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Como un “atentado” al Acuerdo de Paz que permitió el fin del conflicto por más de 50 años, calificaron los congresistas de las Farc la reforma de la JEP y que incluye 14 magistrados más para investigar y juzgar a los militares y agentes el Estado y que fue aprobado en primer debate en el Congreso. Por ello pidieron la “intervención inmediata” de la Corte Penal Internacional”, si se insiste en dicha iniciativa dentro de la constitución colombiana.

En Rueda de Prensa el senador y excombatiente de las Farc, Julián Gallo fue contundente en señalar que la reforma impulsada por los partidos Centro Democrático y Cambio Radical, y apoyada por el gobierno a través de la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez, “deja serias dudas” sobre el compromiso del presidente Iván Duque con el acuerdo de paz y su implementación, así como con las víctimas del conflicto armado.

Dijo que establecer “grupos de magistrados” que “trabajarán de manera separada en el estudio de los casos de las guerrillas y agentes del Estado”, en la práctica supone la creación de “salas y secciones separadas”, casi que el mismo espíritu de lo que pretendía el centro Democrático.

Aseguró el senador Gallo que esa iniciativa “acaba con la independencia e imparcialidad de la JEP” porque los jueces serán elegidos por el Estado colombiano, lo que conlleva a que la misma institucionalidad termine juzgando a los mismos miembros del estado que resulten con responsabilidades derivadas del conflicto armado.

Agrega e senador Gallo quien estuvo acompañado de Rodrigo Granda quien fue negociador en La Habana, afirmó que la reforma a la JEP es contraria al acto legislativo del 2017 que garantizó la estabilidad e inmovilidad del acuerdo de paz firmado en el teatro Colón en el 2016, y que abrió la compuerta para que se sigan modificando en el Congreso por la vía de proyectos del ley o reformas constitucionales. Insinuó que el propósito de estas modificaciones es “garantizar la impunidad absoluta de los mismos que siempre han disfrutado de ella”.

Gallo instó a los países garantes del proceso de paz, a las Naciones Unidas, a la Unión Europea, a los expresidentes Pepe Mujica (Uruguay) y Felipe González (España) para que tomen nota de la intención del estado de Colombia de alterar el Acuerdo de Paz.

Bogotá, D. C, 1 de noviembre de 2018

Redacción Ecos Nacional.

En medio de la polémica legislativa del funcionamiento de la JEP con respecto a la investigación y juzgamiento de los militares y agentes del Estado, durante el conflicto armado con las Farc, cuatro generales del Ejército ya se sometieron a la Jurisdicción Especial para la Paz y otros cinco presentaron recientemente la respectiva solicitud para hacerlo.

Los altos oficiales que se acogieron a la JEP son Rito Alejo del Río, Mario Montoya, Jaime Uscátegui y Henry Torres Escalante, mientras que los que pidieron ser investigados son Iván Ramírez Quintero, Luis Roberto Pico Hernández, Miguel Eduardo David Bastidas, José Joaquín Cortés Franco y Hernando Pérez Molina.

No a la Sala Especial en la JEP para investigar y juzgar militares involucrados en el conflicto armado, pero a cambio, incorporar 14 nuevos magistrados a la Jurisdicción Especial para la Paz, fue la decisión de la Comisión Primera del Senado, luego de dos semanas de discusión y acercamientos entre las diferentes bancadas, que incluso, reunió a adversarios entre ellos congresistas de las FARC, el expresidente Álvaro Uribe, militantes de la oposición como Iván Cepeda y al excandidato presidencial Gustavo Petro, entre otros.

Al acuerdo se llegó luego de recesos tras recesos en las deliberaciones de dicha célula legislativa, que al final logró un consenso para avanzar en dicho proyecto que de alguna manera incide en el procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, tribunal que fue el resultado del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las FARC.

Se trata del primer debate hasta el momento, de una propuesta impulsada por el senador Álvaro Uribe, pero que tendrá siete debates más, si no archivan el proyecto que pasa ahora a la plenaria del Senado.

