Opinión

La reforma, sea la propuesta gubernamental u otra -estúdienlo-, es inaplazable. Postergándola o negándola -como viene aconteciendo- no se causa daño al actual gobierno -como cree erróneamente la oposición- sino a todas las personas residentes en Colombia.

Por José G. Hernández*. Uno de los fundamentos esenciales de nuestro ordenamiento jurídico consiste, como lo declara la constitución, en el respeto a la dignidad de la persona humana y a los derechos fundamentales que de ella se derivan. Deben ser garantizados, comenzando por el básico y esencial -el derecho a la vida-, y, en necesaria conexión, la salud, que es un derecho fundamental y un servicio público.

Las autoridades de la república están instituidas, no solamente para proteger a todas las personas residentes en Colombia en sus derechos, sino para “asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del estado y de los particulares” (art. 2 c.p.).

El artículo 49 de la constitución garantiza, a todos, el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. El estado debe organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud, conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad; establecer las políticas para su prestación por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control.

Pero, contra esas disposiciones, lo que viene ocurriendo en Colombia en materia de salud es exactamente lo contrario, no solamente por las deficiencias de funcionamiento, por la inadecuada e inoportuna prestación de los más elementales servicios, por la constante amenaza y vulneración de los aludidos derechos fundamentales, sino por los casos de corrupción que han denunciado el gobierno nacional, la superintendencia de salud y la contraloría general de la república. Es inconcebible, por ejemplo, que, como se acaba de divulgar, entidades prestadoras de salud hayan hecho aparecer como atendidas a personas fallecidas con antelación al supuesto servicio.

Lo cierto e innegable, porque muchas personas y familias lo padecen a diario, es que el derecho fundamental a la salud -con peligro para la vida- es constantemente ignorado y vulnerado por entidades que, se supone, fueron constituidas para protegerlo, dispensando los cuidados, consultas, tratamientos, cirugías, medicamentos, hospitalización y demás componentes de un sistema apto, seguro, eficaz y confiable.

A la inversa, violando las normas, se ha concebido la salud como un negocio; han sido destinados los dineros públicos a finalidades empresariales ajenas a los postulados constitucionales; se ha dejado a las personas en indefensión; miles de usuarios y sus allegados no han encontrado respuesta oportuna a sus requerimientos y necesidades de atención médica y hospitalaria sino en los despachos judiciales, gracias a la acción de tutela.

El sistema de salud está, desde hace años, en crisis, y no de cualquier nivel, sino muy grave. Su solución es inaplazable. Una crisis que ha llevado a los gobiernos -no solamente al actual- a intervenir a la mayoría de las EPS, muchas de las cuales han tenido que ser liquidadas.

Digámoslo con claridad: es urgente reformar las normas legales y administrativas que estructuran el sistema vigente. el asunto no puede continuar siendo objeto de la polarización política. La reforma, sea la propuesta gubernamental u otra -estúdienlo-, es inaplazable. Postergándola o negándola -como viene aconteciendo- no se causa daño al actual gobierno -como cree erróneamente la oposición- sino a todas las personas residentes en Colombia. Todos tenemos derecho a un sistema de salud que se preste en condiciones de eficiencia, oportunidad, dignidad e igualdad.

Bogotá, 15 de enero de 2025

*Expresidente de la Corte Constitucional

Como en la economía no hay verdades absolutas, ambos argumentos pueden ser ciertos o falsos, dependiendo de la circunstancias y de la reacción de los demás agentes económicos.

Por Mauricio Cabrera Galvis*. - El aumento del salario mínimo es el malo del paseo en los análisis de los gremios y de muchos economistas. Los principales argumentos se repiten todos los años: que presiona la inflación, que fomenta el desempleo y la informalidad o que afecta la competitividad de las empresas. Desde la otra orilla se argumenta que mayores salarios aumentan la capacidad de compra de los trabajadores y, por lo tanto, las ventas y la producción de las empresas, con lo cual se genera más empleo.

Como en la economía no hay verdades absolutas, ambos argumentos pueden ser ciertos o falsos, dependiendo de la circunstancias y de la reacción de los demás agentes económicos.

En estos debates hay dos hechos que poco se mencionan. El primero es que, aunque se aceptara considerar el trabajo como una mercancía cuyo precio es el salario, por lo cual su aumento lleva a que disminuya la demanda de trabajo y aumente el desempleo, y también se aceptara que el aumento del salario genera inflación, no es factible que tenga los dos efectos al mismo tiempo.

Si los mayores salarios se transmiten a los precios, hay inflación pero la relación costo laboral sobre ingresos no se modifica, los empresarios mantienen sus márgenes y no necesitan despedir trabajadores. Por el contrario si el mercado no les permite subir los precios y para mantener sus utilidades necesitaran reducir el costo laboral, podría haber desempleo pero no inflación. Uno u otro, pero no impacto sobre la inflación y el empleo simultáneamente.

El segundo hecho, es que la subida de los precios no es una consecuencia automática del aumento salarial sino que es una decisión de los empresarios. Así suene a herejía económica, la realidad es que el aumento de la inflación es una decisión de los empleadores, no de los trabajadores.

En efecto, la inflación se produce cuando los empresarios, a los que les aumentaron los costos laborales deciden transmitir el mayor costo a sus precios de venta para mantener su margen de ganancia. Podrían no hacerlo y no habría inflación, pero a costa de menores utilidades.

La negociación salarial es el mejor ejemplo de lo que Raúl Prebisch llamaba la Pugna Distributiva, es decir la pelea por ver que grupo social se apropia de una mayor tajada del ingreso nacional. Cuando el salario mínimo sube por encima de la inflación, como en los dos últimos años, los trabajadores logran capturar una mayor parte; pero este comportamiento reciente solo compensa un poquito la tendencia de largo plazo de pérdida de participación del salario mínimo en la producción nacional.

