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Por Luis Fernando García Forero.Foto Leonardo Vargas.-Los acuerdos de la última plenaria del senado, no sólo se extendieron al avance del proceso de paz, sino que se decidió una cumbre, convocada por el presidente del senado, Luis Fernando Velasco, para que la Canciller María Ángela Holguín diera a conocer a instancias del congreso, la posición de Colombia frente a la nueva decisión que tomará la Corte Internacional de Justicia en el diferendo marítimo con Nicaragua, el próximo jueves 17 de marzo.

Pese que en la mañana de este martes, en debate en la comisión primera de la corporación, uribistas y bancada de unidad nacional polemizaron de nuevo por el proceso de paz, más directamente por el encuentro en La Guajira de varios negociadores de las Farc, no sólo con guerrilleros, sino con la población civil, las mismas bancadas, se encontraron en la tarde en un tono de conciliación, pero con otro objetivo: la defensa de la soberanía nacional por las ambiciones de Nicaragua.

La cita fue en la presidencia del senado donde además del presidente de la corporación Luis Fernando Velasco, senadores integrantes de la comisión segunda, el ex presidente Álvaro Uribe y su copartidario Alfredo Rangel, entre otros congresistas, escucharon a la canciller María Ángela Holguín,  quien afirmó que la posición del Gobierno es no aceptar la competencia de La Haya en la nueva demanda presentada por ese país contra Colombia, en la que expone nuevas pretensiones sobre nuestro territorio marítimo.

“Exactamente las excepciones preliminares son eso, decirle a la Corte que no es competente y eso es lo que hemos hecho en este trabajo de año y medio y La Haya tendrá que decir si es competente o no. Vamos a ver, vamos a oír lo que dice la Corte, no es una decisión de fondo, es simplemente decir si hay o no competencia”, aseguró la ministra Holguín.

El ex presidente  y senador  Álvaro Uribe le insistió al Gobierno que no reconozca los fallos de la corte de La Haya en este caso. “Colombia no debe aceptar la sentencia inconsistente, ilegal y de despojo del año 2012 y Colombia no acepta que la corte, en los nuevos episodios, intente afectar los derechos del país al oriente del meridiano 82”, enfatizó el jefe del Centro Democrático.

Sobre el tema el congresista opositor del Presidente Santos, Álvaro Uribe Vélez, le presentó al Gobierno su propuesta para que por medio de una consulta popular la ciudadanía diga que el único límite que se aceptará con Nicaragua es el meridiano 82.

"Ese tratado es un embeleco. Aquí lo que se necesita es claridad para dar esa sentencia. Nosotros repetimos lo que hemos venido diciendo en los dos últimos años y medio. Colombia debería –decir que no se acepta la Corte de La Haya, que afecte cualquier derecho del país al este del meridiano 82. El único límite que Colombia debe aceptar, es el que se fijó en el año de 1930, que es el meridiano 82", destacó.

Así lo dio a conocer la Ministra de la Cancillería del Reino Unido, la Baronesa Anelay de St. Johns, quien notificó que esa decisión corresponde al compromiso  de Gran Bretaña con la solución pacífica del conflicto armado en Colombia. 

El aporte permite establecer que el apoyo al proceso de paz sigue sumando adeptos dentro de otras naciones: “somos fuertes y orgullosos partidarios del proceso de paz y elogiamos el progreso que se ha hecho para alcanzar un acuerdo sostenible. Colombia ya está disfrutando del periodo más pacífico en más de una generación”, aseguró la Ministra de la Cancillería de Reino Unido, Anelay de St. Johns.

Dichos recursos del Reino Unido se distribuyen: 4,2 millones de libras esterlinas al Fondo Multidonante de las Naciones Unidas. Además el Reino Unido contribuye con 1,5 millones de euros al Fondo para el Posconflicto de la Unión Europea.

Así mismo habrá inversiones por más de 5 millones de libras esterlinas que el Reino Unido liderará en proyectos para apoyar la planeación del posconflicto, especialmente en seguridad y justicia.

Por su parte, el Ministro Consejero del Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad, Rafael Pardo, agradeció a la Baronesa por el apoyo financiero que el Reino Unido le dará a Colombia de cara a la paz y, además, por su apoyo en su posición en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para ayudar a la consecución de la Resolución en donde se ordena la misión de verificación de las Naciones Unidas para un eventual cese al fuego bilateral y definitivo en Colombia.

 “Gran Bretaña cuenta con un gran recorrido en la paz mundial. También representa un caso de éxito al haber liderado de manera exitosa un proceso de paz en Irlanda de Norte. De esta manera su experiencia será un gran apoyo para la paz en Colombia”, advirtió el Ministro del Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad, Rafael Pardo.

La Presidenta del Polo Democrático Alternativo, Clara López, le pidió a la Corte Constitucional declarar excequible la ley estatutaria que convoca a un plebiscito para lograr el fin del conflicto en Colombia.

“La razón es muy sencilla”, enfatizó López Obregón: la “refrendación no se requiere para la validez de los acuerdos sino para su obligatoriedad como política de Estado”.

