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Por redacción Ecos. Foto Mininterior.-Así lo afirmó el ministro del interior Juan Fernando cristo desde Mapiripán señalando que  es una iniciativa “que estamos sembrando en los municipios de Colombia para que florezca  en el tránsito hacia el posconflicto".

Desde esa región del país y con la presencia del Presidente Juan Manuel Santos el ministro de la cartera Política Juan Fernando Cristo fue enfático en resaltar que “estamos recorriendo los territorios porque es aquí en las regiones donde se construye la paz".

Desde Mapiripán(Meta), municipio que será zona veredal para el desarme de las Farc, el programa "Paz en Acción", es una estrategia de intervención estatal que tiene por objeto una presencia institucional efectiva en las regiones afectadas por el conflicto armado, a través de programas de convivencia, seguridad, derechos humanos, participación y democracia.

"Estamos trabajando con los gobernadores y alcaldes del País, porque la paz se construye en las regiones. Es en ellas donde se sentirán los efectos de la paz con más empleo, más producción y mejor calidad de vida para todos los colombianos" aseguró el ministro Cristo.

En el evento, al que asistieron el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas y el director de la Unidad de Victimas Alan Jara, Mónica Espinosa una habitante que ha sufrido los rigores de la violencia, invitó a quienes no están de acuerdo con el Gobierno Santos a dejar el egoísmo y darle una oportunidad a la paz.

"Es fácil para la gente de la ciudad, los que han ido a colegios y universidades, decir no a la paz sin pensar en los demás. Denle una oportunidad a nuestros hijos y nietos de vivir en un país mejor, en paz, voten si a la paz" expresó Mónica.

Durante las últimas semanas, funcionarios del Ministerio se reunieron con las autoridades locales del municipio, así como con los habitantes y líderes sociales, para que sea la comunidad la que decida qué programas serán implementados por el Gobierno Nacional.

Dentro de las acciones que se realizarán en Mapiripán las más destacadas son la construcción con recursos, en su mayoría del ministerio del Interior, de un Centro de Integración Ciudadana en el casco urbano del municipio y de un Centro de Atención para las Víctimas que se tendrá listo a final de año, así como capacitaciones a funcionarios y comunidad.

El cumplimiento de las acciones de paz que se lleven a cabo en Mapiripán será vigilado y revisado por comités veedores conformados por la propia ciudadanía, para garantizar su transparencia. Esta estrategia también se aplica en 39 de los municipios priorizados por el Ministerio para este programa, que, en una tercera fase, se aplicaría a todo el territorio.

Por redacción Ecos. Foto extranoticias.com.-La Costa Atlántica durante estos días vive una situación que tiene a todos sus habitantes en expectativa  y preocupados por lo que pueda pasar con el suministro de energía eléctrica.

Se critica la ineficiencia  e irregularidades de Electricaribe, pero también al Gobierno por no exigir y no se quedan atrás los organismos de control, pues es un tema complejo que de no solucionarse, puede ocasionar un daño grave que conlleva a un apagón en esa importante región del país.

Por eso dialogamos con el senador costeño Álvaro Asthon, quien ha participado en los debates de control político sobre el tema, donde a nombre del Partido Liberal ha puesto sobre el tapete irregularidades del  sector energético en algunas empresas prestadoras de ese servicio.

ECOS: ¿Electricaribe  tiene en jaque a los habitantes de la costa por el servicio de energía?

AA: En la costa caribe hay un problema de dificultad en la distribución de energía por parte del operador que genera consecuencias de subida y bajadas de voltajes, suspensiones del servicio  en algunas zonas. No está la infraestructura de distribución suficientemente soportada, no hay la cobertura completa y eso está generando circunstancias muy complejas para  la operación del servicio. Hay un gran descontento.

ECOS: ¿El Gobierno nacional ha sido diligente parea solucionar este problema?

AA: El Ministerio de Minas no ha podido implementar acciones que permitan adoptar un plan y seguimiento a ese plan que garantice unas  inversiones permanentes, un saneamiento también a las obligaciones que corresponden a aquellos sectores vulnerables de la costa caribe que no alcanzan a tener la capacidad económica suficiente  para pagar la facturación y eso genera implicaciones de orden técnico y financiero que impiden que el operador cumpla adecuadamente con su prestación del servicio. Es un tema muy complejo.

ECOS: ¿Considera que no hay mantenimiento de las redes, no se han establecido medidas preventivas para prestar un mejor servicio?

AA: No hay planeación y eso no ha permitido un mantenimiento sistemático y permanente, eso es una situación evidente. Tampoco ha habido una estrategia por parte del gobierno nacional para implementar un acuerdo entre el inversionista  operador y la nación que permita que en última instancia se preserve la responsabilidad de prestar el servicio.

ECOS: Los gobernadores han pedido la intervención de esa empresa, estos problemas podrían llevar a una grave situación de incalculables perdidas económicas?

AA: No quiero ser alarmista, es un tema que hay que evaluar, creo que el Gobierno nacional  a través del Ministerio de Minas y Energía y la Superintendencia de Servicios Públicos de manera deben evaluar urgente en forma serena, objetiva todos estos aspectos con el objeto de tomar decisiones que nos permitan una  solución integral y no parcial del problema.

ECOS: ¿El problema de fondo cuál es?

AA: La falta de recursos por parte de inversionistas para desarrollar inversiones constantes que garanticen la calidad y cobertura de este servicio, así como también la falta de control  y planeamiento por parte del Gobierno Nacional en el seguimiento de cada una de las normas para que se cumplan y Electricaribe como operador del servicio, cumpla con los mandatos establecidos en la legislación colombiana.

ECOS: El tema de las plantas térmicas. Si ha sido efectivo el cargo por confiabilidad para que de alguna manera entren a suplantar energía si llega a fallar la generación hidroeléctrica?