El Centro Democrático cuestiona que los militares tendrán que declararse culpables para acceder a los beneficios de la pena alternativa, pero que si no lo hacen, tendrán que demostrar su inocencia ante magistrados con sesgo ideológico y se expondrán a penas de 20 años de prisión.

El uribismo insiste en que a pesar de las garantías contra los militares y agentes del Estado, a través de la JEP, en la práctica, estarán sometidos al mismo tratamiento de los excombatientes, pero, a razón de lo aprobado en primer debate, se superó con el aumento del número de magistrados en la JEP con el objeto de que se ocupen de ese aspecto.

El senador Álvaro Uribe fue enfático en destacar que el respaldo al acuerdo no implica que el Centro Democrático renuncie a las opiniones que tiene sobre la JEP y a renunciar a presentar otro artículo sobre el tema, mientras que el congresista Roy Barreras señaló que lo aprobado es un artículo nuevo que refuerza la JEP y permite “con toda legitimidad actuar para todos los actores del conflicto, con más garantías para todos, incluyendo a las Fuerzas Militares, sin desmembrar la JEP, que es aquello que nosotros logramos evitar. Es resultado de un compromiso muy importante de todas las fuerzas políticas".

En el acuerdo, se aprobó un Comité de Escogencia Autónomo, conformado por dos delegados del Consejo Superior de la Judicatura, uno de la Comisión Interinstitucional de la rama judicial, y otro, del Procurador General.

Dicho Comité garantizará los principios de publicidad, transparencia y facilitar el seguimiento y veeduría ciudadana al proceso de selección. Dentro de los requisitos que deben tener dichos magistrados está la de tener conocimiento en Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Derecho operacional.

La iniciativa pasa a la Plenaria del Senado y luego a la Cámara con el objeto de que supla los cuatro primeros debates y sea aprobada en primera vuelta antes del 16 de diciembre.

Bogotá, D. C, 1 de noviembre de 2018

Por Luis Fernando García Forero.

A 20 años de la adopción de la Declaración de la ONU para proteger a los defensores de los DD.HH., el tema se ha convertido en un hito. Sin embargo, a pesar de las obligaciones de los Estados de garantizarles el bienestar y la vida, su situación se está deteriorando porque siguen siendo atacados y criminalizados.

“Por eso la ONU debe presionar más a los gobiernos para defender la integridad de los Defensores de DD.HH”, aseguró Michael Forst, Relator Especial de la ONU, al referirse a la delicada situación de estos activistas quienes además enfrentan restricciones legales y administrativas cada vez mayores.

Forst fue el Director General de Amnistía Internacional en Francia y el Secretario General de la Primera Cumbre Mundial sobre Defensores de los Derechos Humanos en 1998 y Experto Independiente de la ONU sobre la situación de los DD.HH. en Haití.

El relator especial presentó un informe a la Asamblea General en el que destacó la necesidad, a 20 años de la Declaración para la promoción y protección de los defensores de los DD.HH. de detener los esfuerzos crecientes para socavar la labor de promoción de las garantías fundamentales.

“Desde 1988 más de 3500 defensores han sido asesinados, dejando familias devastadas. Los derechos de miles de activistas han sido pisoteados, su dignidad agredida. Son vilipendiados y detenidos injustamente”, dijo el relator especial quien aseguró que estos ataques son, en última instancia, contra 70 años de trabajo para construir un sistema global sin precedentes que proteja los derechos de todas las personas.

Forst reveló que con motivo del 20 aniversario de la declaración de los defensores, decidió lanzar una encuesta en 140 países, preguntándoles qué es lo que más le preocupa de su situación.

“Todos me dijeron que lo más preocupante era la narrativa en su contra. Son llamados terroristas, enemigos del Estado, promotores de valores occidentales, son acusados de ser traficantes, y de estar en contra del desarrollo. Estas campañas de difamación tienen un impacto sobre cómo son vistos por la población, mientras ellos solamente intentan proteger los derechos de la Declaración Universal de los DD.HH.”, expresó.

Por ejemplo, dijo, en América Latina los defensores de los derechos de la comunidad LGTBI o de los sexuales y reproductivos como el aborto, son acusados de introducir valores occidentales que no representan la actitud moral de ciertos países. Son llamados terroristas, enemigos del Estado, promotores de valores occidentales, son acusados de ser traficantes, y de estar en contra del desarrollo.

