Opinión

Por Jairo Gómez.-Una semana antes del dos de abril, el día de la famosa marcha uribista, discutíamos con un amigo sobre las consecuencias de la movilización si ésta lograba los siguientes resultados: si salen 500 mil, es buena; si son un millón, es para que Santos y su proceso de paz se lo tomen en serio; y si aparecen dos millones, Uribe pone presidente.

Y la verdad, ninguna de las anteriores ocurrió. No hubo respuesta abrumadora de la ciudadanía, ni siquiera uribista. Eso quiere decir que el mensaje no cuajó por varios motivos: por un lado, la abrupta llegada (¿o programada?) de “Popeye” hizo caer en un desprestigio incontestable la mentada convocatoria; y por el otro, que no convenció la idea de persuadir a los colombianos de que la protesta era contra la corrupción, idea que no tenía sustento alguno cuando el retrovisor evidentemente mostraba lo contrario: el núcleo, el anillo central del Gobierno Uribe, o está en la cárcel o huyendo de la justicia colombiana.

Ahora, la ambición delirante de exigir la renuncia del presidente Santos ya rayaba con el insípido argumento de señalar al Jefe del Estado de estar entregándole el país a las FARC, agrupación con la cual se negoció un acuerdo de paz.

En este último punto, en mi opinión, se equivocó el uribismo al convocar su marcha. Creyó que el éxito de la misma iba a ser comparable a la movilización de ahora un año cuando se llamó a las masas bajo la premisa de que en las negociaciones de La Habana el país terminaría en manos del “narcoterrorismo” de las FARC o del “CastroChavismo”. En ese momento, cuando aún no se había firmado el acuerdo y se diseñaba la Justicia Transicional, el Centro Democrático encendió el debate nacional en términos de que la impunidad para la guerrilla era una realidad y su elegibilidad política una afrenta contra el ciudadano. Este hecho provocó escozor en la opinión, el mensaje tuvo éxito y, naturalmente, la presencia de los paisanos fue masiva.

En esta línea, pretender recurrir al mismo argumento adulterando los hechos 365 días después dejó al uribismo fuera de foco, la asistencia fue precaria –comparada con la del año anterior, repito- porque la gente comprendió que las FARC ya no son guerrilla, el proceso de dejación de armas es una realidad y los más de siete mil de sus integrantes están en las Zonas Veredales a la espera de la implementación del Acuerdo de Paz. Es decir, que la paz con esta agrupación, hoy desarmada, es verdad no una posverdad.

Maltrecho quedó el Centro Democrático después de la marcha del sábado a la cual, según los más sensatos, solo salieron cerca de 300 mil personas; es decir, sus cálculos creo que les fallaron y la insolvencia del mensaje degeneró en desespero, al punto que, por ejemplo, obligó al Pastor Arrázola en Cartagena a movilizar a su gente con un discurso homofóbico y a muchos empresarios en Cali a exigir a sus trabajadores salir a la marcha so pena de perder sus puestos. Actuar así es envilecer la política, es pervertir el sistema democrático que se dice defender. 

@jairotevi

Por Amylkar D. Acosta M.-La consulta popular que tuvo lugar el pasado 26 de marzo en el Municipio tolimense de Cajamarca avivó el debate en torno a la actividad minera en el país. Y no es para menos, toda vez que el escrutinio de la votación en la que participaron 6.296 ciudadanos, arrojó como resultado que un 97.9% de ellos se pronunciaron en desacuerdo con que en dicho Municipio “se ejecuten proyectos y actividades mineras”. El blanco principal de este rechazo a la minería en este caso tiene nombre propio, el proyecto de gran minería de La Colosa, ubicado en el cerro La guala y operado por la multinacional AngloGold Ashanti, con un potencial de 28 millones de onzas de oro troy. 

En la medida que el Código de Minas (Ley 685 de 2001), además de darle a la actividad minera el carácter de “utilidad pública e interés social”, dispuso en su artículo 37 que “ninguna autoridad regional, seccional o local podrá establecer zonas del territorio que queden permanente o transitoriamente excluidas de la minería”, dicha competencia le quedaba reservada a la Autoridad Nacional Minera. Ello dio pié a una colisión de competencias entre la Nación y las entidades territoriales, la cual derivó en una proliferación de demandas contra dicha norma. 

