Con una inversión que supera los $ 800.000 millones el presidente Gustavo Petro anunció el lanzamiento oficial de la licitación para la construcción del Aeropuerto del Café, una megaobra de infraestructura que impulsará el desarrollo del turismo, la industria y la educación en la región.

Con una inversión que supera los $ 800.000 millones el presidente Gustavo Petro anunció el lanzamiento oficial de la licitación para la construcción del Aeropuerto del Café, una megaobra de infraestructura que impulsará el desarrollo del turismo, la industria y la educación en la región.

“Queda abierta –ciudadanía de Caldas, a la que respeto mucho por su nivel educativo– la licitación pública, lado aire, Aeropuerto del Café, 25 de agosto de 2025, Manizales, pa'lante, pa' atrás, ni pa' coger impulso”, afirmó el mandatario en acto celebrado en el Centro Cultural Universitario Rogelio Salmona de la Universidad de Caldas.

El jefe de Estado destacó que el aeropuerto, que se construirá en el municipio de Palestina (Caldas), debe jalonar el turismo en el Eje Cafetero.

“La pista en Palestina y el aeropuerto que allí habrá tiene el objetivo de desatar el turismo en Caldas y le agrego el sur de Antioquia, porque el sur de Antioquia es una región linda desde el punto de vista de su arquitectura, muy conservadora, como toda la región”, indicó.

En el mismo contexto, el presidente resaltó que el turismo que allí se desarrolle debe ser popular y de bajo impacto, “que no provoque daños ni ambientales ni humanos como nos sucede en Medellín y como nos sucede en Cartagena, sino que sea más de aquella gente culta que quiere experimentar la belleza del paisaje, la naturaleza y la belleza de sus gentes y su cultura”.

Asimismo, el jefe de Estado instó a la ciudadanía a ejercer un control minucioso a la licitación.

“Aquí empezamos una licitación y yo he querido que el pliego de condiciones no sea un pliego sastre. Todos ustedes rápidamente tendrán la ocasión de examinar o examinarlo con ojo veedor para evitar cualquier trampa. Que la misma ciudadanía nos ayude a detectar a tiempo; yo espero que nos ayuden”, advirtió.

Además, el presidente pidió a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, que publique la propaganda de la licitación del Aeropuerto del Café en todas las embajadas extranjeras en Colombia para que empresas expertas conozcan del proyecto y participen. En el mismo sentido, hizo referencia sobre la importancia de evitar la entrega de anticipos.

“Que no se entregue anticipo; es un riesgo. Si el Estado entrega una parte del dinero, el contratista que gana simplemente se contenta con ello y no hace un metro de pista y entonces nos vamos a los tribunales. He pedido que no haya anticipo”, enfatizó.

Características de la megaobra

  • La inversión que supera los 800.000 millones de pesos, recursos destinados a la obra, interventoría, administración, gerencia y subterranización, con los cuales se busca consolidar una infraestructura estratégica para fortalecer la conectividad aérea del Eje Cafetero y dinamizar la economía regional.
  • La primera fase contempla la construcción de una pista de 1.460 metros de longitud, plataformas para aviación comercial y general, calles de rodaje y zonas de seguridad en ambos extremos.
  • Con estas obras se garantizará la operación de aeronaves ATR 72-600 bajo estándares internacionales, tanto de día como de noche, en condiciones de vuelo visual e instrumental.
  • El nuevo aeropuerto busca superar las limitaciones operativas del terminal aéreo La Nubia de Manizales y responder a la creciente demanda de transporte aéreo en la región.
  • Entre sus impactos sociales y económicos se destacan la generación de 2.987 empleos directos en la etapa de construcción, así como la reducción de distancias para los viajeros: de 59 km hacia Pereira y 110 km hacia Armenia, a solo 26 km desde Manizales. Esto representará importantes ahorros de tiempo y costos.

Bogotá, D. C, 26 de agosto 2025

Fuente: Presidencia de Colombia.

