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Por Felicia Saturno Hartt y María Teresa Paz. Foto: DW.- El Vaticano anunció que los obispos que encubran, no investiguen o actúen de forma negligente ante casos de posibles abusos sexuales a menores, cometidos por miembros de la Iglesia Católica, como los cientos de casos que se han conocido hasta ahora, podrían ser expulsados.
La orden fue decretada por el Papa Francisco a través de una Bula Pontificia, intitulada “Motu Proprio”.
El texto señala que “el obispo diocesano (...) o aquel que, aunque de forma temporal, tenga la responsabilidad de una iglesia particular, o de otra comunidad de fieles, puede ser removido de su cargo legítimamente, si por negligencia, ha cometido u omitido actos que hayan causado un grave daño a los demás, sea que se trate de individuos, que de una comunidad en su conjunto”. Y añade que dicho daño puede ser “físico, moral, espiritual o patrimonial”.
Con el decreto, el pontífice pone en marcha lo que prometió el año pasado, cuando autorizó que un tribunal del Vaticano juzgara a los obispos acusados de encubrir o de no evitar el abuso a menores. Papa Francisco subrayó que con este documento pretende aclarar que “entre las denominadas causas graves se incluye la negligencia de los obispos en el ejercicio de sus funciones, sobre todo en relación con los casos de abusos sexuales a menores y adultos vulnerables”.
Qué es y qué significa una Bula Papal
Es de interés jurídico y público señalar que la Bula Papal o Bula Pontificia es un documento sellado con plomo sobre asuntos políticos o religiosos, que son expedidos por la Cancillería Apostólica Papal, sobre determinados asuntos de importancia dentro de la administración clerical e incluso civil, constituyéndose en uno de los instrumentos más extendidos en los que se fundamenta y expande la autoridad del pontífice.
Desde un punto de vista formal, la bula es solemne y muy característica. Lleva un sello de plomo con una cruz en el centro y una representación de San Pedro y San Pablo, mientras que, en el reverso, se consigna el nombre del Papa del momento de su publicación y el año del pontificado. Normalmente se envía al arzobispo de la diócesis, quien a su vez la hará llegar a la parroquia. Está escrita en latín y si aparece en castellano es por la traducción hecha desde el arzobispado; en ese caso se la considera una copia.
En cuanto a su contenido, las bulas expresan diversos mandatos en materia de ordenanzas y constituciones, condenaciones doctrinales, concesión de beneficios, juicios de la Iglesia, decretos de indulgencias, de señoríos eclesiásticos, etcétera. Cuando la bula es de extensión y/o importancia menor se denomina breve.
La Bula de Francisco
La “tarea de protección y de cuidado compete a la Iglesia en su totalidad, pero es especialmente a través de sus Pastores que debe ser ejercitada”. Lo escribe el Papa Francisco en el Motu Proprio, Bula que busca reforzar la protección de los menores, publicada el sábado 4 de junio, subrayando la responsabilidad de los Obispos diocesanos – de los Eparcas así como de los Superiores Mayores de Institutos Religiosos y de las Sociedades de vida apostólica de Derecho Pontificio - a “emplear una particular diligencia en el proteger a aquellos que son los más débiles entre las personas a ellos confiadas”.
El Papa recuerda que el Derecho Canónico prevé ya “la posibilidad de remover del encargo eclesiástico por causas graves”. Con el Motu Proprio, afirma Francisco, “pretendo precisar” que entre tales causas se encuentra también “la negligencia de los Obispos” relativa “a los casos de abusos sexuales cometidos con menores y adultos vulnerables” como previsto por el Motu Proprio de San Juan Pablo II, Sacramentorum Sanctitatis Tutela, actualizado por Benedicto XVI.
La Bula "Motu Proprio" consta de cinco artículos y en el primero de ellos señala que aquellos con responsabilidad en la Iglesia “pueden ser legítimamente retirados de su cargo”. El obispo podrá ser retirado únicamente si ha fallado de manera “muy grave” a sus responsabilidades pero, en el caso de que se trate de abuso a menores, “es suficiente que el fallo sea "grave"”, lo que implica un endurecimiento normativo.
Un “motu proprio” es un escrito apostólico del Papa escrito por éste por iniciativa propia, sin requerimiento de sus cardenales o asesores. En la mayor parte de los casos, como éste, se trata de pequeñas modificaciones del Derecho Eclesiástico.
Como bien lo reseña Radio Vaticano, este documento firmado este sábado por el Papa establece desde el primero de los 5 artículos que el obispo diocesano (o el eparca o aquel que tiene una responsabilidad temporal de una Iglesia particular) puede ser “legítimamente removido de su encargo, si haya, por negligencia, realizado u omitido actos que hayan provocado un daño grave a otros”, sean personas o comunidades.
Además en la Bula se especifica que este daño puede ser “físico, moral, espiritual o patrimonial”. El obispo (al cual son equiparados los Superiores Mayores), continúa el artículo 1, puede ser removido solamente si “haya objetivamente faltado de forma muy grave a la diligencia que le ha sido requerida por su oficio pastoral, también sin grave culpa moral por parte suya”. Sin embargo, en caso de abusos sobre menores, “es suficiente que la falta de diligencia sea grave”.
En el caso de que los indicios sean “serios”, prosigue el artículo 2 del Motu Proprio, la competente Congregación de la Curia Romana puede “iniciar una investigación en mérito” dando noticia al interesado que tiene “la posibilidad de defenderse” con los “medios previstos por el derecho”. A continuación a los argumentos presentados por el obispo, la Congregación puede “decidir una investigación suplementaria”.
En los artículos 3, 4 y 5 el Motu Proprio establece, por tanto, el procedimiento con el que se decide la eventual remoción del encargo. La Congregación que asume tal decisión, en Sesión ordinaria, puede disponer si dar “en el más breve tiempo posible, el decreto de remoción” o exhortar al obispo “a presentar su renuncia en un lapso de 15 días”, concluido el cual el Dicasterio podrá “emitir el decreto”.
En el último artículo se establece que la decisión final deberá ser “sometida a la aprobación especifica del Romano Pontífice” que, “antes de asumir una decisión definitiva se hará asistir por un idóneo colegio de juristas”.
Los grupos de víctimas han exigido reiteradamente a los altos cargos católicos que hagan más para que los obispos respondan por los abusos en sus diócesis, incluso aunque no sean los responsables directos de ello.