Como no sólo la política es dinámica sino también la jurisprudencia, pues la Corte Constitucional, después de reiterados fallos dejándola en firme, terminó declarando inexequible el artículo 37 de la Ley 685 de 2001 (Sentencia T-445 de 2016), dándole con ello un espaldarazo a las entidades territoriales, que con ello adquieren un gran empoderamiento como autoridad minera. Resolvió la Corte Constitucional que las entidades territoriales poseen la “competencia para regular el uso del suelo y garantizar la protección del medio ambiente, incluso si al ejercer dicha prerrogativa terminan prohibiendo la actividad minera”. Al respecto cabe decir que hay distintas interpretaciones entre los expertos. 

Ahora que, merced a los fallos de las altas cortes, las entidades territoriales están llamadas a asumir nuevas competencias, las mismas no están preparadas para ejercerlas, por lo que es menester desarrollar capacidades y competencias técnicas para que de esta manera cuenten con mayores y mejores elementos de juicio en la toma de decisiones atinentes a la actividad extractiva. No todo se puede reducir a la convocatoria de consultas populares sin que medie siquiera la deliberación y el debate por parte de sus órganos colegiados (asambleas y concejos), amén de las organizaciones sociales y gremiales. Para ello se requiere un replanteamiento de la gobernanza de los recursos naturales, que pasa por un fortalecimiento de su arquitectura institucional y funcional. 

Después de estas providencias de las altas cortes el escenario es otro, pues dejan sin piso las demandas reiteradas contra los actos administrativos proferidos por los alcaldes para convocar las consultas populares, los cuales dieron lugar incluso a investigaciones disciplinarias a varios alcaldes. Detrás de Cajamarca vienen en camino una docena de consultas similares más, amén de las que están en ciernes contra la industria petrolera y el sector eléctrico, con los mismos argumentos. 

Ahora la discusión se centra, no en la competencia para excluir la actividad minera en todo o parte de su territorio, sino en dos aspectos primordiales, el alcance de la decisión que se toma a través de dichas consultas y la conveniencia de que la política pública en materia minera se defina a través de las urnas. Y, desde luego, la gran preocupación que invade a la industria minera y no sólo a esta sino también a los demás sectores es que con esos cambios súbitos de jurisprudencia, que atentan contra la seguridad jurídica, sumados a la incertidumbre que comportan dichas consultas, pueden conducir a la parálisis de la actividad productiva y a ahuyentar la inversión. 

Es a todas luces inconveniente supeditar la actividad minera o cualquier otra a consultas cuyos resultados no admiten término medio ni matices, o es blanco o es negro. De allí que compartamos con El Espectador su consideración en el sentido que “la consulta niega cualquier minería, incluso la que pueda elaborarse de manera sostenible”. Ello lleva a posiciones extremas que no le hacen bien al país, porque no permiten el discernimiento. Mientras la minería formal debe cumplir con las estipulaciones de Ley y se ha de ceñir a las normas legales, particularmente aquellas que protegen el medioambiente, la extracción ilícita del mineral está fuera de control, empezando porque al no tener un título que la ampare escapa al radar de la autoridad minera. 

No se puede perder de vista lo que representa el sector minero para la economía nacional, 2.1% del PIB, que le ha reportado a las finanzas públicas en el último lustro ingresos por $8 billones, que emplea directamente 350 mil personas, pero que si se suman los puestos de trabajo generados en toda la cadena estamos hablando de más de un millón de personas las que dependen de esta actividad. Esta actividad ocupa sólo 4.4 millones de hectáreas, el 3.8% de las 114 millones de hectáreas con las que cuenta Colombia, de las cuales sólo 2.2 millones están en explotación y a duras penas 500 mil hectáreas están siendo intervenidas. Es de anotar que el 50% de la totalidad de los títulos otorgados por la autoridad minera corresponden a materiales de construcción, los cuales son extraídos por la pequeña y mediana minería. 

Bogotá, marzo 31 de 2017

www.amylkaracosta.net

Por Horacio Serpa.-Unos lo hacen por costumbre de criticar todo y a todos; muchos por interés político; otros porque quieren estar a la moda; aquellos porque desean destacarse; el Centro Democrático porque tiene el vicio de despotricar a diestra y siniestra, a toda hora, por cualquier razón o sin razón, del Presidente Juan Manuel Santos.

