Opinión
Elemento indispensable para una verdadera descentralización en Colombia es tener la Ley de Ordenamiento Territorial que exige el artículo 288 de la Constitución
Los objetivos de la reforma son incontrovertibles. Colombia es un país con un centralismo excesivo, el poder casi omnímodo del gobierno central debe ser distribuido para dar más capacidad de ejecución a las regiones.
Ni es la panacea para acabar con el centralismo como dicen sus promotores, ni es la debacle fiscal que lamentan sus críticos. Ni lo uno ni lo otro es la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones (SGP) aprobada por el Congreso para darle más recursos y competencias a departamentos y municipios.
Es un avance importante para la necesaria autonomía de los territorios, pero tiene muchos retos para una verdadera descentralización del país y plantea riesgos para la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Los objetivos de la reforma son incontrovertibles. Colombia es un país con un centralismo excesivo, donde el poder casi omnímodo del gobierno central debe ser distribuido para dar más capacidad de ejecución a las regiones; se deben cerrar las enormes desigualdades y brechas que existen entre los territorios ricos y los pobres, y dar más recursos a los gobiernos locales para fortalecer la presencia del Estado en regiones abandonadas.
Sin embargo, para lograr esos objetivos hay que tener total claridad en reconocer que la descentralización no es solo aumentar el porcentaje de recursos del SGP que se transfieren a departamentos y municipios. Es condición necesaria pero no suficiente.
Elemento indispensable para una verdadera descentralización en Colombia es tener la Ley de Ordenamiento Territorial que exige el artículo 288 de la Constitución, donde se deben establecer “la distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales”, y otros temas tales como las funciones de los departamentos o las regiones de planeación.
Otros elementos necesarios son el fortalecimiento de las capacidades administrativas y de generación de recursos propios de los entes territoriales o la conformación de órganos de control regionales independientes.
En cuanto a los riesgos de desequilibrio fiscal, la reforma tiene protecciones importantes como exigir que sea compatible con la Regla Fiscal, o que la transferencia de recursos debe ir acompañada de traslado de competencias, o que solo entrará en vigencia cuando se expida la ley que las distribuya (que debe tener aval de Minhacienda).
El problema es que estas protecciones van en contra de las aspiraciones de los congresistas que aprobaron la reforma con la ilusión de que las regiones van a tener más plata de libre destinación, o que no aceptan que para cerrar brechas destinando más recursos a territorios pobres, habrá que disminuir lo que reciben los más ricos. Se trata de un juego de suma cero, pues no habrá recursos adicionales sino redistribución de los que existen.
El riesgo entonces es político: la obligación de trasladar recursos es fija (39.5% de los ingresos) mientras que las protecciones que quedaron en la Constitución no son cuantitativas y la ley de competencias que presente el gobierno manteniendo el equilibrio fiscal puede salir de la votación del Congreso con una mayor transferencia de recursos que de competencias. Todo dependerá del capital político que tenga el gobierno dentro de doce meses para contener las aspiraciones de los políticos regionales (que son todos los congresistas).
Bogotá, D. C, 8 de diciembre 2024
*Filósofo y Economista. Consultor.
La Transición energética no debe poner en riesgo la seguridad energética
Por Amylkar D. Acosta M*. -En los últimos 15 años (2007 – 2022) las reservas de gas natural en el país han caído el 50%, situándose en los 2.3 TPC y con ellas ha caído también la producción el 9% entre junio de 2023 y junio de este año, pasando de 1.170 MMPCD hasta los 900 MMPCD. Según la Gestora del Mercado de gas natural, se prevé que el potencial de producción caerá el 19.8% entre los años 2024 y 2026. Y como la demanda crece y crecerá aún más hacia el futuro, como sustituto del carbón y de los combustibles líquidos, según la Gestora para el 2025 se estima el déficit en un 12% (120 MMPCD) y para el 2026 de un 30% (350 MMPCD). Déficit este que tendrá que cubrirse con importaciones.
En ello coincide el Presidente de ECOPETROL, Ricardo Roa: “va a haber unos faltantes el año entrante que van a estar cercanos a los 160 de gigas de BTU, luego va a subir a 180, y de ahí en adelante a 300 y hasta a 500, si no incorporamos reservas”. No obstante, el negacionismo del Ministro de Minas y Energía Andrés Camacho lo llevó a decir que “no es cierto que vayamos a tener escasez de gas los próximos años, no hay ninguna crisis energética y no estamos ante un riesgo inminente de desabastecimiento razón por la cual no hay ningún traslado de costos adicionales a los usuarios”.
Por su parte Roa se ratifica en lo ya dicho y afirma no sólo que “sí vamos a depender de la importación, de aquí a 2029”, sino que advierte que “eso va a hacer que se tenga un incremento significativo de la tarifa”. Más claro sólo el agua! Bien dijo la Presidenta de NATURGAS Luz Stella Murgas que “el déficit del gas natural no es una alerta, es una realidad, no es una narrativa”, como aduce el Gobierno.
Según había asegurado el Ministro Camacho “nunca ha estado en nuestros planes opciones de importación desde otros países…No hemos visto ningún problema de abastecimiento porque estamos tomando medidas…No es cierto que vayamos a tener escasez el próximo año”. Tal vez estaba imbuido de la idea de su antecesora, la ex ministra Irene Vélez, cuando vaticinó irresponsablemente que “según los cálculos, las reservas probadas, probables y posibles garantizarían un suministro de gas hasta el 2037, es decir de 15 años más”.
