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Redacción y Foto Ecos.- En medio del proceso de negociación entre el gobierno colombiano y la Guerrilla de la FARC, a punto de llegar al final del más largo conflicto armado de la historia reciente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) le aprobó a Colombia un nuevo acuerdo de dos años, en el marco de la Línea de Crédito Flexible (LCF), por un monto alrededor de US$11.500 millones, que reemplazará al acuerdo previo por unos USD$5.400 millones.
El FMI informó que “el nuevo acuerdo en el marco de la LCF con un mayor acceso, va a proveer refuerzos adicionales y seguirá jugando un papel significativo en apoyar las políticas adoptadas por las autoridades para hacer frente a estos mayores riesgos a la baja. También proporcionará flexibilidad a las políticas y funcionará como un seguro temporal que afianzará la confianza de los mercados".
Las autoridades colombianas manifestaron su intención de tratar el acuerdo como precautorio y no prevén utilizar los recursos, agregó un comunicado del FMI.
Al término de las deliberaciones del Directorio Ejecutivo sobre Colombia, Mitsuhiro Furusawa, Subdirector Gerente y Presidente Interino del Directorio, manifestó que “Colombia tiene una trayectoria de contar con marcos de política muy sólidos, que incluyen un régimen de metas de inflación, un tipo de cambio flexible, una eficaz supervisión y regulación del sector financiero y una política fiscal guiada por una regla del balance estructural”.
Agregó que las autoridades colombianas están firmemente comprometidas a mantener estas políticas y a emprender nuevas iniciativas para afianzar la capacidad de la economía para enfrentar las adversidades y estimular la competitividad y el crecimiento.
“Las políticas macroeconómicas aplicadas por Colombia han brindado flexibilidad para desplegar una respuesta coordinada y gradual a la pronunciada caída de los precios del petróleo. El régimen de tipo de cambio flexible continúa siendo el principal amortiguador de los choques, al tiempo que la regla fiscal permite suavizar el ajuste del gasto a unas perspectivas del petróleo menos prometedoras a mediano plazo”, explicó el funcionario de alto rango del FMI.
En su concepto, Furusawa estima que el proceso de alza de tasas de interés actualmente en curso, llevará gradualmente de nuevo la inflación al rango fijado como meta, y el sistema bancario y el sector empresarial han preservado su buena salud financiera.
Para el funcionario del FMI, “Colombia cuenta con un nivel de reservas internacionales adecuado para épocas normales”.
Por Felicia Saturno Hartt. Foto: DW.- El mundo ha experimentado “la mayor caída en su nivel global de paz en seis años” debido a factores como el aumento del terrorismo y una mayor inestabilidad política, según el fundador del Índice de Paz Global 2016, Steve Killelea.
El índice es un indicador que mide el nivel de paz de un país o región. Lo elabora el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), junto a un panel internacional de expertos provenientes de institutos para la paz y think tanks, junto con el Centre for Peace and Conflict Studies, de la Universidad de Sydney con datos procesados por la Unidad de Inteligencia del semanario británico The Economist.
Se publicó por primera vez en mayo del 2007, afirmando ser el primer estudio en establecer una clasificación de los países en función de ausencia de violencia. La clasificación incluye 163 países.
La concepción de dicho estudio fue obra del empresario australiano Steve Killelea y ha recibido el apoyo de personalidades como el Dalái Lama, el arzobispo Desmond Tutu, Muhammad Yunus, la ex-presidenta de Irlanda Mary Robinson y el ex-presidente de los EEUU Jimmy Carter.
Los parámetros considerados en el estudio incluyen variables internos como los niveles de violencia y criminalidad, militarización de la sociedad, pero también externas, como el gasto militar y las guerras en las que se está participando.
Según el ranking global del 2016, Siria es el menos seguro y a él le suceden Sudán del Sur, Irak, Afganistán y Somalia.
El filántropo y empresario australiano Steve Killelea, fundador y presidente ejecutivo del IEP, destacó el “incremento de la actividad terrorista, la inestabilidad política y los persistentes conflictos internos” como otros indicadores que han tenido un impacto en el Índice.
El estudio detectó que “los conflictos internos en la región de Oriente Medio y África (MENA) se arraigaron más” durante este año al tiempo que las partes externas se han ido implicando cada vez más en esos conflictos, con el consiguiente aumento de las “guerras indirectas” entre naciones.
Esto ya era evidente en el caso de Siria, según Killelea, “con el conflicto entre el régimen de Bashar al Asad y los múltiples actores no estatales” y ahora se ve en “otros países como Yemen”.
El Global Peace Index considera a Oriente Medio y al norte de África como las zonas menos pacíficas del mundo. Si bien Europa es la región más pacífica, sus ratios han disminuido debido a los atentados terroristas en París y Bruselas.
También es más negativa la situación en otras partes del mundo, como Brasil, que se sitúa en el puesto 105 de la lista, Turquía y Ucrania. Por el contrario, mejoró en Panamá (puesto 49), Tailandia y Sri Lanka.
España ocupa el puesto 25, bastante por delante de sus vecinos Francia (46), Italia (39) y Reino Unido (47), pero por detrás de Portugal, uno de los líderes en el quinto lugar, y Alemania (16).
