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El presidente del congreso, Iván Name, desmintió acusaciones en su contra en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) al asegurar no tener relación alguna con Sneyder Pinilla, exdirectivo de la entidad, que lo señalan de recibir $3.000 millones provenientes de un contrato para abastecer de agua La Guajira, a cambio de facilitar el trámite de reformas sociales impulsadas por el Gobierno.

“Se me ha señalado de manera directa como ejecutor de actos de corrupción. Me sostengo en la rectitud de mis actos. Ante la justicia responderé por lo que se me señale. Estoy dispuesto a atravesar la plaza de Bolívar para acudir a mi juez natural, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia”, señaló Name en la plenaria del Senado.

Precisó que desde siempre ha estado en contra de las reformas planteadas por el Gobierno: “No recibí dineros ilícitos. Mi proceder democrático es contraevidente al de decir que los recibí en procura de favorecer unas reformas que combatí enfáticamente y les consta a todos”.

“Me defenderé de las acusaciones como me he defendido de todos los infundios de los que he sido objeto, esta infamia no habrá de derribarme”. Y aseguró que todo se trató de una “mentira, una calumnia que me hayan fletado”, Afirmó Name.

Bogotá, D. C, 7 de mayo de 2024

Redacción Ecos Noticias

Bucaramanga será sede de los XXVIII Juegos Suramericanos Escolares, al superar las evaluaciones técnicas en materia de infraestructura deportiva, su capacidad hotelera y hospitalaria.

En la XVII Asamblea General del Consejo Centroamericano y del Caribe del Deporte (Concecade), adelantada en Washington, el país fue escogido por unanimidad como sede de los VII Juegos Escolares Centroamericanos y del Caribe 2025, anunció la ministra del deporte, Luz Cristina López, quien dijo además que en Bucaramanga se desarrollarán los XXVIII Juegos Suramericanos Escolares, entre el 2 y 8 de diciembre de 2024.

El anuncio de los dos eventos deportivos se realizó en el marco de la Cumbre Americana del Deporte, que tuvo lugar esta semana en la capital de Estados Unidos y donde la ministraLuz Cristina López,  postuló  a Colombia como sede de los VII Juegos Escolares Centroamericanos y del Caribe 2025, y la Asamblea en pleno, es decir, los 24 países participantes respaldaron la postulación.

A favor de Colombia votaron los representantes de Panamá, Belice, Cuba, Honduras, Nicaragua, México, República Dominicana, Venezuela, Costa Rica, Puerto Rico, Antigua y Barbuda, Aruba, Guatemala, El Salvador, Jamaica, Barbados, Haití, Bahamas, Dominica, Granada, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y Las Granadinas, Trinidad y Tobago.

La ministra del deporte, Luz Cristina López fue precisa en señalar que “Tenemos la posibilidad de aunar esfuerzos financieros para poder recibir un evento de esta magnitud en 2025. Existe en nuestro país la capacidad organizativa para desarrollar este acontecimiento multideportivo”.

Enfatizó que los juegos en mención son una oportunidad para reactivar el deporte escolar en Centroamérica y el Caribe y agregó que se quiere, dentro del programa deportivo, que se analice y se apruebe incluir la posibilidad de desarrollar deportes paralímpicos.

Los Juegos Deportivos Escolares Centroamericanos y del Caribe son un evento escolar multideportivo, que se realiza cada 2 años. Su primera edición se llevó a cabo en Salinas (Puerto Rico), del 8 al 14 de noviembre de 2007. Los juegos en Colombia se realizarán entre noviembre y diciembre del 2025, en sedes que serán objeto de un proceso de selección por parte del Ministerio.​

Bucaramanga sede de los suramericanos

Además, durante la Asamblea Extraordinaria del Consejo Suramericano del Deporte (Consude), que también tuvo lugar en Washington, la ministra Luz Cristina López dio a conocer que Bucaramanga será sede de los XXVIII Juegos Suramericanos Escolares, al superar las evaluaciones técnicas en materia de infraestructura deportiva, su capacidad hotelera y hospitalaria.