AA: Ese cargo por confiabilidad se le ha pagado a los generadores, eso es un estambay que se ha venido  cumpliendo, la idea es que en épocas de dificultad la generación sea suficiente, sin embargo esa inversión no refleja el mejoramiento de la cobertura y calidad del servicio. La Contraloría ha venido haciendo señalamientos en relación con la utilización indebida de los recursos del cargo por confiabilidad, de tal manera que nosotros tenemos esa preocupación, esperamos que la situación se solucione  con el compromiso del gobierno y del operador  para que se evite al máximo la suspensión del servicio.

ECOS: ¿Esta situación es un campanazo de alerta para que el Gobierno fije pautas y actúe?

AA: Con este problema no hay duda que en la costa estamos en alerta amarilla, en intermitente. De tal manera  que el Gobierno tiene que actuar  con seriedad y responsabilidad, para evitar un apagón.

Por redacción Ecos. Foto SIG.-‘Estado y sectores productivos se deben unir para nivelar la calidad de vida del campo con el de las ciudades’: Rafael Pardo.

La adopción de una política de impuestos por obras para la rehabilitación o construcción de vías terciarias, la creación de incentivos para que empresarios pueden garantizar la comercialización de sus productos y la estimulación al empresario, mediante beneficios fiscales para generar empleo en nuevas zonas, son algunas de las medidas anunciadas por el alto consejero para el posconflicto Rafael Pardo.

Se trata de darle la cara al posconflicto, pues el Gobierno Nacional ya tiene listo un primer paquete de estrategias con las que busca promover el desarrollo económico, y la generación oportunidades de empleo y emprendimiento en las regiones más apartadas de Colombia, principalmente aquellos territorios donde hubo ausencia del Estado.

Son medidas para contribuir a la descentralización económica del país, lo que permite aumentar las posibilidades de crecimiento en zonas en las que históricamente el Estado ha sido el mayor empleador; y rehabilitar regiones en niveles socio económico y de infraestructura.

El anuncio lo dio a conocer Pardo en un encuentro con periodistas económicos convocado por la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, donde aseguró que si bien el Gobierno decidió apostarle a la búsqueda de la paz, los sectores productivos en Colombia deben mirar hacia aquellas zonas en las que el Estado no ha tenido presencia de manera contundente.

"Colombia tiene que nivelar la calidad vida del campo con el de las ciudades. Eso lo puede hacer el Estado en unos plazos determinados, sin embargo, consideramos que una presencia decidida del sector privado en las regiones, con el apoyo del Gobierno, en la entrega de incentivos permitirían disminuir esta brecha social y de infraestructura”, aseveró Pardo en el encuentro con comunicadores económicos.

Vías terciarias

Busca estimular la creación y/o anclaje de empresas generadoras de empleo formal e integración de la cadena productiva incluyente de acuerdo con las vocaciones productivas regionales y las competencias de la población, así como promover el desarrollo de proyectos sociales y de infraestructura. Esto incluye la adopción de una política de impuestos por obras para la rehabilitación o construcción de vías terciarias donde la empresa recibe exenciones fiscales.

Comercialización

Se constituye una estrategia que pretende generar incentivos para que los productores puedan estar seguros de la comercialización de los productos. Para ello, se va trabajar de la mano de otras entidades del Gobierno Nacional como Colombia Compra Eficiente con el fin de abrir licitaciones especiales para aquellos insumos y/o productos generados en zonas de conflicto. Asimismo, se pondrá en marcha una política de estímulos bancarios y acceso al crédito para pequeños comerciantes.

Inversión empresarial

Esta política quiere fomentar la relocalización de empresas en zonas donde históricamente el Estado no ha tenido presencia. La mayoría de las empresas actualmente cuentan con centros de producción y logística en las grandes capitales. Esta política estimula al empresario mediante beneficios fiscales para generar empleo en nuevas zonas como: Quibdó, Buenaventura o Sincelejo, por ejemplo.

Redacción Ecos. Foto elperiodico.com.co.- Las delegaciones del Gobierno nacional y las Farc dieron a conocer el acuerdo de los protocolos para el Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo, Dejación de las Armas que contempla el monitoreo y verificación; reglas del cese el fuego bilateral; funcionamiento de las 23 zonas veredales; seguridad, logística y dejación de armas, para ir en la recta final a la firma del fin del conflicto.

Los delegados de los países garantes Rodolfo Benítez (Cuba) y Dag Nylander (Noruega), entregaron los detalles del nuevo documento acordado que facilitará el desarrollo de las zonas veredales transitorias de normalización así como las normas y reglas que se establecen para estos lugares en donde se concentrarán las Farc.

En el documento se ratificó que a los 8 días de la firma del acuerdo final las Farc entregarán toda la información sobre la cantidad de sus integrantes. Dos días después los guerrilleros entregarán las coordenadas de los lugares en donde guardan los explosivos y todo tipo de armamento que será destruido. A los 180 días termina el cese el fuego terminarán las zonas y las Farc entregarán la totalidad de las armas a la comisión de Naciones Unidas.

Uno de los aspectos más importantes es la garantía que existe para la normalidad de las zonas y la seguridad para los habitantes de las áreas en donde estarán las zonas.Las delegaciones reiteraron que el Mecanismo técnico y tripartito de Monitoreo y Verificación estará integrado por el Gobierno, las Farc y un componente internacional con observadores no armados de la ONU.

“La ONU hará todo lo posible para cumplir con su mandanto y generar confianza en la implementación del cese el fuego y de hostilidades y que trabajará con profesionalismo e imparcialidad, afirmó general Javier Pérez, coordinador de la misión de verificación de Naciones Unidas, quien destacó la importancia de los acuerdos presentados en Cuba resaltando que con el documento se establecen claramente los mecanismos para el desarrollo del proceso del cese el fuego y de hostilidades.