Solamente en menos de un cuarto de los países analizados no hubo atentados terroristas en 2015. Europa continúa siendo la región más pacífica del mundo, pero también aquí la situación empeoró respecto de 2014.
América Latina es, en 2016, algo más pacífica que el pasado año, con una disminución en las tensiones y la inestabilidad interna en algunos países, según revela el IGP.
Se sitúa hacia la mitad de la lista, exceptuando México, Colombia y Venezuela, donde la situación es más conflictiva. México ocupa el lugar 140 entre los 163 países, Venezuela el 143 y Colombia el 147. Argentina está en el 67.
El IEP detectó mejoras en materia de seguridad en Centroamérica y el Caribe, siendo Costa Rica, en el puesto 33, el país de esa región con mejor posición por sus bajos niveles de militarización.
También América del Sur registró avances en su puntuación general desde 2015, debido a los menores niveles de conflicto internacional y militarización localizados en la región.
El país suramericano más pacífico fue, un año más, Chile – en el puesto 27 – seguido de cerca por Uruguay – en el 35 – mientras que, su parte, Panamá se posicionó en el lugar 49.
Este último país registró uno de los avances más visibles en todo el índice al avanzar 24 posiciones desde el pasado año hasta la 49, seguido de Tailandia, gracias a indicadores como la reducción en “la probabilidad de manifestaciones violentas” y la reducción de la inestabilidad política.
Por Felicia Saturno Hartt. Foto: Ecos.- Un gran número de niños y adolescentes hacen labores domésticas, remuneradas o no, en los hogares de terceras personas. Sus vidas transcurren ocultas a la mirada de la sociedad y lo habitual es que se encuentren aislados y alejados de sus familias. Por ello, estos menores son particularmente vulnerables a la explotación y las historias de abuso son muy frecuentes.
En la actualidad, cerca de 215 millones de niños y adolescentes trabajan en el mundo, muchos a tiempo completo. No van a la escuela y no tienen tiempo para jugar. Muchos no reciben alimentación ni cuidados apropiados. Se les niega la oportunidad de ser niños.
Más de la mitad de estos niños y adolescentes están expuestos a las peores formas de trabajo en ambientes peligrosos, esclavitud, y otras formas de trabajo forzoso, actividades ilícitas, incluyendo el tráfico de drogas y prostitución, así como su participación involuntaria en los conflictos armados.
Por ello, desde 2002, el 12 de junio se celebra mundialmente el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, a los fines de lograr la erradicación de esta situación que empobrece el futuro de las generaciones futuras.
El Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC), guiado por los principios consagrados en el Convenio número 138 sobre la edad mínima y el Convenio número 182 sobre las peores formas de trabajo infantil de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), buscan alcanzar la abolición efectiva del trabajo infantil. Pero se requiere voluntad política y acción comunitaria para lograrlo.
Desde una perspectiva histórica, el principal instrumento de la OIT para alcanzar el objetivo de la abolición efectiva del trabajo infantil ha sido la adopción y la supervisión de normas del trabajo, en las que se aborda el concepto de edad mínima de admisión al empleo o al trabajo.
Además, desde 1950, el principio de que las normas relativas a la edad mínima deberían ir asociadas a la escolarización, ha formado parte de la tradición normativa de la OIT en esa esfera. En el Convenio número 138 se establece que la edad mínima de admisión al empleo no deberá ser inferior a la edad en que cesa la obligación escolar.
El Trabajo Infantil prohibido en el Derecho Internacional queda comprendido en tres categorías, a saber:
Primero, las formas incuestionablemente peores de trabajo infantil, que internacionalmente se definen como esclavitud, trata de personas, servidumbre por deudas y otras formas de trabajo forzoso, reclutamiento forzoso de niños para utilizarlos en conflictos armados, prostitución y pornografía, y actividades ilícitas.
Segundo, un trabajo realizado por un niño que no alcanza la edad mínima especificada para el tipo de trabajo de que se trate (según determine la legislación nacional, de acuerdo con normas internacionalmente aceptadas), y que, por consiguiente, impida probablemente la educación y el pleno desarrollo del niño.
Tercero, un trabajo que ponga en peligro el bienestar físico, mental o moral del niño, ya sea por su propia naturaleza o por las condiciones en que se realiza, y que se denomina «trabajo peligroso»
Este 2016, el Día Mundial contra el Trabajo Infantil está dedicado al trabajo en las cadenas de producción. Con 168 millones de niños que todavía son víctimas del trabajo infantil, todas las cadenas de suministro, de la agricultura a la manufactura, de los servicios a la construcción, corren el riesgo de que el trabajo infantil esté presente.
Las nuevas estimaciones indican que, en 2004, había aproximadamente 317 millones de niños económicamente activos de 5 a 17 años de edad, 218 millones de los cuales podrían considerarse niños trabajadores.
De estos últimos, 126 millones realizaban trabajos peligrosos. Las cifras correspondientes al grupo de edad más limitado de 5 a 14 años eran de 191 millones en el caso de los niños económicamente activos, de 166 millones en el de los niños trabajadores, y de 74 millones el de los que se dedicaban a trabajos peligrosos.