Contra todos los pronósticos y previsiones del Gobierno nacional, desde el día 1 de diciembre de este año Colombia, por primera vez en 45 años, inició las importaciones de gas natural para atender el consumo esencial. En efecto, a través de un Comunicado público la mayor distribuidora de gas importado TLP GAS informó que a través de la regasificadora SPEC, recibe 40 MMPCD desde el pasado 29 de noviembre, requeridos por 8 empresas distribuidoras. Los hechos son tozudos. Entre tanto el Ministro de Minas y Energía Andrés Camacho se obstina en negar, contra toda evidencia, las importaciones y sostiene que se cuenta con “excedentes” de gas extraído en el país, que no se traducen en oferta firme en el mercado. Y no explica por qué.
La razón está en la norma aludida, que es muy clara al respecto cuando establece que “los agentes que atiendan la demanda esencial tienen la obligación de contratar el suministro y el transporte de gas natural para la atención de dicha demanda con agentes que cuenten con respaldo físico”. Que no es el caso de aquella producción de gas proveniente de campos que aún están en prueba extensa. En últimas la que cuenta es la oferta en firme, que no sea susceptible de interrupción en sus entregas por parte del proveedor.
El Ministro Camacho se niega a dar su brazo a torcer e insiste con terquedad aragonesa en que no hay necesidad de importar, que “las cifras revisadas muestran que las declaraciones de producción y disponibilidad de gas en los campos nacionales son adecuadas para atender la totalidad de los requerimientos del mercado”. Para él este es un axioma que como tal no necesita demostración. Al parecer el Ministro hizo suya la truculenta frase atribuida al ex presidente de EEUU Harry Truman: “cuando no puedes convencerlos, confúndelos”.
Ello lo ha llevado a poner en pausa la expedición del Decreto 2024 de 2024 que se publicó para comentarios en el mes de noviembre, que los agentes llevan meses requiriendo para habilitar las importaciones y dar vía libre para que la CREG expida la Resolución para homologar las condiciones contractuales para comprometer gas en firme proveniente del exterior y establecer el indexador de precios, los cuales, dicho sea de paso, serán mucho más alto. Aunque ella advierte que “el gas barato”, al que hemos estado acostumbrado, se acabó por fuerza de las circunstancias, porque hasta el gas producido en el país terminará por nivelarse con los precios internacionales.
Es de anotar que esta primera importación es solo la cuota inicial, ya que de acuerdo con el Gestor del Mercado, que maneja la cifra oficial, se estima un déficit del orden del 8,2% de la demanda total en el 2025 y en 2026 el mismo llegaría a un 20,6%. Sin fundamento alguno el Ministro Camacho se aventuró a afirmar que el uso del gas importado no será inmediato. Según él dicha importación sólo busca “cubrirse en caso de ser necesario”, pues “la producción nacional de gas será suficiente para cubrir la demanda de diciembre”.
En estas circunstancias en las que estamos se está incurriendo en el mismo error en el que cayó la Unión Europea al precipitarse a abandonar prematuramente a las energías de origen fósil, a las que tuvo que volver apresuradamente ante el riesgo del colapso de su economía. De ese trance del que todavía no termina de reponerse le quedó una lección aprendida, de la cual debemos tomar atenta nota: la Transición energética no debe poner en riesgo la seguridad energética. La otra lección que se sigue de la anterior es que tan importante para un país como la seguridad energética es la soberanía energética. Ello es lo que está en juego!
Bogotá, diciembre 7 de 2024
Esas disidencias y otras organizaciones criminales siguen actuando, con gravísimo daño a las instituciones y al pueblo colombiano, y han demostrado no tener voluntad alguna de acogerse a la legalidad.
Por José G. Hernández*. -Tras la reforma introducida mediante Acto Legislativo 5 de 2017, el actual artículo 22 A de la Constitución establece una regla de la mayor importancia en la que no se ha trabajado lo suficiente y cuyo perentorio mandato no ha sido adecuadamente cumplido.
La norma estipula de manera perentoria que, con miras a garantizar la no repetición de las conductas delictivas que han hecho imposible el logro de la paz en Colombia y también con el objeto de asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y el uso de las armas por parte del Estado y la Fuerza Pública en todo el territorio nacional, “se prohíbe la creación, promoción, instigación, organización, instrucción, apoyo, tolerancia, encubrimiento o favorecimiento, financiación o empleo oficial y/o privado de grupos civiles armados organizados con fines ilegales de cualquier tipo, incluyendo los denominados autodefensas, paramilitares, así como sus redes de apoyo, estructuras o prácticas, grupos de seguridad con fines ilegales u otras denominaciones equivalentes”.
Desde 1991, en el artículo 22 de la Constitución se declaró que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. En tal sentido, es comprensible la intención gubernamental -anunciada desde la campaña presidencial de 2022- de lograr ese propósito colectivo, a plenitud y no parcialmente. Ello, teniendo en cuenta que el proceso de 2016 se circunscribió tan solo a parte de las Farc, con disidencias anteriores y posteriores a la firma del Acuerdo de Paz firmado con el expresidente Juan Manuel Santos. Esas disidencias y otras organizaciones criminales siguen actuando, con gravísimo daño a las instituciones y al pueblo colombiano, y han demostrado no tener voluntad alguna de acogerse a la legalidad. Tanto es así que una de ellas acaba de manifestar que buscará la paz, pero no con el actual sino con el próximo gobierno. Lo cual indica que la denominada “paz total” no se alcanzará durante la presente administración.
Se prohíbe al Estado la tolerancia con los grupos ilícitos armados, luego, a nuestro juicio, si uno de ellos no muestra voluntad de paz, no se debe insistir en su vinculación a procesos de esa naturaleza, y, como de ese precepto resulta, la Fuerza Pública debe continuar su actividad en todo el territorio y para sus integrantes no puede haber zonas vedadas, en las que no puedan ingresar o tengan que salir.