Cumplidos como son, lo que no dudo en alabar, los veinte voceros de CD ante el Senado se refieren al Presidente de la República en cada una de las sesiones, todos para criticarlo por todo, como si el mandatario tuviera el arte de manejar cada cosa o el don de la ubicuidad para estar en todas partes al mismo tiempo, ordenando, disponiendo y solucionando. Pase lo que pase en Colombia, siempre y cuando sea malo y bochornoso, el responsable es el doctor Santos,  con una notable excepción. Uno de ellos, por cierto un Senador serio y juicioso, le echó la culpa de la desgracia de Mocoa a las Farc. De buenas estuvo el señor Presidente.

Cada quien tiene su propia forma de hacer oposición, en este caso, persistente, irreflexiva, sistemática, irreverente y sin límites de ninguna especie. Hasta el punto de que el insulto es una forma que han adoptado para desacreditar al gobernante y ponerlo a los ojos de los colombianos como lo peor que ha ocurrido en materia de mal gobierno y corrupción. Aquí cabe el cuento del que ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.

Por más que digan, que tergiversen y que insulten, no le podrán quitar al doctor Juan Manuel Santos que es el hombre de la paz, del cese al fuego bilateral que tantos beneficios ha brindado a los colombianos, que logró Acuerdos de reconciliación con las Farc como ninguno otro en medio siglo, que tuvo el coraje de aceptar la realidad de la guerra y la necesidad de acabarla. Por más que lo insulten, por más groserías que digan, por más rabia que tengan, no podrán  echarle tierra a una realidad tan maravillosa como la paz que está logrando el Presidente. Tiene en su haber un título extraordinario, sin igual, logrado en su propia tierra: el de ser la persona que ha evitado más muertes humanas en toda la historia del País. ¿Podrá existir condición más loable?

Por eso, principalmente, fue que le dieron el Premio Nobel de la Paz, que no podrán manchar con vocablos sucios e inmerecidos. 

Los Presidentes Constitucionales no renuncian. Pedir la renuncia es un cuento que la oposición saca de cuando en cuando para llamar la atención de los medios de comunicación alborotadores, de los envenenados con la cicuta de los agravios a la primera figura nacional y de los incautos que no saben ni donde están parados. “Gústele al que le guste, cuéstele al que le cueste”, Juan Manuel Santos será Presidente hasta el 7 de Agosto del año entrante. Así de claro y así de fácil.

Por Juan Manuel Galán.-La seguridad de los pasajeros debe ser prioridad de la operación aérea en Colombia. En días pasados instalamos la Comisión de Seguridad Aérea en el Senado de la República.

Se trata de un equipo de diez senadores que durante los próximos 3 meses hará un diagnóstico sobre qué es lo que está pasando con el tráfico aéreo, infraestructura aeroportuaria, gestión en los equipajes de los usuarios, retrasos en sus vuelos, radares, pistas de aterrizaje, y demás eventos cotidianos que impactan la seguridad operacional en el país.

Nos referimos a un tema que afecta a una cifra igual al 70% de la población nacional, número que va creciendo cada día de manera exponencial. Por eso, esta subcomisión pretende no solamente hacer un diagnóstico sino presentar propuestas de cambios legislativos o recomendaciones que debe implementar el Gobierno para hacer de los pasajeros, el centro de la operación aérea nacional.

Los insumos que servirán de base para este trabajo partirán de fuentes documentales, así como de sesiones públicas con instituciones y organizaciones relevantes. Estarán organismos de control como la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Contraloría General de la República, y la Superintendencia de Puertos y Transportes, que ya han avanzado en la construcción de un panorama sobre la situación actual y una serie de cambios que deben ser adelantados.

Tendremos una sesión dedicada a los representantes de la industria aérea; queremos conocer la visión de las aerolíneas sobre regulación de la industria en Colombia, competitividad, administración de las concesiones aeroportuarias, entre otros. Una tercera para los trabajadores del sector aéreo con organizaciones y grupos sindicales. Y finalmente, una sesión exclusiva para la Aeronáutica Civil. Nos preocupa, que la oficina que conoce las deficiencias de la operación aérea y atiende las quejas de los pasajeros, haga parte de la misma entidad, restándole transparencia e independencia a la regulación, control y sanción del sector aéreo.