Aun cuando la mesa de La Habana puede o no determinar que sea el plebiscito u otro de los mecanismos previstos en la Constitución para la refrendación de los acuerdos, López Obregón precisa que con esta Ley Estatutaria que está bajo examen de la Corte Constitucional, se establece un blindaje especial para el cumplimiento de los acuerdos de paz.

Expresa en su escrito López  Obregón que la ley estatutaria ordena en su artículo 3º que la decisión de la votación popular “tendrá un carácter vinculante para efectos del desarrollo constitucional y legal del Acuerdo”.

Anexamos el documento que la Presidenta del Polo Democrático, Clara López Obregón, radicó sobre el tema a la Corte Costitucional:

Bogotá, 11 de marzo de 2016

H Magistrado

LUIS ERNESTO VARGAS SILVA

Ponente P. L. E. del Plebiscito

CORTE CONSTITUCIONAL

Ciudad.

Ref. Participación ciudadana a favor de la constitucionalidad de la Ley Estatutaria que regula el Plebiscito para la Paz

Honorable Magistrado:

CLARA LÓPEZ OBREGÓN, identificada como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de ciudadana y presidenta del Partido POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO, partido que formalmente ha declarado su oposición al Gobierno del Presidente JUAN MANUEL SANTOS, pero no obstante apoya los diálogos de paz por este emprendidos para ponerle fin al conflicto armado mediante la negociación, atiendo su llamado a presentar ante la Corte Constitucional intervención ciudadana, en mi caso, a favor de la exequibilidad del proyecto de ley estatutaria que regula el plebiscito como posible mecanismo de refrendación del Acuerdo Final para la terminación del conflicto que se firme con la insurgencia armada de las FARC en La Habana, Cuba.

Me animo a ello por la muy publicitada polémica pública originada en los conceptos rendidos ante la Corte por los señores Fiscal General de la Nación y Contralor General de la República y la respuesta ofrecida por el señor Presidente de la República. Argumentan los primeros que el plebiscito es innecesario por cuanto el Presidente cuenta con las facultades para firmar acuerdos de paz y que siendo la paz un derecho y un deber de todos, someter los acuerdos a refrendación popular no sólo sería inocuo sino inconstitucional. Por su parte el señor Presidente de la República responde que, si bien es cierto que el Presidente tiene las facultades para suscribir los acuerdos de paz, le prometió “al pueblo colombiano que sería él el que tendría la última palabra sobre los acuerdos de paz”.

Con el respeto que merecen tan serios argumentos, la realidad es que la refrendación está contemplada dentro del Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradero, suscrito el 26 de agosto de 2012 por los plenipotenciarios del Gobierno Nacional, en uso de las facultades constitucionales que recuerdan el señor Fiscal y el señor Contralor.  En efecto, el punto 6 de la agenda detallada en dicho Acuerdo sobre Implementación, verificación y refrendación, en su numeral 6º, contempla como tema a acordar el Mecanismo de refrendación de los acuerdos. La razón es muy sencilla. La refrendación no se requiere para la validez de los acuerdos sino para su obligatoriedad como política de Estado.

En consecuencia y como primera consideración a tener en cuenta, la habilitación de un mecanismo de refrendación idóneo para darle cumplimiento a los acuerdos que se concreten se hace necesaria no solo por la promesa presidencial sino por la palabra empeñada, conforme a las atribuciones presidenciales, en el acuerdo que dio inicio a la mesa de conversaciones de La Habana. Además de no tratarse de materia de disponible, el mecanismo de refrendación cumple la función primordial de conferirle obligatoriedad, de ser aprobado, al contenido de los acuerdos para todos los órganos del Estado, para la insurgencia y para la sociedad en su conjunto. Es así como el Congreso y el Ejecutivo en su implementación por medio normas constitucionales, legales y actos administrativas, así como la Rama Judicial en sus atribuciones sobre la materia, quedarían vinculados a guardar fidelidad a lo convenido en el acuerdo que le ponga fin al conflicto armado.

La Constitución, en su artículo 103, ofrece varios mecanismos de participación ciudadana dentro de los cuales se encuentran el plebiscito, el referendo y la consulta popular. De otra parte, el artículo 374 contempla el referendo y la asamblea constituyente como instrumentos para reformar la Constitución. El Congreso de la República y el Gobierno Nacional han optado, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, por la habilitación de un plebiscito de carácter especial “para la refrendación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” (P.L.E. 156 de 2015 Cámara, 94 de 2015 Senado).

Aun cuando la mesa de La Habana puede o no determinar que sea este u otro de los mecanismos previstos en la Constitución para la refrendación de los acuerdos, con la Ley Estatutaria bajo examen se establece un blindaje especial para el cumplimiento de los acuerdos a que se llegue en La Habana. Ello es así porque el proyecto de ley estatutaria ordena en su artículo 3º que la decisión de la votación popular “tendrá un carácter vinculante para efectos del desarrollo constitucional y legal del Acuerdo.” Y prosigue: “En consecuencia, el Congreso, el Presidente de la República y los demás órganos, instituciones y funcionarios de Estado, dentro de la órbita de sus respectivas competencias, dictarán las disposiciones que les correspondan para acatar el mandato proveniente del veredicto del pueblo expresado en las urnas.”

