Opinión

Por Mario Vargas Llosa. Tomado de El País Global.- Algo mareados por los fastos de la espectacular movilización con que se celebró la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las FARC, los partidarios del Sí nos llevamos una mayúscula sorpresa cuando, desmintiendo todos los sondeos, el No se impuso en el plebiscito. Lo más desconcertante de aquella consulta no han sido los pocos miles de votos que derrotaron a quienes estaban a favor, sino el casi 63% de electores que se abstuvieron de ir a votar.

Conviene hacer un esfuerzo y juzgar aquel resultado con la cabeza fría. Es evidente que no hay ni puede haber tres cuartas partes de Colombia a favor de esa guerra que, desde hace más de medio siglo, causa estragos en el país, con los millares de muertos y heridos, los secuestrados y chantajeados, el terrorismo, el obstáculo que significa para la vida económica las vastas regiones paralizadas por las acciones armadas, la inseguridad reinante y la letal alianza de la guerrilla y el narcotráfico fuente de copiosa corrupción institucional y social. El voto negativo y la abstención no implican un rechazo a la paz; manifiestan un escepticismo profundo frente a la naturaleza del acuerdo firmado en el que, con razón o sin ella, una gran mayoría de colombianos ve a las FARC como la gran triunfadora de la negociación y beneficiaria de concesiones que le parecen desmedidas e injustas.

No tiene sentido discutir si esta opinión sobre el tratado de paz es justa o injusta, porque los defensores de una u otra alternativa jamás se pondrán de acuerdo al respecto. En una democracia una mayoría puede acertar o equivocarse y el veredicto de una consulta electoral, si es legítimo, hay que aceptarlo, nos guste o nos disguste; en ello reside la esencia misma de la cultura democrática.

¿Significa esto que la guerra debe inevitablemente regresar a Colombia? En absoluto. Las reacciones tanto del Gobierno como de las propias FARC indican que ni uno ni otro lo creen así. Por su parte, los propios líderes de los partidos que promovieron el No —los ex Presidentes Uribe y Pastrana— insisten en que su oposición al Acuerdo no lo era a la paz, sino a una paz injusta, por lo que estimaban concesiones excesivas a la guerrilla sobre todo en lo concerniente a la impunidad para los autores de delitos de sangre y los “crímenes contra la humanidad” así como los privilegios que obtenían las FARC en su mutación de movimiento subversivo a fuerza política legal. Esto significa que queda siempre una oportunidad para la paz; basta que prevalezca en ambas partes cierto espíritu pragmático y una pizca de buena voluntad.

A mí, en medio de la desazón que me produjo el resultado del plebiscito, me levantó algo el ánimo —más todavía que las palabras alentadoras con las que Timochenko comentó el resultado de la votación— ver a los jefes guerrilleros, en La Habana, con sus impecables guayaberas, sus puros entre los dedos y, acaso, los vasos de ron al alcance de la mano, siguiendo expectantes el recuento del escrutinio. No era ese el espectáculo de combatientes nostálgicos de la dura y sacrificada vida del monte y la intemperie, sino la de un grupo de hombres envejecidos y cansados, acaso conscientes en el fondo de sus corazones (aunque nunca lo reconocerían) que aquello que representan está ya fuera del tiempo y de la historia, condenado irremisiblemente a desaparecer. Si no fuera así, no hubiera habido Acuerdo de Paz. Y puede volver a haberlo, a condición de que las partes saquen las conclusiones adecuadas de la consulta democrática que acaba de ocurrir.

La primera de ellas es que la popularidad de las FARC, que en algunos momentos del medio siglo transcurrido llegó a ser alta, ha caído en picada y que una clara mayoría del pueblo colombiano no cree ya en lo que hacen ni en lo que dicen. Y que su aspiración máxima es que no sólo se vayan de las montañas y la selva sino también de la vida política. Eso significa que a los antiguos guerrilleros les costará muchos esfuerzos y una entrega real al quehacer político pacífico para recuperar un papel importante en la Colombia del futuro.

Los partidarios del No, ganadores del plebiscito, no deben dejar que los obnubile la victoria y demostrar con hechos que, efectivamente, quieren la paz. Una paz mejor que la que proponía el Acuerdo, pero la paz, no de nuevo la guerra. Eso implica negociar, hacer y conseguir concesiones del adversario, algo perfectamente realista, a condición de que no confundan el triunfo del No con unas FARC derrotadas a las que se puede humillar e imponer toda clase de exigencias.

Será difícil llegar a ese nuevo acuerdo, pero no es imposible. No todavía. Lo han conseguido en Centroamérica y en Irlanda del Norte, donde quienes se entremataban con ferocidad sin igual hace pocos años, hoy coexisten y, mal que mal, se aclimatan a la democracia. Lo importante es ser conscientes de que la vieja idea-fuerza, que en los años sesenta y setenta movilizó a tantos jóvenes, que la justicia social está en los fusiles y las pistolas, es ahora letra definitivamente muerta. Quienes murieron fascinados por esa ilusión mesiánica no contribuyeron un ápice a disminuir la pobreza y las desigualdades y sólo sirvieron de pretexto para que se entronizaran atroces dictaduras militares, murieran millares de inocentes, y se retrasara todavía más la lucha contra el subdesarrollo. En América Latina ha ido renaciendo, en medio de ese aquelarre de revoluciones y contrarrevoluciones, la idea de que, a fin de cuentas, la democracia es el único sistema que trae progreso de verdad, ataja la violencia y crea unas condiciones de coexistencia pacífica que permiten ir dando solución a los problemas. Es menos vistoso y espectacular de lo que quisieran los impacientes justicieros, pero, juzgando con los pies bien asentados sobre la tierra, ¿cuáles son los modelos revolucionarios exitosos? ¿La trágica y letárgica Cuba, de la que millones de cubanos siguen tratando de escapar, cueste lo que les cueste? ¿La destrozada Venezuela, que se muere literalmente de hambre, sin medicinas, sin trabajo, sin luz, sin esperanzas, secuestrada por una pequeña pandilla de demagogos y narcotraficantes?