Pérez destacó que se “contienen reglas precisas elaboradas de común acuerdo y que definen claramente como cesarán las hostilidades entre partes, pero también establecen reglas que protegen la vida, la integridad personal, los derechos y la libertades de la población civil” y dijo que los veedores también tendrán diferentes herramientas para monitorear el desarrollo de las zonas de normalización.

Señaló que para ayudar a garantizar el cumplimiento de estas reglas, los protocolos definen los procedimientos que utilizará el mecanismo tripartito de monitoreo y verificación para supervisar el cese el fuego y de hostilidades incluyendo la metodología de observación, el código de conducta de sus integrantes y el papel de coordinación que corresponde a Naciones Unidas“.

Mecanismo de verificación y monitoreo

El Mecanismo técnico y tripartito de Monitoreo y Verificación (MMV) estará integrado por representantes del Gobierno Nacional, de las Farc y un componente internacional consistente en una misión política con observadores no armados de la ONU, integrada principalmente por observadores de países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Se determina en detalle el ámbito de actuación y el alcance del Mecanismo de Monitoreo y Verificación y se fijan criterios de transparencia, credibilidad y confianza en la ejecución del Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas, que a su vez permitan garantizar el cumplimiento de los acuerdos.

El Mecanismo tendrá presencia en las áreas donde estarán ubicadas las 23 Zonas Veredales Transitorias de Normalización y los 8 Puntos Transitorios de Normalización las 24 horas del día, los siete días de la semana, para monitorear el avance del Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas, en particular, el cumplimiento de las reglas acordadas para tal fin.

En caso de que se presenten incidentes que comprometan el cumplimiento del Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo, el grupo de monitoreo que se encuentre en la zona recogerá la información y la enviará a la instancia regional o nacional según el caso, para que se haga la evaluación de los hechos. El componente internacional – Naciones Unidas-, con imparcialidad y transparencia, será el encargado de hacer la evaluación final de lo ocurrido y de presentar los informes correspondientes de verificación. La ONU en su reporte podrá dar recomendaciones y contribuir a que se diriman controversias.

El mecanismo en las zonas tendrá contacto directo con las comunidades, organizaciones sociales, políticas y con la institucionalidad del Estado a nivel local, regional y nacional, las cuales podrán contribuir en la labor del Mecanismo aportando información, ayudando en la difusión de sus informes a la opinión pública y presentando propuestas y sugerencias.

Garantías 

Se definieron 36 compromisos respecto a conductas y normas que garantizan la no violación de los acuerdos, ni la afectación de la población civil en sus derechos y libertades.

Este protocolo establece los criterios para la adecuación de los dispositivos en el terreno de la Fuerza Pública y el funcionamiento de las 23 Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y de los 8 Puntos Transitorios de Normalización (PTN) durante el cese al fuego y la dejación de las armas.

Se fijan las rutas, los criterios y responsabilidades que permiten garantizar el desplazamiento de las FARC- EP a las zonas y los puntos, con las debidas garantías de seguridad para evitar incidentes.

Las Zonas Veredales Transitorias de Normalización tendrán como objetivo: crear las condiciones para el inicio de la implementación del Acuerdo Final y la Dejación de las Armas y preparar la institucionalidad y al país para la Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil.

El Gobierno Nacional y las FARC-EP se comprometen a que la implementación de este acuerdo se realice sin ninguna limitación en el normal funcionamiento de las autoridades civiles no armadas, en el desenvolvimiento de la actividad económica, política y social de las regiones, en la vida de las comunidades, en el ejercicio de sus derechos; así como en los de las organizaciones comunales, sociales y políticas que tengan presencia en los territorios.

Seguridad

Contiene las medidas para garantizar la seguridad y la protección de:

* Personas (Mecanismo de Monitoreo y Verificación, población civil, funcionarios del Estado, integrantes de las FARC-EP)

* Las rutas de desplazamiento

* Dispositivos en el terreno y zonas

* Manipulación, almacenamiento, transporte y control de armamento, municiones y explosivos

Dentro de las zonas, se garantiza la plena vigencia del Estado Social de Derecho para lo cual se mantiene el funcionamiento de las autoridades civiles sin limitaciones. Las autoridades civiles (no armadas) que tienen presencia en las zonas permanecen y continúan ejerciendo sus funciones en las mismas. Las autoridades civiles (no armadas) podrán ingresar permanentemente a las zonas veredales sin ninguna limitación excepto al área de los campamentos donde estarán ubicadas las estructuras de las FARC-EP.

Las Zonas Veredales Transitorias de Normalización y los Puntos Transitorios de Normalización contarán con un área de recepción para atender a las personas que lleguen a las mismas.

En caso de presentarse dentro de la zona algún hecho o circunstancia que requiera presencia de la Policía Nacional o cualquier otra autoridad armada del Estado, se hace informando al Mecanismo de Monitoreo y Verificación para que coordine su ingreso.

Durante la vigencia del Acuerdo sobre Cese al Fuego y Dejación de Armas; las FARC-EP designarán un grupo de 60 de sus integrantes (hombres y mujeres) que podrán movilizarse a nivel nacional en cumplimiento de tareas relacionadas con el Acuerdo de Paz. Así mismo, por cada zona, las FARC-EP, designará un grupo de 10 de sus integrantes que podrán movilizarse a nivel municipal y departamental en cumplimiento de tareas relacionadas con el Acuerdo de Paz.

Para estos desplazamientos estos delegados de las FARC-EP contarán con las medidas de seguridad necesarias, anunciadas en el Acuerdo de Garantías de Seguridad el pasado 23 de junio.Este protocolo contiene los procedimientos establecidos de manera conjunta entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP para garantizar la logística de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización, de los Puntos Transitorios de Normalización y el Mecanismo de Monitoreo y Verificación (nacional, regional y local) durante el Cese al Fuego y la Dejación de Armas.