También asegura preocuparle la situación de los defensores de los migrantes, que repetidamente se enfrentan a fuertes ataques de los Estados y funcionarios públicos, “quienes los acusan de ser traficantes o de ingresar ilegalmente migrantes a los países”.

“Este es un fenómeno que me preocupa mucho con el creciente número de países en los que vemos líderes populistas como Hungría, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Australia e Italia, y, también incluso en países democráticos, como Francia y España, donde los defensores están siendo citados ante las autoridades judiciales”, aseguró Forst.

El papel de la ONU

A pesar de los recursos provistos en virtud de la Declaración para la promoción y protección de los defensores de los DD.HH., más de mil de ellos fueron asesinados entre 2015 y 2017.

"La impunidad generalizada y sistemática es una señal muy mala que se envía a las familias de las víctimas y a cualquiera que defiende los derechos humanos", dijo el relator especial a la Asamblea General, que añadió que,  "más allá de estos ataques y asesinatos, son nuestros derechos y nuestras democracias las que corren un gran peligro".

Forst también advirtió que se estaba cuestionando la existencia misma del mandato de la ONU del relator especial sobre la situación de los defensores de los DD.HH., quien hace parte de los procedimientos especiales del Consejo de DD.HH. y recibe un salario simbólico de un dólar. 

“Las Naciones Unidas podrían hacer más. Siento que es un deber moral para mí trabajar para esto. Que no me paguen me da más libertad porque puedo decir verdades a los líderes, incluidos los de Naciones Unidas y puedo decir que aquí tenemos que hacer más”, dijo Forst.

El relator declaró sentirse “horrorizado” al ver que algunos altos funcionarios de la Organización y de los equipos que trabajan en los  países tienen un “pobre entendimiento” sobre la situación de los defensores.

“En las próximas semanas habrá un informe de Guterres, por mandato de una resolución, para hacer evaluación sobre los esfuerzos de la ONU y sus agencias para proteger a los defensores y se darán cuenta que la ONU puede hacer más y espero que después de que sea publicado se lance un estudio mundial para desarrollar una estrategia global para proteger a los defensores”, expresó.

Forst dijo que su informe es una oportunidad para reflexionar sobre los logros y retos y para pensar cómo pueden deconstruirse “los discursos de incitación al de odio” y las narrativas desarrolladas por nuevas formas de autoritarismo, y cómo pueden abordarse las causas sistemáticas que fomentan los ataques contra los defensores.

En los próximos días se celebrará la segunda Cumbre Mundial de Defensores de DD.HH. en París y en diciembre una reunión de alto nivel en Nueva York sobre el mismo tema. El relator aseguró que espera fuertes compromisos durante los dos eventos

“Estamos en un punto de inflexión. Debemos aprovechar la fuerte comunidad de defensores para prever su futuro entre la audacia y el pragmatismo…El ex Alto Comisionado Zeid Raad Al Hussein dijo que la opresión está de moda nuevamente. La única respuesta es colectiva. Todos debemos ser parte de la solución. También debemos ser más abiertos a los movimientos sociales y a aquellos que se encuentran fuera de la comunidad de derechos humanos”, resaltó.

Nueva York, 30 de octubre de 2018.-

Por Felicia Saturno Hartt.

La Cámara de Representantes  negó la posibilidad de ampliarle el período a los Gobernadores y Alcaldes del país, lo que significa que los mandatarios regionales y locales deberán cumplir su período hasta el 31 de diciembre del 2019.

Durante la plenaria, las Representantes Ángela María Robledo y Juanita Goebertus presentaron dos ponencias negativas con el fin de archivar el Proyecto de Ley sobre la unificación de periodos.

La votación de estas dos ponencias fue positiva, con 63 votos a favor y 55 en contra. Así pues, este Proyecto será archivado y los mandatarios involucrados terminarán sus labores políticas el próximo año.