Los partidarios del No que agitaban el espectro de una Colombia que podría volverse “castrochavista” si ganaba el Sí, sabían muy bien que no era cierto. Si en algún momento “el socialismo del siglo XXI” ejerció alguna influencia en América Latina, aquello ya quedó muy atrás y, dado el estado calamitoso adonde ha llevado a Venezuela, el chavismo se ha convertido más bien en el ejemplo luminoso de lo que no hay que hacer si se quiere vivir con paz y libertad y progresar.

Colombia ha seguido siendo una democracia en el medio siglo y pico que ha durado la guerrilla y eso es ya un extraordinario mérito. Un esfuerzo más, de todos, para que la paz sea posible.

Por Juan Fernando Londoño.- El Presidente Santos anunció la prórroga del cese bilateral del fuego hasta el 31 de diciembre, con eso brinda oxígeno a la discusión para introducir ajustes al Acuerdo de Paz firmado con las FARC, y también logra quitar presión para poder atender los otros frentes con los cuales tiene que responder su gobierno, en particular concentrar las energías en sacar adelante la reforma tributaria.

Hasta hace dos semanas, el gobierno –apoyado en la victoria que esperaba obtener en el plebiscito- confiaba en tener la legitimidad y fuerza política necesaria para tramitar una reforma impositiva sin mayores inconvenientes. Varios factores ayudaban a confirmar esta presunción, el más importante de ellos, que sería fácil vender la idea de conseguir más recursos para financiar el posconflicto, pues con el apoyo a la paz en las urnas nadie se iba a oponer a la necesidad de financiar dichos compromisos. Ahora que no se sabe cuándo empezará la construcción de paz el único discurso posible es reconocer ante la ciudadanía la difícil situación fiscal de la nación y esto va a resultar no solo doloroso sino costoso para el gobierno que tendrá que explicar qué quedo de los años de bonanza petrolera.

No hay que descartar tampoco que el gobierno incluso hubiese contemplado tramitar la reforma tributaria por el procedimiento legislativo especial pues si su justificación era que el objetivo de los recursos era para financiar los compromisos derivados de los Acuerdos tenía mucho sentido usar ese mecanismo para el trámite, aunque con claros riesgos jurídicos posteriores.

El último factor que facilitaba un trámite holgado de la reforma tributaria era la cohesión que la coalición gubernamental habría tenido luego de la victoria. Así como quienes apostaron por el No hoy sacan pecho, el caso contrario habría permitido que la Unidad Nacional aprobara sin mayores dificultades el paquetazo impositivo.

Hoy nada de eso existe. Ni la justificación del postconflicto, ni el trámite legislativo especial, ni una coalición unificada. Y en cambio sí existe el riesgo gigante de deteriorar la perspectiva crediticia del país y sumarle una crisis económica a la crisis política que existe por cuenta de la derrota en el plebiscito.

Ahora el gran desafío para el gobierno es sacar una reforma tributaria que no le rompa la coalición parlamentaria. Un par de meses atrás, cuando al presidente le advirtieron que no rompiera los pactos del Congreso nominando a Néstor Humberto Martínez para la Fiscalía, el presidente contestó que no le importaba las consecuencias de esa decisión. Ahora lo único que no le puede pasar al presidente Santos es perder la mayoría parlamentaria, pues eso implicaría el fin de su gobernabilidad. Ya el Centro Democrático anunció que no apoyará la reforma, pues ni tontos van a asumir los costos de subirle impuestos a la gente. Es probable que tampoco el Polo apoye en todo o en parte la iniciativa. Así que si uno de los grandes partidos decide apartarse no solo la tributaria y la perspectiva económica sufrirán, también los acuerdos para adelantar la implementación de los acuerdos de paz.

El aspecto más difícil será la concertación en torno al IVA que al final es lo único que puede ayudar a aliviar la situación del fisco nacional. Los sueños de tramitar una reforma estructural y cosas por el estilo parecen cada vez menos viables en el callejón de la falta de tiempo para el trámite legislativo que debe culminar en diciembre. Como de costumbre, presenciaremos una nueva reforma para tapar huecos, víctimas como somos del dilema general de la política tributaria, y es que en épocas de vacas gordas nadie cree que se necesite, y en épocas de vacas flacas nadie quiere asumir el costo de hacerlas.

Así pues, el cese al fuego con las FARC para poder intentar los ajustes que resulten viables para el acuerdo también le permite al gobierno usar los últimos cartuchos políticos que necesita para poder salvar la reforma tributaria. Por fortuna para Santos, el congreso de Colombia ha sido capaz de tumbar reformas constitucionales pero nunca le ha negado una reforma tributaria a los presidentes.