Por Ariel Ávila.-El sentimiento es encontrado, no sé si reírme o indignarme, tal vez los dos sentimientos no se contraponen ante una misma situación. Pero escuchar al uribismo convocar una manifestación contra la corrupción es realmente increíble. Durante las dos administraciones de Uribe los miembros de su círculo cercano y familiares estuvieron metidos en escándalos de narcotráfico y corrupción. Dos de sus edecanes, el general Santoyo y Buitrago, están presos por narcotráfico, de hecho, el más cercano, Mauricio Santoyo, fue extraditado a Estados Unidos por vínculos con carteles de la droga. Santoyo fue cercano a Uribe desde cuando este fue gobernador de Antioquia, en la década de los 90 del siglo pasado, fue su protegido. Todo tipo de desmanes se cometieron contra defensores de derechos humanos y población civil, esa era la época de la famosa neutralidad activa y las Convivir.

Además, su cuñada Dolly Cifuentes Villa ya aceptó cargos por narcotráfico en Estados Unidos por relaciones con el cartel de Sinaloa. También, recibieron a Pedro López o alias Job, miembro de la Oficina de Envigado, en múltiples ocasiones por la puerta de atrás del palacio de Nariño. Miembros del gobierno Uribe y la Oficina de Envigado en representación de Job planearon y ejecutaron conspiraciones contra la Corte Suprema de Justicia.

Pero tal vez el hecho que demostró la cercanía del gobierno Uribe con la mafia y el crimen colombiano se evidenció con el nombramiento de Jorge Noguera director del entonces DAS. Si se analiza la votación de Uribe para el año 2002 y las zonas que dominaba Jorge 40, jefe paramilitar del Bloque Norte, así como las votaciones a Congreso, queda claro que el paramilitarismo votó masivamente por Uribe. Todo parece indicar que a cambio del apoyo del Bloque Norte de las AUC, Uribe le habría nombrado a Jorge 40 una cuota en el gobierno nacional. Ni más ni menos que a Jorge Noguera, quien además había sido el jefe de campaña de la primera elección de Uribe en el departamento de Magdalena.

Noguera fue condenado por el asesinato del profesor y académico Alfredo Correa de Andreis, quien junto a otras 2.500 personas fue asesinado durante el tiempo en que el gobierno de Uribe se reunía con los paramilitares en Ralito. Tiempo en el que, vale la pena recordar, regía un cese unilateral y lo que era casi un cese bilateral del fuego. Se masacraron 2.500 personas y Uribe nunca dijo nada, nunca convocó a marchar. No dijo nada cuando los paramilitares para las elecciones locales del 2003 y luego en el 2006 se aliaron con candidatos al Congreso, a alcaldías y gobernaciones. No hubo marchas, no hubo críticas. Nada de nada. La agenda de negociación con los paramilitares nunca fue pública, tampoco los acuerdos. No hubo ni el 5 % de la trasparencia que sí tuvieron las negociaciones entre las FARC y el gobierno colombiano.

Pero las administraciones de Uribe no sólo se aliaron con la mafia, sino que además utilizaron el Estado para todo tipo de corrupción institucional. Por ejemplo, hay investigaciones por más de 4.000 falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales. Se habrían asesinado más 4.000 civiles para hacerlos pasar por guerrilleros y así inflar cifras de eficiencia militar y con ello mejorar la imagen del presidente. Esto fue una verdadera masacre. La reelección de Uribe fue comprada, es decir, fue ilegal. Las condenas a Yidis Medina y a los exministros Diego Palacios y Sabas Pretelt así lo demuestran. Agro Ingreso Seguro y el enriquecimiento de los hijos de Uribe son otros ejemplos. 

Pero incluso en la actualidad, el partido de Uribe, el Centro Democrático, no ha hecho más que proteger bandidos y criminales. Por ejemplo, pelearon y se rasgaron las vestiduras para que de la JEP se excluyeran los financiadores de Grupos Armados Ilegales, todos esos empresarios rurales que despojaron tierra a campesinos y colonos. Además la senadora Nohora Tovar presentó un proyecto de ley para beneficiar a despojadores y criminales que se apoderaron de los siete millones de hectáreas arrebatadas a campesinos. El proyecto de ley 157 de 2016 en su artículo 2 decía:

“Artículo 2: Los ocupantes, explotadores ancestrales, poseedores de buena fe de predios rurales, que los hayan poseído por un período de tiempo igual o mayor al de la prescripción extraordinaria, y los que derivan legítimamente sus derechos de los anteriores, tendrán derecho a obtener el reconocimiento de la propiedad sobre dichas tierras”.

