desregulación y transformación productiva en Argentina que ya logró reducir los ministerios a la mitad, reducir 10% el empleo público, derogar 300 leyes obsoletas y de trabas y eliminar monopolios estatales como el postal.
Colombia tiene una oportunidad histórica para modernizar su economía, atraer inversión y facilitar la vida de los ciudadanos. Esta podría ser una primera propuesta para liberar al país de la pesada burocracia y allanar el camino hacia una mayor competitividad.
Bogotá, D. C, 21 de febrero 2025
*Rector Universidad EIA
El panorama está agrietado y sin cambio alguno.
Por Gabriel Ortiz*.- El F4 ha traído funestas consecuencias al establecimiento, que con muchas dificultades lucha contra la marea que provoca un anunciado cambio que muy pocos han podido ver, sentir, entender y mucho menos, aprovechar para su beneficio.
Ese 4 de febrero (F4) cuando al mandatario se le ocurrió convocar un consejo de ministros televisado en vivo y en directo, dejó al descubierto las improvisaciones de un gobierno sin unidad ni derrotero confiables. Pero fue allí donde apareció el fantasma del desastre. Casi todos los asistentes estaban contra Benedetti, a quien descalificaban con serias acusaciones. El Director de la Unión Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, tomó la palabra para dar inicio al Gran Escándalo que introdujo al contrabandista Papá Pitufo en la campaña Petro. “El tema del señor Pitufo comenzó con Benedetti”, afirmó en la reunión pública.
Aunque el presidente Petro, había considerado uno de los mayores éxitos de su gobierno ese Consejo de Ministros, hoy lo lamenta, aunque muchos dicen que lo repetirá.
A este gran escándalo se suman todos los que se van conociendo minuto a minuto, con las kilométricas listas de políticos que quisieron, al igual que Papá Pitufo -y Juan Fernando, hermano del presidente- usufructuar el nuevo gobierno.
Es casi normal en Colombia que las campañas políticas reciban apoyos monetarios, legales e ilegales, siempre y cuando estos lleguen al candidato, y este se entere de quién fue ese benefactor, que luego cobrará dividendos. Sin embargo, el presidente Petro ha dicho, jurado y repetido, primero que desconocía la procedencia de 500 millones de pesos de Papá Pitufo, a quien no conoció y al que finalmente le fue devuelto ese dinero. Dicen que hay fotos o videos que lo corroboran, pero que no han aparecido.
Los escándalos se mantienen, para darle sepultura al tema del narco traficante y contrabandista Papá Pitufo, y otros se avivan para ocultar tantas cosas a las grietas del establecimiento.
Por ejemplo, los misiles para atentar contra el jefe de Estado, el tal golpe blando de la Corte, si declara inconstitucional la reforma pensional, disimular, solapar y camuflar los duros golpes de la subversión a la tercera parte del país que tiene amenazada, la crisis ministerial, los viajes placenteros a lejanos países, mientras el país se desbarajusta. Y hay muchas cosas más,
Hay, por ejemplo, que analizar lo que pasa con la salud. Las largas colas para recibir atención, cosa que no se registraba antes, aunque se quiera “retroespejiar” a gobiernos anteriores.
Ocultar la arrodillada que aplicó la Corte Constitucional a Petro y a su consejero Jaramillo, a quienes obligó obedecer sus órdenes de girar los dineros que tienen que devolver a la salud, para salvar vidas y aliviar a millones de colombianos. Ya van más de 48 horas y aún se han cumplido los plazos que les dio la Corte. “Le están mamando gallo”, como decía Gabo. Están “capando cárcel”, dicen otros.
El panorama está agrietado y sin cambio alguno.
NEGRO: Nadie entiende a Petro con eso de eliminar la exploración de hidrocarburos, si pudo ver en los Emiratos, como un pueblo puede vivir rico y feliz con esos ingresos.
NEGRO: El auxilio de $223.000 para 3 millones de adultos mayores pobres, no fue creado por el “cambio”, está desde la ley 100.
Bogotá, D. C, 20 de febrero 2025
*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.
Si la prestación de los servicios está sujeta a la vigilancia estatal, inclusive sobre las tarifas, es natural que las superintendencias competentes ejerzan esa vigilancia.
Por José G. Hernández*.- ¿Las tarifas por concepto de la prestación de servicios públicos -en especial los domiciliarios- están por fuera del control estatal?