Un indicador de esta tendencia es la relación entre el salario mínimo y el PIB per cápita. En 1983 el primero equivalía al 79% del segundo, mientras que 40 años después, en el 2022, esta relación se había reducido a 42.2%. En una próxima columna volveré sobre esta tendencia que incide en la gran desigualdad de la sociedad colombiana.

Cali, 12 de enero 2025

*Filósofo y Economista. Consultor.

Por la paz de Colombia, el comercio, la seguridad fronteriza y los migrantes, Petro quiere marcar su propia ruta ante la crisis venezolana. Nada ha puesto más en juego su credibilidad y capacidad de actuar con responsabilidad política que lo ocurrido en el país vecino.

Por Hubert Ariza.* - Nada ha puesto más en juego la credibilidad, madurez y capacidad de actuar con responsabilidad política del presidente Gustavo Petro que el manejo de la crisis democrática que atraviesa Venezuela, profundizada por el fraude de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 por Nicolás Maduro, quien para frenar a la oposición se ha despojado de cualquier careta democrática.

Radicalizado, Maduro militarizó el país, cerró cualquier espacio a la oposición y contra viento y marea se posesionó en Caracas, con mínimo reconocimiento internacional, el pasado 10 de enero. El extremo de la paranoia represiva del régimen fue la detención arbitraria, por unas pocas horas, de María Corina Machado, símbolo de la resistencia al régimen. El mandatario parece obsesionado en cerrar la puerta de la libertad y anclar su país al caos.

En tiempos de grandes guerras y caída de tiranos, como en Siria, Venezuela ha atraído la mirada del mundo, precisamente cuando el péndulo de la extrema derecha se mueve con fuerza y el electo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, patea la mesa con sus amenazas de uso de la fuerza militar para quedarse con Groenlandia, propiedad de Dinamarca, o retomar el control del Canal de Panamá, desconociendo los acuerdos Torrijos-Carter, del 7 de septiembre de 1977.

En medio del caos y el diseño de un nuevo orden internacional, los mas radicales opositores venezolanos han presionado un pronunciamiento de Trump o Marco Rubio, el designado secretario de Estado, que desafíe el poder de Maduro y anuncie una ruta de recuperación de la democracia, que vaya más allá del bloqueo económico y las sanciones al equipo cercano a Maduro, quizá esperando el uso de la fuerza.

Trump se posesionará el próximo 20 de enero. Habrá que esperar a ver qué papel jugará Venezuela en su agenda internacional, de por sí ya bastante congestionada con las conflagraciones existente en otros continentes y la disputa con Putin y Xi Jinping, cuyo poder en Venezuela también es mayúsculo.

Es obvio que cualquier salida no pacífica de la crisis del vecino país tendrá un alto impacto en Colombia, que ha sido la principal receptora de la diáspora venezolana en el continente. Ambas naciones mantienen una frontera viva de 2.200 kilómetros, con una amplia historia común e identidad cultural compartida, llena de oportunidades de integración comercial y generación de empleo.

Contrario a todos los pronósticos, el presidente Petro ha sido menos amigo de Maduro de lo que el dictador esperaba y más cercano de la postura de Brasil y México. Es imposible pensar que Petro se alinee en ese tema con Trump, la derecha colombiana o con la oposición del otro lado de la frontera. Así lo demostró al no reconocer el supuesto triunfo de Maduro, exigir la publicación de las actas de las elecciones presidenciales, no asistir a la posesión del 10 de enero, y coaligarse con sus pares con mayor poder regional en busca de una ruta conjunta que permita una salida negociada a la crisis, definida por los propios venezolanos, que incluya a Maduro, las Fuerzas Militares y la oposición, con el apoyo de la comunidad internacional.

A pesar de la enorme controversia interna que generó la presencia del embajador de Colombia, Milton Rengifo, en la posesión de Maduro, hay que mirar más allá de la coyuntura y tratar de entender los objetivos estratégicos de la diplomacia colombiana, definidos el día antes de las elecciones del pasado 28 de julio. Se trata, en esencia, de mantener abierta la puerta del diálogo diplomático con Maduro, sostener la posta de la solución pacífica de las controversias y defender los intereses vitales de Colombia, que por compartir una frontera común tan extensa, son diversos y complejos. Uno de ellos es la paz, los otros, el comercio y la seguridad fronteriza, hoy en poder del crimen organizado y las guerrillas.

Así lo explicó el embajador Rengifo en diálogo, desde Caracas, con Noticias Caracol: “Con Venezuela estamos en un proceso de recuperación de confianza, de recuperar relaciones. Aquí en Venezuela viven dos millones de colombianos que necesitan atención. Porque, además, Venezuela también nos ayuda en dos procesos de paz. También por la relación comercial se han generado varias dinámicas de tipo empresarial muy importantes, especialmente en la frontera. Estamos hablando de más de mil millones de dólares de intercambio comercial, y eso ha generado empleo y se ha visto beneficiada la frontera. Necesitamos recuperar la frontera, que se abandonó y hoy está en manos del multicrímen”.

Hay un tema adicional en el manejo de la crisis: la aguda crisis fiscal que incapacita a Colombia para asumir el impacto social y económico que tendría una nueva diáspora venezolana. No hay recursos disponibles, en medio de una grave situación fiscal interna, para asumir la responsabilidad de una nueva oleada de migración, que podría sumar varios millones de personas, la mayoría en grave situación de vulnerabilidad, colapsando el sistema de salud y educación, y demandando vivienda y seguridad. Así las cosas, Colombia aplica una política de contención.