El Papa Francisco ha dado un paso importante para vencer la impunidad, porque al normar la negligencia como responsabilidad, está haciendo posible investigar más profundamente los casos reportados y lograr que los responsables de estos terribles delitos no sean protegidos por sus superiores.
Redacción Ecos. Foto: Matchman News- La Corte Constitucional votó a favor de la ponencia del Magistrado Luis Guillermo Guerrero, donde se estimaba que el nuevo organismo, el Consejo de Gobierno Judicial, organismo creado en la Reforma al Equilibrio de Poderes, afectaría la autonomía de la justicia y su capacidad de autogobierno.
Por siete votos contra uno (del Magistrado Alejandro Linares), el alto tribunal decidió excluir a ese nuevo organismo, creado para gerenciar la Rama Judicial. Esto, en la práctica, revive a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que pudo ser reemplazada por el nuevo Consejo de Gobierno.
La decisión de la Corte Constitucional es un duro golpe contra la Reforma al Equilibrio de Poderes, aprobada por el Congreso de la República el año pasado, que siempre tuvo una gran resistencia en las altas cortes.
Sin embargo, el alto tribunal sí mantuvo a la Comisión de Disciplina Judicial, que creó la Reforma al Equilibrio de Poderes y que reemplazaría a la Sala Disciplinaria de la Judicatura. La razón de mantenerlo es que el alto tribunal se declaró inhibido para estudiar la demanda contra ese organismo disciplinario.
Ante este panorama, la Sala Administrativa de la Judicatura tendrá ahora que gerenciar todas las reformas que debía llevar el Consejo de Gobierno. El Presidente de la Corte tendrá a cargo la elección de los magistrados de la Comisión de Disciplina Judicial, así como llevar a cabo los procesos para elegir por meritocracia a los integrantes del nuevo Tribunal de Aforados.
En este momento la Sala Administrativa de la Judicatura tiene a todos sus seis magistrados en propiedad. La Sala Disciplinaria hoy tiene también a todos sus magistrados, pero cuatro de ellos son en provisionalidad y tres en propiedad en sus cargos.
Los motivos para rechazar el Consejo de Gobierno Judicial
El Magistrado Guerrero estimó que el Consejo de Gobierno, además de considerar que viola la autonomía de la Rama Judicial, reduce el número de miembros del organismo, con la sola designación de tres miembros permanentes para integrarlo. En la estructura actual son 9 integrantes. Asimismo el magistrado ponente sostuvo que los miembros sugeridos son personas externas a la Rama, que no conocen su funcionamiento, que tienen un perfil técnico y, además, que no son abogados.
Por ello, expresó que, por razones de cargas laborales, los miembros permanentes tendrán más tiempo en la administración de la Rama que los mismos presidentes de las altas cortes, lo que estaría generando una “asimetría en la información” en el manejo de la justicia.
En ese sentido, señala que ese Consejo no tendría la idoneidad para elaborar las listas de candidatos de las que tanto la Corte Suprema de Justicia como el Consejo de Estado eligen a sus miembros.
En este momento, el Consejo de Gobierno está en el congelador por dos medidas cautelares dictadas por el Consejo de Estado. Esto, en la práctica, ha frenado todos los efectos de la reforma, pues el nuevo órgano debía haber puesto ya en marcha los procesos de meritocracia para integrar el nuevo tribunal de aforados (que reemplazará a la polémica Comisión de Acusación) y al Consejo Disciplinario Judicial, que reemplaza a la Sala Disciplinaria de la Judicatura.
Reacciones en el Congreso de Colombia
En el Congreso de la República se expresó, casi de forma unánime, su descontento y disconformidad sobre el Fallo de la Corte Constitucional, por estimar que lesiona a la Democracia.
El Presidente del Congreso, Luis Fernando Velasco, afirmó que respeta la decisión de la Corte Constitucional de dejar con vida parte del Consejo Superior de la Judicatura, pero manifestó sus diferencias sobre la misma.
“Decirle al Congreso que no tiene funciones de constituyente derivado y, que se lo diga la Corte Constitucional, pues uno tiene que respetar, pero evidentemente es un golpe muy fuerte para las funciones que tienen unos ciudadanos elegidos por otros ciudadanos, a diferencia de la Corte, que es elegida por el Congreso”, afirmó Velasco.
El congresante liberal expresó contundentemente que “este es un mensaje de la rama judicial, muy claro, diciendo que el Congreso no puede meterse en absolutamente nada que tenga que ver con la administración de los recursos de la justicia, eso puede tener algún sustento, nosotros no lo compartimos”, agregó Velasco.
La Senadora Claudia López, de la Alianza Verde, fue más allá y precisó que este fallo “declaró a la rama judicial intocable y a sus magistrados inmodificables”.
El Senador de ‘la U’ Armando Benedetti, quien fue coordinador ponente del equilibrio de poderes, aseguró que la decisión del alto tribunal es una sustitución de las facultades del Legislativo. “Con este desequilibrio de poderes hay que empezar a hablar de una Constituyente, pero no para reparar los entuertos de la paz, sino para volver a equilibrar el Estado”, precisó.
Una opinión similar tuvo el senador de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa, quien dijo que este tipo de fallos son como una señal para que el Congreso no legisle sobre ciertos temas judiciales. “Según el criterio de la Corte Constitucional, el Congreso no puede tramitar ni aprobar ninguna reforma en materia de justicia”, aseguró Motoa.
Es significativo observar que este fallo de la Corte Constitucional abre un camino explícito a un debate complejo y complicado sobre el equilibrio de los Poderes Públicos, que sustentan la Democracia como gobierno, por lo que asoma un tema político en la coyuntura política del país, la redefinición del Estado en una Asamblea Nacional Constituyente.
Redacción Ecos. Foto: Getty Images.- El nigeriano Mohammed Barkindo es el nuevo Secretario General de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), según acordaron los ministros del ramo en la reunión mantenida hoy en Viena. A su vez, los Ministros de Petróleo de la OPEP decidieron mantener sin cambios su producción de crudo.
Barkindo es el ex director de la empresa estatal petrolera de su país y ya ejerció de Secretario General en funciones de la OPEP. Ahora comenzará en agosto a ejercer la presidencia de la organización por un periodo de tres años. Con la elección del nigeriano, quedan fuera los otros dos candidatos, el exministro de Energía venezolano Alí Rodríguez y el ex Viceministro de Finanzas de Indonesia, Mahendra Siregar.
