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Redacción Ecos. Foto: ONU.- La Organización de las Naciones Unidas (ONU)  expresó  que estudia la propuesta del Gobierno de Colombia y las FARC- EP para que la designación de los jueces de la Jurisdicción Especial para la Paz la realicen, entre otros, el Secretario General Ban Ki-moon.

"Estamos estudiando la propuesta ahora mismo. El Secretario General, Ban Ki-moon, está comprometido a hacer todo lo posible para apoyar el proceso de paz", afirmó el portavoz de la ONU Farhan Haq en la rueda de prensa diaria, en la sede de Naciones Unidas.

El portavoz reiteró la voluntad de apoyo al proceso de la ONU y recordó que cuando se firme el acuerdo de paz se desplegará una misión de la organización.

El Gobierno y las FARC anunciaron un mecanismo independiente y transparente para designar a los jueces de la Jurisdicción Especial para la Paz, a través de un comité de selección.

Para garantizar la autonomía de esos jueces, los equipos negociadores pedirán a personalidades e instituciones como el Papa Francisco, la ONU o la Corte Suprema de Justicia de Colombia, que designen a una persona para conformar el comité de selección que, a su vez, elegirá a los magistrados.

También proponen para este proceso a la delegación en Colombia del Centro Internacional de Justicia Transicional y la Comisión Permanente del Sistema Universitario del Estado que, al igual que los anteriores, tendrán que aceptar esa solicitud.

Según el comunicado conjunto divulgado este viernes en La Habana, sede permanente de los Diálogos de Paz desde noviembre de 2012, los integrantes del comité que resulten seleccionarán a los magistrados "por una mayoría de 4/5, con un sistema de votación que promueva el consenso".

Según lo pactado en septiembre, los tribunales especiales para la paz juzgarán a los responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad, ya que los delitos políticos y conexos serán amnistiados.

Además, la Jurisdicción Especial para la Paz contempla rebaja de penas y una restricción efectiva de la libertad sin cárcel, para aquellos que reconozcan su responsabilidad en esos delitos, aporten verdad y contribuyan a la reparación de las víctimas.

Tras el acuerdo del pasado 23 de junio sobre la fórmula del alto el fuego bilateral y definitivo en Colombia, los negociadores del Gobierno y la guerrilla trabajan en La Habana para resolver temas pendientes antes de la firma del acuerdo definitivo de paz, cuya fecha aún no se ha anunciado.

Redacción Ecos. Foto: OEA.- Quince países de la Organización de Estados Americanos pidieron este jueves que no haya demora en el proceso del referendo revocatorio, que promueve la oposición venezolana contra el presidente del Gobierno, Nicolás Maduro.

"Llamamos a las autoridades de Venezuela a que garanticen el ejercicio de los derechos constitucionales del pueblo y que los pasos que restan para la realización del referendo revocatorio continúen de manera clara, concreta y sin demora", reza la declaración, anunciada por el Departamento de Estado de Estados Unidos este jueves en un comunicado. Los países que firman el texto son: Argentina, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Estados Unidos y Uruguay.

La Presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano, Tibisay Lucena, anunció el pasado martes que la recolección del 20 por ciento de los apoyos necesarios para la convocatoria del referendo se realizará a finales de octubre, lo que la oposición denuncia como un intento de bloquear la iniciativa. Lo que teme la oposición es que el Gobierno esté retrasando el proceso para que el referendo no se celebre antes del 10 de enero de 2017, cuando se inicia el cuarto año del mandato de Maduro, y, por tanto, no se convoquen nuevas elecciones sino que lo reemplace su vicepresidente en caso de que pierda la consulta.

"Tomamos nota del anuncio de Consejo Nacional Electoral de Venezuela sobre la verificación de las firmas necesarias para que el referendo revocatorio pase a la fase de petición", indica la declaración conjunta de la OEA en el párrafo previo a su reclamación de que no haya demora en el proceso. Los 15 países firmantes urgen, además, al Gobierno de Venezuela y a la oposición a que mantengan "lo antes posible un diálogo franco y efectivo, directamente o con el apoyo de mediadores" y a "mantener formas de expresión e influencia pacíficas y no violentas".

"Subrayamos nuestro apoyo para un diálogo oportuno, nacional, incluyente y efectivo que aborde las urgentes necesidades del pueblo de Venezuela, preserve la paz y la seguridad y asegure el respeto absoluto a los derechos humanos, el debido proceso, la separación de poderes y la consolidación de la democracia representativa", apunta también la declaración.

Este texto es el primer paso que dan los países de la OEA desde la reunión del Consejo Permanente del 23 de junio en la que el Secretario General, Luis Almagro, presentó su crítico informe sobre la situación política y social en Venezuela y con el que, según los responsables jurídicos de la organización, se abrió el proceso gradual de aplicación de la Carta Democrática.

La declaración llega en la víspera de la primera reunión de la oposición venezolana con Almagro desde el día 23 de junio, que tendrá el doble objetivo de denunciar el bloqueo del referendo revocatorio y de pedir un impulso al proceso de la Carta Democrática.

