Los cinco deportistas que recibieron medallas en representación de Colombia en las Olimpiadas de Tokio 2020, instaron al Congreso de la República para que aprueben el proyecto que establece la Ley del Deporte.

Los cinco deportistas que recibieron medallas en representación de Colombia en las Olimpiadas de Tokio 2020, instaron al Congreso de la República para que aprueben el proyecto que establece la Ley del Deporte.

Al recibir la condecoración Orden de Caballero Mariana Pajón, Luis Javier Mosquera, Anthony Zambrano, Sandra Lorena Arenas y Carlos Ramírez, el presidente del Congreso Juan Diego Gómez Jiménez, dijo que es un reconocimiento al esfuerzo por conquistar dichas preseas a nombre de Colombia.

“Sobre sus triunfos cabalgan el esfuerzo, la voluntad, la disciplina y la fe que les mueve para ondear la bandera nacional con mucho orgullo. La competencia les convoca para dar lo mejor de ustedes y salir airosos”, dijo el presidente del senado, Juan Diego Gómez Jiménez.

Ante la presencia de los congresistas y de la viceministra del deporte Lina Barrera, el presidente del senado Juan Diego Gómez Jiménez señaló que “Esos valores que los identifican como un ADN natural, son precisamente los mismos que desde este Congreso invocamos hoy para miles de jóvenes que hoy quieren y pueden hacer parte de la transformación de nuestro país y solo necesitan convertir la voluntad en esfuerzo”.

El deporte une al país

A nombre de los deportistas condecorados habló Carlos Ramírez, quien conquistó la medalla de bronce en el BMX, quien fue enfático en pedir no solo la aprobación de la Ley del Deporte sino todas las iniciativas que conlleven a ayudar a los atletas del país.

“Quiero invitarlos a que vean el deporte como algo que une un país, que une a todo Colombia, que todas las leyes que pasen por acá y todas las ideas que pasen, las apoyen unidos, que todos los partidos apoyen al deporte”, señaló Ramírez, quien insistió en la necesidad de apoyar a los deportistas colombianos “que estamos dándola toda por luchar y dejar a Colombia en lo más alto y eso es lo que más nos importa a todos.

Bogotá, D. C, 31 de agosto de 2021

Redacción Ecos Noticia

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Los precandidatos presidenciales del Partido Alianza Verde, Sandra Ortiz, Carlos Amaya y Antonio Sanguino, acordaron un mecanismo de selección de un solo candidato a través de un proceso en el que se privilegia lo regional y lo programático.

Los precandidatos presidenciales del Partido Alianza Verde, Sandra Ortiz, Carlos Amaya y Antonio Sanguino, acordaron un mecanismo de selección de un solo candidato a través de un proceso en el que se privilegia lo regional y lo programático. Con esta iniciativa se ratifica el espíritu de unidad, el interés de hacer propuestas en beneficio de los colombianos y el compromiso con las regiones y su desarrollo.

Los candidatos que hacen parte de este acuerdo realizarán 7 foros debates programáticos desde el próximo lunes 30 de agosto hasta el 27 de septiembre, en diferentes regiones del país. Las temáticas que se abordarán son pobreza, educación, desarrollo rural, empleo, reactivación económica, seguridad, ambiente, jóvenes y mujeres, entre otros.

Se ha acordado un procedimiento de votación en donde se privilegiarán los militantes del Partido Verde a través de una encuesta, que se realizará por la firma Cifras y Conceptos. Los resultados de este ejercicio político se darán a conocer la primera semana de octubre en Bogotá.

Esta decisión nace de un proceso de liderazgo colectivo en el que los tres candidatos asumirán una competencia constructiva y fraterna para definir un único aspirante que se someterá a las reglas de juego que defina el partido Alianza Verde para elegir su candidato presidencial. La Terna Verde está comprometida con el fortalecimiento del partido para mantener la unidad en la carrera por la presidencia de la república.

En este link puede ver toda la Rueda de Prensa:  https://www.facebook.com/carlosandresamayar/videos/262127892415347/?extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C

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La Corte Constitucional declaró exequible y le da vía libre a la ley de borrón y cuenta nueva en las centrales de riesgo, iniciativa de los senadores Luis Fernando Velasco y David Barguil, y que le da tranquilidad a millones de colombianos que han estado reportados por ser morosos en los créditos del sistema financiero.