Definitivamente, no. El Estado colombiano es un Estado Social de Derecho, que tiene la obligación de garantizar que, en condiciones de igualdad real y efectiva, todas las personas y familias tengan acceso a los servicios públicos, que se deben prestar con eficiencia y continuidad. Desde luego, deben ser pagados por los usuarios, pero las correspondientes tarifas no pueden ser fijadas de manera arbitraria por las empresas prestadoras, sino que han de ser establecidas según costos justificados y con arreglo a fórmulas de cálculo autorizadas por los organismos oficiales competentes, como lo son las comisiones de regulación legalmente previstas.
Además, la Corte Constitucional ha advertido que tales servicios serán prestados "en beneficio de la comunidad", entendida como un todo. Según la jurisprudencia, se consagra un principio de solidaridad que impone “tomar en cuenta los distintos estratos sociales que participan como usuarios de los servicios públicos, según su capacidad económica, para establecer un régimen tarifario diferencial, que consulta una función redistributiva del costo de los servicios, de acuerdo con la capacidad económica del usuario del servicio, para evitar que sea igual la tarifa para los sectores más ricos de la comunidad que para los más pobres, con lo que se impide que una mayor proporción de la riqueza se concentre en pequeños segmentos de la población, mientras que las grandes mayorías asumen el mayor costo de los servicios”. (Sentencia C-580 de 1992).
El artículo 78 de la Constitución dispone: “El Estado garantizará la participación de las organizaciones de consumidores y usuarios en el estudio de las disposiciones que les conciernen. Para gozar de este derecho las organizaciones deben ser representativas y observar procedimientos democráticos internos”.
Por otra parte, al tenor del artículo 370 de la Constitución, “corresponde al Presidente de la República señalar, con sujeción a la ley, las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios y ejercer por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el control, la inspección y vigilancia de las entidades que los presten”. Lo propio señala el artículo 189, numeral 22: “Ejercer la inspección y vigilancia de la prestación de los servicios públicos”.
La Ley 142 de 1994 estableció el régimen de los servicios públicos domiciliarios y dispuso: “El Estado intervendrá en los servicios públicos, conforme a las reglas de competencia de que trata esta Ley, en el marco de lo dispuesto en los artículos 334, 336, y 365 a 370 de la Constitución Política”. Entre otras finalidades, para “establecer un régimen tarifario proporcional para los sectores de bajos ingresos, de acuerdo con los preceptos de equidad y solidaridad”.
El artículo 9 de dicha normatividad legal señala que los usuarios de los servicios públicos tienen derecho a “obtener de las empresas la medición de sus consumos reales mediante instrumentos tecnológicos apropiados, dentro de plazos y términos que para los efectos fije la comisión reguladora”.
Y, sin duda alguna, si la prestación de los servicios está sujeta a la vigilancia estatal, inclusive sobre las tarifas, es natural que las superintendencias competentes ejerzan esa vigilancia.
Bogotá, D. E, 19 de febrero de 2025
*Expresidente de la Corte Constitucional
¡Que la economía, la seguridad y la soberanía energética, así como el medioambiente son variables de una misma ecuación!
Por Amylkar D. Acosta M*. - “Luz, más luz!: Goethe.
Desde 1949 se conmemora el Día mundial de la energía el 14 de febrero de cada año, iniciativa esta que tiene por objeto relievar su importancia e imprescindibilidad para el desenvolvimiento de todas las actividades humanas, desde las más simples hasta las más complejas. La energía hace parte de nuestra cotidianidad. Se trata, entonces de despertar la conciencia sobre la necesidad del uso racional y eficiente de la misma, lo cual conlleva también la preservación y conservación de sus fuentes primarias. Sea propicia esta oportunidad para hilvanar y pergeñar algunas disquisiciones al respecto.
Con la energía suele pasar lo que ocurre con las marcas registradas, que terminan confundiéndose con el producto mismo. Recuerdo que por muchos años la única cuchilla de afeitar que se expendía en Colombia era la Gillette y alcanzó tal grado de posicionamiento en el mercado que cuando aparecieron otras marcas que le competían, no faltaba quien iba a la tienda y pedía que le vendieran una Gillette pero marca Minora.
Aunque el concepto de energía es genérico se tiende a confundir con la electricidad, que es con la que más se familiariza el usuario de la misma. Es importante, entonces, dejar establecido que son muy variadas las fuentes primarias de energía, las que se clasifican entre renovables y no renovables. Aunque se predica de las energías renovables, como aquellas que no contaminan a contrario sensu de las no renovables que sí contaminan, podemos constatar que la leña y el carbón vegetal, proviniendo de una fuente renovable, son altamente contaminantes.