El presidente de la Comisión de Política Exterior del Parlamento venezolano, Luis Florido, anunció en su cuenta de la red social Twitter su llegada a Washington para reunirse mañana con Almagro, un encuentro del que por el momento se desconocen más datos.

El anuncio de la declaración se produjo en paralelo al desarrollo de un Consejo Permanente ordinario semanal de la OEA, por lo que Almagro y las delegaciones de los países miembros podrían pronunciarse sobre este asunto al término del mismo, en la última parte dedicada a "otros asuntos".

Redacción Ecos. Foto Ecos Media.-La falta de pedagogía y el desconocimiento de los acuerdos en el proceso de paz entre el Gobierno y las Farc  que se adelanta en La Habana,  dejó esta semana un escepticismo en el Congreso, por el desconocimiento y la falta de pedagogía del contenido de las negociaciones,  en un momento donde ya se está acercando la campaña para el plebiscito para la paz.

El presidente de la Comisión Primera del Senado, Carlos Fernando Galán, fue contundente en señalar que “veo falta de coherencia del Gobierno al promocionar los acuerdos por todo el territorio nacional” y se mostró preocupado porque altos funcionarios del ejecutivo no asisten a los debates sobre el proceso de paz en el legislativo, principalmente en la Comisión Primera, que será en primera instancia escenario para el trámite de leyes para el posconflicto.

Agregó que hay desconocimiento de los colombianos sobre los alcances de esas negociaciones por la falta de debate y socialización de los temas tanto en senado como en cámara, pues esta semana ningún delegado del gobierno respondió los cuestionarios ni asistió al debate citado en esta célula legislativa.

“Hay una gran conclusión y es que los colombianos no conocen lo que está ocurriendo y esa incertidumbre genera que muchos se vayan a apoyar el NO al plebiscito, así que estos escenarios deben ser aprovechados por el Gobierno, deben aprovecharse por quienes apoyamos el plebiscito y lamentamos que no tenga esa importancia o esa articulación con el Gobierno Nacional”, concluyó.

Redacción Ecos. Foto radionacional.com.pe.- El senado de Brasil aprobó por 59 votos a favor y 21 en contra un informe que pide continuar el juicio político contra la presidenta suspendida, Dilma Rousseff, quien de esa manera queda a solamente un paso de su destitución.

Acusa a la Presidenta de graves irregularidades fiscales a los que calificó de "atentado contra la Constitución", decisión que  llevará a una nueva y última sesión del pleno del Senado, que deberá celebrarse a fines de este mismo mes.

Como está el proceso, en esa sesión,  que será convocada por la Corte Suprema, Rousseff será despojada de su mandato si así lo decide una mayoría calificada de 54 votos entre 81 posibles, lo que supone las dos terceras partes del pleno del Senado.

Si prospera en definitiva dicha destitución, cuyo mandato le confirió el pueblo hasta el 1 de enero de 2019, la remplazará  Michel Temer, quien como vicepresidente sustituye a Rousseff desde el pasado 12 de mayo, cuando fue suspendida de sus funciones para responder al proceso.

Hubo muchas disertaciones antes del debate en el senado.  Uno de los más encendidos discursos lo pronunció el senador Lindbergh Farias, del Partido de los Trabajadores (PT), quien denunció el proceso como "un golpe, una farsa, y un fraude" a la Constitución, que atribuyó a la "elite económica" del país.

"Si quieren lucha de clases, estamos preparados para combatir en el Parlamento y en las calles de este país", aseveró Farias quien apeló ante el presidente de la Corte Suprema a fin de que "suspenda" el trámite, al menos hasta que se aclare una sospecha de corrupción que la revista Veja vertió el pasado fin de semana contra Temer.

Según Veja, el empresario Marcelo Odebrecht, condenado a 19 años de prisión en primera instancia por las corruptelas en la petrolera estatal Petrobras, pactó un acuerdo de cooperación judicial con miras a una reducción de pena y acusó a Temer de haber recibido dinero "en negro".

Se ha señalado que Odebrecht confesó que en 2014 se reunió con Temer y pactó una "donación" para campañas electorales de diez millones de reales (3,1 millones de dólares), destacó la revista Veja al resaltar que ese dinero  tenía origen en la red de corrupción que operó en Petrobras y Temer supuestamente estuvo al tanto de eso, lo que no le impidió aceptar la "donación".

La petición de apelación fue negada con el argumento que  las sospechas contra Temer "son ajenas" a lo que el Senado discute y no pueden "confundirse" con el juicio al que responde la mandataria.

SIG.-El Presidente de la República, Juan Manuel Santos, aseguró este martes que los habitantes de las llamadas Zonas Veredales Transitorias (ZVT) no serán afectados por las mismas y explicó que las Fuerzas Armadas garantizarán la seguridad en esos territorios de la geografía nacional.