Dejación de armas

El protocolo de dejación de armas define y concreta el procedimiento técnico que permite realizar el control del armamento de las FARC-EP durante el Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas y establece los criterios y plazos para la dejación definitiva de las armas asignando tareas específicas al componente internacional del Mecanismo de Monitoreo y Verificación. La dejación de las armas consiste en un procedimiento técnico, trazable y verificable, mediante el cual la ONU recibe la totalidad del armamento de las FARC-EP para destinarlo a la construcción de tres monumentos, acordados entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP.

La recolección y almacenamiento en contenedores del armamento individual que permanece en poder de los (as) integrantes de las FARC-EP, dentro de los campamentos en las zonas se hace de manera secuencial y en tres fases así: 1 Fase: D+90, el 30%; 2 Fase: D+120, el 30%; y 3 Fase: D+150, el 40% restante, según la hoja de ruta (cronograma de eventos) acordada por el Gobierno Nacional y las FARC-EP que guía el proceso del Fin del Conflicto, luego de la firma del Acuerdo Final.

A partir de la próxima semana, delegados y delegadas del Gobierno Nacional, las FARC-EP y las Naciones Unidas, con el acompañamiento de representantes de los países garantes Cuba y Noruega y del CICR, iniciaremos una visita de reconocimiento de carácter técnico con el objetivo de ubicar y delimitar las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), Puntos Transitorios de Normalización (PTN) y sus respectivas Zonas de Seguridad (ZS), para que sea definidas posteriormente por la Mesa de Conversaciones.

 En todo caso las autoridades continuarán garantizando la plena vigencia del Estado Social de Derecho y las condiciones de seguridad en todo el territorio nacional.

Por William Acero Arango. Foto Colprensa.-  El Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, sabe que su responsabilidad para sacar adelante la ciudad, no es de poca monta.

Por estos días donde se vive y se siente la Feria de las Flores, no todo es color de rosa. Sabe que son muchos los problemas que tiene que estar resolviendo, principalmente el de la convivencia ciudadana. Medellín sigue siendo víctima de la inseguridad. La lucha contra atracos, pandillas, bandas criminales, entre otros fenómenos,  aún le dan vueltas a la administración municipal.

Para eso lo eligieron y no será inferior a su electorado y a los habitantes de una ciudad que tiene no solo renombre mundial por su empuje y proyección, sino que el amor por su Medellín y los valores encarnados por la educación que le dieron sus padres, son directamente proporcional al logro para que sea, en verdad, la eterna y permanente primavera: ese es su reto y la tiene clara para alcanzarlo.

No sólo está cumpliendo con su sueño de una ciudad segura, sino que cree que el verdadero camino no es solamente la represión, sino soluciones sociales para así brindar  oportunidades a la población de una ciudad de todos y para todos, donde lo primero es la gente.

ECOS: ¿Complejo el tema de la criminalidad e inseguridad, donde no se escapa Medellín?

FG: Este es un tema donde nosotros como alcaldes tenemos unas responsabilidades y, en el caso propio, las estoy asumiendo. El orden nacional tiene que entender que esta es una problemática seria y que lo único no es solo la discusión en La Habana sobre el proceso de paz.

ECOS: ¿El gobierno nacional ha descuidado el tema de la lucha contra la inseguridad en las grandes ciudades con los alcaldes y gobernadores por dedicarle más tiempo al proceso de paz en La Habana?

FG: No quiero ser injusto, pero si diría que sí se necesita intensificar más la lucha contra las estructuras criminales, ponerle más cuidado a lo que está pasando en las ciudades.

ECOS: ¿Cuál sería el mecanismo para que de algún modo el gobierno nacional asuma verdaderamente una estrategia de Estado que ayude a la administración y a sacar  la ciudad adelante?

FG: Ya lo hemos discutido con el Presidente Santos, tengo que reconocerle que ha estado pendiente, hemos hecho consejos de seguridad y está enterado de la situación. Nos hemos reunido con los alcaldes de ciudades capitales y le hemos expuesto la gravedad del tema.

ECOS: ¿Entonces que se necesita?

FG: Jueces de extinción de dominio, más  policía judicial, recursos para inversión social, una política de seguridad integral. Son muchas cosas al mismo tiempo, pero son temas por supuesto que son también de liderazgo y que implican que nosotros asumamos responsabilidades. ¿Qué hago como alcalde? Tengo unas funciones y debo asumir esa responsabilidad.

ECOS: ¿Cree que falta más atención del gobierno nacional, en las ciudades capitales de alguna manera se está disparando la delincuencia?

FG: Siento que es una realidad. Definitivamente hay problemas de seguridad que no se pueden ocultar, no la vamos a cambiar ocultando realidades. No vine aquí a mostrar solo cifras que convengan políticamente, estoy trabajando y mostrando lo que pasa, esa es la realidad. Cada que pasa algo en la ciudad yo mismo soy el que salgo y voy al barrio y doy las instrucciones.

ECOS: ¿Busca también soluciones directamente con la comunidad?

FG: Pongo un ejemplo, tuvimos una situación delicada en el Corregimiento Santa Fé, fui y di las instrucciones para que esos tres combos delincuenciales que operan en el sector,  sean desarticulados. Mostré quiénes son, el cabecilla, quiénes le siguen. Hay que desarticularlos y no podemos seguir hablando de manera etérea de estructuras criminales, bandidos, no, hay que decir quiénes son, dónde están, con nombres e ir detrás de ellos.

ECOS: ¿El tema no sólo es la represión, perseguirlos, sino también buscar soluciones sociales?