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“Dar ese salto y cambiar el modelo neoliberal de privatización de carreteras, que hasta ahora ha sido la solución. Por hacer esas carreteras con tan alto nivel de ganancia, es que no se hacen las carreteras de la Paz que son tan necesarias en tantas regiones”.

El jefe de Estado dio instrucciones a los funcionarios del Ministerio de Transporte, incluyendo a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), como entidad adscrita, para evaluar si “la nación puede sostener el mantenimiento de las carreteras –no que se nos dañen en nuestras manos– con los recursos propios”.

Aclaró el mandatario que “es una equivocación cuando pensamos que el flujo (de sostenimiento para este tipo de infraestructuras) que sale del peaje es lo que paga la obra, eso sólo paga el mantenimiento. Por eso, es posible, haciendo bien las cuentas, en determinadas vías, no en todas –que varias de estas vías ya construidas–, puedan pasar a manos del Estado (al Instituto Nacional de Vías) y se puedan disminuir los costos de peaje ya sin beneficio particular”.

En ese sentido, el presidente Gustavo Petro expresó su inquietud por el mantenimiento de estas vías, ya que esta es “la debilidad del asunto, debe haber un departamento de mantenimiento eficaz en el Ministerio del Transporte, para que no se nos llenen de huecos –como sucede en Bogotá, por hacer tanto TransMilenio–. Entonces, aquí las troncales se pueden deteriorar si no tenemos una fuerte unidad de mantenimiento vial”.

Invitó al sector de los transportadores y a la ciudadanía local crear comités y hacerse parte en los estudios, “que miren los datos, los números, y nos acompañen en la toma de decisiones, porque lo que yo sí soñaría, como pasa en algunos lugares de Europa, cuando revierten las concesiones, es levantar los peajes y que la carretera sea pública, verdaderamente pública”.

De esa forma, el presidente dijo que el país se enfrenta a un reto: “Dar ese salto y cambiar el modelo neoliberal de privatización de carreteras, que hasta ahora ha sido la solución. Por hacer esas carreteras con tan alto nivel de ganancia, es que no se hacen las carreteras de la Paz que son tan necesarias en tantas regiones”.

Ordenó a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, acelerar el programa de Vías Campesinas y exhorto a las juntas de Acción Comunal, las asociaciones campesinas contribuir con su intervención para “tratar que, entonces, la pirámide (de privatización de la infraestructura vial) se invierta”.

Bogotá, D. C, 25 de agosto 2026

Redacción Ecos Nacional. 

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Ante la condena en Colombia por el acto terrorista frente a la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez en Cali y que dejó seis muertos y más de 70 heridos, la comunidad internacional a través de la Organización de las Naciones Unidas ONU, rechazó ese acto criminal y exigió a los grupos armados ilegales respetar los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

Ante la condena en Colombia por el acto terrorista frente a la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez en Cali y que dejó seis muertos y más de 70 heridos, la comunidad internacional a través de la Organización de las Naciones Unidas ONU, rechazó ese acto criminal y exigió a los grupos armados ilegales respetar los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

“Nos solidarizamos con las familias de las víctimas y con la ciudadanía en Cali. Llamamos al Estado a que atienda a las víctimas y adelante las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos y garantizar justicia”, concluyó la organización.

Tras el atentado terrorista en la capital del Valle del Cauca, el presidente Gustavo Petro anunció un conjunto de medidas contra el grupo armado responsable, que serían las disidencias de las Farc.

El mandatario ordenó a las Fuerzas Militares un despliegue estratégico en la parte alta de la Cordillera Occidental, con el objetivo de ampliar la presencia estatal en corredores históricamente utilizados por grupos armados ilegales. “Vamos a cerrar el paso entre distintas estructuras armadas que operan en el suroccidente colombiano”, afirmó.

Petro también aseguró que se mantendrá vigente el Puesto de Mando Unificado (PMU) y que se articulará un plan de acopamiento territorial sin debilitar el control en el Cañón del Micay, escenario de recientes golpes a la columna “Carlos Patiño”.