El Representante a la Cámara por Bogotá, Inti Asprilla, señaló que “Es una victoria de la democracia y aunque es una votación bastante cerrada permitió que el Proyecto Legislativo se haya hundido”

Sorpresivamente Representantes del Centro Democrático, Partido Liberal y Cambio Radical apoyaron la decisión de impedir la prórroga del mandato de los actuales Alcaldes y Gobernadores.

Bogotá, D.C, 30 de octubre de 2018

Por: Leimy Zulany Santana Pérez

La plenaria de la Cámara de Representantes negó la moción de censura contra el Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, por 120 votos contra 22, lo que significa que el funcionario queda ratificado en su cargo.

Las fuerzas mayoritarias de la Cámara, no encontraron mérito para censurar al titular de la cartera de Hacienda, ante los argumentos de la oposición, que lo señalan de inmoral por el episodio de los 'bonos de agua' en el Gobierno de Alvaro Uribe y que según los proponentes de la moción de censura dejó a 117 municipios del país en la quiebra.

La votación se realizó de forma eficiente y sin la presencia del Ministro Carrasquilla.

La decisión final fue celebrada por los congresistas de los Partidos Centro Democrático, Cambio Radical, Conservador, la U, Mira y Opción Ciudadana, quienes llegaron a la sesión con carteles alusivos al apoyo y respaldo al Ministro.

Una vez más el Congreso de la República, en su función de control político, niega la posibilidad de censurar a un Ministro desde que se instauró esa figura en la Constitución de 1991.

Bogotá, D. C, 30 de octubre de 2018.

Por: Leimy Zulany Santana Pérez

Luego de las dos masivas movilizaciones, los estudiantes universitarios de Colombia se preparan nuevamente para salir a marchar. Este miércoles 31 de octubre saldrán a las calles en las principales ciudades del país. representando la muerte de la educación pública en Colombia con disfraces de Zombies.

Los movimientos estudiantiles más importantes a nivel nacional, UNEES Y ACREES, han promovido esta nueva marcha que tendrá un toque significativo, valiéndose de la semiología, los estudiantes aprovecharán la fiesta de Halloween para representar muertos vivientes, y reflejar el estado actual de la educación pública universitaria, ausente de recursos por parte del Estado.

Aunque el Presidente de la República Iván Duque Márquez se reunió con los rectores de las Universidades Públicas y lograron un acuerdo financiero, los líderes estudiantiles y docentes, están inconformes con lo allí planteado, porque argumentan que los recursos designados no son suficientes.

El presidente de ACREES, Alejandro Palacios aseguró que "El Gobierno no quiere escuchar ni a docentes ni a estudiantes para buscarle una solución estructural a esta grave situación de la Educación Superior en Colombia", refiriéndose a que el Presidente Duque no se ha querido sentar con ellos en la mesa de negociación.

Entre las peticiones de los estudiantes se encuentran el aumento del presupuesto, la refinanciación de deudas con el ICETEX, el aumento del presupuesto de Colciencias y garantías para la movilización pacífica, entre otros.

En la movilización, denominada “El carnaval de Halloween por la educación”  los estudiantes repartirán dulces, harán pedagogía sobre la crisis educativa y se concentrarán en las plazas de las principales ciudades del país.

Por: Leimy Zulany Santana

El Senado aprobó en segundo debate el proyecto de Reforma Política, donde se incluye que el Congreso tendría iniciativas en un 20 % en partidas dentro del Presupuesto General  de la Nación.

El tema de inmediato generó controversias dentro de la misma corporación y en el ámbito político, porque la han calificado como un paso que abre la puerta nuevamente para los recordados auxilios parlamentarios o la legalización de la mermelada.

Los senadores que apoyaron la nueva propuesta dentro del proyecto de Acto Legislativo, le expresaron a Ecos que esa decisión en la plenaria de la corporación le permitirá a los congresistas gestionar de manera pública y con previa autorización de la plenaria, proyectos y recursos para cada una de sus regiones.

“De esta forma se garantiza el manejo transparente de las relaciones del Ejecutivo con el Congreso, elimina los auxilios parlamentarios y la mermelada y le devuelve al Congreso una de las funciones principales, que es el poder incidir en la manera como se gastan los recursos que pagan todos los colombianos”, aseguró la senadora paloma Valencia.