El número de niños trabajadores de 5 a 14 años de edad y de 5 a 17 años se redujo un 11 por ciento entre 2000 y 2004. Sin embargo, se redujo mucho más en el caso de los trabajos peligrosos: un 26 por ciento en el caso del grupo de 5 a 17 años y un 33 por ciento, en el de 5 a 14 años.
La incidencia del trabajo infantil (porcentaje de niños que trabajan) en 2004 se calcula en 13,9 por ciento en el caso del grupo de 5 a 17 años de edad, en comparación con un 16 por ciento en 2000. Sin embargo, la proporción de niñas entre los niños trabajadores permaneció constante.
Se requiere adoptar una perspectiva de DDHH para entender mejor el problema, ya que se centra en la discriminación y la exclusión como factores que contribuyen al mismo. Los grupos más vulnerables en relación con el trabajo infantil suelen ser los que sufren discriminación y exclusión: las niñas, las minorías étnicas y los pueblos indígenas y tribales, las personas de clase baja o de una casta inferior, los discapacitados, las personas desplazadas y las que viven en zonas apartadas.
Ello implica la necesidad de establecer un nuevo objetivo para el movimiento mundial contra el trabajo infantil. En términos políticos, ello significa la incorporación del trabajo infantil al programa de los ministerios de finanzas y de planificación, ya que, se tiene que convencer a los gobiernos de que actúen para acabar con el trabajo infantil. Su eliminación está más relacionada con la adopción de una serie de decisiones políticas que con una labor tecnocrática. Además, la situación real cotidiana de inestabilidad y crisis obstaculiza los intentos de erradicarlo.
Como lo expresa el Director General de la OIT, Guy Ryder, "los gobiernos han comenzado a reconocer que para combatir el trabajo infantil es necesario contar con un conjunto de políticas coherentes que coadyuven a la aplicación de la legislación sobre trabajo infantil, lo cual debería incluir una educación de buena calidad, protección social y trabajo decente para los padres".
De lo contrario, estos niños y adolescentes, prematuramente empleados y explotados, serán los eslabones del círculo pernicioso de la pobreza, por carecer de formación, instrucción y de un proyecto de vida, que supere la supervivencia.
Redacción Ecos. Foto: César Carrión SIG.- En el marco de la XI Cumbre de la Asociación de Ciudades Capitales, una instancia creada hace más de 3 años, que representa más del 55% de la población colombiana, “los alcaldes del país se comprometieron a hacer la pedagogía necesaria sobre los acuerdos de paz”, manifestó el Presidente Juan Manuel Santos.
El Jefe de Estado hizo la afirmación durante la XI Cumbre de Ciudades Capitales, Ciudades en paz, seguras y sostenibles, que se llevó a cabo en la capital del departamento el Tolima.
El Primer Mandatario afirmó que “todos los alcaldes son muy conscientes de la importancia para el país de este paso tan importante, tan fundamental en nuestra historia”… “Y los alcaldes se han comprometido para hacer de profesores, a hacer esa pedagogía y también a convocar la gente para que este plebiscito sea un plebiscito contundente, apabullante”, agregó.
Precisó Santos que esa pedagogía servirá “no solamente para ganar un plebiscito y darle largas al posconflicto y a la paz, sino también como un punto de inflexión en nuestra historia, que nos una a todos los colombianos para lograr propósitos ambiciosos, propósitos grandes como nación, porque es una oportunidad que se le presenta a muy pocas naciones en muy pocas ocasiones”.
El Presidente recordó que el Tolima, Ibagué, fue la región donde surgieron las Farc. “Y lo que el país tiene que ser consciente es que apenas firmemos el acuerdo de paz, desparecen las Farc”, anotó.
“Este es un cambio de paradigma para un país que ha venido sufriendo la guerra por más de 50 años, es un cambio de paradigma para un departamento como el Tolima y todos los departamentos del país, porque todos los colombianos hemos sufrido de una forma u otra las consecuencias de esta guerra y todos nos vamos a beneficiar de esa paz, esa paz que nos va a abrir oportunidades que nunca habíamos visto” señaló el Jefe de Estado.
Asimismo, el Presidente Juan Manuel Santos anunció más recursos para las ciudades capitales, para lo que se utilizarán fondos del sistema de regalías y del Fonpet, en la medida en que los alcaldes superen sus requisitos mínimos.
El Mandatario explicó que mientras se reforma el sistema general de participaciones, que entrará en vigencia en el 2018, ”vamos a hacer un esfuerzo para poder darle más recursos a las ciudades capitales”, indicó.
Por Felicia Saturno Hartt. Foto: UNICEF.- La trágica noticia de más de 100 niños muertos en Colombia por desnutrición, planteó la necesidad de explorar qué sucede con esta enfermedad que es, a su vez, un gravísimo problema social, porque condiciona, no sólo el futuro de los países, por afectar, en mayoría, a los niños y su desarrollo físico, intelectual y su estado de salud de por vida, sino por constituir una hipoteca pesada que traduce la pobreza, en todas sus expresiones y la incapacidad y debilidad institucional de los estados.
