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Redacción Ecos. Foto: Ecos Media.-  Una histórica plenaria del Senado de Colombia suspendió este miércoles del cargo al Magistrado  de la Corte Constitucional, Jorge Ignacio Pretelt, por el delito de concusión, al haber pedido $500 millones a la liquidada compañía Fidupetrol, en el trámite de una tutela ante el alto tribunal constitucional.

El Magistrado Pretelt se convirtió en el primer aforado de la Rama Jurisdiccional, en ser suspendido de su cargo.

También, por primera vez en la historia reciente de Colombia, por lo menos desde que se sancionó la Constitución del 91, los senadores colombianos se ataviaron de jueces y determinaron con su voto que el Magistrado Pretelt debe ser juzgado.

Luego de dos días de discusiones, donde también se permitió intervenir al mismo Magistrado Pretelt, quien se presentó con una voluminosa carpeta y se declaró perseguido e inocente, se votó y se procedió a decidir sobre el caso.

En medio de la votación se perdió el listado y el Secretario solicitó otro. La votación final fue de 55 a favor y 5 en contra de la suspensión del cargo.

La decisión implica que es la segunda vez que se levanta el fuero a un alto dignatario, para que sea llevado ante una instancia judicial, porque en tantos años de vida republicana solo ha sido acusado formalmente un Alto Funcionario: el General y Ex Presidente de la República Gustavo Rojas Pinilla en 1959, aunque después fue absuelto.

Este caso surgió de una denuncia interpuesta por su colega en el alto tribunal, el Ex Magistrado de la Corte Constitucional, Mauricio González Cuervo. El pleito comprometía a la firma Fidupetrol, condenada patrimonialmente por la Corte Suprema de Justicia a pagar $22.500 millones. El Magistrado González presentó denuncia ante la Comisión de Acusación y se formó el escándalo.

Pretelt quedó en manos de la Corte Suprema para el juicio penal por concusión, por el delito que cometió, en ejercicio de sus funciones como Magistrado de la Corte Constitucional.

De la sesión plenaria se retiró el Centro Democrático en medio de reclamos, por la falta de garantías y presuntas violaciones al debido proceso. Al respecto, la senadora Paloma Valencia radicó una constancia a nombre del Uribismo dejando claro el malestar del partido por el procedimiento adelantando, pero aclarando que no son defensores del Magistrado Pretelt.

Por Robert Schwartz. Foto: DPA.- El 23 de agosto es el Día europeo de las víctimas de regímenes totalitarios del siglo XX. El objetivo es recordar a millones de personas que fueron deportadas, torturadas y asesinadas.

El examen de la historia más reciente y, sobre todo, de los crímenes cometidos por los diferentes regímenes, ha discurrido de diferentes maneras en los antiguos países socialistas. Tras la caída del Muro de Berlín en 1989 y el colapso subsiguiente de los regímenes comunistas del este europeo, el acceso a los archivos de la policía secreta se permitió solo de manera gradual y con demoras. Toneladas de actas fueron destruidas para eliminar las huellas de los crímenes.

Al contrario que en la antigua RDA, donde una valiente sociedad civil tomó el control de los archivos de la Stasi con el cambio de régimen, los servicios secretos de los países que conformaban el bloque del Este tuvieron tiempo para borrar el rastro de su actividad criminal destruyendo actas para eludir la responsabilidad.

Justicia tardía

El caso del disidente rumano Gheorge Ursu es sintomático al respecto. Más de 30 años después de morir torturado en una prisión comunista, acaba de ser denunciado el entonces jefe de la temida Securitate, Tudor Postelnicu, que actualmente tiene 84 años. Se acusa a Postelnicu de “crímenes contra la humanidad”. Otro de los denunciados es George Homostean, antiguo ministro del Interior, que ahora tiene 92 años. Al parecer, ambos ordenaron en 1985 la detención del ingeniero y poeta Gheorghe Ursu y encubrieron las circunstancias de su muerte.

