Opinión
Por Jorge Enrique Robledo.-Para evadir el debate sobre Odebrecht en el Senado, el Fiscal Martínez Neira dijo que no podía asistir porque se trataba de asuntos de la Justicia. Mas el pretexto no le impidió distribuir un texto que los medios, engañados, presentaron como sus respuestas a mi cuestionario. Porque, como bien lo explicó Antonio Caballero, “lo que hace es contestar lo que Robledo no le pregunta y defenderse de cosas de las que Robledo no lo acusa, sin contestar lo que sí le pregunta ni rebatir las acusaciones que sí le hace” (Enlace 1). A continuación, verdades por las que temió darle la cara al país.
¡Tras solo once días de investigación!, el Fiscal Martínez les dijo a los medios: “Hoy la Fiscalía ha descartado la posibilidad de corrupción” en Navelena Odebrecht, absolución irresponsable, por decir lo menos, que hubiera podido dejar escondidos los elefantes que él no vio y que otros sí vimos. Como los 120 mil millones de pesos de un crédito ilegal del Banco Agrario a Navelena Odebrecht, plata que está perdida y que se usó para el turbio favorecimiento a un banco del Grupo Aval, controlado por Luis Carlos Sarmiento Angulo –LCSA–, a quien el Fiscal le debe casi toda su fortuna (enlace 1A). Y ocultó que MNA Martínez Abogados, bufete de él y de su familia, contrató con Navelena Odebrecht (Enlace 2).
Martínez Neira le hizo tres asesorías a la Concesionaria Ruta del Sol –de Odebrecht, Episol, Corficolombiana, Grupo Aval, LCSA–, incluida una sobre la vía Ocaña–Gamarra en la que conceptuó que había que licitarla (Enlace 3). Hasta agosto de 2014, perteneció a la Junta de El Tiempo, de Sarmiento Angulo, y en octubre firmó el Conpes 3817, con lo que prevaricó y violó el régimen de incompatibilidades. Porque si bien el contrato ilegal de adjudicación a dedo de esa vía data de marzo de 2014 y Martínez no lo suscribió, una de sus cláusulas exigía modificaciones legales para poderse aplicar, las cuales se aprobaron en el Conpes que Martínez, como ministro, no podía aprobar y aprobó y que, para colmo, lo hizo sin informarle lo que sabía al Consejo de Ministros (Enlace 4). Y los funcionarios de Odebrecht que pagaron los sobornos acusaron de ser su cómplice a José Elías Melo, presidente de Corficolombiana y compañero en otros negocios de Martínez Neira (Enlace 5).
Mintiendo y engañando, Martínez –¡El Fiscal General de la Nación!– afirmó que la “Casa Editorial El Tiempo no tenía interés en la vía Ocaña–Gamarra”, que el Conpes 3817 beneficiaba a la Concesionaria Ruta del Sol “y no a Episol del Grupo Aval” y que “la participación real de Sarmiento Angulo en la Ruta del Sol es de 14,5%”, todo para ocultar que está impedido por sus negocios con el mayor banquero de Colombia y con Odebrecht, sin importar los detalles de esas operaciones porque la sola relación se lo impide.
El Fiscal hizo además el ridículo al intentar justificar las muchas razones jurídicas con las que ha contratado como abogado –¡van en 24 las encontradas!–, incluidas las tres con las que firmó cada uno de los negocios que hizo con la Ruta del Sol y las cuatro que usa su hijo, Martínez Beltrán, en la sociedad que Martínez Neira montó con DLA Piper, poderosa trasnacional (Enlace 6). Y a propósito de su hijo, por lo menos hasta el 7 de abril pasado, era abogado de Corficolombiana (Enlace 7).
Por muchas argucias que despliegue, al Fiscal Martínez le toca responder con un sí a estas preguntas: ¿Tras una investigación de once días, absolvió por corrupción, sí o no, a Navelena Odebrecht? ¿Están perdidos hoy, sí o no, los 120 mil millones de pesos del crédito del Banco Agrario a Navelena Odebrecht? ¿Suenan en sus bolsillos, sí o no, platas de contratos con Odebrecht y con su socio en Colombia? ¿Acusaron los de Odebrecht a Melo, presidente de Corficolombiana, sí o no, de ser socio de ellos en los sobornos de la Ruta del Sol? ¿Habría podido aplicarse el contrato de la vía Ocaña–Gamarra, sí o no, sin los cambios legales del Conpes 3817, documento que usted aprobó? ¿Ha sido su hijo, sí o no, abogado de Corficolombiana, luego de que metieran a la cárcel al presidente mundial de Odebrecht? ¿Fue usted, sí o no, gran recaudador de fondos para la campaña Santos 2014, a la que entró plata de Odebrecht? (Para todo mi debate: Enlace 8).
Bogotá, 5 de mayo de 2017.
Por Jairo Gómez.- El debate sobre la responsabilidad de terceros civiles, empresarios o políticos, en el conflicto armado interno en Colombia, comenzó a tomar cuerpo desde el momento en que el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, habló en el año 2015 de un listado de más de trece mil personas investigadas por su incumbencia en hechos relacionados con el paramilitarismo.
En ese momento en La Habana se discutía el diseño de la Justicia Transicional en el quinto punto de la agenda: Víctimas. Era un proyecto y sus alcances hipotéticos, pero hoy es una realidad y hace parte del acervo constitucional del país. Los empresarios y políticos tendrán que responder ante La Justicia Especial para la Paz (JEP). Obviamente, no son todos los empresarios ni todos los políticos de Colombia, sino aquellos que en lugar de acudir al Estado en busca de protección, terminaron por financiar grupos paramilitares para, supuestamente, garantizar su seguridad ante la desafiante presencia de la guerrilla.