Junto a la capital de Santander estaban postuladas como sedes las ciudades de Ibagué y Santa Marta.

El evento deportivo reunirá a por lo menos 3.000 deportistas de 12 países de la región: Argentina, Bolivia, Bonaire, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay, Venezuela y Colombia.

El Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga (Inderbu) destacó que las justas se desarrollarán en los siguientes escenarios deportivos: el estadio de atletismo Luis Enrique Figueroa Rey, avalado por la World Athletics; el coliseo Bicentenario Alejandro Galvis Ramírez, con reconocimientos internacionales de la FIBA, FIFA y la FIVB; las piscinas olímpicas, los coliseos Vicente Díaz Romero, de las universidades UIS y UNAB, y la villa olímpica de Floridablanca.

Bogotá, D. C, 27 de abril 2024

Redacción Ecos Noticia

En el fulgor de una investigación que ha sacudido los cimientos del mundo empresarial y político, un testigo clave emerge de las sombras para arrojar luz sobre un oscuro capítulo de corrupción y lavado de dinero. Salomón Bendayán, ciudadano de origen marroquí, ha destapado un entramado criminal que implica a destacadas figuras del empresariado y la política, en un juego siniestro de influencias y enriquecimiento ilícito.

Las revelaciones de Bendayán se suman a un caso de proporciones monumentales, en el cual el otrora magnate textil Alberto Aroch Mugrabi, una figura titánica en el mundo empresarial, ha sido condenado por delitos que van desde lavado de activos hasta evasión de impuestos. Sin embargo, lo que hace que este testimonio sea aún más sobrecogedor es la implicación directa de figuras políticas de alto calibre, incluyendo a un exfiscal general y prominentes líderes colombianos.

El modus operandi era tan ingenioso como cínico: bajo el manto de una red de exportaciones ficticias, Aroch Mugrabi y Bendayán tejieron una maraña de engaños para disfrazar el flujo de miles de millones de dólares, utilizando el mercado de divisas venezolano conocido como “Cadivi”. Con la complicidad del régimen chavista, y facilitado por figuras políticas como la fallecida senadora Piedad Córdoba, se movieron sumas colosales de dinero, alimentando así un sistema de corrupción que llegaba hasta las altas esferas del poder.

Pero el alcance de esta trama va mucho más allá. Bendayán detalla cómo Aroch Mugrabi canalizaba los fondos a cuentas en Panamá, evadiendo así los controles fiscales tanto en Colombia como en el extranjero. Y no se detiene ahí: el testimonio revela cómo se pagaban comisiones a intermediarios políticos, entre ellos Andrés Vásquez, asesor de Piedad Córdoba, para asegurar la continuidad de las operaciones ilícitas.

Lo que resulta aún más sorprendente es el encubrimiento que ha rodeado este caso. A pesar de la contundencia del testimonio de Bendayán, la fiscalía ha mostrado una extraña reticencia a investigar a fondo las conexiones políticas implicadas. La omisión de compulsar copias para investigaciones adicionales deja entrever un manto de impunidad que parece extenderse hasta las más altas esferas del poder judicial.

El texto íntegro de la declaración de Bendayán, que ha permanecido oculta durante más de nueve años en algún despacho judicial, plantea interrogantes inquietantes sobre el sistema de justicia y su capacidad para enfrentar la corrupción en todas sus manifestaciones. Aún queda por ver si las autoridades tendrán la voluntad política de llevar este caso hasta sus últimas consecuencias, interrogando no solo a los responsables empresariales, sino también a aquellos que se han beneficiado de su complicidad.

En un país donde la corrupción parece tejerse en los rincones más oscuros del poder, estas revelaciones podrían ser el catalizador de un despertar nacional contra la impunidad y la connivencia política. La pregunta que queda flotando en el aire es si habrá alguien dispuesto a levantar el velo de la corrupción y enfrentar las consecuencias, sin importar cuán altas sean las cabezas que puedan rodar.

Bogotá, D. C, 20 de abril de 2024

Por Carlos Castañeda. Impresa Mercosul

La decisión la tomó por decreto el Gobierno Nacional y entrará en vigor en los departamentos del Valle, Cauca y Nariño, a partir de las cero horas del miércoles 20 de marzo.

