La iniciativa gubernamental beneficiaría a 500 mil adultos mayores en pobreza extrema y sin pensión, del programa Colombia Mayor, que pasarían de recibir $80.000 a $225.000 al mes.

La iniciativa gubernamental beneficiaría a 500 mil adultos mayores en pobreza extrema y sin pensión, del programa Colombia Mayor, que pasarían de recibir $80.000 a $225.000 al mes.

El jefe de Estado colombiano aseguró que es un paso significativo para dignificar las vidas de los adultos mayores que superan los 80 años de edad y que no se pensionaron, por diferentes circunstancias durante el trayecto de su vida.

“Todo anciano o anciana mayor de 80 años sin pensión va a recibir una pensión del gobierno colombiano”, enfatizó el presidente, Gustavo Petro, en su intervención en el Congreso Nacional de Municipios 2024 que se lleva a cabo en Cartagena.

Agregó que “Quisiéramos bajar, bajar la edad para comenzar en 75, en 72 años, pero no nos alcanza el dinero si no se hace la reforma pensional. Con ayuda de ustedes podríamos intentar que por lo menos los de 79, los de 78 años también puedan recibir el bono pensional”, añadió el Jefe de Estado.

Bogotá, D. E, 29 de febrero 2024.

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Trece denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación y una privación de la libertad, por orden de una juez de garantías, hacen parte del prontuario judicial del empresario Israelí Alberto Aroch Mugrabi, un textilero señalado de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y hasta amenazas contra terceros.

Trece denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación y una privación de la libertad, por orden de una juez de garantías, hacen parte del prontuario judicial del empresario Israelí Alberto Aroch Mugrabi, un textilero señalado de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y hasta amenazas contra terceros.

En el Sistema Penal Oral Acusatorio de la Fiscalía - SPOA - hay radicadas 13 denuncias por las conductas punibles de lavado de activos, contrabando, falsedad en documento privado, peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos, falso testimonio, enriquecimiento ilícito de particulares, amenazas, administración desleal y fraude procesal.

En 2016 al resolver un recurso de apelación presentado por la Fiscalía General un juez de conocimiento, revocó la decisión de primera instancia y envió a la cárcel La Picota al empresario Aroch Mugrabi, procesado en ese momento por tres delitos: lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.

En diligencia judicial en diciembre de 2015 el empresario aceptó su responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito, al tiempo que se declaró inocente frente a los cargos de lavado de activos y concierto para delinquir.

El nombre del empresario Israelí estuvo vinculado al escándalo del multimillonario contrato de arrendamiento del edificio del centro comercial Gran Estación a la Contraloría General durante la administración de Sandra Morelli, en esa época se indicó que el inmueble pudo haber sido financiado con dineros ilegales.

En 2009 la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) reportó movimientos sospechosos en las cuentas y empresas de Aroch Mugrabi en especial con integrantes del clan Guberek una familia señalada por las autoridades estadounidenses de hacer parte de una red de lavado activos provenientes del narcotráfico.

En total, la Fiscalía dijo que el ilícito habría superado los 400.000 millones de pesos a través de diferentes empresas pertenecientes al señor Aroch Mugrabi.

El próximo 6 de marzo el empresario israelí dueño del centro comercial Gran Estación se presentará ante el juez 4 penal del circuito para responder ante la justicia.

Bogotá, D. E, 26 de febrero 2024.

 

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La Corte Suprema de Justicia de Colombia, en su tercera sesión con la agenda para elegir la Fiscal General de la Nación, y con un ambiente interno y externo en paz, obtuvo de nuevo, en sus diferentes rondas, el voto en blanco como ganador.

Por Luis Fernando García Forero. - La Corte Suprema de Justicia de Colombia, en su tercera sesión con la agenda para elegir la Fiscal General de la Nación, y con un ambiente interno y externo en paz, obtuvo de nuevo, en sus diferentes rondas, el voto en blanco como ganador.