A pesar de las fuertes críticas en su contra Petro no quiere repetir el camino andado, en este tema, por Colombia durante el cuatrienio pasado. Quiere marcar su propia ruta, avanzar con pies de plomo, sin plazos, conciertos ni desafíos inocuos, desoyendo los ataques de la oposición, obsesionado en cuestionar la lógica del marketing político y dispuesto a asumir los costos de sus decisiones en la próxima campaña presidencial, en la que el termómetro político subirá dependiendo del estado de la situación venezolana, las relaciones de Petro con Maduro, el impacto en la seguridad fronteriza y los mercados. Todo ello será la columna vertebral en la construcción de una narrativa de venezolanización de Colombia.

Petro ya va de salida y quizá no le importe pagar el precio personal de su estrategia, ni su obsesión con impedir que Colombia se convierta en aliado de quienes promueven una salida de fuerza y no política a la crisis del país vecino. Pero a quien lo que suceda sí afectará es al canciller Luis Gilberto Murillo. Son muy fuertes los ataques que recibe a diario por su papel en este capítulo de las relaciones binacionales.

En conclusión, el 2025 comienza con alta tensión política en el vecindario, un mandatario con credencial espuria que se atornilla al poder después de un megafraude, una oposición que no logra romper el cerco autoritario, y un jefe de Estado, como Petro, que juega a impedir que el desastre venezolano no explote y desborde la capacidad de reacción de Colombia, sumida en una profunda crisis fiscal, con reformas sociales aplazadas, un Congreso en rebeldía y unas elecciones presidenciales en marcha. En las turbias aguas de la crisis de Venezuela, además, podría naufragar el sueño de la reelección del cambio.

Bogotá, D.C, 12 de enero 2025

*Periodista, internacionalista y analista político.

Tomado de EL País.

Si las empresas distribuidoras no tienen con qué pagar la energía que comercializan, las generadoras se ven a gatas para cubrir sus gastos administrativos, operativos y sus obligaciones bancarias, amenazando con colapsar el Sistema.

Por Amylkar D. Acosta M*. - Como se recordará, la empresa Air – e, que le presta el servicio de energía eléctrica a los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira fue objeto de intervención con fines de administración el pasado mes de septiembre por parte de la Superintendencia de servicios públicos, a solicitud de la misma empresa, procediendo en consecuencia a la toma de posesión de la misma, para lo cual procedió a nombrar como Agente interventor inicialmente al Ingeniero Carlos Diago , quien posteriormente fue reemplazado 40 días después por el ex viceministro del Trabajo Edwin Palma. Al anunciar esta decisión, el entonces Superintendente Dagoberto Quiroga manifestó que no se descartaba la liquidación “si no se alcanzan los objetivos”.

Como antecedente es importante destacar que la empresa Air – e, a través de un comunicado que emitió  el 10 de octubre de 2023 declaró su insolvencia e incapacidad de honrar sus compromisos con las empresas generadoras que le despachaban la energía que distribuye, incumpliendo sus contratos con las mismas. La razón que invocó en aquel momento la empresa fueron su falta de liquidez y de flujo de caja. Ello daba lugar a su intervención por parte de la Superintendencia de servicios públicos, debido a que quedaba incursa en la denominada “limitación de suministro”.

Para evitar la intervención, de soslayo, el Ministro de Minas y Energía expidió en volandas la Resolución 40611 el 11 de octubre de 2023, suspendiendo la aplicación de la “limitación de suministro a Air – e, al tiempo que abrió una línea de crédito en FINDETER, mediante el Decreto 1637 del 9 de octubre, a la cual podían a acceder esta y las demás empresas para la financiación de la deuda que por concepto de la Opción tarifaria tenemos contraída los usuarios con ellas, que ya superaba los $5 billones y cuya suspensión del cobro ordenada por la ex ministra de Minas y Energía Irene Vélez había puesto en calzas prietas a las empresas. A ello se vino a sumar la mora por parte del Gobierno Nacional del reintegro del valor de los subsidios al consumo de energía aplicado a los estratos 1, 2 y 3.

Pues bien, acaba de expedirse por parte de la Superintendencia de Servicios públicos una Resolución mediante la cual la modalidad de su intervención a la empresa Air – e pasa de la modalidad con fines de administración a otra con fines de liquidación. Con el fin de “adoptar las medidas necesarias para el fortalecimiento de la empresa y garantizar la continuidad de la prestación del servicio como un derecho”. Esta decisión estuvo antecedida y motivada en el “Informe diagnóstico de gestión remitido por el Agente especial de Air – e (intervenida), que muestra la compleja situación financiera y operativa de la empresa”.

Según lo acota la propia Superintendencia, con “la decisión adoptada se garantiza la normalidad en la prestación del servicio a los usuarios como un derecho y desde la Superintendencia se adelantarán las medidas necesarias para que Air – e pueda continuar adelantando su actividad en los términos exigidos por la Ley”. Empero, para lograr dicho cometido la Superintendencia está en la obligación de solventar a la empresa, darle liquidez y flujo de caja para mantenerla a flote y garantizar su operación y así evitar un apagón. Y ello solo se puede lograr inyectándole los recursos que requiere, sobre todo para comprar la energía que distribuye. Para ello la Superintendencia cuenta como fuente de financiamiento el Fondo empresarial, la mera intervención, per sé, no resuelve la delicada crisis financiera, que llevaron a la intervención.