Y en el artículo 6 del mismo proyecto de ley se señala que se dejarían “sin efectos las resoluciones y/o actos administrativos emitidos por el Incoder denominados ‘recuperación de baldíos’ y restituye los derechos a los afectados”. Es decir, hasta los baldíos se los iban a entregar a los despojadores.

En fin, corrupción, crimen, persecución a la oposición y sangre marcaron las dos administraciones de Uribe. Aun así se atreven a convocar una marcha contra la paz y la corrupción, cínicos y sinvergüenzas, deberían estar presos. Pero bueno, esto es Colombia.

Por Jairo Gómez.-Los cien días del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC revelan que el camino para consolidarlo aún está minado y lleno de obstáculos que hacen prever un desenlace hacia un nuevo conflicto (ojalá no, si se actúa a tiempo) y una implementación a medias de lo pactado en el Teatro Colón.  

Son varios los flancos desde donde se le disparan dardos al proceso de paz que apenas comienza y que lo amenazan. Estas amenazas van más allá de la patología del odio que el expresidente y senador Uribe y su partido profesan contra las FARC. Cuando hablo de la paz amenazada no es porque vea que los signos de progreso se vean interrumpidos por una ruptura de la negociación por parte de los exguerrilleros, cuyo compromiso con el proceso es a todas luces transparente, sino por las consecuencias que pueden significar para el país los sistemáticos asesinatos de líderes sociales y de defensores de derechos humanos.

Quienes experimentamos como periodistas los crímenes en los años 1980 –Gobierno Barco– de líderes políticos de izquierda y sociedad civil comprometida con los cambios sociales y económicos del país, recordamos que los pronunciamientos oficiales se circunscribían a achacárselos a “FUERZAS OSCURAS que buscaban desestabilizar la democracia”, y nunca que se preguntaban por el origen de la sombra. Con el tiempo el país se enteró, luego del genocidio de la Unión Patriótica, de que esta premeditada acción obedecía a una estrategia regional liderada por políticos relacionados con  grupos paramilitares que actuaban en complicidad con fuerzas del Estado para erradicar todo lo que “oliera a comunismo”.   

Actualmente, insisten el Gobierno y la Fiscalía en desconocer la presencia de grupos paramilitares, cuando en regiones como en el departamento de Cesar los campesinos reclamantes de tierras advierten que nunca se han ido de la región; y así ocurre en Cauca y en el departamento de Meta, en donde labriegos, afrodescendientes e indígenas denuncian a diario amenazas de grupos que llegaron a ocupar las zonas que las FARC abandonaron tras su desmovilización. Hoy Chocó, el mísero departamento de la olvidada costa pacífica, está en mitad de la ráfaga paramilitar, de la guerrilla del ELN y de las mafias que controlan la minería ilegal. Así lo reportan organismos internacionales como Naciones Unidas.

El desconcierto crece y es necesario que el Gobierno asuma con seriedad el asunto y averigüe el origen de esa sombra, no es un asunto baladí y menos cuando, al no existir protección del Estado, se puede estar incubando la aparición de otros “ejércitos” dispuestos a generar un nuevo y más atroz conflicto que el que estamos dejando atrás. No se nos puede olvidar el pasado reciente que indica que esa ausencia estatal es el caldo de cultivo para los traficantes de armas, las organizaciones de narcotraficantes, mafias que controlan la minería ilegal, paramilitares y terratenientes dispuestos a desencadenar una nueva era violenta y peligrosa.

Otro componente que arriesga el acuerdo de paz es la insolvencia con la que el Congreso está asumiendo la responsabilidad legislativa para darle sustento jurídico y constitucional a la implementación de los acuerdos. Preocupa igualmente que, como ocurrió con la Justicia Especial para la Paz (JEP), se ventile otra batalla más compleja como es la selección de los magistrados que conformarán el Tribunal de Paz. Querrán los sectores más recalcitrantes meterle la mano sobre todo ahora cuando, por ejemplo, exgenerales como Rito Alejo del Río y Jaime Uscátegui, según Noticias Uno, decidieron postularse para buscar un acuerdo con la Justicia Transicional.