La energía se rige por dos principios básicos de la termodinámica. El primero de ellos es el principio de su conservación, según el cual la energía ni se crea ni se destruye, sólo se transforma una forma o modalidad de energía en otra. Como ejemplo tenemos lo que ocurre con el gas natural, que es energía química, es una molécula, que se transforma en energía calórica en los hogares cuando se enciende una estufa que lo usa como combustible, como también se transforma en electricidad cuando una planta térmica lo utiliza para generarla.
El segundo principio es el de la degradación de la energía, más conocida por la entropía, según el cual a través de distintos procesos parte de ella se “pierde”, se disipa, dando lugar a la energía útil, que es aquella que se aprovecha para el fin que se usa o consume y la inútil. Un ejemplo de ello es lo que ocurre con el transporte o transmisión de la electricidad desde el centro de generación hasta los centros de consumo, pues en dicho trayecto parte de la energía despachada no llega hasta su destino final. Ello explica el reconocimiento que se hace en la fórmula de la tarifa de energía que paga el usuario final de las pérdidas técnicas a que da lugar (PR).
Desde luego la electricidad tiene una gran relevancia y representa el 20% del consumo final de la energía a nivel global y se estima, según la Agencia internacional de energía, que representará el 27% hacia el año 2030, con tendencia a ganar en participación en la matriz energética merced a la Transición energética en curso, pues está llamada a sustituir el consumo de combustibles de origen fósil, altamente contaminantes, pues son la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), causantes del cambio climático. Claro está, asumiendo que la generación de electricidad a partir de fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER) y limpias.
Bien dijo el profesor de Historia económica de The University of Sydney Robert Gordon, que “la electricidad (1600) y el motor de combustión interna (1863) comparten la medalla de oro de las invenciones más importantes de todos los tiempos”. Tan importante es la electricidad que ningún conglomerado humano resistiría más de 5 días sin contar con el servicio de energía, si esta llegara a fallar: en una 1 hora morirían todos los pacientes que están en las unidades de cuidados intensivos (UCI), en 15 horas se agotaría la insulina para inyectar a los pacientes que la requieren, en 20 horas dejaría de llegar el agua por la red de acueductos, en 1 día se descompondría la comida que se conserva en las neveras, en 2 días fallecería los bebes que estén en las unidades de neonatos, en 3 días el agua que permanece almacenada dejaría de ser potable y a partir del 5º día morirían los pacientes que requieren diálisis.
Y volviendo a la energía, no le falta razón al reputado economista Robert Bradles Jr cuando afirma que “la energía es el recurso dominante sobre cualquier otro”. De allí que los países velen celosamente por la seguridad energética y desde tiempos más recientes hacen lo propio con la soberanía energética, pues es bien sabido que la economía, la seguridad y la soberanía energética, así como el medioambiente son variables de una misma ecuación!
Bogotá, febrero 15 de 2025
*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.
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Por Mauricio Cabrera Galvis*.- Cali ha venido perdiendo varios de los elementos del civismo que la caracterizaba. Esa es la conclusión de la quinta medición del capital social realizada en 2023 por la Corporación para el Control Social (CONTRIAL) con la metodología del Barómetro de Capital Social (BARCAS), con la cual desde 1997 se han hecho 5 mediciones del Capital Social en 6 ciudades colombianas -Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena.
En sociología se define el capital social como el conjunto de redes, normas, valores y relaciones de confianza que existen dentro de una sociedad y facilitan la cooperación y la acción colectiva. Es un conjunto de recursos intangibles que permiten a las personas y los grupos trabajar juntos y generar beneficios tanto individuales como comunitarios, promoviendo la cohesión social y el desarrollo económico.
El BARCAS incluye cuatro componentes: uno, el Tejido Social que se refiere a los vínculos sociales que unen a los ciudadanos y a la organizaciones que articulan a la sociedad; dos, el Capital Público, es decir las formas de participación cívica y política; tres, la Confianza Institucional y el Control social sobre el Estado; cuatro, la Fe en Fuentes de información no validadas (que es un elemento negativo).
