Por Carol Pires.- Tres razones llevaron a Dilma Rousseff a enfrentar el impeachment que la sacó de la presidencia: la crisis económica, el avance de las investigaciones de la Operación Lava Jato sobre sus aliados, y las maniobras del expresidente de la cámara de diputados, Eduardo Cunha. Desde que Michel Temer sustituyó a Rousseff en mayo, la estabilidad de su gobierno ha estado amenazada por los mismos factores: la crisis económica, el avance de la Lava Jato (Operación Autolavado) sobre sus aliados y Eduardo Cunha. Los tres elementos, además, están estrechamente conectados.

Es por eso que la detención del extitular de diputados, el 19 de octubre, es un punto de inflexión para la Lava Jato. La operación llegó a su segundo año de investigaciones dando pasos en falso que causaron severas críticas entre quienes antes le ofrecían apoyo incondicional. Si la prisión de Cunha —que pasó de diputado todopoderoso a enemigo público— le garantiza a las investigaciones el respaldo popular que necesitan para seguir adelante, un posible acuerdo para que Cunha revele información a cambio de disminuir su condena representa una amenaza para el gobierno de Temer.

Como presidente de la cámara baja, Cunha controlaba aproximadamente a 250 de los 513 diputados y condujo la agenda nacional mientras Rousseff no tenía capacidad política para hacerlo. Miembro del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), igual que Temer, siempre trabajó como un efectivo recaudador de fondos para sus aliados. Y aquí radica el problema. Rodrigo Maia, el diputado que lo reemplazó en la presidencia de la cámara, dijo que una delación de Cunha podría exponer a por lo menos 50 diputados y 15 empresas con las que habría negociado sobornos a cambio de ventajas en negocios con el gobierno o en la aprobación de proyectos legislativos de su interés.

Cunha negociaba con grandes empresas y políticos de alto rango. Si llega a involucrarlos en sus delitos, Lava Jato tendrá en sus manos un material que podría hacer explotar al gobierno y sus planes de estabilizar la economía. Sin embargo, a medida que esta posibilidad aumenta, también crece la amenaza a Lava Jato. Es lo que podríamos llamar el “efecto Cunha”.

En el parlamento ya se discuten proyectos para prohibir la firma de acuerdos de delación con acusados que estén presos, o amnistías para los investigados por crímenes electorales. Ambas cosas pueden vaciar los poderes de investigación de la operación anticorrupción.

Lava Jato pasaba por malos momentos antes del arresto de Cunha. En una ruidosa conferencia de prensa que prometía comprobar que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva era el “maestro” de toda la corrupción en Petrobras, el jefe de los fiscales, Deltan Dallagnol, realizó una presentación en PowerPoint de estética escolar en la que todos los círculos con nombres de investigados y acusaciones apuntaban hacia Lula. La falta de pruebas debilitó la credibilidad de la operación, acusada por algunos sectores de tener fines políticos, por perseguir con más determinación a los miembros del Partido de los Trabajadores que a los demás partidos igualmente implicados.

En las semanas siguientes, los principales exministros de Economía del gobierno del PT fueron detenidos. Primero, Guido Mantega fue arrestado por la Policía Federal mientras acompañaba a su mujer en el hospital donde sería sometida a una cirugía para tratamiento de un cáncer. Al conocer la situación, el juez federal Sergio Moro lo puso en libertad.

El exministro Antonio Palocci también fue arrestado. Menos de veinticuatro horas antes, el ministro de Justicia de Temer, Alexandre de Moraes, había vaticinado que Lava Jato haría nuevas operaciones. Moraes no debería haber estado al tanto sobre nuevas operaciones de la Lava Jato porque —en teoría— el ministro de Justicia tiene prohibido tener acceso a informaciones sobre las investigaciones de la Policía Federal. Pese a haber despertado la sospecha de que el gobierno influía en la operación, Temer lo mantuvo en su puesto.

Con la detención de Cunha, la Lava Jato se redimió. Acusado de corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal, el exdiputado podría ser condenado a 55 años de cárcel. Lava Jato tiene pruebas rotundas en su contra. Si quiere disminuir su condena, tendrá que dar buena y abundante información sobre sus delitos. Y como el sistema político está comprometido con las delaciones que el Ministerio Público negocia con 80 personas relacionadas con el conglomerado Odebrecht, es posible que las delaciones de Cunha apunten contra el sistema financiero o el propio presidente de la República, de quien era aliado hasta hace poco.

Durante las conversaciones con el Ministerio Público para lograr un acuerdo de delación premiada, un exvicepresidente de Odebrecht dijo que había negociado sobornos con los tres principales aliados de Temer. En un viaje a Japón, el presidente comentó: “Si cada vez que alguien menciona el nombre de alguien en una declaración el gobierno se detiene, va a ser difícil”. ¿Debería Temer prepararse para una parálisis total del gobierno?

Informaciones publicadas por la prensa señalan que hasta 200 congresistas podrían ser denunciados. Y si el congreso se detiene, las propuestas para la recuperación de la economía lideradas por Temer pararán también.

Lava Jato investiga toda la plata desviada por las empresas involucradas en el esquema de corrupción pública, ya sea para pagar soborno a políticos o para financiar sus campañas políticas, lo que se denomina “caja dos”. Bajo la amenaza de que tantos de los suyos sean denunciados, los diputados intentaron votar una propuesta sorpresa que amnistiaba a los políticos que hicieron “caja dos”.

Este primer intento fracasó, pero los legisladores siguen conspirando para detener o limitar la operación. Recientemente, el equipo Lava Jato envió al congreso 10 propuestas para prevenir la corrupción, entre ellas la de una ley más efectiva contra la práctica de “caja dos”. Los legisladores investigados quieren aprobarla pero con una condición: que todos los que cometieron el crimen anteriormente a esta ley sean perdonados. Buscan salvarse, disfrazando su trampa como buena acción.

Durante el impeachment contra Rousseff, el entonces senador Romero Jucá, presidente del PMDB de Temer, fue grabado por un exdirector de Petrobras diciendo: “Hay que cambiar el gobierno para poder poner fin a esta sangría”. En aquel momento, la izquierda dijo que la declaración probaba que el juicio político era un golpe para frenar las investigaciones. Días después de asumir como presidente interino, un Temer preocupado por su legitimidad despidió a Jucá, a quien recién había nombrado ministro de Planificación.

Pero Jucá solo pagó por decir en voz alta lo que quieren muchos: detener Lava Jato para salvarse.

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