-La ley obliga a borrar de las centrales de riesgo a quiénes se pongan al día con sus deudas-

La Corte Constitucional, por decisión unánime, declaró exequible y le da vía libre a la ley de borrón y cuenta nueva en las centrales de riesgo, iniciativa de los senadores Luis Fernando Velasco y David Barguil, y que le da tranquilidad a millones de colombianos que han estado reportados por ser morosos en el sistema financiero.

“Millones de colombianos que estaban esperando esta gran noticia.  Es una gran herramienta para la reactivación económica que el país tanto necesita. En la Cámara de Representantes y en el Senado de la República dimos una lucha de varios años y aquí estamos dándole esta buena noticia a todos los colombianos”, afirmó el senador Barguil quien destacó que la ley fue aprobada en 2020 y por tratarse de una reforma a la Ley estatutaria de Habeas Data 1266 de 2008, se exigía una revisión por parte de la Corte Constitucional para luego pasar a sanción presidencial.

Son más de 10 millones de ciudadanos que se benefician de la ley para que puedan acceder a un crédito normal, lo que permite ser parte de la reactivación económica del país por la crisis generada por la pandemia del  Covid 19.

Según David Barguil, el “corazón del proyecto” es la amnistía que se da por una vez a personas que ya pagaron sus deudas; tras seis meses desde el pago, los ciudadanos saldrían inmediatamente del reporte negativo y se les restablece su calificación para que sean sujetos de crédito.

Los que más se benefician

Los principales beneficiarios de la ley son los  jóvenes y mujeres rurales, estudiantes con créditos en el Icetex y víctimas del conflicto, porque saldrán de manera inmediata del reporte una vez hayan saldado sus deudas, es decir, no deberán esperar un semestre.

“Las medidas ayudarán a que retomen su vida crediticia. Descubrí que mucha gente se había quedado por fuera de los programas de vivienda del Gobierno, porque dichos programas son a través del sistema financiero”, dijo Barguil.

La ley contempla que las personas que tengan deudas inferiores al 15 por ciento del salario mínimo (menos de $136.279) recibirán dos comunicaciones antes de ser reportadas negativamente (con 20 días de diferencia entre una y otra comunicación).

También se prohíbe la consulta a las centrales de riesgo para otorgar un empleo.

Bogotá, D. C, 26 de agosto de 2021

Redacción Ecos Noticia

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El senador Jaime Durán Barrera y concejal de Bucaramanga, Francisco González, instaron al Gobierno Nacional y a las Entidades de Control, conformar de “inmediato una Mesa Técnica que logre una solución jurídica y permita que las basuras se arrojen de manera temporal en el relleno sanitario el Carrasco”, que permita remediar temporalmente la grave crisis de basuras en Bucaramanga y su Área Metropolitana.

El senador Jaime Durán Barrera y concejal de Bucaramanga, Francisco González, instaron al Gobierno Nacional y a las Entidades de Control, conformar de “inmediato una Mesa Técnica que logre una solución jurídica y permita que las basuras se arrojen de manera temporal en el relleno sanitario El Carrasco”, que permita remediar  la grave crisis de residuos en la 'Ciudad Bonita' y su Área Metropolitana.

“Urge que todas las autoridades públicas convocadas actúen con diligencia, para evitar que se agudice el problema y genere una crisis sanitaria y de salubridad, de graves consecuencias, afectando la salud y el bienestar de los habitantes de esa región del departamento de Santander”, argumentó el senador Durán y el concejal González, a través de una misiva dirigida a los Ministros de Trabajo, Ambiente, a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la ANLA y a la Procuradora General de la Nación.

Destacan en la carta que “Inquieta y preocupa que VEOLIA, que tiene hasta el momento los negocios de basura en Cúcuta, Barrancabermeja y Aguachica, pretenda ahora prestar esos servicios en Bucaramanga y su Zona Metropolitana, dejando por fuera a la EMAB, para quedarse con el monopolio acudiendo a  predios que son de esa multinacional en  la vereda Chocoa, del municipio de Girón, para depositar los residuos, cuando toda la comunidad de esa localidad en múltiples protestas, ha rechazado de plano esa iniciativa”.