La Constitución también insiste en que “la ley regulará los tipos penales relacionados con estas conductas, así como las sanciones disciplinarias y administrativas correspondientes”. Es decir, no puede haber impunidad. Es una inconsecuencia que reconocidos delincuentes que siguen delinquiendo sean elegidos para cumplir la función de gestores de paz y quedar en libertad.
En cuanto a las víctimas, no deben ser revictimizadas, como ha ocurrido recientemente -muy grave, por parte de un congresista- con las madres de quienes fueron asesinados y presentados como guerrilleros dados de baja en combate, en el curso de los mal llamados “falsos positivos”, verdaderos crímenes de lesa humanidad. Ni debe ocurrir con los familiares de más de dieciocho mil casos de menores que -según la JEP- fueron víctimas de secuestro, reclutamiento y violencia sexual y otras atrocidades, durante el conflicto armado.
Bogotá, D. C, 20 de noviembre de 2024
*Expresidente de la Corte Constitucional
Hay tres dimensiones diferentes de la desigualdad social. Una es la Pobreza que refleja la desigualdad en el acceso a los bienes y servicios básicos; otra es la desigualdad en la distribución del Ingreso, y una tercera es la desigualdad en la distribución.
Por Mauricio Cabrera Galvis*. -Lo que no se mide no se puede mejorar”. Este axioma, popularizado por Peter Drucker, el gurú de la administración de empresas, también tiene plena aplicación en el campo de las políticas públicas. Con dos corolarios importantes: uno, el hecho de medir no garantiza que se mejore y dos, lo que se mide mal no se puede mejorar.
Un caso claro de aplicación de estos principios es el de las políticas para disminuir la desigualdad, donde hay situaciones como la pobreza que se han medido durante años y se han mejorado; otras que no se han mejorado a pesar de que se han medido por mucho tiempo, como la distribución del ingreso, y otras que no se han medido de manera sistemática y no se sabe si han mejorado o empeorado, como es el caso de la distribución de la riqueza.
Para entender la diferencia entre las tres situaciones hay que recordar que hay tres dimensiones diferentes de la desigualdad social. Una es la Pobreza que refleja la desigualdad en el acceso a los bienes y servicios básicos; otra es la desigualdad en la distribución del Ingreso, y una tercera es la desigualdad en la distribución de la Riqueza.
Los indicadores de pobreza, elaborados con una metodología rigurosa, han permitido que todos los gobiernos recientes fijen metas precisas de reducción de la pobreza, y que la opinión pública vigile y evalúe el cumplimiento de las mismas, todo lo cual ha contribuido a que se hayan logrado importantes avances en la reducción de la pobreza, tanto la multidimensional como la monetaria.
En materia de distribución del ingreso, solo en los últimos años se han planteado en los planes de desarrollo metas para mejorarlas, a pesar de que hace más de medio siglo se utiliza el índice de Gini, el cual se ha mantenido relativamente constante alrededor de 0.52, lo que nos mantiene como uno de los países más desiguales del mundo. Es posible que en este caso la medición sea equivocada y por eso no hay mejoría.
Donde es casi total la ausencia de datos e indicadores rigurosos y continuos, es en el campo de la concentración de la riqueza que, por lo poco que se conoce es mucho peor que la del ingreso.
El actual Plan de Desarrollo plantea por primera vez un camino para llenar este vacío de información. En efecto en su artículo 91 ordena que “El DANE -con el apoyo técnico del DNP- elaborará y publicará nuevas mediciones de desigualdad en torno a la tierra, la propiedad inmueble, la tenencia de activos financieros y la riqueza en el país”.
Parece inocua pero es una medida radical, porque medir la realidad y la evolución de la concentración de la riqueza fortalecerá el debate público sobre el tema y permitirá diseñar políticas y establecer metas medibles para lograr una sociedad menos desigual. Sin embargo sorprende que en dos años el gobierno del cambio no haya avanzado nada en esta materia.
Cali, 17 de noviembre de 2024
*Filósofo y Economista. Consultor.
De este mulato jubiloso y vital hasta sus últimos días, queda su herencia para amar la cultura colombiana, y su autenticidad y sencillez de hombre culto, defensor de la causa negra y vivo ejemplo de filantropía.
Por Amylkar D. Acosta M*. -Acatando el último deseo del maestro Manuel Zapata Olivella (1920 – 2004), sus honras fúnebres tuvieron lugar en la Universidad que lo graduó como médico en 1948. Sitio donde "su familia", la gente negra, acudió a honrarlo con su cultura al lugar que consideró se podía expresar la libertad: la Universidad Nacional.
Manuel Zapata Olivella nació en Santa Cruz de Lorica (Córdoba) el 7 de marzo de 1920. Aunque muchos pensaban que era chocoano, en realidad fue hijo adoptivo de esta región, a la que llegó a conocer tanto como al Caribe negro. De su sensibilidad social y artística dan cuenta sus novelas como Changó, el gran putas , Tierra mojada , Pasión vagabunda , He visto la noche , En Chimá nace un santo ; ensayos como Tradición oral y conducta en Córdoba , El hombre colombiano , El folclor en los puertos colombianos ; y obras teatrales como Los pasos del indio , Las tres monedas de oro , El retorno de Caín , entre otros.