En diálogo con el programa ‘En Línea con el Presidente’ que enlazó a cerca de 300 emisoras –incluidas 100 comunitarias, 110 de la Policía Nacional y del Ejército y la red de la Radio Nacional de Colombia–, el Jefe del Estado resaltó la trascendencia de que las Farc hayan aceptado que sea la Fuerza Pública quien esté a cargo de la seguridad en las citadas zonas.

“Las comunidades de ninguna forma van a ser afectadas, no hay ningún motivo de preocupación”, aseveró el Mandatario. 

 “En ninguna forma se va a afectar a la población civil, todo lo contrario, aquí hay todo tipo de salvaguardas, aquí no va a haber ningún tipo de problema para la población”, insistió.

Subrayó que en las Zonas Veredales es donde se ha concentrado el conflicto a lo largo de los años y explicó que éstas serán transitorias puesto que tendrán una duración de seis meses.

“Ningún poblador de esas zonas tiene por qué tener ningún tipo de preocupación”, reiteró.

Recordó que el último viernes se hicieron públicos los protocolos que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y los negociadores de paz han trabajado durante los últimos años para que ningún detalle quede al azar “y que todo el mundo tenga absoluta tranquilidad y absoluta claridad sobre lo que allí va a suceder”.

“Son seis meses de transición y después de seis meses estas zonas dejan de existir”, recalcó en diálogo con emisoras comunitarias de los departamentos de Tolima, Cauca, Antioquia, Córdoba, La Guajira, Cesar, Norte de Santander, Arauca, Guainía, Meta, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Nariño y Chocó.

Fuerzas Armadas brindarán seguridad en ZVT

El Presidente Juan Manuel Santos puso de relieve la importancia de que sean las Fuerzas Armadas quienes garanticen la seguridad en las Zonas Veredales Transitorias.

“Las Fuerzas Armadas de Colombia serán las responsables de la seguridad en esta transición. Eso es un paso importantísimo que las propias Farc hayan reconocido que nuestras fuerzas serán las encargadas de darles seguridad, inclusive a ellos”, destacó.

Al ser consultado al respecto, el Presidente de la República reveló que las Fuerzas Armadas han diseñado un plan para evitar que las zonas que tradicionalmente tenían presencia de las Farc sean ahora ocupadas por otros grupos armados ilegales.

“El Gobierno Nacional, sus Fuerzas Militares, su Policía, también vienen diseñando todo un sistema y una política para no permitir (…) que al dejar vacías ciertas zonas donde han hecho presencia las Farc lleguen otros grupos armados”, sostuvo.

Explicó que por ello, desde el principio del proceso de paz el Gobierno Nacional se negó a discutir con la contraparte el futuro de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.

“Por eso desde un principio nosotros pusimos como una línea roja que no vamos a discutir el futuro de nuestras Fuerzas Armadas, que no vamos a disminuir ni a debilitar, sino todo lo contrario, a fortalecer a nuestras Fuerzas Armadas, para que puedan cumplir con ese deber de estar en todo el territorio nacional”, subrayó.

Finalmente resaltó que no solo la Fuerza Pública llegará a esas zonas remotas del país, sino que todo el Estado hará presencia allí para mejorar las condiciones de sus habitantes.

“Allá llegará el Banco Agrario, llegarán las diferentes instituciones que están encargadas del desarrollo rural, llegará el Estado, que ha estado ausente durante tantos, tantos años por causa del conflicto”, puntualizó el Jefe del Estado.

Por redacción Ecos. Foto Mininterior.-Así lo afirmó el ministro del interior Juan Fernando cristo desde Mapiripán señalando que  es una iniciativa “que estamos sembrando en los municipios de Colombia para que florezca  en el tránsito hacia el posconflicto".

Desde esa región del país y con la presencia del Presidente Juan Manuel Santos el ministro de la cartera Política Juan Fernando Cristo fue enfático en resaltar que “estamos recorriendo los territorios porque es aquí en las regiones donde se construye la paz".

Desde Mapiripán(Meta), municipio que será zona veredal para el desarme de las Farc, el programa "Paz en Acción", es una estrategia de intervención estatal que tiene por objeto una presencia institucional efectiva en las regiones afectadas por el conflicto armado, a través de programas de convivencia, seguridad, derechos humanos, participación y democracia.

"Estamos trabajando con los gobernadores y alcaldes del País, porque la paz se construye en las regiones. Es en ellas donde se sentirán los efectos de la paz con más empleo, más producción y mejor calidad de vida para todos los colombianos" aseguró el ministro Cristo.

En el evento, al que asistieron el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas y el director de la Unidad de Victimas Alan Jara, Mónica Espinosa una habitante que ha sufrido los rigores de la violencia, invitó a quienes no están de acuerdo con el Gobierno Santos a dejar el egoísmo y darle una oportunidad a la paz.

"Es fácil para la gente de la ciudad, los que han ido a colegios y universidades, decir no a la paz sin pensar en los demás. Denle una oportunidad a nuestros hijos y nietos de vivir en un país mejor, en paz, voten si a la paz" expresó Mónica.