Ursu dirigía un diario crítico con la política del régimen de Ceacescu y fue traicionado por informantes. Pocas semanas después de ser encarcelado, murió en prisión debido a la tortura sistemática a la que fue sometido. Otras dos personas que también fueron recientemente denunciadas son exoficiales de la Securitate que presuntamente tomaron parte en las torturas. Ya en 2003, dos carceleros de Ursu fueron condenados a 20 años de prisión. Después de esa sentencia, Andrei Ursu, hijo del disidente, luchó durante años para que los superiores también fueran condenados. Pero sus esfuerzos fueron en vano. Una y otra vez se topó con representantes de la justicia que consideraban cerrado el caso. Gracias a su tesón, este crimen salió de nuevo a la luz.

¿Promesas vacías?

“La condena del comunismo es hoy, más que nunca, un deber moral, intelectual, político y social. No hacerlo nos convertiría en cómplices eternos del mal del totalitarismo, y eso solo por guardar silencio”. Esta y otras frases igual de elocuentes pueden leerse en el informe final de la comisión que analiza la dictadura comunista en Rumanía. Son parecidas a las que pueden oírse en todos los antiguos países comunistas.

Pero las intenciones tropiezan con la realidad. Miles de crímenes de los regímenes comunistas quedarán impunes, porque la mayoría de quienes los cometieron y aún viven tienen una edad avanzada y disfrutan de sus elevadas rentas. Un proceso masivo contra sus crímenes no será posible por razones puramente biológicas.

Significado simbólico

El 23 de agosto de 1939 se firmó el pacto de no agresión conocido como “Pacto Hitler-Stalin” entre la Alemania nazi y la Unión Soviética. Con este acuerdo, ambas partes se aseguraban neutralidad en caso de guerra y se repartían Europa. La Alemania de Hitler rompió el pacto con el ataque a la Unión Soviética en 1941.

Con el fin de la Segunda Guerra Mundial y la derrota del régimen nazi, millones de personas del centro y este de Europa continuaron padeciendo regímenes totalitarios, en este caso, comunistas. Se considera el “Pacto Hitler-Stalin” como el comienzo de unos de los capítulos más oscuros de la reciente historia europea.

Por esta razón, el Parlamento Europeo ha declarado el 23 de agosto como “Día de recuerdo de las víctimas del estalinismo y el nacionalsocialismo”. Lo que queda siempre es honrar a las víctimas y la condena simbólica, más necesaria que nunca, de las dictaduras.

A modo de Editorial. Uno de los problemas más complejos que están viviendo los países, bajo la mirada callada y, en muchos casos, indiferente e irresponsable de los gobiernos, es el crecimiento de las personas sin hogar.

Una situación que ya estiman como global muchos especialistas, porque la realidad de la calle ha tomado incontables matices. No es el alcohólico que pernota en la plaza, el hombre que desde niño hizo la calle su morada, ni el desplazado rural que jamás logró adaptarse a la vida urbana.

Son múltiples expresiones de sucesos sociales, que han generado la ruptura de las personas con las estructuras que nos sostienen como individuos: los lazos que unos unen a la familia o a la comunidad, la ruptura con el empleo, la labor o el trabajo y la disolución de los lazos sociales, sean estos geográficos, institucionales, judiciales o migratorios.

Realidades que coexisten y son los palpables rostros de la crisis de la familia, de la situación socioeconómica, de la debilidad institucional del estado y del crecimiento de las organizaciones criminales. Desde 2005, la ONU no ha vuelto a calcular, aun con errores, cuántos pueden ser.

Y lo más complejo aún, lo más definitivamente trágico han sido los abordajes, las aproximaciones, que el estado como garante de los DD.HH. y las autoridades que tienen la obligación de buscar las salidas más apropiadas han hecho.

Desde Tokio hasta Bogotá ha prevalecido la tendencia a promover la toma, el operativo, la intervención policial o militar de los sectores donde suelen hacer vida estos sectores.

Indudablemente, el ciudadano de a pié que vive el quehacer diario de soportar la supervivencia de estos grupos y el zarpazo del delito, siente que gracias a Dios hicieron algo, pero se asombra al ver que los victimarios sólo pasan unas vacaciones en las policías y sus víctimas se desplazan con sus miserias a otros sitios.