Este auténtico vocero "del negrerío, la negredumbre o la negritud", acepciones "bellas", que utilizaba sin prejuicio en su peregrinaje por cualquier lugar del mundo donde fuera invitado por su conocimiento acerca de los ritmos y el lenguaje africano, coincidió en su dedicación a la música y las letras con Rafael Escalona y Gabriel García Márquez, con quienes sostuvo una amistad entrañable. Antes de ser reconocidos, se encontraron casualmente en 1950 en La Paz, municipio de Robles (Cesar), cuando Gabo vendía enciclopedias; a "Rafa" lo expulsaron del Liceo Celedón por componer su primera canción El hambre del liceo y Manuel, adelantaba su año rural.
"De risa estruendosa, cabello alborotado que lo hacía distinguirse a distancia, solía llamar la atención en ceremonias de gala con su vestimenta colorida como símbolo de irreverencia y proyección de la cultura africana", lo describe su amigo el historiador y jurista Ciro Quiroz.
Polifacético como fue, a su profesión de médico sobrepuso su vocación social, cuando en Colombia aún no existían antropólogos y sociólogos formados en la academia. Descubrió e inventarió las expresiones culturales de San Basilio de Palenque, seleccionando los mejores tamboreros y llevándolos a Europa, al lado de los distintos grupos folclóricos que impulsó su hermana Delia Zapata. Precisamente, en Changó, el gran putas, la obra que le mereció el mayor reconocimiento, deja ver el método comparativo de su investigación social, al asimilar el santoral cubano con el santoral palenquero, convirtiéndose además en la segunda novela sobre la africanía en América más importante después de Raíces .
La oralidad, el folclor, las leyendas y, por supuesto, "las penurias, humillaciones y miserias de que son víctimas los negros", llevaron a Zapata Olivella a tener no sólo el conocimiento, por el cual es el colombiano más mencionado en la bibliografía mundial sobre el tema afro, sino la conciencia de raza que definió todas sus facetas: la de investigador, artista, novelista, dramaturgo, activista y colombiano negro.
Cónsul en Trinidad y Tobago durante el gobierno de Ernesto Samper; coordinador del "Encuentro latinoamericano de folclor", miembro de la Junta Nacional de Folclor, y del Patronato de Ciencia y Artes de Colombia; ejerció como hombre de la vida pública, en la que se inició como dirigente estudiantil en 1949, época en que conoció a Fidel Castro durante el "Congreso latinoamericano de estudiantes", que impugnaba el nacimiento de la Organización de Estados Americanos (OEA).
"Como una carcajada inteligente", lo recuerda el escritor y otro de sus más cercanos amigos y paisano además, David Sánchez Juliao, al exaltar su "frondosa" pluma, que puso al servicio de la identidad y el sentido de pertenencia al país. Por eso, también es evocado como el maestro que le enseñó a varias generaciones de escritores, por lo cual, sin duda, recibió el Premio Nacional de Literatura. También, frente a sus cualidades editoriales, Ciro agrega, "si bien 'Gabo' maneja las formas en la literatura, Zapata maneja la profundidad del suceso social".
Por todos sus méritos y merecimientos el Ministerio de Cultura quiso exaltar y honrar su memoria, además de promover la divulgación de su extensa y profusa obra literaria y con tal fin la Ministra Carmen Inés Vásquez Camacho expidió la Resolución 3222 del 17 de octubre de 2019 “por la cual se declara el 2020 Año del Centenario de Manuel Zapata Olivella”. Durante este año se llevaron a cabo actividades académicas en torno a su vida y obra en el marco de la Feria Internacional del libreo (Filbo) en Bogotá, como también en la Feria del Libro de Madrid, en donde Colombia fue invitada de honor.
Como una coincidencia atávica, su muerte el 19 de noviembre de 2004, al igual que la de su hermana Delia Zapata Olivella, se produjo luego de haber visitado África. De este mulato jubiloso y vital hasta sus últimos días, queda su herencia para amar la cultura colombiana, y su autenticidad y sencillez de hombre culto, defensor de la causa negra y vivo ejemplo de filantropía.
Cota, noviembre 19 de 2024
*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía
www.amylkaracosta.net
La tempestad perfecta de Trump puede convertirse en una noche oscura para la democracia y, a la vez, una oportunidad para que Colombia defienda la suya con la Constitución en la mano.
Por Hubert Ariza*. -La reelección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos es una tormenta perfecta que poco a poco se convertirá en un huracán, que tratará de destruir a su paso todo aquello que vaya en contravía de su particular manera de entender el uso y abuso del poder de un imperio que buscará recuperar a la fuerza el espacio perdido ante el auge y consolidación de nuevas potencias. Acelerará el nacionalismo, el proteccionismo, la expulsión de los migrantes y el desmonte de las conquistas sociales de los últimos años, profundizando la polarización interna y llevando el mundo no a la paz, sino al tránsito permanente por el túnel de su autodestrucción.
No son días de sol, ni de esperanza, para los defensores de la democracia cuando el péndulo de la derecha reaccionaria está de regreso y Trump se ve a sí mismo como un vengador sediento de revancha. Un cruzado anticomunista, capaz de diseñar ―como Ronald Reagan— un nuevo orden mundial, según sus propias obsesiones ideológicas y caprichos personales, imponiendo un gabinete que incluye megamillonarios excluyentes, como Elon Musk, que no solo manda cohetes a la luna, domina la red social X y experimenta con la mente humana, sino que ahora quiere desmontar el Estado e imponerse como el gran hermano orwelliano, que todo lo ve y todo lo sabe.
Mientras Trump baila y alista su revancha, diluvia en todo el planeta. Las imágenes de las nefastas consecuencias del calentamiento global, que niegan Trump y sus seguidores, están demostrando que la naturaleza está pasando factura a la humanidad y exige acciones urgentes. Pero Trump niega ese fenómeno con el aplauso de sus más radicales seguidores, la mayoría líderes autoritarios que han despreciado sus propias constituciones, el equilibrio de poderes, los derechos humanos, las libertades y los medios de comunicación independientes.