Estos hechos ilustran el intrincado camino de la consolidación del proceso que está poniendo en riesgo no sólo la paz sino el neurálgico eje del acuerdo pactado: abrirle el espacio a la verdad en el contexto de lo ocurrido en estos 52 años de guerra.

@jairotevi      

Por José Gregorio Hernández.-La crisis institucional, política y jurídica que vive Colombia es muy grave, no solamente por cuanto el propio Congreso, por iniciativa del Gobierno, ha sustituido la Constitución de 1991 -sin que la Corte Constitucional haya hecho nada en defensa de dicho Estatuto- sino porque se ha perdido por completo la independencia entre las ramas y órganos del poder público; el Congreso es un apéndice del Ejecutivo, y el sistema de frenos y contrapesos no funciona. Pero, además, la corrupción se ha adueñado del país, de las instituciones y de los partidos, como lo demuestra el cada día más grande  escándalo generado por los sobornos y las "coimas" de la firma brasileña Odebrecht a servidores públicos y a las campañas presidenciales de 2010 y 2014, y lo vemos también en el caso Reficar, entre otros.

Va a ser necesaria una Asamblea Constituyente para rehacer la Constitución, reafirmando sus postulados esenciales y tomando en cuenta los nuevos hechos, pero entre tanto, hay que cumplir sus mandatos.

Lo cierto es que se expiden reformas que no se cumplen, o que no se desarrollan, o que los organismos encargados de aplicar  no lo hacen, con cualquier pretexto, o con ladinas interpretaciones.

Por ejemplo, hay una norma constitucional introducida hace casi catorce años en relación con los topes de financiación a las campañas políticas, y ni en un solo caso ha sido aplicada.

Se trata del artículo 109, inciso 7, de la Constitución, proveniente de la reforma política consagrada en el Acto Legislativo 1 de 2003 y reiterado en el Acto Legislativo 1 de 2009, que está en pleno vigor y que dice:

“Para las elecciones que se celebren a partir de la vigencia del presente acto legislativo, la violación de los topes máximos de financiación de las campañas, debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo. La ley reglamentará los demás efectos por la violación de este precepto”.

El precepto constitucional remite a la ley, pero no se ha dictado una ley específica con miras a desarrollarlo. Por tanto, debemos acudir a la propia Constitución.

En el caso de la pérdida de investidura, que es aplicable a senadores, representantes, diputados y concejales, comprobada que haya sido la violación de los topes máximos -lo que corresponde dictaminar al Consejo Nacional Electoral-, deberían compulsar copias con destino a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para que, con base en esta causal constitucional, ya debidamente comprobada -como exige la norma-, se impusiera la sanción.

Si se tratara de la elección de un alcalde o de un gobernador, la sanción debería ser impuesta por quien tiene la facultad de destituirlos, es decir, correspondería a los gobernadores y al Alcalde Mayor de Bogotá, el Presidente de la República, y a los alcaldes el respectivo Gobernador. Si se llagara a concluir que esa competencia no está claramente definida -en mi concepto sí lo está en la ley-, cabría entender que el competente sería el Procurador General de la Nación, a quien, según el artículo 277, numeral 1, de la Constitución, compete “vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos”.

Cuando se trate del Presidente de la República, una vez debidamente comprobada la violación de los topes, se tendría que aplicar el fuero constitucional. En consecuencia, por causas constitucionales, como dice el artículo 138, numeral 3, de la Carta Política -y esta es una causal de esa índole-, iniciaría el trámite la Comisión de Acusaciones de la Cámara; acusaría la Cámara de Representantes en pleno, y el Senado decidiría sobre la sanción de pérdida del cargo, que es  lo que  señala el precepto citado. 

Por Horacio Serpa.-Durante quinientos años todos le dimos palo al gran rio de la Magdalena, majestuoso y rebelde, torrentoso y disperso, siempre erguido y viviente frente a los constantes y despiadados ataques de sus depredadores: los conquistadores de antaño, los taladores de bosques, los que destruyen sus afluentes,  los grupos humanos que depositan en sus aguas los detritos y las basuras, los que se roban las riveras para volverlas potreros, los que tapan sus caños, los que permiten los derrames de aceites, los que roban sus arenas, los que matan los peces en procedimientos ilegales, los que secan los humedales, todos enemigos del rio en trance de aprovecharlo al máximo hasta que se acabe.