El alto tribunal de Colombia tendrá de nuevo la oportunidad para sesionar el próximo 7 de marzo y seguir con la agenda que permita elegir a quien será la magistrada de dirigir el máximo ente de investigación en materia penal, de terna de juristas enviada por el presidente de la república Gustavo Petro Urrego: Amelia Pérez, Ángela Buitrago Ruiz y Adriana Camargo Garzón.

En la primera votación la abogada Amelia Pérez obtuvo 13 votos, Ángela Buitrago Ruiz alcanzó 6 y el voto en blanco 6. La tercera ternada es Luz Adriana Camargo Garzón, quien no tuvo apoyo alguno en ninguna de las dos votaciones realizadas.

En las siguientes rondas se impuso el voto blanco, lo que provocó que el respaldo inicial que tenía Pérez disminuyera. En esas circunstancias, ninguna de las aspirantes alcanzó la mayoría, se necesitan 16 votos para que se establezca la ganadora al cargo de Fiscal General de la Nación.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, dijo ante la prensa que dicha elección es "un proceso reflexivo, de construcción del consenso a partir de una maduración consiente, de una verificación de cada uno de los perfiles de las candidatas".

Destacó el magistrado Chaverra que en la sesión de la fecha hubo un avance muy importante: la jurista Amelia Pérez se acercó con 13 votos de los 16 que se necesitan.

"Estamos próximos a alcanzar el consenso para lograr la mayoría que establece nuestro reglamento para declarar la elección", afirmó el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra.

Bogotá, D. C, 22 de febrero 2024

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La sesión de la Comisión Quinta del Senado, en reinicio de sesiones 2024, estuvo marcada por radicación de proposiciones donde senadores solicitaron diferentes debates de control político contra varios ministros que tienen que ver con el sector minero energético, ambiente y agricultura, así como al presidente de Ecopetrol.

La sesión de la Comisión Quinta del Senado, en reinicio de sesiones 2024, estuvo marcada por radicación de proposiciones donde senadores solicitaron diferentes debates de control político contra varios ministros que tienen que ver con el sector minero energético, ambiente y agricultura, así como al presidente de Ecopetrol, entre otros funcionarios.

El presidente de dicha célula legislativa, Jaime Durán Barrera, anunció, a través del Canal Congreso, que el martes 27 de febrero a las 10 AM, se desarrollará debate al ministro de minas y energía, Omar Andrés Camacho y presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán.

En un tono categórico el senador del Partido de la U, José David Name, sostuvo haber programado desde el pasado mes de octubre de 2023, un debate de control al presidente de Ecopetrol, de quien se quejó por la extensa espera en la respuesta de un cuestionario sobre las gestiones que se adelantan desde esa cartera, expresando “quiero decir que no lo voy a esperar más, ni a Ecopetrol ni a su presidente, preguntas incompletas o sin respuestas, realmente hagamos el debate el próximo martes”.

Desde el Partido Conservador, el senador Miguel Ángel Barreto, no solo respaldó la citación a debate hecha al presidente de Ecopetrol, sino que radicó otras proposiciones de control político al ministro de hacienda, Ricardo Bonilla, junto a los jefes del Ministerio de Minas Omar Camacho, y Medio Ambiente, Susana Muhamad, con el fin que el gobierno nacional sustente el nuevo decreto que delimita las zonas de reserva natural.  Al finalizar, Barreto también dejó constancia de la citación a la ministra de Agricultura, para revisar lo que está pasando con los precios y producción de maíz en Colombia.

En su intervención la senadora del Partido Alianza Verde, Andrea Padilla, expresó haber radicado otra citación a la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, para conocer de cerca en que va el plan de manejo de conservación y protección de tiburones, rayas y quimeras, que ordena el decreto 281. Por su parte la senadora Isabel Zuleta, del Partido Pacto Histórico, manifestó su intención de firmar la proposición de la senadora Padilla y señaló que “no tenemos soberanía sobre nuestros territorios, no hay manera de proteger nuestros ecosistemas sin soberanía”. Indicó la senadora que los grandes barcos robaban los recursos pesqueros del país ya que Colombia no contaba con la tecnología de controlar el ingreso a sus aguas.