Nayib Bukele, de El Salvador; Javier Milei, de Argentina, o Jair Bolsonaro, de Brasil, están de fiesta en América Latina. En Colombia, la tormenta Trump se siente con fuerza. Los primeros nombres del gabinete de guerra a la izquierda democrática ―que para Trump es comunismo puro― postulados por el presidente electo de Estados Unidos, como Marco Rubio, quien ocupará el Departamento de Estado, son campanazos de lo que se avecina en esta parte del mundo, donde los presidentes Gustavo Petro, de Colombia; Lula da Silva, de Brasil, o Claudia Sheinbaum, de México, alientan una agenda de renovación democrática, y son equiparados por la extrema derecha norteamericana con líderes decadentes como Nicolás Maduro, de Venezuela; Daniel Ortega, de Nicaragua; o Miguel Díaz-Canel, de Cuba.
A pesar de que América Latina poco importó en el debate presidencial de los Estados Unidos, ahora con Trump en el poder sí será importante todo cuanto se haga desde la Casa Blanca para intentar reorganizar el hemisferio occidental alrededor de sus intereses hegemónicos. En Venezuela, Maduro sabe que su régimen ha hecho méritos para convertirse en laboratorio de la nueva política de mano dura, como tanto han amenazado los halcones repotenciados de Washington. La amenaza de derrocarlo y llevarlo a la cárcel, como al fallecido exdictador Manuel Antonio Noriega de Panamá, ya no parece ciencia ficción, a pesar de contar con el auspicio de Putin y Xi Jinping. Aunque es bien sabido que las potencias tienen intereses, no amigos, y que cualquier solución de la crisis venezolana pasa por Moscú y Pekín.
El próximo 10 de enero de 2025, cuando supuestamente se iniciará el nuevo mandato de Maduro, quien cometió un descomunal fraude en las pasadas elecciones, se sabrá qué tanto habrá perfeccionado Trump su estrategia hacia esa nación vecina, rica en petróleo y paupérrima en democracia, exportadora de migrantes, violencia y miseria, que tiene a Edmundo González y María Corina Machado en la reserva para una eventual transición. Todo cuanto ocurra con Venezuela, será la receta que se aplicará a las demás naciones del continente, y ello golpeará a Colombia.
El impacto de los resultados electorales de Estados Unidos comienza, como es natural, a sentirse también en Colombia, donde el presidente Petro, firmante de la paz del Gobierno con el M-19 en 1990, lidera una agenda de reformas que incluyen la búsqueda de la paz total, mayor descentralización, profundización de la democracia, empoderamiento de los sectores sociales, alineamiento internacional con la izquierda gobernante, incluida China y Rusia, y desafío permanente al statuo quo.
La victoria de la derecha estadounidense ha acelerado la campaña presidencial colombiana y ha sacado del closet a la periodista Vicky Dávila, quien ha renunciado a la dirección de la revista Semana para lanzarse en busca del poder. Lo hará después de años de construir una candidatura con base a titulares escandalosos, publicación de filtración de conversaciones privadas, algunas de las cuales se sospecha provenientes del programa espía Pegasus, y un agudo y permanente enfrentamiento con el presidente Petro, quien la ha convertido en su sparring, empoderándola ante la opinión pública como la antipetro.
Dávila representa a la nueva derecha colombiana, que juega a ser outsider, sin militancia política ni pasado electoral, sintonizada con las tendencias de Milei, Bolsonaro, Bukele, que tiene en Trump a su mesías y se siente dueña de un discurso maniqueo de defensa de la democracia, pero cuando llegan al poder su objetivo es demolerla, como bien lo ha declarado el propio Milei, cuyo símbolo de poder es una motosierra, una herramienta que en Colombia se usó para asesinar a miles de líderes de izquierda y oposición en los peores años de la violencia paramilitar.
Dávila negaba hasta hace unos días que sería candidata, pero su lanzamiento se da cuando el Centro Democrático, con Álvaro Uribe contra las cuerdas judiciales, busca afanado un candidato de centroderecha que les permita soñar nuevamente con el regreso a la Casa de Nariño. No la tienen fácil. Sus heridas internas parecen insanables. Y a pesar de que el péndulo pareciera estar de regreso a la derecha en Estados Unidos y Europa, en Colombia las cosas no son tan fáciles.
La política con Petro en el poder es mucho más complicada, porque tiene una enorme base popular, maneja la chequera del Estado y su iniciativa política no ha encontrado un rival que lo frene. En el pasado, además, ya han triunfado alternativas de extrema derecha, con Uribe, o los outsider, como Antanas Mockus en Bogotá, la izquierda democrática con Petro, o la centroderecha con Juan Manuel Santos. Después de un Gobierno de izquierda como el actual, no se ve aún claro que la derecha tenga asegurado su regreso al poder y se dé un fenómeno como el de Trump, Bukele o Milei. Petro atacará con todo, las dificultades lo engrandecen.
De hecho, en Bucaramanga hace agua el capital político de un alcalde que se declaró el Bukele colombiano. Y no se ve quién quiera ser el Milei colombiano. Lo que sí se observa con claridad es que la derecha sigue extraviada aplaudiendo a Trump sin que tenga claro quién elevará sus banderas en 2026. Tampoco se observa quién será el sucesor de Petro, cuyo mandato entra en recta final con el sol a las espaldas y Marco Rubio y Trump resoplando como búfalos en sus narices, amenazando a Venezuela y conspirando para minar el poder de Lula y estimular el ascenso de la extrema derecha regional.