Luego de esta decisión, los precios del petróleo han girado a la baja y se alejan de sus máximos anuales: el Brent vuelve a los 49 dólares y el Wext Texas, a los 48 dólares.
La OPEP ha preferido esperar a ver cómo evoluciona el mercado tras la reciente recuperación del precio del barril, que la semana pasada llegó a superar los 50 dólares, casi el doble que en enero, cuando tocó mínimos en más de doce años.
La última tendencia ha mostrado que el precio del petróleo ha empezado a subir. Tenemos que ver si esta tendencia continúa de forma que se produzcan unos ingresos razonables para que los productores puedan invertir en inversiones", señaló en rueda de prensa el presidente de turno de la OPEP y ministro qatarí de Energía, Mohamed bin Saleh al Sada.
La cuota oficial de producción de la Organización, de 30 millones de barriles diarios (mbd) no ha sido modificada desde 2011, pero se considera obsoleta después de que los socios hayan dejado de respetarla. Según los últimos datos publicados por la organización, en abril los trece países miembros bombearon un total de 32,44 mbd, cerca de un tercio de la producción mundial de "oro negro".
Reintegración de Gabón
Además, la conferencia ministerial aprobó la reintegración de Gabón como miembro de pleno derecho a partir del 1 de julio de 2016. Gabón, país de unos 1,6 millones de habitantes, será decimocuarto miembro del grupo petrolero, al que ya perteneció entre 1975 y 1994.
Con una producción de crudo de unos 240.000 barriles diarios (bd) por día, será el menor productor de la OPEP, posición que hasta ahora ocupa Ecuador, con unos 550.000 barriles al día. El socio que más bombea es Arabia Saudí (en torno a los 10,2 millones de bd), seguido de Irak (3,8 mbd).
Gabón abandonó la OPEP en 1994, en medio de un desplome del precio del barril, después de quejarse de que para su economía eran demasiado elevadas las contribuciones al presupuesto de la organización.
Bogotá, D.C. Foto Leonardo Vargas.-En un debate histórico para la paz de Colombia, el negociador del Gobierno en los Diálogos con las Farc, Humberto de la Calle Lombana, fue contundente ante la Plenaria del Senado en aclarar que el secuestro y el narcotráfico son delitos políticos y que la Jurisdicción Especial será la encargada de resolver las penas y los castigos.
En el debate De la Calle señaló que no quería hacer predicciones ni fijar fechas para el Acuerdo Final “pero si quiero decir que después de casi cuatro años de estar sentados con las Farc, este grupo insurgente tiene un deseo genuino de pasar la página, dejar las armas e ingresar al ejercicio civil de la política”.
Ante las críticas por el blindaje jurídico que se pretende dar a través del Acto Legislativo para la Paz, de parte de algunos voceros de las diferentes bancadas, De la calle señaló que “no incluye en conflicto de consecutividad”.
“Estamos ante una posibilidad para Colombia. Es mi sincera y veraz afirmación. Sí creemos que hay una oportunidad de superar el conflicto y cerrar la página de los 50 años de padecimiento que hemos tenido”, enfatizó De la Calle, quien aseveró que “las Farc sí tendrán que reparar a sus víctimas materialmente, contrario a lo que asegura el Centro Democrático”.
Manifestó que la posición de las Farc con respecto al plebiscito es positiva, “este grupo está de acuerdo con que se lleve a cabo este tipo de consulta popular para que sean los colombianos quienes tengan la última palabra en esta materia”
Con relación a la naturaleza de los acuerdos especiales citó el artículo sexto de las convenciones de Ginebra, las cuales se refieren a tratados internacionales, su extensión e internalización. “Es cierto que la noción originaria sobre este tema era restrictiva, sin embargo esto ha ido evolucionando”, dijo De la Calle quien para explicar el tema se dispuso a leer un fragmento del documento del CICR del 2.016 -Documento de orientación sobre la implementación de los Convenios de Ginebra.
En el debate orientado por el Presidente del Senado Luis Fernando Velasco, quien le dio la participación a todas las corrientes políticas representadas en la corporación, De la Calle argumentó que todas las decisiones que se están tomando tratan de brindar garantías de seguridad jurídica. “todos esperamos seguridad jurídica, es una conquista para todos”.
“La mesa de La Habana no es la continuación de la guerra para seguir otras guerra, lo dijo el Senador Robledo y lo comparto. No se trata de reproducir nuevos escenarios de violencia, se trata de entender que toda violencia es mala. No se trata de pensar que la violencia con mis enemigos es buena y la violencia con mis amigos es nociva. no, toda violencia es mala.”
Por Luis Fernando García Forero. Foto ECOS.- El abogado y especialista en derecho penal de la Universidad del Rosario, eximido de presentar exámenes preparatorios por promedio académico, Camilo Enciso Vanegas, como pilo, tiene bajo su responsabilidad un reto: luchar para acabar con la corrupción en Colombia.
Aunque suena como una falacia, el Secretario de la Transparencia de la Presidencia de la República, no deja de buscar mecanismos que permitan disminuir el robo a las arcas del estado y que se presenta casi a diario como titulares en las noticias en Colombia.
ECOS: ¿Qué ha hecho el Gobierno y su despacho para combatir la corrupción?
CE: La posición desde un principio ha sido impulsar las practicas del buen gobierno, abierto y transparente. También desarrollando normas como la ley de transparencia y acceso a la información pública que hoy en día es la herramienta más poderosa que tienen los ciudadanos para controlar el ejercicio de lo público. Estas iniciativas cobijan a todas las ramas del poder público incluyendo al congreso de la República en donde hemos venido trabajando de la mano de los Presidentes del senado y cámara para implementar lo que hemos denominado un congreso abierto y transparente.
ECOS: ¿Qué resultados se han obtenido de esas acciones de un congreso abierto y transparente?