Los resultados de la medición de esos factores en la ciudad de Cali a mediados de 2023 muestran tendencias que merecen ser analizadas. El más preocupante es la caída del indicador de Tejido Social, que comparado con la medición de 2017 pasó de tener un valor positivo de 0,22 a uno negativo de -0,21, mientras que a nivel nacional tuvo una ligera mejoría en los mismos años. En 2023 solo Bogotá registraba un valor más bajo para su tejido social, mientras que 6 años antes Cali superaba a las otras 5 ciudades
El estudio de CONTRIAL explica esta caída por “la pérdida de Solidaridad general y el aumento de Oportunismo, con la expresión “en lugar de preocuparse porque las reglas se apliquen a todos por igual, uno mejor ve cómo salirse con la suya”. También hay una pérdida de Solidaridad horizontal (ayuda de amigos, parientes, vecinos, la disminución de la frecuencia en que las personas se reúnen con los vecinos, y la pérdida de Solidaridad vertical y el aumento de la Atomización”.
Otro resultado interesante es el aumento de la confianza en los medios y en las instituciones que hacen control sobre el Estado, pero se da junto con unos valores muy bajos en la confianza en los gobiernos departamental y municipal, en la administración pública, en el sistema legal y en las cortes, en el Congreso y los partidos políticos.
No hay espacio para comentar todos los resultados de la medición de Capital Social, pero el estudio es público y debería ser objeto de análisis de académicos y políticos para entender qué ha pasado en Cali, y sobre todo buscar soluciones que permitan continuar el proceso de mejoría que ya se siente en la ciudad.
Cali, 16 de febrero de 2025
*Filósofo y Economista. Consultor.
¿Por qué hay mucha tierra en ganadería extensiva?
Por José Félix Lafaurie Rivera*. -Hablar del poder regulador del libre mercado es sacrilegio para la izquierda, como hablar de economía centralizada por el gobierno es sacrilegio para quienes defendemos la libertad de emprendimiento dentro de unas normas compartidas. De ahí la importancia de que esas normas conserven el equilibrio entre la regulación necesaria y la mayor libertad posible.
En esa delicada línea se mueven las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos, APPA, creadas en el artículo 32 del Plan Nacional de Desarrollo, modificando el artículo 10 de la Ley 388 de 1997, que establece los determinantes para los Planes de Ordenamiento Territorial, POT.
Como dicen por ahí, “nada tiene que ver el caldo con las tajadas”, y una cosa es el ordenamiento territorial, que obliga y es competencia de los municipios desde 1997, y otra muy diferente el ordenamiento del uso del suelo dentro de la frontera agrícola, que se incluye como nuevo determinante de los POT, con carácter de “norma de superior jerarquía”, obligatoria para los municipios y los privados.
El revuelo se armó en el suroeste antioqueño, al punto que el gobernador anunció demandas a la resolución que vulnera la autonomía local y regional. Si me preguntan, lo que debería demandarse es el artículo 32 del Plan de Desarrollo, porque vulnera, además, la libertad de emprendimiento, uno de los fundamentos de la economía de mercado.
¿Qué pasa si tengo un predio en una APPA, pero no quiero sembrar alimentos, sino flores, o establecer una cría de caballos, porque me gustan y son un buen negocio? ¿Qué pasa si una APPA establece limitaciones a la ganadería? No es imposible, dadas las narrativas tendenciosas en su contra: que es causante del cambio climático, que el uso de tierra en ganadería es improductivo y debería orientarse a sembrar alimentos -la preferida del presidente Petro-, o simplemente, que hay mucha tierra en ganadería.
¿Por qué hay mucha tierra en ganadería extensiva? Es el mercado, estúpido, como diría Clinton. Hace 60 años la Sabana de Bogotá estaba sembrada de cebada hasta que el precio y la calidad de la importada desplazaron la producción nacional y hoy tiene flores… y ganadería de leche. El sur del Cesar y Bolívar estaban sembrados de algodón, hasta que fue desplazado por el “COTTON USA” y hoy esas tierras… son ganaderas. En inmensas extensiones de la Orinoquia, a las grandes carencias del abandono se suma la baja calidad de la tierra, que no permite sino… ganadería extensiva, y la reconversión requiere de inmensas inversiones, imposibles sin una política seria de adecuación de tierras.
Además de la libertad, por supuesto… ¡es el mercado! Por eso las APPA no pueden incidir por norma obligatoria en la vocación productiva de una región, de un municipio o de una persona, que tome decisiones de uso de la tierra en el marco de la legalidad y dentro de la frontera agrícola.
En un campo sin las enormes carencias que hoy sufre, otra cosa sería que el Gobierno promoviera, no impusiera, la creación de clústeres, como los frutícolas en California o Chile, o para no ir tan lejos, como los lecheros en el oriente antioqueño y el altiplano cundiboyacense, que existen a pesar de un difícil mercado imperfecto de muchos vendedores y pocos compradores, que podría neutralizarse si el Gobierno, entre otras medidas, fomentará la ampliación de la capacidad pulverizadora.