Porque al igual que otros graves problemas de la ciudad, como el tránsito, el deterioro de los servicios básicos y demás, priva la esencia de todos los males de la administración pública en los regímenes populistas, sean de derecha o de izquierda o de indeterminado signo, la Improvisación.

No se está preparado para casi nada: Para detener el avance del Zika, no hay abatizadores; para los enfermos de HIV no se calcula el alza de los retrovirales; para el avance de la edad mediana, no se estima cuantos hombres y mujeres requerirán pensiones dignas, entre otras miles de improvisaciones más graves.

Se toma en asalto un sector de la ciudad y Quentin Tarantino siente envidia del despliegue de patrullas, uniformados y autoridades de botas cazadoras y chalecos antibalas. Toda una operación digna de un Oscar, un Globo de Oro o un India Catalina. Pero no se estimó que se hacía con la gente.

La muy bien desarrollada toma generó una crisis humanitaria. Un desplazamiento angustioso, inhumano y con abuso de autoridad. En otras palabras, no se pensó en la gente, en sus derechos mínimos, en su vida.

Y aclaramos que este espacio digital es una tribuna contra todo lo que atente con la vida y los derechos, pero también es un espacio para criticar lo que se pudo hacer mejor, lo que pudo generar un valor más allá de superar lo feo del lugar y mejorar las opciones de la gente.

Atacar la criminalidad es ir más allá de un operativo policial, que también es necesario. Es crear condiciones para que los vulnerables no sean presa del submundo del delito, que puedan recuperar su dignidad personal, restaurar sus lazos familiares y comunitarios o generar otros, capacitarse o trabajar para mejorar su autoconcepto y sentirse útiles para vivir en sociedad.

Queda entonces elevar una reflexión que nos toca a todos: ¿Qué estamos haciendo como ciudadanos por los derechos de los otros? Y qué está haciendo la autoridad legítimamente elegida por los que habitaban el Bronx?

Redacción Ecos. Foto: R. van Lonkhuisen/Reuter. - Ahmad al Faqi al Mahdi, alias “Abu Turab” es el primer acusado de crímenes de guerra por la destrucción de bienes, que son patrimonio de la Humanidad en Tombuctú, Mali. Al Mahdi se declaró culpable ante la Corte Penal Internacional (CPI) en el juicio que comenzó este lunes.

Entre los monumentos que Al Mahdi destruyó como líder e integrante del Movimiento Terrorista Ansar al Din, figuran 16 mausoleos y la Mezquita de Sidi Yahya, del siglo XV, ubicada en Tombuctú, que fueron destrozados por considerarlos monumentos de idolatría.

“Con gran pesar debo presentar mi culpabilidad. Todos los cargos que se me imputan son precisos y correctos”, señaló el acusado en su declaración, asegurando que siente un “gran dolor” por los hechos cometidos, además pidió perdón a la población de Mali y a la comunidad internacional. “Espero que la pena que se me impute sea suficiente para lograr el perdón” de todos los afectados, añadió el primer procesado que se declara culpable ante la CPI.

Por su parte, el Presidente de la Cámara de Primera Instancia del Alto Tribunal Internacional recordó a Al Mahdi que, en caso de ser declarado culpable, se le podría imponer una pena de hasta 30 años de prisión, a la que se le podría sumar una multa o la confiscación de los beneficios, bienes o haberes extraídos directa o indirectamente de los crímenes cometidos.

La Corte confía en que este proceso, inédito hasta ahora, debería durar una semana y sentar un precedente para otros casos similares. 

Redacción Ecos. Foto: SIG.- El Presidente Juan Manuel Santos lamentó las demoras que se han registrado en los procesos que se adelantan contra el Magistrado, Jorge Pretelt en el Congreso de la República y contra la reelección del Procurador, Alejandro Ordóñez en el Consejo de Estado.

En lo referente al caso de Pretelt, hizo un llamado a los senadores para que a que asistan y voten, a que no eludan su responsabilidad, y le demuestren al país que las instituciones operar: “hay que cumplir con el deber, la responsabilidad por primera vez es del Senado, que se convierte en juez” señaló el primer mandatario.