CE: El compromiso de avanzar hacia un congreso abierto y transparente se materializó el 19 de noviembre del 2015 gracias al trabajo conjunto de la Secretaría de Transparencia y de ambas cámaras. Esa declaración de compromisos establece además unos cronogramas de cumplimiento, unas metas y unas actividades muy concretas que debería desarrollar cada una de las cámaras, por eso puedo decir con mucha satisfacción desde la Presidencia de la República, que todos los compromisos establecidos en esa declaración se han venido cumpliendo en los tiempos estipulados y gracias a eso estamos entrando a una nueva ola de transparencia de rendición de cuentas y de cercanía entre el Congreso de la República y la ciudadanía.
ECOS: ¿Qué otras iniciativas que permitan recuperar la imagen del Congreso?
CE: El Congreso de Colombia se ha tomado con mucha seriedad la necesidad de corregir la mala imagen que ha tenido históricamente frente a los colombianos. Gracias a esa voluntad política que ha mostrado el Congreso durante los dos últimos tres años, en especial a la constancia y dedicación sobre ese tema del Presidente del Senado Luis Fernando Velasco, se han logrado dar pasos muy importantes con la transparencia: un congreso más abierto de cara a la ciudadanía para que se puedan resolver varias inquietudes que tienen los colombianos frente al funcionamiento de las cámaras.
ECOS: ¿Qué avances en concreto?
CE: Gracias a la declaración de compromiso de un Congreso Abierto y Transparente hoy en día los colombianos tienen acceso a las declaraciones de conflicto de interés y a las declaraciones patrimoniales de todos los congresistas. Eso ya está publicado en internet. Cualquier colombiano puede consultarlo. Gracias al trabajo de Congreso Abierto y Transparente se han realizado y hemos discutido en Audiencias Públicas el Código de Ética del Congresistas que sigue haciendo trámite en el legislativo y que busca resolver muchos de estos problemas. Cuáles son los deberes de los congresistas, las infracciones, cuáles pueden ser las sanciones disciplinarias que se les pueden imponer por violar esos deberes o esas prohibiciones. Todo eso forma parte de ese esfuerzo colectivo entre el Congreso, la Secretaria de Transparencia, la ciudadanía y la academia, por volver a acercar al Congreso a todos los colombianos.
ECOS: ¿El Congreso se está auto-regulando y concientizando, en qué debe cambiar para recuperar la imagen?
CE: Hay dos fenómenos que están corriendo de manera simultánea. Por un lado el Congreso tiene la obligación de cumplir las normas vigentes en Colombia en materia de transparencia y en acceso a la opinión pública, pero eso es aparte de un proyecto de ley que radicó el Gobierno Nacional y que se aprobó en el 2014. Entonces hay parte del cumplimiento de las normas en Colombia. Pero también es evidente la voluntad del mismo Congreso de abrirse de cara a la ciudadanía y al país y de rendir cuentas con absoluta tranquilidad para que todos sepan de lo que está pasando, cómo funciona el Congreso, cómo opera y cómo afianzar esa relación de confianza que se había perdido entre los colombianos y el Congreso.
ECOS: ¿Esas herramientas legales si en verdad permiten acercar a la ciudadanía al Congreso?
CE: Por supuesto. Necesitamos que los colombianos puedan creer en sus instituciones, sobre todo en el Senado y la Cámara que son los representantes de la voluntad popular.
ECOS: ¿Qué otros elementos ha tenido usted en cuenta para superar el fenómeno de la corrupción?
CE: Hay que establecer unos canales que permitan rediseñar la forma cómo opera la democracia. Vivimos en el mundo de democracia representativa en la cual los ciudadanos se encuentran muy distantes de los representantes que toman las decisiones en el Congreso de la República. Tenemos que aprovechar las herramientas que nos ofrece la tecnología, nos brinda internet, la telefonía móvil, para afianzar esa relación de diálogo permanente y real entre el ciudadano de a pie y sus representantes en el Congreso.
ECOS: Eso suena muy actual, muy chévere. Casi que podemos llegar a pensar que el ciudadano logre coolegislar?
CE: La democracia representativa está en crisis, necesitamos avanzar hacia un fortalecimiento de la participación ciudadana de una manera real en la toma de decisiones del Congreso de la República. Estamos impulsando varias herramientas con esta iniciativa del Congreso Abierto y Transparente: vamos a tener una especie de wiki que permitir en tiempo real darnos cuenta del proyecto de ley que está haciendo trámite en las cámaras, las proposiciones. Esto permitir a ese ciudadano hacer allí sus planteamientos, proponer a sus representantes o senadores alternativas distintas de redacción de la ley, reflexiones sobre ese trámite legislativo en curso.
ECOS: ¿Sólo frente al trámite de proyectos?
CE: También en el control político, en las audiencias públicas, escucha a la ciudadanía. Lo que queremos es utilizar las tecnologías para que la gente pueda acercarse y expresar sus opiniones, sus puntos de vista y ahí necesitamos que los congresistas fortalezcan sus unidades de Trabajo Legislativo y que aumenten su interés por responder a la ciudadanía sus inquietudes. Tiene que haber un diálogo entre los ciudadanos y los representados.
ECOS: Pero es importante señalar que la corrupción también la hay en las otras entidades estatales, al interior del Gobierno,los institutos, en todas partes permea la corrupción. ¿Cómo superarla en un momento trascendental como va a hacer el posconflicto?.
CE: El Trabajo de fortalecer la capacidad del Estado y de prevenir, detectar la corrupción en un escenario de posconflicto es importantísimo. No podemos pensar en una paz estable y duradera si seguimos teniendo los problemas de corrupción que hoy en día presenciamos en diferentes ámbitos de la vida nacional. Por eso desde la Secretaría de Transparencia y con el Ministerio del Posconflicto estamos trabajando en el diseño de una estrategia de transparencia, integridad y prevención de la corrupción para ese escenario de posconflicto.
ECOS: ¿A nivel territorial hasta dónde va esa iniciativa?
CE: Lo estamos haciendo con la mano de los gobernadores y de alcaldes. Necesitamos entes territoriales fortalecidos con las políticas de transparencia y con la implementación de herramientas que hoy en día ya existen: la utilización del portal de contratación pública del Estado nos permite enterarnos de todo el proceso de contratación desde la publicación de los pliegos, las audiencias públicas y la adjudicación de los contratos. Todo eso debe ser visible y transparente a los ciudadanos, pero necesitamos otros compromisos por parte de los gobernadores, por ejemplo adoptar los pliegos estandart en materia de contratación pública que ha diseñado Colombia Compra Eficiente. De esa manera vamos a reducir los riesgos de redimensionamiento de los contratos, donde a través de fórmulas mágicas se logra sacar de la competencia a proponentes que podrían perfectamente participar en una licitación pública pero que simplemente se establecen unas reglas de juego para descalificarlos, direccionando los contratos.