Es más, el caso de Air-e no es aislado, es solamente la punta del iceberg de la gran crisis que afrontan las 12 empresas prestadoras del servicio, la cual se debe fundamentalmente al pasivo de la Nación, que está en mora de girarles $2.4 billones por concepto de los subsidios a los estratos 1, 2 y 3, ya aplicados por ellas y que el Gobierno Nacional les debe reintegrar. A ello se suma el lastre de la deuda que tenemos contraída con ellas por parte de todos los usuarios por concepto de la Opción tarifaria, cuyo saldo asciende a los $4.5 billones, de los cuales el propio Presidente de la República se comprometió públicamente en el mes de mayo a asumir el monto correspondiente a los estratos 1, 2 y 3, $2.5 billones. A estas deudas se vienen a sumar lo correspondiente a los subsidios a los usuarios de tales estratos de gas natural y GLP, las cuales ascienden a $628.000 millones y $54.000 millones, respectivamente. 

De hecho el Alcalde de Medellín Federico Gutiérrez manifestó recientemente que “esto es demasiado grave, EPM sigue suministrando la energía, pero yo no sé hasta cuándo la caja de las empresas va a aguantar” y añadió: “para antier es tarde, desde hace rato se le viene advirtiendo al Gobierno que esto es una inminente crisis en el sector energético, y no solo de EPM, todos los operadores se lo han dicho, lo de Vichada estaba advertido, de Norte de Santander, de Caldas, de Quindío, de todo lado está advertido”

La empresa XM, que opera el Sistema interconectado nacional (SIN), lo advirtió desde el 4 de octubre de 2023, que ello podría lugar a un efecto dominó, porque si las empresas distribuidoras no tienen con qué pagar la energía que comercializan, las generadoras se ven a gatas para cubrir sus gastos administrativos, operativos y sus obligaciones bancarias, amenazando con colapsar el Sistema. Y lo advirtieron los gremios del sector, que todo ello puede conducir a una “crisis financiera sistémica y previsible”

Es urgente, entonces, la intervención del Gobierno Nacional a través de la Superintendencia, en el caso de Air – e, buscarle una salida la carga que significa para las empresas la deuda de la Opción tarifaria y la decisión por parte del Ministerio de Hacienda de girar el valor de los subsidios, antes de que sea demasiado tarde!

Bogotá, enero 11 de enero 2025

*Economista. Expresidente del Congreso y exministro de minas y energía.

www.amylkaracosta.net

Abrir el mercado de Estados Unidos a la carne colombiana, una frustración del TLC vigente con ese país desde 2012.

Por José Félix Lafaurie Rivera*. - La semana anterior me referí a la importancia de nuestra ganadería y a sus compromisos a partir de convicciones compartidas, que dan paso a las metas, de las que hoy trataré, entendidas como elementos de planeación que orientan la acción y el logro para 2025.

De nuestro compromiso con la modernización ganadera y la salud animal se desprenden tres metas: La primera es abrir el mercado de Estados Unidos a la carne colombiana, una frustración del TLC vigente con ese país desde 2012, que terminó siendo de una sola vía, pues nuestra leche no es competitiva en ese mercado, del cual proviene, por el contrario, más del 60% de las importaciones, mientras que no hemos logrado admisibilidad para nuestra carne, a pesar de los inmensos recursos invertidos en preservar el estatus de país libre de fiebre aftosa.

Pero en 2025 “será la vencida”, pues ya hay conversaciones avanzando y adelantaré una agenda en ese sentido en mi próxima visita a ese país. Adicionalmente, encuentro una actitud muy proactiva del ministro Reyes, de Comercio, y de la ministra Carvajalino, de Agricultura, como también del ICA e INVIMA como autoridades sanitarias.

La segunda es la trazabilidad ganadera, un sistema de identificación y seguimiento de cada animal, no solo para que el consumidor conozca la información sobre la carne que compra, sino como instrumento de control para las autoridades sanitarias y de inocuidad de alimentos, además de un factor que incide en las exportaciones a mercados de alta exigencia.

Sin embargo, no hay trazabilidad sin gremio, sin una alianza público-privada, como la muy exitosa para erradicar la fiebre aftosa. Llevamos tres años de trabajo conjunto reconstruyendo el sistema de trazabilidad, SINIGAN, inicialmente creado y operado por FEDEGAN entre 2010 y 2012 mediante convenio con el ICA, con el cual se identificaron 782.000 animales, hasta que la retaliación del gobierno Santos contra FEDEGAN acabó tan importante esfuerzo. No obstante, 2025 será el año de la trazabilidad.

La tercera es llevar a feliz término el proyecto de “corral de engorde” (feedlot) en la Costa Caribe, un sistema que concentra un gran número de animales alimentados en confinamiento, con parámetros internacionales de sanidad, sostenibilidad y bienestar animal. El proyecto, promovido por FEDEGAN con apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, será determinante para las exportaciones de carne y animales, no solo por la oferta de animales en la región, sino por su cercanía a los puertos.

A partir del compromiso con la producción lechera, nuestra meta no es de resultado sino de medio, como dicen los abogados, pues las propuestas al Gobierno siguen sobre la mesa. La inclusión obligatoria de la leche en el PAE, el incentivo a la pulverización, el fondo tripartito (Gobierno-industria-gremio) para producir lácteos de calidad para sectores populares. Hoy, la investigación de Mincomercio sobre importaciones desde Estados Unidos y la imposición de derechos compensatorios temporales son medidas en la dirección correcta, pero falta mucho por hacer en el mercado local… y seguiremos insistiendo.

Finalmente, en nuestro compromiso con la Ganadería Sostenible la meta tampoco es nuestra. Duque prometió ante el mundo 100.000 hectáreas en sistemas silvopastoriles, pero no vimos una sola. Nuestro acuerdo de tierras con el actual gobierno incluye proyectos silvopastoriles, pero tampoco hay una sola hectárea. Nos va mejor con el sector privado y la cooperación internacional, pero esperamos que el Gobierno tome conciencia de lo que sería una transformación productiva y ambiental sin precedentes.