La tempestad perfecta de Trump puede convertirse en una noche oscura para la democracia y, a la vez, una oportunidad para que Colombia defienda la suya, sin miedo, con la Constitución en la mano. Escoger bien al sucesor de Petro es la tarea hacia adelante, para que llegue un líder que sepa defender los intereses vitales, como la agenda ambiental, el derecho a vivir en paz, la desnarcotización de nuestras relaciones, la superación de la pobreza y las reformas aplazadas. Es tiempo de pensar en serio en el futuro, para pasar el huracán Trump con la democracia viva.
Bogotá, D. C, 17 de noviembre 2024
*Periodista, internacionalista y analista político.
Tomado de EL País.
¿Con cuál ELN está negociando el Gobierno, con el que se sienta a la Mesa a hablar de paz, o con el que persiste en la guerra en los territorios?
Por: José Félix Lafaurie Rivera*.-El Chocó, que debería ser un emporio de turismo ecológico internacional, es una esquina de convergencia de todas las ilegalidades, desde la minería ilegal, el narcotráfico y el lavado de activos, hasta el tráfico de migrantes, en medio de la corrupción galopante de su clase dirigente, si es que la hay.
El departamento ocupa el primer lugar en explotación de oro en aluvión con 37.841 hectáreas, lo cual no sería negativo, de no ser porque 33.938 de ellas, ¡el 90%!, son explotaciones ilícitas en zonas de Reserva Forestal.
Según la UNODC (2023), Chocó pasó de tener pocos cultivos de coca a convertirse en “zona de expansión” (entre 5.000 y 20.000 ha). Adicionalmente, su línea costera es ruta diaria de grupos narcotraficantes, todo lo cual configura un entorno de ilegalidad que explica las luchas por el control territorial, principalmente entre las Autodefensas Gaitanistas y el ELN.
Hay más primeros lugares: Colombia es el país más lluvioso del mundo y su región más lluviosa es… Chocó, por lo que es el más perjudicado por la ola invernal, con inundaciones en 22 de sus 31 municipios y 33 mil familias afectadas, 72% de la afectación del país, en un departamento que también encabeza la lista de pobreza monetaria, con el 67,7% de su población en esa condición.
En ese duro contexto, con la tinta aún fresca del comunicado expedido en Caracas para tratar de encontrarle salidas a un proceso suspendido por cuenta del atentado terrorista contra una base militar en Arauca, que costó la vida a tres soldados y dejó gravemente heridos a 27, el ELN decreta un paro armado en la zona más vulnerable del Chocó en donde confluyen tres grandes ríos, dejando confinadas bajo amenaza a más de 45.000 personas.
Por eso el paro armado no solo es un “acto de perfidia”, sino una infamia que el ELN, cínicamente, pretende legitimar con un “corredor humanitario”, como una suerte de graciosa concesión a la violencia inmisericorde. ¿Qué hay detrás de lo que es la antítesis de una manifestación INEQUÍVOCA de voluntad de paz?
Del VI Congreso del ELN (junio 2024) se esperaban lineamientos de compromiso con los diálogos, pero no se conoce el documento final, sino apenas un comunicado con más de lo mismo: proclamas antiimperialistas, una reafirmación gaseosa de “su voluntad de paz y su compromiso para cumplir lo acordado en la Mesa de diálogos con el Gobierno”, que se contradice abiertamente con su violencia indiscriminada en los territorios.
No faltaron las alusiones camufladas legitimando la lucha armada, como la solidaridad con “los luchadores revolucionarios del mundo” y la “reafirmación que sólo (sic) la lucha y movilización creciente de las masas” logrará la transformación de Colombia, ¿hacia qué?, ¿hacia dónde?; ¿acaso hacia una sociedad poscapitalista, es decir, socialista, como expresaron en el primer punto de su declaración de principios de Caracas para la reanudación de los diálogos?
El país conoció el documento final del V Congreso del ELN de 2016. ¿Cuándo conoceremos el del VI Congreso de 2024? ¿Acaso la unidad de mando no es tan monolítica como lo proclama el comunicado? ¿Con cuál ELN está negociando el Gobierno, con el que se sienta a la Mesa a hablar de paz, o con el que persiste en la guerra en los territorios? ¿Acaso hay una agenda oculta orientada a seguir “dorándole la píldora” al Gobierno y al país, para lograr “sus transformaciones” en la Mesa, pero bajo la presión extorsiva de las armas en los territorios?
A las Farc les funcionó esa especie de “paz a las malas”, que no es la paz que Colombia anhela y merece.
Bogotá, D. C, 17 de noviembre de 2024
*Presidente FEDEGAN
Si esa financiación se recibió y la adquisición se hizo sin el conocimiento del presidente de la República de la época, es aún más grave.
Por José G. Hernández*. -La Constitución, uno de cuyos fundamentos reside en el respeto a la dignidad de la persona humana, garantiza derechos fundamentales cuya efectiva vigencia no depende ni puede depender de la mayor o menor capacidad tecnológica de los instrumentos que faciliten su violación, ni de la mayor o menor capacidad financiera de los interesados en vulnerarlos, sean ellos nacionales o extranjeros.
Según el artículo 15 de la Carta Política, es fundamental el derecho de toda persona a su intimidad y la de su familia. En consecuencia, su correspondencia y comunicaciones son inviolables y no pueden ser invadidas, interceptadas o examinadas por nadie, salvo por la administración de justicia, previa orden judicial específica y determinada, y no según designios caprichosos sino por los motivos y en los casos legalmente previstos y siguiendo los trámites y formalidades que la legislación vigente haya contemplado.