Durante la posesión del Magistrado César Palomino, reseñó asimismo al caso del Procurador Ordóñez y señaló que, desde hace más de 3 años, el Consejo de Estado tienen en estudio una demanda sobre su reelección. “Es muy mal mensaje que pase tanto, tanto tiempo sin una definición”.

Santos agregó que igualmente “es muy mal mensaje además que los más altos funcionarios interpongan recursos dilatorios, en lugar de buscar el pronunciamiento de fondo”.

Frente a acciones dilatorias, expresó el presidente, como las que ha interpuesto el procurador o las que busca Pretelt declarando que su investigación tienen orígenes políticos, advirtió que “esa es una moda que ha hecho carrera, cuando cualquier alto funcionario o exfuncionario es llamado a rendir cuentas, se declaran perseguidos políticos”.

Por esto, fue enfático en señalar que se respeta la autonomía de las instituciones, “ni el Gobierno, ni en este palacio, hemos hecho nada para que esta decisión se tome en cualquier sentido. ¡por supuesto que no”.

Concluyó su intervención afirmando que, en casos como éste y otros similares, las instituciones deberían dar prueba de eficacia y de celeridad, “hay que demostrar que los altos funcionarios del Estado se les juzga con el mismo rasero que a cualquier ciudadano del común”.

Redacción Ecos. Foto lachachara.org.- La Defensoría del Pueblo advirtió un racionamiento de energía eléctrica en la Costa Atlántica. Por ello, exhortó a las empresas que tienen deudas pendientes con Electricaribe a ponerse al día, e instó al Gobierno Nacional y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, adoptar de inmediato medidas que superen las fallas en el sistema eléctrico en esa región cálida del país y permita el buen servicio, independientemente de la empresa que lo preste.

En un informe radicado en el Congreso por parte de la Delegada para los Derechos Colectivos y del Ambiente,  Martha Lucia Alonso Reyes,  conocido por Ecos Políticos,  señala que “ante el panorama y teniendo en cuenta que el servicio de energía sigue presentando graves deficiencias y que es posible el racionamiento de energía, es menester en primer lugar, hacer referencia a la deuda de las entidades territoriales, municipales, departamentales y del orden nacional, a la empresa Electricaribe, la cual asciende a más de $165.387 millones.

Agrega en el informe la Defensora Alonso Reyes que se deben establecer planes  concretos para que las redes e instalaciones en los sectores rurales y urbanos cumplan con las especificaciones técnicas que garanticen el abastecimiento continuo y sin riesgos para la integridad de los ciudadanos  ni sus bienes patrimoniales.

“Lo anterior apremia a que se articulen esfuerzos  entre las diferentes entidades del Estado, el operador del servicio y la misma comunidad, con el fin que se acceda a un servicio en condiciones de calidad, continuidad y con amplia cobertura, garantizando de esta forma el derecho al acceso y disfrute de los servicios públicos domiciliarios”, sostiene la Defensora Alonso Reyes.

Destacó que para asegurar el bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de la población de esa región del país “se requiere que las medidas que se adopten, atiendan los principios constitucionales de eficacia, celeridad e imparcialidad, ya que las irregularidades presentadas están ocasionando graves prejuicios, perturbaciones al orden público y vulnerando los derechos de la población”.

El tema será tratado en un debate este miércoles, 24 de agosto a partir de las 10 AM, en la Comisión Segunda del Senado, convocado por el presidente de esa célula legislativa Jaime Enrique Durán Barrera, iniciativa de los senadores Jimmy Chamorro y José David Name, quienes citaron a varios ministros y altos funcionarios del sector, para que respondan un cuestionario sobre la problemática del sistema eléctrico en la Costa Caribe.

Prensa Vicepresidencia de la República.-El pesista colombiano Luis Javier Mosquera, que logró medalla de bronce en Río 2016, recibió uno de los 200 apartamentos entregados por el Vicepresidente Vargas Lleras en la urbanización Hacienda Verde, en Yumbo, Valle.

“Como reconocimiento a su destacada labor en los juegos olímpicos, el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos le hace este reconocimiento, muy merecido. Todos los deportistas nos han representado muy bien y es muy grato para nosotros poder premiar su esfuerzo con la entrega de esta vivienda”, le dijo el Vicepresidente Vargas Lleras al medallista olímpico mientras cientos de orgullosos vallunos aplaudían al deportista.