Mientras tanto, seguimos comprometidos con la trasferencia tecnológica, este año con una gira técnica a Bolivia y otra al departamento del Cesar, para “aprender de los mejores” en el país y el mundo.

Bogotá, D. C, 12 de enero 2025

Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie

Estas celebraciones tienen el lugar común de sentir que se viven tiempos distintos, más alegres, esperanzados, fraternos, solidarios y plenos.

Por Guido Echeverri Piedrahita*. - Dice la historia que el Emperador Constantino y el Papa Julio I decidieron celebrar el nacimiento de Jesús durante la época que concentraba las fiestas más populares de Roma para favorecer la conversión. La Navidad, festividad cristiana que conmemora el nacimiento de Jesucristo se celebra el 25 de diciembre según el calendario gregoriano. A pesar de su origen religioso, esta fiesta es comúnmente celebrada por los ateos como fecha para reunirse con los más allegados. Su origen es romano y pagano.

Como espacio de reencuentro y fraternidad, la Navidad tiene su particular “espíritu”, no así sus expresiones que cambian dependiendo del sitio en el que se celebra. En este lugar del mundo solemos identificarla con el invierno, la nieve y el frío sin percatarnos que en países como Australia, Nueva Zelanda, Argentina o Chile viven ardientes veranos. Los símbolos del gorro, los abrigos gruesos, la bufanda y las tibias chimeneas son reemplazados por la playa, la ropa liviana y el mar: “…podrás ver, dijo un viajero, árboles de navidad sobre la arena y surfistas vestidos de Papá Noel”.

La noche de Navidad se celebra en familia, comiendo pollo frito en Japón, pavo en Estados Unidos o cordero asado en Grecia; como sean, estas celebraciones tienen el lugar común de sentir que se viven tiempos distintos, más alegres, esperanzados, fraternos, solidarios y plenos.

En Filipinas la Navidad dura 5 meses, empieza desde septiembre; no faltan quienes les dan un uso político a estas festividades como pasó con el dictador venezolano Nicolás Maduro, que las decretó desde octubre plantando un gran árbol de Navidad frente a la Comandancia de la Armada en el Centro de Caracas: una Navidad oficial decretada para enmascarar la crisis derivada del fraude electoral de días antes.

Nuestra tradición cristiana le otorga a la Navidad una connotación muy particular; prácticamente no hay lugar donde no se celebre, ya con expresiones y formas religiosas, ya como simples parrandas o jolgorios. En todo caso se mezclan lo religioso y lo pagano en una unidad festiva, alegre y pintoresca.

Caldas tiene dos eventos especiales que nos introducen a las festividades navideñas: la Noche de la Luz en Salamina y el concierto Bienvenida la Navidad, en Chinchiná. El primero tuvo origen en la existencia de una industria de pólvora muy dinámica que se vinculaba con especial devoción al homenaje que le brindaban las gentes a la Virgen María. Fue Orlando Toro director durante varios años de la Casa de la Cultura, quien le dio forma a este evento que se convirtió en un referente cultural del municipio.

Tuve la oportunidad feliz de asistir otra vez al Concierto Bienvenida la Navidad en Chinchiná. Lleva varias versiones, pero hacía algunos años no se hacía. La idea de realizar un gran acto cultural en Chinchiná que le diera identidad a este próspero municipio cafetero fue de Jorge Noel Osorio, actual notario primero de Manizales. Hizo causa común en 2008 con la alcaldesa Magdalena Builes y los dos le dieron vida a este acto de abrebocas a la Navidad. Mientras no se interrumpió, el concierto fue ganando connotación y reconocimiento. Ahora en 2024, el alcalde, Carlos Riveros, le apostó a la idea y entendió con Jorge Noel la importancia de crearle a Chinchiná otro producto cultural característico que se convirtiera en modelo turístico y cultural para Colombia y otros países. Tuvo una realización técnica y artística impecables. Convocó al pueblo de Chinchiná que se aglomeró en la plaza a más de 2.000 personas y se gozó un espectáculo digno de cualquier ciudad de aquí o de afuera.

Estos hechos nos reconcilian con la vida, y nos dicen que en Caldas somos capaces, de la mano de mecenas como Jorge Noel Osorio, de escapar de esta a veces nuestra tortuosa realidad.

Manizales, 21 de diciembre de 2024

*Senador.

Aquí hay que abrirle un espacio importante a la promoción de la conservación del agua y el ahorro de energía.

Por José David Name Cardozo*. - Año tras año se ha evidenciado que las temporadas de sequía vienen con mayor fuerza, dejando a su paso devastadoras afectaciones en la salud, el ambiente y la economía. Estos inclementes episodios están llegando más rápido de lo que se está actuando para mitigarlos. Tenemos infinidad de ejemplos propios y de vecinos, que de nada han servido para prepararnos ante un nuevo evento climático.

Una de las principales preocupaciones de la llegada de un verano intenso, radica en el fuerte impacto que podría causar sobre el sector eléctrico del país. El panorama es inquietante si tenemos en cuenta que la oferta de gas viene disminuyendo y que tenemos una combinación atípica de circunstancias como: la crisis financiera de las empresas distribuidoras, la creciente deuda por opción tarifaria, el agotamiento en las redes de transmisión regionales, los retrasos de proyectos energéticos renovables, y una Creg a media marcha.