La ONG Acción por el Hambre expone que “se estima que la pérdida de productividad de una persona que ha padecido desnutrición superará el 10% de los ingresos que obtendría a lo largo de su vida y que un país puede perder hasta el 3% de su Producto Interior Bruto (PIB) a causa de la desnutrición.
En este sentido, observando desde la posibilidad de crear capital humano para nuestros países, la nutrición puede ser una inestimable inversión a futuro, porque la mejora del estado de nutrición de una población asegura mayores capacidades y da posibilidad de planear estrategias de desarrollo.
Pero el panorama no vislumbra esa posibilidad, por lo menos a corto y mediano plazo, ya que la Desnutrición en Cifras dibuja un panorama desalentador, según Acción contra el Hambre y la OMS: 1) 3.1 millones de niños pierden la vida cada año por causas relacionadas con la desnutrición. Es decir, mueren 8500 niños al día; 2) La desnutrición está relacionada con el 45% de las muertes de niños cada año; 3) Un tratamiento nutricional para salvar la vida de un niño basado en Alimentos Terapéuticos Listos para Su Uso cuesta solo 40 euros. Aproximadamente 134303.84 pesos colombianos. 4) Sólo 1 de cada 10 niños desnutridos tiene acceso al tratamiento nutricional que podría salvar su vida; 5) La factura de la desnutrición equivale el 3% del PIB mundial. 6) La desnutrición es el resultado físico del hambre, una enfermedad devastadora de dimensiones epidémicas, que padecen 50 millones de niños y niñas menores de cinco años en todo el mundo. Es el resultado de la escasez de alimentos o de una dieta inadecuada. Al año causa la muerte de más de 3,1 millones de niños y niñas. Estas muertes podrían evitarse con un tratamiento nutricional adecuado.
Y uno se pregunta, ¿es muy difícil revertir esta situación? Y al acudir a las personas especializadas, cada vez más interrelacionadas en equipos interdisciplinarios, porque la Desnutrición no es sólo un problema de Salud Pública, sino de Política de Bienestar y Desarrollo, se encuentra que sus abordajes son menos complicados, que sus implicaciones a futuro.
Lo que quiere decir que puede ser abordada desde una política de estado. Pero eso si una Política que parta de especificidades regionales, desde contextos bien estudiados y estandarizados.
Como bien lo explica Acción contra el Hambre, “evaluar las causas originarias de la desnutrición, recopilar los datos nutricionales clave como las capacidades y los recursos locales, las prácticas culturales, el acceso a infraestructuras y la geografía”. Una respuesta eficaz no se construye imaginando desde un escritorio, sino en intervención de las causas y del contexto.
Asimismo, requiere que se asuma la existencia de la problemática para intervenir y prevenir. Si no se interviene la desnutrición aguda la muerte es inminente y, para ello, se requiere articular la red sanitaria en pos de ello y para prevenir.
La citada ONG expresa que lo ejes de intervención en seguridad alimentaria, atención primaria de salud, acceso a agua, saneamiento e higiene y prevención de desastres, son estrategias idóneas para prevenir las causas que provocan desnutrición.
Otro aspecto que debe ser imperativo es la regionalización de las acciones. La crisis de desnutrición no debe ser exportable, sino tratada y prevenida en las regiones y localidades, para crear así la infraestructura y las condiciones para prevenir y sanar, porque las causas están en los entornos y sólo así podrán ser atacadas.
Observando estas apreciaciones de que sí es posible revertir la problemática socio- sanitaria de la desnutrición, podemos comprender lo que está sucediendo en América Latina y en Colombia en particular.
Por un lado, el aislamiento y las diferencias culturales no atendidas y la debilidad institucional de la red sanitario- asistencial sirven de causa, ya que las poblaciones más afectadas son las indígenas (53.5%) y los afrocolombianos (5.9%), según cifras del Instituto Nacional de Salud, poblaciones vulnerables, por la escasez de agua de calidad, empleo pisatario y eventual y escaso nivel educativo.
De hecho, existe una estrecha relación entre el acceso deficiente al agua y la desnutrición: el 66% de los niños y niñas que siguen un tratamiento de recuperación nutricional padece o ha padecido enfermedades de origen hídrico. La diarrea, que mata cada año a más de 750.000 niños menores de cinco años, es uno de los principales factores desencadenantes de la desnutrición aguda, según OMS/OPS.
Actualmente, millones de personas no tienen acceso a instalaciones sanitarias básicas ni a agua de calidad y no desarrollan prácticas de higiene, lo que origina diversas enfermedades transmitidas por el agua, como la diarrea aguda, la neumonía, la disentería, la presencia de parásitos intestinales y el cólera. En consecuencia, cada año millones de personas, la mayoría de ellos niños, mueren por enfermedades de origen hídrico. Primero se debilita el sistema inmunitario, lo que impide retener los nutrientes y conduce a situaciones de desnutrición.
Solo la diarrea, una de las cinco principales causas de mortalidad en niños menores de 5 años, mata a cerca de 750.000 niños menores de cinco años cada año, más de 1.600 niños al día. El 60% de las muertes por diarrea podrían evitarse, ya que son causadas por el acceso indebido a agua, a alimentos contaminados, a la falta de saneamiento y a malas prácticas de higiene.