Durante las últimas semanas, funcionarios del Ministerio se reunieron con las autoridades locales del municipio, así como con los habitantes y líderes sociales, para que sea la comunidad la que decida qué programas serán implementados por el Gobierno Nacional.

Dentro de las acciones que se realizarán en Mapiripán las más destacadas son la construcción con recursos, en su mayoría del ministerio del Interior, de un Centro de Integración Ciudadana en el casco urbano del municipio y de un Centro de Atención para las Víctimas que se tendrá listo a final de año, así como capacitaciones a funcionarios y comunidad.

El cumplimiento de las acciones de paz que se lleven a cabo en Mapiripán será vigilado y revisado por comités veedores conformados por la propia ciudadanía, para garantizar su transparencia. Esta estrategia también se aplica en 39 de los municipios priorizados por el Ministerio para este programa, que, en una tercera fase, se aplicaría a todo el territorio.

Por redacción Ecos. Foto extranoticias.com.-La Costa Atlántica durante estos días vive una situación que tiene a todos sus habitantes en expectativa  y preocupados por lo que pueda pasar con el suministro de energía eléctrica.

Se critica la ineficiencia  e irregularidades de Electricaribe, pero también al Gobierno por no exigir y no se quedan atrás los organismos de control, pues es un tema complejo que de no solucionarse, puede ocasionar un daño grave que conlleva a un apagón en esa importante región del país.

Por eso dialogamos con el senador costeño Álvaro Asthon, quien ha participado en los debates de control político sobre el tema, donde a nombre del Partido Liberal ha puesto sobre el tapete irregularidades del  sector energético en algunas empresas prestadoras de ese servicio.

ECOS: ¿Electricaribe  tiene en jaque a los habitantes de la costa por el servicio de energía?

AA: En la costa caribe hay un problema de dificultad en la distribución de energía por parte del operador que genera consecuencias de subida y bajadas de voltajes, suspensiones del servicio  en algunas zonas. No está la infraestructura de distribución suficientemente soportada, no hay la cobertura completa y eso está generando circunstancias muy complejas para  la operación del servicio. Hay un gran descontento.

ECOS: ¿El Gobierno nacional ha sido diligente parea solucionar este problema?

AA: El Ministerio de Minas no ha podido implementar acciones que permitan adoptar un plan y seguimiento a ese plan que garantice unas  inversiones permanentes, un saneamiento también a las obligaciones que corresponden a aquellos sectores vulnerables de la costa caribe que no alcanzan a tener la capacidad económica suficiente  para pagar la facturación y eso genera implicaciones de orden técnico y financiero que impiden que el operador cumpla adecuadamente con su prestación del servicio. Es un tema muy complejo.

ECOS: ¿Considera que no hay mantenimiento de las redes, no se han establecido medidas preventivas para prestar un mejor servicio?

AA: No hay planeación y eso no ha permitido un mantenimiento sistemático y permanente, eso es una situación evidente. Tampoco ha habido una estrategia por parte del gobierno nacional para implementar un acuerdo entre el inversionista  operador y la nación que permita que en última instancia se preserve la responsabilidad de prestar el servicio.

ECOS: Los gobernadores han pedido la intervención de esa empresa, estos problemas podrían llevar a una grave situación de incalculables perdidas económicas?

AA: No quiero ser alarmista, es un tema que hay que evaluar, creo que el Gobierno nacional  a través del Ministerio de Minas y Energía y la Superintendencia de Servicios Públicos de manera deben evaluar urgente en forma serena, objetiva todos estos aspectos con el objeto de tomar decisiones que nos permitan una  solución integral y no parcial del problema.

ECOS: ¿El problema de fondo cuál es?

AA: La falta de recursos por parte de inversionistas para desarrollar inversiones constantes que garanticen la calidad y cobertura de este servicio, así como también la falta de control  y planeamiento por parte del Gobierno Nacional en el seguimiento de cada una de las normas para que se cumplan y Electricaribe como operador del servicio, cumpla con los mandatos establecidos en la legislación colombiana.

ECOS: El tema de las plantas térmicas. Si ha sido efectivo el cargo por confiabilidad para que de alguna manera entren a suplantar energía si llega a fallar la generación hidroeléctrica?

AA: Ese cargo por confiabilidad se le ha pagado a los generadores, eso es un estambay que se ha venido  cumpliendo, la idea es que en épocas de dificultad la generación sea suficiente, sin embargo esa inversión no refleja el mejoramiento de la cobertura y calidad del servicio. La Contraloría ha venido haciendo señalamientos en relación con la utilización indebida de los recursos del cargo por confiabilidad, de tal manera que nosotros tenemos esa preocupación, esperamos que la situación se solucione  con el compromiso del gobierno y del operador  para que se evite al máximo la suspensión del servicio.

ECOS: ¿Esta situación es un campanazo de alerta para que el Gobierno fije pautas y actúe?

AA: Con este problema no hay duda que en la costa estamos en alerta amarilla, en intermitente. De tal manera  que el Gobierno tiene que actuar  con seriedad y responsabilidad, para evitar un apagón.