Sobre el particular cabe aclarar que el plebiscito no introduce reforma constitucional alguna, sino que ofrece al constituyente primario la decisión sobre el marco dentro del cual el Congreso deberá ejercer su poder constituyente derivado para dar cumplimiento a los acuerdos de La Habana.

En tercer lugar, la firma del Acuerdo de La Habana no es suficiente para la realización material del derecho deber a la paz. Estampadas las firmas de las partes queda la enorme tarea de la implementación y aplicación de las cláusulas acordadas y la tarea de traducirlas en normas que guarden fidelidad al texto y a la finalidad de los acuerdos, convertidos por ministerio de la aprobación del voto popular en marco de obligatorio acatamiento.

Finalmente, debe mencionarse que la atribución constitucional del Congreso (Art. 152, literal d.) para regular las instituciones y mecanismos de participación ciudadana no se agotó con la expedición de la Ley 134 de 1994. Cuando las necesidades lo exigen, el Congreso puede modificar los contenidos como de hecho lo hizo al modificar la regulación de la revocatoria del mandato mediante Ley 741 de 2002. En esta oportunidad, el Congreso optó por reemplazar los incentivos perversos hacia la abstención de la Ley 134 de 1994 al disponer un requisito equivalente, pero por la positiva para estimular la participación ciudadana en el plebiscito para la paz bajo estudio. Ese es el sentido del numeral 3º del artículo 2º que no reduce, sino que reemplaza el umbral de votación necesaria para que pase el plebiscito.

En atención a las anteriores consideraciones, presento esta intervención ciudadana en favor de la exequibilidad del proyecto de ley estatutaria 156 de 2015 Cámara, 94 de 2015 Senado.

Atentamente,

CLARA LÓPEZ OBREGÓN

C.C No. 41.481.937 de Bogotá

Prensa Senado.-Una histórica sesión enmarcó la plenaria del senado del pasado 8 de marzo, donde el Congreso no sólo dio un paso fundamental para viabilizar  el avance del proceso de paz en Colombia, al aprobar la reforma de la ley de orden público, sino, que permitió un Acuerdo Político, entre todas las bancadas, incluyendo al Centro Democrático, y que permite el avance de la reconciliación entre los colombianos.

Ocho horas de deliberación y discusión con altura política e ideológica, llenaron el recinto de ideas en torno al tema que mueve a los colombianos en los últimos años: la paz. Una sesión que permitió demostrarle a quienes han optado por las armas, que ese no es el camino, sino que deben reivindicarse con la sociedad buscando a través de la democracia, de los votos,  lo que decidieron escoger por la vía armada en la lucha por el poder.

Uno de los artífices  de lograr el Acuerdo Político para establecer las zonas de concentración con el objeto que la guerrilla se desmovilice, entregue las armas y permita que el jefe de Estado levante las órdenes de captura, insertadas en el proyecto de Orden Público, fue el presidente del senado Luis Fernando Velasco.  Días antes, el alto dignatario del congreso,  tuvo encuentros con  voceros del Centro Democrático,  logrando el consenso político y normativo que solo le falta la firma del Presidente Santos.

En la Oficina de información y Presa del Senado, hemos querido resaltar los principales aspectos de las disertaciones de los voceros de los Partidos Políticos representados en la corporación, que dieron muestra que la democracia en Colombia está por encima de cualquier fuerza ilegítima que quiera acabar con la voluntad popular.

El ponente del proyecto de ley fue el senador Roosvelt Rodríguez, quien en una exposición clarividente, política y jurídica, presentó a sus colegas un informe pormenorizado de los alcances de esa iniciativa gubernamental donde señaló: “establecer  la temporalidad y funcionamiento de las zonas de concentración, se convierte en la columna vertebral de la ley de orden público”.

En su intervención como vocera de la Alianza Verde, la senadora Claudia López explicó que esta ley no es para crear: “una zona de despeje; si no una zona delimitada y específica para iniciar el desarme de las FARC. Tantas veces hemos protestado en contra de la violencia, hemos dicho ¡No a las FARC!, ahora que estamos a punto de lograr la desaparición de esta organización no es momento de dudar. Es fundamental autorizar estas facultades”.

Resaltó que las zonas de concentración no podrán estar en áreas urbanas, que estas no podrán ser establecidas en regiones fronterizas, que las armas entregadas por las FARC tendrán que ser destruidas y que el proceso de verificación del desarme estará únicamente a cargo de organismos internacionales.

El jefe del Partido Liberal, senador Horacio Serpa, quien formó parte de la comisión interpartidista, destacó la decisión y aporte del partido de oposición Centro Democrático de participar en el Acuerdo y dijo que el liberalismo sigue y seguirá apoyando iniciativas que conlleven a una paz por la vía política, como lo está haciendo el actual gobierno donde ha avanzado por lograr ese propósito como ningún otro lo había hecho.