Mosquera, quien se convierte en uno de los beneficiarios de la Urbanización Hacienda Verde, ubicada en Yumbo, cumple de esta manera el sueño de tener una vivienda propia, en la que habitará con su esposa Diana y su hijo Joser Stick.

“Me siento muy feliz y agradecido con todos los que me han ayudado. Esta vivienda es un aporte muy importante que me ayuda a seguir luchando por mis sueños y a seguir avanzando en mi carrera. Esto va a aportar mucho a las juventudes que quieren practicar un deporte; todos los niños quieren ser como yo y esto los va a motivar para salir adelante y poder obtener también una casa para sus familias”, expresó Luis Javier Mosquera tras recibir su apartamento.

La vivienda tipo apartamento entregada a Luis Javier fue posible gracias al esfuerzo conjunto del Gobierno Nacional y del Municipio de Yumbo, que sumaron subsidios para cubrir, casi en su totalidad, el costo de la misma. Además, la constructora corrió con los gastos notariales.

"Qué bueno también que Luis Javier se pase a vivir a un apartamento completamente amoblado por la vaca común que hicieron todo el gabinete y funcionarios de la Alcaldía de Yumbo", agregó el Vicepresidente, quien destacó que todo aquello que se haga por reconocer el esfuerzo de los deportistas, que dejan en alto el nombre de Colombia en el exterior, es bienvenido.

200 hogares de Yumbo beneficiados con Mi Casa Ya Ahorradores

En el mismo conjunto habitacional que habitará el medallista olímpico Luis Javier Mosquera, 200 hogares de Yumbo, que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos, recibieron también de manos del Vicepresidente y la Ministra Elsa Noguera las llaves y escrituras de sus viviendas, las cuales hacen parte del programa Mi Casa Ya Ahorradores. En esta urbanización se adelanta la construcción de 800 viviendas, tipo apartamento, con una inversión de $38.609 millones de Gobierno Nacional.

“Me complace venir al Valle con tan buenas noticias y ver la satisfacción de cada uno de ustedes por recibir hoy las llaves y escrituras de sus nuevas casas. Espero que las cuiden mucho y hagan de este el mejor barrio del municipio”, expresó el Vicepresidente, en medio de la emoción de los nuevos propietarios.

Cabe resaltar que los hogares favorecidos dejan de cancelar costosos arriendos y comienzan a pagar cuotas muy bajas por su propia casa, gracias a que el Gobierno Nacional les asignó un subsidio de $20 millones a quienes devengan entre 1 y 1,5 salarios mínimos; y de $17 millones a los que tienen ingresos entre 1,6 y 2 salarios mínimos.

“Como no voy a estar feliz, si yo pagaba $400.000 de arriendo y ahora solo voy a pagar $180.000 por la cuota de mi propia casa. No voy a seguir votando la plata en saco roto. Quiero agradecer a todos los que hicieron posible este gran sueño de poder darle un techo digno a mi familia”, dijo el señor Oliver Plazas Betancourt, uno de los primeros beneficiarios en recibir las llaves y escrituras de manos del Vicepresidente.

Culminando ya la entrega de cada una de las casas, el Vicepresidente Germán Vargas Lleras realizó un balance de los municipios en los que familias de escasos recursos han sido beneficiadas con el programa de Mi Casa Ya Ahorradores en el departamento de Valle del Cauca: Andalucía (151), Buga (450), Cali (406), Candelaria (838), Cartago (256), Florida (308), Jamundí (2.774), La Unión (50), Obando (56), Palmira (4.033), Roldanillo (48) y Vijes (103).

Prensa Doris Vega. Foto Ecos Media.- La Senadora Doris Vega de Opción Ciudadana exhortó al Gobierno nacional a hacer más contundente en establecer políticas para proteger y conservar las fuentes hídricas del país.

Esta afirmación la manifestó la Senadora Vega en el foro “El AGUA COMO DERECHO FUNDAMENTAL”, realizado en el Salón de la Constitución del Capitolio Nacional, en Bogotá.