No hay duda, las llamadas Convivir fueron la fuente que alimentó el pretexto para que en algunas regiones del país empresarios y políticos regionales optaran por la estrategia equivocada de auspiciar grupos armados ilegales que hoy los tiene a las puertas de la JEP, estrategia que los indujo a hacer justicia por su propia cuenta e ir más allá, provocar el desplazamiento de cientos de miles de campesinos para adueñarse de sus tierras. En ese lío también se encuentran las empresas multinacionales que prohijaron y financiaron grupos paramilitares según versiones de postulados de Justicia y Paz, mecanismo jurídico con el que el Gobierno Uribe (2002-2010) negoció con los paracos un sometimiento a la justica.
Esa Justicia transicional diseñada por el Gobierno Uribe, reconoció un solo actor: los paramilitares. Los determinadores, los financiadores, pasaron de agache y pensaron que habían borrado todo rastro criminal. Esa fue y ha sido la estrategia: que paguen ante la justicia otros, pero la semilla de la impunidad que una vez floreció comenzó a marchitarse. La JEP y la Comisión de la Verdad son dos instancias a la que deben acudir los terceros civiles, empresarios o políticos, a contar la verdad para borrar de sus vidas el fantasma de la Corte Penal Internacional (CPI), de lo contrario será un fantasma con el que tendrán que convivir el resto de sus días.
Por Jorge Gómez Pinilla.-La doctrina del Shock es un libro de la escritora y periodista canadiense Naomi Klein, cuya versión audiovisual fue un documental que cabe dentro del género ‘película de terror’, porque parte de una tesis espeluznante pero comprobable: el neoliberalismo se alimenta de los desastres naturales, de la guerra y del terror para establecer su dominio.
El punto de partida de película y libro es el asalto perpetrado por el general Augusto Pinochet contra el Palacio de la Moneda el 11 de noviembre de 1973, que produjo la muerte del presidente Salvador Allende y desembocó en la aplicación de la doctrina económica neoliberal impulsada por Milton Friedman, quien obtuvo el premio Nobel de Economía en 1976, tres años después del ‘exitoso’ golpe de Estado que, como se sabe, fue orquestado desde el gobierno de Richard Nixon y tuvo como punta de lanza al entonces Secretario de Estado, Henry Kissinger.
Ese mismo modelo fue aplicado en países tan dispares como el Chile de Pinochet, la Argentina de Videla, la Rusia de Boris Yeltsin o la Gran Bretaña de Margaret Thatcher.
El problema hoy es que un partidario del capitalismo salvaje llamado Donald Trump conquistó la presidencia de Estados Unidos, y con él la doctrina del Shock no solo se revitaliza desde lo doméstico hacia lo global, sino que ahora podría traer consecuencias catastróficas para el planeta. Un segundo problema de fondo es que la ascensión al poder de este buscapleitos envalentonó a la extrema derecha nacional representada en el tóxico Álvaro Uribe, el inquisidor Alejandro Ordóñez y el hijo de papi Andrés Pastrana.
Son tres las cabezas de esta Hidra de Lerna, pero el gran peligro está en Uribe, quien tiene una copiosa audiencia cautiva e invierte su capital político en azotar las más bajas pasiones contra el gobierno de Santos, con el apoyo entusiasta de Ordóñez desde el flanco religioso. Es aquí donde Santos no se puede descuidar, porque si hay un terreno que Uribe maneja a la perfección, es cuando pareciera estar acorralado pero sale airoso mediante la aplicación de medidas ‘terapéuticas’ radicales, tan radicales como la ocasión lo exija.
Por ejemplo, cuando algunos miembros de la cúpula paramilitar en cumplimiento de la ley de Justicia y Paz comenzaron a contar quiénes los habían patrocinado: en menos de 24 horas Uribe subió a todos a un avión y se los entregó a Estados Unidos. Según el general Óscar Naranjo en su libro entrevista con Julio Sánchez Cristo, solo a dos de los catorce extraditados se les comprobó que seguían delinquiendo desde la cárcel, motivo aducido por Uribe para cargar con todos.
O como cuando en abril de 2008 se supo que por un sótano entró subrepticiamente a la Casa de Nariño el exjefe paramilitar Antonio López, alias Job, en compañía de un abogado de la mafia, y fueron recibidos por los respectivos secretarios de Prensa y Jurídico de la Presidencia, César Mauricio Velásquez y Edmundo del Castillo. Uribe convocó a una rueda de prensa sobre las escaleras del mismo palacio presidencial, hizo que esta comenzara en coincidencia con la apertura de los noticieros del mediodía y luego de dar una explicación a las volandas sobre el ingreso de ese mafioso, se despachó contra la Corte Suprema alegando ser víctima de su persecución.
Dos meses después de esa visita Uribe estuvo tan de buenas que alias Job fue asesinado en un restaurante de Medellín, del mismo modo que lo amparó el azar cuando el 24 de febrero de 2006 el helicóptero donde Pedro Juan Moreno viajaba a Quibdó… se vino a tierra. Antes que nos acusen de capciosos, el mismísimo general Rito Alejo del Río en alguna ocasión declaró que la caída de esa nave “no fue accidental sino planeada”.