Ponen de presente en la misiva que la problemática está afectando el derecho constitucional que tienen las personas de gozar de un ambiente sano (art 79 C.N), porque se le está negando el derecho esencial, eficiente y eficaz, de acceder al servicio público domiciliario de recolección de basuras a los ciudadanos.

 

 

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La Mesa Directiva de la Cámara de Representantes definió para el viernes 3 de septiembre el inicio, con el debate, de la Moción de Censura contra la ministra de las tecnologías de la información y comunicaciones, Karen Abudinen

La Mesa Directiva de la Cámara de Representantes definió para el viernes 3 de septiembre el inicio, con el debate, de la Moción de Censura contra la ministra de las tecnologías de la información y comunicaciones, Karen Abudinen, por las irregularidades del contrato que pretende aumentar la cobertura de internet en los colegios rurales de Colombia y dónde se cuestiona un anticipo a los contratistas de $70.000 millones.

La moción de censura, liderada por la bancada de la oposición en esa corporación, pretende responsabilizar políticamente a la ministra Abudinen, por las irregularidades en dicho contrato.

La legislación, en ese mecanismo de control político, establece primeramente el debate donde hablaran primeramente los proponentes de la moción, posteriormente lo hará la ministra para defenderse. Después de esa sesión, la plenaria cuenta con 10 días para votar la proposición de Moción de Censura.

Bogotá, D. C, 23 de agosto de 2021

Redacción Ecos Noticia.

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La magistrada Pardo en un su informe de ponencia de150 páginas señala que “el Congreso de la República transgredió su poder de reforma, al incluir la pena de prisión perpetua revisable en el artículo 34 de la Constitución”.

Así lo establece la ponencia de la magistrada de la corte constitucional, Cristina Pardo, quien pide a sus ocho colegas de ese alto tribunal de justicia, rechazar esa iniciativa a raíz de varias demandas en contra de ese acto legislativo.

La magistrada Pardo en  su informe de ponencia de150 páginas señala que “el Congreso de la República transgredió su poder de reforma, al incluir la pena de prisión perpetua revisable en el artículo 34 de la Constitución”.

Considera en forma contundente la magistrada Cristina Pardo  que esa iniciativa  “afectó un eje definitorio de la Carta como lo es el Estado social y democrático de derecho fundado en la dignidad humana y, en consecuencia, sustituyó la Constitución”.

Destaca la magistrada ponente que esa reforma constitucional no es una medida idónea para asegurar la protección de los menores de edad, pero aún más, anota que atenta la posibilidad de resocializar el reo.

En el contenido de su informe   la magistrada sostiene que “(...) La pena de prisión perpetua revisable incluida en el artículo 34 de la Constitución no es una medida idónea para asegurar la protección de los niños, niñas y adolescentes víctimas de los delitos que regula; y en contraste, genera efectos tan graves a la dignidad humana de la persona condenada y al sistema penitenciario actual, que no es una medida proporcional ni efectiva”.

Hacinamiento: trato inhumano cruel y degradante

Otro de los aspectos que se suman para declarar inexequible el acto legislativo es el que tiene que ver con al alto índice de hacinamiento en los centros reclusorios del país.

“La ausencia de estas condiciones mínimas de subsistencia digna en un centro carcelario, además de estar sometido a un encierro perpetuo, puede configurar en un trato inhumano, cruel y degradante, prohibido por el artículo 12 de la Constitución”.

Agrega además la magistrada Pardo que las circunstancias de hacinamiento en las cárceles agravan la resocialización en razón a la falta de atención de os servicios de salud, alimentación, entre otros, porque no se le están garantizando en forma plena.

Se espera que la sala en pleno defina la ponencia de ese acto legislativo que ha tenido 13 demandas luego de la aprobación en el Congreso, y que fue impulsada por el Gobierno Nacional y  la coalición de los congresistas que han apoyado al ejecutivo.