Causas estas que la Atención Primaria en Salud, el nivel más básico de la Política Sanitaria, podría intervenir, más aún con el poder de los medios y redes, hoy en día.
La Organización Mundial de la Salud plantea que, por cada dólar invertido en saneamiento, se recuperan cinco y se obtiene el doble por cada dólar invertido en mejorar el acceso al agua.
Queda de los gobiernos comprender esta situación e intervenir a tiempo. El futuro de Colombia y de América Latina tiene una hipoteca.
Prensa PE. Foto: Huffington Post.- El Parlamento Europeo pidió al Gobierno venezolano la inmediata liberación de todos los presos y respeto a la Constitución, incluido el procedimiento revocatorio que puede llevar a la destitución del presidente. En una resolución aprobada con 501 votos a favor, 94 en contra y 73 abstenciones, la Cámara mostró su apoyo a los esfuerzos de Unasur para iniciar un proceso de diálogo nacional entre el ejecutivo y la oposición.
Los eurodiputados recuerdan que en Venezuela hay unas 2 000 personas encarceladas, en arresto domiciliario o en condena condicional por razones políticas, incluidos importantes líderes políticos como Leopoldo López, Antonio Ledezma y Daniel Ceballos y subrayan la falta de respeto al Estado de Derecho y al principio de separación de poderes. También muestran “profunda preocupación” por el grave deterioro de la democracia, los derechos humanos y la situación socioeconómica.
El texto hace hincapié en la “grave crisis humanitaria” que vive el país, causada por la escasez de alimentos y medicinas, y lamenta que el Gobierno impida la entrada de ayuda humanitaria en el país y boicotee las diversas iniciativas internacionales para prestar asistencia a la sociedad civil. También apunta a la gran crisis económica consecuencia de una gestión ineficiente y a los elevadísimos índices de delincuencia y la total impunidad.
“Sólo puede encontrarse una solución a la crisis mediante el diálogo entre todos los niveles de gobierno, la oposición democrática y la sociedad”, señala el Parlamento, que saluda los esfuerzos de mediación auspiciados por Unasur y liderados por el ex presidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, el ex presidente de la República Dominicana Leonel Fernández y el ex presidente de Panamá Martín Torrijos.
Los eurodiputados instan al presidente Nicolás Maduro y a su Gobierno a aplicar urgentemente reformas económicas en colaboración con la Asamblea Nacional –controlada por la opositora Mesa de la Unidad Democrática- para superar la crisis, y en particular la escasez de alimentos y medicinas. Piden a la Alta Representante que proponga un plan de asistencia para el país y que urja a las autoridades venezolanas a permitir la entrada de ayuda humanitaria.
Para el Parlamento, es “absolutamente prioritario” reducir los altos niveles de impunidad existentes. En este contexto, reclaman a las autoridades venezolanas que investiguen la masacre de Tumeremo, en la que fueron asesinados veintiocho mineros, así como el reciente asesinato de la periodista Lucía Suárez, que se sospecha que está relacionado.
Por último, los eurodiputados insisten en su petición de enviar lo antes posible una delegación del Parlamento a Venezuela para entablar un diálogo con todos los sectores implicados en el conflicto.
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Por Luis Fernando García Forero.- Foto: Prensa Senador Ospina.- El auge de la cirugía estética y los procedimientos cosméticos se sumó a la agenda política de Colombia, para el control de dichos procedimientos y avanzar en la legislación sobre ese tema.
No es la cirugía reconstructiva que ayuda a los quemados o las víctimas de accidentes a recobrar su apariencia física, sino los procedimientos quirúrgicos que modifican los avances de la edad o ayudan a lograr la apariencia deseada o de moda.
Más aún, si se estima que existe un mercado emergente de la cirugía estética, con oferentes, proveedores de prótesis y sustancias, y muchos clientes, a nivel mundial. Sólo en Colombia se estima, porque las cifras pueden ser superiores, que se practicaron 350.000 intervenciones en el 2014, siendo el aumento de mamas y la liposucción, los procedimientos más solicitados.
En América Latina, se puede afirmar que existen 2 nuevas mecas de la cirugía estética, Caracas y Medellín, por sus mejores costos y la idoneidad de los cirujanos. Posición que pelean con Brasil, donde Ivo Pitanguy, hizo a este país el líder de estas prácticas.
Pero todo el panorama de mejoras y sueños estéticos, de hombres y mujeres, se ha visto ensombrecidos por 2 realidades atemorizantes. Por un lado, las prácticas ilegales, pero de bajo costo, de clínicas de belleza y el uso de materiales no garantizados y no aptos para los tratamientos.
Desde 2010 se abrió una polémica judicial contra el mayor productor de prótesis mamarias del mundo, Poly Implant Prothèse (PIP) de Jean-Claude Mas, quien vendió en todo el mundo implantes mamarios con silicona de mala calidad, que llegó a obtener el 84 % de su facturación fuera de Francia, esencialmente en América Latina, donde en países como Venezuela se estima que 33.000 mujeres recibieron esos implantes.