Bogotá, D. C, 21 de enero 

Redacción Ecos Noticia.

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A los 65 años de edad fallece el periodista, analista político, excanciller y diplomático, Rodrigo Pardo, a raíz de un tumor en el cerebro.

A los 65 años de edad fallece el periodista, analista político, excanciller y diplomático, Rodrigo Pardo, a raíz de un tumor en el cerebro.

Economista de la Universidad de Los Andes, con maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad Johns Hopkins. En el sector público trabajó como ministro de Relaciones Exteriores y embajador de Colombia ante los gobiernos de Venezuela y Francia.

En el ámbito periodístico se desempeñó como comentarista del programa La Radio de La Noche, de RCN, director de la revista Cambio, editor general y subdirector de El Tiempo, director de El Espectador, como reportero de las revistas Semana y Cromos.

En 2012 asumió la dirección general de Noticias RCN Televisión, cargo que desempeñó hasta enero de 2015. Fue también director editorial de la Revista Semana. En 2004 fue galardonado con el Premio de Periodismo Simón Bolívar en la categoría Mejor Columna de Opinión.

Desde Ecos, nuestro sentimiento de solidaridad a toda su familia.

¡Descanse en Paz!

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El exsenador Jorge Enrique Robledo, presidente del Partido Dignidad y Progreso, denunció que el presidente Gustavo Petro está en silencio respaldando un atentado contra la soberanía nacional en el Parque Natural Isla Gorgona.

Ante la denuncia, el ministro de defensa, Iván Velásquez, niega las afirmaciones de Robledo.

El exsenador Jorge Enrique Robledo, presidente del Partido Dignidad y Progreso, denunció que el presidente Gustavo Petro está en silencio respaldando un atentado contra la soberanía nacional en el Parque Natural Isla Gorgona.

A través de su cuenta de X el dirigente político señaló:

“El engaño que faltaba en el pésimo gobierno de @petrogustavo: El radar de guerra de EEUU en el Parque Natural isla Gorgona, que hasta ayer lo pagaba EEUU y era en beneficio de EEUU, ahora lo va a pagar el gobierno de Colombia y es en beneficio del país, dicen los ministros porque Petro no da la cara.

Cínicos. A los colombianos nos tratan como a imbéciles. Y @petrogustavo, que habla tanto y se dice ambientalista, sobre este tema lleva 18 meses en silencio, calladito, y quiere montar otro engaño para facilitarle, pague quien pague, el radar de guerra a EEUU.¿Y la jefatura del @PactoHistorico va a seguir en silencio, respaldando este atentado contra la soberanía nacional?

Colombianos y colombianas:

Unámonos en decirle NO al radar de guerra de EEUU en el Parque Natural Isla Gorgona, pague quien pague.

Digámosle NO a una base militar en el Parque Natural Isla Gorgona.

Digámosle NO a los dólares de EEUU en Gorgona disfrazados de gastos ambientales.

Digámosle al mundo que el Parque Natural Isla Gorgona se respeta.

Los verdaderos ambientalistas de Colombia y del mundo deben movilizarse en defensa del Parque Natural Isla Gorgona

DIGÁMOSLE NO AL FALSO AMBIENTALISMO DE GUSTAVO PETRO”.

Mindefensa niega afirmación

A través de la cuenta X del Ministerio de Defensa, se negó en palabras del ministro Iván Velásquez las afirmaciones del exsenador Robledo:

El ministro @Ivan_Velasquez_ recalcó que el radar que se instalará en la Isla Gorgona NO será financiado por EE.UU, sino por el Ministerio de Defensa. El manejo y control del radar será exclusivamente de @ArmadaColombia.   

“Aquí NO hay una presencia ni un control militar norteamericano en la isla”, aseveró. #GorgonaTurismoMundial

https://twitter.com/mindefensa/status/1757143369396928717

Bogotá, D. C, 12 de febrero de 2024

Redacción Ecos Noticia.