Acuerdos en el desacuerdo

El senador del Partido de la U Roy Barreras fue certero en señalar que la aprobación de la iniciativa y el acuerdo deja varios mensajes: “no sólo que la paz avanza y será una realidad pronto, sino que puede haber acuerdos en el desacuerdo y diálogo entre los partidos a pesar de las diferencias. Es hora de bajarle a la polarización la irritación y construir país entre todos”.

El senador del partido conservador Hernán Andrade, resaltó que la colectividad a la que representa ha estado y sigue apoyando la apuesta por la paz en Colombia. “El Partido se mantiene fiel y firme en la búsqueda de la paz. El rumbo nuestro es la paz”, anotó Andrade.

Se refirió a lo que se aprobó y dijo que las zonas de concentración serán “temporales y no para que lleven carros robados, ni para que produzcan coca, ni para delinquir, sino para producir en un tiempo breve y preciso, el desarme del grupo subversivo más asesino en la historia política de Colombia. Para eso son esas zonas de ubicación”, destacó el senador huilense Hernán Andrade.

El partido opositor Polo Democrático Alternativo, que ha apoyado el proceso de paz del Gobierno, se sumó al apoyo de la iniciativa y del Acuerdo político que se consolidó en la plenaria de la corporación.

La paz social

Alexander López, Vicepresidente del Senado, a nombre de esa colectividad de la izquierda democrática dijo que los alcances del proceso de negociación con las Farc, van a posibilitar que el país empiece a mirar de otra manera.

Señaló que para el Polo es muy complicado entregar facultades al Presidente de la República, pero destacó el apoyo al Acuerdo y a esa iniciativa, porque la colectividad que representa quiere que las nuevas generaciones tengan la posibilidad de resolver otros problemas y preocupaciones, distintas a la guerra.

“Las nuevas generaciones quieren apostarle al país en una forma diferente al que hemos vivido en estos 60 años: un sistema de salud que garantice la vida de los colombianos. Que los niños y niñas puedan acceder al sistema educativo sin ningún tipo de restricción, que los niños de La Guajira y del territorio nacional no se mueran por desnutrición, todas esas falencias, entre otras, causadas por el modelo económico”.

Para el senador Alexander López “nos falta discutir es la otra paz: la social; la que tenemos que deliberar en este recinto para solucionar las necesidades básicas e insatisfechas de millones de colombianos”.

El senador Carlos Fernando Motoa,  Cambio Radical, expresó que este es un paso necesario para poder avanzar en los diálogos y en la concreción de la paz: “sino tenemos donde ubicar a los miembros de la guerrilla de las Farc difícilmente vamos a generar la dejación de armas y culminar este proceso que ya lleva tres años en discusión”. Sostuvo que Cambio Radical acompañará este tema al máximo con el anuncio del Gobierno que esas zonas de concentración van a tener la verificación internacional, “esto da tranquilidad al país, al Congreso de la República y se elimina esa zozobra de repetir historias como las que se vivieron en el Caguan”.

 Para que Farc no sigan delinquiendo

El expresidente y senador Álvaro  Uribe explicó los motivos por los cuales su bancada decidió apoyar la iniciativa.

“Encontramos aspectos positivos en el proyecto. “No es el afán nuestro, como algunos lo dicen, de buscar excusas para cabalgar en el proceso de La Habana” , anotó y agregó: “entenderán ustedes senadores que, en mi caso, las circunstancias de la edad y del recorrido de la vida, van reduciendo las pasiones y aumentando el cuidado para incurrir en la menor subjetividad”.

Dijo que “si las Farc entran en esas zonas con vigilancia nacional e internacional, el respeto al Estado de Derecho, el compromiso de no delinquir más, creo que le queda a las autoridades más fácil saber que los delitos que se cometen por fuera de esa zona no son imputables a las Farc”.

El máximo crítico del proceso, senador Álvaro Uribe, fue claro en señalar ante sus colegas: “nosotros hemos dicho que la circunstancia de que estén armados allí, desde que haya buena voluntad con el proceso y desde que cumpla con todo el cese de actividades criminales, nosotros la aceptamos. Nosotros creemos que la condición para avanzar en el proceso tiene que ser el cese de actividades criminales y la entrega de armas tiene que ser un puerto de llegada del proceso”.

De otra parte el senador    Marco Aníbal Avirama         (ASI), señaló que el  partido apoyó la iniciativa para que se avance en la terminación del conflicto y agregó que es importante “que los combatientes a los que se les llama ‘rasos’ puedan tener la oportunidad de beneficiarse de esta Ley”.

Respecto a las zonas de concentración indicó que, si se va a elegir algún asentamiento indígena, se debe consultar y acordar con los pueblos indígenas pues “no queremos que los sitios de concentración sean un problema durante y después del tiempo establecido”.

A su vez, el senador del partido MAIS, Evelis Andrade, resaltó que los territorios indígenas han sido de los más azotados por la violencia por su ubicación geográfica. Mencionó que se ha estudiado la posibilidad de que estos territorios hagan parte de las zonas de concentración, por lo que se “ha planteado que Argelia, en el sur del departamento del Cauca, sea una zona de territorio de discusión del proceso de paz. Ahí están los campesinos y los indígenas de acuerdo”.