Para 2026, cuando se liberen las importaciones de leche desde Estados Unidos, con APPA o sin APPA, y sin que el gobierno haya tomado medidas para evitarlo, habrá un desplazamiento hacia otras actividades en las regiones lecheras.
¡Dios no lo quiera!, pero al final… es el mercado.
Bogotá D, C. 15 de febrero de 2025
Presidente FEDEGAN
@jflafaurie
El libreto al presidente Petro se le agota, mientras Colombia trata de buscar un derrotero electoral que la saque democráticamente del despeñadero.
Por Gabriel Ortiz*. -El presidente Petro ha patentado las crisis, de las cuales es campeón mundial, razón por la cual nadie sabe hoy, dónde se encuentra, ni qué piensa, quiénes lo acompañan, lo siguen, lo entienden y mucho menos hacia dónde conduce este país atónito, perplejo y patidifuso.
Su permanente desorientación lo despierta, cada mañana, con una X volantona, que le “martilla” la mente hasta el paroxismo y el arrebato para odiar, insultar, desconocer virtudes y rectitudes.
Hace 29 meses los colombianos que lo eligieron, y aquellos que se abstuvieron, pero respetaron el mandato de las mayorías, abrigaban la esperanza de gozar y vivir en un país en paz, prosperidad, equidad, respeto y grandes desarrollos colectivos. Esos anhelos se ven cada vez más lejanos, porque su mandatario y quienes lo acompañan en las alturas del poder, no han entendido el clamor de 50 millones de compatriotas.
Se invierten millonadas en “bodegas”, medios super controlados, equivocadas peroratas ante pocos o muchos manifestantes y las últimas apariciones en TV frente a sus ministros en las que pueden observarse las acciones de un mandatario y sus subalternos con caras tétricas y horripilantes. El desbarajuste deja al descubierto claras divisiones entre quienes manejan el poder.
Este pueblo, estos habitantes, petristas y no petristas, que habitan -si pudiera decírsele a esto habitar- en Colombia, están hastiados de la situación que soportan todas las arbitrariedades y transgresiones desaforadas ahora por la invasión de las guerrillas que manejan más de la mitad del territorio nacional.
Hoy no se sabe si hay gobernante, pues el elegido se mantiene en el aire. Es un viajero incansable a costos estrambóticos, mientras su gabinete está sin brújula y al garete. El último periplo, el de Dubai, según los expertos fue de poca monta, prescindible, innecesario y aburridor.
Por todo ello, nuestro desarrollo y progreso están por el suelo, debido al despilfarro, la tolerancia y flameante corrupción, ante la ausencia de controles y controladores.
Se calcula que los desplazados y confinados alcanzan a 8 millones de habitantes, que deben obedecer al ELN, Clan, disidencias, Marquetalias y pequeños grupúsculos que aparecen a diario asesinando población civil, niños y líderes. Destruyen escuelas y cuanto encuentran.
Entre tanto las tropas de nuestro ejército están solas y desfinanciadas, mientras las guerrillas reciben millones por producción de coca, oro, vigilancia de cultivos ilícitos y mantenimiento de los corredores para enviar al mundo la coca del “cartel de los soles”, del ejercito venezolano.
El libreto al presidente Petro se le agota, mientras Colombia trata de buscar un derrotero electoral que la saque democráticamente del despeñadero. Pero entre tanto solo se piensa en tributos extraordinarios para atender a la conmoción interior decretada para el Catatumbo. Son urgentes esos recursos, pero deben atender al resto de zonas que se encentran en iguales condiciones, como las del Chocó, Cauca, Nariño y parte del Valle.
Y ahora, antes de regresar del lujoso viaje a Dubai, tiene trabajando a su ¿ministro? de Hacienda sobre una nueva reforma tributaria para atender los derroches.
Esta democracia, estas libertades y este deseo de patria decorosa, digna, equitativa y próspera, reclaman un verdadero cambio.
BLANCO: Con todo éxito el CPB celebró y premió a los periodistas en su día. José María Bolaño el Presidente de la entidad, se lució con un evento que reunió a destacadas personalidades y a lo más destacado del gremio. Felicitaciones.
NEGRO: Nadie entiende los cambios en la dirección de la policía, por oficiales retirados. Es un completo despropósito con quienes van cumpliendo con sus ascensos.
Bogotá, D. C, 15 de febrero de 2025
*Periodista. Exdirector del Noticiero Nacional, Telematinal y Notisuper.