No sabemos si ese accidente se ajusta a la particular doctrina del Shock de Uribe, pero la memoria nos indica que Moreno se le ‘abrió’ a su jefe y amigo desde 2002, cuando no le dejó remplazar el DAS por la Agencia de Seguridad que él quería crear, y prefirió nombrar a Jorge Noguera. También sabemos que Moreno había prometido contar cosas sobre Uribe cuando llegara al Congreso, y que en su condición de secretario de Gobierno de Antioquia aparecía involucrado en la masacre de El Aro, ocurrida entre el 23 y el 30 de octubre de 1997.
Es posible que las ‘providenciales’ muertes de alias Job y P.J. Moreno (incluso la de Francisco Villalba, principal testigo contra Uribe por El Aro) nada tengan que ver con la doctrina del Shock de Naomi Klein, pero sí lo fue la extradición de la cúpula paramilitar cuando comenzaron a mostrar el andamiaje de la organización. Esto también se ajusta a lo manifestado por el exembajador Myles Frechette en entrevista para El Espectador, donde dijo que la desmovilización del paramilitarismo fue algo “completamente chimbo”, y que “cuando Uribe se dio cuenta de que los gringos estaban oliéndose todo, decidió hacer el desarme de los paramilitares”. Y a renglón seguido agregó: “Es que se fueron a otros lugares. En lugar de seguir operando en los lugares donde habían estado, se fueron al sur y al este del país, a continuar sus fechorías”. También dijo Frechette que “nunca me olvido del pilón de armas que dejaron los paramilitares: muchas de ellas eran nuevas cuando Napoleón fue Emperador de Francia. Es decir, a otro perro con ese hueso”.
Esto se traduce en que Uribe es hoy el único político colombiano que contaría con un refuerzo bélico dispuesto a apoyarlo, llegado el caso. Si no es que desde ya le brinda su apoyo, por ejemplo mediante el asesinato graneado de defensores de derechos humanos o de milicianos de las Farc, de reciente ocurrencia. Sea como fuere, lo cierto es que con el aparataje político-militar que lo respalda tras bambalinas, Uribe estaría en condiciones de provocar un Shock ajustado a su conveniencia.
He ahí el peligro inminente al que hoy se ve abocada nuestra democracia.
DE REMATE: Suena estrambótico cuando el fiscal Néstor Martínez dice que esa racha de crímenes no tiene origen paramilitar, porque solo se trata de bacrim (bandas criminales). ¿Cómo hacer para explicarle que solo hubo un cambio de nombre? Mejor dicho, ¡que se deje de ‘cantinflar’!
En Twitter: @Jorgomezpinilla
Por Amylkar D. Acosta M.- El pasado fin de semana, con puente incluido, tuvo lugar uno de los eventos más esperados y añorados de cuantos se realizan en Colombia, en donde abundan como la verdolaga los certámenes que contribuyen al cultivo, el apoyo, la difusión y promoción de nuestro folklor, el cual responde al carácter multiétnico y pluricultural de nuestro país, producto del mestizaje que dio lugar a la “raza cósmica” de la cual habla el filósofo mexicano José Vasconcelos Calderón, a través del crisol del sincretismo de razas tan diversas como la amerindia, la europea, la africana y la asiática.
Se trata, nada menos que del Festival de la Leyenda Vallenata Consuelo Araujonoguera, La Casica, personaje este a quien se le debe, junto con el Maestro Escalona y nuestro laureado con el Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, la idea de crear este Festival, que arribó a sus 50 años ininterrumpidos de su realización; fueron ellos quienes se lo “cranearon”. El ex presidente López se encargaría de darle al Vallenato el estatus que no tenía, fue como si él se hubiera propuesto presentarlo en sociedad. Años después, el Vallenato se pondría el saco leva para entrar por la puerta grande nada menos que a la Casa blanca, de la mano del Turco Gil y Lolita con Los niños del Vallenato.
Primero fue declarado el Vallenato en el 2013 como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Nación por parte del Consejo Nacional de Patrimonio, el cual dispuso de un Plan Especial de Salvaguarda del mismo, gracias al tesón y al empeño del Clúster de la Cultura y la Música Vallenata, bajo la Dirección de Carlos Llanos. Allí se sentaron las bases para el reconocimiento posterior, a finales de 2015, por parte Comité Intergubernamental de Patrimonio Cultural, integrado por 23 países, de la UNESCO a la música Vallenata tradicional del Magdalena Grande, que integran Cesar, Magdalena y La guajira, como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad.
En su pronunciamiento la UNESCO manifiesta la urgencia de adoptar medidas tendientes a su salvaguardia, dada las acechanzas del conflicto armado, “exacerbado por el narcotráfico”. Aunque también se refiere a “un nuevo tipo de vallenato” que “está marginando el género musical tradicional”, de ello hay que tomar atenta nota, en orden a preservar, proteger y difundir el auténtico Vallenato para impedir que la “maleza” arrase con el cultivo. Llama la atención, además, la UNESCO sobre la circunstancia de que “cada vez se usan menos los espacios callejeros para las parrandas vallenatas, con lo cual se corre el peligro de que desaparezca un medio importante de transmisión intergeneracional de los conocimientos y prácticas musicales”. Vea pues!
Por ello cayó muy bien y fue de muy buen recibo el fallo del Jurado calificador al ceñirle la Corona como Rey de Reyes a Álvaro López, Rey profesional en 1992, ejecutor magistral del acordeón y compañero de fórmula del reputado cantante Jorge Oñate, de la Dinastía de los López. Digitó su acordeón en la tarima Colacho Mendoza del Parque de La Leyenda, acompasado con la caja y la guacharaca, con sus pitos y sus bajos, como los dioses, cautivando tanto al público como al Jurado. Diez reyes se disputaron esta vez la cuarta Corona de Rey de Reyes y él, el hijo de Miguel López (el prodigio del “bajo”), Quinto Rey vallenato, demostró ser el mejor de los mejores (fueron 10 reyes quienes se disputaron la Corona) con su interpretación de los cuatro aires del Vallenato, el paseo, la puya, el son y el merengue. Con Álvaro López el auténtico, el último acordeonero de Diomedes, el genuino vallenato tiene guardián en la heredad.