Para la historia de Colombia, el senado le cumplió al país entregando herramientas políticas y jurídicas al Gobierno para que continúe con el proceso de paz. Ese hecho lo resume el presidente del congreso, Luis Fernando Velasco Chaves,  en una frase: “Hicimos un ejercicio civilizado de hacer política”.

Por Luis Fernando García Forero.- Esta semana el Congreso de la República de Colombia dio un paso fundamental e histórico para impulsar el Proceso de Paz, que lidera el Presidente Juan Manuel Santos y la Cámara de Representantes fue protagonista, de lo que es ya un hito, el acuerdo interpartidario para la Reforma de la Ley de Orden Público, que faculta al jefe de estado para el establecimiento de las zonas de concentración de las guerrillas de la FARC.

Ecos Políticos, en el contexto de este evento fundamental para el futuro de Colombia, entrevistó al Presidente de la Cámara de Representantes, Alfredo Deluque Zuleta.

ECOS: El Congreso fue protagonista de un acuerdo político por y para la paz, ¿cómo lo considera?

ADL: Es un paso fundamental para el futuro de los acuerdos de paz y  la implementación de ellos, el haber aprobado en el Congreso de la República no solamente esta importante ley, que va a permitir avanzar en los acuerdos sobre la zonas de concentración en La Habana, sino de la forma como lo hicimos.  De una forma muy madura y mesurada, se logró un acuerdo con el Centro Democrático para apoyar esa iniciativa. Y ojalá no sea el único acuerdo, ojalá que sigamos avanzando en acuerdos por la paz con el Centro Democrático, en un tema que es importante para todo el país.

ECOS: Desde el punto de vista del ciudadano de la calle, ¿cómo y en qué aspectos fundamentales se logró ese consenso? 

ADL: Se escogieron unos puntos, por ejemplo, dónde el Centro Democrático planteaba que las zonas de concentración no estuviesen en sitios urbanos, que no estuviesen en zonas de frontera, ni que existieran cultivos ilícitos, minería ilegal y otros. Esos fueron los temas que se tocaron con el Centro Democrático.

ECOS: Eso quedó dentro del acuerdo, más no dentro del articulado.

ADL: Fue un acuerdo, en el articulado quedó que no fueran zonas urbanas. Es un acuerdo que tiene toda la lógica del mundo; se darán facultades al Presidente de la República para la creación de esas zonas, se respetará eso. 

ECOS: ¿Se podría llamar como un paso del Centro Democrático para aprobar el plebiscito, si la corte constitucional le da la asequibilidad a esa ley?

ADL: Esperemos que estemos todos en la misma línea de la paz. El acuerdo logrado ayer es una ventaja para el país. En la medida que el Centro Democrático pueda lograr acuerdos de ese tipo por la paz con la Unidad Nacional, creo que vamos a avanzar más rápido.

ECOS: La gente se pregunta si hubo una antesala antes de las sesiones plenarias de las dos corporaciones. ¿Si fue así?

ADL: No conozco ninguna antesala de ningún acuerdo antes del desarrollo de esas sesiones. Simplemente conozco las discusiones en la plenaria donde se logró ese acuerdo.

ECOS: ¿Qué sucederá, de ahora en adelante en el Congreso, con el tema del proceso de paz en Colombia?

ADL: Seguir comprometidos con el proceso y estar prestos a implementar lo que suceda en las negociaciones en La Habana.

ECOS: ¿Desde el punto de vista de las bancadas y del Partido de la U al que usted representa, como está la estrategia para el plebiscito, donde el pueblo va a definir el sí o no de lo que se firme en La Habana, para el fin del conflicto que logre la paz?

ADL: Como partido político vamos a hacer una gran campaña por la paz, porque en el plebiscito no nos vamos a conformar con el umbral, sino que tenemos que  sobrepasarlo con muchos votos. El Sí por la Paz debe ser contundente y los partidos que estamos  enfocados en sacar adelante el proceso de paz, que somos la mayoría en el Congreso, vamos a lograr que así suceda.

ECOS: ¿Qué viene en la agenda en la Cámara de Representantes?

ADL: Vamos a iniciar las sesiones ordinarias en donde vamos a tramitar los proyectos que nos quedaron pendientes. Hay iniciativas muy importantes, vamos a hacer un balance antes de iniciar las sesiones,  para poder organizar el trabajo y, además, iniciar los debates de control político.

ECOS: ¿Qué debates?

ADL: Vamos a organizarlos con la bancadas.

ECOS: Hablando del Gobierno Santos y su gabinete, ¿cree que ya debe haber cambio de ministros?

ADL: Ese es un balance que debe hacer el Presidente Santos al interior. Creo que son necesarios esos cambios, no quiero hacer señalamientos de ministros que deban salir. Los cambios son necesarios  y es un momento importante ahora cuando se avecina el proceso de paz.

ECOS: Los escándalos de corrupción no paran cada semana, ¿qué pasa?  ¿Dónde está la moral de la dirigencia del país?