Por Ricardo Lagos. Foto: Reuters.- Cuando se hizo público, en noviembre de 2012, que desde hacía algunos meses se estaban desarrollando conversaciones secretas en La Habana entre el Gobierno de Colombia y las FARC, Enrique Santos Calderón, hermano del presidente colombiano y figura clave en aquellos primeros contactos, dijo una frase que por estos días resuena con especial fuerza: “No se puede condenar a los colombianos a otros cien años de soledad y violencia”. Sus palabras connotaban una referencia a Gabriel García Márquez y su obra magnífica. Pero, de seguro, al citar al premio Nobel colombiano jamás Santos Calderón imaginó que cuatro años más tarde sería su hermano gobernante el otro Nobel que tendría Colombia, esta vez el de la Paz.

¿Es válida esta decisión del Comité Noruego del Nobel? La respuesta reclama ver los dos valores esenciales que la determinan: un reconocimiento a los esfuerzos hechos hasta ahora por lograr una paz definitiva para Colombia y un respaldo a las complejas gestiones políticas que el presidente, Juan Manuel Santos, tendrá que impulsar en pro de la meta principal, esa de crear condiciones permanentes para la paz bajo un consenso nacional.

Pero no olvidemos el contexto. Colombia pasó de ser un país de cinco millones de habitantes a comienzos del siglo XX a uno de 40 millones cuando terminó la centuria. Y su crecimiento le ubica hoy entre las naciones de ingreso medio en el mundo y con mucha fuerza emergente. Pero la violencia endémica ha golpeado como una constante al país casi desde sus orígenes. Y por eso, en tiempos de Guerra Fría y guevarismo, se formaron las FARC y otras agrupaciones que con las armas en la mano buscaban el camino rápido para alterar el orden democrático y resolver así los problemas acuciantes de la pobreza y la miseria. Cincuenta años después, con enfrentamientos entre guerrilleros y Ejército, más los paramilitares, queda ese saldo doloroso y dramático con más de 200.000 muertos. Víctimas de lado y lado se han visto las caras, se han dicho verdades lacerantes, han llorado juntos ansiosos de rescatar así su dignidad castigada.

Tras cuatro años de deliberaciones complejas se llegó al acuerdo y se firmó. Todo podría haber culminado allí en una solemne ceremonia. Luego vendrían las leyes específicas y los sistemas de justicia previstos, más la incorporación a la política de los rebeldes de ayer. Pero el presidente Santos asumió la trascendencia histórica que tenía el paso dado y —aunque no estaba obligado a ello— decidió convocar a un referéndum nacional donde la ciudadanía diera su veredicto final.

Y claro que golpeó fuerte el resultado, no se esperaba el no. Pero aquí viene la otra lectura del Comité del Nobel que debemos rescatar: se valoró la existencia de un proceso de paz. Y en ese sentido, todo lo vivido en los últimos días ratifica ese devenir. Lo primero fue esa reacción inmediata del mandatario colombiano: no dejó paso a la incertidumbre, no dejó a su pueblo viviendo en el vacío. En otros términos, develó que la Política —así con mayúsculas— debía saber actuar para no perder el rumbo.

Es cierto que ahora hay muchas preguntas sobre la mesa. Pero los gestos y los símbolos dicen mucho: ahí está el encuentro con el expresidente Álvaro Uribe, duro opositor al acuerdo, que regresó al Palacio Nariño para decir que no estaba en contra del “proceso de paz”, sino de los términos suscritos con las FARC. No es poco para quien en su Gobierno siempre apostó a la confrontación militar para acabar con la guerrilla. Y otro agregado simbólico ha sido su felicitación al presidente Santos al conocerse la noticia de su elección como premio Nobel de la Paz.

A su vez, el mandatario colombiano desdibujó la dimensión personal del premio señalando que éste pertenecía a todo el país. Y fue inteligente en marcar que si aquello producía satisfacción, no podía dejarse atrás el trasfondo trágico que determinaba el origen de esa distinción: “Lo recibo, en especial, en nombre de los millones de víctimas que ha dejado este conflicto que hemos sufrido”.

El proceso de paz en Colombia sigue vivo, aunque en lo inmediato se vea difícil. Y eso, para toda América Latina, es esperanzador. No es la hora de las armas, sino de las palabras y de la grandeza política para construir una nueva épica en ese país. Una épica capaz de pensar en cien años de convivencia creativa y en paz.

Por Jaime Enrique Durán Barrera.-No son pocos los delitos que sucederán en Bucaramanga y su zona metropolitana, por la ausencia de los modernos sistemas de video- vigilancia, que aporta el Ministerio del Interior, a las ciudades de toda Colombia.

No es posible que por no hacer los ajustes necesarios para lograr la viabilidad técnica del proyecto de seguridad y no aceptar el acompañamiento, para este fin, de los técnicos del Ministerio del Interior, Bucaramanga y sus alrededores se queden a la merced del hampa.

¿Acaso los bumangueses no merecían contar con sistemas modernos, que no sólo monitorean el devenir cotidiano de la ciudad, sino registran los eventos y las situaciones de riesgo para alertar a la fuerza policial a prevenir y a llegar más pronto a la escena de los delitos? ¿Por qué no pueden tener la opción de poseer la prueba filmada de un delito?

Al Alcalde de Bucaramanga le pareció mejor criticar al Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo y a su equipo de trabajo, que implementar La Estrategia “Vive Seguro. Vive en Paz”.