Entre tanto el alcalde de Cali, Alejandro Eder, al rechazar y condenar ese acto criminal fue contundente en señalar que “la única solución es entrar con contundencia con la fuerza pública”, para acabar con el narcoterrorismo en Jamundí.

Ecos conoció que minutos después de la explosión, la comunidad del barrio La Base de Cali detuvo a un hombre que huía después de la trágica escena del crimen. El sujeto fue cogido a la fuerza por varios ciudadanos y lo entregaron a la policía.

El hombre se identificó como Sebastián y afirmó que era oriundo del municipio de Corinto (Cauca). En sus redes sociales, colgó una foto en la que dejó ver una pista. La pared de la habitación está decorada con cuadros de referentes de la extinta guerrilla de las Farc: Jacobo Arenas, Manuel Marulanda alias Tirofijo y Raúl Reyes.

A este señalado joven disidente las autoridades venían siguiéndole la pista por su relación con el grupo ilegal de Iván Mordisco. “Este es uno de los presuntos responsables del atentado en Cali con camión/bomba, capturado por la comunidad en el lugar de los hechos. Es alias Sebastián y pertenece a las estructuras del EMC, dirigidas por alias Marlon, subordinado a la Junta del Narcotráfico”, dijo el presidente Petro.

Bogotá, D. C, 21 de agosto de 2025

Redacción Ecos Noticia.

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El precandidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, dio a conocer una hoja de ruta clara y estructurada que contempla cuatro frentes estratégicos para recuperar recursos y fortalecer las finanzas públicas, como camino para superar el déficit fiscal de Colombia.

El precandidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, dio a conocer una hoja de ruta clara y estructurada que contempla cuatro frentes estratégicos para recuperar recursos y fortalecer las finanzas públicas, como camino para superar el déficit fiscal de Colombia.

Lucha contra la evasión y el contrabando.

Bolívar señaló que por estas dos prácticas se pierden anualmente más de 100 billones de pesos, y que una reducción del 50 % representaría 50 billones adicionales para el Estado, lo que equivaldría a casi tres puntos del déficit fiscal.

“Cada punto del déficit equivale entre 15 y 17 billones de pesos. Solo con controlar parte de la evasión y el contrabando podríamos avanzar significativamente”.

Combate a la corrupción estructural

El precandidato del Pacto Histórico insistió en la necesidad de erradicar la corrupción desde la raíz. Afirmó que por esta vía también se pierden más de 50 billones de pesos, y que su gobierno intentaría recuperar la totalidad o al menos la mitad de estos recursos.

Reconstrucción del tejido con el empresariado

Bolívar subrayó la importancia de una relación sana y productiva con los empresarios.

“Si los empresarios ganan dinero, pagan más impuestos. Si pagan más impuestos, el Estado recauda más. Y si el Estado recauda más, crece y también disminuye el déficit fiscal”, enfatizó.

Racionalización del gasto público

Apoyado en su experiencia como exdirector de Prosperidad Social, Bolívar aseguró que es posible disminuir el gasto ineficiente en múltiples frentes.

“Podríamos reducir uno o dos puntos del déficit fiscal racionalizando el gasto y mejorando su eficiencia”, dijo Gustavo Bolívar.

Con esta propuesta, Gustavo Bolívar reafirma su compromiso con una administración pública responsable, una lucha decidida contra la corrupción y una política fiscal que impulse el crecimiento económico sin afectar los derechos sociales.

Bogotá, D. C, 30 de julio 2025.

Ecos Noticia.

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“El país necesita un modelo de peajes justo, técnicamente riguroso y socialmente equilibrado”, aseguró el senador Guido Echeverri quien propone tarifas justas y mayor control ciudadano.

Por Johan Nassar Hower. -En un acto que responde al clamor ciudadano por más equidad en las vías del país, el senador Guido Echeverri Piedrahita radicó ante el Senado un ambicioso proyecto de ley que busca transformar el actual sistema de peajes en Colombia.