¡Pero no se acaba! Siempre ha estado pendiente de una mano humanitaria, de un gobierno providente, de una Nación compasiva, de una sociedad responsable con visión de futuro, comprometida con la naturaleza y el medio ambiente, de un sector empresarial progresista que sepa promediar el monto de sus ganancias con la necesidad de auspiciar el bien común.

En Colombia no hay un bien que sea más común, más de todos, más solidario, más necesario, más útil, que el Rio Grande de la Magdalena, como lo llamaron antaño y decidió rebautizarlo la Asamblea Nacional Constituyente. El rio de los colombianos es belleza, es agua abundante para todos y para todo, riego para las siembras, es alimento esencial, es carne de pescado, es transporte, es generación de energía, es multiplicidad de humedales para el equilibrio ecológico, es fauna, es espacio insuperable para el deporte y la recreación.  En este país tan rico pero tan pobre, no hay mayor tesoro que el rio Magdalena.

¿Sabe el pueblo colombiano quien se acordó, por fin, del Rio Magdalena? El Presidente Juan Manuel Santos. Desde el comienzo de su primer mandato se pronunció favorablemente en favor del rio y de su recuperación. Este tema y el propósito de propiciar la expedición de una ley de tierras me hicieron prestar atención al mandatario, antes de que reconociera la existencia de un conflicto armado interno en el país, preámbulo al comienzo de negociaciones con las Farc. Lo del rio lo cumplió haciendo gestiones para que se estudiara un Plan para mejorar el rio y su navegabilidad todo el año. Los que queremos el rio, los que conocemos su importancia,  no lo podíamos creer.

Pero ahora se enredaron las obras. Los problemas que tuvo Navelena para la financiación y las trágicas actuaciones de Odebrecht, su principal socio, hirieron de muerte al más importante proyecto de recuperación del rio Magdalena, desde la conquista. ¡Eso sí es estar bien  de malas! El rio y todo lo bueno y útil que significa, reclaman soluciones.

Con nuevas licitaciones, con otras empresas, atendiendo con rigor lo que sea necesario y transparente, el rio y Colombia merecen que se cumpla el Plan acordado. El Presidente Santos no puede irse en Agosto de 2018 sin dejar su gran proyecto en ejecución.

Por Juan Manuel Galán.-La pobreza es nuestra responsabilidad política. Los indicadores presentados en el Congreso de la República son una vergüenza: los colombianos en situación de pobreza multidimensional ascendieron a 4’068.000 en 2016; mientras que el 28% de la población nacional estuvo en condición de pobreza monetaria en el mismo año.

En materia de desigualdad los resultados son mediocres, el Coeficiente GINI cuya meta es estar más cerca a cero para mostrar un país menos desigual, estuvo en 0,517 en 2016. En nuestro país, la pobreza es el resultado de un modelo de organización social que produce una sociedad injusta y atrasada y que concentra todas sus vulnerabilidades en las áreas rurales.

En este sentido, me llamó profundamente la atención la estadística del Ministro de Agricultura sobre la concentración de la propiedad de la tierra en las áreas rurales. Afirmó que el 75% de los habitantes de las zonas rurales son propietarios de apenas el 5% de la tierra rural. En otras palabras, que de los 100 millones de hectáreas rurales que hay en nuestro país, los campesinos apenas logran ser propietarios del 5% de esta tierra.

Estos números muestran en donde está la injusticia, la exclusión social y la exagerada concentración de la tierra rural, agravada por el mal uso de ella y la marginalización del campesinado. El Banco Mundial ha insistido en la necesidad de elevar la productividad agrícola de las familias de bajos ingresos, como una manera de reducir la vulnerabilidad de los pequeños agricultores.

Esta estrategia no solo prioriza a la población rural sino al mismo tiempo garantiza una nutrición adecuada para ellos, que impacta directamente los indicadores de rendimiento y asistencia escolar de menores de edad.

Nuestra responsabilidad política es garantizar la inclusión de los pobres en la organización social que tenemos y permitir su acceso a la tierra, la educación de calidad, la salud, la vivienda digna y ahora, en el nuevo siglo, garantizar el acceso a servicios de conectividad y tecnología y acceder a mundo de información, conocimiento y oportunidades de desarrollo.