Es de anotar que también se coronó como Rey de reyes de la canción inédita Ivo Díaz, el hijo de uno de los juglares más queridos de la comarca, quien hizo honor a su padre al ganarse el título con la canción que le compuso al legendario cajero Pablo López, de la misma Dinastía de Álvaro y que lleva por título El Rey de los cajeros. La piqueria también tuvo su Rey de reyes, se trata de José Felix Ariza, después de ser 5 veces Rey, al igual que los acordeoneros en la categoría de aficionados, Daniel Holguín, al tiempo que José Juan Camilo Guerra Mendoza y José Aldana Vergara se coronaron como los Rey de reyes de la categoría juvenil e infantil, respectivamente.
Valledupar, mayo 1 de 2017
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Por José Gregorio Hernández.- El presidente venezolano Nicolás Maduro suele invocar la democracia para hacer imposible la democracia. Y acostumbra a esgrimir la Constitución para ignorar los principios constitucionales, entre ellos el de la soberanía popular. Como en Colombia, en donde la reforma constitucional que simplificó las condiciones y los trámites para reformar la Constitución (Acto Legislativo 1 de 2016) entró en vigor mediante una curiosa “interpretación” de una de sus normas (el artículo 5), que exigía para tal efecto la refrendación popular. En virtud de ese entendimiento, que echó por tierra el fundamento esencial de la democracia directa o participativa -la cual no equivale a la representativa o indirecta-, se admitió, inclusive por el tribunal a cuyo cargo se encuentra la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución (C.P., art. 241), que la refrendación popular no exige la participación del pueblo sino que -desplazado el pueblo- el Congreso puede hacer sus veces. Y ello, aunque previamente -el 2 de octubre de 2016- el pueblo -en votación directa- había dicho NO a los acuerdos que el Congreso refrendó después a su nombre y en su sustitución.
Volviendo al caso venezolano, el gobierno pretende sofocar las protestas populares -reprimidas con violencia-, mediante las cuales la gente reclama elecciones -de aquellas previstas en la Constitución-, acudiendo a la convocatoria de una asamblea constituyente, prevista en el artículo 347 de la actual Carta Política, “con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”. Quinientos integrantes -que Maduro llama “constituyentistas” y que, al parecer -según la intención presidencial-, no todos serán elegidos directamente por los ciudadanos sino por organizaciones y gremios, lo que nos recuerda un poco al fascismo.
Olvidó Nicolás Maduro que esa Constitución fue inspirada por el artífice de la revolución bolivariana, de cuya obra se dice continuador -el “comandante eterno” Hugo Chávez Frías-, y quizá no ha tenido en cuenta que, según su preámbulo, en 1999 se buscaba “refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones”. ¿Se va a transformar el Estado y se va a crear un nuevo ordenamiento jurídico sobre bases distintas, para que nadie se oponga al gobierno, ni reclame participación democrática?
Se entiende que una “transformación” de la República implica “cambiar los fundamentos”; sustituir los postulados en que se funda la actual República, para proceder a instaurar otro modelo distinto, y un orden jurídico diferente.
¿Quiere Maduro eso? ¿No le gusta una sociedad democrática, participativa y respetuosa del imperio de la ley, y aspira a sustituirla por otra? ¿O quiere sostener esos valores, que predica constantemente? Y, si es así, cabe preguntar: ¿para qué la Constituyente? ¿Para ser fiel al fundador de la República Bolivariana de Venezuela, no sería mejor realizar esos principios democráticos y participativos, cumplir la Constitución de 1999 y cumplir las leyes, respetando la protesta y permitiendo las elecciones?
Como lo decíamos hace unos días, quizá estamos ante el mal jugador, que, cuando pierde, suele romper el naipe. ¿O es que Maduro cree que con esta convocatoria puede acabar con las protestas, con el hambre, con el desempleo, con la inflación, con la devaluación, y con la terrible crisis que afronta su gobierno y que tiene a Venezuela al borde de una guerra civil?
Por Jairo Gómez.- A sombrerazos se quiere acabar con la oficina del Alto Comisionado para los DD.HH. en el país desconociéndose una experiencia de más de 20 años monitoreando, en terreno, la deshonrosa y sistemática violación de los derechos humanos en Colombia.
Aunque aún no existen razones de peso para su eventual abolición, muchas organizaciones denuncian que sus funciones se incorporarían a la Misión de Paz que se creó con el respaldo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, tras el Acuerdo entre el Gobierno y las FARC.
Craso error; es cierto que a muchos países en el mundo les molesta que desde afuera se les observe en un asunto tan sensible y específico como los derechos humanos; no les gusta que les hagan reparos sobre violaciones y desmanes que atentan contra los ciudadanos, pero en el caso de Colombia suprimir su presencia en plena implementación de los acuerdos, es delicado. Una cosa es la Oficina en mención y otra muy distinta la Misión de Paz de la ONU que debe garantizar que lo plasmado en los acuerdos se cumpla.
Es preciso recordar que no fue fácil que el país aceptara la presencia de la Oficina del Alto Comisionado de DD.HH. de la ONU, y que fueron muchos los años de lucha de las organizaciones defensoras de los derechos fundamentales para que esa instancia internacional hiciera presencia en territorio colombiano.