FG: Insisto, al tiempo que el Estado llega con fuerza a proteger al ciudadano, también debe llegar con oferta social. Si nosotros solo hacemos la represión y no llevamos inversión social no estamos haciendo nada. O si usted solo llega con inversión social pero deja que las estructuras criminales que dominan sectores sigan creciendo, pues no está haciendo nada. Hay que llegar con las dos al mismo tiempo.

ECOS: ¿Cómo debe ser una verdadera política de seguridad social?

FG: Es entender que hay que desideologizar la seguridad. La seguridad no es de izquierda ni de derecha. La seguridad es un deber ciudadano y hay que garantizarla, por eso las acciones deben ser conjuntas.

ECOS: Respecto al tema de las Farc. ¿Cuántos desmovilizados urbanos, porque ya han anunciado los distintos jefes de esa guerrilla que pueden llegar a 25 y 30 mil los que se van a desmovilizar, 8000 en armas y el resto urbanos?. ¿Cuántos podrán tener?

FG: Eso hace parte de la agenda de trabajo que tenemos justamente con el Gobierno Nacional, con la oficina de reintegración. Nosotros nos estamos preparando, es de acuerdo a lo que ha vivido la ciudad. A esa experiencia que tienen procesos de reintegración, es cómo vamos a asumir este modelo con toda la seriedad.

ECOS: ¿Sin duda alguna no para en seguir combatiendo el tema de la delincuencia en la ciudad de Medellín?

FG: Eso está totalmente claro. Fue el camino que elegimos con las consecuencias que tiene. El tema es que usted coge y sacude el palo y lo que esté flojo que se caiga, genera consecuencias dentro de la ciudad. Entonces por supuesto que es mejor hacer eso que someter a la ciudad al yugo de los criminales. No lo dude, hay que seguir, no podemos parar,  no es tarea de veinticuatro horas, es de todos los días, permanentemente, pero fundamentalmente tener la estrategia clara.

ECOS: ¿Los mandatarios locales y departamentales, de algún modo, van a tener que ayudar a trabajar en el tema del postconflicto?

FG: Acá hay un tema muy claro, hoy usted ve un gran porcentaje a favor de Sí y ve otro porcentaje grande a favor del No. Lo que digo: si hoy ni siquiera están del todo definidos cuáles son los acuerdos a los que han llegado, uno cómo puede decir sí o no. La responsabilidad de nosotros cuál tiene que ser: pedagogía, en qué sentido, que es lo mínimo que uno puede pedirle a la ciudadanía, que antes de votar se lea los acuerdos, que lea y que voten a conciencia.

ECOS: ¿Entonces usted define su voto después de leer lo que se acordó?

FG: Eso es lógico. Es lo que debe hacer cada colombiano. Hay que leer y hay que estudiar los acuerdos, lo que quiero es que cada colombiano, cada persona de Medellín, lea los acuerdos y después con su criterio y con toda decisión, salga y vote por el sí o por el no, pero que lo haga a conciencia.

ECOS: ¿Alcalde, muy amenazado, cómo está su seguridad porque sabemos que están enfrentando ustedes a gente que tiene mucha plata, narcotráfico, delincuencia,  secuestros,  muy complicada la seguridad, cómo ve el tema suyo?

FG: Sigo pa lante. Tengo claro para dónde vamos,  no hay que ceder a las amenazas, ni a chantajes ni a presiones. En Medellín tomamos esa decisión y no vamos a parar ni un solo día. En más de seis meses de gobierno no he parado y por supuesto que esa lucha contra esta criminalidad hay que seguirla, por eso asumí ese liderazgo y no lo vamos a soltar. 

Redacción Ecos. Foto regioncaribe.org.-Por las fallas en el servicio, los gobernadores de la costa caribe pidieron la salida de la empresa española Gas Natural Fenosa que distribuye la energía eléctrica  en esa región del país, así se afecten la relaciones con España.

"Si las relaciones (diplomáticas) se van a romper con España, por parte del Caribe, pues que se rompan", dijo el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, desde Cartagena en la reunión de  Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD).

En el evento se exhibieron carteles con la leyenda: "Que intervengan Electricaribe ya" por las reiteradas fallas en la prestación del servicio, expresaron los mandatarios departamentales quienes se convirtieron en los voceros  de los habitantes de la costa norte que  se quejan desde hace meses de los constantes apagones y las deficiencias en el servicio de electricidad que presta la compañía que, según alegan, causan grandes pérdidas económicas a las empresas y familias de los departamentos costeños.

El Gobernador de Bolívar Dumek Turbay fue claro en manifestar que “no podemos aceptar que una empresa abusiva, atropelladora como Electricaribe, tenga la desfachatez de amenazarnos con que el Gobierno de España está muy molesto por lo que estamos haciendo" y aseveró que  "el Gobierno de España y el rey de España deberían estar preocupados por la molestia que la empresa española causa a los usuarios colombianos”.

Los gobernadores coincidieron en afirmar que la única salida posible es que se intervenga a Electricaribe "para poder normalizar y remozar" su infraestructura y que la región disfrute de un mejor servicio.

"No aceptamos la sindicación de que el Caribe no paga; paga y paga muy bien", afirmó el gobernador de Bolívar Dumek Turbay al criticar el argumento de que parte de las dificultades de la empresa se deben al alto número de conexiones ilegales y a la falta del cumplimiento  de pago de los clientes.

Redacción Ecos. Foto: Efraín Herrera, SIG.- El Presidente Juan Manuel Santos lanzó este jueves el programa de ‘Universidades de Paz’, una estrategia que llevará programas académicos de universidades públicas acreditadas en alta calidad, a las zonas del país, que históricamente han sido afectadas por el conflicto armado.