Por redacción Ecos. Foto SIG.-‘Estado y sectores productivos se deben unir para nivelar la calidad de vida del campo con el de las ciudades’: Rafael Pardo.

La adopción de una política de impuestos por obras para la rehabilitación o construcción de vías terciarias, la creación de incentivos para que empresarios pueden garantizar la comercialización de sus productos y la estimulación al empresario, mediante beneficios fiscales para generar empleo en nuevas zonas, son algunas de las medidas anunciadas por el alto consejero para el posconflicto Rafael Pardo.

Se trata de darle la cara al posconflicto, pues el Gobierno Nacional ya tiene listo un primer paquete de estrategias con las que busca promover el desarrollo económico, y la generación oportunidades de empleo y emprendimiento en las regiones más apartadas de Colombia, principalmente aquellos territorios donde hubo ausencia del Estado.

Son medidas para contribuir a la descentralización económica del país, lo que permite aumentar las posibilidades de crecimiento en zonas en las que históricamente el Estado ha sido el mayor empleador; y rehabilitar regiones en niveles socio económico y de infraestructura.

El anuncio lo dio a conocer Pardo en un encuentro con periodistas económicos convocado por la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, donde aseguró que si bien el Gobierno decidió apostarle a la búsqueda de la paz, los sectores productivos en Colombia deben mirar hacia aquellas zonas en las que el Estado no ha tenido presencia de manera contundente.

"Colombia tiene que nivelar la calidad vida del campo con el de las ciudades. Eso lo puede hacer el Estado en unos plazos determinados, sin embargo, consideramos que una presencia decidida del sector privado en las regiones, con el apoyo del Gobierno, en la entrega de incentivos permitirían disminuir esta brecha social y de infraestructura”, aseveró Pardo en el encuentro con comunicadores económicos.

Vías terciarias

Busca estimular la creación y/o anclaje de empresas generadoras de empleo formal e integración de la cadena productiva incluyente de acuerdo con las vocaciones productivas regionales y las competencias de la población, así como promover el desarrollo de proyectos sociales y de infraestructura. Esto incluye la adopción de una política de impuestos por obras para la rehabilitación o construcción de vías terciarias donde la empresa recibe exenciones fiscales.

Comercialización

Se constituye una estrategia que pretende generar incentivos para que los productores puedan estar seguros de la comercialización de los productos. Para ello, se va trabajar de la mano de otras entidades del Gobierno Nacional como Colombia Compra Eficiente con el fin de abrir licitaciones especiales para aquellos insumos y/o productos generados en zonas de conflicto. Asimismo, se pondrá en marcha una política de estímulos bancarios y acceso al crédito para pequeños comerciantes.

Inversión empresarial

Esta política quiere fomentar la relocalización de empresas en zonas donde históricamente el Estado no ha tenido presencia. La mayoría de las empresas actualmente cuentan con centros de producción y logística en las grandes capitales. Esta política estimula al empresario mediante beneficios fiscales para generar empleo en nuevas zonas como: Quibdó, Buenaventura o Sincelejo, por ejemplo.

Redacción Ecos. Foto elperiodico.com.co.- Las delegaciones del Gobierno nacional y las Farc dieron a conocer el acuerdo de los protocolos para el Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo, Dejación de las Armas que contempla el monitoreo y verificación; reglas del cese el fuego bilateral; funcionamiento de las 23 zonas veredales; seguridad, logística y dejación de armas, para ir en la recta final a la firma del fin del conflicto.

Los delegados de los países garantes Rodolfo Benítez (Cuba) y Dag Nylander (Noruega), entregaron los detalles del nuevo documento acordado que facilitará el desarrollo de las zonas veredales transitorias de normalización así como las normas y reglas que se establecen para estos lugares en donde se concentrarán las Farc.

En el documento se ratificó que a los 8 días de la firma del acuerdo final las Farc entregarán toda la información sobre la cantidad de sus integrantes. Dos días después los guerrilleros entregarán las coordenadas de los lugares en donde guardan los explosivos y todo tipo de armamento que será destruido. A los 180 días termina el cese el fuego terminarán las zonas y las Farc entregarán la totalidad de las armas a la comisión de Naciones Unidas.

Uno de los aspectos más importantes es la garantía que existe para la normalidad de las zonas y la seguridad para los habitantes de las áreas en donde estarán las zonas.Las delegaciones reiteraron que el Mecanismo técnico y tripartito de Monitoreo y Verificación estará integrado por el Gobierno, las Farc y un componente internacional con observadores no armados de la ONU.

“La ONU hará todo lo posible para cumplir con su mandanto y generar confianza en la implementación del cese el fuego y de hostilidades y que trabajará con profesionalismo e imparcialidad, afirmó general Javier Pérez, coordinador de la misión de verificación de Naciones Unidas, quien destacó la importancia de los acuerdos presentados en Cuba resaltando que con el documento se establecen claramente los mecanismos para el desarrollo del proceso del cese el fuego y de hostilidades.