ECOS: ¿Descentralización en la lucha contra la corrupción?
CE: Así es. El esfuerzo de construir un país transparente y libre de corrupción requiere el concurso de todas las fuerzas políticas, sociales y administrativas que hoy en día existen en Colombia y sobre todo requiere la participación de la ciudadanía ejerciendo un control social exigente, crítico, pero también, riguroso, propositivo y constructivo. Tiene que haber un trabajo en equipo, mancomunado de todas las fuerzas vivas del país.
ECOS: Los sistemas de control, más directamente la Contraloría General de la República si está llenando las expectativas en el control de los dineros del estado?
CE: Creemos que el sistema de control que hoy en día existe tiene varias falencias que deben ser corregidas. En el nivel territorial los actores políticos logran la captura institucional de las contralorías. Se necesitan reformas para evitar esos riesgos, garantizar que el control fiscal se ejerza de una manera completamente neutra y libre de intereses políticos. Hemos logrado identificar cómo muchas contralorías territoriales se dedican casi que de oficio a archivar expedientes que nunca llegan a nada y en casos aún en los que efectivamente llega a un hallazgo de responsabilidad fiscal, los recursos no se recuperan efectivamente. Entonces, podemos decir que el modelo del sistema de control está en crisis. Tiene graves problemas y deberíamos buscar la manera de corregirlos. En eso necesitamos el concurso y el trabajo en equipo con el Congreso de la República.
ECOS: ¿Cómo cambiar la imagen que tienen una inmensa mayoría de colombianos, que todo funcionario público cae en el ámbito de la corrupción?
CE: Tengo la absoluta convicción de que la inmensa mayoría de servidores públicos de este país trabajan honestamente, apegado a los criterios de integridad, transparencia y honestidad. Las pocas manzanas podridas que trabajan en el estado y que debemos sacar de la administración pública, no pueden manchar el buen nombre y la reputación de tantos colombianos que le entregan su vida a este país, que le dan lo mejor de sí a sus compatriotas para garantizar que haya una administración pública proba. Los colombianos tenemos que entender que la lucha contra la corrupción exige no solamente el esfuerzo de los servidores públicos, sino que también requiere del apoyo del sector privado.
ECOS: ¿La empresa privada tiene mucho que ver en la corrupción?
CE: El sector privado tiene que hacer unos esfuerzos mucho más serios y fuertes por hacer transparente su actividad y por prevenir los riesgo de corrupción y adicionalmente requiere del concurso de toda la sociedad civil, revisar en el día a día sus normas y pautas de comportamiento ético. Necesitamos colombianos honestos. En eso todos tenemos un aporte muy importante para llevar a cabo. Hay que aceptar que muchos sectores de la empresa privada son cómplices de la corrupción.
Por Felicia Saturno Hartt. Foto: OEA.- El Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, activó hoy la Carta Democrática del organismo para Venezuela, un paso sin precedentes, que abre un proceso que puede llevar a su suspensión del ente.
En un informe de 132 páginas publicado hoy, Almagro recurre al artículo 20 de la Carta para "solicitar la convocatoria de un Consejo Permanente de los Estados miembros entre el 10 y el 20 de junio de 2016".
Este es un procedimiento que "deberá atender a la alteración del orden constitucional y cómo la misma afecta gravemente el orden democrático" de Venezuela, expresó Almagro en el informe.
El Secretario de la OEA manifiesta que es necesaria la autorización del testimonio del Presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, ante el Consejo Permanente, pues el mismo "constituye un elemento indispensable para entender cabalmente la situación respecto al desequilibrio de los Poderes del Estado en ese país". Además, Almagro solicita en el informe que el testimonio de Ramos Allup debería ser en el mismo día de la sesión convocada.
Almagro en las conclusiones del informe indica que, en la situación actual que vive Venezuela, "no se puede más que concluir que estamos frente a alteraciones graves al orden democrático, tal como se ha definido en numerosos instrumentos regionales y subregionales".
Manifestó además que de esta forma "nos expresamos también de manera clara contra cualquier posibilidad de golpe de Estado en Venezuela contra un gobierno legítimo o una intervención armada como las que ha denunciado la Canciller".
Almagro recomienda la activación del Referendo Revocatorio este año e insta al Gobierno, sectores de oposición, actores políticos, sociales y comunidad internacional a que acepte la decisión del soberano expresada a través de las urnas y la movilización; liberación inmediata de todas las personas detenidas por razones políticas; un llamado al Poder Ejecutivo y Legislativo a resolver conjuntamente, conforme a sus competencias, la situación de vulneración de derechos básicos de la población como acceso a los alimentos y salud, y brindar estándares de seguridad.
Ver el Informe del Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro:
http://www.oas.org/documents/spa/press/OSG-243.es
¿Qué implica la aplicación de la Carta Democrática Interamericana?
La Carta Democrática Interamericana se ha convertido en los últimos meses en la protagonista de los temas internacionales, luego que el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, le advirtiera al Presidente Nicolás Maduro, en enero de 2016, que se vería obligado a apelar a la Carta si se afectara el proceso político institucional de Venezuela. Evalúa, desde finales de abril, y a petición de la oposición, invocar este instrumento legal, aunque necesita el respaldo de las 2/3 partes de los 35 países integrantes del organismo reunidos en la Asamblea General.
La Carta tiene como objetivo primordial el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática, al establecer que la ruptura del orden democrático o su alteración en un Estado miembro, constituye "un obstáculo insuperable" para la participación de su gobierno en las diversas instancias de la OEA.
Para Milagros Betancourt, exembajadora y especialista en Derecho Internacional, la Carta constituye un arma de doble filo, pues al activarse y suspender al Gobierno, éste no podrá participar en las reuniones de la OEA ni recibir ningún tipo de cooperación, restituyéndose los parámetros únicamente cuando se compruebe la recuperación del hilo democrático en el país, lo que traería como consecuencia una escasez mucho más aguda, pues no se podrán importar alimentos ni medicinas y el venezolano viviría las consecuencias de una crisis peor. A su vez, el Gobierno podría - afirma- hacer el papel de víctima al mismo estilo de Cuba, donde Castro culpó de la hambruna en ese país al embargo norteamericano.