La suspensión del cese al fuego se determinó después del ataque perpetrado a una minga indígena en el departamento de Cauca, donde se reportaron tres heridos y donde se confirmó la muerte de la dirigente indígena, Carmelina Yule Paví, por la gravedad de las heridas.

El incidente ocurrió cuando la guardia indígena se movilizó para liberar al comunero y fueron sorprendidos por un ataque armado en la vereda El Manzano.

El Consejo Regional Indígena condenó el ataque y expresó preocupación por la persistencia de la violencia en medio de los intentos de diálogo entre grupos armados y el gobierno nacional.

El Cric hizo un llamado urgente al presidente Gustavo Petro y a la Oficina de la ONU para Derechos Humanos en Colombia para que tomen acciones de protección a las comunidades indígenas del Cauca.

Una comisión de defensa de los derechos humanos se desplazó al territorio afectado para evaluar la situación y brindar apoyo a las víctimas, mientras que el Gobierno Nacional aún no se ha pronunciado al respecto.

Bogotá, D. E, 17 de marzo 2024

Redacción Ecos Noticia

El presidente de la república, Gustavo Petro, programó un encuentro con congresistas de la Comisión Séptima del Senado, con el objeto de viabilizar mecanismos de consensos que busquen salvar la reforma al sistema de salud, a punto de hundirse, debido a las mayorías que firman la ponencia para archivar dicho proyecto.

La convocatoria es en la Casa de Nariño, donde en un desayuno los legisladores escucharán al jefe de Estado respecto a qué va a plantear para definir el futuro del tema. Cita que contará con la presencia del ministro del interior, Luis Fernando Velasco, quien coordina la agenda legislativa del ejecutivo, acompañado del ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, entre otros integrantes del gabinete.

Se espera que también esté en la respectiva reunión el ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien con sus posiciones sobre dicho proyecto, ha generado controversias no solo con la oposición sino con oros congresistas de diferentes colectividades política.

Ecos logró establecer que la bancada del Centro Democrático no asistirá a la cita gubernamental.

Con la reunión, el Gobierno busca superar las diferencias con quienes se oponen a la reforma, y tratar de concentrarse en los “beneficios colectivos” con una iniciativa mejor estructurada, no solo con la capacidad de lograr acuerdos inmediatos, sino, establecer una mejor comunicación entre los congresistas y los ministros, para avanzar conjuntamente en ese tema de trascendencia nacional.

Por ahora, lo único cierto, es que dicha iniciativa debe continuar su trámite y que en la agenda de la Comisión Séptima de la corporación, se debe establecer, de entrada, la votación de la ponencia de archivo del proyecto.

Bogotá, D. C, 17 de marzo de 2024

Ecos Noticia

En una sesión extraordinaria del martes 12 de marzo de 2024, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, eligió a la jurista, Luz Adriana Camargo, como la nueva Fiscal General de la Nación.

Con 18 votos a favor alcanzó la dignidad para dirigir el ente acusador, seguida por Ángela María Buitrago quien logró 2 votos y Amelia Pérez tuvo 1 voto, aunque esta última había renunciado, horas antes, a la terna enviada a la Corte Suprema de Justicia por el presidente Gustavo Petro.

Luz Adriana Camargo Garzón es abogada de la Universidad de La Sabana y especialista en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Libre de Colombia.

Fue jueza de instrucción criminal (1987-1989), trabajó en la Fiscalía General de la Nación (1992-2004) y llegó a ser fiscal delegada ante la Corte Suprema. Trabajó en la misma Corte como magistrada auxiliar de la Sala Penal, donde investigó el denominado caso de la “parapolítca”.

Formó parte del grupo que estuvo con el actual ministro de Defensa, Iván Velásquez, en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), específicamente como jefa de Investigación y Litigio.