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“Lo que está sucediendo en el Litoral Pacífico es el cambio de dos siglos de abandono hacia un gobierno que los prioriza, que prioriza el Litoral y sus gentes, que cree que debe ser lo primero, dado que es la región más pobre de Colombia, precisamente por ese abandono".

Lo que está sucediendo en el Litoral Pacífico es el cambio de dos siglos de abandono hacia un gobierno que prioriza a su gente, afirmó el presidente de Colombia Gustavo Petro Urrego.

El jefe de Estado indicó que el diálogo entre el Gobierno y la comunidad del Litoral Pacífico debe terminar con una agenda concreta de transformación del territorio. Fue contundente en afirmar que para cumplirles a los pobladores del Litoral Pacífico es necesario escalar los objetivos a un documento Conpes (Consejo Nacional de Política Económica y Social).

“Lo que está sucediendo en el Lit​oral Pacífico es el cambio de dos siglos de abandono hacia un gobierno que los prioriza, que prioriza el Litoral y sus gentes, que cree que debe ser lo primero, dado que es la región más pobre de Colombia, precisamente por ese abandono".

“Concretar el programa del Litoral Pacífico es fundamental, tiene que ser elevado a un Conpes. Tiene que tener la aprobación de vigencias futuras porque no vamos a necesitar solo los dineros de este año", dijo.

Agregó que “hay que defender la paz, hay que defender el derecho de los pueblos a la justicia y a la equidad y una de las maneras de esta defensa es, precisamente, apurar el paso para superar los obstáculos y lograr que se concreten los objetivos que se propuso el programa de Colombia Potencia Mundial de la Vida".

Modelo en medicina preventiva

​En materia de salud, el jefe de Estado recalcó que a esta región le viene bien la implementación del modelo de medicina preventiva incluido en la reforma a la salud y anunció, junto con el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, las inversiones en materia de infraestructura y fortalecimiento del personal médico.

“Ya designamos seis equipos —como usted lo planteó—, son 48 personas, seis médicos, seis enfermeras jefes; estamos hablando de 24 enfermeras auxiliares que van a estar en todos los puestos de salud. Ya visité el hospital, vamos a recuperarlo mientras construimos uno totalmente nuevo", indicó Jaramillo.

Señaló que el Gobierno va a recuperar 11 puestos de salud en la región y se van a construir cinco puestos de salud más.

El Charco, Nariño, 24 de enero de 2024

Redacción Ecos Noticia

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-“Esta situación es de extrema gravedad para millones de usuarios y pacientes del sistema de salud”, asegura el director del Partido Liberal.-

-“Esta situación es de extrema gravedad para millones de usuarios y pacientes del sistema de salud”, asegura el director del Partido Liberal.-

El expresidente de Colombia y jefe del Partido Liberal, César Gaviria Trujillo, fue contundente en criticar al ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo por la demanda a las EPS y reprochó que “por razones ideológicas, se tomen decisiones sobre el sistema de salud que lo deterioran cada día más” y agregó que “en lugar de mejorarlo desde el ejecutivo o el legislativo, es irresponsable con la vida y dignidad de las personas”.

Destaca Gaviria que el sistema de salud “está enfrentando una crisis explícita (como lo anunció en su momento la ministra Carolina Corcho), no solo debido a la incertidumbre que la reforma a la salud está generando a lo largo de su debate en el Congreso de la República, en medio de aparentes y frecuentes vicios de trámite, sino por las acciones que el Gobierno ha venido tomando vía administrativa”.

Agregó el jefe del Partido Liberal, César Gaviria Trujillo, que es realmente descabellado y antijurídico que el Ministro de Salud entable una demanda contra las EPS cuando él, flagrantemente, incumple lo dispuesto por la Corte Constitucional en lo relacionado Estado –EPS. “Si el Estado permite la desvalorización de la UPC, en cierta forma, estaría alterando las reglas de juego iniciales porque esto incidirá en el equilibrio financiero de las EPS y del propio sistema.”

El exmandatario liberal señala en el documento público que la demanda “podría obligar a la Corte Constitucional a evaluar y pronunciarse frente a la reforma a la salud de forma anticipada lo que, de otra manera, habría sucedido ante eventuales demandas luego de que ésta hubiera superado el trámite en el Congreso y haber sido sancionada por el Presidente de la República”.