La empresa asegura que 300.000 juegos de implantes fueron exportados a 60 países, entre ellos, algunos latinoamericanos como Argentina, Colombia, México y Venezuela. El dueño y sus empleados, admitieron en el 2013, que utilizó una silicona industrial.
Este caso y las múltiples muertes registradas a nivel mundial exige una contundente respuesta política y legislativa, ante la indefensión a las víctimas, la inexistencia de organismos de control y fiscalización de los practicantes y del uso de los materiales médicos y partes asociadas.
En el Congreso de Colombia, el Senado aprobó ya un proyecto de ley presentado por los senadores Mauricio Lizcano e Iván Ospina, este último cedió su tiempo para dialogar con ECOS sobre el tema:
ECOS: ¿Por qué se quiere regular el tema de las cirugías estéticas en Colombia?
IO: Hay muchos irresponsables en estos procedimientos. Queremos que estas cirugías las adelanten cirujanos plásticos o estéticos o especialistas con conocimientos y competencia en esos temas. De tal forma si se trata de una cirugía de ojos, que sea un oftalmólogo formado. Si es de nariz, un otorrino o un dermatólogo, o cirujano que ha tenido competencias, o efectivamente un cirujano plástico o estético. No queremos exponer a la comunidad a personas no calificadas se metan a hacer procedimientos sin el conocimiento que ponen en peligro la vida y que son muy difíciles de solucionar a futuro.
ECOS: ¿Qué radiografía tiene de la aplicación de todos estos procedimientos a nivel nacional?
IO: Colombia es potencia regional en cuanto a cirugía estética y plástica, tiene los mejores profesionales de Latino América. Vienen personas de muchas partes del mundo a hacerse esa clase de cirugías. Somos el segundo país en volumen después de Brasil. Y somos el quinto país en número total de cirugías plásticas estéticas en el mundo. Ese hecho que seamos potencia, nos da una gran oportunidad y tener un renglón en la economía de cirugías plásticas muy fuerte, para ello debemos regularla a través de una ley y eso es lo que estamos trabajando.
ECOS: ¿Qué es lo fundamental de esa propuesta?
IO: Los controles entre otros aspectos. A los irresponsables que adelantan esos procedimientos, es mejor que no lo sigan haciendo. Si lo llegaren a hacer, la clínica y el hospital donde está, pueden ser sancionados hasta por cinco mil salarios legales vigentes, e incluso, usted podría ser sancionado por un monto igual, pero adicionalmente a eso queremos hacerle una pedagogía. Se va a establecer el Registro Nacional de Cirujanos con competencia en estética y plástica para que la gente que se va a hacer esa cirugía, pueda abordar ese portal, conocer el nombre del cirujano , la universidad donde proviene, su especialidad si la tiene, la experiencia que tiene en uno u otro procedimiento.
ECOS: ¿La propuesta incluye controles también para las prótesis que se utilizan para esas cirugías?
IO: Queremos tener vigilancia y control en los insumos que se utilizan, que tengan los registros del INVIMA y de qué entidad productora salió. Que esta ley posibilite a todo paciente que se lleve a cabo una cirugía plástica o estética, pague una póliza para que pueda cubrir las futuras complicaciones si lo hubiese. No queremos que quien se someta a esa clase de cirugía y que posteriormente no tenga como pagar las complicaciones, que ello obtuviese dado que la ley no permite que los dineros de la salud se gasten en los procedimientos estéticos o plásticos, queremos que este renglón de la economía se fortalezca y reducir las muertes y las complicaciones que hoy se tienen.
ECOS: ¿Tiene estadísticas de las muertes o personas que han quedado muy mal de esta clase de cirugías?
IO: Muere una persona mensual producto de complicaciones de cirugías estéticas o plásticas mal realizadas y no se conoce el otro número porque nadie quiere revelarlo, ni la paciente o el paciente que sufre en su humanidad un daño, ni el médico que adelantó el procedimiento o la persona irresponsable que hizo el procedimiento. Pero si le puedo decir que Colombia por el gran volumen de cirugías estéticas que realiza tiene efectivamente complicaciones y hemos venido observando la llegada de médicos que no han hecho la especialidad, que han hecho cursos cortos, que no tienen el proceso formativo, que se meten a hacer procedimientos de muy alta complejidad exponiendo la vida del paciente y exponiéndose ellos mismos a un carcelazo por lo irresponsables que son.
ECOS: ¿En el proyecto cómo se establece quiénes pueden hacer esos procedimientos quirúrgicos?
IO: En Colombia con nuestra ley, cirujanos plásticos o estéticos, o aquellas especialidades que tienen competencias en cirugías estéticas o plásticas. En lo pertinente, eso significa: otorrinos, oftalmólogos, dermatólogos etc. Ellos solamente podrían hacer procedimientos quirúrgicos de mediana y alta complejidad en Colombia. Otras tareas que son meramente cosméticas que no son procedimientos, las podrían hacer otros colegas.
ECOS: ¿En cuanto a la regulación de esta iniciativa en la legislación colombiana está de moda lo que se denominan los combos, que se hacen varios arreglos en su cuerpo al mismo tiempo. Esto está establecido, se permite?