Hace más de cuatro décadas, en abril de 1980, Colombia vivió una crisis energética desatada por la demora en los proyectos y la intensa sequía. Hubo cortes de energía de dramáticas proporciones, en ese entonces las lluvias llegaron, pero los racionamientos no cesaron, por el déficit en la infraestructura de generación. El apagón más recordado, en la historia reciente, fue el del gobierno de César Gaviria en 1990, que le costó varios miles de millones de dólares al país.

Con antecedentes de drásticos racionamientos de energía eléctrica en los últimos 44 años, hoy tendríamos que haber adquirido la mayoría de edad en la prevención de las deficiencias y la planeación del sector, incluso en contra de los ciclos de sequía y fenómeno de El Niño. Pero no es así. Lamentablemente, nos seguimos caracterizando por ser una Nación consciente de sus riesgos y amenazas, pero poco inclinada a desarrollar una política pública que se anticipe a los hechos, de ahí nuestra preocupación por los graves estragos que pueda traer esta nueva temporada de sequía, que ya fue alerta por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), para el primer trimestre de 2025.

La inadecuada planeación energética nos ha llevado a paliar problemas de escasez en ciudades como Bogotá. Por eso es importante pensar en el futuro del sector eléctrico colombiano, en las nuevas fuentes de producción, en resolver los problemas que afronta la Costa Caribe con sus operadores y en ampliar el espectro de soluciones con base en análisis realistas.

Hay que mantener una generación alta que nos permita llegar a la temporada de lluvia con 50% en los embalses. Por otro lado, la generación térmica debe ser con el combustible que respalde las Obligaciones de Energía en Firme (OEF), para que no se generen problemas con el mercado de gas, es decir, que el estatuto de desabastecimiento tenga flexibilidad para que las hidroeléctricas con embalses que estén a punto de vertimiento tengan obligación y prioridad en la generación.

Con una demanda energética creciendo a un ritmo insostenible, una oferta cada día más limitada y la advertencia de la llegada de una nueva temporada de sequía, es inaplazable desarrollar, desde todos los sectores, acciones y programas orientados a la prevención y planeación. Aquí hay que abrirle un espacio importante a la promoción de la conservación del agua y el ahorro de energía.

Bogotá, D. 21 de diciembre de 2024

*Senador del Partido de la U.

No hay duda de que todo cuanto sucede en la agenda política nacional ratifica que el universo macondiano es realidad palpable en un país que se resiste al cambio

Por Hubert Ariza*. - Con el estreno mundial, el pasado miércoles, de la adaptación de la obra cumbre de Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, como una serie en Netflix, Colombia ratifica que vive en modo macondiano. Especialmente en la arena política, donde es bueno recordar la inolvidable sentencia de que los pueblos condenados a cien años de soledad no tienen una segunda oportunidad sobre la tierra. Habría que agregar que tampoco la deberían tener los gobiernos incapaces, los partidos corruptos, los líderes autoritarios y populistas, ni los pueblos sumisos.

No hay duda de que todo cuando sucede en la agenda política nacional ratifica que el universo macondiano es realidad palpable en un país que se resiste al cambio, vive en una guerra permanente que se recicla de manera indefinida y agudiza la crisis humanitaria, y las castas conciben la política como una cloaca sin contrapesos donde es posible enriquecerse con total impunidad.

Un lugar donde a nombre de la paz se atacan los acuerdos logrados después de 60 años de confrontación interna, millones de víctimas reclaman verdad, justicia y reparación ante un Estado con los bolsillos vacíos y las regiones incendiadas, y se propaga el odio y la desinformación como un cáncer que hace metástasis cada cuatro años al momento de votar. Y, además, el engaño, la corrupción y la traición son el sello del éxito personal de unos pocos que envilecen la democracia y promueven la demolición de las instituciones una vez elegidos.

También hay, por supuesto, los soñadores que, como José Arcadio Buendía, buscan la piedra filosofal de la paz, la equidad, la justicia social y el fortalecimiento de la democracia, y son señalados de locos que desafían las leyes del ecosistema político del culto al dinero y el individualismo.

Mientras Macondo toma forma en Netflix, en la política colombiana ―que parece un reality televisivo con amenazados, eliminados y conspiraciones de todo tipo― un balance de 2024 demuestra, como lo señalan las encuestas, que la agenda política sigue atada a la corrupción, el conflicto armado y el déficit de las finanzas nacionales y regionales. Todo en medio de una profunda sequía de optimismo ante los anuncios apocalípticos de recorte acelerado del apretado presupuesto nacional, golpeado por el fracaso en el Congreso de la llamada ley de financiamiento, que tiene celebrando a la oposición y radicalizado al presidente Petro, quien entiende que lo que le importa a sus adversarios es impedir la reelección de la izquierda democrática en 2026.

El hundimiento del mencionado proyecto opaca los logros en el Congreso del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien había brillado al pasar en línea varias de las importantes reformas gubernamentales, entre las que se destaca la del Sistema General de Participaciones (SGP), que significará un enorme impulso a la descentralización y la autonomía regional, y está supeditada a la presentación de un proyecto de ley de competencias. No es claro aún, sin embargo, el impacto de la crisis generada por el hundimiento del proyecto de ley de financiamiento en el ánimo descentralizador del Gobierno. Como dice el viejo refrán, el palo no está para cucharas.

La naufragada iniciativa legislativa buscaba recursos por cerca de 12 billones de pesos para suplir el déficit del Presupuesto General de la Nación, y significaría un respiro al Gobierno nacional, que ahora se verá obligado, en pleno proceso electoral del 2026 a buscar múltiples fuentes de oxígeno político y económico y a tomar medidas radicales para cumplir sus compromisos con amplios sectores sociales, sin incumplir las responsabilidades internacionales, mientras agudiza la imaginación para construir un relato creíble de cambio de la sociedad, que impida la frustración del electorado y le permita soñar con la reelección de su proyecto político.