Esta estrategia  tiene como objetivo final la cobertura total, en ciudades capitales, a través de sistemas de video- vigilancia, el control del delito y del uso adecuado de la fuerza pública, que aparte de ser un sistema que amilana a los delincuentes, deja la evidencia registrada y permite, en tiempo real, observar la ciudad, así como atender las emergencias.

Hacer ajustes al proyecto presentado al Ministerio del Interior era lograr la tranquilidad de los bumangueses. Pero esta no era la preocupación del Alcalde, sino la de criticar y despotricar, simplemente no hacer nada.

El Alcalde Rodolfo Hernández Suárez respecto a este tema, actuó de manera irresponsable. Uno de los peores problemas que sufre la sociedad colombiana es la inseguridad y todo lo que se pueda hacer para prevenir, controlar y juzgar a los delincuentes, es urgente y necesario para lograr la tranquilidad de los ciudadanos.

Ingeniero Hernández, usted fue elegido para tomar las mejores decisiones por la ciudad de Bucaramanga y tapar su negligencia con críticas al Ministro Cristo, es no asumir su responsabilidad.

Criticar a los políticos siendo político es lamentable. Usted es político desde que asumió la candidatura por la alcaldía, ganó y, por ende, debe cumplir con sus funciones en beneficio de la seguridad y el bienestar de sus conciudadanos.

Por Jairo Gómez.-Del título de este artículo se deriva parte de la incertidumbre en que estamos los colombianos, sin saber, diez días después, qué va a suceder con el Acuerdo de Paz suscrito en Cuba.

Empecemos por la mentira, que fue la que llevó a que muchos votantes apoyaran el No. Las revelaciones del gerente de la campaña uribista por la negativa a los acuerdos ponen en evidencia la degeneración patológica de la política, encabezada por el grupo del expresidente y senador.

Esa degeneración patológica de la política devela, además de una incredulidad patente las instituciones (“voten antes de que los cojan presos”), que, para acceder al poder o neutralizar cualquier instancia ajena a sus intereses (el plebiscito), se acude a lo más ruin. Ello lo corrobora que, para desvirtuar el debate serio y transparente sobre una noble decisión, era ponerle fin a la guerra, se procedió a “tergiversar el mensaje y desinformar”, como lo reveló el gerente uribista.

“Y ahora que ganaron con mentiras, ¿qué hacemos?”, se preguntaba un ciudadano decente. En un país serio la sociedad entera estaría escandalizada, máxime cuando la estrategia de la mentira y la difamación viene de un líder que gobernó el país durante ocho años. “No me vengan a echar toda el agua sucia, el Doctor Uribe participó de la creación y ejecución de la estrategia del No”, confirmó el gerente de la campaña. Justamente lo que se espera es que esto tenga una consecuencia jurídica o política, y que los responsables de semejante despropósito paguen por su falta de honestidad.

El otro tema es la verdad: el auténtico debate es el Tribunal de Justicia, no hay duda. Todos los responsables del conflicto (guerrilleros, Fuerza Pública, Empresarios, políticos etc.) tendrán que decir la verdad a cambio de penas alternativas, y si no la dicen, se van a la cárcel. No hay tal impunidad. El país y las víctimas necesitan saber la verdad.

Bien dijo recientemente en una entrevista el historiador y director del Centro de Memoria Histórica, Gonzalo Sánchez, que “La paz nos va a permitir desenterrar mucha verdad sobre el conflicto colombiano. Ya podemos ver, por ejemplo, que las dimensiones de la desaparición forzada son más grandes de las que se creía. Nuestros cálculos van por encima de 60.000 desaparecidos”.

Sin verdad no hay justicia, y sin esa verdad no se sentirán reparadas las víctimas más allá del resarcimiento y la no repetición. Ellas, las víctimas de las que no habla el Centro Democrático, fueron el centro de la negociación en La Habana y ahora les quieren poner conejo en momentos de ajustes al Acuerdo, proponiendo la supresión del Tribunal de Paz. Además, el uribismo insiste en crear una justicia especial para los hombres de la Fuerza Pública (militares y policías), protagonista esencial del conflicto interno. ¿Qué busca esta iniciativa? ¿Ocultar la verdad? Vaya usted a saber. Lo que sí es cierto es que militares presos en razón del conflicto advierten, primero, que están con el acuerdo de paz y, segundo, que les gusta la justicia transicional pactada.

Presidente Santos usted dijo con nobleza: “Este premio Nobel de Paz es para ustedes, las víctimas”. Hágalo realidad, recuerde que la paz es un derecho de obligatorio cumplimiento.

Por Jorge Enrique Robledo Castillo.-Lo que está ocurriendo con el proceso de paz luce tan absurdo que estamos en peligro de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declare manicomio a todo el territorio de Colombia. Veamos por qué.

Sigo convencido que habría sido mejor un triunfo del Sí en el plebiscito, porque estaríamos en el proceso de desarme de las Farc y no en esta incertidumbre de alto riesgo. Pero ya hubo un veredicto de las urnas que nadie debe desconocer y que lleva a modificar los acuerdos, ajuste que puede lograrse porque nadie llamó a votar en contra de terminar una violencia estéril desde el día en que las Farc decidieron tomarse el poder por las armas.