IO: No se trata de una prohibición, se trata de educación y sensibilización al respecto. Las señoras y los señores que se hacen una intervención deben saber que si se hacen un procedimiento complejo tienen mayor tiempo de exposición de la anestesia, mayores posibilidades de perder sangre y de correr riesgos. Y esas señoras y señores que se hacen abdominoplastia, senos muslos, rostro, el mismo día, se está exponiendo sustancialmente y podría llevarlo a la muerte.
ECOS: ¿La nueva legislación es una manera de establecer medidas preventivas y que la gente tome conciencia de los riesgos de esos procedimientos si no lo hacen debidamente y con médicos competentes?
IO: No estoy en contra de las cirugías plásticas o estéticas. Nos parece que eso está en el individuo y en la decisión de cada persona, pero si queremos que se concienticen y tomen las medidas para que adelanten el procedimiento con mucha rigurosidad y seguridad. Nadie se montaría a un avión si el piloto no está certificado. Por qué entregar el cuerpo a una persona que no tenga la calificación para ello.
ECOS: ¿Se establece en el proyecto si a los pacientes se les brinda una asesoría antes de someterse a esta clase de cirugías. Me refiero desde el punto de vista psicológico, por lo que le pueda pasar?
IO: No y no está dentro de las intenciones de este proyecto de ley. Cada uno es soberano en relación a la decisión de la clase de cirugía que en este aspecto se realice, es de su propio nicho y personalidad.
ECOS: ¿Fundamentalmente qué elementos tiene la iniciativa desde el punto de vista de control?
IO: El proyecto tiene cinco puntos. Sólo adelantarán cirugías estéticas y plásticas los profesionales con la calificación para ello. Se adelantará trazabilidad de los insumos allí utilizados, se obligará a las pólizas para atender las complicaciones, se creará un Consejo Técnico de Cirugía Plástica para fortalecer el sector y adicionalmente a ello, se pondrán sanciones cuantiosas para las clínicas u hospital que posibilite que una persona no calificada adelante procedimientos estéticos invasivos.
ECOS: ¿Hablaba de un importante mercado en Colombia sobre este tema, este mercado si está vigilado y controlado por el Estado?
IO: No está controlado. Es un mercado muy grande, viene de Venezuela, Costa Rica, Panamá, Estados Unidos, Ecuador, varios países de Europa. Vienen a Colombia porque las hacemos muy bien , tenemos a los mejores profesionales para ello, porque ya hemos montado la cadena de servicios como puede funcionar. Necesitamos ahora es reducir los riesgos por todos esos usuarios que Colombia tiene, por eso vamos a ser severos e inflexibles en el control e insumos para cirugías estéticas.
ECOS: ¿Cómo va el trámite en el congreso del proyecto?
IO: Ya se aprobó en la plenaria del senado, sólo le faltan dos debates en la cámara para que pase a sanción presidencial.
Prensa-Senado. Foto Leonardo Vargas.- La Plenaria del Senado de la República vibró este martes 7 de junio con el canto a capela de no más a la “maldita violencia” en la voz de Leonor González Mina, la Negra Grande de Colombia, quien rompió la rutina de los debates, constancias y proposiciones, en el pleno de la corporación, con un canto que reclama el dolor de la violencia y solicita “que reine la paz”.
Al recibir la condecoración del senado por parte del presidente del Congreso Luis Fernando Velasco, La Negra Grande de Colombia, no sólo agradeció dicho reconocimiento por su trayectoria artística, cultural y labor social en beneficio del país, sino que sorprendió a la audiencia al interpretar la canción Violencia de Gabriel Romero, lo que conmovió a los senadores, asistentes y televidentes, porque nunca fue más pertinente esa suplica a la violencia como en este momento, donde Colombia construye su camino a la reconciliación nacional.
La interpretación de la Negra Grande llenó de emoción el recinto del Senado, donde las mayorías apoyan el proceso de paz, liderado por el Presidente Juan Manuel Santos; se pusieron de pie y aplaudieron con optimismo y entusiasmo el mensaje del canto: “violencia por qué no permites que reine el amor, que puedan los niños dormir en sus cunas sonriendo de amor”.
El Presidente del Congreso Luis Fernando Velasco, al exaltar la obra de Leonor González Mina resaltó que: “desde muy pequeños oír hablar de la Negra Grande, ha sido algo muy especial para los colombianos, por lo que usted significa. Usted no sólo representa el folclor de nuestro país, sino la capacidad que tuvo para vencer prejuicios y llegar con su talento desde muy temprano, cuando salió de su casa natal en Jamundí y sin pedir permiso, recorriendo el mundo y llevando la voz de los que se hicieron escuchar con su arte: los negros del pacifico y de toda Colombia”.
Agregó Velasco que “no se pudo conseguir un afrodescendiente para que fuera embajador en algún lugar del mundo y por ello usted ha sido nuestra afrodescendiente embajadora. Negra Grande, gracias por hacer grande a este país”.