ADL: Hay que trabajar en todos esos aspectos con el fin de que podamos tener la confianza de los  ciudadanos. Los políticos tienen un desgaste bastante  importante dentro de la sociedad y cualquier intervención que hagan, en cualquier tema, es un escándalo. Creo  que tenemos que cambiarlo, no con palabras, sino con hechos.

ECOS: ¿Oxigenaría la política la convocatoria de una constituyente, después del plebiscito de la paz?

ADL: Eso no oxigena la política en Colombia. El proceso de una constituyente lo que daría simplemente es que eligieran los mismos que eligen a los mismos políticos de los cuales se quejan  y ahí está la raíz del proceso. Es decir,  en una constituyente nadie da garantías que no sean  electas las personas, por ejemplo, que los ciudadanos en las regiones no quieran que se elijan.

ECOS: ¿Ya hay acuerdo entre el Gobierno y las Farc para que no sea el 23 de marzo la firma del fin del conflicto? ¿Ese día se debiera establecer entre las partes para el cese el fuego bilateral?

ADL: Esperemos a ver qué pasa, lo que  creo es que la paz hay que hacerla bien hecha y no simplemente por el afán de cumplir una fecha vayamos a faltar a los compromisos, que tenemos con el país, que es lo principal.

ECOS: ¿Las Farc han desgastado al Presidente Santos?

ADL: No, el Presidente Santos está haciendo lo que debe hacer que, a veces no es popular, pero  es lo que se debe hacer.

Hoy el Pueblo de Venezuela salió a la calle. Hoy fue otro sábado de marchas. Por un lado, seguidores de la oposición y opositores de la Pesadilla Chavista salieron a exigir la renuncia de Nicolás Maduro, a sólo un mes de sus 3 años de su nefasta administración.

Por el otro, los oficialistas, en teoría, marcharon para reprocharle a Barack Obama su insistencia en mantener el decreto "injerencista contra Venezuela", con la ventaja de la presión del principal empleador, que empuja a funcionarios y a beneficiarios de las misiones sociales a asistir, además de proporcionarles transporte, comida y bebida, sin sonrojo alguno.

Al grito de “¡Renuncia, renuncia!”, miles de opositores marcharon por el municipio de Chacao (este de Caracas), mientras una multitud de chavistas tomó el centro de la capital con consignas como “¡Maduro no se va!” y “¡Yankees, go home!”.

Con el lema “vamos con todo”, la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) activó así una estrategia de presión en las calles para pedir la salida anticipada del poder de Maduro (2013-2019), junto con un referendo revocatorio y una enmienda para acortar su mandato.

En contraste, miles de chavistas vestidos de rojo respaldaron el llamado al presidente Barack Obama para que derogue el decreto renovado hace una semana que califica a Venezuela como una amenaza “inusual y extraordinaria” a la seguridad de EEUU, aduciendo que el gobierno de Maduro viola los derechos humanos y persigue a sus opositores.

El chavismo intenta revivir la corriente de simpatía que recorrió el país el año pasado. Al renovarse ahora el decreto de Obama, la revolución lo considera una oportunidad para subir en las encuestas que hoy les proporcionan mínimos históricos, inclusive en firmas afectas al oficialismo como Hinterlaces.

Ramos Allup, presidente del Parlamento de mayoría opositora, en un discurso que cerró la movilización de la MUD, expresó: “Venezuela no aguanta más. Imagínese tres años más de esta vaina. Cada día su fracaso es mayor en todo. Por eso queremos salir de esto de manera democrática, pacífica, electoral y constitucional”.

Cerca de la tarima, en un puesto habilitado para recoger firmas por el revocatorio, Moisés Carvallo aclaró que la oposición no tendrá inconvenientes para recoger las cuatro millones de rubricas que exige la ley para convocar la consulta.

“La única forma para cambiar este modelo fracasado es el voto, así que estamos trabajando para sacar a Maduro como debe ser”, aseguró el joven de 23 años a la AFP.

Mientras tanto en la otra concentración, flanqueado por el alto mando militar, Maduro aseguró que se mantendrá “hasta el último día” de su mandato: “Que vengan por mí, pues. Hay bastante pueblo para enfrentarlos y vencer, con la Constitución y la paz”, proclamó en el acto que terminó siendo la contrapartida de la marcha opositora.

Venezuela, con las mayores reservas petroleras del planeta, tiene la inflación más alta del mundo -180,9% en 2015- y una escasez de alimentos y medicinas que angustia a la población, en parte debido al desplome de los precios del crudo, a la pésima gestión de Maduro.

Maduro dijo que se mantendrá en el poder “con el apoyo del pueblo, de la Fuerza Armada y con la decisión absoluta de que aquí no se rinde nadie” y “esta revolución no se entrega”.

Ataviado con una camisa que llevaba impreso el eslogan “¡Más chavista que nunca!”, Sergio González, un joven de 28 años, dijo estar convencido de que la oposición no podrá deponer a Maduro.

“Lo que sí es cierto es que pueden generar violencia y hacernos mucho daño”, comentó a la AFP.