El siguiente es el texto del expresidente de Colombia César Gaviria Trujillo, sobre la demanda del ministro de salud a las EPS:

Desde el nacimiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), se estableció con claridad que las Entidades Promotoras de Salud hacen parte sustancial del mismo, pues la propia Ley 100 de 1993 establece en su artículo 177 que éstas “son las entidades responsables de la afiliación y el registro de los afiliados y del recaudo de sus cotizaciones, por delegación del Fondo de Solidaridad y Garantía. Su función básica será organizar y garantizar, directa o indirectamente, la prestación del Plan de Salud Obligatorio a los afiliados y girar, dentro de los términos previstos en la presente Ley, la diferencia entre los ingresos por cotizaciones de sus afiliados y el valor de las correspondientes Unidades de Pago por Capitación al Fondo de Solidaridad y Garantía, de qué trata el Título III de la presente Ley.” Esto está bajo el amparo completo e incontrovertible de nuestra Constitución, que en su artículo 365 establece que “los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares.”

Como lo hemos expresado en múltiples oportunidades, el sistema de salud está enfrentando una crisis explícita (como lo anunció en su momento la ministra Carolina Corcho), no solo debido a la incertidumbre que la reforma a la salud está generando a lo largo de su debate en el Congreso de la República, en medio de aparentes y frecuentes vicios de trámite, sino por las acciones que el Gobierno ha venido tomando vía administrativa. Diferentes agentes, expertos y académicos han alertado insistentemente en la necesidad de revisar la suficiencia de recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y, el Ministerio de Salud, anunció la creación de una mesa técnica en esta materia, la cual parece haber sido solo una conversación vacía, pues su incremento este año continúa por debajo del crecimiento en la demanda de servicios de la población; para terminar de agravar el escenario fiscal del sistema de salud, reiteradamente actores del aseguramiento y la prestación han insistido en el giro oportuno, en cumplimiento de los términos que establece la Ley, de los recursos de presupuestos máximos, además de sus ajustes anuales, algo que continúa no presentándose por parte del Gobierno Nacional y que, afecta enormemente el flujo corriente de los recursos del sistema.

Al mismo tiempo, el país se pregunta por el resultado de las mesas técnicas anunciadas por la Contraloría General de la República para aclarar las cuentas del sistema de salud, cuyo insumo debe ser la entrega de la información exacta y trazable por el mismo Gobierno y los actores del sistema.

Es realmente descabellado y antijurídico que el Ministro de Salud entable una demanda contra las EPS cuando él, flagrantemente, incumple lo dispuesto por la Corte Constitucional, que en la Sentencia SU 480 de 1997 expresa:

“En la relación Estado-EPS, el co-contratante (EPS) existe una “ecuación, equivalencia o igualdad de la relación, [que] no puede ser alterada en el momento de la ejecución, y de allí nace el deber de la administración de colocar al co-contratante, concesionario, en condiciones de cumplir el servicio, obra, prestación, amenazados por hechos ajenos a la voluntad de las partes. No constituye un “seguro del co-contratante” contra déficits de la explotación, sino una razonable equivalencia entre cargas y ventajas de las partes. “Para Marienhoff, la ecuación o equilibrio financiero del contrato es el “medio por el que ante circunstancias extraordinarias anormales e imprevistas, posteriores sobrevinientes a la celebración de un contrato administrativo, pero temporarias o transitorias, alteran la ecuación económico-financiera en perjuicio del co-contratante, que determina la obligación del estado de asistirlo para que pueda así cumplir o seguir cumpliendo el contrato.”

Termina diciendo la misma Corte que “si el Estado permite la desvalorización de la UPC, “en cierta forma, estaría alterando las reglas de juego iniciales porque esto incidirá en el equilibrio financiero de las EPS y del propio sistema.” En otras palabras, debido a la insuficiencia de la UPC y el retraso sistemático en el giro de los recursos y ajustes anuales de los presupuestos máximos, el Estado está desfinanciando al sistema de salud, lo que lo desequilibra y altera por fuera del marco legal y normativo fijado hasta el momento.