Se firmó la paz, sin embargo la protección de los Derechos Humanos, no hay duda, sigue siendo una asignatura pendiente que hay que consolidar; la firma de la paz no garantiza que la violación de esos derechos desaparecerá, al contrario, se incrementará y de eso da testimonio la población más vulnerable que a diario, en las regiones, convive con amenazas de muerte y desplazamientos continuos. Así lo corrobora el último informe de la Oficina cuando expone, por ejemplo, su preocupación por el sistemático asesinato de defensores y líderes sociales (en 2017 van 30).
Ese último informe de la Oficina liderada por Todd Hoawland, es mesurado, serio e imparcial y pone el dedo en puntos sensibles que develan la poca firmeza con que el gobierno asume su responsabilidad en materia de derechos humanos. Tras destacar la firma del Acuerdo de Paz, al mismo tiempo evidencia los incumplimientos en la etapa de la implementación; expresa su preocupación por la promoción de altos mandos vinculados a los falsos positivos a brigadier general; y, por supuesto, trasluce su inquietud por la persecución sistemática y el asesinato de líderes sociales, defensores de derechos humanos, indígenas y afrocolombianos a manos de grupos armados ilegales.
Al parecer, este informe no gustó en la Cancillería y hoy la presencia de Howland es incómoda o siempre lo ha sido. Pero, más allá de Howland, lo preocupante es que el gobierno pretenda socavar la importancia de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en el país, porque eso sería abandonar a su suerte la investigación de los asesinatos y graves violaciones de las que han sido objeto inermes ciudadanos en muchas regiones en donde la presencia de la Oficina, porque no decirlo, suplanta la del Estado, que brilla por su ausencia.
No me quiero meter con el intrincado mapa burocrático de la ONU, seguramente atiborrado de intrigas y consejas, pero concentrar toda esa responsabilidad en la Misión de Paz de la ONU es quitarle peso a una Oficina con más de 20 años de experiencia que logró ganarse, con confianza y prestigio, la comunidad campesina, indígena y étnica del país.
@jairotevi
Por Juan Fernando Londoño.- Nadie se opone a la necesidad de una reforma política, pero nadie está dispuesto a apoyar cualquier clase de reforma política. La multitud de reparos que surge frente a la necesidad de hacer transformaciones en nuestro sistema político y electoral se debe a que no tenemos consenso sobre los objetivos de la reforma. El debate principal radica entre la búsqueda de la apertura del sistema para el ingreso de nuevas fuerzas (no sólo las Farc) y el fortalecimiento de los partidos actuales, evitando que surjan organizaciones que les compitan.
Vale la pena recordar que luego de la Constitución de 1991 se inició un proceso para ajustar la extrema apertura que se había generado y el enorme caos partidista. Las elecciones posteriores a la constituyente mostraron que las nuevas reglas terminaron de desordenar los partidos tradicionales y no generaron una mejor competencia política. Por el contrario, los partidos artífices de las nuevas reglas, la Alianza Democrática M-19 y el Movimiento de Salvación Nacional fueron las primeras víctimas de sus propios inventos.
La Comisión de Reforma de Partidos durante el gobierno Samper estableció las recomendaciones iniciales de lo que debía ser un proceso de reformas, aunque la crisis política del proceso 8 mil hizo imposible su trámite. El gobierno Pastrana también planteó una reforma política que naufragó por su negativa a excluir facultades exorbitantes para el Presidente de la República relacionadas con la negociación de la paz (la misma que ahora tanto critica).
En el año 2003 un pacto entre los partidos permitió sacar adelante una reforma con el fin de fortalecer las organizaciones políticas, contrario a las intenciones del Presidente Uribe, que intentó tramitar su propia reforma por la vía del Referendo. La modificación constitucional fue posible gracias a que la reforma tenía un objetivo claro: reorganizar el sistema de partidos. En torno a ello se incluyeron las modificaciones electorales de una sola lista por partido (aunque con voto preferente), disciplina de bancadas para quienes hicieran parte de dicha lista, cambio en la fórmula electoral para premiar las grandes agrupaciones y la introducción de un umbral del 2 por ciento.
En el año 2009 se tramitó una nueva reforma con el propósito central de castigar la relación de los políticos con la criminalidad consagrando el principio de responsabilidad política sobre la presentación de candidaturas y haciendo más estricto el proceso para el otorgamiento de avales.
El problema de la actual reforma es que no está claro el objetivo de la misma, pues muchos actores tienen visiones distintas.
El Acuerdo de Paz de La Habana busca la apertura del sistema político en condiciones de equidad con el fin de permitir el ingreso de nuevas fuerzas políticas al sistema durante un regimen de transición de 8 años. Como consecuencia de esta concepción se establece en los Acuerdos la idea de un régimen de adquisición progresiva de derechos que facilite la incorporación de nuevas fuerzas políticas y sociales a la institucionalidad, especialmente desde la política local.
Este planteamiento no parece ser compartido por los grandes partidos que temen no sólo la competencia de nuevos actores sino que además consideran una amenaza las nuevas reglas pues podrían desbaratarlos de nuevo.
Por otra parte, muchas de las ideas planteadas hasta ahora no establecen una relación de causalidad clara entre las reformas y la superación del conflicto y la construcción de la paz, con lo cual se generan muchas dudas sobre la utilización del Fast Track para el trámite de las mismas, dada la advertencia de la Corte Constitucional en el sentido que solo puede usarse dicho mecanismo para temas estrictamente relacionados al Acuerdo de Paz.