Por Amylkar D. Acosta M. - “Los vaticinios apocalípticos ya no deben tomarse con ironía o desdén. Podríamos dejar a las generaciones venideras escombros, desolación y suciedad” Papa Francisco. Laudato sí.

Indudablemente la 21ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP21), que tuvo lugar en París entre el 30 de noviembre al 11 de diciembre de 2015[1], marcó un hito de la mayor importancia en la lucha contra el calentamiento global y el compromiso de la comunidad internacional para tomar las medidas tendientes a contrarrestarlo. La misma fue organizada por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). En esta Conferencia se alcanzó, por primera vez en la historia, un Acuerdo global, con la más amplia base de apoyo, habida cuenta de la activa participación de 195 jefes de Estado y de Gobierno. Además de haber sido aprobado por aclamación, una vez ratificado por lo menos por 55 países que representaran  al menos el 55% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero (GEI), como en efecto se dio el 4 de noviembre del año anterior, adquiere poder vinculante.

Tres días después de la entrada en vigencia el Acuerdo de la COP21, ratificado por 109 países, se instaló la COP22, esta vez en Morrakech, Marruecos, la cual tuvo por objetivo fundamental definir el calendario y las reglas para su aplicación durante el período 2017 – 2019. Se trata, nada menos que de implementar mecanismos que permitan llevar un registro transparente de las emisiones a nivel mundial de los gases de efecto invernadero (GEI), al tiempo que se disponga de un indicador confiable de los esfuerzos realizados por cada país en cumplimiento del compromiso adquirido. Sólo de esta manera se puede garantizar que lo acordado no se vuelva agua de borrajas y así impedir que el aumento de la temperatura llegue a los 2 grados centígrados con respecto a la era pre-industrial o, como se acordó en París “en lo posible bajarlo a 1.5 grados”.

El reto no es menor si tenemos en cuenta que el 2016 fue el primer año completo con concentración de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera por encima de la barrera psicológica de las 400 ppm. Según la Agencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) para lograr mantener a raya la temperatura promedio global e impedir que aumente más de los fatídicos 2 grados Celsius al final de este siglo, el compromiso contraído por parte de los países de la reducción de las emisiones de GEI deberían duplicarse.

En la Proclamación de la Acción por el Clima y el Desarrollo Sostenible de Marrakech se consagró el compromiso de promover, antes del 2020, acciones concretas tendientes a frenar el calentamiento global y, particularmente, dar respuesta a los requerimientos en vías de desarrollo para que estos puedan hacer su parte. En el marco de la COP22 se dieron los primeros pasos en la redacción del Reglamento que regirá el Acuerdo de París y se convino convocar una nueva cita en Alemania el año entrante con el fin de evaluar el progreso en el cumplimiento de lo acordado y posteriormente se hará lo propio en Polonia en 2018. Ya, a partir de 2020 cada 5 años se hará un corte obligatorio y una evaluación del cumplimiento de los compromisos adquiridos por las partes de reducción de las emisiones de GEI. Esta es la pieza cable para ponerle el freno de mano al calentamiento global. 

También se avanzó en esta Cumbre en lo atinente a la financiación de las acciones que se derivan de lo acordado, a la que todos los países habrán de concurrir, en particular los países desarrollados que son los mayores emisores de GEI. Entre China, que ocupa hoy el primer lugar, los EEUU que la secunda y la Unión Europea (UE) contribuyen con el 78% de la totalidad de las emisiones de GEI que día a día se concentran inexorablemente en la atmósfera, principal causa del calentamiento global como lo prueba la Curva de Keeling. De allí la importancia de la decisión que tomaron de avanzar en los esfuerzos para contar con una fuente segura de financiamiento, que permita trascender, ir más allá del 2020, que fue la meta volante que se estableció en la Cumbre de Paris, con el Fondo de Adaptación del Protocolo de Kyoto. Este, que expiraba en 2020, recibe esta bala de oxígeno, quedando incorporado al Acuerdo de París.

Desde luego, las delegaciones de los diferentes países se levantaron de la mesa pero con la misión de continuar negociando tanto lo relativo a la financiación como lo atinente al calendario del plan de acción, la transparencia de la lucha contra el cambio climático, así como todo lo que tiene que ver con los compromisos de transición energética y la transferencia de tecnologías. La idea es poder cerrar estas negociaciones “a mas tardar” en el 2018.

Bogotá, marzo 25 de 2017

www.amylkaracosta.net