Bogotá, D. C, 22 de agosto de 2021

Redacción Ecos Noticia

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Desde este sábado 21 de agosto se inicia el proceso de vacunación contra el COVID 19 a personas entre los 15 y 19 años.

Desde este sábado 21 de agosto se inicia el proceso de vacunación contra el COVID 19 a personas entre los 15 y 19 años.

Así lo anunció el Ministerio de Salud al señalar que previo agendamiento con la respectiva EPS o Secretaría de Salud, puede presentarse a que la apliquen la respectiva dosis contra la COVID-19 para la población que oscila en esa edad.

Inicialmente, quienes tienen entre 15 y 17 años recibirán la vacuna de Pfizer, porque a la fecha es la única autorizada para este grupo. Entre tanto, a los mayores de 18 años, se vacunarán con los inmunizantes disponibles.

Los jóvenes entre 15 y 17 años, deben asistir a la vacuna con un mayor de edad que se encargue de firmar el consentimiento para que avala el proceso.

Bogotá, D. C, 20 de agosto de 2021

Redacción Ecos Noticia

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El Jefe de Estado ecuatoriano destacó la dedicación de las fuerzas armadas de ambas naciones para combatir los delitos en la frontera, y dijo que se encuentran respaldadas por ambos gobiernos.

El Presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, reafirmó su compromiso con fórmulas de cooperación conjunta con Colombia, tras inaugurar la vía Espriella-río Mataje, con la que consideró que ambos países desarrollarán nuevos lazos de cooperación e integración fronteriza.

“Tenemos muchos retos por delante, querido Presidente. Por ello, renuevo y suscribo el compromiso de mi gobierno de continuar fortaleciendo el diálogo político, la cooperación, el intercambio comercial y la integración con la hermana república de Colombia”, indicó el Mandatario ecuatoriano.

Las obras del nuevo corredor en las que Colombia invirtió más de $240.000 millones, incluyeron la pavimentación de 19 kilómetros y la construcción de 4 puentes vehiculares: Mira, de 685 metros y que se constituye en el más extenso de Nariño; Pañambí, de 42 metros; Pusbí, de 66 metros y San Juan de 30 metros.

“La zona en la que estamos y el puente sobre el rio Mataje, tienen connotaciones singulares en la frontera ecuatoriano – colombiana. Por ello, el eje vial Espriella – Mataje, es un esfuerzo mancomunado mantenido a lo largo del tiempo con el fin de incorporar con infraestructura terminada, un tercer paso que facilitará la integración de la frontera común”, precisó.

También afirmó que, en un futuro próximo, se producirá un incremento de las actividades comerciales y productivas de la zona, no solo por la intensa actividad agropecuaria en la zona fronteriza de ambas naciones, sino por la estratégica ubicación del puerto de Esmeraldas, en Ecuador.

El Jefe de Estado ecuatoriano destacó la dedicación de las fuerzas armadas de ambas naciones para combatir los delitos en la frontera, y dijo que se encuentran respaldadas por ambos gobiernos.

“Esas oscuras actividades atentan contra nuestras poblaciones, en especial contra los más vulnerables que habitan en la zona fronteriza. Por ello, la cooperación y el compromiso en el ámbito de la seguridad, resultan indispensables”, puntualizó.

Tumaco, 14 de agosto de 2021

Presidencia de la República.

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Migración Colombia le informó al Congreso de la República que en lo que va corrido del 2021 se han registrado 32.824 detenciones de casos asociados con tráfico de migrantes en Necoclí, “lo que evidencia un aumento significativo de la migración irregular Sur-Norte”.

Migración Colombia le informó al Congreso de la República que en lo que va corrido del 2021 se han registrado 32.824 detenciones de casos asociados con tráfico de migrantes en Necoclí, “lo que evidencia un aumento significativo de la migración irregular Sur-Norte”.

En un documento presentado por el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa Palacios, al Senado y conocido por www.ecospoliticos.com, se destaca que es un fenómeno caracterizado por el tránsito irregular de migrantes de Haití, 26.000 casos, seguido de cubanos 4.324, que en su conjunto representan el 93 por ciento de total de los detectados en Colombia. El restante 7 por ciento, hace referencia a otras nacionalidades provenientes en su mayoría de los continentes de Afríca y Asia.