Betancourt, sin embargo, es partidaria de la activación de la Carta Democrática, aunque se vivirían tiempos aún más difíciles. Es un tema de principios, considera: "Alguna sanción tienen que tener. No pueden dejar que un Gobierno haga lo que le dé la gana y los demás miren para un lado mientras aquí se violan los derechos humanos... Los temas de principios son de principios".
Lo único que puede existir para ayudar a la escasez debido a la falta de cooperación de los países producto de la Carta, es una intervención humanitaria, pues está permitido por todos los organismos internacionales. El Gobierno tendría que apartar su orgullo y aceptar la ayuda, pues por importación no entraría nada al país.
La grave situación de Venezuela, producto de la corrupción y la pésima gestión de la Administración del Presidente Nicolás Maduro ha ubicado al país en una intensa e injusta crisis humanitaria, por la más alta inflación del mundo, el desabastecimiento más agudo de la historia de la nación y los mayores niveles de inseguridad personal y jurídica de la era republicana, son las evidencias y los indicadores más palpables de la necesidad de una intervención internacional, para detener el genocidio que los venezolanos están viviendo, complementariamente a los mecanismos de control político y de irrespeto a la institucionalidad democrática.
Redacción y Foto Ecos.- "Colombia con la aprobación, en último debate, de la ley que regula el cannabis con fines medicinales, marca un hito en el establecimiento de una política de salud pública y afianza el camino para iniciar un cambio en la política prohibicionista" aseguró el Senador Juan Manuel Galán, proponente de la iniciativa legislativa.
Con 84 votos a favor y con el respaldo de los distintos partidos políticos, la Plenaria de la Cámara de Representantes aprobó la nueva norma, que pasa a conciliación con el Senado y luego a sanción presidencial.
"Hoy es un día histórico para el país ya que el Congreso de la República de manera soberana ha tomado una decisión para aliviar el dolor y mejorar la calidad de vida de millones de pacientes colombianos" afirmó el senador liberal y recordó que, en EEUU, ya 24 estados legalizaron la marihuana para uso medicinal.
Galán destacó la importancia de la ley, que permitirá a miles de pacientes que sufren de enfermedades como epilepsia refractaria, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, cáncer, VIH sida, diabetes, migraña, entre otras, acceder a un medicamento seguro, de calidad y a un precio justo, regulado por el Estado y no por los criminales.
Ante la disyuntiva que genera la expedición del Decreto del Gobierno, Galán mencionó los aspectos que el mismo deja por fuera y que la ley si contempla como el cobro de licencias cuyos recursos estarán dirigidos a programas de prevención escolar; sanciones a quienes violen el régimen de licencias; vigilancia a las licencias utilizadas exclusivamente a fines medicinales y terapéuticos y establece que menores de edad sólo podrán usarla bajo el consentimiento de sus padres, entre otros.
Asimismo el legislador destacó que con la norma se garantiza y se blinda el proceso de regulación, cerrando la posibilidad que el gobierno de turno, derogue el decreto.
El Gobierno Nacional a través del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias) promoverá la transferencia tecnológica necesaria para la producción nacional de Cannabis y sus derivados con fines médicos y científicos, en el marco del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y se promoverá la contratación de mano de obra local. El Estado protegerá a los pequeños y medianos cultivadores y productores.
ABC de la Ley que regula el uso de Cannabis Medicinal
Los beneficiarios de la ley serán los pacientes con enfermedades crónicas y/o terminales, que quieran acceder a los medicamentos extraídos del cannabis, en condiciones de igualdad, calidad y seguridad. Los pacientes van a acceder a un medicamento desarrollado científicamente, avalado por especialistas de la salud, rompiendo así el lazo con la ilegalidad.
Las instituciones del Estado que harán parte del proceso de regulación son: Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio de Salud y Protección Social y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Los medicamentos extraídos del cannabis no generarán ningún impuesto a los ciudadanos.
En coordinación con el Ministerio de Educación se desarrollará un programa nacional de prevención del consumo de sustancias psicoactivas en la comunidad educativa.
Se reglamenta el acceso del medicamento para menores de edad siempre que haya consentimiento de los padres de familia.
Se promoverá una política de sustitución de cultivos ilícitos por cannabis medicinal como una opción para el campo colombiano.
Las paradojas de una reglamentación con fines médicos
Ciertamente las enfermedades crónicas y terminales son todo un reto para los administradores de salud, médicos y familiares y el uso medicinal del cannabis sativa, desde los años 80, ha permitido complementar los tratamientos terapéuticos y la calidad de vida de estos pacientes.
El dilema ahora radica en la articulación de esta reglamentación con los contextos asociados al uso. Por un lado, la definición del cupo definitivo para el cultivo de marihuana con fines medicinales con el Junta Internacional de Estupefacientes (JIFE) de las Naciones Unidas, para establecer las condiciones de cultivo, resguardo y protección del producto, en función a la población usuaria en Colombia.
Por otro, evitar la desviación de los canales lícitos, sobre todo para el uso recreativo o de tenedores personales. Lo que representa también un proceso de creación de una posible marca, ya que ella supondría poseer una licencia que soportaría su comercialización, luego de su producción y manejo, ya que el monopolio de su regulación estará por parte del estado colombiano.
Uno de los aspectos más criticables del proyecto, desde el punto de vista del control y supervisión de la sustancias, es el manejo por medio de dispensarios, ya que sería más seguro y rentable desde el punto de vista médico- sanitario, que existiese una organización con fines científicos, que no sólo haga esta función, sino evalué, supervise y regule la actividad referencial, ya que, aun cuando es un uso medicinal, es un consumo de una sustancia estupefaciente y de acción psicoactiva, de riesgo médico.
Una experiencia legislativa de vanguardia
Con la decisión del Congreso, Colombia se convierte en el cuarto país de América Latina en tener legislación sobre el uso de la marihuana con fines terapéuticos y paliativos. Hasta ahora, sólo tres países, Chile, Puerto Rico y Uruguay han dado este paso.
Sólo Uruguay dio rienda suerte al uso recreativo en su legislación, aún muy criticado, como muchos estados de la Unión Americana.