La propuesta fue presentada ante la Secretaría General del Senado y se perfila como una reforma de fondo que pone en el centro los derechos de los usuarios, la transparencia en la inversión pública y la voz de las regiones.

“El país necesita un modelo de peajes justo, técnicamente riguroso y socialmente equilibrado”, aseguró el senador Guido Echeverri quien propone tarifas justas y mayor control ciudadano.

La iniciativa contempla tarifas más justas, reglas claras desde el diseño hasta la ejecución de las obras, y mecanismos para que los ciudadanos y entes territoriales puedan ejercer mayor control sobre los recursos recaudados. También propone que las decisiones sobre ubicación y cobro de peajes respondan a criterios proporcionales, ambientales y socioeconómicos, algo que hoy, según Echeverri, no está garantizado.

Esta reforma no surge de la nada. Responde a una larga preocupación del senador por el estado de la infraestructura vial, especialmente en el Eje Cafetero. En marzo pasado, citó a debate de control político a la ministra de Transporte para analizar las condiciones del proyecto IP Conexión Centro, que asumirá la administración de una vía clave de 256 km entre Caldas, Risaralda y Quindío, una vez finalice el contrato con Autopistas del Café en 2027.

Durante el debate, realizado en la Comisión Sexta del Senado, no hubo respuestas satisfactorias por parte del Gobierno Nacional, especialmente frente a las proyecciones de recaudo del nuevo proyecto vial. Desde entonces, el senador ha enviado múltiples derechos de petición buscando claridad, transparencia y garantías para su región.

“Las regiones no pueden seguir pagando peajes sin saber cómo se invierte cada peso. Necesitamos un modelo de concesión donde el control ciudadano y la planificación del Estado estén por encima de intereses particulares”, expresó Echeverri.

Con esta propuesta legislativa, el senador espera fortalecer la capacidad del Estado para planificar, regular y monitorear las concesiones viales, sin poner en riesgo la inversión privada, pero exigiendo mayor claridad y equidad en cada proyecto.

El proyecto apenas comienza su camino legislativo, pero desde ya genera expectativa en distintas regiones del país que esperan una reforma que alivie el bolsillo de los ciudadanos y garantice una infraestructura pensada para todos.

Bogotá, D. C, 23 de julio de 2025

Fuente Oficina de Prensa-Senado.

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La senadora Sandra Jaimes, del Pacto Histórico, socializó su iniciativa aprobada en la Reforma Laboral y que establece que las personas privadas de la libertad, por días de trabajo, tendrán rebaja de penas.

La senadora Sandra Jaimes, del Pacto Histórico, socializó su iniciativa aprobada en la Reforma Laboral y que establece que las personas privadas de la libertad, por días de trabajo, tendrán rebaja de penas.

A través de las redes sociales la senadora santandereana señaló: “He logrado un 3x2 para redimir pena, es decir, por cada tres días de trabajo, se descuentan dos días de reclusión, porque creo en el fin resocializador de la pena y creo en ustedes”, afirmó la senadora Sandra Jaimes, autora de la proposición aprobada el Congreso y que estaría beneficiando a más de 100 mil personas privadas de la libertad en Colombia.

La iniciativa, incluida en la nueva ley laboral, textualmente señala:

Artículo 19. Experiencia laboral de personas privadas de la libertad. Las actividades productivas y ocupacionales desarrolladas por la población privada de la libertad serán reconocidas como experiencia laboral previa certificación de las entidades correspondientes con la finalidad de posibilitar su ingreso al mercado laboral, mitigar la discriminación laboral y disminuir la probabilidad de reincidencia. Se concederá la redención de pena por trabajo a las personas privadas de la libertad y se les abonará dos días de reclusión por tres días de trabajo.

Parágrafo. El Ministerio de Trabajo en un término de 6 meses expedirá la reglamentación necesaria para el reconocimiento de las actividades productivas y ocupacionales en los centros penitenciarios como experiencia profesional”.