En el plebiscito hubo tres posiciones. 1. Sí a lo pactado en La Habana y sí al gobierno de Santos. 2. No a Santos y no a lo acordado pero sí a desarmar a las Farc, modificando el acuerdo. 3. Sí a lo consultado pero con oposición a Santos, que fue la del Polo y de otros sectores, punto de vista que le aportó unos 2.5 millones de votos al Sí, a pesar de la obtusa política santista de vetarnos en la gran prensa. Y pusieron muchos votos quienes, sin ser uribistas, votaron No. Y es un hecho que las Farc cambiaron su decisión de 50 años y anhelan reintegrarse a la vida civil, con lo que nadie en Colombia se opone a terminar con acuerdos esta tragedia, posición que además cuenta con la participación determinante de Estados Unidos y el respaldo de los demás poderes del mundo.

Sin embargo, y esto es lo que nos tiene bajo observación de la OMS, el país está partido por mitades, ¡y con un nivel de pugnacidad desproporcionado!, ruptura que se expresa con agresividad en todos los sectores sociales y que tiene como causa principal las posiciones de Juan Manuel Santos y de Álvaro Uribe Vélez, los jefes de los dos sectores que dividen a los que han mandado en Colombia. Esto, aun cuando Santos fue ministro de Uribe y este lo eligió presidente, y porque coinciden en lo fundamental, incluido acabar con la guerrilla, aunque ahí tengan sus discrepancias, y en aplicar a rajatabla el nefasto modelo neoliberal.

Estamos ante las consecuencias de la incapacidad de Santos y de Uribe para ponerse de acuerdo sobre cómo desarmar a las Farc, a pesar de que toda Colombia desea hacerlo, ¡incluidos ellos y las propias Farc!, y que la historia del país dice que los acuerdos nacionales, o muy mayoritarios, han logrado determinaciones complejas. Por la razón que cada uno alegue y en un agresivo debate dominado por el todo vale, fracasaron en acordarse, arriesgando un cambio muy importante para el país. Ilustra que sí hubo conciencia de este despropósito que hace un año en el Senado detallé que la falta de un pacto conducía a definir este asunto a voto limpio, con vencedores y vencidos, contraviniendo la experiencia del fin de la violencia liberal-conservadora, la paz con el M-19, la Constitución de 1991 y el proceso con los paramilitares ((http://bit.ly/2cZ8hPf).

Ante el peligro de volver a formas ya superadas de confrontación con las Farc, les escribí al presidente Juan Manuel Santos y al senador Álvaro Uribe –los jefes de los dos bloques sin los cuales en la Colombia de hoy no puede superarse este conflicto–, instándolos a jugar el papel en el que nadie puede reemplazarlos y a alcanzar un pacto que además pueda convertirse en nacional, en la medida en que podamos aceptarlo las demás fuerzas que actuamos en la legalidad y las mismas Farc. También les señalé que su acuerdo no debía usarse para decidir en contra de las condiciones de vida y de trabajo de los colombianos ni del Polo Democrático y de los demás sectores que ellos no representan. Y concluí diciéndoles que hacía votos porque no resultaran inferiores a las circunstancias que les habían impuesto la vida y los altos intereses de Colombia (http://bit.ly/2dQQxq2). El colmo sería que las elecciones de 2018 fueran otras definidas con la paz usándose como cortina de humo para no debatir las causas de la pésima situación económica y social del país.

Así las cosas, el título de este artículo se entiende si se conoce el siguiente cuento que, con algo de humor, que en el momento tampoco sobra, le cae como anillo al dedo: “Tú te metiste; tú te sales”, le gritó un costeño al político que no encontraba la manera de terminar un discurso que se le había enredado.

Por Andrés Malamud*. Tomado de La Nación.- ¿Qué vemos cuando miramos a Venezuela? Algunos, socialismo; otros, autoritarismo. Ambas interpretaciones se enfocan en el régimen político, que es la forma de organizar el gobierno. Una tercera interpretación se burla de las anteriores: el problema, afirma, no es el gobierno sino el Estado; o, mejor dicho, su colapso. Porque no importa quién maneja cuando el auto no tiene motor.

Sería errado inferir que el régimen es irrelevante. Al contrario, de él derivan dos de las regularidades más consistentes en las relaciones internacionales. La primera, la teoría de la paz democrática, proclama que las democracias no hacen la guerra entre sí. La segunda postula que sólo las democracias pueden producir integración regional. Ambas teorías dan por supuesta la fortaleza estatal. Sin embargo, la historia humana es rica en Estados fallidos. Y el presente también.

Los observadores occidentales nos hemos concentrado en la dicotomía entre democracia y autoritarismo y perdimos de vista lo que viene antes: el orden político. Naturalizamos la paz y la prosperidad que siguieron a la Segunda Guerra Mundial y, sobre todo, la Guerra Fría. Había motivos: a inicios del siglo XXI, las democracias aumentaban, las dictaduras disminuían y la violencia política se reducía. Es verdad que el 11 de septiembre de 2001 disparó una alarma. También lo es que la erosión de viejas dictaduras y nuevas democracias moldeó el término "autoritarismo competitivo" para definir a un régimen híbrido que se multiplicaba. Nada grave, desmerecimos: la democracia y el capitalismo prevalecerán. Ahora no estamos tan seguros.

Las intervenciones en Afganistán e Irak fueron un punto de inflexión. "¡Por supuesto que se puede imponer la democracia desde afuera!", insistían algunos señalando a la Alemania y el Japón de la segunda posguerra. Tenían razón, se puede. pero en condiciones que no están presentes en todos lados. La preexistencia de un Estado operativo es una de ellas. O la unidad nacional expresada en una lengua, una historia o mitos compartidos. A alemanes y japoneses les llevó siglos construir sus Estados-nación; otras regiones del mundo no completaron ese proceso. Reluctantes, fuimos descubriendo que la democracia moderna no es un fenómeno universal sino un lujo burgués.