“Seguimos haciendo la revolución de las oportunidades a través de la educación, y hoy tenemos una gran noticia para todo el país: vamos a abrir la puerta de las oportunidades para llevar la mejor educación superior y los mejores programas universitarios a los jóvenes de las regiones; hoy abrimos las puertas las puertas de las Universidades de Paz”, expresó el primer mandatario.

Santos explicó que “en los primeros dos años, las universidades irán a los territorios para que los jóvenes no tengan la necesidad de desplazarse… Y, en los siguientes años, terminarán sus estudios en las sedes principales de las instituciones”.

El Jefe de Estado indicó que “en esos primeros dos años, los estudiantes se formarán en ciclos básicos de las ingenierías, es decir, en áreas comunes… Posteriormente, son ellos, los jóvenes, quienes deciden en qué tipo de ingeniería se quieren formar: civil, agroindustrial, ambiental, química, de sistemas, entre otras”.

“¡Y lo harán totalmente becados! Sólo tienen que graduarse”, precisó.

Gracias a esta estrategia, los jóvenes de las  zonas urbanas y rurales de Colombia podrán acceder a programas académicos como las ingenierías en siete universidades públicas que cuentan con los más altos estándares de calidad educativa. Ello sin moverse de sus regiones, pues las instituciones desplazarán a su personal docente hasta los cascos urbanos durante los dos primeros años que dure el programa académico.

Una vez cumplido este tiempo, el estudiante continuará su proceso de formación en la sede principal de la respectiva institución. Todo este proceso lo podrán hacer completamente becados con la única condición de terminar su carrera y graduarse.

Las universidades que participarán son: Universidad Nacional,
Universidad de Cartagena, Universidad del Valle, Universidad de Caldas, Universidad de Antioquia, Universidad del Cauca y Universidad Tecnológica de Pereira.

Inicialmente, se beneficiarán 1.000 jóvenes de municipios como Santander de Quilichao y  El Bordo  (Cauca); Buga y Buenaventura (Valle del Cauca); Carmen de Viboral (Antioquia); Anserma y La Dorada (Caldas); Villagarzón (Putumayo); San Juan Nepomuceno (Bolívar); y La Virginia, Guática, Belén de Umbría y Apía (Risaralda), y se invertirán recursos por $17.500 millones, que servirán para pagar la matrícula de los estudios, el cupo y otorgarles un subsidio de sostenimiento de hasta 1.3 smmlv (en caso que se encuentren dentro del Sisben) una vez ingresen a quinto semestre y se desplacen a las sedes principales de las universidades. 

Las inscripciones para acceder a esta estrategia se efectuarán entre el 4 y el 16 de agosto a través de la página web del Ministerio de Educación (www.mineducacion.gov.co).

Podrán postularse jóvenes que hayan presentado las pruebas Saber después del 2014, que obtengan su título de bachiller en municipios distintos a las 14 ciudades principales definidas por el Sisben, que hayan sido admitidos en una universidad pública de alta calidad participante del Programa y que no estén recibiendo otros beneficios de financiación como Ser Pilo Paga. 

La publicación de los resultados se hará el 18 de agosto y los procesos de legalización del crédito se realizarán hasta el 2 de septiembre, de manera que los jóvenes puedan iniciar sus programas en el primer semestre de 2017.

“Esto es una revolución desde la educación que transformará las vidas de miles de jóvenes que podrán contribuir desde sus profesiones a la construcción de una Colombia en paz. ¡De eso se trata!, de empezar a construir la paz creando oportunidades para mejorar las vidas de las nuevas generaciones y de sus familias”, puntualizó el Presidente Santos.

En el acto estuvieron presentes la Ministra de Educación, Gina Parody, el Presidente del Icetex, Andrés Vásquez; los rectores de las universidades del Cauca, Juan Diego Castrillón; de Antioquia, Mauricio Alviar; Nacional, Ignacio Mantilla Prada; Valle, Edgar Varela; Tecnológica de Pereira, Luis Fernando Gaviria: de Cartagena, Federico Gallego y de Caldas, Felipe Londoño.

Por su parte, la Ministra Parody destacó que esta oportunidad de llevar educación superior de calidad a los municipios afectados por el conflicto, se convierte en una gran oportunidad de reconciliación y reconstrucción del tejido social tan importantes en la etapa de posconflicto que se aproxima.

“La educación es la principal herramienta para consolidar la paz en todo el país y el mejor aporte que pueden hacer las universidades es llevar sus programas académicos a las zonas rurales para seguir haciendo de Colombia la mejor educada”, puntualizó Parody.

Por Luis Fernando García Forero. Foto: Youtube.com.- La Comisión de Instrucción del Senado rechazó finalmente la ponencia del Senador José Obdulio Gaviria que pedía la nulidad del proceso en contra del Magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt.

Aunque Gaviria insistió que hubo varios vicios de procedimiento en el trámite de la acusación que venía de la Cámara –elaborada por el representante Julián Bedoya–, no fueron válidos esos argumentos para la Comisión de Instrucción del Senado.

Ahora pasará el informe de la Comisión a la Plenaria del Senado donde la próxima semana será votado para saber qué suerte tendrá el magistrado. La decisión final de la corporación implicaría el levantamiento del fuero del magistrado para que pueda ser sometido a un juicio penal ante la Corte Suprema de Justicia. Además, sería apartado de su cargo como magistrado del maximo tribunal constitucional puesto que es declarado indigno.

Ecos Políticos entrevistó al expresidente del Congreso, senador Conservador y de Norte de Santander, Juan Manuel Corzo, miembro de la Comisión de Instrucción y quien tuvo un papel decisivo para que el juicio político no se anulara.

ECOS: ¿Que le dice usted al país sobre la decisión que tomó la Comisión de Instrucción y que le pide a la Plenaria del Senado que acuse ante la Corte Suprema de Justicia al Magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt?

