Por Luis Fernando García Forero. -El alza del Acpm decretado por el Gobierno Nacional, fue el explosivo para que los transportadores, bloquearan las vías, principalmente en las intermunicipales, ocasionando un caos no solo de la movilidad, sino en el abastecimiento de productos que está llevando a una crisis económica, riesgo en la salud pública y la seguridad alimentaria.
El aumento decretado del Acpm fue de $1.904 por galón, decisión que la ministra de transporte, María Constanza García, justifica porque le ahorra a la Nación $1,6 billones que servirán para financiar nuevos proyectos sociales y de infraestructura.
El Gobierno señaló que en el 2023, por cada galón de Acpm vendido, el consumidor recibió un subsidio promedio de $7.121, mientras que en 2022, esa ayuda fue de $10.451 por galón. Una decisión que según analistas del sector, es insostenible para las finanzas de la nación, porque la deuda seguirá aumentando.
Jaque a finanzas
“Esto se ha convertido en una situación insostenible para el país, el cual ha puesto en jaque la viabilidad fiscal de la Nación y podría comprometer la estabilidad macroeconómica del país”, señaló el Ministerio de Hacienda, al destacar que actualmente el 100% del déficit de este año corresponde al Acpm.
Otro de los argumentos expresados por el gobierno es que las personas, 10% más ricas de la población, reciben 10 veces más que las personas, con menores ingresos, los beneficios del Fondo que se encarga de estabilizar los precios de los combustibles para los consumidores colombianos- FEPC -.
El clamor y la protesta de los transportadores obedece a que hace varios años el Gobierno no realiza un aumento de los fletes, por lo que este incremento en el combustible afecta la rentabilidad del negocio. El Acpm representa el 40% de los costos operativos del sector transporte de carga en el país.
Los camioneros son contundentes en señalar que a pesar de haber participado en 14 mesas de trabajo durante 18 meses junto con la Cámara Inter gremial de Transporte - Unidos, el Gobierno no tomó en cuenta la propuesta del gremio para ajustar el precio del Acpm de manera más justa y sostenible.
En medio de los esfuerzos del Gobierno y de los mismos transportadores, para dar una solución que permita el desbloqueo, ninguna de las partes cede, lo que deja un sinsabor y desesperanza para lograr una solución rápida.
Caos
Además del problema de la movilidad, en los terminales de las ciudades está suspendida la venta de tiquetes, también se están perdiendo los alimentos, principalmente los perecederos. Se corre el riesgo que basuras no se recojan y se agrave la salubridad pública y la seguridad alimentaria; se frene el trabajo institucional y de las empresas privadas. También el avance educativo en escuelas, colegios y universidades.
Un problema que está cada hora provocando una crisis con graves consecuencias para la administración de Gustavo Petro, quien parece estar dispuesto a no ceder y además de las afirmaciones del ministro de hacienda, Ricardo Bonilla, quien fue contundente en señalar que el bloqueo de los camioneros es una “reacción excesiva”.
El ministro del interior, Juan Fernando Cristo, junto a su colega de transporte, María Constanza García, han enfrentado y persistido en lograr avanzar en la mesa de diálogo, pero no ha tenido resultados que genere el desbloqueo de los camioneros.
El titular de la cartera política, Juan Fernando Cristo dijo a través de su cuenta de X que “Este Gobierno defiende y respeta la movilización pacífica y entiende las preocupaciones y la angustia de los transportadores, pero hace un llamado a que no se acuda a las vías de hecho que afectan los derechos de otros ciudadanos. Con el levantamiento de los bloqueos podremos adelantar diálogos que nos permitan encontrar soluciones estructurales a las problemáticas del sector”.
El resultado en los diálogos ha sido negativo, no hay humo blanco para el desbloqueo por parte del sector camionero que exige derogar el decreto del aumento en los precios del Acpm, que de por sí, tiene escalada en las tarifas.
Subsidio insostenible
El ministro Cristo es categórico en señalar que "el diésel en Colombia no puede seguir descansando en un subsidio insostenible", por eso agregó que se debe poner el foco en el problema estructural del transporte de carga.
Congresistas han señalado que se debe dar una solución urgente y estructural al problema. “Bloqueo de camioneros, principalmente en Santander, llegó al caos. Instamos al Gobierno y a ese gremio, de inmediato instalen mesa de negociación y, de una vez por todas, logren regular tarifas de combustibles, que suplan las justas necesidades de los transportadores”, dijo el senador Jaime Durán en las redes sociales.
En medio del paro y las protestas de los camioneros, la Fiscalía General de la Nación anunció que abrió indagación por 36 bloqueos totales de vías públicas en Bogotá, algunos corredores viales de la región del Magdalena Medio y los departamentos de Norte de Santander, Nariño y Meta.
El ente acusador añadió que el "derecho a protestar no autoriza la obstrucción y bloqueo de vías que pongan en peligro a la población", es decir, advierte que actuará en el marco de sus competencias en los eventos "en los cuales las manifestaciones sociales pierdan su naturaleza pacífica y entren a revestir la característica de delitos".
El tema estalló y la papa caliente la lleva en los hombros el gobierno, mientras que los camioneros están demostrando que no están dispuestos a ceder si no se deroga el decreto de aumento del precio del diésel.
Los grandes perdedores: los ciudadanos de a pie, pero también los de carro y aún más, los bolsillos de los colombianos por la carestía que se avecina en los artículos de la canasta familiar y de primera necesidad.
Bogotá, D. C, 4 de septiembre 2024