“El Estado no ha sido contundente en el cuidado del agua: “Falta una política del Gobierno que garantice la protección del recurso hídrico del país y a pesar de que la responsabilidad  recae en el Estado es también tarea de todos hacer un uso racional del líquido vital, asumiendo el compromiso del cuidado del agua y de los ecosistemas estratégicos que garantizan los bienes y servicios como el abastecimiento del agua, la regulación del ciclo hidrológico, entre otros. En los próximos años si no protegemos el recurso, la escasez del agua nos llevará a una nueva guerra mundial”, señaló Vega en el citado evento.

“Estamos trabajando desde el Congreso de la República”, informó la Senadora Vega, “para que el agua sea elevada a un derecho fundamental y esto debe conllevar a un mayor compromiso en la conservación de los páramos, como los proveedores del 80% del agua de la población en los países andinos”

“Tenemos que cuidarlos y no permitir que los sigan destruyendo con la explotación minera y demás actividades que llevan al deterioro del ecosistema”, expresó enfática la congresista santandereana.

En este foro se reconoció la labor de la Corte Constitucional, por sus pronunciamientos en diferentes sentencias encaminadas a la protección del agua como derecho esencial y hacia las garantías de un medio ambiente sano.

Con presencia de expertos en el tema, el foro concluyó con éxito, en todo lo relacionado con la preservación del recurso hídrico, haciéndose énfasis en la importancia de ser aprobado en la segunda vuelta, que inicia en esta nueva legislatura el Proyecto de Acto Legislativo  N°. 11 de 2016 Senado – 260 de 2016 Cámara. “Por el cual se incluye el artículo 11-A dentro del capítulo I del título II de la Constitución Política de Colombia”; estableciendo el agua a la categoría de derecho fundamental, dándole la importancia y el significado que siempre ha debido tener frente al desarrollo y bienestar de las comunidades en la búsqueda de una Paz real para nuestro país.

Redacción Ecos. Foto Mindefensa.-Así lo informó el ministro de defensa Luis Carlos Villegas, quien anunció al país que ya está listo el proyecto en ese sentido para ser presentado a consideración del Congreso de Colombia cuyo trámite se hará por el procedimiento Legislativo Especial para  la paz.

Se establece en esa iniciativa la aplicación de la renuncia a la persecución penal para los agentes del Estado condenados, procesados o señalados de la comisión de conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, siempre que no constituyan delitos graves.

De la cifra de militares que se beneficiarían hay 2 mil uniformados privados de la libertad, de los que 900 cumplen condena y 1.100 tienen medida de aseguramiento.

De los 2 mil miembros de la Fuerza Pública privados de la libertad, el régimen de libertades, previsto en el proyecto legal, se podría aplicar de la siguiente forma: a 1.020 se les podría aplicar la libertad transitoria, condicionada y anticipada, y a unos 980 se les aplicaría la privación de la libertad en Unidades Militares

Con respecto a 3.500 investigados que no tienen medida de aseguramiento podría aplicárseles la renuncia a la persecución penal conforme a la decisión que adopte, después de análisis, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz, establecida expresamente para los agentes del Estado.

Según lo expuesto en el proyecto, el Tratamiento Penal Especial Diferenciado prevé la posibilidad de aplicar la renuncia a la persecución penal para los agentes del Estado que hayan sido condenados, procesados o señalados de cometer conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, siempre que no constituyan delitos graves, tales como delitos de genocidio, lesa humanidad y graves crímenes de guerra. Estos delitos graves serán de competencia y conocimiento del Tribunal para la Paz.

El Tratamiento Penal Especial Diferenciado para los Agentes del Estado se fundamenta en los principios de integralidad, prevalencia, favorabilidad, debido proceso y garantías procesales; y seguridad jurídica.

La  seguridad jurídica significa que “todo lo que se defina para los agentes del Estado termina con sus causales judiciales definitivamente y no se pueden estar reabriendo”, dijo el Ministro.

Igualmente, subrayó que “la justicia transicional para los agentes del Estado, presume la legalidad de los actos y eso diferencia la investigación”.