El recién nombrado ministro de Hacienda, Diego Guevara, necesita, en esa tarea, mucho más que las salidas macondianas, la imaginación de García Márquez o la obsesión de José Arcadio en su laboratorio de alquimia. La derecha estará atenta a las salidas pragmáticas en lo económico y cero errores políticos; la izquierda exigirá no renunciar a las promesas sociales ni ceder a la presión de la derecha; y, en todo caso, el Gobierno deberá construir un relato transparente ante la opinión pública, impidiendo el estallido social de la clase media que promueve la derecha, y contar con aliados en mercados internacionales en la era de Trump. La Cancillería será esencial en esa tarea.

En un país que ha vivido por más de seis décadas en guerra, muchas veces el ministro estrella ha sido el de Defensa. Juan Manuel Santos lo fue de Álvaro Uribe y alcanzó la cúspide por los golpes militares contundentes a las FARC. Ahora, los hechos demuestran que los reflectores estarán en el de Hacienda, porque lo que suceda con la economía marcará el destino de los colombianos y, por supuesto, el de la izquierda. El espejo de Brasil es contundente.

Lula es ejemplo de defensor de los intereses vitales de Brasil y de potenciador de la solidez económica de su país, sin renunciar un milímetro a la ideología socialista. Colombia, además, tiene una excelente calificación por la estabilidad y crecimiento económico, como lo señaló un reciente informe de la prestigiosa revista The Economist que ubicó al país como la sexta economía más destacada de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 2024.

La apuesta de la derecha, al negar el proyecto de ley de financiamiento, se percibe como una jugada política para disminuir el impulso de los avances sociales de Petro, quitándole la chequera para bloquear su gestión en procura de la reducción de los indicadores de pobreza. Entre 2022 y 2023, el Gobierno sacó a 2,5 millones de colombianos de la inseguridad alimentaria, reduciendo el hambre.

Más allá de la polarización, Colombia vive tiempos de enorme responsabilidad fiscal. No hay espacio para salidas populistas, ni catastróficas. Tampoco para radicalismos que lleven el país al borde del abismo. Los grandes líderes capotean la tormenta con serenidad y firmeza. El electorado premiará la responsabilidad con la que se maneje la coyuntura y los indicadores con que se entregue la economía en 2026.

Grande tarea tienen, entonces, Petro y su equipo económico, cuyo ministro de Hacienda no puede ser un yes-man, sino un líder capaz de generar consensos, escuchar todas las voces y diseñar, con el equipo político, una salida viable a la crisis presupuestal que permita mantener la tranquilidad de los mercados, respetar la regla fiscal, garantizar los recursos para los subsidios a amplios sectores de la población y cumplir el Plan Nacional de Desarrollo.

Petro tendrá, además, que contenerse para impedir que aumenten los índices de pesimismo colectivo y los electores voten por el regreso de la derecha ortodoxa, privatizadora y pragmática, que borraría, a lo Javier Milei, en un solo día y con una motosierra el legado de sus cuatro años de mandato.

Petro sabe que de la derecha solo recibe desprecio y obstáculos. Al fin y al cabo, lo ven como al último descendiente de los gitanos macondianos, al que maldicen, como maldicen aún después de muerto a Gabo y su inmortal obra.

Bogotá, D. C, 15 de diciembre 2024

*Periodista, internacionalista y analista político.

Tomado de EL País.

Me parece casi imposible traducir al audiovisual una obra literaria de las características tan complejas como las que distinguen a Cien Años de Soledad y, en general, a todo el legado literario de nuestro querido Nobel.

Por Fernando Cepeda Ulloa*. -Todo indica que será un excelente regalo navideño. El lanzamiento del miércoles pasado, 11 de diciembre, de la obra más emblemática de Gabriel García Márquez en formato audiovisual, es una materialización de un deseo obsesivo de muchos en Colombia y en el exterior, para llevar a millones de personas toda la maestría y toda la magia que caracterizan Cien Años de Soledad. Curioso que esta presentación se inicie un día después de la fecha en la cual se entregó hace muchos años por primera vez el premio Nobel, incluido el de literatura. Gabo lo recibió en esta misma fecha en 1982.

Es bien conocida la reticencia de Gabo, quien además era aficionado al cine y él mismo guionista y productor, para que sus obras, fueran adaptadas al audiovisual. Fueron muchas sus objeciones y reservas al respecto. Y sabemos que se han hecho intentos con otras de sus obras, aunque nunca con Cien Años de Soledad. Netflix, con audacia digna de encomio, ha asumido ese riesgo.

Contrató a una excelente directora, doña Laura Mora, antioqueña, quien ya se ha lucido con la producción de varios largometrajes, uno de ellos mereció un apreciado premio en San Sebastián. Ella misma tiene una historia muy dura y compleja que de alguna manera tradujo en uno de sus largometrajes. Netflix no ahorró recursos. Es que llegó a construir ese pueblo imaginario, llamado Macondo, en las afueras de Ibagué. Contrató un personal mayoritariamente colombiano para realizar la tarea artística, titánica hay que decirlo, y creó lo que denominaron una "Escuela de Cien años de soledad" para transmitir muchos aprendizajes necesarios para que este esfuerzo cinematográfico correspondiera tanto como fuera posible a la realidad de la novela y a la magia de la misma.