Dice la norma: “Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar”. Y, en concreto, sobre la preservación de la reserva de cada uno sobre sus comunicaciones, estipula: “La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Sólo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley”.
Como ha sostenido la Corte Constitucional, “toda persona dispone, por su misma naturaleza, de una esfera íntima dentro de la cual puede refugiarse, impidiendo que los demás tengan acceso a ella pues corresponde de manera exclusiva e inalienable a su individualidad. El derecho a ese ámbito propio es uno de los fundamentales en cuanto inherente a la persona humana y goza de expresa protección constitucional”.
En su criterio, “el secreto de las comunicaciones, garantizado por el precepto constitucional en cita, es considerado por la doctrina como un derecho individual resultado del status libertatis de la persona (…). La inviolabilidad de la correspondencia es apreciada en cuanto preserva el derecho de la persona al dominio de sus propios asuntos e intereses, aún los intranscendentes, libre de la injerencia de los demás miembros de la colectividad y, especialmente, de quienes ejercen el poder público”. (Sentencia T-349 de 1993).
Añade la jurisprudencia: “La interceptación ilegal de comunicaciones es entonces una práctica contraria a los principios democráticos que protegen a los individuos de la arbitrariedad de los agentes estatales. Por ello, la interceptación de comunicaciones, sólo puede ser realizada bajo las condiciones y procedimientos expresamente señalados en la Carta y en la ley, como garantía de los derechos fundamentales, en especial del derecho a la intimidad”. (Sentencia C-594 de 2014).
Se ha establecido que el instrumento tecnológico denominado “Pegasus” sí fue adquirido por el Estado colombiano y utilizado para interceptar comunicaciones de personas e instituciones, sin orden judicial, que, si hubiera existido, ya se sabría.
La inconstitucionalidad e ilegalidad de tales interceptaciones no desaparecen, como algunos piensan, porque la financiación del aparato en mención haya provenido de los Estados Unidos. Y, si esa financiación se recibió y la adquisición se hizo sin el conocimiento del presidente de la República de la época, es aún más grave.
¿Quién tiene hoy ese aparato?
Bogotá, D. C, 13 de noviembre de 2024
*Expresidente de la Corte Constitucional
¿Por qué, aún con estas cifras, se puede decir que no fue un triunfo arrollador? Porque Trump consiguió en esta ocasión un poco menos de votos que los 74.2 millones obtenidos en 2020.
Por Mauricio Cabrera Galvis*. -La pregunta puede parecer inútil ante la amplia victoria de Trump, quien no solo ganó el la presidencia sino que, por primera vez en este siglo, logró que el partido republicano le ganara a los demócratas el voto popular. Sin embargo, el análisis detallado de las cifras electorales, si permite concluir que más que un triunfo arrollador de Trump, lo que sucedió fue una gran derrota de Kamala y el partido demócrata.
Las cifras de la victoria de Trump son contundentes. En el colegio electoral obtuvo 301 delegados frente a solo 226 de Kamala; y en el voto popular fueron 74,0 millones sus votos frente a 70,2 millones de los demócratas. No hay ninguna duda; los votantes norteamericanos eligieron como presidente a un delincuente condenado en las cortes, a un redomado mentiroso, un estafador y acosador sexual y que promovió un violento ataque al Congreso para quedarse en el poder.
¿Por qué, aún con estas cifras, se puede decir que no fue un triunfo arrollador? Porque Trump consiguió en esta ocasión un poco menos de votos que los 74.2 millones obtenidos en 2020. Más aún, si se tiene en cuenta que en estos cuatro años el número de votantes aumentó en 8 millones, de los cuales la mitad han debido votar republicano, se concluye que Trump vuelve a la Casa Blanca con un poco menos de apoyo popular que cuando derrotó a Hillary Clinton.
La misma comparación para los demócratas, muestra la gran derrota que sufrieron. En 2020 Biden logró 81.3 millones de votos y ahora Harris solo 70.2 millones. Esto significa que más de 11 millones de personas (más los 4 millones que le corresponderían del aumento del censo electoral) decidieron no salir a votar. Por eso lo abstención subió del 38,2% al 44,8%, de manera que la victoria de Trump no se explica porque hubiera conquistado más votos sino porque Harris perdió millones de votantes.
¿Cómo explicar esa enorme pérdida -casi el 20%- del voto popular? Se han planteado varias razones. Una, es el descontento de la gente con el gobierno Biden por la inflación que ha afectado sus bolsillos. Otra, que los hombres latinos por primera vez votaron más por los republicanos como rechazo al fracaso en el control de inmigrantes, y los votantes árabes por el apoyo de Biden al genocida Netanyahu.
Bernie Sanders ha dicho que “No debería sorprendernos demasiado que un Partido Demócrata que ha abandonado a la clase trabajadora descubra que la clase trabajadora lo ha abandonado a él”. Finalmente están los factores de género y raza: gente que no apoya a Trump, pero que no aceptan una presidenta mujer y negra.
Con un poco de optimismo todas estas razones muestran una luz al final de túnel, porque es probable que dentro de 4 años, o en 2 años cuando se vuelva a elegir la Cámara de Representantes, todos estos votantes descontentos decidan volver a las urnas y derroten al trumpismo.
Cali 10 de noviembre de 2024
Filósofo y Economista. Consultor.
Hoy estamos enfrentados a un riesgo de racionamiento, pero por razones diferentes a las de antaño: la crisis financiera de las empresas comercializadoras de la energía, a causa de lo que le debe la Nación...