Como si esto fuera poco, un partido político de oposición, con clara opción de convertirse en gobierno en 2018 ha decidido no participar en las discusiones de la reforma, con lo cual sería la primera vez que se tramita una reforma que no refleja un grado al menos mínimo de participación de todas las fuerzas políticas.
Y para terminar de enredar esta situación, la opinión pública espera una reforma que realmente ayude a luchar contra la corrupción, con lo cual una reforma aceptable para el país tiene que explicar cómo su contenido será eficaz para este propósito, de lo contrario, la opinión pública ilustrada y popular difícilmente creerán en la utilidad de dicho esfuerzo.
Sin tener un hilo conductor y sin una idea fuerza que ayude a articular las distintas propuestas y preocupaciones, va a ser muy dificil determinar qué cosas pueden o deben hacer parte de la reforma y cuales otras no.
El gobierno aún está a tiempo de construir los consensos para avanzar en una reforma que ayude a transformar la política en Colombia. Por mi parte, y si puede servir para el debate considero que el objetivo debe ser el diseño de un sistema transicional que permita la incorporación de nuevas fuerzas al sistema en condiciones de equidad y con garantías reales de transparencia. Solo así será posible, construir la paz plasmada en los Acuerdos con las Farc y responder al clamor ciudadano de una política que no esté al servicio de la corrupción.
Por Hugo Prieto.- Este episodio ocurrió en la calle donde vivo en Chacaíto, una zona céntrica de Caracas: un grupo de gente corría y gritaba tratando de escapar de la represión de la Guardia Nacional que los perseguía disparando perdigones, balas de goma y bombas lacrimógenas para disolver una marcha pacífica que se acercaba a PDVSA, la petrolera estatal venezolana, ubicada en la avenida Libertador, a unas cuadras de mi casa. Frente a la puerta de mi edificio, una señora, de unos 60 años, se refugió detrás de un árbol, para protegerse de la nube lacrimógena. Le abrimos la puerta, pero la señora no estaba feliz de resguardarse. Era como si refugiarse fuera lo mismo que huir del compromiso ciudadano de enfrentar a sus atacantes. “Nada hacemos muertos, señora”, dijo un hombre más joven. “A mí no me sacan de las calles, porque a mí ya me están matando de hambre”.
Eso es lo nuevo que tienen las protestas en Venezuela. La convicción de que la Revolución Bolivariana fracasó y dejó al país en la ruina. Hay otros ingredientes inéditos, más oscuros y tenebrosos. La brutalidad policial, las detenciones masivas y el empleo de grupos paramilitares armados por el gobierno, para que hagan el trabajo sucio que no quieren hacer los militares: asesinar gente.
Las protestas —que han llevado a las calles a cientos de miles de personas— se han multiplicado por todo el país. La gente avanza con determinación a sabiendas de que los van a reprimir a sangre y fuego. ¿Por qué lo hacen? Porque los venezolanos despertaron. Ahora están conscientes de que las instituciones que hacen funcionar la democracia están en grave peligro y que deben defenderse de un gobierno despótico. Y despertaron a raíz de una declaración de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, quien a propósito de las resoluciones 154 y 155 emitidas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia —que anulaban de facto a la Asamblea Nacional—, denunció “el resquebrajamiento del hilo constitucional”. Sus palabras han sido traducidas en las calles mediante una consigna: “Maduro, golpista, no lo dije yo, lo dijo la fiscal”.
En sus apariciones públicas, Nicolás Maduro se muestra errático y desorientado.
En menos de un mes, las protestas han dejado 29 muertes y un número indeterminado de detenciones arbitrarias —alrededor de 1200, según organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos y la propia Fiscalía General—. Pero la gente no se rinde; perdió el miedo. La marea sigue subiendo y no hay indicios de que retroceda. La sed de cambio es más fuerte que la represión. Al final, para los venezolanos la demanda de libertad y democracia se ha convertido en una lucha existencial de vida o muerte.
Sin el liderazgo de Chávez, sin el apoyo incondicional de sus propios seguidores, el Presidente Nicolás Maduro le ha entregado cada vez más poder a los militares. En sus apariciones públicas, Maduro se muestra errático y desorientado.
El rechazo a su gobierno aglutina a más del 80% de los venezolanos. Pero el gobierno es incapaz de interpretar el fracaso que surge de su propia ineptitud; se aferra a la estrategia de no ceder ni un milímetro en el control institucional, ha utilizado el diálogo con la oposición como un ardid para atornillarse aún más en el poder. El barniz jurídico que daba una apariencia legal a las decisiones del ejecutivo se desvaneció para dar paso a un crecimiento exponencial del autoritarismo. En pocas semanas el gobierno de Maduro pasó de la autocracia a la dictadura. Hoy está a un paso de convertirse en un régimen tiránico.
La oposición se ha mantenido firme en la demanda de cuatro puntos: canal humanitario para aliviar el sufrimiento de la población (medicinas y alimentos); restitución de las atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional; cronograma electoral, y liberación de los presos políticos. Para el gobierno, ceder en todos los puntos o en alguno de ellos equivaldría a abrir un pequeño agujero que pronto se convertiría en un enorme hueco por donde se le escaparía el poder.
En términos históricos, el mayor temor del chavismo era la insurrección de su propia base de electores: la población empobrecida que vio en Chávez la figura casi religiosa, que los iba a redimir. El cambio más radical del chavismo fue colocar a los pobres en el centro de la política venezolana. “El pueblo” fue el producto electoral que mantuvo a Chávez como el amo indiscutible del poder en Venezuela desde 1998 hasta su muerte.