Fue la última integrante de la terna, pues recordemos que el presidente Gustavo Petro envió en agosto del año pasado a la Corte Suprema de Justicia una nueva composición. La terna original estaba conformada por Ángela María Buitrago, Amparo Cerón y Amelia Pérez Parra. Camargo entró a remplazar la plaza de Cerón, lo que ocasionó que esta última presentara un derecho de petición ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia indicando que ella no había renunciado a ser parte de la terna. El alto tribunal de justicia le respondió indicándole que el presidente Petro estaba facultado para remplazarla.

La elección fue un proceso lleno de dificultades que llevó incluso a protestas en la sede del Palacio de Justicia para que la Corte eligiera y la orden judicial al Alcalde de Bogotá para que cerrara las inmediaciones de la sede para proteger a los funcionarios de los altos tribunales.

El último episodio ocurrió en la mañana del día de la elección, cuando la candidata Amelia Pérez Parra presentó su renuncia irrevocable, por la divulgación de opiniones de su esposo en Twitter sobre diversos temas de la actualidad nacional.

Bogotá, D. C, 12 de marzo de 2024

Redacción Ecos Noticia

La iniciativa gubernamental beneficiaría a 500 mil adultos mayores en pobreza extrema y sin pensión, del programa Colombia Mayor, que pasarían de recibir $80.000 a $225.000 al mes.

El jefe de Estado colombiano aseguró que es un paso significativo para dignificar las vidas de los adultos mayores que superan los 80 años de edad y que no se pensionaron, por diferentes circunstancias durante el trayecto de su vida.

“Todo anciano o anciana mayor de 80 años sin pensión va a recibir una pensión del gobierno colombiano”, enfatizó el presidente, Gustavo Petro, en su intervención en el Congreso Nacional de Municipios 2024 que se lleva a cabo en Cartagena.

Agregó que “Quisiéramos bajar, bajar la edad para comenzar en 75, en 72 años, pero no nos alcanza el dinero si no se hace la reforma pensional. Con ayuda de ustedes podríamos intentar que por lo menos los de 79, los de 78 años también puedan recibir el bono pensional”, añadió el Jefe de Estado.

Bogotá, D. E, 29 de febrero 2024.

Trece denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación y una privación de la libertad, por orden de una juez de garantías, hacen parte del prontuario judicial del empresario Israelí Alberto Aroch Mugrabi, un textilero señalado de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y hasta amenazas contra terceros.

En el Sistema Penal Oral Acusatorio de la Fiscalía - SPOA - hay radicadas 13 denuncias por las conductas punibles de lavado de activos, contrabando, falsedad en documento privado, peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos, falso testimonio, enriquecimiento ilícito de particulares, amenazas, administración desleal y fraude procesal.

En 2016 al resolver un recurso de apelación presentado por la Fiscalía General un juez de conocimiento, revocó la decisión de primera instancia y envió a la cárcel La Picota al empresario Aroch Mugrabi, procesado en ese momento por tres delitos: lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.

En diligencia judicial en diciembre de 2015 el empresario aceptó su responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito, al tiempo que se declaró inocente frente a los cargos de lavado de activos y concierto para delinquir.

El nombre del empresario Israelí estuvo vinculado al escándalo del multimillonario contrato de arrendamiento del edificio del centro comercial Gran Estación a la Contraloría General durante la administración de Sandra Morelli, en esa época se indicó que el inmueble pudo haber sido financiado con dineros ilegales.

En 2009 la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) reportó movimientos sospechosos en las cuentas y empresas de Aroch Mugrabi en especial con integrantes del clan Guberek una familia señalada por las autoridades estadounidenses de hacer parte de una red de lavado activos provenientes del narcotráfico.

En total, la Fiscalía dijo que el ilícito habría superado los 400.000 millones de pesos a través de diferentes empresas pertenecientes al señor Aroch Mugrabi.

El próximo 6 de marzo el empresario israelí dueño del centro comercial Gran Estación se presentará ante el juez 4 penal del circuito para responder ante la justicia.

Bogotá, D. E, 26 de febrero 2024.

Por Luis Fernando García Forero. - La Corte Suprema de Justicia de Colombia, en su tercera sesión con la agenda para elegir la Fiscal General de la Nación, y con un ambiente interno y externo en paz, obtuvo de nuevo, en sus diferentes rondas, el voto en blanco como ganador.