“Utilizan pasos informales (trochas), recurriendo a redes de tráfico de migrantes que los expone a situaciones de vulnerabilidad, violando la soberanía nacional al desconocer las condiciones y requisitos de ingreso a nuestro país, como es contar con un documento de viaje vigente, ser titular de una visa o un permiso y realizar migración en los puestos habilitados legalmente”, destaca el informe.

Capturas

En el documento se precisa que entre el 2014 y 2021 se han realizado 248 capturas contra este delito en diferentes regiones del país y señala que se han fortalecido las verificaciones migratorias con planes operativos de controles viales sobre el corredor de la vía panamericana (Cauca, Valle del Cauca y Antioquía) “Plan MISOR”, Grupo Especial Migratorio GEM, en la frontera con Ecuador con el objeto de detectar los casos, alimentar el sistema de monitoreo y recolectar información sobre las redes delictivas.

El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa Palacios, señala que en lo que va corrido del 2021 se han iniciado 24 procesos administrativos contra empresas de transporte terrestre.     

“Desde Migración Colombia se ha coordinado con las Fuerzas Militares el control y vigilancia de la franja fronteriza, a través del Plan Espejo, con autoridades de Ecuador, buscando mitigar y desestimular el ingreso irregular de migrantes que buscan llegar al golfo de Urabá”, sustenta en su informe Espinosa Palacios.

Bogotá, D. C, 14 de agosto de 2021

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Un cuestionado contrato en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, llevó a sectores políticos a pedir la renuncia de la ministra del ramo, Karen Abudinen, por considerar que $70.000 millones ya están en la ‘bolsa de los corruptos’ en el proceso de instalación de centros digitales en las zonas rurales más apartadas del país.

Un cuestionado contrato en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, llevó a sectores políticos a pedir la renuncia de la ministra del ramo, Karen Abudinen, por considerar que $70.000 millones ya están en la ‘bolsa de los corruptos’ en el proceso de instalación de centros digitales en las zonas rurales más apartadas del país.

El representante del Partido Verde, León Fredy Muñoz, dijo que la ministra Abudinem debe renunciar a su cargo por esos hechos y pidió a los organismos de control una exhaustiva investigación sobre la realidad de esa contratación.

“Esto es un robo, no es otra cosa, es un robo de más de $70 mil millones de pesos. Solicitamos inmediatamente la renuncia a la ministra y también solicitamos a los entes de control investigar. Acá hay cosas muy graves. La Unión Temporal Centros Poblados tiene cuatro empresas, y todas tienen investigaciones”, advirtió el congresista, recién nombrado nuevo vocero de los Verdes en la Cámara de Representantes.

El representante Muñoz también indicó que el consorcio, que ganó la licitación para la construcción de centros digitales por valor de $1,1 billones de pesos, se encuentra conformado por empresas señaladas por la Contraloría que han presentado irregularidades en contrataciones recientes a niel departamental.

De otra parte la coalición de la Esperanza integrada por Sergio Fajadro, Juan Fernando Cristo, Jorge Robledo, Juan Manuel Galán, Humberto de la Calle y un sector del Partido Verde, “exige” que la funcionaria sea apartada de su cargo, por la posible pérdida de más de $70.000 millones.

"¿Quién está detrás de la millonaria adjudicación, quiénes son los contratistas y quién los recomendó? ¿Cómo se le escapó a la ministra la verificación de las garantías aportadas por la Unión Temporal Centros Poblados, supuestamente falsas, a nombre del Banco Itaú? ¿Por qué se continuó con la adjudicación, aun conociendo la falta de idoneidad de la UTCP?", son entre otros los cuestionamientos de los precandidatos a la presidencia de la república por la Coalición de la esperanza.

"Exigimos respuestas claras, decisiones políticas frente a este hecho y, a los organismos de control, investigaciones y decisiones contundentes que den prontamente con los responsables de quienes hoy atentan contra la población más vulnerable de nuestro país", afirmaron los dirigentes políticos.

Bogotá, D. C, 11 de agosto de 2021

Redacción Ecos Noticia

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