En las protestas del pasado 20 de abril —que culminó con una violenta represión—, se incorporó la gente de Petare, la barriada más populosa de América Latina con 1,2 millones de habitantes, con una consigna que contagió entusiasmo y renovados bríos: “Oye, Maduro, somos los de Petare. Hay que echarle bolas para sacarnos de la calle”. Otros sectores populares de la ciudad como El Valle y La Vega, también se han manifestado contra el gobierno en días recientes.
Aparte de la marcha del silencio —que culminó su recorrido sin violencia—, las protestas de esta semana terminaron en un caos sangriento que agregó nuevas muertes a la cuenta de sufrimiento y luto.
¿Hay una salida a este laberinto?
El camino para una transición negociada, que satisfaga las demandas de la oposición, tiene posibilidades mínimas, pero todavía hay una pequeña ventana para el diálogo. De lo contrario, la alternativa sería una intervención militar para llamar a un gobierno de unidad nacional cuyo objetivo sería organizar unas elecciones libres y fiables para todos. Básicamente, la consulta a la que Maduro se niega. Es muy riesgoso permitir a los militares inmiscuirse en asuntos políticos, aunque antes ya ha sucedido en nuestra historia, cuando una alianza cívica militar derrocó a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, en 1958. También está abierta la opción clásica de una dictadura comunista, cuyo modelo sería el régimen cubano. La solución política es un enorme desafío pero hay que intentarla. Más allá de ella, solo nos queda esperar un milagro.
Por Jorge Gómez Pinilla. Tomado de El Espectador.-Al menos tres libros aspiro a dejar escritos antes de la hora en que la mar se enluta. De esos el primero ya vio la luz, hace dos años. El segundo es el resultado de una investigación periodística que viene en camino, y el tercero, donde anida mi esperanza de posteridad, es una novela autobiográfica: María, llena eres de gracia.
El primero al que hago referencia es Objetivo: hundir a Serpa. He aprovechado la coincidencia con la Feria del Libro FILBO 2017 para promover su venta, con un atenuante a mi favor: un libro es un producto cultural mediante el cual se transmiten ideas o se cuentas historias. Ah, y aún quedan algunos ejemplares… (Ver libro aquí).
Resuelto cualquier reato de conciencia, procedo a contar que Objetivo: hundir a Serpa es “una entrevista sin contemplaciones”, en respuesta a lo que le escuché decir al dirigente liberal cuando le propuse la idea: “vaya busque a mis detractores, dígales que pregunten lo que quieran, que Serpa no dejará nada sin responder”. Así se hizo, y tan diligente fui acatando su recomendación que en el evento de lanzamiento afirmó que yo lo había entrevistado “con bisturí en mano”. Mi humilde opinión es que él exagera, y para resolver el intríngulis habría que acudir al lector o, con todo respeto, a una parodia de lo más CabaI: “¡lean, vagos!”.
Sea como fuere, es hora de sacar pecho y contar que para la sola confección del cuestionario se realizó una minuciosa investigación periodística, y el resultado fue un retrato ilustrado a mano alzada de la historia política y social de nuestra nación durante los convulsionados años en los que Horacio Serpa fue protagonista, tanto sus tres intentos consecutivos en busca de la Presidencia como el resto de su vida pública.
Hubo un momento crucial en la vida de Colombia, y ocurrió durante el gobierno de Ernesto Samper, pero este solo se enteró al día siguiente: una cena –de claro corte conspirativo- a la que fue invitado Horacio Serpa por un grupo de personalidades y periodistas famosos (incluso autoridades en ejercicio), donde le presentaron mil y una razones para que renunciara al cargo de Ministro del Interior, con lo cual Samper se habría caído, por supuesto.
Esa noche Serpa tuvo en sus manos la suerte del mandatario liberal y prefirió no dejarlo solo, seguir acompañándolo. Y con esa decisión tal vez se le cerraron para siempre las puertas de la Presidencia, pues fueron los directores de medios y demás ‘conspis’ que esa noche quedaron viendo un chispero en sus pretensiones, los mismos que de ahí en adelante se encargaron de impedir que se le cumpliera su merecido anhelo de alcanzar un día el solio de Bolívar.
La paradoja reside en que si la respuesta de Serpa hubiera sido la que sus anfitriones esperaban, él habría sido el presidente después de Samper. Y otra habría sido la suerte de Colombia, pues la memoria histórica permite constatar que el siguiente presidente fue el inepto Andrés Pastrana con quien el país cayó arrodillado a las FARC, y luego con el taimado y pérfido Álvaro Uribe también cayó arrodillado, pero al paramilitarismo y a la más aberrante corrupción en todos los órdenes.
Esta verdad simple e irrefutable debería ser tenida en cuenta por los colombianos a la hora de juzgarle a Serpa sus actuaciones pasadas, frente a las cuales por cierto nunca recibió la menor condena o sanción, ni siquiera administrativa, ni se sabe que se haya enriquecido a costa del erario público, pero se le sigue cobrando en morosa y prolongada retroactividad el gran pecado de haber sido leal a un amigo. Y lo digo en presente porque, si hay un político en Colombia que recibe un inmerecido matoneo en redes sociales, ese es Horacio Serpa. ¿Cuál fue en últimas su gran pecado? Después de haber escudriñado durante años en su vida y en su pasado, no lo tengo claro.