Desde otro orden, juristas como José Ignacio Hernández señalan que todas las opciones para la salida del mandatario socialista tendrán que pasar por el filtro del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al que la oposición acusa de ser el “buró jurídico” del chavismo.

La semana pasada, ese tribunal eliminó facultades de control del Parlamento, cuyo control perdió el oficialismo tras 17 años de hegemonía desatándose una crisis institucional de choque de poderes.

El TSJ limitó el control legislativo al gobierno, con lo cual la Asamblea no podrá supervisar los actos de los poderes Judicial, Electoral, Ciudadano, ni los de los militares.

Esa decisión aumentó los temores de que la corte bloquee eventualmente la enmienda para reducir el mandato a cuatro años, e incluso el referendo, cuya realización, si el proceso administrativo arrancara ahora, tendría lugar a mediados de noviembre, estima Eugenio Martínez, especialista en temas electorales.

La organización está a cargo del Consejo Nacional Electoral (CNE), también acusado de servir al gobierno.

El jueves, la mayoría opositora aprobó en el primero de dos debates parlamentarios una ley de referendos para agilizar y flexibilizar su celebración.

“Lo que no pueden hacer el gobierno, ni el TSJ, ni el CNE es cambiar una realidad: que la mayoría de la población quiere cambios, que la mayoría de la población no es chavista y que frente a un proceso electoral la oposición ganaría”, declaró, a la Agencia France Press, el analista Luis Vicente León. 

De momento no trascendieron cifras oficiales de participación en los actos, que transcurrieron sin incidentes. Como bien lo expresa Daniel Lozano del Mundo.es de España “En los últimos tres años, ni Gobierno ni oposición consiguen llenar las calles. Como este sábado, con unos pocas miles de personas sumando las dos concentraciones”.

El país está hastiado, señala Lozano, de más de una década de marchas y bastante tiene con resolver el día a día, de cola en cola para conseguir alimentos o medicinas”

Ante lo difícil de la situación política de Venezuela, lo que sí se puede estimar como positivo es la tendencia del pueblo a buscar salidas democráticas, porque a pesar del autoritarismo populista del gobierno.

SIG. El Presidente Juan Manuel Santos pidió a los alcaldes de Colombia apoyar el Plebiscito por la Paz, porque “es la forma más simple, más conveniente” para que los colombianos digan sí o no a los acuerdos, que se logren en La Habana con las Farc.

“La paz los necesita a ustedes, porque ese proceso, cuando se firmen los acuerdos, de convocar el plebiscito y de convocar a las urnas, requiere de una gran pedagogía y de un gran apoyo”, afirmó el Jefe del Estado en la clausura del Congreso Nacional de Municipios 2016, realizado en el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias.

El Primer Mandatario también se refirió a unas “sirenas que dicen, por ejemplo, a los dioses de la Corte Constitucional que el plebiscito es inconstitucional que no deben aprobar el plebiscito”.

En ese contexto el Jefe del Estado afirmó que “le diría a esas otras sirenas que, de pronto, tienen razón, en que el plebiscito no era necesario, porque el Presidente de la República tiene las facultades legales para firmar la paz en eso estamos de acuerdo”.

Pero, nuevamente, recordó que él desde el primer momento del proceso de paz “le prometí al pueblo colombiano que sería el mismo pueblo colombiano el que tendría la última palabra sobre lo que acordáramos en La Habana”.

“Se los prometí, nunca he dejado de reafirmar esa promesa y por eso es que se aprobó en el Congreso de la Republica la posibilidad de convocar ese plebiscito una vez se firmen los acuerdos”, agregó.

Una vez más el Presidente explicó los inconvenientes que tendrían tanto la asamblea nacional constituyente como el referendo y subrayó que el mecanismo más práctico es el plebiscito para refrendar lo pactado.

En este orden de ideas, el Presidente se refirió a otras sirenas que hablan de que el país se le está entregando al comunismo y al castro-chavismo.

“Una de esas sirenas estuvo aquí, estuvo aquí hablándoles a ustedes, diciéndoles: ojo alcaldes, mucho cuidado con esa paz, esa paz los puede llevar a ustedes a un sitio peligroso, esa paz los puede desviar de su propósito fundamental, estarán entregándole el país al comunismo, al castro-chavismo. Mucho ojo con esos centros de concentración de la guerrilla, mucho cuidado alcaldes, porque a ustedes les van a quitar su derecho a gobernar sobre esos territorios y eso será peligroso”, señaló el Jefe del Estado.

A continuación, el Presidente Santos les pidió a los alcaldes y alcaldesas que “no escuchen a esas sirenas, no escuchen esas voces, aquí no habrá ningún despeje, aquí no habrá caguanitos, eso es mentira, nadie ha pensado en eso, nadie ha hablado de eso”.

Explicó que los centros de ubicación de la guerrilla “no serán localizados al lado de poblaciones, eso ya está establecido, no serán indefinidos –como aquí esta sirena les ha dicho- tienen unos límites de tiempo muy, muy definidos y tendrán el monitoreo de las Naciones Unidas, la máxima instancia para estos.