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En sus primeros 180 días de gestión al frente de la Procuraduría, el jefe del Ministerio Público, Gregorio Eljach, no ha dejado de estar presente en las regiones construyendo consensos que permitan la paz electoral en momentos que se avecinan e inician las campañas para la nueva elección de senadores y representantes en marzo del 2026 y los comicios de mayo del mismo año, que eligen al nuevo jefe de Estado de Colombia para el periodo 2026 -2028.

Por Ramón Soto. -En sus primeros 180 días de gestión al frente de la Procuraduría, el jefe del Ministerio Público, Gregorio Eljach, no ha dejado de estar presente en las regiones construyendo consensos que permitan la paz electoral en momentos que se avecinan e inician las campañas para la nueva elección de senadores y representantes en marzo del 2026 y los comicios de mayo del mismo año, que eligen al nuevo jefe de Estado de Colombia para el periodo 2026 -2028.

Acorde a la priorización del diálogo, entre el 15 de enero y el 30 de junio de 2025, se iniciaron más de 40 mil procesos de tipo preventivo, de los cuales el 82 % se concentra en asuntos de mitigación y restitución de derechos.

En el plano disciplinario han sido proferidos 386 fallos sancionatorios y formulados 730 pliegos de cargos, lo que va en línea con el anuncio en el sentido de que el “servidor público o particular que sea sujeto del poder disciplinario que se salga de los carriles que señala la Constitución ha de vérselas con la Procuraduría”.

En sus primeros seis meses de gestión, el jefe del Ministerio Público, Gregorio Eljach Pacheco, ha invitado al diálogo y a la sensatez utilizando escenarios que brinda la democracia para tramitar las diferencias, “buscar un destino común en el que quepamos todos y para eso la democracia establece suficientes mecanismos”.

Eljach Pacheco ha señalado en las visitas al territorio la necesidad de llevar la Procuraduría a las regiones del país, con el objetivo de escuchar las necesidades de la ciudadanía y acercarse a realidades que de otra forma no sería posible, y esa presencia institucional, ha resultado fundamental para fortalecer la labor adelantada por el organismo de control.

Durante su gestión al frente del Ministerio Público no ha cesado en señalar la necesidad de la paz electoral destacando que si no hay elecciones en paz estas no serían legítimas, "y si la autoridad que se elige no es legítima, la democracia se acaba”, señaló tras señalar que los procesos próximos a realizarse deberán tener garantías no solo de tipo material, objetivo y mecánico, sino brindar libertad al elector para que deposite su voto de forma libre.

El Procurador también invitó a pensar en la metropolización como una nueva forma de regionalización que le permitirá a Colombia dar el gran salto hacia el siglo XXI, por lo que planteó una nueva estructura territorial para que el país supere la división administrativa, de departamentos y municipios, y se dé importancia a las ciudades y regiones como motor del desarrollo.

A lo anterior se suman otras actividades que se han gestionado en visitas en territorio, declaraciones a víctimas, respuestas dadas a requerimientos, realización de comités, mesas de trabajo, reuniones, audiencias y conversatorios​, entre otras, que corresponden al desarrollo del proceso preventivo.

Bogotá, D. C, 15 de julio 2025

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Con 104 votos a favor y 10 en contra, la Cámara de Representantes aprobó este sábado, 28 de junio, la proposición que acoge el texto de la reforma pensional previamente avalado por el Senado, luego de que la Corte Constitucional devolviera el proyecto por presuntos vicios de trámite.

Por Luis Fernando García Forero. -Con 104 votos a favor y 10 en contra, la Cámara de Representantes aprobó este sábado, 28 de junio, la proposición que acoge el texto de la reforma pensional previamente avalado por el Senado, luego de que la Corte Constitucional devolviera el proyecto por presuntos vicios de trámite.