El alto tribunal de Colombia tendrá de nuevo la oportunidad para sesionar el próximo 7 de marzo y seguir con la agenda que permita elegir a quien será la magistrada de dirigir el máximo ente de investigación en materia penal, de terna de juristas enviada por el presidente de la república Gustavo Petro Urrego: Amelia Pérez, Ángela Buitrago Ruiz y Adriana Camargo Garzón.

En la primera votación la abogada Amelia Pérez obtuvo 13 votos, Ángela Buitrago Ruiz alcanzó 6 y el voto en blanco 6. La tercera ternada es Luz Adriana Camargo Garzón, quien no tuvo apoyo alguno en ninguna de las dos votaciones realizadas.

En las siguientes rondas se impuso el voto blanco, lo que provocó que el respaldo inicial que tenía Pérez disminuyera. En esas circunstancias, ninguna de las aspirantes alcanzó la mayoría, se necesitan 16 votos para que se establezca la ganadora al cargo de Fiscal General de la Nación.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, dijo ante la prensa que dicha elección es "un proceso reflexivo, de construcción del consenso a partir de una maduración consiente, de una verificación de cada uno de los perfiles de las candidatas".

Destacó el magistrado Chaverra que en la sesión de la fecha hubo un avance muy importante: la jurista Amelia Pérez se acercó con 13 votos de los 16 que se necesitan.

"Estamos próximos a alcanzar el consenso para lograr la mayoría que establece nuestro reglamento para declarar la elección", afirmó el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra.

Bogotá, D. C, 22 de febrero 2024

La sesión de la Comisión Quinta del Senado, en reinicio de sesiones 2024, estuvo marcada por radicación de proposiciones donde senadores solicitaron diferentes debates de control político contra varios ministros que tienen que ver con el sector minero energético, ambiente y agricultura, así como al presidente de Ecopetrol, entre otros funcionarios.

El presidente de dicha célula legislativa, Jaime Durán Barrera, anunció, a través del Canal Congreso, que el martes 27 de febrero a las 10 AM, se desarrollará debate al ministro de minas y energía, Omar Andrés Camacho y presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán.

En un tono categórico el senador del Partido de la U, José David Name, sostuvo haber programado desde el pasado mes de octubre de 2023, un debate de control al presidente de Ecopetrol, de quien se quejó por la extensa espera en la respuesta de un cuestionario sobre las gestiones que se adelantan desde esa cartera, expresando “quiero decir que no lo voy a esperar más, ni a Ecopetrol ni a su presidente, preguntas incompletas o sin respuestas, realmente hagamos el debate el próximo martes”.

Desde el Partido Conservador, el senador Miguel Ángel Barreto, no solo respaldó la citación a debate hecha al presidente de Ecopetrol, sino que radicó otras proposiciones de control político al ministro de hacienda, Ricardo Bonilla, junto a los jefes del Ministerio de Minas Omar Camacho, y Medio Ambiente, Susana Muhamad, con el fin que el gobierno nacional sustente el nuevo decreto que delimita las zonas de reserva natural.  Al finalizar, Barreto también dejó constancia de la citación a la ministra de Agricultura, para revisar lo que está pasando con los precios y producción de maíz en Colombia.

En su intervención la senadora del Partido Alianza Verde, Andrea Padilla, expresó haber radicado otra citación a la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, para conocer de cerca en que va el plan de manejo de conservación y protección de tiburones, rayas y quimeras, que ordena el decreto 281. Por su parte la senadora Isabel Zuleta, del Partido Pacto Histórico, manifestó su intención de firmar la proposición de la senadora Padilla y señaló que “no tenemos soberanía sobre nuestros territorios, no hay manera de proteger nuestros ecosistemas sin soberanía”. Indicó la senadora que los grandes barcos robaban los recursos pesqueros del país ya que Colombia no contaba con la tecnología de controlar el ingreso a sus aguas.

Bogotá, D. C, 21 de enero 

Redacción Ecos Noticia.