“Qué mejor garantía para ustedes, para los ciudadanos de sus municipios, para Colombia, que ese respaldo de la máxima instancia a nivel internacional”, concluyó el Presidente.

Por Luis Fernando García Forero.-Emilio García-Ruíz, responsable de la edición digital de The Washington Post, estuvo en el XVII Congreso de Periodismo Digital de Huesca, España,  con la conferencia: "El relato del triunfo de Jeff Bezos y The Washington Post", en donde desgranó las claves de la estrategia del diario para ganar cada vez más lectores en la red. Ecos le  hizo seguimiento al evento a través de la tecnología.

Por Luis Fernando García Forero. Foto Leonardo Vargas.- La aprobación de la reforma de la Ley de Orden Público, que faculta al jefe de estado a establecer las zonas de concentración, por un acuerdo interpartidario, que logró incluir a la bancada del Centro Democrático, no se puede estimar únicamente como uno de los pasos decisivos que definen la arquitectura jurídica del proceso de paz.

Eso significa también un paso en la consolidación de una sociedad realmente democrática, donde las fuerzas políticas que representan a los ciudadanos de Colombia, aun cuando abriguen diferencias ideológicas, paradigmáticas e intereses opuestos, pueden integrarse en pos del interés nacional. Así lo demostró el congreso de Colombia al aprobar esa propuesta gubernamental.

Sobre el consenso de los partidos de la llamada Unidad Nacional y el CD, se acordó que esas zonas de concentración "no se establezcan en áreas urbanas". Que dichos territorios deben ser prudentes y de tamaño reducido para facilitar el monitoreo y la verificación, no podrá haber cultivos ilícitos ni minería ilegal, tampoco establecer estas zonas en áreas fronterizas y adelantar un inventario de las armas dentro del proceso de dejación de las mismas, las cuales deben incluir el número de identificación serial.

En el acuerdo para facilitar la aprobación de la iniciativa, jugó un papel fundamental el Presidente del Senado, Luis Fernando Velasco  y participaron los senadores Horacio Serpa; del Partido Liberal; Roy Barreras del Partido de la U; Hernán Andrade del Partido Conservador; Jorge Prieto del Partido Alianza Verde; Carlos Fernando Mottoa de Cambio Radical; Paloma Valencia, Alfredo Rangel y Álvaro Uribe del Centro Democrático; entre otros, quienes acordaron que los insurgentes que ingresen a las zonas de concentración deberán estar plenamente identificados, incluso con registro dactilar y quienes carezcan de identificación, el Estado les expedirá el respectivo documento. 

Igualmente se acordó que el destino final de las armas será su destrucción al finalizar el proceso de paz, el monitoreo y verificación del proceso de dejación de  las mismas, el cese el fuego bilateral y definitivo, estará a cargo de organismos internacionales.

“Celebro la aprobación de Ley de Orden Público” sostuvo el Presidente de Colombia Juan Manuel Santos, tras destacar el apoyo de todos los partidos incluyendo al principal Opositor, el Centro Democrático. Dijo el jefe de Estado colombiano que la paz está más allá de las diferencias.

Por su parte el Ministro del Interior Juan Fernando Cristo fue contundente en señalar que “es un mensaje claro del Centro Democrático que el Gobierno reconoce que están dispuestos a avanzar en consensos mínimos  frente al proceso de paz y ojalá que sea un primer paso de muchos que demos en ese propósito más allá de las diferencias políticas y las coyunturas”.

Al término de la plenaria el senador Álvaro Uribe sostuvo que  el Centro Democrático decidió acompañar el proyecto al considerar que las zonas de ubicación ayudarán a acabar con las actividades delictivas de las Farc.

Por eso se define que el acuerdo logrado en el congreso, no puede estimarse como un consenso mínimo, como lo señala Cristo, sino como un monumental paso, para definir cuándo, dónde, cómo y por qué,  se debe concretar la situación de los actores de este longevo conflicto armado, en el marco de la legalidad y bajo las condiciones de la negociación.

El principal problema de los acuerdos de paz que se han firmado hasta hoy, incluso en las dos grandes guerras del siglo pasado, es la articulación del deber ser normativo y las acciones concretas, que traen consigo un proceso a futuro con los involucrados, sean éstos responsables, victimas, afectados o vinculados al conflicto.

El Proceso de Paz de Colombia, que pronto se firmará, será un hito en la resolución de conflictos a nivel mundial y un hecho histórico, que seguramente será estudiado y analizado por expertos e inspirará a otros pueblos que aspiren construir la paz en sus naciones.

 El Congreso de Colombia asumió su rol histórico, deliberó y aprobó la viabilidad de la paz.

En medio de las críticas del Centro Democrático y las reflexiones jurídicas del procurador Alejandro Ordoñez, el Congreso de la República entra en la recta final de la reforma a la ley  de orden público donde se le dan facultades al presidente Juan Manuel Santos, para establecer zonas de ubicación que permitirán a las Farc la entrega de armas y el levantamiento de ordenes de captura, en la etapa final del proceso entre ese grupo insurgente y el Gobierno.