La periodista Annie Correal escribió en el New York Times del 9 de diciembre una excelente crónica sobre la producción de esta serie y, luego de visitar el pueblo de Macondo, y de releer con mucho cuidado el texto escrito de la novela se tomó el trabajo, nada fácil, de comparar escenas muy complejas con la serie ya elaborada que tuvo el privilegio de ver. Lo que se va a observar es producto de años de un formidable esfuerzo intelectual de García Márquez y de otro formidable esfuerzo de Netflix, tanto financiero como profesional, para que en unas cuantas horas, en sólo dos temporadas, se pueda aprovechar tanto talento y tanta audacia. La propia crónica de Annie Correal es un ejemplo de muchas horas, seguramente, días de trabajo cuidadoso para recoger en un breve texto una inmensa tarea intelectual.

Me he resistido a releer Cien años de soledad antes de ver la serie. He resuelto escribir estas líneas antes de ver el trabajo audiovisual. Y me pregunto si debo releer el libro después de ver la primera temporada. Pienso que debo hacer un esfuerzo por separar la maestría del escritor de la maestría que al parecer ha puesto en marcha Netflix para llevar esta obra de García Márquez al campo audiovisual, tal como se ha hecho con otros trabajos literarios muy famosos.

Me parece casi imposible traducir al audiovisual una obra literaria de las características tan complejas como las que distinguen a Cien Años de Soledad y, en general, a todo el legado literario de nuestro querido Nobel. Por ejemplo, dice la Academia Sueca, “Pero la conciencia de la muerte y el sentimiento trágico de la vida contrastan con la vitalidad de la narración, esa capacidad de invención aparentemente ilimitada, que a su vez expresa la fuerza vital, a un tiempo aterradora y edificante, de lo vivo y lo real. Lo cómico y lo grotesco en García Márquez puede ser cruel, pero también puede transformarse en algo lleno de un reconciliador sentido del humor.”

Bogotá, D. C, 15 de diciembre de 2024

*Analista Político, Catedrático. Exministro de Estado

Si bien la extinción de dominio por incumplimiento de la función ecológica de la tierra existe desde la ley 160 de 1994, es una espada de Damocles que sigue pendiendo sobre la nuca de los propietarios de tierra.

Por José Félix Lafaurie Rivera*. -El nuestro es un país de jueces, magistrados y “altas cortes”, pero de poca justicia, que, en lo penal, ostenta un vergonzoso índice de impunidad del 90% -del 100% en la JEP-, mientras que, en lo civil, laboral y contencioso, es un atropello permanente a los derechos ciudadanos.

Ahora tendremos nueva jurisdicción, la Agraria, con ley estatutaria aprobada, que definió su estructura y relaciones dentro del sistema judicial, la cual se encuentra en revisión en la Corte Constitucional. De otra parte, el proyecto de ley ordinaria, que establece competencias, procesos y procedimientos, acaba de ser aprobado en comisiones primeras de Senado y Cámara, faltándole los debates en plenaria de las dos corporaciones, con lo que el Gobierno no solo espera anunciar un resultado en medio de duros golpes, como el de la Ley de Financiamiento, sino mostrar el proceso como ejemplo de concertación.

Y en verdad lo fue, pues en la etapa prelegislativa el Ministerio de Agricultura abrió espacios en los que pudimos señalar, artículo por artículo, los sesgos y, sobre todo, las amenazas que representaba el proyecto original para el derecho a la legítima propiedad privada de la tierra, algo que yo venía reiterando en varios escritos en este mismo espacio, a resultas de mi compromiso con la defensa de los derechos de los ganaderos colombianos.

Fue también importante la concertación con el Congreso de la República, que merece nuestro reconocimiento, principalmente en la audiencia pública convocada por la Comisión Primera del Senado, en la que los sectores interesados pudimos expresar y consignar por escrito nuestros reparos al proyecto, lo cual, no cabe duda, fue definitivo para los debates en las comisiones conjuntas y lo será para las plenarias.

¿Qué se logró? Sin entrar en detalles, primero: “desideologizar” el proyecto, suprimiendo o morigerando unos principios permeados por el sesgo, muy de las narrativas populistas de izquierda, de una ley pensada para “proteger” a unos sectores vulnerables e indefensos, de otros poderosos y perversos, un sesgo que acabo de ver hasta en el Noticiero del Senado, cuando anuncia la aprobación en comisiones con el subtítulo en pantalla de “Los campesinos contarán con jueces especializados”. ¿Los campesinos solamente?, me pregunto.

Segundo: acotar el desbordamiento de competencias, casi omnímodas y omnipotentes que el proyecto pretendía otorgar a los jueces agrarios; y tercero, y muy importante: recuperar para los propietarios de tierra el derecho a la fase judicial de los procesos agrarios, entre ellos la extinción de dominio y la expropiación, que el proyecto había cercenado para dejar la decisión de cierre en manos de la Agencia Nacional de Tierras.

¿Qué sigue preocupando? Primero: que al proyecto todavía le sobra ideología y sesgo, pues, como he reiterado, la ley debe proteger a la población vulnerable en términos del acceso a la justicia y de acompañamiento, pero ya dentro del proceso, frente al juez, todos somos y debemos seguir siendo iguales ante la ley, sin favorecimientos procesales que desvirtúan la noción misma de justicia.

Y sigue preocupando que, si bien la extinción de dominio por incumplimiento de la función ecológica de la tierra existe desde la ley 160 de 1994, es una espada de Damocles que sigue pendiendo sobre la nuca de los propietarios de tierra, en un país con autoridades ambientales “autónomas” y cooptadas por el clientelismo regional, y con una legislación ambiental difusa y difícilmente aplicable en un campo agobiado por la violencia.

Con o sin fase judicial, la extinción de dominio, justificada para corruptos y narcotraficantes, es a todas luces un castigo excesivo para la presunta violación de normas ambientales. Revisarlo es una tarea del Congreso en las plenarias que vienen.

Bogotá, D. C, 14 de diciembre de 2024

Presidente de FEDEGAN

@jflafaurie