Después del canto a la no violencia, la homenajeada, la Negra Grande de Colombia, Leonor González Mina, rompió los aplausos y se despidió diciendo que seguirá luchando “como lo he hecho porque esta es Colombia, somos seres que sentimos, vivimos y que nos queremos, hemos tenido problemas, pero seguimos luchando por unirnos y hacer que Colombia sea más grande que nunca”.
Redacción Ecos. Foto: radionacional.com.pe.- Con el 92 % escrutado el candidato del partido Peruanos por el Cambio, Pedro Pablo Kuczynski y Keyko Fujimori, aventaja a la candidata Keiko Fujimori, hija del expresidente y Alberto Fujimori, quien paga penas por violación a los derechos Humanos durante su mandato.
Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) el exbanquero de Wall Street y exfuncionario del Banco Mundial, obtiene hasta ahora el 50,52 % de los votos frente al 49,48 % de Fujimori.
Cerca de 23 millones de peruanos estuvieron convocados para votar el domingo cinco de junio en 77.307 mesas electorales dispuestas en 5.337 locales para ejercer el derecho al voto y escoger al sucesor del actual presidente, Ollanta Humala, para el período 2016-2021.
"Aún no hemos ganado. Hay que esperar a los resultados oficiales. Tenemos que ser vigilantes en defender el voto en la mesa", dijo el Kuczynski, a quien sus seguidores conocen como PPK, acrónimo de su nombre y de su partido, peruanos Por el Kambio, mientras que Fujimori alegría y sonrisa aparente entre seguidores con lluvia en sus ojos, agradeció al "50 %" de los peruanos que le dieron su respaldo y pidiendo guardar con paciencia los resultados finales.
"Vamos a esperar con prudencia porque toda la noche llegarán los votos de las regiones, del extranjero, y el voto rural del Perú profundo. Por eso estamos optimistas", dijo, la hija del expresidente peruano Alberto Fujimoroi, quien en las elecciones del 2011 perdió frente a Humala.
Durante su presidencia, Álvaro Uribe "fue incluso más allá (...), hizo ofertas que nosotros no hemos hecho", dijo el presidente colombiano, Juan Manuel Santos en entrevista con el Director del Diario español ABC, Bleito Rubiro, en Bogotá.
Santos asegura que ha tratado "de todas las formas posibles" de "tender puentes" con el ahora senador Álvaro Uribe, que ayer inició en Medellín una campaña de recolección de firmas contra los acuerdos de paz porque, a su juicio, conllevan impunidad para los guerrilleros.
"Poseemos todas las cartas, todas las evidencias de que lo que estamos haciendo es exactamente lo que quería hacer Uribe", manifiesta.
Ni amnistía ni impunidad
Los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC se encuentra en su "fase final" y solo falta acordar "detalles de mecánica" sobre cómo y cuándo se va a desarrollar el desarme, o la integración de los guerrilleros en la vida civil, entre otras cuestiones, garantiza el mandatario.
A su juicio, los "enemigos del proceso" han tratado de "desprestigiar" la negociación cuando es la primera vez que un grupo guerrillero acuerda "un sistema de justicia y entregar las armas para someterse": "Nada quedará impune, no habrá amnistía", asevera.
"Hacer la paz es mucho más difícil que hacer la guerra", dice Santos, quien cree que en un proceso como el que vive Colombia "el liderazgo cambia" y "hay que aprender a perdonar, a convertir la sed de venganza en reconciliación".
Una nueva Colombia
“La Paz cambia fundamentalmente el futuro Colombia”, afirma el Presidente Santos ... “Muchos analistas dicen que el país ha venido avanzando pero con un freno de mano puesto. Al desaparecer ese freno de mano o ese obstáculo para nuestro desarrollo, para nuestro crecimiento, su beneficio es enorme desde el punto de vista económico, social y también político y yo diría moral y espiritual”.
“Una guerra de cincuenta años ha causado unas heridas y ha generado unos costos que mucha gente ya ni se imagina ni puede entender o medir en materia de degradación moral de la sociedad, en materia de corrupción por ejemplo. Los países en guerra generalmente son mucho más propensos a la corrupción a la hora de generar polarización y odios y es que si llevan tres generaciones en guerra, son tres generaciones que acumulan odio de todo tipo”.
“Todo eso es lo que podemos dejar atrás y construir un nuevo país y yo lo que espero es que los colombianos podamos usar este gran paso, este gran punto de inflexión en nuestra historia de la misma forma como otros países han aprovechado oportunidades como esta para unirlos y proyectarles en el futuro con mucha más fuerza. Y se lo resumo en una frase: «Es pasar a ser un país normal», asevera el primer mandatario de Colombia.
El apoyo internacional al proceso de Paz
“El apoyo internacional ha sido total y muy importante”, firma Santos… “Me atrevo a decir que ese ha sido uno de los factores que más me han ayudado a perseverar. No hay un solo país en el mundo que haya salido a oponerse y, por el contrario, todos están apoyando este proceso, entre otras cosas porque es el único caso exitoso que hay hoy en el mundo”.
En este link invitamos a conocer todo el contenido de la importante entrevista al Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos en el ABC de España: http://www.abc.es/internacional/abci-juan-manuel-santos-gestionar-mas-dificil-hacer-guerra-201606051330_noticia.html.