Pérez destacó que se “contienen reglas precisas elaboradas de común acuerdo y que definen claramente como cesarán las hostilidades entre partes, pero también establecen reglas que protegen la vida, la integridad personal, los derechos y la libertades de la población civil” y dijo que los veedores también tendrán diferentes herramientas para monitorear el desarrollo de las zonas de normalización.

Señaló que para ayudar a garantizar el cumplimiento de estas reglas, los protocolos definen los procedimientos que utilizará el mecanismo tripartito de monitoreo y verificación para supervisar el cese el fuego y de hostilidades incluyendo la metodología de observación, el código de conducta de sus integrantes y el papel de coordinación que corresponde a Naciones Unidas“.

Mecanismo de verificación y monitoreo

El Mecanismo técnico y tripartito de Monitoreo y Verificación (MMV) estará integrado por representantes del Gobierno Nacional, de las Farc y un componente internacional consistente en una misión política con observadores no armados de la ONU, integrada principalmente por observadores de países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Se determina en detalle el ámbito de actuación y el alcance del Mecanismo de Monitoreo y Verificación y se fijan criterios de transparencia, credibilidad y confianza en la ejecución del Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas, que a su vez permitan garantizar el cumplimiento de los acuerdos.

El Mecanismo tendrá presencia en las áreas donde estarán ubicadas las 23 Zonas Veredales Transitorias de Normalización y los 8 Puntos Transitorios de Normalización las 24 horas del día, los siete días de la semana, para monitorear el avance del Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas, en particular, el cumplimiento de las reglas acordadas para tal fin.

En caso de que se presenten incidentes que comprometan el cumplimiento del Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo, el grupo de monitoreo que se encuentre en la zona recogerá la información y la enviará a la instancia regional o nacional según el caso, para que se haga la evaluación de los hechos. El componente internacional – Naciones Unidas-, con imparcialidad y transparencia, será el encargado de hacer la evaluación final de lo ocurrido y de presentar los informes correspondientes de verificación. La ONU en su reporte podrá dar recomendaciones y contribuir a que se diriman controversias.

El mecanismo en las zonas tendrá contacto directo con las comunidades, organizaciones sociales, políticas y con la institucionalidad del Estado a nivel local, regional y nacional, las cuales podrán contribuir en la labor del Mecanismo aportando información, ayudando en la difusión de sus informes a la opinión pública y presentando propuestas y sugerencias.

Garantías 

Se definieron 36 compromisos respecto a conductas y normas que garantizan la no violación de los acuerdos, ni la afectación de la población civil en sus derechos y libertades.

Este protocolo establece los criterios para la adecuación de los dispositivos en el terreno de la Fuerza Pública y el funcionamiento de las 23 Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y de los 8 Puntos Transitorios de Normalización (PTN) durante el cese al fuego y la dejación de las armas.

Se fijan las rutas, los criterios y responsabilidades que permiten garantizar el desplazamiento de las FARC- EP a las zonas y los puntos, con las debidas garantías de seguridad para evitar incidentes.

Las Zonas Veredales Transitorias de Normalización tendrán como objetivo: crear las condiciones para el inicio de la implementación del Acuerdo Final y la Dejación de las Armas y preparar la institucionalidad y al país para la Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil.

El Gobierno Nacional y las FARC-EP se comprometen a que la implementación de este acuerdo se realice sin ninguna limitación en el normal funcionamiento de las autoridades civiles no armadas, en el desenvolvimiento de la actividad económica, política y social de las regiones, en la vida de las comunidades, en el ejercicio de sus derechos; así como en los de las organizaciones comunales, sociales y políticas que tengan presencia en los territorios.

Seguridad

Contiene las medidas para garantizar la seguridad y la protección de:

* Personas (Mecanismo de Monitoreo y Verificación, población civil, funcionarios del Estado, integrantes de las FARC-EP)

* Las rutas de desplazamiento

* Dispositivos en el terreno y zonas

* Manipulación, almacenamiento, transporte y control de armamento, municiones y explosivos

Dentro de las zonas, se garantiza la plena vigencia del Estado Social de Derecho para lo cual se mantiene el funcionamiento de las autoridades civiles sin limitaciones. Las autoridades civiles (no armadas) que tienen presencia en las zonas permanecen y continúan ejerciendo sus funciones en las mismas. Las autoridades civiles (no armadas) podrán ingresar permanentemente a las zonas veredales sin ninguna limitación excepto al área de los campamentos donde estarán ubicadas las estructuras de las FARC-EP.

Las Zonas Veredales Transitorias de Normalización y los Puntos Transitorios de Normalización contarán con un área de recepción para atender a las personas que lleguen a las mismas.

En caso de presentarse dentro de la zona algún hecho o circunstancia que requiera presencia de la Policía Nacional o cualquier otra autoridad armada del Estado, se hace informando al Mecanismo de Monitoreo y Verificación para que coordine su ingreso.