Esta situación es de extrema gravedad para millones de usuarios y pacientes del sistema de salud, por lo que es preciso que la sociedad y las instituciones reaccionen ante estas acciones deliberadas que van en contra de lo que el marco legal y la jurisprudencia de la Corte Constitucional establecen con completa claridad. Es contrario a nuestra democracia y sus normas que, por razones ideológicas, se tomen decisiones sobre el sistema de salud que lo deterioran cada día más, en lugar de mejorarlo desde el ejecutivo o el legislativo, más aún, es irresponsable con la vida y dignidad de las personas. En este sentido, esta demanda podría obligar a la Corte Constitucional a evaluar y pronunciarse frente a la reforma a la salud de forma anticipada lo que, de otra manera, habría sucedido ante eventuales demandas luego de que ésta hubiera superado el trámite en el Congreso y haber sido sancionada por el Presidente de la República.

César Gaviria Trujillo

Expresidente de la República de Colombia

Director del Partido Liberal

22 de enero de 2024

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El defensor del pueblo, Carlos Camargo, exhortó al Gobierno a proteger la vida y de inmediato establecer estrategias que le permitan a dicha población, la serena convivencia, que ha sido atacada por las organizaciones criminales.

El defensor del pueblo, Carlos Camargo, exhortó al Gobierno a proteger la vida y de inmediato establecer estrategias que le permitan a dicha población, la serena convivencia, que ha sido atacada por las organizaciones criminales.

Colombia registró 181 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados el año pasado, una leve reducción en comparación con la cifra de 2022, reveló la Defensoría del Pueblo.

Un líder social murió cada dos días en el país en promedio, "una situación inaceptable", declaró Carlos Camargo, jefe de la entidad que vela por el respeto de las garantías fundamentales.

La cifra supone una reducción del 16% comparada con el balance de 2022, cuando la Defensoría documentó 215 casos, pero evidencia que la violencia persiste pese al acuerdo de paz de 2016 con la entonces guerrilla FARC y las negociaciones actuales con grupos armados.

Cauca con más víctimas

La mayoría de esos asesinatos se registraron en el departamento del Cauca (suroeste), donde la entidad registró 36 homicidios.

Le siguen Antioquia (noroeste) con 21, Nariño (frontera con Ecuador) con 17 y el Valle del Cauca (sur), con 15. La gran mayoría de las víctimas son hombres.

"Cada vida perdida es una tragedia para sus familias, para las comunidades y para la defensa de los derechos fundamentales en el país", aseguró Camargo en un video compartido a periodistas.

Según el informe, los sectores sociales más afectados son los líderes comunitarios, indígenas, campesinos y sindicales.

También aparecen defensores ambientales, activistas de derechos humanos, funcionarios públicos, gestores de paz y miembros de la comunidad LGBTI.

El presidente Gustavo Petro busca la paz total logrando mesas de negociación con los principales grupos armados del país, sin embargo los esfuerzos del Gobierno para detener los asesinatos de líderes sociales han sido insuficientes.

Bogotá, D. C, 9 de enero de 2024

Redacción Ecos Noticia

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El Presidente Gustavo Petro decretó el salario mínimo para 2024, tras la fallida negociación entre trabajadores y empresarios. El incremento fue del 12% y un aumento del 15 % en el auxilio de transporte.

El Presidente Gustavo Petro decretó el salario mínimo para 2024, tras la fallida negociación entre trabajadores y empresarios. El incremento fue del 12% y un aumento del 15 % en el auxilio de transporte.

El monto definitivo es de un millón 300 mil pesos tras el porcentaje que pedían los trabajadores, fue de un 18 %, mientras el gremio empresarial propuso un 11.5 %, lo que finalmente llevó al Gobierno a definirlo en cerca de un 12 %.

Bogotá, D. C, 29 de diciembre de 2023

Redacción Ecos Noticia

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