La decisión que tomó la máxima autoridad de la Cámara: la Plenaria, subsana las irregularidades que se cometieron y que fueron el argumento del fallo de la Corte Constitucional para que se corrigiera el vicio de tramite durante su discusión y votación en el Congreso.

"Se corrige el trámite", indicó el Ministerio del Interior a través de sus redes sociales tras la votación que se extendió por más de 10 horas de deliberación.

La sesión estuvo marcada por denuncias de la oposición sobre posibles irregularidades en la convocatoria. El presidente Petro celebró la votación como un avance hacia la dignidad y justicia social para los adultos mayores.

El presidente Gustavo Petro celebró la decisión del Congreso desde su cuenta en X:

“Hemos triunfado. Que vivan las abuelas y abuelos de Colombia. Ha sido aprobada la reforma pensional. He cumplido, y la Cámara ha cumplido”.

Por su parte, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, señaló que la aprobación representa un paso importante hacia la justicia social y la dignidad para millones de adultos mayores que no cuentan con pensión:

“Este triunfo es de quienes merecen protección frente a la invalidez y la muerte, y de quienes durante años trabajaron sin garantías”.

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El trámite judicial, ante la demanda, lo inició la Sección Quinta del Consejo de Estado que convocó a una sala extraordinaria este 18 de junio para decidir sobre la medida cautelar, solicitada en una demanda de nulidad contra el decreto presidencial 0639 que convoca a una consulta popular en el país.

La medida judicial se establece debido a una demanda instaurada por 12 senadores.

El trámite judicial ante la demanda lo inició la Sección Quinta del Consejo de Estado que convocó a una sala extraordinaria este 18 de junio para decidir sobre la medida cautelar, solicitada en una demanda de nulidad contra el decreto presidencial 0639 que convoca a una consulta popular en el país.

La corporación decidió suspender de forma provisional el decreto al considerar que no contó con el aval previo del Senado. Medida que será transitoria mientras que se decide de fondo sobre ese asunto de controversia en el país.

“En ese orden de ideas, debe señalarse que de la lectura de los artículos 104 de la Constitución Política, y 50 y 31 b) de las leyes 134 de 1994 y 1757 de 2015, respectivamente, se concluye la exigencia de que, previo a convocar al pueblo una decisión de trascendencia nacional, se requiere concepto favorable del Senado de la República, el cual, en efecto, en este preciso caso no existe”, indicó la corporación.

El fallo es contundente y determinativo, por tal razón, significa que el presidente Petro no podrá convocar a las votaciones hasta que no haya un previo aval del Consejo de Estado.

“En aras de procurar porque no se materialicen las actuaciones que deberían adelantarse para la jornada electoral que se pretende realizar el próximo 7 de agosto de 2025, pues, se insiste, se logró demostrar, en esta inicial etapa del proceso, la infracción de las disposiciones constitucionales y legales, que imponen la necesidad de contar con el concepto favorable del Senado de la República, cuando se pretenda convocar a consulta popular", indicó la corporación.

La demanda fue interpuesta por doce congresistas que aseguran que con la expedición de dicho decreto se está violando la constitución al desconocer el concepto negativo que emitió el Senado para realizar la convocatoria.

Los senadores demandantes son: Efraín Cepeda Sarabia, presidente del Congreso; Marcos Daniel Pineda García, Nadia Blel Scaff, Mauricio Giraldo Hernández, Lorena Ríos Cuéllar, Carlos Fernando Motoa, Germán Blanco Álvarez, Samy Merheg, Juan Carlos García Gómez, Antonio Luis Zabaraín, Esperanza Andrade Serrano, Soledad Tamayo Tamayo.

Bogotá, D. C, 18 de junio de 2025

Fuente Ecos Justicia.

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El presidente Gustavo Petro dio luz verde este miércoles al Sistema Nacional de Reincorporación (SNR), un paso decisivo hacia la implementación efectiva de la reincorporación integral, la construcción de paz y las garantías de no repetición en Colombia.