Durante la vigencia del Acuerdo sobre Cese al Fuego y Dejación de Armas; las FARC-EP designarán un grupo de 60 de sus integrantes (hombres y mujeres) que podrán movilizarse a nivel nacional en cumplimiento de tareas relacionadas con el Acuerdo de Paz. Así mismo, por cada zona, las FARC-EP, designará un grupo de 10 de sus integrantes que podrán movilizarse a nivel municipal y departamental en cumplimiento de tareas relacionadas con el Acuerdo de Paz.

Para estos desplazamientos estos delegados de las FARC-EP contarán con las medidas de seguridad necesarias, anunciadas en el Acuerdo de Garantías de Seguridad el pasado 23 de junio.Este protocolo contiene los procedimientos establecidos de manera conjunta entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP para garantizar la logística de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización, de los Puntos Transitorios de Normalización y el Mecanismo de Monitoreo y Verificación (nacional, regional y local) durante el Cese al Fuego y la Dejación de Armas.

Dejación de armas

El protocolo de dejación de armas define y concreta el procedimiento técnico que permite realizar el control del armamento de las FARC-EP durante el Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas y establece los criterios y plazos para la dejación definitiva de las armas asignando tareas específicas al componente internacional del Mecanismo de Monitoreo y Verificación. La dejación de las armas consiste en un procedimiento técnico, trazable y verificable, mediante el cual la ONU recibe la totalidad del armamento de las FARC-EP para destinarlo a la construcción de tres monumentos, acordados entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP.

La recolección y almacenamiento en contenedores del armamento individual que permanece en poder de los (as) integrantes de las FARC-EP, dentro de los campamentos en las zonas se hace de manera secuencial y en tres fases así: 1 Fase: D+90, el 30%; 2 Fase: D+120, el 30%; y 3 Fase: D+150, el 40% restante, según la hoja de ruta (cronograma de eventos) acordada por el Gobierno Nacional y las FARC-EP que guía el proceso del Fin del Conflicto, luego de la firma del Acuerdo Final.

A partir de la próxima semana, delegados y delegadas del Gobierno Nacional, las FARC-EP y las Naciones Unidas, con el acompañamiento de representantes de los países garantes Cuba y Noruega y del CICR, iniciaremos una visita de reconocimiento de carácter técnico con el objetivo de ubicar y delimitar las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), Puntos Transitorios de Normalización (PTN) y sus respectivas Zonas de Seguridad (ZS), para que sea definidas posteriormente por la Mesa de Conversaciones.

 En todo caso las autoridades continuarán garantizando la plena vigencia del Estado Social de Derecho y las condiciones de seguridad en todo el territorio nacional.

Por William Acero Arango. Foto Colprensa.-  El Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, sabe que su responsabilidad para sacar adelante la ciudad, no es de poca monta.

Por estos días donde se vive y se siente la Feria de las Flores, no todo es color de rosa. Sabe que son muchos los problemas que tiene que estar resolviendo, principalmente el de la convivencia ciudadana. Medellín sigue siendo víctima de la inseguridad. La lucha contra atracos, pandillas, bandas criminales, entre otros fenómenos,  aún le dan vueltas a la administración municipal.

Para eso lo eligieron y no será inferior a su electorado y a los habitantes de una ciudad que tiene no solo renombre mundial por su empuje y proyección, sino que el amor por su Medellín y los valores encarnados por la educación que le dieron sus padres, son directamente proporcional al logro para que sea, en verdad, la eterna y permanente primavera: ese es su reto y la tiene clara para alcanzarlo.

No sólo está cumpliendo con su sueño de una ciudad segura, sino que cree que el verdadero camino no es solamente la represión, sino soluciones sociales para así brindar  oportunidades a la población de una ciudad de todos y para todos, donde lo primero es la gente.

ECOS: ¿Complejo el tema de la criminalidad e inseguridad, donde no se escapa Medellín?

FG: Este es un tema donde nosotros como alcaldes tenemos unas responsabilidades y, en el caso propio, las estoy asumiendo. El orden nacional tiene que entender que esta es una problemática seria y que lo único no es solo la discusión en La Habana sobre el proceso de paz.

ECOS: ¿El gobierno nacional ha descuidado el tema de la lucha contra la inseguridad en las grandes ciudades con los alcaldes y gobernadores por dedicarle más tiempo al proceso de paz en La Habana?

FG: No quiero ser injusto, pero si diría que sí se necesita intensificar más la lucha contra las estructuras criminales, ponerle más cuidado a lo que está pasando en las ciudades.

ECOS: ¿Cuál sería el mecanismo para que de algún modo el gobierno nacional asuma verdaderamente una estrategia de Estado que ayude a la administración y a sacar  la ciudad adelante?

FG: Ya lo hemos discutido con el Presidente Santos, tengo que reconocerle que ha estado pendiente, hemos hecho consejos de seguridad y está enterado de la situación. Nos hemos reunido con los alcaldes de ciudades capitales y le hemos expuesto la gravedad del tema.

ECOS: ¿Entonces que se necesita?