Aun cuando es un paso significativo, queda pendiente el tratamiento, rehabilitación e reincorporación social de los dependientes del país, que no tiene un real paradigma de intervención y de inclusión social.
Redacción Ecos. Foto: CEPAL/ONU.- La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) presentó un ambicioso informe, en su Trigésimo Sexto Período de Sesiones, realizado en México, que busca, para 2030, una "nueva ecuación" entre Estado, Mercado y Sociedad, que logre la igualdad a través de un cambio del modelo productivo.
"Se requiere una dirección clara y cambiar la conversación entre Estado, Mercado y Sociedad. Y sentarnos a hablar de la visión a 10 años y 15 años, que es lo que nos ofrece esta agenda 2030" de la ONU, señaló Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.
Al dar a conocer el Informe "Horizontes 2030: la igualdad en el centro del desarrollo sostenible", Bárcena instó a trabajar conjuntamente a instituciones globales, regionales y locales.
Ello para un fin último: "El horizonte es la igualdad, el cambio estructural progresivo es el camino y la política, en mayúsculas, el instrumento".
De esta manera, la titular de la CEPAL resumió varios de los mensajes que ha ido lanzando en este periodo de sesiones del organismo.
Ahondó en la necesidad de que la clase política lidere este cambio de modelo de desarrollo, que además de incluyente, ha de ser respetuoso con el medioambiente y señaló la necesidad de fomentar la cooperación y suavizar los problemas de deuda de los países caribeños.
"Proponemos un cambio estructural progresivo que aumente la incorporación de conocimientos, garantice la inclusión social y supere el cambio climático", apuntó Bárcena.
Ello con la mira colocada en América Latina y el Caribe, que ha de transformar su matriz productiva en una sostenible.
La Agenda 2030 y su diseño
La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, remarcó hoy que la Agenda 2030 impulsada por la ONU tiene un "gran diseño", pero también "muchos desafíos" para que sea más que un "conjunto de objetivos".
"Vemos que esta agenda es un gran diseño, pero hay muchos desafíos, porque la gobernanza (gobernabilidad) global para cerrar asimetrías financieras y tecnológicas no está contemplada", explicó la titular de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) desde la Ciudad de México.
Señaló Bárcenas que el actual modelo productivo y de desarrollo genera desigualdades, crisis ambientales, sesgos recesivos y, en definitiva, "no es sostenible" e hizo referencia a la necesidad de buscar una integridad ecológica y los recursos comunes, mediante "coaliciones, instituciones y mecanismos de seguimiento".
"Necesitamos llegar a una coalición global colectiva para impulsar el valor agregado, para cambiar la escala productiva, para proteger los recursos globales" y “para llegar a un convenio colectivo, es necesario cerrar las brechas de financiamiento y que se logre una mayor apertura del comercio internacional, expresó la funcionaria de CEPAL.
Sustentó, en este sentido, que es necesario fortalecer la institucionalidad multilateral, a través de una mayor cooperación tributaria y corresponsabilidad entre deudores y acreedores.
"Se requieren bienes políticos globales, un crecimiento estable con empleo, conservación del medio ambiente e integridad ecológica de los recursos comunes y de políticas nacionales", afirmó Bárcena.
Redacción Ecos. Foto: SIG.- El Presidente Juan Manuel Santos afirmó, al término del Consejo de Seguridad que lideró en Tibú, Norte de Santander, que la prioridad del gobierno es el regreso a la libertad, sanos y salvos, de los periodistas de RCN Televisión Carlos Melo y Diego D’Pablos.
Asimismo reiteró que la Fuerza Pública ofrece todas las condiciones de seguridad que sean necesarias para lograr su pronta liberación. Agradeció a la Iglesia Católica por su ayuda para que estos acontecimientos tengan un buen desenlace.
En el Consejo de Seguridad mencionado, participaron además los altos mandos militares y policiales, los ministros de Interior y Defensa, representantes de la Iglesia Católica y autoridades civiles del municipio y el departamento.
“Como lo dije cuando se hizo pública la agenda de negociaciones con el ELN, y lo reitero ahora, con más razón, no activaremos ninguna mesa de negociaciones mientras el ELN no libere a todos los secuestrados y renuncie definitivamente a este crimen de lesa humanidad”, manifestó el Mandatario.
El Jefe de Estado reiteró su “más enérgica condena y rechazo frente al secuestro o frente a cualquier atentado contra la libertad individual o contra la libertad de prensa”.
Sostuvo que “el ELN tiene la obligación de liberar a todos, repito, a todos los secuestrados de manera inmediata, y abandonar definitivamente este crimen atroz. El secuestro, bajo ninguna circunstancia, puede ser justificado. Es un crimen de lesa humanidad” señaló Santos.
“Los colombianos todos celebramos el regreso a la libertad, sana y salva, de Salud Hernández. Esta noticia, por buena que sea, no puede ocultar la necesidad de que Carlos Melo y Diego D’Pablos también regresen al seno de sus familias de manera inmediata. El ELN es el único responsable por la vida e integridad de los periodistas que siguen en su poder. Salud ha dicho que serían liberados mañana. Para el Gobierno Nacional, la prioridad es la vida y la integridad física de las personas” informó .
El Mandatario insistió que “en este caso, como en todos, si hay una liberación organizada con entidades humanitarias, facilitaremos y les daremos las condiciones de seguridad necesarias para que la operación se lleve a cabo. Ya tengo entendido que hay una operación en ese sentido para que los dos periodistas regresen a la libertad”.
Toda la solidaridad y apoyo para las familias de los dos periodistas
El Jefe de Estado reiteró toda la solidaridad y apoyo con las familias de estos periodistas y declaró que “no hemos ahorrado ni ahorraremos esfuerzo alguno para lograr su pronto regreso a sus casas, sanos y salvos”.
Indicó que “desde que se tuvieron las primeras informaciones sobre la desaparición de estos periodistas”, dio las instrucciones de mantener informadas a sus familias, y de actuar con firmeza y precaución.
“Firmeza para encontrarlos, y precaución para no poner en riesgo sus vidas. En situaciones tan difíciles como estas, donde la vida de las personas puede estar en juego, la acción inmediata y la prudencia deben ir de la mano”, sostuvo Santos.
Consideró además que “informar públicamente sin tener certezas, alimenta las especulaciones, que pueden ir en contravía de la seguridad de quienes precisamente queremos proteger”.