El presidente Gustavo Petro dio luz verde este miércoles al Sistema Nacional de Reincorporación (SNR), un paso decisivo hacia la implementación efectiva de la reincorporación integral, la construcción de paz y las garantías de no repetición en Colombia.

Esta instancia permitirá articular la oferta institucional de 38 entidades, tanto del nivel nacional como territorial, para garantizar que las y los firmantes de paz puedan acceder a dicha oferta y así avanzar en sus procesos de reincorporación social, económica, política y comunitaria.

La directora de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), Alejandra Miller, señaló que con esta instalación se favorecerá la reincorporación digna y se cumple con los compromisos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 'Colombia, potencia mundial de la vida'.

“Esta era una deuda del Acuerdo de Paz y un compromiso político de este Gobierno del Cambio con los más de 11.000 firmantes de paz que aún hoy siguen comprometidos", dijo Miller al concluir el Consejo de Ministros televisado, acto en el cual el jefe de Estado instaló el SNR.

Además, afirmó que es fundamental el compromiso de toda la institucionalidad con este Sistema para garantizar el éxito de la reincorporación y destacó que esta participación debe reflejarse en la asignación presupuestal anual destinada a las acciones dirigidas a la población en proceso de reincorporación.

“Es importante que los delegados y delegadas ante los subcomités del Sistema Nacional de Reincorporación cuenten con un verdadero poder de decisión para que este mecanismo funcione de manera efectiva. No se trata solo de la participación de entidades nacionales, el rol de las entidades territoriales es igual de clave, ya que el Sistema tiene un alcance amplio y un aporte fundamental desde lo local", subrayó.​

¿Qué es el Sistema Nacional de Reincorporación?

Es una instancia creada para coordinar y articular la oferta interinstitucional necesaria para el proceso de reincorporación de los firmantes del Acuerdo Final de Paz en Colombia. Este sistema busca asegurar que la reincorporación de exintegrantes de las Farc sea sostenible e incluyente. ​

¿Cuál es el objetivo principal?

Coordinar y gestionar la oferta de 38 entidades públicas y entidades territoriales, asegurando que los recursos y programas destinados a la reincorporación de las personas firmantes se implementen de manera eficiente. El SNR garantiza que estas iniciativas estén adaptadas a las necesidades nacionales y locales de los firmantes, cumpliendo los compromisos del Acuerdo Final de Paz. ​

¿Qué entidades participan?

A nivel nacional, el SNR involucra 38 instituciones, incluyendo ministerios, departamentos administrativos, agencias y consejerías del Estado colombiano. A nivel territorial, participan alcaldías, gobernaciones y otras entidades locales. También están representadas personas en proceso de reincorporación y algunas entidades como la JEP, la Defensoría del Pueblo y la Misión de Verificación de la ONU, quienes participan con voz, pero sin voto. ​

¿Qué funciones cumple?

El SNR tiene varias funciones clave, siendo la principal servir como medio para la materialización del Programa de Reincorporación Integral. Entre sus responsabilidades destacan la implementación de planes y programas de la Política Nacional de Reincorporación Social y Económica, la coordinación interinstitucional a nivel nacional y territorial, y el monitoreo y evaluación del cumplimiento de compromisos, garantizando que el proceso de reincorporación sea integral y efectivo.

¿Cómo se monitorea y evalúa el avance del SNR?

El SNR implementa herramientas institucionales para el monitoreo, seguimiento y evaluación de los avances y responsabilidades dentro del sistema. Esto permite identificar áreas de mejora y asegurar que las metas establecidas se cumplan de manera efectiva.

¿Qué realiza la Agencia para la Reincorporación y la Normalización?

La ARN es la encargada de la Secretaría Técnica del SNR y lidera la formulación e implementación de los planes y programas de reincorporación. Su rol es clave para coordinar esfuerzos entre las distintas entidades y asegurar que el proceso responda a las necesidades y realidades de los exintegrantes de las Farc y sus comunidades.

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