FG: Jueces de extinción de dominio, más  policía judicial, recursos para inversión social, una política de seguridad integral. Son muchas cosas al mismo tiempo, pero son temas por supuesto que son también de liderazgo y que implican que nosotros asumamos responsabilidades. ¿Qué hago como alcalde? Tengo unas funciones y debo asumir esa responsabilidad.

ECOS: ¿Cree que falta más atención del gobierno nacional, en las ciudades capitales de alguna manera se está disparando la delincuencia?

FG: Siento que es una realidad. Definitivamente hay problemas de seguridad que no se pueden ocultar, no la vamos a cambiar ocultando realidades. No vine aquí a mostrar solo cifras que convengan políticamente, estoy trabajando y mostrando lo que pasa, esa es la realidad. Cada que pasa algo en la ciudad yo mismo soy el que salgo y voy al barrio y doy las instrucciones.

ECOS: ¿Busca también soluciones directamente con la comunidad?

FG: Pongo un ejemplo, tuvimos una situación delicada en el Corregimiento Santa Fé, fui y di las instrucciones para que esos tres combos delincuenciales que operan en el sector,  sean desarticulados. Mostré quiénes son, el cabecilla, quiénes le siguen. Hay que desarticularlos y no podemos seguir hablando de manera etérea de estructuras criminales, bandidos, no, hay que decir quiénes son, dónde están, con nombres e ir detrás de ellos.

ECOS: ¿El tema no sólo es la represión, perseguirlos, sino también buscar soluciones sociales?

FG: Insisto, al tiempo que el Estado llega con fuerza a proteger al ciudadano, también debe llegar con oferta social. Si nosotros solo hacemos la represión y no llevamos inversión social no estamos haciendo nada. O si usted solo llega con inversión social pero deja que las estructuras criminales que dominan sectores sigan creciendo, pues no está haciendo nada. Hay que llegar con las dos al mismo tiempo.

ECOS: ¿Cómo debe ser una verdadera política de seguridad social?

FG: Es entender que hay que desideologizar la seguridad. La seguridad no es de izquierda ni de derecha. La seguridad es un deber ciudadano y hay que garantizarla, por eso las acciones deben ser conjuntas.

ECOS: Respecto al tema de las Farc. ¿Cuántos desmovilizados urbanos, porque ya han anunciado los distintos jefes de esa guerrilla que pueden llegar a 25 y 30 mil los que se van a desmovilizar, 8000 en armas y el resto urbanos?. ¿Cuántos podrán tener?

FG: Eso hace parte de la agenda de trabajo que tenemos justamente con el Gobierno Nacional, con la oficina de reintegración. Nosotros nos estamos preparando, es de acuerdo a lo que ha vivido la ciudad. A esa experiencia que tienen procesos de reintegración, es cómo vamos a asumir este modelo con toda la seriedad.

ECOS: ¿Sin duda alguna no para en seguir combatiendo el tema de la delincuencia en la ciudad de Medellín?

FG: Eso está totalmente claro. Fue el camino que elegimos con las consecuencias que tiene. El tema es que usted coge y sacude el palo y lo que esté flojo que se caiga, genera consecuencias dentro de la ciudad. Entonces por supuesto que es mejor hacer eso que someter a la ciudad al yugo de los criminales. No lo dude, hay que seguir, no podemos parar,  no es tarea de veinticuatro horas, es de todos los días, permanentemente, pero fundamentalmente tener la estrategia clara.

ECOS: ¿Los mandatarios locales y departamentales, de algún modo, van a tener que ayudar a trabajar en el tema del postconflicto?

FG: Acá hay un tema muy claro, hoy usted ve un gran porcentaje a favor de Sí y ve otro porcentaje grande a favor del No. Lo que digo: si hoy ni siquiera están del todo definidos cuáles son los acuerdos a los que han llegado, uno cómo puede decir sí o no. La responsabilidad de nosotros cuál tiene que ser: pedagogía, en qué sentido, que es lo mínimo que uno puede pedirle a la ciudadanía, que antes de votar se lea los acuerdos, que lea y que voten a conciencia.

ECOS: ¿Entonces usted define su voto después de leer lo que se acordó?

FG: Eso es lógico. Es lo que debe hacer cada colombiano. Hay que leer y hay que estudiar los acuerdos, lo que quiero es que cada colombiano, cada persona de Medellín, lea los acuerdos y después con su criterio y con toda decisión, salga y vote por el sí o por el no, pero que lo haga a conciencia.

ECOS: ¿Alcalde, muy amenazado, cómo está su seguridad porque sabemos que están enfrentando ustedes a gente que tiene mucha plata, narcotráfico, delincuencia,  secuestros,  muy complicada la seguridad, cómo ve el tema suyo?

FG: Sigo pa lante. Tengo claro para dónde vamos,  no hay que ceder a las amenazas, ni a chantajes ni a presiones. En Medellín tomamos esa decisión y no vamos a parar ni un solo día. En más de seis meses de gobierno no he parado y por supuesto que esa lucha contra esta criminalidad hay que seguirla, por eso asumí ese liderazgo y no lo vamos a soltar.