Las guerras civiles en Siria y Libia corroboraron las sospechas: no se puede instalar una democracia sobre un Estado roto. Sin un buen auto, hasta un buen chofer termina estrellado. Antes de exportar un régimen, Occidente debía fomentar la construcción de instituciones. ¿Cuáles? Las inclusivas, por contraste con las extractivas. El objetivo sería alinear los incentivos individuales con los colectivos: que cada uno, procurando su propio beneficio, contribuyera al de todos. La mano del mercado sólo funciona cuando las instituciones la tornan visible.

Las instituciones importan

La justificación de este abordaje fue obra del politólogo James Robinson y el economista Daron Acemoglu. En su libro ¿Por qué fracasan los países?, ellos descartan las explicaciones tradicionales. El desarrollo no depende del clima o la geografía, alegan: los países fríos (como Rusia) también fracasan, y países cálidos (como España) pueden prosperar. Tampoco es la cultura: tanto el individualismo estadounidense como el comunitarismo japonés colocaron a sus economías entre las primeras del mundo. Menos mal, suspiramos, porque la geografía y la cultura son difíciles de modificar. Es más alentador que el éxito o el fracaso de una sociedad dependan de la acción humana. Y eso sugieren Robinson y Acemoglu. La clave no está, sin embargo, en las políticas públicas; sería fácil alcanzar el desarrollo si bastase con implementar un recetario de corto plazo. El secreto reside en las instituciones, que cristalizan acciones en el largo plazo.

Ahora bien, el fútbol de potrero tiene las mismas reglas (instituciones) que el profesional. Sin embargo, la buena fe y alguna escaramuza ocasional alcanzan para hacerlas cumplir. Pero la alta competencia exige árbitros profesionales y un sistema que los respalde y controle. Sin árbitros es esperable una guerra campal. Manteniendo la metáfora, el desarrollo es como la alta competencia, donde las instituciones son las reglas, y el Estado, el árbitro. En la historia de la humanidad, sin embargo, abundan la ausencia o la venalidad del referí. Nuestra creencia en la normalidad del Estado, alimentada de presente y corto plazo, contradice siglos de Estados fallidos.

Tres académicos se unieron recientemente en la denuncia de este error. Ernesto Dal Bó (profesor argentino de Berkeley), Pablo Hernández Lagos (chileno de NYU) y Sebastián Mazzuca (argentino de Johns Hopkins) muestran que las instituciones no funcionan en el vacío, sino sobre un sustrato previo: el equilibrio entre producción y defensa. Sin producción de excedente (es decir, más bienes de los que se consumen) no hay prosperidad; y sin capacidad de defender el excedente contra ataques predadores no hay sustentabilidad. La economía y la fuerza son necesarias en partes iguales para explicar la génesis de la civilización. Las instituciones inclusivas sólo funcionan una vez que la fuerza asegura el orden público, es decir, cuando el Estado afirma su monopolio de la violencia hacia adentro de la sociedad y frente a sus enemigos externos. Es este monopolio el que hoy tambalea en varias zonas del globo.

¿Las instituciones importan?

Crisis como las que sufren Venezuela, Siria o la misma Unión Europea sugieren que la civilización no enfrenta un déficit democrático, según está de moda afirmar, sino un potencial colapso del orden político. Si asoma una era de Estados fallidos, resulta inapropiado preocuparse por el jogo bonito. Lo que falta en el mundo son referís más que reglamentos o jugadores.

El analista venezolano Moisés Naím tiene una explicación para la multiplicación de los colapsos. Él sostiene que el poder está cambiando de manos: de grandes ejércitos a bandas de insurgentes, de corporaciones a emprendedores, de los palacios presidenciales a las plazas públicas. Pero también está cambiando de naturaleza: el poder es cada vez más fácil de ganar, más difícil de ejercer y más fácil de perder. Como consecuencia, los líderes actuales tienen menos poder que sus antecesores, y la inestabilidad es mayor. En contraste con el pasado, sin embargo, los cambios son casi siempre reactivos. Los nuevos micropoderes derrocan dictadores y destruyen monopolios, pero no construyen alternativas. El resultado no es más libertad sino caos y bloqueo.

Ante el desafío de la erosión, nuevos líderes apelan a la concentración. El hombre (y, cada vez más, la mujer) fuerte es el símbolo de los tiempos. Donald Trump, Marine Le Pen, Hugo Chávez, Recep Tayyin Erdogan: en todos lados surgen dirigentes que se insurgen contra el desorden y la moderación. Defienden la idea de Estado o nación fuerte.

Sin embargo, lo contrario de un Estado fallido no es la concentración del poder, o, al menos, no de cualquier tipo de poder. El sociólogo Michael Mann propuso una distinción entre la dimensión despótica y la infraestructural del Estado. El poder despótico es mayor cuando el Estado puede actuar coactivamente sin restricciones legales. El poder infraestructural se refiere a la habilidad del Estado para arraigarse en la sociedad y organizar las relaciones sociales. En estos términos, el Estado absolutista francés del siglo XVIII era estructuralmente más débil que su rival británico. Aunque el primero disponía de un amplio margen de arbitrariedad, su capacidad para movilizar a la sociedad y extraer de ella recursos y apoyo era inferior a la del gobierno británico. Del mismo modo, ya en el siglo XX, Gran Bretaña y Estados Unidos se mostraron más efectivos que la Alemania nazi y la Rusia soviética a la hora de asegurar respaldo interno y movilizar para la guerra. Cuanto más fuerte el caudillo, más débil el Estado.