Lo que sí veo con claridad es una muy poderosa campaña de propaganda negra orientada a señalar –con el dedo índice apuntando- a Samper y Serpa de haber instigado el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. Si no fuera porque el exembajador de EEUU, Myles Frechette, puso las cosas en su lugar, el daño para ambos –y de carambola para el Partido Liberal- habría sido irreparable. Frechette, quien era sin asomo de duda la persona mejor informada de Colombia en esos años aciagos, habló de “un grupo de militares retirados”. Y en entrevista exclusiva –próxima a aparecer- que me concedió en Washington D.C. afirmó que “lo hicieron porque querían borrar su rastro. Borrar la conexión entre ellos y Álvaro Gómez. Cuando él les dijo que no (al golpe de Estado que fraguaban), ellos pensaron “caracho, de pronto el tipo suelta la letra o se le sale algo”.
Pero Serpa y Samper quedaron marcados con el estigma de una culpa ajena, pese a que la evidencia apunta a que fueron los mismos autores y encubridores del magnicidio los encargados de regar esa especie; con probada eficacia, por supuesto.
De todo esto se habla en Objetivo: hundir a Serpa, libro del que solo una cosa le preocupa a su autor: demostrar que pese al paisanaje –o debido a- el diálogo se desarrolló con total franqueza santandereana. Y al que ose decir lo contrario le tocará demostrar que el entrevistador no conservó la distancia crítica requerida, en cuyo caso el entrevistador se compromete a retornarle al comprador lo que pagó por su ejemplar. Como en las televentas, “su satisfacción garantizada o la devolución de su dinero”.
DE REMATE: Para decirlo en modo imperativo tomado ilícitamente del repertorio del youtuber de 40 (y 3): ¡Compren mi puto libro! Lo encuentran en el Stand 219 de Ícono Editorial, pabellón 6 de Corferias, primer piso. Preguntan por Gustavo Mauricio García y él les hace un jugoso descuento. Trollers, abstenerse.
Por Amylkar D. Acosta M.- Con ocasión de la celebración de El Día de la Tierra, la Pacha mama, que es como la llaman nuestros aborígenes, este 22 de abril, he querido compartir con mis lectores algunas disquisiciones sobre la importancia de llamar la atención sobre la carrera alocada en la que se ha empeñado la humanidad y que está poniendo en riesgo su propia supervivencia, al romper el equilibrio y la armonía propios de la naturaleza. Su promotor, el Senador estadounidense Gaylord Nelson, se propuso crear una conciencia común sobre los problemas que comportan la sobrepoblación, la contaminación ambiental, en procura de enfrentar eficazmente el Cambio climático y sus estragos.
Desde tiempos inmemoriales nos percatamos de que el Planeta Tierra nos antecede, que existió por miles y miles de años sin la especie humana y sin las demás especies que hoy lo habitan. Primero fue el big bang, hace 12.000 millones de años, el cual dio lugar a la formación del Planeta Tierra. Se estima que la edad de la tierra oscila alrededor de los 4.470 millones de años, entre tanto el Homo sapiens, especie primigenia a la que pertenecemos, surge mucho después, hace “apenas” 200.000 años. Razón suficiente para persuadirnos de que el Planeta Tierra pudo sobrevivir sin la especie humana, pero ninguna de las especies hasta hoy conocidas puede sobrevivir sin el Planeta Tierra.
En el Planeta Tierra, “nuestra casa común”, que es como la denomina el Papa Francisco en su Encíclica Laudato sí, alberga los tres reinos, animal, vegetal y mineral, los cuales, hasta la obra magistral del científico naturalista británico Charles Darwin El origen de las especies, publicada el 24 de noviembre de 1859, eran concebidos como compartimentos estancos y desde entonces se impuso tu teoría de la evolución de las especies, que terminó por imponerse por la fuerza de sus argumentos. En esta especie de arca de Noé coexisten y cohabitan el género humano con la flora, la fauna y los recursos fósiles, que forman parte de su hábitat y de los cuales se sirve. Los problemas empiezan cuando sobreviene la degradación del medioambiente, al convertir nuestra Casa común, como lo afirma el Papa Francisco, “en un inmenso depósito de porquería” por los humanos, por eso se le atribuye a causas antropogénicas esta debacle. Se impone, entonces, la necesidad de actuar sin tardanza para contener y atajar el calentamiento global, que es su consecuencia, al tiempo que se debe contar con planes de contingencia que permitan evitar y prevenir los desastres, la adaptación frente a la recurrencia de los fenómenos extremos de sequías e inundaciones y el fortalecimiento de la resiliencia de las poblaciones. Bien digo Darwin, que “las especies que sobreviven no son los más fuertes ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio”.
Ahora que el negacionismo y los escépticos del Cambio climático se están viendo alentados por la administración Trump en los EEUU por sus posiciones desafiantes contra el gran Acuerdo de París, es indispensable redoblar los esfuerzos tendientes a evitar que ellos se salgan con las suyas. La comunidad científica mundial, ante su embestida, que ha llevado al desmantelamiento de las agencias científicas y ambientales y a la asfixia presupuestal de los proyectos de investigación científica en curso, se ha visto precisada a salir en su defensa, antes de que sea demasiado tarde. Por ello se adelantó una gran Marcha el sábado anterior en defensa de la Ciencia. La más concurrida y de mayor impacto fue la de Washington, Colombia no se quedó atrás, se realizaron marchas en Bogotá, Medellín y Bucaramanga. Por fortuna, según encuestas recientes siete de cada diez estadounidenses consideran que EEUU debe honrar su compromiso con la comunidad internacional y se muestran partidarios de permanecer en el Acuerdo de París. Esta es una causa justa, digna de encomio y amerita adherirse a ella!
Bogotá, abril 23 de 2017
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