Para la senadora de la oposición Aida Avella, de la Unión Patriótica, lo que se aprobó en ese aspecto es un orangután. “creo que es revivir los auxilios parlamentarios que sepultamos en la Asamblea Constituyente de 1991 y que dieron margen a mucha corrupción en este país; no puede ser que ahora vengan con un orangután de esa naturaleza”.

Aprueban Listas cerradas

La plenaria de la corporación le dio vía libre a las listas cerradas en los partidos para que presenten sus nombres a corporaciones públicas, es decir, al Senado, Cámara de Representantes, Asambleas, Concejos y Juntas Administradoras Locales.

Los Partidos Políticos tendrán su autonomía para escoger a los candidatos ya sea mediante una Convención o una consulta interna, con una disposición: se debe adelantar el mismo día con el objeto de que no haya participación de los militantes entre una y otra colectividad.

Otro de los temas aprobados y que se pondrá en práctica en el 2019 es que los partidos deben incluir mínimo un 33 por ciento en las listas a las mujeres donde se destaca que la cuota subirá al 50 por ciento a partir de los comicios de 2023.

De otra parte se  limitó la reelección de los miembros de las corporaciones públicas, no podrán estar más de tres periodos.

El proyecto pasa a la Cámara de Representantes para que surta la primera vuelta antes de finalizar el 2018.

Bogotá, D. C, 30 de octubre de 2018

Por Luis Fernando García Forero

Con el 55,2% de los votos, los brasileños eligieron al ultraderechista del PSL Jair Bolsonaro quien quedó electo como nuevo Presidente de Brasil, superando a su rival directo Fernando Haddad.

Después de la redemocratización Brasil no había tenido un presidente de extrema derecha, hoy Bolsonaro llega al poder con más de 57 millones de votos, 10 más que el candidato de izquierda Haddad.

El nuevo presidente electo dio su primer discurso media hora después de conocerse los resultados a través de Facebook Live desde la comodidad de su casa, en compañía de su esposa Michelle Bolsonaro y una intérprete de señas.

“Lo que yo más quiero es seguir los lineamientos de Dios al lado de la Constitución brasilera, inspirado en grandes niveles mundiales y con una gran asesoría a mi lado”, el ex militar añadió que no se puede seguir coqueteando con el comunismo y el socialismo.

Varios presidentes latinoamericanos felicitaron al nuevo mandatario brasileño, entre ellos el Presidente de Perú Martín Vizcarra quien en su cuenta de Twitter expresó su apoyo a Bolsonaro: Felicito a Jair Bolsonaro por su elección como presidente del Brasil  y le deseo los mayores éxitos en su gestión. Expreso mi disposición de trabajar juntos para profundizar nuestra fraterna relación bilateral.

Con esta decisión empieza un nuevo ciclo para Brasil, un país polarizado debido a posiciones políticas que a partir hoy y gracias a la democracia será regido por la derecha.

Por: Leimy Zulany Santana

Luego del debate sobre la moción de censura al Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla Barrera, la Cámara de Representantes realizará el próximo martes la votación para decidir si el Ministro es apartado o por el contrario se ratifica en su cargo.

La moción de censura  fue propuesta por 20 Representantes liderados por la oposición, quienes rechazan el episodio de los bonos de agua sucedido en el año 2008.

La moción de censura tendrá que tener 86 votos a favor, de lo contrario  Carrasquilla continuará ejerciendo su labor y no tendrá que enfrentarse a otro procedimiento de este tipo por el mismo cargo.

En el último debate los partidos  Cambio Radical, Mira, Opción Ciudadana, Centro Democrático, Conservador y la U demostraron su apoyo al Ministro de Hacienda argumentando que la moción es extemporánea y que incluso se trata de una persecución política por parte de la oposición.

En contra de Carrasquilla y favor de la moción se encuentran la Alianza Verde, Coalición de la Decencia, la Farc y el Polo, quienes aseguran que Carrasquilla no tiene moral para ocupar el cargo.

Esta discusión se resolverá tras la votación programada para el próximo martes 30 de octubre a las 3pm en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional.

 Por: Leimy Zulany Santana