Gratitud a la Iglesia Católica y la Fuerza Pública
El Presidente agradeció a la Iglesia Católica, a la Fuerza Pública y a todos los funcionarios que han ayudado para que estos acontecimientos tengan un buen desenlace.
“Quiero también hacerle a la Iglesia, a Monseñor Sánchez aquí presente, y a todos los miembros de la Iglesia que han venido contribuyendo para un buen desenlace de estos acontecimientos. Agradecerles al Gobernador, al Alcalde y a todos los que han estado apoyando los esfuerzos de nuestra Fuerza Pública”, dijo.
“Quiero agradecerles a todos nuestros héroes, a nuestros soldados, a nuestros policías, a nuestros generales. Aquí estuvo el propio General Mejía, Comandante del Ejército y el General Nieto, Director de la Policía, al frente de estas operaciones”, añadió.
El jefe de estado recordó que, en la medida en que se ha recolectado la información confiable, se han ido ajustando las medidas, siempre con el mismo objetivo: proteger la integridad física de los periodistas y hacer respetar su libertad para informar.
Por Redacción Ecos. Foto SIG.- La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini está de visita en Colombia procedente de México.
El encuentro de la jefa de la diplomacia europea con el Presidente Juan Manuel Santos, con su ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín y con el Alto Consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo y otros miembros del Gobierno, girará en torno al apoyo de la UE a la Paz de Colombia, Federica Mogherini anunció que el bloque de países europeos apoyará con 575 millones de Euros, el posconflicto y la consolidación de la Paz en Colombia.
La líder europea afirmó que “la razón por la cual queremos invertir en la paz es porque sabemos que esta es la mejor opción para el mundo. Estamos convencidos de que, en conjunto, también vendrá una oportunidad de crecimiento para el país y generación de empleo”, dijo.
A las reuniones se incorporó el enviado especial de la Unión Europea para el proceso de paz en Colombia, Eamon Gilmore, quien esta semana hace su cuarta visita oficial al país desde que fue nombrado para el cargo por Mogherini en octubre pasado.
Con Pardo, Mogherini firmará documentos de cooperación para cuatro proyectos que hacen parte de la estrategia de respuesta rápida para el posconflicto que se iniciará cuando se firme la paz con las FARC en las negociaciones que se llevan a cabo en Cuba desde noviembre de 2012.
Colombia y la UE suscribieron cuatro acuerdos para desarrollo local sostenible en zonas marginadas; promoción de garantías derechos de propiedad de la tierra y el acceso equitativo a la tierra en áreas nacionales protegidas; desminado humanitario y promoción de iniciativas de radio comunitaria para la paz y la coexistencia pacífica.
Aporte para el posconflicto
Este paquete reúne a los fondos de cooperación previstos por el Fondo Fiduciario de la UE, el Instrumento de contribución a la estabilidad y la paz (18 millones de euros) en apoyo al Plan de Respuesta Rápida del Gobierno colombiano y los préstamos que ofrece el Banco Europeo de Inversiones, junto con la cooperación en curso (67 millones de euros para el período 2014-2017).
Se incluyen tanto medidas a corto y medio plazo, en forma de asistencia técnica, subvenciones y préstamos que estarán disponibles una vez se firme el acuerdo de paz definitivo.
De particular importancia son las subvenciones que serán proporcionadas a través de un fondo fiduciario, el ‘Fondo Columba’, al que la Comisión Europea y diez Estados miembros se han comprometido a aportar 90 millones de euros. El Banco Europeo de Inversiones (BEI) planea vincular un paquete de préstamo de 400 millones de euros con las acciones financiadas por el Fondo Fiduciario.
Adicionalmente parte de la entrega de este apoyo económico se dará a través de cuatro grandes líneas de trabajo, con las que el grupo de países del viejo continente busca apalancar el desarrollo de las políticas del Gobierno Nacional de cara al futuro del país:
1. Apoyo al programa “Desarrollo Local sostenible en zonas marginadas de Colombia DLS” liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y Parques Nacionales Naturales de Colombia. Entre sus objetivos está el de crear oportunidades de generación de ingresos a 650 mipymes rurales mediante “negocios verdes”. Asimismo, generación de capacidades técnicas y fortalecimiento de esquemas participativos de gobernanza local en Parques Nacionales Naturales.
2. Contratación de la Red Cooperativa de Medios de Comunicación Comunitarios de Santander -RESANDER- para financiar iniciativas de radios comunitarios para la paz y convivencia.
3. Asistencia técnica a la Dirección de la Acción Integral contra Minas –DAICM.
4. Alianza con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, -FAO- para promover el fortalecimiento de la plataforma de diálogo social a nivel nacional y local para la implementación de las directrices de gobernanza de la tierra en las áreas del Sistema de Parques Nacionales y sus zonas de influencia; y restitución de tierras en marcha en territorios de comunidades indígenas y/o afro-descendientes que ocupan zonas de influencia de áreas protegidas resolviendo así los derechos de tenencia de la tierra.
De esta manera el apoyo del bloque de países del viejo continente se enmarca en el respaldo decidido al proceso de paz y el posconflicto en Colombia.
Acuerdos firmados
Durante el acto se suscribieron los siguientes instrumentos:
• Acta protocolaria de desembolso de programa de desarrollo local sostenible en zonas marginadas de Colombia. Lo suscribieron el Viceministro (e) de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Mauricio Mira, la Subdirectora de Parques Naturales de Colombia, Carolina Jarro y la Embajadora de la UE en Colombia, Ana Paula Zacarías.
• Contrato para la promoción de garantías derechos de propiedad de la tierra y el acceso equitativo a la tierra en áreas nacionales protegidas. Lo firmaron el Representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, (FAO) en Colombia, Rafael Zavala y la Embajadora Zacarías.
• Declaración de intención para el apoyo de desminado humanitario en Colombia. Firmado por el jefe de Misión del Servicio de Acción contra Minas de las Naciones Unidas (UNMAS), en Colombia, Yohn Medina y la Embajadora de la UE en Colombia.
• Contrato para la puesta en marcha de iniciativas de radio comunitaria para la paz y la coexistencia pacífica. Firmado por el gerente de la Red Cooperativa de Medios Comunitarios de Santander (Redsander) Fernando Tibaduiza y la Embajadora.
