Al hacer entrega al Congreso de la República del séptimo informe de seguimiento al Acuerdo Final de Paz firmado en el año 2016 con las extintas Farc EP, la Procuraduría General de la Nación presenta 256 recomendaciones con el propósito de superar aspectos que han frenado el cumplimiento del Acuerdo.
Una de las evidencias más importantes dentro del documento se refleja en la baja ejecución de recursos financieros tanto del Presupuesto General de la Nación por $8.4 billones, en especial, por parte de las entidades adscritas al sector de agricultura y desarrollo rural, y los rezagos en los avances físicos y financieros de los 321 proyectos aprobados con recursos de regalías, así como de los $2,7 billones de recursos sin programación del Fondo Colombia en Paz.
Respecto al acceso a tierras se advierte que el cumplimiento de ese fin está muy bajo en los procesos de adjudicación de predios a campesinos sin tierra. De la meta de tres millones de hectáreas, solo se ha avanzado en un 1,19 %, pese a que el Gobierno ha incorporado alrededor de 600 mil hectáreas al Fondo de Tierras.
De acuerdo al documento del Ministerio Público se debe garantizar la adjudicación definitiva de los predios, muchos de los cuales permanecen bajo figuras provisionales, lo que limita el impacto real de la política en las comunidades rurales.
Se destacan puntos como la consolidación del Sistema Nacional de Reincorporación y la normatividad que habilita el reconocimiento de las Áreas Especiales de Reincorporación para los excombatientes de las antiguas Farc.
También hace un llamado al Gobierno Nacional a acelerar la renegociación de proyectos productivos y la entrega de beneficios del Programa Nacional Integral de beneficios del Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos ilícitos, que involucra a más de 99 mil familias.
Bogotá, D. C, 27 de septiembre de 2025
Redacción Ecos Noticias Nacionales