JMC: Fue una Comisión que trabajó con profundidad y responsabilidad. Aplaudo el ejercicio sano  e independiente como se debatió el tema. Se analizó lo concerniente a la competencia de las normas, la aplicabilidad de las mismas,  el enfoque constitucional y además la Ley Quinta, que se refiere al reglamento del Congreso; igualmente la claridad sobre la tipología del delito, es decir, si se estaba aplicando. También se tocaron otros parámetros  que enriqueció el debate.

ECOS: ¿Hubo dudas respecto a la competencia y la tipicidad del delito que, supuestamente, cometió el Magistrado Pretelt?

JMC: Mi posición fue aparte, porque se planteó sobre la nulidad, pero el artículo 29 de la Constitución Nacional habla de lo que es el derecho de defensa y es imposible que el abogado como lo fue, tuvo toda la oportunidad  procesal en la primera parte del proceso en la Cámara de Representantes, es decir en la Comisión de Acusación, de presentar nulidad de recusaciones, etc, etc.

ECOS: ¿En esta parte del proceso en el Congreso, no había campo para la defensa?

JMC: A nosotros la ley nos establece si admitimos o rechazamos la resolución de acusación, no presentar nulidades. De tal manera que teníamos que tomar una decisión sobre uno u otro aspecto.

ECOS: ¿Votó para que se acuse al Magistrado Pretelt?    

JMC: Mi posición fue clara en el sentido que la nulidad no cabe y por eso voté en contra del Informe del Senador José Obdulio Gaviria, por tanto quedó ratificada la resolución de acusación.

ECOS: ¿Qué sigue ahora?

JMC: Ahora vendrá a la Plenaria del Senado y serán las mayorías la que se impongan. Este ya es un tema más democrático, mucho más amplio. Habrá la posibilidad de exponer lo que se decidió y si deciden que hay argumentos, se enviará a la Corte Suprema de Justicia y si no, se archiva el proceso.

ECOS: ¿Cuál fue el resultado de la votación?

JMC: Cuatro votos contra tres.

ECOS: ¿Ese informe, si lo aprueba el Senado en pleno, declara indigno al Magistrado Pretelt?

JMC: Hay dos vías: la indignidad o encontrar méritos sobre todos los indicios y pruebas que habían y que  se analizaron en la Plenaria de la Cámara de Representantes. Lo que decidimos fue que hay mérito en la resolución de acusación y eso fue lo que se aprobó para que pase al Senado de la República.

ECOS: ¿La plenaria cuando incluye el tema en su orden del día?

JMC: Vamos a hacer un informe sobre lo que pasó, se decidió y sobre el acta, luego se enviará al Senado. Creo que en unos dos o tres días.

ECOS: ¿El Presidente de la corporación define el día que someterán a votación esa resolución de acusación?

JMC: Así es, ya queda en manos del Presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, quien fijará la hora y fecha para someter a consideración lo que se decidió en la Comisión de Instrucción.

ECOS: ¿Sólo el caso del General Rojas Pinilla llegó hasta la Plenaria del senado, ahora el del magistrado Pretelt. Es histórico, desde el punto de vista de las funciones del Congreso en materia judicial, contra los altos dignatarios del Estado?

JMC: Es un llamado de atención no a un magistrado, a la Corte Constitucional y obedece a que llamemos la atención sobre el equilibrio de poderes y presentar una norma para ir mejorando ciertos defectos que quedaron en la constitución y que no se presentaron en el Acto legislativo de Equilibrio de Poderes.

ECOS: ¿Es un ejemplo para decir que los congresistas si cumplen con la función jurisdiccional que le da la constitución y la democracia?  

JMC: Es un ejercicio que nos traslada a una función judicial del Congreso de la República y lo cumplimos sagradamente. Trabajamos con muy buenos asesores, estudiando y con dedicación. Desde luego, eso lo verán en las actas y todo el proceso que se hizo para llegar a un fin.

ECOS: ¿Fue verdaderamente una mala conducta la del magistrado Pretelt?   

JMC: Creo que los indicios conducen a que no solamente el Magistrado Pretelt, sino que hay actuaciones, formas, actividades que tiene cualquier magistrado de algunas de las cortes y que deben dar ejemplo en el país. Por eso vamos a trabajar sobre el tema,  es un llamado de atención muy fuerte. El caso del Magistrado Pretelt es un campanazo importante a nuestra democracia.

Redacción Ecos. Foto Julián Fernández.- El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, radicó este martes ante el Senado de la República, a 24 horas de ser posesionado en el cargo por el Presidente Juan Manuel Santos, tres importantes proyectos de ley, que tienen por objetivo optimizar el control de los actos de la entidad, fijar normas que regulen el reemplazo del jefe del ente acusador ante una ausencia absoluta, el control de las finanzas del órgano investigador, para así ampliar los niveles de transparencia.

Martínez, sostuvo que el primer proyecto establece que ante la falta absoluta del Fiscal, el Presidente de la República nombrará de inmediato una persona encargada y enviará a la Corte Suprema de Justicia la terna para la elección del jefe del ente acusador en propiedad. Una propuesta que contribuirá, no sólo a mitigar el efecto de las ausencias, sino contribuirá a la celeridad procesal.

Con ello, dijo el funcionario, busca que no se incentiven las prolongadas interinidades. Otro es un fiscal ad hoc para que encabece los casos en los que el titular del cargo se declare impedido.

Adicionalmente el Fiscal presentó otro proyecto, dirigido a mejorar la idoneidad profesional de los postulantes, ya que  la persona encargada del control interno de la Fiscalía deberá ser elegida por la Corte Suprema y no nombrada por el fiscal del turno, logrando así mayor transparencia.

“No puede ser una rueda suelta del control a la Fiscalía”, señaló Martínez Neira. El fiscal general, además, deberá rendir un informe anual.