Por Amylkar D. Acosta M*.- Ecuador padece diariamente hasta 10 horas de racionamiento del servicio de energía. Esa película ya la vimos, se rodó en Colombia hace 32 años, cuando sufrimos los rigores de un racionamiento similar, que se extendió por espacio de 14 meses entre los años 1992 y 1993 (343 días, entre 9 y 10 horas de racionamiento, 15% de la demanda). Allá se está reeditando.
La causa raíz de cuanto acontece en Ecuador es muy similar al caso colombiano: 1) dependencia en un 79% de la generación hídrica (Colombia 80%). 2) atraso en la ejecución de los proyectos de generación y transmisión debido a la estatización del sector y a la falta de espacio fiscal (en Colombia absorbía el 45% de la deuda pública) para las inversiones requeridas. 3) de 3.000 MW capacidad instalada de generación térmica, solo 700 MW están operativos por obsolescencia y falta de mantenimiento por falta de recursos. 4) las tarifas las fija el ejecutivo, sujeta a consideraciones políticas y no técnicas. 5) entonces, como ahora, la sequía sirvió de detonante del apagón ya que, parodiando a Warren Buffet, podemos decir que cuando el nivel del agua en los embalses baja es que se sabe quién venía nadando desnudo!
Como antecedente de la calamidad, que significó para el país el apagón, es importante destacar que entre los años 1990 y 1991 se adelantaron varios congresos internacionales sobre la energía, en los cuales se empezó a ventilar la necesidad de una reforma del Sistema, constituyéndose el apagón en el catalizador que la hizo posible. De allí que la expedición de las leyes de servicio público (142 de 1994) y eléctrica (143 de 1994), que son hermanas siameses y no se puede entender la una sin la otra, fueran su respuesta, asimilando las lecciones aprendidas del mismo.
El paso más importante ya lo había dado la Constituyente de 1991, al establecer en el artículo 365 de la nueva Constitución Política que, aunque es el Estado quien debe garantizar la prestación de los servicios públicos, que son esenciales y en consecuencia, como lo ha reiterado la Corte es un derecho fundamental para los ciudadanos, también lo pueden prestar las “comunidades organizadas o los particulares”. Ello se tradujo en una inversión por parte de los privados de $140 billones, aproximadamente, en los últimos 30 años, aupada especialmente por los contratos de Oferta de energía en firme (OEF) correspondiente al Cargo por confiabilidad. La capacidad instalada de generación pasó de 8 GW en 1995 a 21.3 GW en 2024, para un incremento del 266%. La cobertura pasó del 70.9% en 1990 a 98.72% en 2023. Y el número de usuarios pasó 4.4 millones 1990 a 17.7 millones en 2023.
El Estado se reservó su función reguladora, prevista en el mismo artículo 365 de la Carta y la vigilancia a través de la Superintendencia de servicios públicos, la única de rango constitucional, llamada a proteger al usuario de los servicios públicos. La Ley de servicios públicos le dio vida a las comisiones de regulación, entre ellas la Comisión de regulación de energía y gas (CREG).
Ello le ha valido al Sistema energético colombiano una buena calificación por parte del Foro económico mundial (FEM) y del Consejo Mundial de energía (WEC, por sus siglas en inglés). Para el primero, según su reporte, Colombia ocupa el 10º lugar entre 126 países considerados por el desempeño de su arquitectura energética y de acuerdo con el Trilema de la WEC (seguridad, sostenibilidad y equidad) Colombia se sitúa en el puesto 35 entre 130 países evaluados!
De allí que podamos afirmar con contundencia que se equivoca el Ministro de Minas y Energía Andrés Camacho cuando afirma que “este gobierno ha venido a enfrentar problemas estructurales de un modelo económico neoliberal. 30 años después de este modelo de servicios públicos las empresas no le han garantizado los derechos a la gente”. Y menos con que dizque “las empresas de servicios públicos están prácticamente expropiando los bolsillos de los colombianos”, cuando en materia tarifaria, contrariamente a los sostenido por el Presidente Gustavo Petro, en el sentido de que “Colombia es el único país en América Latina que no tiene su sistema de tarifas regulado por el Estado”, es la CREG quien fija las tarifas del servicio de energía, partiendo de dos principios fundamentales: el de la suficiencia financiera de las empresas y los costos eficientes de estas (artículo 87 de la Ley 142 de 1994), es decir las empresas no le pueden trasladar sus ineficiencias al usuario.
De modo que está fuera de lugar la declaración del Ministro Camacho en el sentido de declararse “un Ministro del lado de los usuarios”, al tiempo que manifestó enfáticamente que “no vamos a permitir que las tarifas sigan subiendo” sin decir cómo ni cuándo, al tiempo que amenazó con tomar “medidas regulatorias y económicas para que no se cargue el costo del mercado a los usuarios, que es lo que viene pasando históricamente”. Se equivoca de medio a medio!
Gracias a esta institucionalidad, Colombia ha podido soportar y resistir los embates del fenómeno de El Niño y se muestra como el único país en Latinoamérica que no ha tenido racionamiento en los últimos 30 años. No obstante, hoy estamos enfrentados a un riesgo de racionamiento, pero por razones diferentes a las de antaño: la crisis financiera de las empresas comercializadoras de la energía, a causa de lo que le debe la Nación por concepto de los subsidios de energía ($2.5 billones) y por cuenta de opción tarifaria ($5 billones), la escasez de gas natural, pero sobre todo la estrechez de la oferta de energía que le resta margen de maniobra al Sistema (no supera el 10%), en momentos en los que los embalses de las hidroeléctricas siguen sin recuperarse satisfactoriamente, situación ésta que puede llegar a ser el detonante de un posible racionamiento del servicio de energía.
Bogotá, noviembre 9 de 2024
*Economista. Expresidente del Congreso y Exministro de Minas y Energía.
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