Ciudadanos y analistas, sin embargo, carecen de herramientas para entender los nuevos tiempos. Podemos bucear la explicación en Maquiavelo. El florentino diferenciaba entre tiempos normales y excepcionales. En los primeros, las reglas de juego son conocidas y previsibles. En los tiempos excepcionales, en cambio, se tornan ambiguas e imprevisibles. Son los momentos de crisis o transición, cuando lo viejo ya se fue pero lo nuevo aún no llegó. Nuestras cabezas están formateadas durante las mejores décadas en la historia de la humanidad, que vieron reducirse la mortalidad infantil, aumentar la expectativa de vida y disminuir la violencia como nunca antes. Pero el siglo XXI trae dos transformaciones enormes e irreversibles: el envejecimiento demográfico y la urbanización planetaria. En cada vez más países, los viejos son más que los niños. Y por primera vez desde siempre, más seres humanos viven en las ciudades que en el campo. Pero envejecimiento y urbanización son regionalmente asimétricos, agregando nafta a los conflictos que vienen. Envejecen los países desarrollados, tornándose más conservadores; se urbanizan los países en desarrollo, generando desarraigo y mayor propensión al riesgo. La inestabilidad de los flujos financieros, los conflictos étnicos y las olas de inmigrantes y refugiados son, también, consecuencia de estas transformaciones.

Ante esta situación, Philippe Schmitter ha sugerido que la ciencia política está mal organizada. No tiene sentido distinguir entre política comparada (la que ocurre dentro de los Estados) y relaciones internacionales (lo que transcurre entre Estados), porque el monopolio de la fuerza ya no distingue ambos ambientes. Por un lado, hay estados incapaces de mantener el orden interno: casi todas las guerras contemporáneas son civiles. Por el otro, hay regiones -como América del Norte, Oceanía y Europa Occidental- en que las relaciones interestatales son pacíficas y previsibles. Schmitter propone entonces que algunos politólogos se dediquen a estudiar la política rutinaria de las zonas normales: elecciones, políticas públicas, tratados de comercio. Otros deberán especializarse en la política de tiempos excepcionales: colapso estatal, integración regional, transformación del poder.

Hace falta entender que las mejores reglas son vanas cuando se juega sin referí. Si no lo hacemos, cuando miremos a Venezuela estaremos observando el futuro.

Por Diego González.- Colombia al igual que muchos países de Latinoamérica adolece de un sistema jurídico sólido, esto se debe a un fenómeno que ha sido identificado por los especialistas como “inflación legislativa”, que consiste en la multiplicidad y sobreproducción innecesaria y desordenada de leyes, lo cual ocasiona dificultades para la normal y correcta aplicación de las mismas.

Las democracias modernas a través de sus poderes legislativos han resuelto este problema con la creación de digestos jurídicos, es decir mediante la recopilación, compilación, ordenamiento, análisis, consolidación y sistematización de todo el universo jurídico existente en sus respectivos países.

El Digesto Jurídico tiene su primer antecedente histórico en una de las obras más importantes en la literatura del derecho, “el Digesto de Justiniano”, el cual data del año 533 d.c. cuando por orden del Emperador Justiniano, se integro una comisión de dieciséis miembros, dirigida por el jurista Triboniano, la cual tenía como objetivo ordenar, compilar y codificar con carácter oficial todos los precedentes jurisprudenciales que integraban el “Ius Civile y Ius Honorarium” y que no estaban recogidos en las leyes, obra que se constituyó en el “Corpus Iuris Civilis Romani” o cuerpo del derecho civil y a la fecha es la recopilación jurídica más importante en la historia del mundo, a la que se deben la mayoría de instituciones modernas del derecho civil.    

En el caso Colombiano, se destacan algunos esfuerzos para racionalizar la legislación, por ejemplo, el seguimiento realizado por el DANE en el año 2005 al programa de racionalización y simplificación del ordenamiento jurídico coordinado por el Ministerio del Interior y de Justicia, también se presentó en el año 2006 una iniciativa para estudio del Congreso “Por la cual se promueve la Simplificación Normativa”, la que infortunadamente no surtió todo su trámite y debió archivarse por vencimiento de términos, finalmente la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia a través de la Sentencia de Casación 29053 de 2008, le manifestó su preocupación al Congreso por la inflación legal en materia penal

Teniendo en cuenta todo lo anterior, resulta fundamental señalar que la defensa de los intereses de un Estado Social de Derecho y la afirmación de su institucionalidad jurídica, requiere necesariamente de un sistema ordenado de leyes coherentes, que denote objetividad y garantice la seguridad jurídica y el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos.

Para lograr esto se requiere de un esfuerzo interdisciplinario de las distintas Ramas del Poder Público, tendiente a la conquista de la institucionalidad jurídica con leyes ordenadas, consolidadas y unificadas, que respondan al fenómeno de la globalización y al intercambio económico que se establece con otras realidades a través de los tratados de libre comercio, y esto nos obliga a revisar nuestra legislación en la búsqueda de un sistema jurídico ordenado, seguro y confiable.    