Y agregó: "El proyecto establece que en caso de impedimentos o recusaciones del Fiscal General, le corresponderá a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia la designación de un fiscal "ad hoc" (...) Consideramos que esta iniciativa es altamente conveniente para garantizar principios fundantes de la justicia como la imparcialidad y la transparencia" señaló el Fiscal Martínez.

Con estos tres proyectos de ley el Fiscal General comienza a articular su Agenda, ya que durante el acto en la Casa de Nariño,  indicó que se necesita una reingeniería del sistema de justicia, porque, en la actualidad, la impunidad en Colombia llega al 99 % y el nivel de denuncia es muy bajo.

Es indudable, que estos proyectos son importantísimos para crear condiciones institucionales en el logro y consolidación de una política criminal preventiva y que logre controlar la corrupción en Colombia.

MinEducación. Foto SIG.- A partir de este 2 de agosto de 2016, Juan Manuel Santos, Presidente de la República le cumple hoy a los niños y niñas menores de 6 años, a las madres gestantes y lactantes, con la sanción de una Ley que convierte en Política de Estado la Estrategia para la Atención Integral de la Primera Infancia "De Cero a Siempre", herramienta fundamental en la reducción de las brechas de inequidad y pobreza e instrumento clave para el cumplimiento de los acuerdos de paz.

La Política de Estado "De Cero a Siempre" materializa el esfuerzo de años de las organizaciones de la sociedad civil, del sector privado, organizaciones sociales, de la cooperación internacional y de las Entidades del Estado.

La aprobación de esta Ley pone en evidencia que para la gestión de una política poblacional se requiere de una gestión intersectorial, articulada y eficiente, así como del apoyo decidido de todos los sectores para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las niñas y los niños entre 0 y 6 años de edad.

El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas ha reconocido en diferentes escenarios que los avances realizados en el país durante los últimos años los ha propiciado la Estrategia De Cero a Siempre.

Con la sanción presidencial de esta Ley, el Gobierno Nacional deberá fortalecer la implementación y sostenibilidad de la Estrategia "De Cero a Siempre" capitalizando los avances de los últimos 5 años en pro del desarrollo integral de la primera infancia.

La Ley "representa la postura y comprensión que tiene el Estado colombiano sobre la primera infancia, el conjunto de normas asociadas a esta población, los procesos, los valores, las estructuras y los roles institucionales y las acciones estratégicas lideradas por el Gobierno que, en corresponsabilidad con la familia y la sociedad, aseguran la protección integral y la garantía del goce efectivo de los derechos de la mujer en estado de embarazo y de los niños y niñas desde los cero (0) hasta los seis (6) años de edad".

La Ley De Cero a Siempre busca consolidar: 1) La primera infancia como una población prioritaria para el Estado, dado su carácter estratégico para el desarrollo y la sostenibilidad del país. 2) La articulación intersectorial como mecanismo de gestión fundamental para lograr la concurrencia de propósitos y recursos del gobierno nacional, territorial, y otros sectores de la sociedad poniendo en el centro de sus esfuerzos el desarrollo integral de los niños y las niñas desde la gestación hasta los 6 años. 3) Esquemas de gestión y financiación que permitan avanzar hacia la universalización de la atención y el ejercicio pleno de los derechos de la primera infancia. 4) Una visión clara sobre el desarrollo esperado para nuestros niños y niñas durante este periodo de vida, y de las líneas de trabajo gubernamental y social necesarias para alcanzarlo. 5) Una intervención diferenciada según la edad, el sexo, las particularidades de cada individuo y las condiciones en las que viven las niñas, los niños y sus familias.

A partir de la puesta en marcha de la Ley, el gobierno nacional está en la obligación de garantizar los recursos necesarios para la implementación de la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre. Los recursos presupuestados anualmente no podrán ser menores a los invertidos en la vigencia inmediatamente anterior.

Durante el cuatrienio 2010 - 2014 el Gobierno Nacional invirtió más de $10 billones de pesos en atención integral a la primera infancia; adicionalmente, las entidades territoriales tuvieron inversiones a nivel local para la atención integral de los niños y las niñas. El País actualmente invierte alrededor de $2.8 millones de pesos al año por cada niño atendido en un Centro de Desarrollo Infantil, y alrededor de $2.1 millones de pesos al año por cada niño atendido en modalidad familiar.

Con estas inversiones se ha logrado: 1) Atender integralmente y con calidad a 1"205.906 niñas y niños en primera infancia. 2) Cualificar a 116.693 agentes educativos en atención integral a la primera infancia. 3) Entregar 8´227.618 de libros y contenidos especializados en primera infancia en centros de desarrollo infantil y hogares comunitarios. 4) Implementar 140 salas de lectura en familia. 5) Acompañar técnicamente a 288 unidades territoriales con el fin de promover el fortalecimiento institucional para la implementación de la Estrategia. 6) Acompañar a más de 20 comunidades étnicas a desarrollar Rutas Integrales de Atención propias con pertenencia étnica y campesina. 7) Afiliar a 4.081.320 niñas y niños menores de 4 años al Sistema de Seguridad Social en Salud. 8) Entregar 3.300 ajuares de bienvenida a los recién nacidos más vulnerables. 9) Alcanzar el 95% de cobertura en vacunación. Colombia cuenta con el esquema de vacunación más completo de América Latina.

Los logros de la Estrategia De Cero a Siempre, hoy Política de Estado, han sido posibles, gracias a la decidida participación de muchas personas, empresas, fundaciones, y agencias de cooperación que han aportado recursos y conocimientos, para cumplir con la meta de garantizar las condiciones para el nacimiento y desarrollo de una nueva generación, que sirva de soporte a la construcción de la paz y de una sociedad más equitativa y bien educada.