"Esto que estoy presentando no es fruto de una negociación con las Farc, es una decisión unilateral del Estado. Es desarrollo del acuerdo de los Ministerios de Justicia y de Defensa que hicimos hace ya varios meses y que hoy se ven materializados en un texto de ley", puntualizó el Ministro Villegas.

Aspectos claves del Tratamiento Penal Especial Diferenciado

1. Objeto

• El Ministerio de Defensa Nacional, junto con las Fuerzas Militares y de Policía, han trabajado en un proyecto para responder al compromiso del Gobierno nacional de otorgar unos tratamientos penales especiales diferenciados para los agentes del Estado en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz. Este instrumento legal será presentado ante el Congreso y tramitado por el procedimiento Legislativo Especial para la Paz (Fast track).

• Este tratamiento penal especial diferenciado se materializa en la posibilidad de aplicar la renuncia a la persecución penal para los agentes del Estado que hayan sido condenados, procesados o señalados de cometer conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, siempre que no constituyan delitos graves, tales como delitos de genocidio, lesa humanidad y graves crímenes de guerra. Estos delitos graves serán de competencia y conocimiento del Tribunal para la Paz.

• La renuncia a la persecución penal tendrá como efecto la resolución definitiva de la situación jurídica de los agentes del Estado que hayan cometido conductas punibles en el marco del conflicto armado. Hará tránsito a cosa juzgada material como presupuesto de la seguridad jurídica para quienes participen en la Jurisdicción Especial para la Paz.

• Para acceder a los tratamientos penales especiales, los agentes del Estado deberán comprometerse a contribuir a la verdad, la reparación y la no repetición.

2. Aspectos que regula el Proyecto de Ley

• El proyecto de ley establece unos principios que deberán gobernar la aplicación de los tratamientos penales especiales diferenciados para los agentes del Estado. Entre otros, se contemplan los principios de: integralidad, prevalencia, favorabilidad, debido proceso y garantías procesales; y seguridad jurídica.

- Respecto de la integralidad es importante enfatizar que este tratamiento será parte de la Jurisdicción Especial para la Paz, que tendrá competencia sobre las conductas punibles relacionadas con el conflicto de todos quienes tomaron parte en éste. Se aplica a TODOS los actores del conflicto.

- Adicionalmente, la integralidad está dada por su relación de complementariedad con los demás mecanismos de justicia transicional que harán parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Recordemos que lo que se busca es la satisfacción integral de los derechos de las víctimas para favorecer un cierre definitivo del conflicto armado.

Para los agentes del Estado, se establece de manera expresa que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tendrá la función de decidir sobre la renuncia a la persecución penal, entre otros mecanismos de tratamiento penal especial diferenciado.

• El articulado contempla unos criterios de valoración con el fin de que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas defina sobre la aplicación de la renuncia a la persecución penal. En ningún caso la renuncia procederá por:

- Delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma.

- Delitos que NO fueron cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado.

- Delitos contra el servicio, la disciplina, los intereses de la Fuerza Pública, el honor y la seguridad de la Fuerza Pública, contemplados en el Código Penal Militar.

3. Régimen de libertades: tratamientos anticipados y condicionados al sometimiento a la JEP

• Esta ley establece un régimen especial de libertades con dos mecanismos anticipados, que entrará a funcionar una vez entre en vigencia la Ley:

a. Libertad transitoria, condicionada y anticipada a los agentes del Estado que manifiesten la voluntad de someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz, que estén detenidos o condenados por haber cometido delitos relacionados con el conflicto armado. En el caso de delitos graves solo procede la libertad cuando se haya cumplido un mínimo de privación de la libertad de cinco (5) años, de conformidad con las sanciones alternativas de la JEP, y en TODO caso estos delitos serán investigados, juzgados y en su caso sancionados por el Tribunal para la Paz.

b. Privación de la libertad en Unidades Militares: Los agentes del Estado, procesados o condenados por conductas graves, que lleven privados de la libertad menos de cinco (5) años, serán privados de la libertad en Unidades Militares, bajo la supervisión de los directores de los Centros de Reclusión Militar.