Por Luis Fernando Rosas Londoño.-La abstención histórica en las elecciones Presidenciales y cuerpos colegiados en los últimos veinte años escasamente supera el  50% y las pasadas elecciones del plebiscito muestran un resultado preocupante, la escasa participación, 21 Millones de Colombianos que no votaron (62%)  invita a proponer el voto obligatorio como alternativa.

En Colombia, el potencial electoral es de 34.899.945 y solamente lo hicieron 13.053.364 Sufragantes para el plebiscito lo que demuestra que la pedagogía política, la publicidad por todos lados, los debates no sirvieron, un país que de 100 compatriotas solo 5 se leen un libro sí que menos leerían  los folletos sobre el acuerdo de paz.

En esta apatía  han fracasado el establecimiento y las firmas encuestadoras, pero los primeros culpables somos los propios colombianos que apenas estamos despertando de este  brexit del plebiscito, me he encontrado con muchas personas lamentándose de no haber votado  pero son irresponsables por no cumplir con un deber ciudadano, esto unido al huracán Matthew y que en muchas regiones no imperó la compra del voto ni el ron, comportamiento lamentable que predomina en las elecciones de cuerpos colegiados.

Otro aspecto de la abstención es la alta desafiliación y falta de credibilidad y liderazgo de los partidos, la opinión castigó a la corrupción y a las Farc a esta última organización hay de darle oportunidad del perdón y reinserción, además tenemos unas instituciones caducas que se requieren reformar y la violencia que intimida en algunas zonas con grupos armados ilegales.

Para concluir, si analizamos los resultados electorales para Presidente de la República desde 2016 hasta 1.994  indican la debilidad en el sistema electoral y político y  la necesidad  que el Presidente de la República, el Congreso  definan de inmediato el voto obligatorio.

Veamos: plebiscito 2016: 62.60%, segunda vuelta elección presidencial 2014 52,03%, primera vuelta elección presidencial 2014 59,90%, segunda vuelta elección presidencial 2010: 55.67%, primera vuelta elección presidencial 2010: 50,73%, elección presidencial 2006: 54,95%, elección presidencial 2002: 53;53% segunda vuelta elección presidencial 1.998 41,15%,primera vuelta presidencial. 1.998 48,88%, segunda vuelta presidencial 1994: 56,66% y por último primera vuelta presidencial 1.994: 66,23%. Este comportamiento requiere decisiones de fondo no de forma.

Por Jaime Durán Barrera.- El otorgamiento del Nobel de La Paz, este viernes  en Oslo, al Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, es un honor para todos los colombianos y un reconocimiento para una larga lucha del mandatario colombiano en favor de la reconciliación del país.

Obsesionado por el desafío de terminar, de forma negociada y democrática, con un conflicto armado de más de cinco décadas de duración, el Presidente Santos, ha arriesgado, en la búsqueda de este objetivo, todo su capital político, para materializar un acuerdo de paz con las FARC- EP, con el que inició un proceso de paz en 2012.

Humildemente coincido con el Comité de Oslo que adjudica el Nobel, cuando enuncia que, a pesar de que el pasado domingo los colombianos dijeron "no" en las urnas al acuerdo alcanzado entre su Gobierno y la guerrilla, Santos fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz "por sus resueltos esfuerzos para poner fin a una guerra civil de más de 50 años".

Su esfuerzos han sido reales y han pasado por los vendavales de la descalificación y los rigores del escepticismo político, dos constantes perversas de la inmadurez y el elitismo sociopolítico.

Pero, como bien lo expresó Federica Mogherini, la italiana canciller de la Unión Europea, “Los que sueñan con la paz consiguen construirla, contra viento y marea”.

Y Santos, con el apoyo logrado con la Comunidad Internacional, con el viraje democrático de la Farc y la recién manifiesta intención del ELN, con el apoyo de los jóvenes que marcharon en todo el territorio de Colombia el pasado lunes, las generosas víctimas del conflicto y su familia y los dirigentes y los partidos de la Unidad Nacional, construiremos la Paz que exige a gritos y merece Colombia.

Este premio será el impulso necesario para la legitimación del Proceso de Paz, porque, lo que la oposición puede criticar y sugerir, sólo aportará a lo procedimental y las grandes líneas del acuerdo, que apuntan al reconocimiento y protección integral de las víctimas y al fin del conflicto armado, ya está caminando con la buena fe de las Naciones Unidas y otros organismos y organizaciones.

Como Presidente de la Comisión II del Senado de Colombia saludo felicito  al Presidente Juan Manuel Santos y a su familia, quien lo ha acompañado con la militancia del amor y el respeto y le deseo larga vida para construir no sólo una Colombia en Paz y Reconciliada, sino una república democrática, con desarrollo sostenible y futuro sin exclusiones.

Desde mi posición como colombiano y senador estoy a la orden para acometer esos desafíos, porque el papel que nos toca a los dirigentes nacionales y de provincia es canalizar las condiciones para que la Paz sea el factor que cambie la geografía de la pobreza, de la exclusión y de la debilidad institucional, en pos de los derechos humanos de todos.

Colombia, este viernes, ha recibido el homenaje más importante de su historia, luego de la independencia. Ha recibido el impulso de legitimar su Proceso de Paz, al reconocer el liderazgo y dedicación de Juan Manuel Santos Calderón, en pos de la verdadera y duradera reconciliación nacional.