• Contribución con la satisfacción de los derechos de las víctimas: Para acceder al tratamiento especial del régimen de libertades, los agentes del Estado deberán suscribir un compromiso de sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz, y contribuir a la verdad, la reparación y la no repetición.

• Mecanismo de supervisión: Los directores de los establecimientos penitenciarios y carcelarios tendrán a cargo la supervisión de quienes salen en libertad en aplicación de estas medidas.

4. ¿Cuándo será aplicada la renuncia a la persecución penal y los tratamientos anticipados en materia de libertades?

• La renuncia se aplicará después de un análisis de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, quien decidirá sobre la procedencia de este mecanismo.

• Por su parte, los tratamientos anticipados en términos de libertades de libertad transitoria y anticipada, y privación de la libertad en Unidad Militar se aplicarán al momento de entrada en vigencia de la Ley.

5. ¿A cuántos miembros de la Fuerza Pública podría aplicarse el tratamiento penal especial diferenciado?

Nota: todas estas cifras aplican para conductas punibles cometidas por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta del conflicto armado, conforme a un ejercicio preliminar de análisis.

• Los números, grosso modo, indican que el tratamiento penal especial diferenciado podrá aplicarse a alrededor de 5.500 miembros de la Fuerza Pública, desagregados de manera aproximada de la siguiente forma:

- Aproximadamente 2.000 privados de la libertad se podrán beneficiar una vez entre en vigencia esta Ley.

- 1.100 investigados con medidas de aseguramiento

- 900 condenados privados de la libertad.

- A aproximadamente 3.500 investigados sin medida de aseguramiento, se les podrá aplicar la renuncia a la persecución penal conforme a la decisión que adopte después de un análisis la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.

• De los 2.000 miembros de la Fuerza Pública privados de la libertad, el régimen de libertades se podría aplicar de la siguiente forma:

- A 1.020 se les podría aplicar la libertad transitoria, condicionada y anticipada

- A 980 miembros de la Fuerza Pública se les podría aplicar la privación de la libertad en Unidades Militares.

Redacción Ecos. Foto: MinTrabajo.- Con el fin de evaluar el aporte del sector solidario en materia de pedagogía para la paz y el postconflicto, no solo desde el nivel central sino desde los territorios, para generar la caracterización de este sector, promover el crecimiento del cooperativismo, fomentar el trabajo en el sector rural y estudiar una reestructuración de la política económica solidaria, la ministra de la cartera laboral, Clara López Obregón, anunció la instalación de una mesa con organizaciones de este renglón que hace parte del sector Trabajo.

El pronunciamiento se dio en el marco de la Comisión Intersectorial de Organizaciones Solidarias, que se llevó a cabo en las instalaciones del Ministerio, en un encuentro donde los representantes y delegados de las entidades solidarias hablaron directamente con la titular de la cartera sobre las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas del sector.

Se pretende además promover el fomento para el desarrollo de las organizaciones de la economía alternativa que existen en el país, las cuales son guidadas por pilares como la solidaridad, el apoyo mutuo, el compañerismo, el trabajo colectivo y la fraternidad, valores que se requieren para la nueva etapa de reconciliación y postconflicto.

Según las Directivas de las Organizaciones Solidarias, éstas se constituyen igualmente en un instrumento para la paz, porque reconocen al ser humano como el centro de su quehacer, fomentan la autonomía, la participación, el empoderamiento comunitario para el desarrollo de emprendimiento y de proyectos productivos; y lo anterior, desde los ejes social, económico, ambiental y cultural, integrando y promoviendo el modelo de reconciliación en cada territorio.

"Las organizaciones solidarias son promotoras de economías sociales, es un sector que dignifica al ser humano en el que la distribución de la riqueza es un símbolo de paz y de unidad familiar, por esto podríamos decir que son arquitectos de la paz", concluyó López Obregón, quien le ratificó a los directivos del sector que sus propuestas serán llevadas al propio Presidente de la República.

De la Economía Solidaria hacen parte, entre otros, las cooperativas, los fondos de empleados, las asociaciones mutuales, las fundaciones, asociaciones, las corporaciones, organismos comunales y los grupos de voluntariado.